Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia

Facilitar a la consellería competente en materia de medio ambiente la información que la misma les requiera en relación con la naturaleza, características y composición de los residuos que posean, así como en las labores de inspección en relación con las materias reguladas en la presente ley.

Comunicar al órgano medioambiental competente cualquier cambio que se produzca, en el plazo máximo de un mes, a contar desde dicha fecha, con respecto a los datos y documentos que obren en el Registro General de Productores/as y Gestores/as de Residuos de Galicia.

Quienes produzcan residuos, en función de las características de sus procesos productivos, aplicarán tecnologías que originen los menos posibles, así como las precisas para el control, tratamiento y, en su caso, eliminación de las sustancias peligrosas que contengan.

Los/Las transportistas que asuman la titularidad de los residuos habrán de disponer de una infraestructura adecuada de almacenamiento.

Quienes produzcan residuos comerciales estarán obligados/as a entregar sus residuos a un gestor o gestora autorizado para su tratamiento, o bien a acogerse al sistema de recogida y gestión que el ente local competente establezca para este tipo de residuos.

Sin perjuicio de lo establecido en la normativa comunitaria y de las actuaciones que, en su caso, fuesen exigibles, quienes sean responsables de importaciones y adquisiciones intracomunitarias, así como de agencias comerciales o intermediaciones que, en nombre propio o ajeno, pongan residuos en el mercado o realicen con los mismos operaciones jurídicas que impliquen cambios de titularidad posesoria incluso sin contenido transaccional comercial, habrán de notificarlo previamente a la consellería competente en materia de medio ambiente para su registro administrativo, indicando, al menos, las cantidades, naturaleza, orígenes y destino de los residuos, así como, en su caso, el método de transporte y el método de valorización o eliminación a emplear.

Reglamentariamente podrá establecerse un procedimiento adecuado para el control y supervisión.

Se declara de utilidad pública e interés social, a los efectos de la legislación de expropiación forzosa, el establecimiento o ampliación de instalaciones de gestión de residuos.

La declaración de utilidad pública conllevará en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o la adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Para el reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones a que se refiere el artículo anterior, será necesario que la empresa interesada lo solicite, incluida una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que quien haga la solicitud estimase de necesaria expropiación.

La petición se someterá a información pública, recabándose informe de los organismos afectados.

Concluida la tramitación, el reconocimiento de la utilidad pública será acordado por la consellería competente en materia de medio ambiente.

La consellería competente en materia de medio ambiente, de acuerdo con la normativa vigente, declarará, delimitará y regulará los suelos contaminados y la creación de su correspondiente registro. El plazo máximo para la notificación de la resolución de declaración de un suelo como contaminado será de un año, a contar desde el inicio del procedimiento para su declaración como tal.

La resolución que declare un suelo como contaminado contendrá, al menos, las siguientes determinaciones:

La declaración de un suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos que determine el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Tendrán la obligación de realizar las operaciones de limpieza y recuperación quienes causaran la contaminación, y cuando sean varios/as responderán de estas obligaciones de forma solidaria y subsidiariamente, por este orden, los/las poseedores/as de los suelos contaminados y los/las propietarios/as no poseedores/as.

Una vez que la declaración de un suelo como contaminado fuese firme en vía administrativa, ésta será objeto de nota marginal en el registro de la propiedad, a iniciativa de la consellería competente en materia de medio ambiente. Dicha nota se cancelará una vez que se declarase que el suelo ha dejado de tener tal consideración.

La firmeza de la declaración de un suelo como contaminado implicará su inclusión en el Registro de Calidad de los Suelos de Galicia.

Las actuaciones para proceder a la limpieza y recuperación de los suelos declarados como contaminados podrán llevarse a cabo mediante:

En todo caso, los costes de limpieza y recuperación de suelos contaminados correrán a cargo de quienes tuviesen la obligación, en cada caso, de realizar dichas operaciones.

Los acuerdos voluntarios a que alude el apartado primero contendrán, al menos, las siguientes determinaciones:

Antes de la iniciación del procedimiento de declaración de suelo contaminado, la consellería competente en materia de medio ambiente, de oficio o a instancia de parte, en los casos en que existiese un grave riesgo para la salud de las personas o el medio ambiente, podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que habrá de efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción.

Una vez iniciado el procedimiento de declaración de un suelo como contaminado, el órgano correspondiente de la consellería competente en materia de medio ambiente para resolverlo podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera dictarse, en los supuestos en que existiese un grave riesgo para la salud de las personas o el medio ambiente.

Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no hubieran podido tenerse en cuenta en el momento de su adopción.

Quienes tengan la propiedad de fincas en las que se hubiera realizado alguna de las actividades potencialmente contaminantes de suelos tendrán la obligación, con motivo de su transmisión, de declararlo en escritura pública. Este hecho será objeto de nota marginal en el registro de la propiedad.

Quienes sean titulares de actividades potencialmente contaminantes habrán de remitir al órgano correspondiente de la consellería competente en materia de medio ambiente un informe de situación, con el contenido y periodicidad que reglamentariamente se establezca.

No podrán ejecutarse desarrollos urbanísticos en los ámbitos que incluyan suelos contaminados en tanto la consellería competente en materia de medio ambiente no declarase que los suelos han dejado de tener tal consideración.

En relación con dichos suelos y al objeto de determinar la viabilidad de los usos previstos en el ámbito a desenvolver, para la tramitación de los planes urbanísticos deberá presentarse, junto con la documentación exigida por la normativa de aplicación, un informe de la calidad del suelo.

Se considerarán responsables de la degradación del terreno, teniendo, por tanto, la obligación en primer lugar de restaurarlo:

En aquellos supuestos en los que quien tuviera la responsabilidad de la degradación haya sido un ayuntamiento, las actuaciones de regeneración serán acometidas por la entidad local en cuyo territorio se encuentre el espacio degradado. La Xunta actuará a través de la asistencia y cooperación con las administraciones afectadas.

Las funciones de vigilancia e inspección medioambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia relativas al cumplimiento de la presente ley se llevarán a cabo:

Para el desempeño de sus funciones, los/las agentes de la autoridad podrán ir acompañados/as de asesores/as técnicos debidamente identificados y autorizados por quien sea titular del órgano del que dependan los servicios de vigilancia e inspección, que en ningún caso tendrán la consideración de agentes de la autoridad ni gozarán de las potestades de la misma. Este personal asesor estará obligado a guardar secreto respecto a los datos e informaciones de que tuviese conocimiento en el ejercicio de estas funciones.

Reglamentariamente se establecerán las funciones que desarrollarán las entidades medioambientales de control, así como los requisitos y procedimiento para su ejercicio. Estas entidades de control están obligadas igualmente a guardar secreto respecto a los datos e informaciones de que tuviesen conocimiento en el ejercicio de estas funciones de vigilancia e inspección.

El ejercicio de la potestad sancionadora sobre las actividades sometidas a lo dispuesto en la presente ley corresponde a los órganos correspondientes de la consellería competente en medio ambiente y a los ayuntamientos, de acuerdo con sus respectivos ámbitos competenciales atribuidos por la legislación vigente.

La inobservancia o vulneración de las prescripciones contenidas en la legislación básica estatal, la presente ley y normas que la desarrollen, o en las ordenanzas y demás normas municipales, constituye infracción administrativa y será sancionada con arreglo a lo establecido en los siguientes artículos, sin perjuicio, en su caso, de las correspondientes responsabilidades civiles y penales.

A los efectos de lo establecido en este título, los residuos tendrán siempre un o una titular responsable, calidad que corresponderá a quien los produzca, posea o gestione.

La responsabilidad será solidaria en los siguientes supuestos:

Cuando los daños causados al medio ambiente se produjesen por acumulación de actividades debidas a diferentes personas, la administración competente podrá imputar individualmente esta responsabilidad y sus efectos económicos.

Sólo habrá exención de responsabilidad administrativa para quienes cediesen los residuos a gestores/as autorizados para realizar las operaciones que componen la gestión de residuos, y siempre que la entrega de los mismos se realizase cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa básica y en la presente ley y sus normas de desarrollo. En todo caso, la cesión constará en documento fehaciente.

Igualmente, para quienes posean residuos urbanos habrá exención de responsabilidad por los daños que pudieran derivarse de tales residuos, siempre que los hayan entregado a las entidades locales o a gestores/as autorizados por éstas, observando las respectivas ordenanzas y demás normativa de aplicación.

Constituyen infracciones, con arreglo a la presente ley, las acciones y omisiones tipificadas en la misma, sin perjuicio de las correspondientes responsabilidades civiles y penales a que pudiesen dar lugar.

Las infracciones a la presente ley se clasifican en muy graves, graves y leves.

Las infracciones previstas en la presente ley prescribirán en los siguientes plazos:

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido, con las siguientes particularidades:

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la parte interesada, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la parte presuntamente responsable.

Por la comisión de las infracciones muy graves podrá imponerse alguna de las siguientes sanciones:

Por la comisión de las infracciones graves podrá imponerse alguna de las siguientes sanciones:

Por la comisión de las infracciones leves podrá imponerse la sanción de multa de hasta 602 euros, salvo en residuos peligrosos, que será hasta 6.019 euros.

La sanción de multa será compatible con el resto de las sanciones previstas en los números anteriores.

Las personas físicas o jurídicas que hubieran sido sancionadas por faltas graves o muy graves derivadas del incumplimiento de la presente ley no podrán obtener subvenciones ni otro tipo de ayudas de la Comunidad Autónoma de Galicia hasta cumplir la sanción y, en su caso, ejecutar las medidas correctoras pertinentes.

Habrá de guardarse la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:

Cuando la sanción consistiese en el cierre temporal del establecimiento o la suspensión de la actividad, se incluirá en el cómputo de la duración de la sanción el tiempo que el establecimiento hubiera estado cerrado o la actividad suspendida como medida provisional o cautelar.

Las sanciones previstas en la presente ley prescribirán en los siguientes plazos:

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiriese firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la parte interesada, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable a quien cometió la infracción.

El órgano competente para resolver el procedimiento sancionador podrá acordar que se dé publicidad a las sanciones impuestas por la comisión de las infracciones graves o muy graves, por razones de ejemplaridad y siempre que concurriese alguna de las circunstancias de riesgo o daño efectivo para el medio ambiente, reincidencia o intencionalidad acreditada, una vez que dichas sanciones adquiriesen firmeza.

La publicidad de las sanciones se efectuará en los medios que se estimen oportunos, haciéndose indicación expresa en dicha publicación de las personas físicas o jurídicas responsables y de las infracciones cometidas.

Cuando la misma conducta resultase sancionable con arreglo a la presente ley y otras normas de protección medioambiental, se impondrá únicamente la sanción más grave de las que resultasen aplicables o, a igual gravedad, la de superior cuantía y, en caso de igual cuantía, prevalecerá la norma especial.

El apartado anterior no será de aplicación a las acciones u omisiones que infringiesen normas de protección medioambiental y normas de índole sectorial encaminadas a la protección de bienes o valores distintos, o se fundasen en el incumplimiento de diferentes obligaciones formales.

Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se impusiera, quienes infrinjan la presente ley tendrán la obligación de reponer o restaurar las cosas al ser y estado anteriores a la infracción cometida, en la forma y condiciones establecidas por el órgano que impuso la sanción. A tal fin la resolución sancionadora determinará el contenido de esta obligación, así como el plazo para su ejecución.

Quienes sean responsables de las infracciones en materia de medio ambiente deberán indemnizar por los daños y perjuicios causados. La valoración de los mismos se hará por la administración, previa tasación contradictoria cuando quienes sean responsables no hayan prestado su conformidad a la valoración realizada.

La prescripción de infracciones y sanciones no afectará a la obligación de reponer o restaurar las cosas a su ser y estado primitivo, ni a la de indemnizar por los daños y perjuicios causados.

Si quienes cometieron la infracción no procediesen a la reposición o restauración en los plazos y términos fijados en la resolución sancionadora, el órgano competente podrá acordar la imposición de multas coercitivas de acuerdo con el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que serán reiteradas por lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo ordenado. Estas multas serán independientes de las sanciones que se hubieran impuesto por las infracciones cometidas y compatibles con las mismas.

La cuantía de cada una de las multas coercitivas no sobrepasará un tercio de la multa fijada por la infracción cometida. La cuantía se fijará teniendo en cuenta los criterios siguientes:

Asimismo, en estos casos, el órgano sancionador podrá, igualmente, proceder, por sí o a través de las personas que se determinen, a la ejecución subsidiaria por cuenta de quien cometió la infracción y a su costa.

La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a la presente ley se realizará mediante la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador de acuerdo con lo dispuesto en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en el Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, así como en las normas de desarrollo dictadas por la Comunidad Autónoma de Galicia.

La resolución que ponga fin al procedimiento será motivada, y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente. La resolución habrá de dictarse en el plazo máximo de un año desde la incoación del procedimiento.

En la resolución no podrán aceptarse hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica.

La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. En la misma se adoptarán, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.

En cualquier momento del procedimiento sancionador, cuando el órgano competente estimase que los hechos también pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo comunicará al Ministerio Fiscal, recabándole testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto a la comunicación.

Recibida la comunicación, y si se estimase que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción administrativa y la infracción penal que pudiera corresponder, el órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador acordará su suspensión hasta que se dictase resolución judicial.

En caso de que la resolución judicial no estimase la existencia de delito o falta, el órgano competente podrá continuar la tramitación del procedimiento sancionador. En todo caso, los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme vincularán al órgano administrativo respecto a los procedimientos sancionadores que sustancien.

Antes de la iniciación del procedimiento sancionador, quien sea titular del órgano competente, de oficio o a instancia de parte, en los casos en que existiese un grave riesgo para la salud de las personas o el medio ambiente, podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas.

Las medidas provisionales habrán de ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento dentro de los quince días siguientes a su adopción. Esta actuación habrá de realizarse previa audiencia a la parte interesada por un plazo de cinco días. En todo caso, tales medidas quedarán sin efecto si no se iniciase el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de inicio no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

Estas medidas provisionales serán independientes de las resoluciones que sobre la solicitud de adopción de medidas provisionales pudieran adoptar los jueces y las juezas de los órdenes civil o penal debidas al ejercicio de acciones de responsabilidad por personas legitimadas.

El órgano autonómico competente en materia de medio ambiente para la adopción de las medidas provisionales urgentes y los ayuntamientos que, en su caso, hubieran adoptado medidas provisionales urgentes deberán comunicarse entre sí –cuando éstas hayan sido dictadas– sus respectivas resoluciones en el plazo de diez días desde su adopción.

Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano administrativo competente para resolverlo, de oficio o a instancia de parte, podrá adoptar las medidas cautelares que estimase necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello.

Las medidas cautelares habrán de ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de las infracciones cometidas. Estas medidas podrán consistir en:

Estas medidas cautelares se adoptarán previa audiencia de la parte interesada por un plazo de quince días, salvo que concurriesen razones de urgencia que aconsejen su adopción inmediata, basadas en la producción de un daño grave para la salud humana o el medio ambiente, o que se tratase del ejercicio de una actividad regulada en la presente ley sin la preceptiva autorización o con la misma caducada o suspendida, en cuyos casos la medida provisional impuesta habrá de ser revisada, ratificada o dejada sin efecto tras la audiencia a las partes interesadas.

En los casos en que, de acuerdo con lo establecido en la presente ley, la potestad sancionadora correspondiese a la Comunidad Autónoma de Galicia, la incoación e instrucción de los procedimientos sancionadores será competencia de la delegación provincial de la consellería competente en materia de residuos.

En el supuesto regulado en los artículos 62 y 63, en sus apartados b), de la presente ley, cuando se trate de residuos urbanos, la potestad sancionadora corresponderá a las personas titulares de las alcaldías.

La Comunidad Autónoma de Galicia será competente, en todo caso, para instruir y resolver los procedimientos sancionadores cuando los hechos constitutivos de la infracción afectasen a más de un término municipal, debiendo notificar a los ayuntamientos afectados los actos y resoluciones que se adoptasen en el ejercicio de esta competencia.

El órgano medioambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia pondrá en conocimiento de la administración competente los hechos de los que tuviera conocimiento que puedan afectar al medio ambiente, a fin de que se adopten las medidas necesarias para preservarlo y, en su caso, se incoe el procedimiento sancionador correspondiente.

Cuando, en el supuesto anterior, la competencia sancionadora correspondiera a los ayuntamientos, éstos habrán de comunicar a la consellería competente en materia de medio ambiente las resoluciones sancionadoras que adoptasen, en el plazo de quince días desde su firmeza en vía administrativa.

Asimismo, cuando los ayuntamientos tuvieran conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de infracciones en materias reguladas en la presente ley respecto a los que no tengan atribuida competencia sancionadora, deberán ponerlos en conocimiento del órgano medioambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia inmediatamente, dándole traslado de las actuaciones, documentos y cuanta información obrase en su poder.

La gestión extracentro de los residuos generados en áreas de centros sanitarios en que no se realizan actividades específicamente sanitarias, que no presentasen un riesgo para la salud y que, por su naturaleza, son similares a los producidos en los domicilios, corresponde a las entidades locales, siempre de conformidad con lo establecido en los planes autonómicos de residuos. Se incluyen en esta clase los residuos generados en estancias tales como oficinas, almacenes, salas de espera, cafeterías o comedores.

La gestión extracentro del resto de residuos sanitarios, salvo disposición específica en contrario, corresponde a quienes los produzcan, debiendo entregarlos a gestores/as autorizados de residuos; en caso de los residuos de la clase II o residuos sanitarios asimilados a urbanos, que son aquellos generados como resultado de la actividad sanitaria propiamente dicha, podrán acogerse al sistema de gestión que estableciese la entidad local competente.