Orden PCI/161/2019, de 21 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave
Este es el acto tal como se publicó. Las modificaciones posteriores no están incorporadas al texto: cada una es un acto aparte en este repositorio y una entrada en el historial de esta ley.
– Actualizar la utilización de nuevas tecnologías de identificación de personas en fronteras exteriores (uso de sistemas automatizados(8), biometría, etc.), acorde con los estándares europeos, para mejor control de los flujos migratorios irregulares.
(8) Como referencia, del tipo Smart Borders o similares.
– Mejorar el tratamiento y seguimiento de los menores extranjeros no acompañados (MENAS), promoviendo una mayor colaboración con los países de procedencia.
– Reforzar la colaboración y coordinación entre las distintas Administraciones Públicas implicadas que favorezca una acción conjunta solidaria y responsable ante esta amenaza en su prevención, intervención y asistencia a las víctimas.
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial. En los últimos años, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial se han convertido en una de las principales actividades lucrativas para una parte de la criminalidad organizada. Las altas ganancias económicas suponen una oportunidad inmejorable de negocio, para el incremento de esta actividad, a menudo transnacional.
Este tráfico ilícito se desarrolla al margen de los mercados regulados, plantea una competencia desleal frente a los operadores que actúan dentro del marco legal. Dificulta, así, notablemente las posibilidades de desarrollo de nuevas vías de negocio del mercado legal y limita sensiblemente las vías de expansión económica. Además, las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual e industrial ocasionan cuantiosas pérdidas a los creadores y al sector industrial.
En consecuencia, esta actividad ilícita ataca también a los intereses del Estado de Bienestar: merma sensiblemente sus ingresos económicos, al no tributar impuestos, y provoca la destrucción de empleo de sectores que generan una importante riqueza.
Líneas de acción:
– Contribuir al desarrollo de las estrategias sectoriales establecidas en este ámbito, especialmente el Plan Integral del Gobierno para la Disminución y la Eliminación de las Actividades Vulneradoras de la Propiedad Intelectual y el Plan Estratégico 2017-2020 en materia de Propiedad Industrial, de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), mediante la implementación de medidas operativas y de colaboración con los organismos involucrados.
– Reforzar la generación de inteligencia relacionada con el crimen organizado en este ámbito, en especial el tráfico ilícito hacia España de productos ilícitos de todo tipo en contenedores (principalmente por vía marítima y aérea) y el mercado ilícito a través de internet (como la compraventa de medicamentos falsos y anabolizantes que generan graves problemas de salud pública).
– Fomentar las actividades de prevención, en colaboración con los organismos implicados del sector público (Ministerios de: Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Hacienda; e Industria, Comercio y Turismo) y del privado (como las empresas y asociaciones profesionales de los sectores más vulnerables, especialmente la industria farmacéutica, textil, calzado y alimentación). Promover acciones de concienciación ciudadana para erradicar esa cierta permisividad social que existe respecto a este tipo de delitos.
– Reforzar la cooperación y coordinación con aquellos países productores de la mayor parte de los productos falsificados para actuar en origen y minimizar el impacto de los canales ilícitos de producción y distribución.
– Mejorar la prevención y control de los últimos eslabones de este mercado ilícito (puntos de distribución y venta), investigando su posible relación con situaciones de explotación laboral y otras formas de crimen organizado.
– Impulsar la actualización de la normativa en este ámbito, que permita actuar más eficazmente contra las falsificaciones de productos que afectan a la salud pública, en especial alimentos y fármacos.
Fraudes a los intereses de la Hacienda Pública. El fraude a los intereses públicos es un fenómeno dinámico. La economía está en permanente evolución y con ésta surgen nuevas modalidades de fraude. Además, los defraudadores adaptan sus métodos según se perfeccionan los sistemas de control gubernativos, de modo que se requiere que las Administraciones Públicas tengan la capacidad de perfeccionar los mecanismos de inspección para afrontar las nuevas modalidades de fraude que surjan.
La economía sumergida y el fraude fiscal asociado a ella es un grave problema en el seno de la Unión Europea alcanzando los 2,2 billones de euros(9), lo que representa que aproximadamente uno de cada cinco euros que se mueven en la economía comunitaria proceden del fraude a la Hacienda de la Unión Europea. El coste de la evasión fiscal supera lo que los Estados Miembros de la misma gastan en total en sanidad.
(9) Murphy, Richard: Closing the European Tax Gap.
Las modalidades de defraudación son diversas, considerando como más relevantes las relativas al fraude al IVA, el contrabando, la evasión de capitales, la disimulación u ocultación de ingresos por negocios o actividades legales o alegales. En España, como referencia, solo el fraude asociado al IVA supone hasta un 18% de la recaudación prevista.
Existen tramas organizadas especializadas en determinados tipos de fraude (siendo relevantes las del IVA). La lucha contra esta amenaza desborda frecuentemente el ámbito de los estados de la Unión Europea. Esta circunstancia y la complejidad técnica de cada modalidad delictiva requieren el establecimiento de adecuados mecanismos comunitarios de colaboración y coordinación efectiva, en prevención e investigación.
Líneas de acción:
– Mejorar las capacidades de actuación operativa de los operadores nacionales implicados en la lucha contra estos fraudes, mediante el intercambio efectivo de datos, o su accesibilidad a ellos, con especial referencia a las peticiones a organismos o estados de la Unión Europea sobre actividades fiscales irregulares.
– Potenciar la elaboración estratégica que permita un mayor conocimiento de los modus complejos utilizados en este ámbito delictivo, incluidos los mecanismos de blanqueo asociados. Con esta finalidad, desarrollar un flujo constante de inteligencia estratégica, operativa y financiera proactiva entre los organismos involucrados. Mejorar y potenciar las investigaciones relativas a tramas de fraude identificadas como tendencias emergentes por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF)(10), principalmente en los sectores de componentes informáticos, telefonía móvil y coches de lujo.
(10) Un ejemplo son los fraudes conocidos como «trucha remota o Remote Missing Trader».
– Reforzar la cooperación internacional, en el ámbito de la Unión Europea, reforzando la actuación de las Agencias Europeas (Europol, Eurojust y Olaf), que permita ágiles intercambios de información y actuación coordinada, en especial potenciando los equipos conjuntos de investigación, para mejorar la efectividad contra organizaciones criminales especializadas en determinadas modalidades delictivas, con especial referencia al fraude del IVA en las operaciones comerciales intracomunitarias. Potenciar esta colaboración con otros países considerados clave en esta materia, con el fin de maximizar la inteligencia probatoria y las oportunidades de cooperación mutua.
– Fomentar e impulsar avances en la normativa común europea orientados a mejorar la prevención e investigación de los diversos tipos de fraude fiscal, especialmente el denominado «fraude carrusel» del IVA(11).
(11) Como por ejemplo, considerar la eficacia de cambiar el régimen transitorio del IVA y adoptar el llamado régimen definitivo, basado en la imposición en el estado miembro de origen.
– Mejorar la utilización, por los organismos de seguridad implicados, de la información obrante en los registros de operadores comerciales intracomunitarios(12), garantizando el carácter selectivo de los accesos a los mismos y la vigilancia sobre ellos.
(12) Como referencia, el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI), elemento esencial en la lucha contra el fraude de IVA, ya que un operador no puede actuar si no está inscrito en el mismo.
– Establecer estrategias activas de comunicación y concienciación a la población para mejorar el rechazo social ante este problema, resaltando la gravedad de la amenaza que merma los ingresos de las arcas públicas y que favorece la implantación de una forma de criminalidad organizada.
Delitos contra el patrimonio. En el panorama del crimen organizado en España los delitos contra el patrimonio, y en especial los robos con fuerza se sitúan esta última década como la tercera mayor problemática criminal, después del tráfico de cocaína y hachís. Estos delitos, por su gran número, y los robos con violencia, por su gravedad (aunque su incidencia sea menor) tienen gran repercusión social.
Los grupos criminales implicados en estas tipologías presentan autonomía en su estructura organizativa y tienen gran movilidad que les permite actuar en amplios territorios (incluso en más de un país), generando cierta sensación de impunidad, a pesar de las continuas desarticulaciones a las que son sometidos estos grupos.
Líneas de acción:
– Incrementar la coordinación central y periférica de las unidades operativas afectadas, potenciando equipos conjuntos de investigación como consecuencia de la elevada itinerancia de esta criminalidad.
– Potenciar la alimentación de las bases de datos para mejorar la información y el intercambio de inteligencia entre las unidades en este ámbito, para así incrementar la información operativa utilizada por las unidades policiales responsables de este fenómeno.
– Mantener relaciones fluidas y constantes con los colectivos empresariales con mayor riesgo de ser víctimas de las actuaciones de estos grupos.
– Desarrollar constantes campañas de prevención dirigidas a personas y colectivos más vulnerables para reducir la incidencia delincuencial sobre los mismos.
– Incrementar las investigaciones financieras y patrimoniales como elemento esencial para su neutralización, minimizando los beneficios del delito.
Tráfico ilícito de armas. El tráfico ilícito de armas constituye una de las actividades criminales que más beneficio ilegal generan a nivel mundial. No obstante, a pesar de que hasta la fecha no se han detectado en España grandes redes delictivas dedicadas específicamente al tráfico de armas como actividad principal, no se puede minusvalorar la gravedad de esta actividad que se materializa con la presencia de pequeñas organizaciones policriminales, incluso delincuentes autónomos especializados, que proveen de forma circunstancial, tanto al crimen organizado como a la delincuencia grave de distintos tipos de armas.
Esta vía criminal, particularmente la referida a las armas pequeñas y ligeras, sus piezas y municiones, está estrechamente vinculada a la naturaleza de la demanda existente, por cuanto las armas de fuego se emplean como herramienta para cometer diversos delitos violentos graves (asesinatos, homicidios, robos con violencia y/o intimidación, etc.) aumentando el efecto intimidatorio y letal de la delincuencia organizada y común.
Además del gran tráfico internacional, el comercio ilícito de estas armas a través de internet, los desvíos de los canales legales de venta y distribución y las redes dedicadas a la rehabilitación de armas previamente inutilizadas o a la transformación de armas detonadoras, conforman también vías de abastecimiento para la delincuencia.
Líneas de acción:
– Mejorar la elaboración de inteligencia para la evaluación de la amenaza del tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y municiones, con especial énfasis en los vínculos con otras áreas criminales delictivas, el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico) y el desvío del comercio legal.
– Potenciar las investigaciones sobre tráfico ilícito de armas y su empleo por la delincuencia, con específica referencia a la conversión ilegal de armas tanto inutilizadas, acústicas y expansivas, como detonadoras, el desvío ilegal en el ámbito de las importaciones, exportaciones y transferencias, el tráfico a través de internet, el comercio ilícito utilizando servicios de paquetería o la introducción en España de armas ilegales procedentes de zonas de conflicto.
– Mejorar la coordinación a nivel nacional de todos los actores, tanto públicos como privados, implicados en la prevención y control de las armas de fuego.
– Potenciar el sistema de alerta temprana, que permite el intercambio de información e inteligencia a nivel europeo cuando se producen sustracciones o extravíos de armas.
– Potenciar la colaboración y coordinación internacional entre los diferentes actores implicados en la lucha contra esta forma de criminalidad.
– Potenciar la actuación de las unidades especializadas en la lucha contra el tráfico ilícito de armas, tanto de control administrativo como de investigación.
Delitos graves contra el medio ambiente. En el actual marco social de preocupación por el medio ambiente, generado por los peligros reales que para el planeta tienen determinados comportamientos antrópicos, es necesario impulsar acciones de seguridad encaminadas a neutralizar determinadas formas de la criminalidad organizada y grave que tienen un enorme impacto en el deterioro del medio natural.
La Estrategia de Seguridad Nacional 2017 señala como uno de los objetivos estratégicos «La preservación del medio ambiente», modo que la delincuencia que pueda operar en este ámbito debe considerarse muy relevante.
Líneas de acción:
– Potenciar la actuación de las unidades especializadas en la lucha contra estos delitos en los ámbitos de prevención, control administrativo, inteligencia, análisis forense e investigación, incluida la actualización de su personal.
– Impulsar las actuaciones de prevención, control e investigación, especialmente en los siguientes ámbitos:
• Tráfico de especies protegidas de flora y fauna, con especial referencia al tráfico de maderas y al tráfico de especies en peligro de extinción.
• Tráfico, gestión y vertido de residuos, con especial atención a los residuos urbanos de todo tipo.
• Tráfico de emisiones y contaminación ambiental, especialmente referido a aquellos gases que aumentan el calentamiento global y los que destruyen la capa de ozono.
• Los incendios intencionados en plantas de tratamiento de residuos y forestales, la pesca ilegal (tanto realizada por buques españoles en aguas internacionales, como la procedente de otros países y comercializada en España), la sanidad vegetal y animal (incluyendo el engorde ilegal de ganado y su tratamiento farmacológico ilegal) o el maltrato animal.
– Impulsar el intercambio de información e inteligencia entre España, resto de Unión Europea y otros países, especialmente a través de Europol e Interpol; así como impulsar la realización de investigaciones conjuntas a nivel internacional.
– Potenciar el enfoque económico de las investigaciones sobre delitos medioambientales, incidiendo sobre los beneficios obtenidos a través de los mismos y las previsiones legales para hacer frente a las responsabilidades penales o civiles que se pueden derivar de la actuación de sus responsables.
– Desarrollar políticas activas de concienciación de la población en la fragilidad del espacio natural, de la vulnerabilidad de determinadas especies y de la importancia de evitar colaborar con agentes ilegales de reciclaje de residuos.
Eje 4. Vinculación entre el Crimen Organizado y Terrorismo. Mejorar los niveles de coordinación y actuación ante la vinculación creciente entre el crimen organizado y el terrorismo.
Los fenómenos del crimen organizado y el terrorismo, en los últimos años, evidencian progresivos nexos sistemáticos de cooperación, que deben ser especialmente monitorizados y abordados ante la tendencia futura hacia una mayor vinculación, que implicaría un escenario probable y no deseable de un incremento notable de estas amenazas.
Las formas de colaboración entre ambos fenómenos se basan fundamentalmente en la utilización que el terrorismo hace del crimen organizado para conseguir financiación y apoyo logístico. Si bien fenómenos como la globalización, las nuevas tecnologías, los flujos migratorios consecuencia de conflictos armados y la presión internacional contra el blanqueo de capitales están acentuando estos nexos. Esto implica modificar y mejorar la estrategia frente a esta creciente amenaza.
Líneas de acción:
– Potenciar la actuación del CITCO para mejorar su organización (integrando adecuadamente sus estructuras de crimen organizado y terrorismo) y respuesta ante la creciente vinculación entre estos dos fenómenos, tanto en los aspectos de elaboración de inteligencia estratégica como en la efectiva coordinación de investigaciones.
– Desarrollar el Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) como herramienta útil para elaborar inteligencia sobre patrones de comportamientos relacionados con movimientos de pasajeros que pueda detectar una posible actividad delictiva relacionada con la delincuencia organizada y el terrorismo.
– Impulsar el trabajo de las unidades policiales dedicadas a la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, especialmente el yihadista, fomentando la creación de equipos conjuntos de investigación en aras de utilizar ambas metodologías de investigación de forma coordinada.
– Mejorar los mecanismos de investigación de los pagos vinculados a estos fenómenos al margen del sistema financiero, en especial las redes tipo hawala y las transacciones con monedas virtuales.
– Promover el intercambio de información a nivel internacional en materia de crimen organizado y terrorismo con los países de interés estratégico (como los del Magreb y del Sahel), al ser focos especialmente sensibles en materia de vinculación entre ambos fenómenos.
– Desarrollar programas de formación en los operadores públicos de seguridad que abarquen esta nueva realidad, renovando las metodologías de investigación sobre la materia y generando nuevas sinergias de actuación ante estas vinculaciones.
– Mejorar las bases de datos creadas al efecto sobre crimen organizado y terrorismo, como herramientas de inteligencia y coordinación operativa que permitan una mayor detección temprana de posibles vínculos entre los grupos criminales y terroristas y sus posibles objetivos e interconexiones.
– Mantener e impulsar los mecanismos de control penitenciario a través del Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), para minimizar las posibles conexiones entre el crimen organizado y el terrorismo.
– Mejorar los mecanismos de control y supervisión de materiales que pueden ser utilizados como precursores para la fabricación de Artefactos Explosivos Improvisados (IED´s).
Eje 5. Cooperación y coordinación internacional. Potenciar la colaboración, coordinación y cooperación internacional.
Una de las características más relevantes del crimen organizado y la delincuencia grave es su frecuente carácter transnacional. La colaboración y cooperación internacional resulta esencial, tanto a nivel bilateral con aquellos países socios y aliados de interés estratégico, como en el seno de las organizaciones multilaterales de cooperación.
Líneas de acción:
– Potenciar el uso de instrumentos de la Unión Europea (como los proyectos EMPACT), con una orientación netamente operativa, que posibilite implementar acciones que contribuyan directamente a neutralizar la criminalidad organizada y grave.
– Optimizar la actuación de los representantes policiales en el exterior (embajadas españolas, organismos y misiones internacionales).
– Impulsar la utilización de las herramientas de cooperación policial y judicial previstas en la legislación de la Unión Europea o en los acuerdos bilaterales, tales como los equipos conjuntos de investigación o de análisis, Orden Europea de Detención y Entrega, Orden Europea de Investigación, u otros.
– Promover la colaboración con aquellos países de interés estratégico para España por sus conexiones con la criminalidad grave y organizada, mediante el establecimiento de instrumentos de cooperación en el ámbito policial y judicial (acuerdos, convenios), con especial referencia a los intercambios de información e inteligencia, investigación conjunta, formación y asistencia técnica.
– Reforzar la cooperación en las regiones de Latinoamérica y Caribe, especialmente en el ámbito del narcotráfico y trata de seres humanos, mejorando la eficacia de los instrumentos multilaterales existentes(13), reforzando los mecanismos de intercambio de información operativa y estratégica, fomentando para ello el uso de sistemas automatizados.
(13) Como la Plataforma de Bogotá, Ameripol y la Comunidad Latinoamérica y del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIP).
– Reforzar la coordinación bilateral policial con los países de mayor interés estratégico y operativo para nuestro país, especialmente los de la Unión Europea, América, Mediterráneo, Magreb y África subsahariana.
– Potenciar la actuación de los órganos internacionales policiales conjuntos de coordinación existentes, en los que España está presente, especialmente en materia de crimen transnacional por vía marítima (como MAOC-N, JIATF´s, OCTRIS-Martinica y CECLAD-M)(14) favoreciendo el intercambio de información operativa y estratégica y la coordinación de investigaciones en estos ámbitos.
(14) MAOC-N (Centro de Análisis y Operaciones Marítimas contra el Narcotráfico. Lisboa, Portugal). JIATF’s (Fuerza Operativa Conjunta Inter-Agencias Sur. Florida, EEUU). OCTRIS (Isla Martinica, Francia). CECLAD-M (Centro de Coordinación para la Lucha Antidroga en el Mediterráneo. París, Francia).
Eje 6. Seguridad. Compromiso en común. Incrementar la participación ciudadana y del sector privado en materia de seguridad.
En una sociedad cada vez más interrelacionada, las sinergias en materia de seguridad, como en otros ámbitos, obligan a una mayor coordinación y participación de los distintos actores públicos y privados en su mantenimiento. Por ello una estrategia del siglo XXI, contra el crimen organizado y grave, debe buscar la concienciación del sector privado para lograr su efectiva involucración en la lucha contra esta lacra.
Líneas de acción:
– Potenciar y mejorar la colaboración de los cuerpos policiales y las distintas empresas y departamentos de seguridad privada en la lucha contra la criminalidad organizada y grave, especialmente mediante el establecimiento de acciones de formación que mejore la actuación del sector privado; y de foros o canales de intercambio de información que mejore el conocimiento de los profesionales de la seguridad privada sobre estas amenazas (nuevos modus operandi, actuación contra cibercrimen, delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico).
– Mejorar y potenciar las campañas de información y concienciación a la comunidad, donde se muestre la realidad e implicaciones de las actividades criminales que socialmente están menos estigmatizadas, como los delitos contra la propiedad industrial e intelectual, hurtos comerciales, el contrabando (especialmente el de tabaco, medicamentos y anabolizantes), el consumo de las denominadas «drogas blandas» y los delitos relacionados con la prostitución; pero que generan graves problemas sociales y económicos.
– Incrementar la colaboración entre los operadores públicos de seguridad y los sectores industrial, turístico y financiero, involucrados en la lucha contra la criminalidad organizada y grave. Aprovechar la actividad del CITCO, en su función de coordinación e integración de representantes de diversos operadores de seguridad, para impulsar la colaboración de dichos sectores, estableciendo canales formales de colaboración e intercambio de información y conocimiento en las materias de interés en la lucha contra esta amenaza (nuevas tecnologías, ingeniería financiera, análisis de riesgos, etc.).
– Fomentar desde las Administraciones Públicas los canales de colaboración y participación ciudadana.
Eje 7. Elaboración y adaptación legislativa. El crimen organizado y la delincuencia grave por su capacidad de innovación, flexibilidad y adaptación a las circunstancias del entorno donde materializa su acción criminal, obliga a las instituciones públicas a una constante adecuación y adaptación de la normativa vigente para enfrentarse legalmente a estas amenazas, siendo los instrumentos jurídicos herramientas esenciales en la lucha contra esta amenaza.
En un mundo globalizado, el desarrollo exponencial de los recursos tecnológicos, especialmente los de información y comunicación, suponen un reto constante para la seguridad, debido al aprovechamiento ilícito que de ellos hace el crimen organizado y la delincuencia grave para perfeccionar su actividad. Esto debe contrarrestarse, entre otras, con la aplicación de nuevas medidas legislativas eficaces o su adaptación.
Líneas de acción:
– Actualizar la normativa en materia de protección a testigos y peritos en causas criminales, instrumento prioritario contra la criminalidad del siglo XXI, de manera que contribuya a incrementar su eficacia probatoria.
– Promover la revisión y adaptación puntual de la legislación y otras disposiciones administrativas de carácter general relacionadas con la criminalidad organizada y delincuencia grave, en aquellos aspectos que permitan mejorar la lucha contra esta amenaza, especialmente para adaptarse a su evolución, corregir debilidades o afrontar la aparición de nuevos fenómenos delictivos.
– Potenciar y perfeccionar la legislación reguladora de la figura del agente encubierto (físico e informático) y de las entregas controladas, para mejorar su efectividad.
– Promover la regulación legal del colaborador habitual, al tratarse de una figura esencial en la lucha contra el crimen organizado, ya reconocida y avalada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Ejes transversales
Eje 8. Formación y capacitación. En un mundo global, donde la transformación generada por las nuevas tecnologías se sucede de forma vertiginosa, los procesos de formación, capacitación, especialización y actualización deben ser constantes y rigurosos en todos los ámbitos, y en el espacio de la seguridad pública de manera especial, pues se encuentran bajo su amparo el libre ejercicio de los derechos y libertades de la sociedades modernas.
Por ello, la formación debe ser considerada en esta Estrategia un complemento esencial presente en todos los ejes troncales establecidos en la misma. Y debe abarcar, con sus especificidades a todos los operadores públicos de seguridad (justicia, policía, prisiones, aduanas, prevención del blanqueo de capitales, etc.).
Líneas de acción:
– Continuar mejorando los procesos de actualización formativa en todos aquellos campos de conocimiento relacionados con la criminalidad organizada y la delincuencia grave, en los aspectos operativos (incidencia de grupos, actividad internacional, tendencias, «modus operandi» novedosos, rutas, etc.) y técnicos (normativa específica, colaboración internacional, recursos materiales especializados, etc.).
– Intensificar la especialización y formación continua de los integrantes de las unidades policiales involucradas en la lucha contra las diversas formas de criminalidad que requieren una específica preparación (como trata de seres humanos, tráfico de migrantes, delincuencia económica, fraude, etc.).
– Potenciar los procesos de capacitación dirigidos especialmente a generar conocimiento y mejorar los procedimientos de investigación en materias relacionadas con las tecnologías de información y comunicación y el cibercrimen (como actuaciones en la web profunda, malware de nueva generación, uso de criptoactivos, etc.).
– Generar una cultura de fortaleza contra la incidencia de la criminalidad grave en todos los operadores públicos de seguridad. Impulsar la colaboración en los procesos conjuntos de formación y especialización y el intercambio de conocimiento y de experiencias.
Eje 9. Nuevas tecnologías contra el crimen del siglo XXI. Las nuevas tecnologías ayudan a solucionar distintos problemas de seguridad, pero también ofrecen renovadas oportunidades para los delincuentes y los grupos criminales en el siglo de la revolución tecnológica.
Hoy convive una sociedad real con una virtual, donde la transformación procedente de las nuevas tecnologías debe ser aprovechada en el ámbito de la seguridad para obtener fortalezas frente al crimen organizado y las formas graves de delincuencia.
Líneas de acción:
– Generalizar el uso de las nuevas tecnologías en los procesos de prevención e investigación sobre criminalidad organizada y delincuencia grave.
– Potenciar la formación de los operadores públicos de seguridad en nuevas tecnologías aplicadas a la lucha contra estos fenómenos criminales.
– Incrementar el intercambio de información sobre nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a la seguridad a nivel nacional e internacional.
Eje 10. Prevención de la delincuencia organizada y grave. Las capacidades institucionales para enfrentarse ante el fenómeno del crimen organizado y la delincuencia grave, deben servirse de procesos de anticipación en sus tareas de prevención, que tienen en la inteligencia un vehículo eficaz para conectar ésta y la investigación. De esta forma, se favorece que las unidades dedicadas a tareas de prevención sean más eficaces a la hora de realizar sus despliegues, procedimientos operativos más eficaces, lugares sensibles, días y horas que requieren determinados dispositivos, medios más adecuados a cada situación. Este conocimiento de la práctica preventiva debe alcanzar, también, al sector privado de la seguridad, a través de los adecuados mecanismos de relación y colaboración. Se logra, así, disuadir y dificultar, con una acción continuada de presencia preventiva y proactiva, el desarrollo de las actividades del crimen organizado y grave y los consiguientes daños a la sociedad.
Los procesos de generación de inteligencia en seguridad deben permitir acelerar las labores de coordinación entre las actuaciones de las unidades preventivas y las de investigación; y entre estas y las de inteligencia.
Líneas de acción:
– Potenciar el uso operativo del producto de inteligencia para mejorar los procedimientos de diseño de despliegues preventivos y con ellos la anticipación y reacción ante la criminalidad organizada y grave.
– Incrementar la prevención frente a estos fenómenos mediante la colaboración entre las unidades uniformadas y las dedicadas a la investigación.
– Avanzar en los mecanismos de investigación mediante una captación de información por parte de estas unidades uniformadas, posterior tratamiento y análisis de información por las unidades de inteligencia; generando conocimiento que cierre el ciclo de aprovechamiento de la misma.
– Mejorar la colaboración entre los cuerpos policiales y prisiones para favorecer intercambios de información, y experiencias, así como facilitar la eficaz transmisión ante determinadas situaciones de alerta (seguimiento e incidencias de determinados internos, etc.).
6. Vigencia, evaluación y actualización
La presente Estrategia Nacional Contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave tendrá un periodo de vigencia de cinco años desde su aprobación, sin perjuicio de que las circunstancias aconsejen anticipar su revisión, correspondiendo al Ministerio del Interior la coordinación de estas actuaciones en el marco del Sistema de Seguridad Nacional.
A su vez, el Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos ministeriales, es el responsable de la superior dirección impulso y seguimiento de las medidas, los planes y las actuaciones previstas en esta Estrategia.
Para el desarrollo de tales funciones, bajo la supervisión de la Secretaría de Estado de Seguridad, el CITCO –sin perjuicio de otras misiones asignadas–, impulsará y coordinará la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave. Elaborará los oportunos informes que se le requieran por la Secretaría de Estado de Seguridad sobre seguimiento, análisis de la situación y el resultado de la respuesta ante el fenómeno. Asimismo, el Ministerio del Interior presentará, con carácter anual, el Balance sobre Criminalidad Organizada y Delincuencia Grave, conforme a lo recogido en esta Estrategia.
Las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil elaborarán, de acuerdo con las orientaciones y las medidas que aquí se establecen, sus correspondientes Planes de Acción Operativos, con indicación de las actuaciones a poner en marcha, el plazo de implementación y un sistema común de indicadores que permita su seguimiento y evaluación.
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