Real Decreto 127/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales

La sede del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales radicará en Madrid, y su ámbito abarcará la totalidad del territorio del Estado, con excepción del de las comunidades autónomas en que se haya constituido, o se constituya en un futuro, según lo dispuesto en el artículo 36, un Colegio autonómico.

A efectos colegiales el ámbito territorial del Colegio se considera dividido en tantas Delegaciones Territoriales como comunidades autónomas se encuentren incluidas en el mismo, las ciudades de Ceuta y Melilla se adscriben a la Delegación de Andalucía. No obstante, podrán agruparse en una sola Delegación Territorial los colegiados de dos o más Comunidades, a instancias de los colegiados afectados y con el acuerdo de la Junta de Gobierno. La sede de estas Delegaciones se fijará según lo dispuesto en el artículo 29.3 de los presentes estatutos.

Cuando los recursos económicos lo permitan y previa aprobación en Junta Rectora, las Delegaciones Territoriales o Autonómicas dispondrán en sus sedes de local y personal para el desarrollo de sus competencias y servicios, siguiendo criterios de eficacia, conveniencia y solidaridad interterritorial.

Informar, en los términos previstos en la legislación aplicable, los proyectos de Ley y de disposiciones de cualquier rango que tengan incidencia en la actividad de la ingeniería técnica forestal, o que se refieran a las condiciones generales de la función profesional de los Ingenieros Técnicos Forestales y su relación con otras profesiones, enseñanza, atribuciones e incompatibilidades.

Asesorar a las Administraciones Públicas, Corporaciones Oficiales, personas o entidades particulares, en todos aquellos asuntos que afecten directamente a la profesión o a los profesionales, realizando estudios, emitiendo informes, resolviendo consultas, redactando pliegos orientativos de condiciones técnicas y económicas, actuando en arbitrajes y demás actividades relacionadas con sus fines que pudieran serle solicitados o acuerden formular a iniciativa propia. En ningún caso este tipo de informes, estudios o consultas podrán tener por objeto servicios que corresponda prestar a los profesionales.

Participar en los Consejos, Comisiones Técnicas u Organismos consultivos de las Administraciones Públicas en materia de competencia de la profesión e informar en las modificaciones de la legislación vigente en todo cuanto se refiera a la profesión.

Ostentar en su ámbito, la representación y defensa de la profesión de Ingeniero Técnico Forestal, ante las Administraciones Públicas, los Tribunales de Justicia, Instituciones, Entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten o pudieran afectar a los intereses profesionales y ejercitar el derecho de petición conforme a la legislación sobre Colegios Profesionales.

El Colegio facilitará a los órganos jurisdiccionales la relación de colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir como peritos en los asuntos judiciales.

Velar por los derechos y deberes de los colegiados, defendiéndoles debidamente, sobre todo en cuestiones que afecten al interés general de la profesión, especialmente las que se deriven de las disposiciones legales vigentes, interviniendo en todo momento para que no se desconozca ni se dificulte su ejercicio.

Ordenar, en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados, que deberá realizarse en régimen de libre competencia. Los acuerdos, decisiones y recomendaciones del Colegio observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Velar por la ética, la deontología, la dignidad profesional y el respeto debido a los derechos de los particulares, y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.

Disponer de un servicio de atención a los colegiados, consumidores o usuarios, así como sus asociaciones y organizaciones, a fin de atender y resolver las quejas o reclamaciones presentadas por estos, referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados, bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho. La presentación de quejas y reclamaciones podrá ser realizada de forma presencial, por vía electrónica o a distancia.

Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional.

Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje en las cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados. El arbitraje se llevará acabo por abogados en ejercicio o quedando señalado que será de equidad.

Resolver por laudo, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias que puedan surgir sobre el incumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por los colegiados. Facilitar un modelo de nota de encargo a los colegiados que deseen utilizarlo.

El Colegio podrá elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas. Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.

Establecer la cuota de intervención profesional por el visado y por el control de calidad de los trabajos profesionales que, en su caso, se establezca. Su coste será razonable, no abusivo ni discriminatorio. El Colegio hará públicos los precios de los visados de los trabajos que podrán ser comprobados y tramitarse por vía telemática. El Colegio visará los trabajos profesionales en su ámbito de competencia únicamente cuando se solicite por peticiones expresas de los clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como tales, o cuando así lo establezca el Gobierno.

Establecer la cuota de inscripción o colegiación, tanto para colegiados como para las sociedades profesionales, que no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción. El Colegio dispondrá de los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática.

Informar en los procedimientos judiciales o administrativos en que se discutan honorarios profesionales.

Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales solo a petición libre y expresa de los interesados, en las condiciones que se determinen en los reglamentos de Régimen Interior, así como comparecer ante los Tribunales de Justicia, por sustitución de los colegiados, ejercitando las acciones procedentes en reclamación de los honorarios devengados por los mismos en el ejercicio de la profesión.

Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión, previendo el sostenimiento económico con los medios necesarios. La recepción de este tipo de servicios por los colegiados será voluntaria, previa solicitud expresa. Asimismo, los precios que se cobren a los colegiados no incluirán costes ajenos a la prestación específica de que se trate.

Informar a los colegiados de todos los asuntos de interés general que profesionalmente les pudiera afectar.

Elaborar un Reglamento de Régimen Interior y en su caso; un Código Deontológico que se ajustará a los dispuesto en las leyes y será accesible por vía telemática.

Para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, el Colegio dispondrán de una página web que ofrecerá de forma clara, inequívoca y gratuita a través de ventanilla única, la siguiente información:

Cumplir y hacer cumplir a los colegiados la Constitución y demás Leyes, los Estatutos del Colegio y Reglamentos de Régimen Interior, así como los acuerdos y decisiones de los Órganos colegiales en materia de su competencia.

Visar los trabajos de los colegiados.