LegalizeReal Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2017
Por ello, las amenazas para la Seguridad Nacional encuentran en los espacios comunes globales un terreno de actuación idóneo. La regulación y una adecuada gestión de estos espacios comportan una importante dimensión comunitaria, por lo que es clave la cooperación internacional y la asistencia mutua.
Asimismo, a la perspectiva de cualquier disrupción en los espacios comunes globales hay que añadir la capacidad y rapidez de extensión de la incertidumbre que supondría una desconexión funcional e informativa. Este escenario aconseja el desarrollo del mecanismo de gestión de crisis desde una visión amplia y sobre la base de estructuras resilientes.
Vulnerabilidad del ciberespacio
Las amenazas en el espacio digital adquieren una dimensión global que va más allá de la tecnología. El ciberespacio es un escenario con características propias marcadas por su componente tecnológico, fácil accesibilidad, anonimidad, alta conexión y dinamismo. En los últimos tiempos, las acciones negativas en el ámbito de la ciberseguridad han aumentado notablemente en número, alcance y sofisticación. Tales acciones adquieren creciente relevancia para España, un país altamente interconectado y que ocupa una posición de liderazgo en Europa en materia de implantación de redes digitales.
Desde un punto de vista tecnológico, ha de destacarse la transformación digital de la Administración. Este factor agudiza la dependencia de las tecnologías de la información, extiende la posible superficie de ataque y, en consecuencia, los beneficios potenciales derivados para los atacantes, en un entorno donde el derecho a la protección de datos de carácter personal es un requisito esencial en la relación del ciudadano con la Administración por medios electrónicos.
En lo relativo a las ciberamenazas, es creciente la actividad tanto por parte de Estados, que persiguen la expansión de sus intereses geopolíticos a través de acciones de carácter ofensivo y subversivo, como de organizaciones terroristas, grupos de crimen organizado y actores individuales. Estos grupos aprovechan el carácter anónimo que el ciberespacio ofrece para conseguir sus fines a un mínimo coste y asumiendo un riesgo menor dada la dificultad de atribución. El robo de datos e información, los ataques ransomware y de denegación de servicios, el hackeo de dispositivos móviles y sistemas industriales y los ciberataques contra las infraestructuras críticas son ejemplos de ciberamenazas.
La utilización del ciberespacio como medio para la realización de actividades ilícitas, acciones de desinformación, propaganda o financiación terrorista y actividades de crimen organizado, entre otras, impacta en la Seguridad Nacional, amplificando la complejidad y la incertidumbre, y también pone en riesgo la propia privacidad de los ciudadanos.
Vulnerabilidad del espacio marítimo
Este espacio, de gran importancia para España como potencia marítima, reviste un gran valor estratégico. Entre otros aspectos, las rutas marítimas son vitales para las transacciones comerciales y el transporte. Además, el aprovisionamiento energético se basa en gran medida en este medio, y gran parte del intercambio de información digital en España transcurre por cables submarinos.
Los factores que amenazan la seguridad marítima se concentran fundamentalmente en dos grupos: primero, aquellas amenazas derivadas de actos intencionados y de naturaleza delictiva, y segundo, otras accidentales debidas a las condiciones naturales del medio. Entre el primer conjunto se encuentran actos como la piratería, el terrorismo, los tráficos ilícitos, actos contra la conservación del patrimonio cultural subacuático, las redes de inmigración irregular por vía marítima o la explotación incontrolada de los recursos marinos, como por ejemplo la pesca. La piratería y la criminalidad organizada en el mar en el Cuerno de África y en aguas del Golfo de Guinea, así como el aumento de flujos migratorios irregulares por vía marítima, con trágicas consecuencias humanitarias, reafirman la importancia estratégica esencial del espacio marítimo, prioritario para España, y refuerzan la necesidad de su protección.
La delimitación de espacios marinos entre Estados es un contencioso frecuente que puede generar situaciones de crisis o conflicto debido a la trascendencia geopolítica que reviste el acceso y control de estos espacios. Es el caso de la disputa abierta en el Mar del sur de China.
Además, los avances tecnológicos favorecen la extracción de recursos marinos en zonas cada vez más remotas y profundas. Está situación puede provocar la aparición de tensiones debido a la competencia entre países por ampliar su acceso sobre el espacio marítimo.
Dentro del segundo grupo de amenazas se enumeran los accidentes marítimos y las catástrofes naturales. Debido a la posición geográfica de España, sus espacios de soberanía y jurisdicción son punto de confluencia de algunas de las rutas más transitadas, como es el caso del Estrecho de Gibraltar. España es asimismo responsable de una amplia zona de salvamento y rescate, donde la seguridad de la vida humana en la mar y del tráfico marítimo requieren de una atención continua. A los accidentes y catástrofes marítimas se les une la preservación de los ecosistemas marinos, costeros y terrestres como actividades de especial relevancia.
Vulnerabilidad del espacio aéreo y ultraterrestre
Determinadas infraestructuras, como las energéticas, los flujos de información financiera, o el normal funcionamiento de determinados servicios básicos para la sociedad, se subordinan al buen uso del espacio ultraterrestre y el ciberespacio.
El espacio aéreo puede ser escenario de violaciones a la seguridad y al orden internacional por parte de actores estatales y no estatales. Las acciones contra la aviación comercial y sistemas de control de navegación y todo tipo de tráficos ilícitos por vía aérea son ejemplos con potencial de alteración del orden mundial.
Asimismo, el posible uso de aeronaves pilotadas remotamente (drones) para acciones de naturaleza agresiva o ilícita por parte de Estados u organizaciones no estatales, constituye otro ejemplo actual que justifica la protección del espacio aéreo.
Por otra parte, armas de alta tecnología con amplia capacidad de actuación, sofisticados equipos de reconocimiento y vigilancia, los sistemas de posicionamiento, y buena parte del intercambio de la información digital, dependen de las comunicaciones vía satélite. En este sentido, el abaratamiento de costes que facilita el acceso a la tecnología satelital ofrece grandes oportunidades en ámbitos como la exploración espacial, pero al mismo tiempo acarrea importantes riesgos como el incremento en basura espacial.
La competición entre Estados por el acceso, uso y control del espacio ultraterrestre va a seguir creciendo, dado su gran valor estratégico y comercial. El despliegue de tecnologías anti-satélite diseñadas para deshabilitar o destruir satélites podría incrementar la tensión global.
Amenazas sobre las infraestructuras críticas
Las infraestructuras críticas son aquellas infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas. Las infraestructuras estratégicas incluyen las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información y de la comunicación sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales. Los servicios esenciales son necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento del sector público.
Cualquier interrupción en los servicios proporcionados por estas infraestructuras de sectores estratégicos (Administración, espacio, industria nuclear, industria química, instalaciones de investigación, agua, energía, salud, tecnologías de la información y de comunicaciones, transporte, alimentación y sistema financiero y tributario) podría tener graves consecuencias en los flujos de suministros vitales o en el funcionamiento de los servicios esenciales, además de provocar perturbaciones y disfunciones graves en materia de seguridad.
Las amenazas que pueden afectar a estas infraestructuras que revisten mayor gravedad, son aquellas que tienen su origen en actos deliberados, bien realizados mediante una agresión física sobre la propia infraestructura o bien a través de un ciberataque, hoy más probable dado el desarrollo tecnológico.
Puesto que la mayoría de estos servicios esenciales son proporcionados por operadores privados, resulta fundamental seguir potenciando la colaboración público-privada en este ámbito en beneficio de la sociedad en su conjunto.
Desafíos
Inestabilidad económica y financiera
Los factores que pueden desestabilizar el sistema económico y financiero son de muy diversa naturaleza, no exclusivamente económica, y normalmente sus efectos son transversales, materializándose en más de un ámbito. De ahí la necesidad de adoptar un enfoque integral, que no sólo aborde los aspectos estrictamente económico-financieros, sino que contemple también su dimensión de seguridad.
Entre dichos factores se encuentran todas aquellas actuaciones que dificultan el normal funcionamiento de las políticas económicas y financieras e impiden maximizar su eficacia así como las que merman la continuidad de la actividad económica. En este último sentido, se incluirían acciones como el fraude, la corrupción, los paraísos fiscales, el blanqueo de capitales o las interrupciones de los sistemas de comercio e infraestructuras que soportan los flujos comerciales. Es importante seguir trabajando contra fenómenos como los tráficos ilícitos, que ponen en riesgo la estabilidad económica, la financiación de los servicios públicos, los derechos sociales y el bienestar de los ciudadanos.
Por otra parte, los obstáculos a la internacionalización de la economía española o que ponen en riesgo la seguridad de las empresas o trabajadores nacionales en el exterior, son retos a los que hay que hacer frente para garantizar su competitividad.
Otros de los desafíos a mitigar son aquellas acciones que minan la eficacia de los instrumentos económicos al servicio de la defensa de los intereses y compromisos nacionales de seguridad. Por ello, cobra especial relevancia garantizar la seguridad de aquellos sectores, empresas, servicios, tecnologías o sistemas de información de especial interés para la Seguridad Nacional.
Vulnerabilidad energética
La energía es un elemento fundamental para la prosperidad, el bienestar de la sociedad y la propia soberanía y continuidad del Estado.
El suministro energético es clave para un país como España, que depende para su abastecimiento en gran medida de zonas como África del Norte o el Golfo de Guinea. El aumento de la inestabilidad geopolítica en las principales zonas productoras pone en peligro el abastecimiento de productos de forma directa y puede provocar una escalada en los precios del petróleo y el gas.
Además, la seguridad de las instalaciones es un factor importante para la seguridad energética. La inversión en infraestructuras energéticas, su mantenimiento y modernización es crucial en este ámbito.
Por otra parte, la baja interconexión energética de gas y electricidad de España con el resto de Europa aumenta la vulnerabilidad a interrupciones en el suministro.
La configuración geográfica de España presenta asimismo un desafío en materia de conectividad energética en los territorios extrapeninsulares como es el caso del archipiélago canario.
Es por ello prioritario garantizar el suministro de energía y asegurar su abastecimiento, de una forma sostenible medioambiental y económicamente, en un contexto de transición energética hacia un modelo más seguro y más eficiente.
Flujos migratorios irregulares
Europa y el mundo en su conjunto viven una de las mayores crisis migratorias registradas desde la Segunda Guerra Mundial. En este drama humano confluyen causas inmediatas como el aumento de los conflictos y la inestabilidad regional, lo que ha elevado exponencialmente el número de afectados; y tendencias de fondo como la migración por motivos económicos o relacionada con factores medioambientales. Los desplazamientos forzosos probablemente continúen siendo una constante los próximos años, a menudo sin soluciones inmediatas y duraderas, y con capacidad de afectar la estabilidad y cohesión político-social de los países de acogida.
España, por su posición geoestratégica, está especialmente expuesta a este desafío. Tras varios años de disminución de las cifras de inmigrantes irregulares llegados al territorio nacional, en gran medida debido a la crisis económica, la tendencia vuelve a ser de incremento. Este desafío debe por ello seguir siendo un elemento permanente de atención y de gestión junto con los esfuerzos en proteger los Derechos Humanos de aquellos que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad.
La integración de los inmigrantes en la sociedad y cultura españolas contribuye a la prosperidad de España y su diversidad, siempre desde el respeto a los valores, la libertad y el modo de vida de los ciudadanos.
Emergencias y catástrofes
Las emergencias y catástrofes siguen siendo uno de los principales desafíos del mundo moderno. Su impacto no sólo afecta a la vida y salud de las personas sino, también, a los bienes patrimoniales, al medio ambiente y al desarrollo económico.
Cuatro son los factores que están potenciando estos desafíos. El primero es de carácter demográfico. Está motivado por el incremento de población urbana en zonas de peligro ambiental o antrópico. El segundo factor está ligado a la vulnerabilidad de la infraestructura económica y tecnológica. Ello hace que se acentúe la rapidez y propagación de los riesgos y se produzcan efectos en cascada, como ocurrió en el terremoto de Japón de 2011. El tercer factor es la degradación de los ecosistemas, que reduce las defensas naturales. Por último, hay que tener en cuenta el incremento de magnitud y frecuencia de algunos fenómenos adversos (tales como olas de calor, sequías, incendios forestales o erosión) a consecuencia del cambio climático.
España es un país que se enfrenta a este desafío con un bagaje de experiencia positiva y con una importante dotación de medios, adaptada a las amenazas y desafíos que soporta y que siguen presentes. Sin embargo, ante la posibilidad de incremento de algunas emergencias y catástrofes, es preciso seguir reforzando el estado de preparación en aras a facilitar la prevención y una pronta recuperación ante una situación catastrófica.
Epidemias y pandemias
En las últimas décadas, el número de enfermedades emergentes identificadas y de situaciones de riesgo asociadas a ellas ha aumentado. Se han identificado al menos seis alertas sanitarias globales, todas ellas con un importante impacto a nivel nacional: el Síndrome Respiratorio Agudo Grave, la gripe por virus A/H5N1, la pandemia de gripe por virus A/H1N1, la nueva diseminación internacional del poliovirus salvaje, la enfermedad por virus Ébola en África del Oeste y la infección por virus Zika.
Este incremento de las situaciones de riesgo asociadas a enfermedades infecciosas ha venido de la mano de un cambio global rápido que está modificando la relación del ser humano con su entorno en varios ámbitos: poblacionales (tamaño y fragilidad), uso y ocupación del suelo, movilidad y desplazamientos de población, conflictos, transporte de mercancías y cambio climático.
España, un país que recibe más de 75 millones de turistas al año, con puertos y aeropuertos que se cuentan entre los de mayor tráfico del mundo, un clima que favorece cada vez más la extensión de vectores de enfermedades, con una población envejecida y una situación geopolítica polarizada, no está exenta de amenazas y desafíos asociadas a enfermedades infecciosas tanto naturales como intencionadas.
Reducir la vulnerabilidad de la población a los riesgos infecciosos cuando es factible (por ejemplo, mediante la vacunación), la probabilidad de introducción de riesgos infecciosos (por ejemplo, mediante el control e inspección de mercancías en frontera), así como la probabilidad de transmisión interna de enfermedades (por ejemplo, mediante buenos programas de prevención y promoción de la salud o buenos sistemas de saneamiento) es fundamental para minimizar los riesgos y su posible impacto sobre la población.
Sin embargo, dichos riesgos no se pueden eliminar por completo. Es necesario, además de reducir la vulnerabilidad de la población, desarrollar planes de preparación y respuesta ante amenazas y desafíos sanitarios, tanto genéricos como específicos, con una aproximación multisectorial que asegure una buena coordinación de todas las administraciones implicadas tanto a nivel nacional como internacional.
Efectos derivados del cambio climático
En los últimos años, los efectos producidos por el cambio climático han adquirido tal relevancia que se justifica su análisis desde una perspectiva de seguridad.
A nivel global, existe una creciente relación de los efectos del cambio climático con la competencia por el acceso a los recursos, sobre todo el agua, los movimientos migratorios forzosos y la aparición de vectores que favorecen la propagación de enfermedades. Estos factores tienen un impacto especialmente intenso en regiones como África y en el área Asia-Pacífico, y a veces funcionan como causas estructurales de conflictos armados.
El incremento de las temperaturas globales está teniendo como consecuencias más destacadas el aumento en frecuencia e intensidad de diversos fenómenos meteorológicos extremos, el incremento de los niveles del mar, la acidificación del océano, la desertificación, la degradación del suelo, la disminución de los recursos hídricos y la inseguridad alimentaria.
La región mediterránea está identificada como una de las regiones europeas con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático. En España destacan la escasez de los recursos hídricos y el incremento de la frecuencia y severidad de sequías, inundaciones e incendios.
La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la lucha contra la pérdida de biodiversidad, la revisión de los sistemas de abastecimiento y uso de la energía, la gestión conjunta de bienes compartidos como el agua o los recursos pesqueros, así como un pacto global de países industrializados y países emergentes, son requerimientos imprescindibles para afrontar las consecuencias del cambio climático. De ahí la importancia del cumplimiento y refuerzo de los compromisos asumidos en organizaciones multilaterales y acuerdos positivos como el Acuerdo de París. Así, en el plano nacional, la integración de esfuerzos hacia un modelo eficiente y sostenible, y que se materializará en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ha de estar guiada por una visión integral que contemple todas las dimensiones que afectan a la seguridad.
Por otro lado, el deterioro de la calidad del medio ambiente, a través de la contaminación del aire, las aguas y el suelo, la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los hábitats naturales afectan la calidad de vida de las personas y pueden dar lugar a movimientos migratorios de gran calado en busca de una mayor seguridad ambiental.
CAPÍTULO 5. Objetivos generales y líneas de acción de la Seguridad Nacional
En este capítulo se establecen cinco objetivos generales que orientan la acción del Estado y se identifican quince ámbitos a los que se asigna un objetivo específico y líneas de acción para su consecución.
En un entorno de seguridad complejo e incierto como el presente, en el que las amenazas y desafíos están conectados, es preciso un enfoque de seguridad integral y no compartimentado.
En consecuencia, la Estrategia define unos objetivos generales comunes a todos los ámbitos de actuación de la Seguridad Nacional, que refuerzan la necesaria sinergia que debe existir entre todos sus componentes y elementos integrantes. Estos objetivos responden a los principios rectores de la política de Seguridad Nacional: unidad de acción, anticipación, eficiencia y resiliencia.
Adicionalmente, puesto que las amenazas y desafíos pueden impactar con distinta intensidad en campos y materias diversas, se establecen quince ámbitos de actuación para la Seguridad Nacional. Algunos de ellos son ámbitos tradicionales, como la Defensa Nacional o la lucha contra el terrorismo, mientras que otros responden al nuevo panorama de seguridad, como la ciberseguridad, la lucha contra el cambio climático o la seguridad frente a epidemias y pandemias. A cada una de estas materias se le asigna un objetivo específico prioritario y líneas de acción para su consecución.
Tales objetivos y líneas de acción ordenan, posicionan y priorizan la acción del Estado en materia de Seguridad Nacional junto con la asignación adecuada de recursos, capacidades y esfuerzos, siempre bajo la lógica de su optimización y uso eficiente.
Objetivos generales
Los objetivos generales se explican a la luz de los principios rectores de la política de Seguridad Nacional. Son comunes a todos los ámbitos de esta política y responden a la necesidad de que España se posicione oportunamente ante las implicaciones de seguridad del nuevo contexto internacional.
Se establecen cinco objetivos generales:
– Desarrollar el modelo integral de gestión de crisis.
– Promover una cultura de Seguridad Nacional.
– Favorecer el buen uso de los espacios comunes globales.
– Impulsar la dimensión de seguridad en el desarrollo tecnológico.
– Fortalecer la proyección internacional de España.
Desarrollar el modelo integral de gestión de crisis
La mayor parte de las crisis actuales afectan a ámbitos muy distintos de la Seguridad Nacional. Son imprevisibles en cuanto a su evolución e impacto, pudiendo requerir medidas que no hayan sido testadas y una coordinación reforzada. Además se observa un aumento en intensidad de las acciones híbridas.
Es prioritario, en consecuencia, profundizar y adaptar el modelo integral de gestión de crisis en el marco del Sistema de Seguridad Nacional con el fin de proporcionar respuestas eficaces y oportunas a las amenazas y desafíos del panorama actual. En concreto, hacer frente a la amenaza terrorista y las amenazas de naturaleza híbrida requiere un trabajo constante de análisis, intercambio de información y compartición de mejores prácticas. Por eso es importante la coordinación a nivel de la UE y la OTAN, ya que estas amenazas no se ven limitadas por fronteras nacionales.
La gestión de crisis comporta varias fases en un arco temporal que abarca desde la alerta temprana hasta la respuesta. Es importante fomentar un enfoque preventivo y anticipatorio, para el que cobran particular relevancia el seguimiento permanente del entorno de seguridad y sus constantes cambios, los sistemas de inteligencia e información, el desarrollo de metodologías de análisis de riesgos y de instrumentos que contribuyan a la protección contra la desinformación, así como la formación o la realización de ejercicios de gestión de crisis.
Asimismo, la fase de respuesta a situaciones de crisis debe incluir mecanismos de participación apropiados a toda la Administración Pública y el sector privado. De modo más relacionado con los ámbitos de especial interés para la Seguridad Nacional, esta respuesta debe involucrar a las empresas estratégicas, los operadores de infraestructuras críticas, los centros de investigación o prospectiva y la sociedad civil en su conjunto.
En el contexto actual de crisis constantes, el fomento de la resiliencia de la sociedad y de las Administraciones adquiere una importancia esencial. Se trata de fortalecer la capacidad de recuperación ante posibles crisis, manteniendo la estabilidad necesaria para garantizar la continuidad en la acción del Gobierno dirigida a la protección de los ciudadanos y la provisión de los servicios esenciales, para retornar al estado de normalidad en el menor tiempo posible, de modo que se minimicen las consecuencias negativas sobre la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
La comunicación estratégica es una de las dimensiones críticas ante este tipo de situaciones, con el objetivo de transmitir a la sociedad una información veraz, ajustada y oportuna.
Promover una cultura de Seguridad Nacional
España mantiene estándares altos de seguridad por el compromiso absoluto y decidido del Estado en esta política dirigida principalmente al ciudadano. Sin embargo, la exposición a amenazas y desafíos cambiantes es inevitable; no existe el riesgo cero y los esfuerzos en seguridad deben permanecer.
Resulta prioritario acercar la política de Seguridad Nacional a la sociedad en general, porque nadie es hoy ya sujeto pasivo de la seguridad. Una sociedad conocedora de las amenazas y desafíos para la seguridad es una sociedad mejor preparada y con mayor capacidad de sobreponerse ante las crisis a las que tenga que enfrentarse. Una sociedad concienciada es pues, más segura, robusta y resiliente. Ello implica la participación ciudadana como uno de los ejes de actuación sobre los que descansa la verdadera efectividad de esta política pública.
El Gobierno impulsará cauces que faciliten el conocimiento en la sociedad acerca del esfuerzo de los actores y organismos implicados diariamente en la salvaguarda de la Seguridad Nacional, en ámbitos tales como la Defensa Nacional, la lucha contra el terrorismo, la ciberseguridad o la seguridad ciudadana. También fomentará la concienciación sobre las amenazas y desafíos actuales, y la sensibilización en lo que respecta a la responsabilidad colectiva en su preservación.
Favorecer el buen uso de los espacios comunes globales
El tejido de conectividad global formado por el ciberespacio, el espacio marítimo, y el espacio aéreo y ultraterrestre constituye un conjunto de redes funcionales cuya seguridad es clave en el orden internacional.
Cualquier acción contraria al buen uso de estos espacios resulta crítica, dada la dificultad de vigilancia, monitorización y respuesta ante cualquier acto ilícito y el impacto significativo de diversas formas de desconexión funcional e informativa.
Una adecuada gestión en estos espacios tan polivalentes requiere procesos coordinados y estructuras flexibles que integren los intereses y las responsabilidades de organizaciones internacionales, Estados y actores no estatales. Asimismo, dado que los espacios comunes globales pueden operar hoy como escenarios de confrontación, España debe acometer una adaptación del marco estratégico nacional a esta realidad.
Impulsar la dimensión de seguridad en el desarrollo tecnológico
La sociedad actual depende en gran medida de la tecnología. El desarrollo tecnológico y la automatización están transformando sistemas enteros de producción y gestión. El ciberespacio y la accesibilidad de la tecnología han rebajado el coste de la información y ampliado su acceso, pero agravado su vulnerabilidad.
Por esta razón es imprescindible contar con una tecnología segura. Entre las medidas necesarias se encuentran la regulación, los controles de calidad, la formación o el desarrollo seguro. Es importante fomentar que el desarrollo tecnológico y la innovación incorporen aspectos de seguridad desde su concepción, además de paliar las vulnerabilidades existentes y asegurar sistemas protegidos, bien configurados y gestionados. Otro aspecto que cobra cada vez más importancia es la gobernanza de las tecnologías emergentes, ya sea relacionada con la revolución de los datos, dados los ingentes volúmenes de datos que se generan y que son susceptibles de explotación, o con la inteligencia artificial, la robotización y computerización o la biogenética.
En la medida de lo posible, el Estado debe preservar determinadas capacidades tecnológicas de carácter estratégico en términos de seguridad. El desarrollo de industrias tecnológicas propias es por tanto un ámbito de soberanía nacional que aspira a evitar la dependencia en países terceros.
Fortalecer la proyección internacional de España
Proteger los intereses de España en el exterior es clave para la Seguridad Nacional. En el ámbito internacional, España es un socio importante que contribuye a la paz y seguridad internacional a través del fortalecimiento y estabilidad de los organismos de los que es miembro, al tiempo que vela y prioriza sus intereses con voz propia. Esta responsabilidad lleva aparejada una exigente reflexión estratégica sobre el posicionamiento en cada uno de estos organismos y un compromiso y una participación proactiva para garantizar la mejor defensa de los intereses nacionales y de la seguridad y prosperidad del Estado y la sociedad española, así como para potenciar una mayor cooperación internacional. Esto implica un trabajo coordinado entre los ministerios competentes para la identificación de intereses y acciones pertinentes y un esfuerzo de integración con el sector privado.
En el contexto europeo, España apuesta por una UE reafirmada en sus valores fundacionales y quiere ocupar un lugar preferente en el diseño de un mayor nivel de integración acorde con los retos de hoy en día, en particular, en el ámbito de seguridad, en beneficio de los ciudadanos. Apuesta también por una OTAN adaptada a las amenazas y desafíos comunes, con responsabilidades compartidas entre aliados, y por un espacio europeo seguro, democrático y basado en el Estado de Derecho.
Además, España seguirá protegiendo los intereses de sus ciudadanos y empresas más allá de sus fronteras a través del Servicio Exterior del Estado, promoviendo así el incremento de las exportaciones y de las inversiones de las empresas españolas en el exterior.
Objetivos y líneas de acción estratégicas para los ámbitos de la Seguridad Nacional
Además de los objetivos generales de la Seguridad Nacional, cabe detallar los objetivos propios de cada uno de sus ámbitos. Su realización se define a través de líneas de acción estratégicas que contribuyen a la consecución de las prioridades establecidas para cada uno de ellos y a la evaluación de los avances conseguidos con su implementación.
| Defensa Nacional Asegurar la defensa de la soberanía e integridad de España y la protección de la población y el territorio frente a cualquier conflicto o amenaza proveniente del ámbito exterior, de forma autónoma o junto a socios y aliados. Asimismo, contribuir a crear un entorno internacional más estable y seguro mediante la proyección de estabilidad y el refuerzo de la cooperación con los socios, particularmente en las áreas de especial interés para España. |
| – Mejorar la capacidad de defensa autónoma para ejercer una disuasión efectiva frente a cualquier amenaza exterior. – Dotar a las Fuerzas Armadas de las capacidades que demanda el actual escenario de seguridad y avanzar decididamente en la convergencia con los objetivos de Defensa establecidos por la OTAN y recomendados por el Parlamento Europeo, como parte de un necesario reparto de responsabilidades, esfuerzos económicos y recursos demandados en todos los planos entre aliados y asegurar la sostenibilidad de una Defensa eficaz a largo plazo. – Impulsar una estrategia industrial de Defensa que fomente la autonomía en la adquisición de capacidades estratégicas y favorezca la competitividad de la industria española a nivel global. – Fortalecer la posición de España en el sistema de seguridad internacional, ejerciendo un liderazgo positivo en las organizaciones de seguridad colectiva y coaliciones internacionales de las que forma parte, así como en las relaciones bilaterales. – Asumir un protagonismo activo en el relanzamiento de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE y continuar siendo un aliado solidario y comprometido con la OTAN, participando asimismo en nuevas formas de cooperación y especialización. A nivel bilateral, ampliar y profundizar el marco de colaboración con Estados Unidos. – Contribuir a instaurar un entorno regional de paz y seguridad, prevenir conflictos y contener las amenazas emergentes mediante la proyección de estabilidad y las actividades de seguridad cooperativa, particularmente en las zonas de especial interés para España. – Potenciar la Diplomacia de Defensa especialmente con países vecinos y aquellos países con los que España comparte intereses y valores, en particular con los países de la orilla sur del Mediterráneo y con América Latina. |
| Lucha contra el terrorismo Neutralizar la amenaza que representa el terrorismo contra los ciudadanos y los intereses españoles dentro y fuera de las fronteras, reduciendo la vulnerabilidad de la sociedad y haciendo frente a los procesos de radicalización violenta. |
| – Prevención. • Potenciar el desarrollo y total implantación en el territorio español del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV). • Reforzar los mecanismos establecidos en materia de lucha contra la financiación del terrorismo. • Reforzar la contribución de España en la lucha contra el terrorismo a nivel internacional en las organizaciones a las que pertenece, en especial en la ONU, UE y OTAN y en aquellas iniciativas de las que forma parte. • Reforzar el testimonio de las víctimas del terrorismo como la mejor vía de contrarrestar la narrativa terrorista. • Fomentar el diálogo intercultural e interreligioso. – Protección. • Robustecer las capacidades nacionales de lucha contra el terrorismo y la cooperación y coordinación de esfuerzos contra el terrorismo entre los distintos organismos implicados a nivel nacional. • Cooperar con los países socios más afectados por el terrorismo y, de forma especialmente estrecha, con la UE, y adoptar medidas de mejora en el control de fronteras. – Persecución. • Mejorar las capacidades de investigación e inteligencia, asegurar el desarrollo tecnológico de los servicios de inteligencia e información para hacer frente al uso intensivo de las nuevas tecnologías por parte de los grupos terroristas e impedir el acceso a las capacidades y materiales necesarios para cometer atentados. • Reforzar los instrumentos legales en la lucha contra el terrorismo, también a nivel internacional, especialmente con el apoyo de la creación de un Tribunal Penal Internacional en materia de terrorismo. – Preparación de la respuesta. • Robustecer la adopción de las medidas y planes necesarios que aseguren la sinergia y coordinación de todos los organismos con responsabilidad en la materia en caso de atentado terrorista. • Minimizar las consecuencias y dar apoyo inmediato y permanente a las víctimas de ataques terroristas. • Consolidar la unidad de los partidos políticos en la lucha contra el terrorismo apoyando el Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo. |
| Lucha contra el crimen organizado Neutralizar las amenazas relacionadas con el crimen organizado mediante estrategias dirigidas a desarticular grupos ya existentes, prevenir la implantación de otros nuevos y contrarrestar su confluencia con el terrorismo. |
| – Mantener canales abiertos de formación continua en los métodos y herramientas utilizados por las organizaciones criminales, mediante la colaboración y participación de actores públicos y privados especializados. – Potenciar la inteligencia estratégica y el intercambio de información como instrumentos de anticipación contra el crimen organizado y reforzar los mecanismos de incautación de los beneficios obtenidos como forma de limitar su capacidad operativa. – Mejorar la cooperación y coordinación de esfuerzos a nivel internacional para hacer frente a los desafíos del crimen organizado. |
| No proliferación de armas de destrucción masiva Combatir la proliferación de armas de destrucción masiva, sus vectores de lanzamiento, materiales conexos y tecnología asociada, así como impedir su acceso a actores no estatales, y en particular a organizaciones terroristas. |
| – Promover y potenciar el multilateralismo eficaz y el cumplimiento de los compromisos, normativa y organismos que conforman el régimen internacional de no proliferación de armas de destrucción masiva y vectores de lanzamiento. – Garantizar la seguridad física de los materiales e instalaciones nucleares y radiactivos. – Luchar contra el tráfico ilícito de materiales y tecnologías relacionadas con las armas de destrucción masiva y sus vectores de lanzamiento. Esto implica reforzar las políticas y prácticas nacionales e internacionales de control del comercio internacional de materiales de doble uso que pudieran ser utilizados con fines ilícitos, así como impulsar medidas y cooperación internacional para combatir las transferencias ilícitas de conocimiento, tecnología, bienes y equipos relacionados. – Profundizar y promover la cooperación internacional para fortalecer la seguridad de la cadena logística internacional y el control fronterizo para la detección de posibles tráficos ilícitos de estos materiales, mejorando la identificación e información sobre transacciones sospechosas. – Fortalecer las capacidades nacionales en el área de la no proliferación mediante la aplicación de la normativa internacional y el desarrollo y actualización de la normativa nacional. – Profundizar en los mecanismos para la prevención, detección y control de los flujos financieros relacionados con la proliferación y apoyo a los esfuerzos internacionales en este campo, en línea con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los Reglamentos de la UE. – Colaboración y desarrollo de los controles aduaneros en el ámbito de análisis de riesgos. – Promover programas de divulgación eficaces para informar y concienciar a la sociedad civil: universidades, centros de investigación e industria respecto de las responsabilidades y consecuencias, tanto morales como penales, del desvío de materiales de doble uso que pudieran ser utilizados con fines ilícitos. |
| Contrainteligencia Adoptar medidas en la defensa de los intereses estratégicos, políticos y económicos de España para prevenir, detectar y neutralizar las agresiones encubiertas, incluidas las efectuadas desde el ciberespacio, procedentes de otros Estados, de sus servicios de inteligencia o de grupos o personas, y que estén dirigidas a la obtención ilegal de información. |
| – Reforzar las capacidades de los órganos nacionales de inteligencia, con objeto de garantizar la disposición de los medios humanos y técnicos necesarios para contrarrestar eficazmente esta amenaza. – Potenciar la protección de la información clasificada. – Incrementar la cooperación internacional en materia de contrainteligencia, tanto en el ámbito bilateral como en los organismos multinacionales de seguridad y defensa de los que España forma parte, para proporcionar una respuesta integral en defensa de los intereses nacionales. – Intensificar las actividades de contrainteligencia en el ciberespacio. |
| Ciberseguridad Garantizar un uso seguro de las redes y los sistemas de información y comunicación a través del fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y respuesta a los ciberataques, potenciando y adoptando medidas específicas para contribuir a un ciberespacio seguro y fiable. |
| – Reforzar las capacidades de prevención, detección, reacción, análisis, recuperación, respuesta e investigación frente a las ciberamenazas, así como potenciar la coordinación en los niveles técnico y estratégico del Sistema de Seguridad Nacional en el ámbito de la ciberseguridad. – Reforzar, impulsar y promover los mecanismos normativos, organizativos y técnicos, así como la aplicación de medidas, servicios, buenas prácticas y planes de continuidad para la protección, seguridad y resiliencia en (1) el Sector Público, (2) los sectores estratégicos (especialmente en las infraestructuras críticas y servicios esenciales), (3) el sector empresarial y (4) la ciudadanía, de manera que se garantice un entorno digital seguro y fiable. – Reforzar y mejorar las estructuras de cooperación público-público y público-privada nacionales en materia de ciberseguridad. – Alcanzar las capacidades tecnológicas necesarias mediante el impulso de la industria española de ciberseguridad, promoviendo un entorno que favorezca la investigación, el desarrollo y la innovación, así como la participación del mundo académico. – Promover el alcance y mantenimiento de los conocimientos, habilidades, experiencia, así como capacidades tecnológicas y profesionales que necesita España para sustentar los objetivos de la ciberseguridad. – Contribuir a la seguridad del ciberespacio, en al ámbito de la UE e internacional, en defensa de los intereses nacionales, fomentando la cooperación y el cumplimiento del Derecho Internacional. |
| Seguridad Marítima Impulsar una política de seguridad en el espacio marítimo, tanto a nivel nacional como en el marco internacional y, especialmente, en la UE, con el fin de proteger la vida humana en el mar; mantener la libertad de navegación y proteger el tráfico marítimo y las infraestructuras marítimas críticas; prevenir y actuar ante actividades criminales y actos terroristas que se desarrollen en este medio; proteger y conservar el litoral, los recursos del medio marino, el medio ambiente marino y el patrimonio cultural subacuático; y prevenir y responder en casos de catástrofes o accidentes en este medio. |
| – Promover un enfoque integral que potencie la actuación coordinada y cooperativa de las Administraciones Públicas en la resolución de problemas que afectan a la seguridad marítima. – Adoptar medidas para fortalecer la capacidad de actuación del Estado en el espacio marítimo y en su litoral en un empleo óptimo de máximo aprovechamiento de los recursos. – Fomentar la colaboración con el sector privado. – Fomentar la cooperación internacional, en particular a través de la aplicación de las iniciativas de la Organización Marítima Internacional, la Estrategia de Seguridad Marítima de la UE, y la Estrategia Marítima de la OTAN. – Mejorar la ciberseguridad en el ámbito marítimo. |
| Seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre Garantizar la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre en un marco compartido y orientado a prevenir las amenazas y desafíos que en ellos se desarrollan, así como a neutralizar sus consecuencias, conforme a los principios de eficiencia y máxima coordinación, tanto en el empleo de las capacidades de análisis y evaluación como en las de reacción ante los desafíos. |
| – Fomentar una actuación coordinada de todas las Administraciones Públicas y departamentos con competencias en el espacio aéreo y ultraterrestre que permita establecer sinergias y abordar soluciones transversales. – Fortalecer las capacidades de los organismos e instituciones nacionales, tanto públicos como privados, con competencias en estos ámbitos, para hacer frente a las diversas amenazas y desafíos propios del espacio aéreo y ultraterrestre. – Perseverar en el análisis de riesgos y evaluación de medidas contra ciberataques, actos terroristas o delictivos u otros conflictos que afecten a las instalaciones aeroportuarias, o al transporte aéreo dentro o fuera del espacio aéreo español. – Impulsar un desarrollo normativo del uso civil de aeronaves pilotadas remotamente que garantice el necesario equilibrio entre la seguridad de las personas, instalaciones y demás usuarios del espacio aéreo, y el desarrollo tecnológico y económico de un sector pujante de la economía española. – Apoyar el papel de España en el ámbito internacional dentro del marco de compromisos y responsabilidades asumidos en materia de seguridad aérea y ultraterrestre. |
| Protección de las infraestructuras críticas Asegurar la correcta provisión de los servicios esenciales para la sociedad, haciendo más robusto y resiliente el sistema de infraestructuras críticas sobre el que se sustenta. |
| – Avanzar en el cumplimiento de la normativa sobre protección de infraestructuras críticas y en el proceso de planificación escalonada previsto en dicha normativa. – Potenciar la seguridad integral de las infraestructuras críticas a través de todas aquellas actuaciones de planificación, prevención, reacción, mitigación del daño y restitución del servicio que resulten oportunas. – Incrementar la capacidad y resiliencia de los sistemas asociados a las infraestructuras críticas, impulsando la implantación de programas de gestión de riesgos, de acuerdo con las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas. – Promover la coordinación en materia de protección de infraestructuras críticas, lucha contra el terrorismo y ciberseguridad entre todas las organizaciones responsables, mejorando las capacidades de todas ellas. – Estimular la cooperación público-público y público-privada en el marco del Sistema Nacional de Protección de las Infraestructura Criticas, incentivando el intercambio de información con el establecimiento de procedimientos y canales seguros y confiables. – Favorecer la innovación en seguridad, equipando progresivamente a las infraestructuras críticas de sistemas y componentes de seguridad desde el diseño, y apostando por la tecnología y el desarrollo I+D+i español. – Impulsar la colaboración internacional y avanzar en el desarrollo de las estructuras y sistemas de intercambio de información y alerta temprana entre países, y en particular entre los Estados miembros de la UE. |
| Seguridad económica y financiera Promover un crecimiento económico equilibrado basado en la competitividad, como base de un modelo socioeconómico inclusivo, sostenible y resiliente, capaz de crear empleo de calidad, que favorezca la innovación y la productividad en la actividad económica y empresarial y refuerce la defensa de los intereses y compromisos nacionales de seguridad. |
| – Profundizar en el desarrollo de órganos, organismos, recursos y procedimientos (Sistema de Seguridad Económica) que fomenten la coordinación, colaboración, cooperación e intercambio de información entre las distintas Administraciones Públicas con competencias en materia de seguridad y en el ámbito económico-financiero, así como con el sector privado, con el fin de responder eficazmente a los desafíos que limitan el desarrollo y la competitividad de la economía española y amenazan la Seguridad Nacional. – Reforzar el uso eficiente y la generación de información e inteligencia, tecnologías, legislación, formación y alianzas estratégicas para salvaguardar y promover los intereses económicos nacionales y fomentar una responsabilidad compartida sobre las amenazas y desafíos para la continuidad de la actividad económica. – Fomentar la efectividad e independencia de los órganos administrativos relacionados con la seguridad económica y la regulación. – Continuar el esfuerzo de mejora del intercambio de información internacional como herramienta para la prevención y la lucha contra el fraude fiscal. – Avanzar en la Unión Económica y Monetaria como fuente de confianza, crecimiento y prosperidad. – Impulsar un Mercado Único Europeo y la libertad de comercio internacional, especialmente en el marco de las instituciones y foros internacionales y mediante la cooperación, asumiendo una posición proactiva que garantice la seguridad y prosperidad de la actividad económica nacional. – Promover una gobernanza internacional justa que apoye la transparencia y luche contra la corrupción, impulse un crecimiento inclusivo y equitativo y favorezca una mejor efectividad y representatividad en las instituciones reguladoras. – Favorecer la innovación de la economía, acompañada de una regulación acorde al ritmo de los cambios tecnológicos, que permita incrementar la diferenciación de los bienes y servicios ofrecidos por las empresas españolas. |
| Seguridad energética Diversificar las fuentes de energía, garantizar la seguridad del transporte y abastecimiento e impulsar la sostenibilidad energética. |
| – Contribuir al fortalecimiento de la seguridad energética en el conjunto de la UE. – Asegurar la diversificación del mix energético nacional, proporcionando una adecuada representación de las fuentes energéticas y fomentando el uso de fuentes autóctonas que disminuyan la dependencia exterior. – Garantizar la seguridad del abastecimiento y del suministro con objeto de asegurar el acceso a los recursos necesarios en todo momento y del transporte, tanto terrestre como marítimo, para alcanzar la provisión de los recursos necesarios en tiempo oportuno. – Impulsar la transición energética hacia un modelo basado en la eficiencia e integración de las variables ambientales en los procesos de toma de decisión. – Promover la seguridad de las infraestructuras energéticas frente a catástrofes de origen natural, accidentes de origen técnico, errores humanos y sobre todo amenazas cibernéticas. – Reforzar la seguridad integral de las infraestructuras del sector energético y, en particular, de aquellas consideradas críticas, frente a las amenazas físicas y cibernéticas que puedan ponerlas en grave riesgo. |
| Ordenación de flujos migratorios Prevenir, controlar y ordenar los flujos migratorios irregulares en las fronteras, así como garantizar una adecuada acogida e integración de los inmigrantes y solicitantes o beneficiarios de protección internacional. |
| – Fomentar la colaboración entre las Administraciones Públicas y, en su caso, con las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, con el objetivo de prevenir los riesgos asociados a la inmigración irregular. – Vigilar y controlar los accesos a las fronteras exteriores españolas en el marco del Sistema Integrado de Gestión de las Fronteras Exteriores de la UE. – Defender la legalidad y preservar la seguridad ciudadana, mediante la lucha contra la discriminación y la promoción de la integración social y, en concreto: • Adaptar de forma progresiva el modelo de integración en sus diferentes ámbitos de proyección. • Luchar contra la discriminación y garantizar el principio de igualdad, con especial atención a los colectivos más vulnerables. • Proporcionar una adecuada acogida, asistencia y protección de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional, en cumplimiento de la normativa aplicable. – Promover la conformación de una política migratoria y de asilo común en la UE y dar cumplimiento adecuado a los compromisos asumidos. – Cooperar con los países de origen y tránsito migratorio para favorecer su desarrollo, fomentar vías de inmigración legal, prevenir en origen la inmigración irregular y luchar contra las redes de inmigración y el tráfico ilícito de personas. |
| Protección ante emergencias y catástrofes Consolidar el Sistema Nacional de Protección Civil como instrumento integrador de todas las capacidades de España para gestionar la respuesta ante emergencias y catástrofes y asegurar su integración bajo el Sistema de Seguridad Nacional. |
| – Elaborar, aprobar e implantar de forma cooperativa en todas las Administraciones competentes la Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil, tras su aprobación por el Consejo de Seguridad Nacional. – Completar el marco jurídico de la protección ante emergencias y catástrofes, desarrollando reglamentariamente la Ley 17/2015. – Fomentar la colaboración público-privada, especialmente en materia de prevención. – Fortalecer la integración de capacidades de todo el Sistema Nacional de Protección Civil incrementando la cooperación y coordinación entre todas las Administraciones Públicas competentes, con actuaciones concretas: • Constituir e implantar la Red de Alerta Nacional de Protección Civil para mejorar la prevención, con un enfoque integrado y multirriesgo. • Mantener directorios de capacidades. • Diseñar en común acciones de asistencia integral a las víctimas. • Establecer protocolos de gestión y comunicación a nivel nacional e internacional, en coordinación con la UE y otros organismos internacionales. – Promover la coordinación y cooperación internacional en materia de Protección Civil, con especial atención al Mecanismo de Protección Civil de la UE y la Estrategia Internacional de Reducción del Riesgo de Desastres de la ONU, así como, de forma bilateral, con terceros países. |
| Seguridad frente a pandemias y epidemias Adoptar planes de preparación y respuesta ante riesgos sanitarios, tanto genéricos como específicos, bajo el principio de coordinación entre la Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas y con organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud o, en el seno de la UE, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. |
| – Adaptar los servicios de salud pública del Estado y Comunidades Autónomas para asegurar una adecuada capacidad de respuesta operativa. – En lo que se refiere a la mejora de las capacidades y mecanismos de actuación: • Revisar y actualizar periódicamente los planes de preparación y respuesta existentes ante riesgos específicos. • Promover el desarrollo de un plan nacional genérico de preparación y respuesta ante riesgos biológicos con una aproximación multisectorial. • Establecer los mecanismos necesarios para la coordinación de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los responsables judiciales y las autoridades de salud pública para dar una respuesta eficaz ante ataques intencionados con agentes infecciosos. • Adaptar la red de hospitales de tratamiento de casos confirmados de Ébola para responder ante cualquier enfermedad infecciosa de alto riesgo. • Ampliar y mantener los sistemas de vigilancia y control de introducción de vectores exóticos y autóctonos, además de extender el Plan Nacional de Preparación y Respuesta Frente a Enfermedades Transmitidas por Vectores a todos los vectores de interés. • Desarrollar y mejorar entre los departamentos ministeriales involucrados los protocolos para evitar la entrada en el país de animales o mercancías que puedan contener patógenos de riesgo, así como para garantizar la atención adecuada a personas que accedan al país con enfermedades infecciosas de alto riesgo. • Reforzar las capacidades de respuesta de equipos de intervención de sanidad exterior ante incidentes sanitarios en fronteras. • Adoptar protocolos de gestión y comunicación de situaciones de crisis alimentarias en coordinación con la UE y otros organismos internacionales de referencia. – Impulsar la coordinación internacional para el intercambio de información y el conocimiento sobre la gestión y tratamiento de nuevas enfermedades. – Desarrollar los Equipos Técnicos Españoles de Ayuda y Respuesta en Emergencias y favorecer su participación en misiones internacionales. |
| Preservación del medio ambiente Garantizar la conservación de un medio ambiente de calidad y la protección del patrimonio natural y de la biodiversidad, como medio para mejorar la calidad de vida y contribuir a un desarrollo sostenido y sostenible, con especial incidencia en la lucha contra el cambio climático. |
| – Profundizar en el seno de la UE en el cumplimiento de los compromisos asumidos para la preservación del medio ambiente, la biodiversidad, la prevención de la inseguridad hídrica y la lucha contra el cambio climático avanzando en la cooperación internacional. – Potenciar la coordinación entre los distintos componentes del sector público, de manera que se favorezca la creación de las sinergias necesarias entre aquellos con responsabilidad en la conservación y mejora del medio ambiente. Ello se hará asimismo extensible a la colaboración público-privada. – Fortalecer y ampliar las capacidades, tanto genéricas como especializadas, orientadas a la lucha contra las agresiones al medio ambiente que constituyen una amenaza para el entorno natural y la calidad de vida de las personas. A tal efecto se desarrollarán acciones orientadas a: • Integrar la variable de adaptación y mitigación del cambio climático y disminución de la contaminación atmosférica y acústica en todas las planificaciones sectoriales, con la finalidad de apostar por las actuaciones menos contaminantes y que permitan una mejor adaptación a los impactos, tanto físicos como económicos, derivados del cambio climático. • Mejorar las capacidades de prevención y respuesta a la contaminación del medio marino. • Apoyar el uso de tecnologías y procesos menos contaminantes e impulsar nuevas energías alternativas que aminoren el impacto ambiental de todos los sectores de actividad económica. • Desarrollar iniciativas de carácter preventivo, de respuesta y de recuperación de daños en materia de incendios forestales y promover sumideros forestales. • Mantener los esfuerzos en materia de planificación para la adecuada gestión de la escasez hídrica, con especial atención a los riesgos de inundación y sequía. |
CAPÍTULO 6. Sistema de Seguridad Nacional
En este capítulo se establecen iniciativas para reforzar el Sistema de Seguridad Nacional, mejorar la coordinación y eficacia de la acción del Estado y la participación de la sociedad.
El concepto estratégico de Seguridad Nacional en España incorpora desde la anterior Estrategia una dimensión orgánica. A este fin se impulsó la creación del Consejo de Seguridad Nacional bajo la dirección del Presidente del Gobierno.
Desde su puesta en marcha, se ha producido un sólido avance en ámbitos sensibles para España como la ciberseguridad, la seguridad marítima o la seguridad energética, y se han aprobado numerosos planes de acción en materias igualmente esenciales para la Seguridad Nacional.
A la vez, se han fortalecido las estructuras que facilitan la toma eficaz de decisiones a través de los órganos de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional, habiéndose constituido el Consejo Nacional de Ciberseguridad, el Consejo Nacional de Seguridad Marítima, el Comité de Inmigración y el Comité de Situación y los nuevos Comités de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y de Seguridad Energética.
El Consejo de Seguridad Nacional asume, entre otras funciones, la dirección y coordinación de las actuaciones de gestión de crisis en los términos previstos en la Ley de Seguridad Nacional. Para ello su composición es abierta y flexible y contempla la participación de representantes de los partidos políticos.
El Consejo de Seguridad Nacional es asistido por un Comité de Situación, que busca mejorar la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas, con el fin de favorecer la rapidez y flexibilidad en la respuesta a estas situaciones de crisis.
Por otra parte, y en el ámbito legislativo, la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional garantiza la participación adecuada de los representantes públicos en materia de Seguridad Nacional.
Por último, la aprobación con amplio consenso parlamentario de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, evidencia que en España la Seguridad Nacional es una política de Estado. La Estrategia de Seguridad Nacional es el marco de referencia de esta política.
Nuevas iniciativas según los objetivos generales para la Seguridad Nacional
El Gobierno impulsará las siguientes iniciativas a la luz de los objetivos generales de la Seguridad Nacional descritos, para potenciar los componentes fundamentales y ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional. Hará partícipes activos a las Administraciones Públicas y demás entidades que integran el sector público, así como a la sociedad en su conjunto.
– Se completará el modelo de gestión de crisis con alcance nacional en el ámbito del Sistema de Seguridad Nacional, basado en un enfoque integral, preventivo, anticipatorio y resiliente, para garantizar una respuesta eficaz, coordinada y óptima. Ello se hará en estrecha conexión con el desarrollo normativo de la contribución de recursos a la Seguridad Nacional conforme a las previsiones de la Ley de Seguridad Nacional.
– Se aprobará un Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional que sirva de catalizador para la implantación progresiva de una cultura de Seguridad Nacional inclusiva, participativa y colaborativa.
– Se abordará el diseño de la posición estratégica nacional respecto de la gobernanza y uso de los espacios comunes globales. Con este fin, por una parte, se completará la arquitectura de los órganos de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional con la creación del Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial. Por otra parte, se adaptará el marco estratégico sectorial de estos espacios comunes a la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, lo que implicará la revisión de las Estrategias de Seguridad Marítima Nacional y de Ciberseguridad Nacional, así como el impulso de la aprobación de la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional. Ligado a este desarrollo estratégico, se revisará la Estrategia de Seguridad Energética Nacional.
– Como parte del objetivo de impulsar un desarrollo tecnológico que incorpore la dimensión de seguridad, el Consejo de Seguridad Nacional será el punto de contacto único en el ámbito de la seguridad de las redes y sistemas de información con las autoridades competentes de otros Estados miembros de la UE.
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