Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago
2. El Banco de España resolverá sobre el deber de constituir una entidad de pago separada previa audiencia de la entidad interesada. En su notificación hará constar las condiciones para la constitución de la entidad de pago separada, determinando qué actividades de las no contempladas en el artículo 1.2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, perjudican o pueden perjudicar la solidez financiera de la entidad de pago o la capacidad del Banco de España para supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa aplicable, o cualquier otro extremo cuya reforma se considere necesaria para garantizar el cumplimiento de las citadas obligaciones.
3. La constitución de la entidad separada para la actividad de los servicios de pago se tramitará conforme a lo establecido en el artículo 1, debiéndose presentar la solicitud correspondiente ante la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en el plazo de 3 meses a contar desde la fecha de notificación de tal exigencia del Banco de España. Transcurrido ese plazo sin que se haya presentado la solicitud de autorización anterior, o denegada la misma, y en caso de que la entidad de pago híbrida no cese en sus actividades en el plazo de tres meses, la autorización concedida a ésta podrá ser revocada en virtud de lo previsto en el artículo 7.1.f) de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre.
Una vez constituida la entidad separada, la transferencia de actividades deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de tres meses desde la autorización.
TÍTULO VI. Otras disposiciones relativas al régimen jurídico de los servicios de pago
Artículo 25. Instrumentos de pago de escasa cuantía y dinero electrónico.
En caso de instrumentos de pago que, con arreglo al contrato marco, sólo afecten a operaciones de pago individuales no superiores a 30 euros o que, o bien tengan un límite de gasto de 150 euros, o bien permitan almacenar fondos que no excedan en ningún momento de la cantidad de 150 euros, los proveedores de servicios de pago podrán convenir con sus usuarios de servicios de pago que:
No se apliquen los artículos 27.b), 28.c), 28.d), 32.3 y 32.4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, si el instrumento de pago no permite bloquear o impedir futuras utilizaciones.
No se apliquen los artículos 30, 31, 32.1 y 32.2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, si el instrumento de pago se utiliza de forma anónima o el proveedor de servicios de pago es incapaz, por otros motivos intrínsecos del propio instrumento de pago, de demostrar que la operación de pago ha sido autorizada.
No obstante lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, el proveedor de servicios de pago no tenga la obligación de notificar al usuario del servicio de pago su rechazo de la orden de pago, si la no ejecución resulta evidente en el contexto de que se trate.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, el ordenante no puede revocar la orden de pago una vez que se haya transmitido al beneficiario la orden de pago o su consentimiento.
No obstante lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, se apliquen otros periodos de ejecución.
Artículo 26. Redes limitadas.
En virtud del artículo 3.k) de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, no están sujetos a la normativa reguladora de los servicios de pago, los servicios que se basen en instrumentos cuyo uso esté limitado:
a los establecimientos del emisor, o;
dentro de una red limitada de proveedores que hayan celebrado un acuerdo comercial directo con el emisor del instrumento.
Se considerará que el uso de un instrumento se circunscribe a una red limitada si sólo puede emplearse para la adquisición de bienes y servicios en una determinada cadena de proveedores de bienes o servicios, o para una serie limitada de bienes y servicios, sea cual sea la localización del punto de venta.
Los proveedores de bienes y servicios incorporados a una de estas redes limitadas deberán haber suscrito un contrato en virtud del cual se reconozcan las obligaciones comunes a todos ellos para la aceptación del instrumento y los derechos de los usuarios del mismo que, en todo caso, deberán ser idénticos independientemente del proveedor del bien o servicio.
TÍTULO VII. Régimen sancionador y de supervisión de las entidades de pago
Artículo 27. Régimen sancionador.
1. A Las entidades de pago, así como a quienes ostenten cargos de administración o dirección en las mismas, les será de aplicación, conforme a lo previsto en el artículo 51 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, el régimen sancionador establecido en el título I de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
Dicho régimen alcanzará igualmente a las personas físicas o jurídicas que posean una participación significativa en la entidad de pago, según lo previsto en el artículo 6.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, y a aquéllas que teniendo nacionalidad española, controlen una entidad de pago de otro Estado Miembro de la Unión Europea. La responsabilidad también alcanzará a quienes ostenten cargos de administración o dirección en las entidades responsables.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 4.m) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, la reiteración en la infracción grave por parte de la entidad de pago se considerará infracción muy grave cuando durante los cinco años anteriores a su comisión hubiera sido impuesta a la entidad sanción firme por el mismo tipo de infracción.
3. El incumplimiento meramente ocasional o aislado de las normas de disciplina recogidas en el artículo 51.3 de a Ley 16/2009, de 13 de noviembre, cuando ello no ponga en grave riesgo a la entidad de pago, ni afecte a los usuarios de sus servicios o del sistema de pagos en su conjunto, será sancionado como infracción leve.
4. Las entidades de pago, así como quienes ostenten cargos de administración o dirección en las mismas, que infrinjan las normas de ordenación y disciplina recogidas en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, cometerán infracción grave sancionable de acuerdo con el título I de la Ley 26/1988, de 29 de julio, siempre que las mismas no tengan carácter ocasional o aislado.
Dicha responsabilidad alcanzará igualmente a las personas físicas o jurídicas que posean una participación significativa en la entidad de pago, según lo previsto en el artículo 6.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, y a aquéllas que teniendo nacionalidad española, controlen una entidad de pago de otro Estado Miembro de la Unión Europea. La responsabilidad también alcanzará a quienes ostenten cargos de administración o dirección en las entidades responsables.
Artículo 28. Información sobre la estructura de capital de las entidades de pago.
1. Las entidades de pago deberán informar al Banco de España, tan pronto la conozcan, de cualquier adquisición de una participación significativa, indicando, en su caso, la identidad de su nuevo titular, con el objeto de que el Banco de España pueda valorar la vigencia de los requisitos exigibles para conservar la autorización.
2. El Banco de España podrá solicitar de los obligados a realizar la comunicación a que se refiere el artículo 6.4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, y de la propia entidad de pago, la remisión de cuanta información que pueda ser apropiada para evaluar la idoneidad de aquellos como tenedores de una participación significativa en la entidad de pago.
3. Cuando del análisis de la información a la que se refiere este apartado se ponga de manifiesto que los indicados socios carecen de la idoneidad exigible, o éstos no faciliten la información solicitada, el Banco de España informará a los interesados y a la entidad de pago, indicándoles, mediante el oportuno requerimiento, la necesidad de que procedan a reducir su participación a fin de evitar el inicio del correspondiente expediente de revocación de la autorización, así como las medidas que, entre tanto, deberían adoptar para evitar que la influencia ejercida por esas personas pueda resultar en detrimento de la gestión sana y prudente de la entidad. Transcurrido el plazo que se establezca sin que los interesados hayan reducido su participación, el Banco de España podrá iniciar el correspondiente expediente de revocación de la autorización.
4. Con independencia de lo previsto en el apartado 1, las entidades de pago deberán remitir al Banco de España semestralmente, en la forma y condiciones que éste determine, información sobre las entidades financieras que posean, directa o indirectamente, participaciones en su capital, así como sobre cualquier persona que posea al menos un 2,5 por cien de su capital.
Artículo 29. Secreto profesional.
1. Todas las personas que desempeñen una actividad para el Banco de España y hayan tenido conocimiento de datos de carácter reservado están obligadas a guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación determinará las responsabilidades penales y las demás previstas por las leyes. Estas personas no podrán prestar declaración ni testimonio ni publicar, comunicar o exhibir datos o documentos reservados, ni siquiera después de haber cesado en el servicio, salvo permiso expreso otorgado por el órgano competente del Banco de España. Si dicho permiso no fuera concedido, la persona afectada mantendrá el secreto y quedará exenta de la responsabilidad que de ello dimane.
2. Se observará así mismo estricto secreto profesional en relación con el intercambio de información indicado en los artículos 16.1 y 16.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.
Disposición transitoria única. Régimen especial para la transformación en entidades de pago de los establecimientos de cambio de moneda a la que se refiere la disposición transitoria segunda de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre.
1. Los establecimientos de cambio de moneda que hubieren sido autorizados para la gestión de transferencias con el exterior con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto, al amparo de lo previsto en el último párrafo del apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, deberán convalidar su autorización o transformarse en entidad de pago en la forma prevista en los párrafos anteriores del citado apartado.
2. A efectos de la convalidación de la autorización prevista en el segundo párrafo del apartado 1 de la Disposición transitoria segunda de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, los establecimientos de cambio de moneda autorizados para la gestión de transferencias con el exterior tendrán que acreditar ante el Banco de España el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en dicha Ley y en el presente Real Decreto, a excepción de los previstos en los apartados a), c), d) y e) del artículo 2 de este real decreto.
3. El Banco de España podrá requerir de los establecimientos de cambio de moneda, a efectos de la convalidación de su autorización, la acreditación del cumplimiento de cualquier otro extremo del régimen jurídico de las entidades de pago.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución.
Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
Se habilita al Ministro de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente real decreto.
Disposición final tercera. Incorporación de Derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorpora parcialmente al Derecho español la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE por la que se deroga la Directiva 97/5/CE.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 28 de mayo de 2010.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda,
ELENA SALGADO MÉNDEZ
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Boletín Oficial del Estado correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.
Este texto se publica bajo las condiciones de reutilización propias de BOE, no bajo una licencia de Legalize ni de dominio público.
BOE
Condiciones de reutilización del BOE — cita obligatoria de la fuente
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (https://www.boe.es). Datos reutilizados conforme a las condiciones de reutilización del BOE (Resolución de 27 de junio de 2024). Este repositorio es una obra derivada basada en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.