LegalizeLey 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral
Los títulos habilitantes otorgados a entidades náutico-deportivas para el desarrollo de actividades de carácter no lucrativo. Para la obtención de esta exención es necesario que la federación deportiva correspondiente certifique que las entidades respectivas están debidamente inscritas y que ejercen exclusivamente la actividad náutico-deportiva.
Las concesiones que se otorguen en dominio público marítimo-terrestre portuario, de acuerdo con lo que regula la legislación portuaria.
6. El devengo del canon, calculado de acuerdo con los criterios que establece este artículo, tiene carácter anual y se produce con el otorgamiento inicial de la concesión.
7. Los ingresos derivados del canon de explotación de actividades que acrediten las concesiones sobre dominio público marítimo-terrestre a la Generalidad están destinados a la mejora, conservación, recuperación y restauración del dominio público marítimo-terrestre del territorio de Cataluña. El departamento competente en materia de ordenación del litoral, mediante la dirección general correspondiente, debe establecer en cada momento las prioridades en la aplicación de estos recursos.
Se modifica el apartado 4 por el art. 73.7 de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-953
Artículo 26. Régimen económico correspondiente a la explotación de los servicios de temporada de las playas y a las actividades autorizadas en el marco de los planes de uso del litoral y de las playas.
1. La explotación de los servicios de temporada de las playas queda sujeta, en el caso de gestión directa, al precio público y, en el caso de gestión indirecta, al correspondiente canon de licitación a favor del ayuntamiento.
2. Las actividades que los ayuntamientos autoricen en el marco de los planes de uso del litoral y de las playas no comprendidas en el apartado 1 son gravadas con una tasa a su favor.
3. El importe de las tasas y precios públicos municipales a que se refieren los apartados 1 y 2 deben determinarse en las respectivas ordenanzas fiscales.
4. El pago de las tasas, precios públicos y cánones a que se refiere este artículo se entiende sin perjuicio de los pagos que sean exigibles por otras administraciones.
TÍTULO VI. Participación pública
Artículo 27. Garantía de información pública.
1. Para garantizar la participación pública en la gestión del litoral, las administraciones públicas deben proporcionar información de manera adecuada, oportuna y eficaz.
2. El Registro de concesiones del dominio público marítimo-terrestre, gestionado por la Administración de la Generalidad, tiene carácter público y pueden pedirse certificaciones sobre su contenido.
3. Los pliegos de condiciones generales para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones deben publicarse en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en el boletín oficial correspondiente.
4. En la tramitación de concesiones, así como de autorizaciones de vigencia superior a un año no previstas por los respectivos planes de uso del litoral y de las playas, debe garantizarse un trámite de información pública.
Artículo 28. El Consejo Rector del Plan de Protección y Ordenación del Litoral y los consejos rectores de los planes de uso del litoral y de las playas.
1. El Consejo Rector del Plan de Protección y Ordenación del Litoral y los consejos rectores de los planes de uso del litoral y de las playas son órganos colegiados, sin personalidad jurídica, que velan por la aplicación de los planes a que se refiere el título II y ejercen las funciones de participación, consulta, tutela de la gestión y evaluación del cumplimiento de objetivos velando por el respeto de la normativa reguladora.
2. El Consejo Rector del Plan de Protección y Ordenación del Litoral está adscrito al departamento competente en materia de ordenación del litoral y los consejos rectores de los planes de uso del litoral y de las playas están adscritos a los respectivos ayuntamientos que impulsan su aprobación.
3. Deben establecerse por reglamento el régimen de funcionamiento y la composición de los consejos rectores a que se refiere este artículo, que deben tener representantes de las administraciones públicas competentes y de asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales en el ámbito territorial de los planes respectivos, garantizando la representación municipal a través de las entidades asociativas de entes locales así como la participación efectiva de expertos de las disciplinas profesionales directamente relacionadas con la ordenación y la gestión del litoral y de las playas.
4. Los consejos rectores de los espacios litorales a que se refiere el apartado 1 son competentes para:
Establecer, de acuerdo con las disposiciones del mismo instrumento de gestión y ordenación, las directrices para ejercer la gestión de los espacios litorales.
Aprobar el programa de actuación y la memoria anual de gestión.
Proponer el presupuesto anual de inversiones en el ámbito territorial correspondiente de acuerdo con las prioridades fijadas por los instrumentos de gestión y ordenación.
Hacer el seguimiento de las actuaciones de las administraciones representadas que puedan afectar al espacio litoral.
Ser objeto de consulta en la tramitación de cualquier disposición, plan o programa que afecte al ámbito territorial del instrumento de ordenación y gestión.
Proponer y promover medidas y actuaciones para la mejora del espacio litoral de acuerdo con los principios y los objetivos que establece la presente ley.
Proponer, en su caso, modificaciones del instrumento de ordenación y gestión o la aprobación de nuevos instrumentos de gestión.
Evaluar el cumplimiento de los objetivos del Plan.
TÍTULO VII. Competencias administrativas
Artículo 29. Competencias de la Administración de la Generalidad.
Corresponde a la Administración de la Generalidad, en los términos establecidos por la presente ley:
La elaboración, tramitación y aprobación del Plan de protección y ordenación del litoral y la aprobación definitiva de los planes de uso del litoral y de las playas.
La gestión del dominio público marítimo-terrestre con respecto al otorgamiento de concesiones y de las autorizaciones para su ocupación y aprovechamiento no previstas por los planes de uso del litoral y de las playas.
Las concesiones de obras fijas en el mar, así como las de instalaciones marítimas menores, tales como embarcaderos, humedales, pantalanes, varaderos, rampas públicas, marinas secas, clubes náuticos de playa y otras análogas que no formen parte de un puerto ni estén adscritas a este.
El otorgamiento de autorizaciones en las zonas de servidumbre, salvo las previstas sobre suelos de titularidad pública en los planes de uso del litoral y de las playas.
La autorización de vertidos de tierra al mar.
La intervención administrativa mediante el régimen de declaración responsable de las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización de las construcciones existentes en el dominio público marítimo-terrestre que dispongan de una concesión vigente y que sean contrarias a la legislación en materia de costas o al Plan de protección y ordenación del litoral aplicables.
La tutela y policía del dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre con respecto a: las actuaciones llevadas a cabo sin acuerdo de la Administración de la Generalidad o del ayuntamiento o sin haber hecho la correspondiente declaración responsable, sin perjuicio de la competencia sancionadora del Estado sobre ocupaciones demaniales sin título; la vigilancia del cumplimiento de las condiciones de acuerdo con las que la Administración de la Generalidad haya otorgado las concesiones y las autorizaciones; la observancia de los requisitos exigidos por la legislación en materia de costas para las actuaciones sujetas a declaración responsable ante la Administración de la Generalidad, y la adopción de las medidas correspondientes para la protección de la legalidad relativas a la restauración de la realidad física alterada y del orden jurídico vulnerado, la imposición y recaudación de sanciones y la determinación de los daños y perjuicios causados.
El establecimiento y recaudación del canon de explotación de actividades en el dominio público marítimo-terrestre y de las tasas en materia de ordenación del litoral.
La planificación, elaboración y aprobación de los proyectos, así como la gestión y ejecución de las obras y las actuaciones en el litoral que no sean de interés general.
La participación en la planificación y la programación de las obras de interés general situadas en el litoral y la emisión de los correspondientes informes sobre la calificación de interés general y sobre el pliego de prescripciones que sirva de base para la redacción de los proyectos correspondientes a estas obras.
La ejecución y la gestión de las obras de interés general situadas en el litoral catalán en los términos fijados por convenio con la Administración general del Estado.
La gestión del registro de concesiones en dominio público marítimo-terrestre en el ámbito de Cataluña.
La emisión del informe previo al rescate de las concesiones demaniales cuando, por razones de interés general, el ejercicio de esta función sea competencia de la Administración general del Estado.
La emisión del correspondiente informe durante la tramitación de los planes urbanísticos cuando el ámbito de los planes forme parte del ámbito de aplicación de la presente ley.
La prestación de todo tipo de servicios técnicos relacionados con el ejercicio de las competencias de este artículo y el asesoramiento a las corporaciones locales y otras entidades públicas o privadas y a los particulares que lo soliciten.
La ejecución de las obligaciones derivadas de los tratados y convenios internacionales en las materias de su competencia.
La cooperación transfronteriza en el ámbito propio de las competencias de la Generalidad para garantizar la correcta aplicación de la estrategia de gestión integrada de la costa catalana en el marco del Protocolo relativo a la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo y de la legislación internacional.
El control de la calidad de las aguas de baño.
La aprobación de las normas e instrucciones en materia de protección civil sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas y la supervisión de su cumplimiento.
Cualquier otra competencia atribuida por el ordenamiento jurídico vigente.
Se modifica la letra g) por el art. 73 de la Ley 3/2023, de 16 de marzo. Ref. BOE-A-2023-10344
Se modifican las letras g) y q) por el art. 73.8 de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-953
Artículo 30. Competencias de los ayuntamientos.
Corresponde a los ayuntamientos, en los términos establecidos por la presente ley:
La participación en la tramitación del Plan de protección y ordenación del litoral.
La elaboración y la tramitación hasta la aprobación provisional de los planes de uso del litoral y de las playas de acuerdo con el procedimiento regulado por la presente ley.
La explotación, en su caso, de los servicios de temporada de las playas por cualquiera de las formas de gestión directa o indirecta establecidas por la legislación de régimen local.
El otorgamiento de las autorizaciones para actividades previstas por los planes de uso del litoral y de las playas.
La intervención administrativa mediante el régimen de declaración responsable de las nuevas actuaciones que se planteen sobre las obras, las instalaciones y las actividades implantadas legalmente en la zona de servidumbre de protección o de tránsito del dominio público marítimo-terrestre, cuando no conlleven la incremento de la superficie ocupada o de la volumetría existente, ni el cambio del uso autorizado.
La emisión del informe sobre las solicitudes de autorizaciones de competencia de la Administración de la Generalidad y de concesiones para la ocupación y el aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre.
La recaudación de los ingresos derivados de la explotación de servicios de temporada de las playas y de las tasas para el otorgamiento de autorizaciones establecidas por los planes de uso del litoral y de las playas.
La vigilancia del cumplimiento de las condiciones según las cuales hayan adjudicado la explotación de los servicios de temporada de las playas o hayan otorgado las autorizaciones de su competencia derivadas de los planes de uso del litoral y de las playas y de la observancia de los requisitos exigidos por la legislación en materia de costas para las actuaciones sujetas a declaración responsable ante el ayuntamiento, así como la adopción, en caso de incumplimiento, de medidas para la protección de la legalidad relativas a la restauración de la realidad física alterada y del orden jurídico vulnerado, la imposición y recaudación de sanciones y la determinación de los daños y perjuicios causados.
El mantenimiento de las playas y de los lugares públicos de baño en las adecuadas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como la vigilancia de la observancia de las normas e instrucciones que dicten la Administración de la Generalidad y el resto de administraciones competentes en materia de protección civil sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas.
Cualquier otra competencia que les atribuya el ordenamiento jurídico vigente.
Se modifican las letras c) y h) por el art. 73.9 de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-953
Se levanta la suspensión de la vigencia y aplicación de la letra d) por Auto del TC de 15 de septiembre de 2021. Ref. BOE-A-2021-15676
Se suspende la vigencia y aplicación de la letra d), desde el 4 de mayo de 2021 para las partes en el proceso y desde el 27 de mayo de 2021 para los terceros, por providencia del TC de 18 de mayo de 2021 que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad nº 2721/2021. Ref. BOE-A-2021-8811
Artículo 31. Órganos competentes en materia de protección de la legalidad.
1. En el supuesto de que la potestad sancionadora en relación con las infracciones tipificadas por la legislación en materia de costas sea ejercida por los municipios de acuerdo con sus competencias, el órgano competente para resolver sobre los procedimientos sancionadores es el alcalde, con el límite establecido por la legislación en materia de costas.
2. En el supuesto de que la potestad sancionadora con relación a las infracciones tipificadas por la legislación en materia de costas sea ejercida por los órganos del departamento de la Administración de la Generalidad competente en materia de ordenación del litoral, tienen competencia para resolver el procedimiento sancionador:
La persona titular de la dirección general competente en materia de ordenación del litoral en el caso de que la multa propuesta sea inferior a 600.000 euros.
El consejero del departamento competente en materia de ordenación del litoral, en el caso de que la multa propuesta sea igual o superior a 600.000 euros.
3. Los órganos competentes para resolver sobre los procedimientos sancionadores también lo son para ordenar en el mismo procedimiento las medidas de restauración de la realidad física alterada y del orden jurídico vulnerado. Si las medidas de restauración se adoptan en otros procedimientos que los procedimientos sancionadores, los órganos competentes para ordenarlas son el alcalde, cuando la competencia sancionadora sea de los municipios, y la persona titular de la dirección general competente en materia de ordenación del litoral, si la Administración de la Generalidad ejerce esta potestad.
Se modifica el apartado 1 por el art. 73.10 de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-953
Redactado conforme a la corrección de erratas publicada en DOGC, núm. 8276, de 20 de noviembre de 2020. Ref. BOE-A-2020-15178
Artículo 32. Comisión de Ordenación del Litoral.
1. Se crea la Comisión de Ordenación del Litoral, dependiente del departamento competente en materia de ordenación del litoral, con funciones de carácter resolutivo, consultivo, informativo y, a petición de los ayuntamientos, con funciones interpretativas.
2. La composición de la Comisión de Ordenación del Litoral, que debe establecerse por reglamento, debe garantizar que estén representados los departamentos y los entes locales con competencias en materia de ordenación del litoral y que cuenten con la participación de personas con reconocido prestigio profesional y experiencia en materia ambiental, de lucha contra el cambio climático, de costas y de urbanismo.
3. Corresponden a la Comisión de Ordenación del Litoral las competencias de aprobar definitivamente el plan de uso del litoral y de las playas, otorgar las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, establecer sus modificaciones sustanciales y sus prórrogas, y las otras que puedan serle atribuidas por reglamento.
4. El consejero del departamento competente en materia de ordenación del litoral puede someter a consulta de la Comisión de Ordenación del Litoral los asuntos en esta materia que considere conveniente.
TÍTULO VIII. La inspección del litoral
Artículo 33. La inspección del litoral.
1. La inspección del litoral, que incluye las funciones de tutela y policía en el ámbito de aplicación de la presente ley, es ejercida por el departamento de la Administración de la Generalidad competente en materia de ordenación del litoral y por los órganos de la Administración local, en el marco de las competencias respectivas y de acuerdo con la legislación vigente.
2. Los informes en materia de inspección del litoral que elaboren los órganos de la Administración de la Generalidad que afecten a las competencias municipales deben ponerse en conocimiento de los ayuntamientos de los municipios donde se hayan producido los hechos.
3. El personal al servicio de las entidades públicas a que se refiere el apartado 1 a quien se encomiende expresamente el ejercicio de la inspección del litoral tiene la condición de autoridad. En el ejercicio de dicha actividad, el personal de las administraciones competentes puede inspeccionar toda clase de obras e instalaciones, y los hechos que constate tienen valor probatorio, de acuerdo con lo establecido por la legislación de procedimiento administrativo común.
Artículo 34. Facultades y funciones en materia de inspección del litoral.
1. El personal al servicio de las administraciones públicas al que se encomiende el ejercicio de la inspección del litoral está facultado para entrar y permanecer en las fincas, construcciones y otros lugares sujetos a su actuación inspectora el tiempo necesario para llevar a cabo esta actuación.
2. En el ejercicio de las funciones de inspección se puede solicitar la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad y la cooperación de funcionarios y autoridades de otras administraciones públicas.
3. Corresponden al personal que tenga encomendado el ejercicio de la inspección del litoral las siguientes funciones:
La investigación y la comprobación del cumplimiento de la normativa, y la práctica de las pruebas y mediciones necesarias para esta finalidad.
La documentación de sus actuaciones mediante las actas de inspección, los informes, las diligencias y las correspondientes comunicaciones.
La propuesta de adopción, en su caso, de medidas provisionales y de incoación de un procedimiento de protección de la legalidad.
Disposición adicional primera. Elaboración del Plan de protección y ordenación del litoral.
El Gobierno ha de elaborar el Plan de protección y ordenación del litoral en el plazo de dos años a contar de la entrada en vigor de la presente ley.
Disposición adicional segunda. Régimen especial del municipio de Barcelona.
1. El Ayuntamiento de Barcelona participa en la elaboración del Plan de protección y ordenación del litoral de acuerdo con lo determinado por la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta municipal de Barcelona, y la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona.
2. El Plan de gestión integrada del litoral de Barcelona se desarrolla de acuerdo con lo establecido por el artículo 6.3 de la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona.
3. En las cuestiones relativas a los planes de uso del litoral y de las playas a las que se refieren las letras e y g del apartado 1 del artículo 7 y el artículo 13, se estará a las disposiciones de la Carta Municipal de Barcelona, y en los aspectos de competencia propia son vinculantes las prescripciones establecidas por el Ayuntamiento de Barcelona.
Disposición adicional tercera. Régimen especial del Área Metropolitana de Barcelona.
El Área Metropolitana de Barcelona participa en la elaboración del Plan de protección y ordenación del litoral de acuerdo con lo que determina la Ley 31/2010, de 3 de agosto, del Área Metropolitana de Barcelona.
Disposición adicional cuarta. Cooperación y colaboración interadministrativa.
1. El Consejo Rector del Plan de Protección y Ordenación del Litoral y el Consejo Catalán de Cogestión Marítima deben establecer los mecanismos de cooperación y colaboración necesarios para asegurar la aplicación de los instrumentos de ordenación en el espacio marítimo.
2. El departamento competente en materia de coordinación de la ordenación del espacio marítimo debe emitir informe con relación al ámbito marino del Plan de protección y ordenación del litoral.
Disposición adicional quinta. Igualdad efectiva de mujeres y hombres en los órganos.
Los órganos derivados de la aplicación de la presente ley no pueden constituirse hasta que no se cumpla la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, en lo relativo a la paridad exigida.
Disposición adicional sexta. Ventanilla única empresarial.
Las solicitudes de autorizaciones o concesiones y las declaraciones responsables a que se refiere la presente ley, cuando sean llevadas a cabo por empresas, deben presentarse en la ventanilla única empresarial mediante los canales de comunicación que se establezcan en cada momento.
Disposición adicional séptima. Concesiones y otros instrumentos específicos de ordenación del espacio marítimo.
1. Las autorizaciones, concesiones y demás instrumentos de ordenación del espacio marítimo regulados por la normativa en materia de pesca y acción marítimas se rigen por su normativa específica.
2. Los planes a que se refiere el título II de la presente ley se aplican sin perjuicio de los instrumentos de ordenación del espacio marítimo regulados por la normativa en materia de pesca y acción marítimas.
Disposición adicional octava. Náutica deportiva y popular.
El Plan de protección y ordenación del litoral y los planes de uso del litoral y de las playas deben velar por el fomento de la náutica deportiva y popular en la ordenación del litoral catalán, procurar el mantenimiento de las instalaciones náutico-deportivas existentes y facilitar la práctica de la náutica popular, entendida como la que se lleva a cabo con embarcaciones que no superan los ocho metros de eslora.
Disposición adicional novena. Conservatorio del Litoral de Cataluña.
1. El Gobierno, en el plazo de un año a contar de la entrada en vigor de la presente ley, debe crear el Conservatorio del Litoral de Cataluña, con los objetivos de salvaguardar y recuperar la parte del litoral más amenazada por la urbanización y la artificialización, a partir de la adquisición pública del suelo.
2. El Conservatorio del Litoral de Cataluña debe financiarse con las aportaciones del Gobierno, mediante los presupuestos de la Generalidad, y con las aportaciones de las demás administraciones, de entidades y de empresas.
3. El proceso de creación del Conservatorio del Litoral de Cataluña debe ser participativo y contar con expertos en materia ambiental y territorial, entidades de conservación del medio natural y representantes de los entes locales.
Disposición adicional décima. Medidas excepcionales en situaciones de fuerza mayor.
1. Las autorizaciones y las concesiones que establece la presente ley pueden ser modificadas por la Administración otorgante en situaciones de fuerza mayor sin que la parte perjudicada tenga derecho a indemnización.
2. A los efectos de la presente disposición, son situaciones de fuerza mayor la regresión no prevista de la costa que no sea originada por las obras objeto de concesión, los movimientos sísmicos o los maremotos, los temporales imprevisibles, los incendios no provocados, las emergencias sanitarias y cualquier otra causa excepcional similar.
3. En situaciones de fuerza mayor de acuerdo con la presente disposición, las administraciones competentes en materia de protección civil pueden dictar las disposiciones necesarias para proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente.
Disposición transitoria primera. Zona de influencia del dominio público marítimo-terrestre y clasificación de las playas.
Mientras no entre en vigor el Plan de protección y ordenación del litoral:
La zona de influencia del dominio público marítimo-terrestre a que se refiere el artículo 2.b se amplía sobre los ámbitos exteriores incluidos en las unidades territoriales de regulación de suelo costero especial definidas por el Plan director urbanístico del sistema costero de Cataluña que sobrepasan la franja definida en dicho artículo.
La clasificación de las playas y el correspondiente régimen de ocupación son los que determine el departamento competente en materia de ordenación del litoral.
Disposición transitoria segunda. Usos y servicios de temporada de las playas.
1. Mientras no entre en vigor el Plan de protección y ordenación del litoral, los planes de distribución de usos y servicios de temporada de las playas se aprueban de acuerdo con la normativa anterior.
2. A partir de la entrada en vigor del Plan de protección y ordenación del litoral, los ayuntamientos deben tramitar los planes de uso del litoral y de las playas. Mientras no se aprueben estos nuevos instrumentos, los vigentes planes de distribución de usos y servicios de temporada de las playas continúan aplicándose y rigiéndose por la normativa anterior durante su plazo de vigencia.
3. Mientras sean aplicables los planes de distribución de usos y servicios de temporada de las playas, las autorizaciones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y la explotación de los servicios de temporada comprendidos dentro del ámbito territorial de dichos planes se rigen por la normativa anterior.
Disposición transitoria tercera. Procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley.
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley se rigen por la normativa anterior, sin perjuicio del derecho de la persona interesada a desistir del procedimiento iniciado y acogerse a las disposiciones de la presente ley.
Disposición transitoria cuarta. Aplicación del canon por explotación de la actividad.
El canon por explotación de la actividad a que se refiere el artículo 25 se aplica también a:
Las concesiones en trámite a la entrada en vigor de la presente ley, en cuyo procedimiento de otorgamiento la Administración de la Generalidad no haya hecho todavía la oferta de condiciones al peticionario.
Las prórrogas, modificaciones sustanciales y cambios de titularidad de las concesiones vigentes que se otorguen a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
Disposición transitoria quinta. Órganos competentes.
1. Mientras no se constituya la Comisión de Ordenación del Litoral las funciones que le atribuye el artículo 32 son ejercidas por los órganos competentes de acuerdo con la normativa anterior.
2. Mientras no se determinen los órganos competentes de la Administración de la Generalidad para el ejercicio de las competencias atribuidas por la presente ley, el órgano competente en materia de ordenación del litoral es el director general competente en materia de ordenación del litoral.
Disposición derogatoria.
Se derogan:
La disposición adicional sexta y la disposición final segunda de la Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto
El Decreto 55/1992, de 10 de febrero, por el que se atribuyen competencias al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas en la zona de servidumbre de protección de la Ley de costas.
Cualquier otra disposición que se oponga a la presente ley.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias para desarrollar y ejecutar los preceptos de la presente ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entra en vigor al mes de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.
Palacio de la Generalidad, 30 de julio de 2020.–El Presidente de la Generalidad de Cataluña, Joaquim Torra i Pla.–El Consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet i Valera.
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