Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia

La administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento de autorizaciones aquellas actividades que la requieran por su intensidad, peligrosidad o rentabilidad, de conformidad con la normativa de desarrollo de la presente Ley. En los montes catalogados es preceptivo el informe favorable del órgano forestal.

La administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento de concesión todas aquellas actividades que implicasen una utilización privativa del dominio público forestal.

En los procedimientos de concesión y autorización de actividades de servicios a realizarse en montes demaniales, se respetarán los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Se aplicará, además, el principio de concurrencia competitiva, en los siguientes supuestos:

Los criterios en que se basará la concesión y autorización para la realización de los servicios estarán directamente vinculados a la protección del medio.

Dichas autorizaciones y concesiones tendrán carácter temporal, no pudiendo ser objeto de renovación automática, y estarán limitadas de acuerdo con sus características, sin que en caso alguno sean susceptibles de originar ventajas a favor de un titular anterior o de personas vinculadas con el mismo.

La administración gestora de los montes demaniales someterá a autorización aquellas actividades que, con arreglo a la normativa autonómica, la requieran por su intensidad, peligrosidad o rentabilidad.

En los montes inscritos en el Catálogo de montes de utilidad pública, con carácter previo al otorgamiento de la autorización, será preceptivo obtener informe favorable de la Administración forestal, que en todo caso tendrá carácter vinculante.

Podrán otorgarse concesiones para uso privativo en montes de dominio público en todos aquellos casos en los que, garantizándose la conservación de las características que justificaron su catalogación y el mantenimiento de las funciones propias del monte, se cumplan las siguientes condiciones:

En los montes catalogados está concesión requiere el informe favorable de compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del monte por parte del órgano forestal.

En el Catálogo de montes de utilidad pública se tomará razón de las concesiones demaniales que pudieran otorgarse sobre los montes de utilidad pública, sin perjuicio de la posibilidad de su inscripción en el Registro de la Propiedad, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, en la legislación forestal estatal y en la legislación hipotecaria.

La Administración forestal otorgará la concesión del uso del dominio público forestal en los montes catalogados, siempre que existiese un interés público expresamente declarado, que habrá de mantenerse durante todo el tiempo de duración de la concesión, y previa tramitación del correspondiente procedimiento, en el que deberá constar acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo anterior. Su incumplimiento o conculcación determinará su revocación.

En caso de disconformidad o discrepancia entre la entidad titular del monte y el solicitante de la concesión, o entre cualquiera de estos dos con la Administración forestal, o en el supuesto de una doble afección demanial, se aplicará, a los efectos de su compatibilidad o prevalencia, lo dispuesto en la presente Ley y en la legislación básica estatal, resolviendo, en todo caso, el Consello de la Xunta de Galicia.

La Administración forestal podrá otorgar concesiones para el ejercicio de actividades que impliquen una utilización privativa de los montes públicos no catalogados con carácter excepcional.

Reglamentariamente se establecerá el procedimiento administrativo a seguir para el otorgamiento de las concesiones de interés particular, en cuyo expediente habrá de constar acreditado, además del cumplimiento de las condiciones reguladas en el artículo 39.1 de la presente ley, el cumplimiento de las condiciones generales que se establezcan por la ley patrimonial que corresponda, así como los casos en que dicho procedimiento haya de tramitarse en régimen de concurrencia competitiva.

La concesión del uso privativo por interés particular en montes de dominio público conllevará el pago periódico de un canon, en los términos y con las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Los incendios producidos en los montes públicos podrán determinar la suspensión temporal del ejercicio de las servidumbres existentes, cuando así se estimase para la regeneración forestal. La suspensión se declarará mediante resolución expresa de la Administración forestal, siendo comunicada a los interesados.

Las servidumbres en montes públicos no demaniales se regirán por el régimen jurídico aplicable a la administración titular y, subsidiariamente, por el del derecho privado que les fuese de aplicación.

Los titulares de montes demaniales, así como la administración gestora en los montes catalogados, investigarán la situación de los terrenos que se presuman pertenecientes al dominio público forestal, pudiendo para ello recabar todos los datos e informes que se estimasen necesarios.

Los titulares de los montes demaniales y, en su caso, la administración gestora en los montes catalogados podrán ejercer la potestad de recuperación posesoria de los poseídos indebidamente por terceros, que no estará sometida a plazo, y respecto a la que no se admitirán acciones posesorias ni procedimientos especiales.

Las personas propietarias o titulares de los derechos de aprovechamiento de los montes privados podrán gestionarlos por sí mismas o contratar su gestión a personas físicas o jurídicas de derecho privado o público, o crear agrupaciones para la gestión forestal conjunta, que podrán tener por objeto cualquier tipo de aprovechamiento forestal, de conformidad con las restantes disposiciones de la presente ley.

Son deberes específicos de las personas propietarias de los montes privados:

Son derechos específicos de los propietarios de los montes privados:

Las personas titulares de los derechos de aprovechamiento de los montes privados estarán sujetas a los deberes específicos previstos en el apartado 2 y ostentarán los derechos previstos en el apartado 3.

Estos montes se regirán por la costumbre del lugar y subsidiariamente por la Ley de Derecho Civil de Galicia y por el Código civil, sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, en lo que se refiere a los montes privados, y disposiciones que la desarrollen.

La gestión de los montes de varas, abertales, de voces, de vocerío o de fabeo podrá efectuarse mediante una junta gestora que administre los intereses de todos los copropietarios o, en su defecto, mediante la asamblea de copropietarios. Reglamentariamente se desarrollará la composición y funciones de la junta gestora, el procedimiento para su constitución, convocatoria, regímenes de mayorías, los requerimientos para que dicha constitución se considere válida y su vigencia. También será objeto del desarrollo reglamentario el funcionamiento de la asamblea.

(Suprimido)

(Suprimido)

(Suprimido)

(Suprimido)

(Suprimido)

(Suprimido)

(Suprimido)

Habrá de invertirse en dicho monte para su mejora, al menos, el 40 % de los ingresos obtenidos por los aprovechamientos de los montes, los derivados de los actos de disposición voluntaria o los procedentes de expropiaciones forzosas, salvo de aquellos ingresos obtenidos en las partes de la propiedad no esclarecida, que habrá de invertirse en su totalidad.

Si los trabajos programados en el correspondiente instrumento de ordenación o gestión forestal hubiesen quedado satisfechos por las cantidades generadas de estos ingresos en un porcentaje inferior al establecido, y se cumpliesen todos los requisitos legales, podrá reducirse esta cuota mínima, previa aprobación de la Administración forestal.

Estos montes, mientras se mantuviesen en la indivisión, disfrutarán de los mismos beneficios que la presente Ley contempla para los montes pertenecientes a las agrupaciones de particulares.

Los titulares de los montes públicos gozarán de la potestad de deslinde administrativo de sus montes, salvo lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.

El deslinde de los montes inscritos en el Catálogo de montes de utilidad pública y, en todo caso, el de los montes de titularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia se realizará por la Administración forestal, con arreglo al procedimiento que se establece en los artículos que siguen.

El deslinde de los montes no catalogados que no sean titularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia se realizará con arreglo al procedimiento que determinen las respectivas administraciones públicas titulares.

El deslinde podrá promoverse:

Por orden de la consejería competente en materia de montes se fijará la participación económica de la Administración forestal y de los propietarios privados, que únicamente satisfarán su coste cuando el deslinde se iniciase a instancia de parte.

El procedimiento de deslinde se iniciará por resolución del órgano forestal con la aprobación de la memoria redactada previamente, que habrá de consignar la ubicación del monte, una justificación de la necesidad de realizar el deslinde y el presupuesto del mismo. A continuación, se notificará individualmente a todos los propietarios de fincas colindantes según el Registro de la Propiedad o el Catastro, y se publicará un anuncio de conformidad con el artículo 59.6.a) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el «Diario Oficial de Galicia», en la web de la consejería competente en materia de montes y en los tablones de anuncios del ayuntamiento o ayuntamientos afectados, abriéndose un plazo de treinta días naturales a partir del día siguiente al de la publicación para aportar la documentación acreditativa de la propiedad. A estos efectos, solo se considerará acreditativa de la propiedad la titularidad reflejada en los asientos del correspondiente Registro de la Propiedad y, en su defecto, en el Catastro y, en su caso, la acreditativa de situaciones posesorias por cualquier medio de prueba, en los términos que reglamentariamente se determinen. En el anuncio se indicará, además, fecha, hora y lugar de inicio del apeo, y nombramiento del instructor del expediente, que habrá de ser un funcionario con titulación de técnico forestal competente.

La iniciación del expediente de deslinde podrá implicar la suspensión del otorgamiento de autorizaciones de uso, concesiones y servidumbres, que será levantada con la aprobación del apeo, en caso de que no hubiera resultado alterada la superficie o las condiciones de la finca sobre las cuales estaban ya concedidas o en tramitación.

Los trabajos de apeo serán realizados bajo la dirección del instructor designado por la Administración forestal, que, en caso necesario, previo requerimiento, podrá contar con el asesoramiento y asistencia de un integrante del servicio jurídico administrativo de la jefatura territorial competente por razón del territorio. Se levantarán actas en cualquier soporte documental o digital, colocándose mojones y señales provisionales.

Una vez concluida la fase de apeo por el instructor, se dará traslado a todos los interesados que comparecieron en el procedimiento, dándoles un plazo de veinte días naturales en el cual podrán examinar el expediente y presentar, en su caso, alegaciones.

Finalizado el plazo anterior, el instructor elevará la propuesta de resolución al titular de la consejería competente en materia de montes.

Cualquier procedimiento de deslinde que realice la Administración forestal se desarrollará con arreglo a este procedimiento.

La resolución aprobatoria del deslinde se publicará en el «Diario Oficial de Galicia», siendo, una vez firme en vía administrativa, título suficiente para la inmatriculación del monte o la práctica de los pertinentes asientos en el Registro de la Propiedad.

El deslinde aprobado y firme supone la delimitación del monte y declara con carácter definitivo su estado posesorio, a reserva de lo que pudiera resultar de un juicio declarativo de propiedad.

Los perímetros lindantes con otros montes vecinales en mano común habrán de ser objeto de deslinde provisional por las comunidades de montes vecinales en mano común. Una vez ratificado el deslinde provisional por las asambleas generales de cada una de las comunidades de montes vecinales en mano común afectadas, se dará traslado al jurado provincial de los acuerdos alcanzados y de la siguiente documentación o cualquier otra que pueda establecerse por orden de la consejería competente en materia de montes: acta del deslinde, memoria descriptiva con planos topográficos, acta de conciliación levantada en el juzgado de paz o de primera instancia correspondiente y certificaciones de aprobación por parte de cada una de las comunidades implicadas.

Una vez realizado el deslinde, el jurado provincial de montes vecinales en mano común dictará resolución aprobatoria, en un plazo máximo de seis meses, que será publicada en el «Diario Oficial de Galicia» y debidamente notificada a las comunidades interesadas.

Los desacuerdos entre comunidades de montes en el procedimiento de deslinde provisional podrán dar lugar, previo compromiso de las partes, a un arbitraje definitivo de la consejería competente en materia forestal con arreglo a la normativa sobre arbitraje, compuesto por un mínimo de tres miembros designados por el jurado provincial de montes vecinales en mano común.

Los desacuerdos que no se sometiesen a arbitraje se decidirán en la vía jurisdiccional civil.

La comunidad propietaria presentará a la Administración forestal, previo acuerdo de su asamblea general, una propuesta con la línea de deslinde, fundamentada histórica y legalmente, entre el monte vecinal y las propiedades privadas particulares, que se pretende adoptar. El servicio competente en materia de montes de la correspondiente jefatura territorial emitirá un informe técnico relativo a esta propuesta en un plazo máximo de seis meses.

La comunidad propietaria examinará y discutirá la documentación presentada y a continuación remitirá a la Administración forestal una propuesta con plano topográfico, junto con toda la documentación y las alegaciones presentadas. Examinadas la documentación y la propuesta de deslindamiento provisional, la Administración forestal emitirá informe.

En caso de informe favorable, una vez ratificado el deslinde provisional por la asamblea general, se dará traslado al jurado provincial de los acuerdos alcanzados y, al menos, la siguiente documentación: acta del deslinde, memoria descriptiva con planos topográficos, acta de conciliación levantada en el juzgado de paz o de primera instancia correspondiente y certificaciones de aprobación por parte de la comunidad. El jurado provincial de montes vecinales en mano común dictará resolución aprobatoria del deslinde, notificándola a las personas interesadas. Dicha resolución será publicada en el «Diario Oficial de Galicia».

En los casos de informe negativo sobre la propuesta inicial de deslinde, de informe desfavorable al deslinde provisional, de no aprobación por la asamblea general o de no existir conciliación ante el juzgado de paz o de primera instancia correspondiente, el deslinde se resolverá en la vía jurisdiccional civil.

Los desacuerdos en los deslindes provisionales entre comunidades de montes vecinales en mano común y particulares podrán dar lugar, previo compromiso de aceptación por las partes, a un arbitraje definitivo de la consejería competente en materia de montes con arreglo a la normativa sobre arbitraje. La comisión de arbitraje estará compuesta por un mínimo de tres miembros, designados por el jurado provincial de montes vecinales en mano común.

Firme en vía administrativa la resolución aprobatoria de deslinde, se colocarán hitos en puntos sobresalientes de coordenadas geográficas levantadas en dicho deslinde.

Si en el procedimiento de amojonamiento se suscitasen cuestiones relativas a la propiedad, se suspenderá el procedimiento hasta que exista un nuevo pronunciamiento del jurado provincial o la cuestión sea resuelta en la vía jurisdiccional civil.

El jurado provincial de montes vecinales en mano común comunicará al Catastro los resultados de la representación cartográfica de las parcelas de montes vecinales deslindadas, para que tome razón de los mismos.

La consejería competente en materia de montes podrá establecer líneas de ayudas económicas específicas para la realización de deslindes provisionales entre montes vecinales en mano común, para la realización de propuestas de deslinde entre montes vecinales y propiedades particulares y para el posterior amojonamiento.

La Administración autonómica tendrá derecho de adquisición preferente, a reserva de lo dispuesto en el apartado 2, en los siguientes casos de transmisiones onerosas:

En caso de parcelas o montes enclavados en un monte público o colindantes con él, el derecho de adquisición preferente corresponderá a la administración titular del monte colindante o que contiene el enclavado. En caso de montes colindantes con otros pertenecientes a distintas administraciones públicas, tendrá prioridad en el ejercicio del derecho de adquisición preferente el monte que tenga un mayor linde común con el monte en cuestión.

No habrá derecho de adquisición preferente cuando se tratase de aportación de capital en especie a una sociedad en la que los titulares transmitentes habrán de ostentar una participación mayoritaria durante cinco años como mínimo.

Para posibilitar el ejercicio del derecho de adquisición preferente a través de la acción de tanteo, el transmitente habrá de comunicar fehacientemente los datos relativos a precios y características de la proyectada transmisión a la administración titular de ese derecho. Esta dispondrá de un plazo de tres meses, a partir de la fecha de comunicación, para ejercitar el derecho, con el correspondiente pago o consignación del importe comunicado en las referidas condiciones.

Las personas titulares de notarías y registros de la propiedad no autorizarán ni inscribirán, respectivamente, las correspondientes escrituras sin que se les acreditase previamente la práctica de dicha comunicación de forma fehaciente.

Si se llevase a efecto la transmisión sin la comunicación previa o sin seguir las condiciones reflejadas en la misma, la administración titular del derecho de adquisición preferente podrá ejercitar la acción de retracto en el plazo de un año a contar desde la inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad o, en su defecto, desde que la administración tuviese conocimiento de las condiciones reales de dicha transmisión.

El derecho de retracto a que se refiere este artículo es preferente a cualquier otro establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

Las comunidades de montes vecinales en mano común tendrán derecho de adquisición preferente tanto de las superficies colindantes, cuya integración permita una disminución o mejor definición del perímetro del monte vecinal, como de sus enclavados. En caso de que se ejerciese el derecho de adquisición preferente y una vez consumada la adquisición, se comunicará al jurado provincial de montes vecinales en mano común, que integrará la superficie adquirida al monte vecinal con plenos efectos jurídicos, modificando el perímetro y extensión de dicho monte, y lo comunicará al correspondiente Catastro y Registro de la Propiedad, a fin de practicar la inmatriculación o los asientos de inscripción oportunos.

El precitado derecho de adquisición preferente de los montes vecinales en mano común se regirá por lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo precedente.

Las adquisiciones de tierras por compra habrán de ser motivadas por la comunidad vecinal titular en el cumplimiento de sus fines, el interés general de las personas comuneras, la defensa de sus montes y accesos, el mejor aprovechamiento de los recursos o la mejora o ampliación del monte vecinal en mano común, requiriendo de la autorización previa de la Administración forestal, que habrá de resolver la solicitud de compra en el periodo máximo de tres meses. Las tierras adquiridas mediante compra serán calificadas por los respectivos jurados provinciales de montes vecinales en mano común como montes vecinales en mano común, no pudiendo ser objeto de permuta por un periodo mínimo de veinte años. En caso de adquisición por donación, no será precisa dicha autorización.

Aquellas adquisiciones obtenidas por las comunidades de montes vecinales en mano común con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se comunicarán al jurado provincial de montes vecinales en mano común, que integrará la superficie adquirida al monte vecinal con plenos efectos jurídicos, modificando el perímetro y la extensión de dicho monte, y lo comunicará al correspondiente Catastro y Registro de la Propiedad, a fin de practicar la inmatriculación o los asientos de inscripción oportunos.

Las comunidades de montes vecinales en mano común tendrán plena capacidad jurídica para la realización de actos y negocios jurídicos vinculados a la adquisición de nuevos terrenos que redunden en beneficio de la comunidad vecinal.

A los efectos de la presente Ley, se entiende por uso forestal cualquiera utilización de carácter continuado del monte que sea compatible con su condición.

A los efectos de la presente Ley, se entiende por actividad forestal toda acción material relativa a la conservación, mejora y aprovechamiento de los montes –tanto madereros como no madereros–, pastos, caza, setas, aromáticas, frutos etc., así como el suministro de servicios como el sociorrecreativo, paisaje, protección de los recursos hídricos, el aire y el suelo y la cultura y el conocimiento forestal.

Las modificaciones entre los usos forestales y agrícolas serán consideradas, a los efectos de la presente Ley, como cambios de actividad.

El cambio de uso forestal de un monte, cuando no viniese motivado por razones de interés general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la presente Ley y de la normativa ambiental aplicable, tendrá carácter excepcional, requiriendo informe favorable del órgano forestal y, en su caso, del titular del monte.

La Administración forestal competente podrá regular un procedimiento más simplificado para la autorización del cambio de uso en aquellas plantaciones forestales temporales para las cuales se solicitase una reversión a usos anteriores no forestales.

En terrenos afectados por incendios forestales, no podrá producirse un cambio de uso en treinta años. Con carácter singular, podrán acordarse excepciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviese contemplado:

También con carácter singular, de forma excepcional, cuando concurrieran razones de interés público derivadas de necesidades de ordenación y gestión sostenible del territorio, el Consello de la Xunta, mediante acuerdo motivado, podrá autorizar la tramitación de cambios de uso forestal, exceptuando el cumplimiento de lo dispuesto en el número anterior.

Los cambios de actividad forestal a agrícola se regirán por lo previsto en la presente Ley y normativa concurrente, y para mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias se atenderá a los siguientes supuestos:

En aquellas superficies arboladas colindantes con las superficies en las que se produjese un cambio de actividad forestal a agrícola no serán de aplicación las distancias establecidas en el anexo 2 de la presente Ley hasta el momento de la reforestación de la masa arbolada tras el aprovechamiento.

También podrá realizarse, previa autorización de los propietarios de los terrenos y de la Administración forestal, el cambio de actividad forestal a agrícola con el fin de mejorar el hábitat de las especies cinegéticas.

Las personas propietarias de montes o terrenos forestales privados que pretendan realizar cambios de actividad de forestal a agrícola tendrán que presentar la comunicación previa o, en su caso, la solicitud de autorización de cambio de actividad, de acuerdo con lo establecido en el número 1 del artículo 60 de la presente ley, ante la persona titular de la jefatura territorial de la consejería competente en materia de montes en cuyo ámbito se sitúe el monte o terreno forestal en que se va a realizar el cambio de actividad a agrícola o la mayor superficie de aquel, en caso de estar situado en el ámbito de más de una jefatura territorial.

Cuando para la realización del cambio de actividad de forestal a agrícola sea necesaria la realización de un aprovechamiento forestal, la solicitud de autorización o la comunicación previa irán acompañadas de la solicitud de autorización o, en su caso, de la declaración responsable de aprovechamiento forestal, conforme al régimen normativo de aplicación.

En caso de cambios de actividad sujetos a autorización, tras la instrucción del procedimiento por parte de la jefatura territorial, corresponderá a la persona titular del centro directivo competente en materia forestal resolver sobre la solicitud de autorización de cambio de actividad de forestal a agrícola presentada en el plazo máximo de seis meses. El aprovechamiento forestal, mediante declaración responsable, no se podrá realizar hasta que se dicte la resolución sobre la autorización de cambio de actividad solicitada.

Los cambios de actividad sujetos a comunicación previa podrán ser realizados desde el momento en que se presente esta, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas la Administración forestal y las demás administraciones públicas competentes, excepto en los casos en que para la realización del cambio de actividad sea necesaria la realización de un aprovechamiento forestal sujeto a autorización. En estos últimos supuestos, no se podrá realizar el cambio de actividad hasta que el titular de la jefatura territorial competente se pronuncie sobre la solicitud de autorización del aprovechamiento forestal o bien hasta que esta se estime concedida por silencio administrativo.

El plazo máximo para la realización del cambio de actividad y, en su caso, del aprovechamiento maderero necesario, será de doce meses, que se contarán desde la fecha de la notificación de la autorización de cambio de actividad o desde la presentación de la comunicación previa.

Los cambios de actividad de un monte vecinal en mano común están condicionados a la modificación y posterior aprobación de su instrumento de ordenación o gestión forestal.

Cuando los cambios de actividad afectasen a espacios naturales protegidos o a espacios de la Red Natura 2000, habrán de contar con la autorización de la dirección general correspondiente de la consejería competente en materia de conservación de la naturaleza.

En zonas incluidas en un proceso de concentración parcelaria, los cambios de actividad habrán de adaptarse al plan de ordenación de cultivos o forestal, tal y como contempla la normativa vigente de concentración parcelaria.

(Suprimido).

En todo caso, las plantaciones para fruto de nogales, cerezos, castaños o especies semejantes no supondrán un cambio de actividad, independientemente de que se realicen en un terreno forestal o agrícola.

Las plantaciones para la mejora de la explotación agrícola o ganadera consistentes en fajas cortavientos de hasta 10 metros de ancho y los bosquetes para la protección de ganado de hasta 500 metros cuadrados no tendrán la consideración de plantaciones forestales. En ningún caso podrán emplearse para tal fin plantas del género Eucalyptus.

La restauración hidrológico-forestal tendrá como fines prioritarios la recuperación de la funcionalidad de los ecosistemas forestales, la lucha contra la erosión, la gestión, conservación y mejora de los recursos hídricos, la estabilidad de los terrenos y la protección de infraestructuras de interés general.

La Administración forestal podrá declarar zonas prioritarias de actuación en materia de control de la erosión y restauración hidrológico-forestal atendiendo preferentemente a los montes protectores, así como a los terrenos forestales, que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

Los planes, proyectos, obras y trabajos de corrección o restauración hidrológico-forestal que sean precisos para la recuperación de las zonas prioritarias de actuación, cualquiera que sea la titularidad de los terrenos o el uso a que se destinen, podrán ser declarados de utilidad pública cuando concurriesen razones de urgencia que así lo justifiquen, a efectos de expropiación forzosa u ocupación temporal, pudiendo ser objeto de actuaciones inmediatas por parte de la Administración forestal, solo en el caso de que existiesen situaciones de emergencia que así lo justifiquen.

(Suprimido).

Queda prohibida la siembra o plantación, incluso de pies aislados, en todo terreno forestal y en las zonas de influencia forestal definidas en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, con ejemplares del género Acacia y cualquier otro sin aprovechamiento comercial relevante que se determine mediante orden de la consejería competente en materia de montes.

Las repoblaciones o las siembras en los cultivos energéticos en terreno forestal se regularán por orden de la consejería competente en materia de montes.

Quedan prohibidas las reforestaciones y las nuevas plantaciones forestales con el género Eucalyptus en aquellas superficies pobladas por especies del anexo I y en las masas compuestas por formaciones arbóreas donde estén mezclados o intercalados pies mayores pertenecientes a especies del anexo I con pies mayores del género Eucalyptus, cuando estos últimos integren un porcentaje de individuos inferior al 50 % del total de la masa. Esta prohibición se aplicará incluso con posterioridad al aprovechamiento final de esa masa mixta o a su afectación por un incendio forestal. Se exceptuarán de esta prohibición las parcelas pobladas con pies del género Eucalyptus que estén siendo gestionadas conforme a modelos silvícolas EG2 o EN2 cuyo objetivo de gestión sea la producción de madera para sierra, chapa o bateas en turnos superiores a veinticinco años y siempre y cuando hayan obtenido autorización previa emitida por el órgano territorial competente en materia de medio rural donde radique el monte o terreno forestal.

bis. Quedan prohibidas las nuevas plantaciones con el género Eucalyptus en los montes de utilidad pública y en los montes de gestión pública.

Las nuevas plantaciones que se realicen con el género Eucalyptus superiores a las 5 hectáreas precisarán de autorización de la Administración forestal. No será aplicable a las masas preexistentes de Eucalyptus en los supuestos de reforestación o regeneración de esa superficie, o que estén incluidas en la planificación de un instrumento de ordenación o de gestión forestal aprobado por la Administración.

En los ámbitos territoriales en los que no existan planes de ordenación de recursos forestales aprobados, podrán regularse mediante decreto la gestión, las reforestaciones y las nuevas plantaciones de especies forestales no incluidas en los modelos silvícolas previstos en el artículo 76.3 de esta ley y aprobados por orden de la consejería competente en materia de montes.

En todo caso, las repoblaciones forestales estarán sujetas a los supuestos previstos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia.

La repoblación forestal en montes catalogados de utilidad pública y en los montes patrimoniales priorizará las especies del anexo 1, y tendrá como objetivo preferente el protector, ambiental y social, excepto que en la aplicación de programas de mejora y producción genética sea precisa la utilización de otras especies.

Las nuevas repoblaciones forestales que tengan lugar a partir de la entrada en vigor de la presente Ley habrán de guardar las distancias señaladas en el anexo 2 de la presente ley a otros terrenos, construcciones, instalaciones e infraestructuras.

Las distancias se medirán desde el tronco del pie más próximo a la propiedad vecina hasta el límite con la otra propiedad. En caso de tendidos eléctricos, las distancias se medirán hasta la proyección del conductor más externo, considerando su desviación máxima producida por el viento según la normativa sectorial vigente.

Para edificaciones, viviendas aisladas y urbanizaciones ubicadas a menos de 400 metros del monte y fuera de suelo urbano y de núcleo rural, las distancias se medirán hasta el paramento de las mismas.

Para cámpines, depósitos de basura, parques e instalaciones industriales a menos de 400 metros del monte y fuera de suelo urbano y de núcleo rural, las distancias se medirán hasta el límite de las instalaciones.

La Administración forestal y las demás administraciones públicas que resulten competentes de acuerdo con la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, o norma que la sustituya, respectivamente, velarán por el cumplimiento de los regímenes de distancias mínimas establecidos en el anexo II de esta ley y en dicha Ley 3/2007, de 9 de abril, así como por la adecuación de las masas arboladas y de las nuevas plantaciones a aquellos, procurando, cuando proceda, la colaboración entre todas las administraciones públicas competentes.

En el caso de incumplimiento de los regímenes de distancias mínimas a los que se refiere el número anterior, la administración pública competente, de oficio o a solicitud de persona interesada, podrá enviar a la persona que resulte responsable, conforme al artículo 140, una comunicación en la que se le recordará su obligación de retirada del arbolado afectado y se le concederá para hacerlo un plazo máximo de tres meses, contado desde la recepción de la comunicación. La comunicación será obligatoria en caso de que la administración pretenda proceder a la ejecución subsidiaria con carácter previo al inicio del procedimiento sancionador e incluirá la advertencia de que, en el caso de persistencia en el incumplimiento transcurrido dicho plazo, se podrá proceder a la ejecución subsidiaria a costa del obligado y se podrá acordar la incoación del procedimiento sancionador que corresponda y la medida cautelar de decomiso de los productos procedentes de la tala de especies arbóreas, en su caso.

Cuando no pueda determinarse la identidad de la persona responsable o resulte infructuosa la notificación de la comunicación a la que se refiere el número anterior, esta se efectuará mediante un anuncio en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’ y en el ‘‘Diario Oficial de Galicia’’, en el que se incluirán los datos catastrales de la parcela. En estos supuestos el plazo para el cumplimiento se computará desde la publicación del anuncio en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’.

En el supuesto de distancias mínimas a vías de comunicación y cursos fluviales, la comunicación prevista en este artículo podrá formularse de manera conjunta para todas las personas responsables en un mismo tramo que sean desconocidas o respecto a las cuales se ignorase el lugar de notificación, mediante la publicación de un anuncio en el "Boletín Oficial del Estado" y en el "Diario Oficial de Galicia" en el que se incluirá una relación con los datos catastrales de las parcelas afectadas. El plazo para el cumplimiento se computará desde la publicación del anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

Transcurridos los plazos señalados en este artículo sin que la persona responsable retire las especies arbóreas, la Administración pública competente podrá proceder a la ejecución subsidiaria, sin perjuicio de la repercusión de los costes a la persona responsable.

En los supuestos de ejecución subsidiaria, la persona responsable está obligada a facilitar los accesos necesarios a los sujetos que acometan los trabajos de retirada de especies. En todo caso, la Administración y sus agentes y colaboradores podrán acceder a los montes, terrenos forestales y otros terrenos incluidos en las fajas de gestión de la biomasa para realizar los trabajos necesarios de retirada de especies arbóreas, sin que sea preciso el consentimiento de su titular, salvo en aquellos supuestos excepcionales en que el acceso afecte, dentro de la parcela, a espacios físicos susceptibles de merecer la calificación de domicilio a los efectos del artículo 18.2 de la Constitución, caso en que deberá pedirse la correspondiente autorización judicial para la entrada en ellos si no se cuenta con la autorización de su titular.

El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere este artículo por parte de la persona propietaria del terreno implicará el incumplimiento de la función social de la propiedad y será causa de expropiación forzosa por interés social, en caso de que los costes acumulados de la ejecución subsidiaria de los trabajos de retirada de arbolado que la administración actuante hubiese asumido con cargo a su presupuesto, y no le pueda repercutir a aquella por desconocerse su identidad, superen el valor catastral de la parcela. La entidad gestora del Banco de Tierras de Galicia o la administración que hubiese asumido esos costes con cargo a su presupuesto tendrá la condición de beneficiaria de la expropiación forzosa y compensará, en el momento del abono del justiprecio expropiatorio, las cantidades adeudadas por la persona propietaria por este concepto, siempre que no hayan prescrito los correspondientes derechos de cobro a favor de la Hacienda pública. En el supuesto de que la beneficiaria de la expropiación fuese la Administración local, podrá ceder esos terrenos al Banco de Tierras de Galicia.

Las concentraciones parcelarias que afecten a terrenos mayoritariamente forestales se regirán, en todo lo no previsto en la presente ley, por la normativa gallega en materia de concentración parcelaria.

A efectos de obtener ayudas públicas, se exigirá que el proceso de concentración cumpla los siguientes requisitos:

En la instrucción del procedimiento deberá contarse con la presencia de un técnico competente en materia forestal.

Las ayudas públicas para los procedimientos de concentración que cumplan los requisitos señalados en el apartado anterior podrán consistir en:

Todos los proyectos de infraestructuras en terrenos forestales concentrados se realizarán únicamente considerando las necesidades conjuntas de gestión de la totalidad de la superficie concentrada.

Los montes concentrados mantendrán expresamente su calificación y uso actual durante el proceso y una vez entregadas las nuevas parcelas. Las parcelas resultantes de las operaciones de concentración parcelaria que se adjudiquen a comunidades de montes vecinales en mano común y antes no hubieran sido monte vecinal en mano común pasarán a serlo. Esta reorganización de la propiedad se comunicará al jurado provincial de montes vecinales en mano común, que integrará la superficie concentrada de monte vecinal con plenos efectos jurídicos, modificando el perímetro y extensión de dicho monte, y lo comunicará al correspondiente Catastro y Registro de la Propiedad, a fin de practicar los asientos de inscripción oportunos.

El Plan forestal de Galicia es el instrumento básico para el diseño y ejecución de la política forestal gallega, en el que se evalúa la situación del monte gallego y se establecen las directrices y programas de actuación de la política forestal de Galicia, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación necesarios para su cumplimiento.

El Plan forestal de Galicia es el instrumento básico de planificación forestal y tendrá la consideración de programa coordinado de actuación, al amparo de lo dispuesto en los artículos 16 y siguientes de la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del territorio de Galicia.

La aprobación y, en su caso, modificación del Plan forestal de Galicia corresponderá al Consello de la Xunta mediante decreto, a propuesta de la consejería competente en materia forestal, oído el Consejo Forestal de Galicia, ajustándose al procedimiento previsto en el artículo 21 de la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del territorio de Galicia.

En la elaboración del plan, a fin de propiciar la mayor participación social, serán consultados, por medio de sus órganos de representación, los propietarios forestales, particulares y montes vecinales, las entidades locales, el sector empresarial y los demás agentes sociales e institucionales interesados. A estos efectos, se establecerá un trámite de información pública con arreglo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La revisión del plan se fundamentará en el diagnóstico derivado del análisis del inventario forestal de Galicia y otros estudios que se estimen necesarios, implicando el cambio o ajuste generalizado de las medidas establecidas en el plan, así como de sus objetivos. El procedimiento de revisión será el mismo que el de elaboración.

Las alteraciones que no afecten a las características esenciales del plan ni a sus objetivos se considerarán simples modificaciones puntuales, pudiendo ser realizadas directamente por la consejería competente en materia forestal, que dará cuenta de su ejecución al Consello de la Xunta, oído el Consejo Forestal.

En los plazos que fije el propio plan, habrá de evaluarse su grado de ejecución y, de considerarse pertinente, tramitar las oportunas modificaciones.

La Administración forestal elaborará los planes de ordenación de los recursos forestales como instrumentos de planificación forestal, que afectarán preferentemente a cada distrito forestal, como territorios de condiciones geográficas, socioeconómicas, ecológicas, culturales o paisajísticas homogéneas y que tendrán carácter obligatorio y ejecutivo en las materias reguladas en la presente Ley, en los términos establecidos en cada plan. Asimismo, tendrán carácter indicativo respecto a cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria cuarta.

El contenido de estos planes habrá de coordinarse con los correspondientes planes de prevención y defensa contra los incendios forestales de distrito establecidos en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de Prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.

Los planes de ordenación de los recursos forestales, en su ámbito territorial de aplicación, podrán establecer limitaciones o prohibiciones de plantación de determinadas especies forestales.

Los planes de ordenación de recursos forestales serán aprobados por el Consello de la Xunta mediante decreto, a propuesta de la consejería competente en materia de montes, oído el Consejo Forestal de Galicia y previa audiencia a las entidades locales que comprenden los planes de ordenación de recursos forestales y, a través de sus órganos de representación, a los propietarios forestales privados, otros usuarios legítimos afectados y demás agentes sociales e institucionales interesados, por un plazo de entre uno y dos meses, incluyendo igualmente en la tramitación del expediente la información y participación pública.

Su elaboración será dirigida y redactada por técnicos competentes en materia forestal.

Los planes de ordenación de recursos forestales podrán ser objeto de las siguientes modificaciones:

Los planes de ordenación de recursos forestales, como mínimo, especificarán: