Ley 1/2021, de 22 de enero, por la que se articula un periodo transitorio para garantizar la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre de ámbito local en Andalucía gestionado por particulares

Norma derogada, con efectos de 9 de agosto de 2025, por la disposición derogatoria única del Decreto-ley 3/2025, de 4 de agosto. Ref. BOJA-b-2025-90210#dd

El Presidente de la Junta de Andalucía a todos los que la presente vieren, sabed: Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley por la que se articula un periodo transitorio para garantizar la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre de ámbito local en Andalucía gestionado por particulares.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 7/2016, de 20 de septiembre, por la que se articula un periodo transitorio para garantizar la prestación del servicio de televisión digital terrestre de ámbito local en Andalucía gestionado por particulares, con el objetivo de defender el derecho fundamental de los ciudadanos a la libertad de comunicación, que garantizan los apartados a) y d) del artículo 20.1 de la Constitución española, así como el propio interés público y de proporcionar seguridad jurídica al sector de la comunicación audiovisual en Andalucía.

El objeto de dicha ley era garantizar la continuidad en la prestación del servicio de televisión digital terrestre de ámbito local en las demarcaciones territoriales afectadas por la anulación judicial de las licencias otorgadas en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2008, que resolvió el concurso convocado el 18 de abril de 2006, para lo que se habilitaba un régimen provisional, de carácter transitorio, que duraría hasta que se produjera la resolución del correspondiente proceso de adjudicación de licencias que habría de convocarse por acuerdo del Consejo de Gobierno.

Y fue, precisamente, en virtud de la disposición adicional única de la citada Ley 7/2016, de 20 de septiembre, por lo que, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de agosto de 2016, publicado en el BOJA número 152, de 9 de agosto, se convocó un nuevo concurso público para la adjudicación, en régimen de concurrencia, de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial de ámbito local en Andalucía, que fue resuelto mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2018, publicado en el BOJA número 122, de 26 de junio.

No obstante, también las bases reguladoras del concurso público convocado el 2 de agosto de 2016 fueron objeto de diversos recursos presentados ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, entre ellos los números 937/2016, 818/2017, 999/2016 y 1.028/2016.

Con fechas 4 de octubre, 15 de noviembre y 20 de diciembre de 2018, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó sentencias en los citados recursos, por las que, estimando parcialmente las pretensiones de los recurrentes, anulaba varios criterios de valoración del apartado 6 de la base 11.ª del pliego de bases que rigen el concurso, concretamente el criterio 2.a), relativo al estudio de producción operativo; el criterio 5, relativo a la experiencia en el sector audiovisual, y los apartados c) y d) del criterio 6, relativos a las asociaciones con las que se había colaborado y los apoyos expresos de entidades locales, respectivamente.

Mediante diversas diligencias de ordenación, entre el 27 de septiembre y el 17 de octubre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró firmes las referidas sentencias, por lo que, en ejecución de las mismas, el Consejo de Gobierno acordó, en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2019, el cumplimiento de las referidas sentencias que anulaban ciertos criterios de valoración del concurso, retrotrayendo el procedimiento previsto en las bases del concurso al momento de valoración por la Mesa de los proyectos audiovisuales presentados, con anulación de la adjudicación acordada el 19 de junio de 2018.

Evaluados los proyectos audiovisuales y elevada por la Mesa de valoración la correspondiente propuesta de adjudicación de las licencias ofertadas, el concurso fue finalmente resuelto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2020, siendo publicado en el BOJA extraordinario número 46, de 29 de julio.

Instada por la parte demandante la ejecución de la Sentencia dictada el 4 de octubre de 2018, en Recurso Contencioso-Administrativo número 818/2017, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, resolviendo el incidente planteado, dictó Auto de 28 de mayo de 2020, que, estimando íntegramente el incidente de ejecución de sentencia, acuerda lo siguiente:

Este auto fue recurrido en reposición por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, y desestimado mediante auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 5 de octubre de 2020, informando el Gabinete Jurídico la ausencia de interés casacional, por lo que, transcurrido el plazo para que cualquier otra parte personada interpusiera dicho recurso, el Auto de 28 de mayo de 2020 deviene firme, por lo que procede su ejecución mediante acuerdo del Consejo de Gobierno.

Visto lo anterior, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en cumplimiento del Auto firme de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 8 de mayo de 2020, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2020, acuerda dejar sin efecto el Acuerdo de 17 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, publicado en el BOJA número 243, de 19 de diciembre, por el que se dispone el cumplimiento de las Sentencias números 1.704/2018 y 1.705/2018, de 4 de octubre, número 2.037/2018, de 15 de noviembre, y número 2.456/2018, de 20 de diciembre, dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en los recursos números 937/2016, 818/2017, 999/2016 y 1.028/2016, respectivamente; el Acuerdo de 2 de agosto de 2016, del Consejo de Gobierno, publicado en el BOJA número 152, de 9 de agosto, por el que se convoca concurso público para la adjudicación, en régimen de concurrencia, de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial de ámbito local en Andalucía y se aprueba el pliego de bases que ha de regir el mismo; los documentos administrativos de formalización de las licencias adjudicadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2018, publicado en el BOJA número 122, el 26 de junio, y la adjudicación acordada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2020, publicado en el BOJA extraordinario número 46, de 29 de julio.

II

En esta tesitura, resulta evidente el perjuicio que se causaría a los ciudadanos y ciudadanas residentes en las demarcaciones afectadas por un hipotético cese de emisiones, partiendo de la consideración de servicio público de la prestación de la actividad audiovisual, conforme a lo dispuesto en la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, y en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, según la cual, los servicios de comunicación audiovisual televisivos son servicios de interés general que se prestan «en el ejercicio del derecho a la libre expresión de ideas, del derecho a comunicar y recibir información, del derecho a la participación en la vida política y social, y del derecho a la libertad de empresa y dentro del fomento de la igualdad, la pluralidad y los valores democráticos». En consecuencia, el legislador estatal ha vinculado directamente los servicios de comunicación audiovisual con el ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadanía, por lo que su observancia debe orientar necesariamente la actuación de los poderes públicos por los que se encuentran vinculados (artículo 53.1 de la Constitución española).

Paralelamente, esta situación es perjudicial para decenas de personas y empresas privadas que, ajenas a las causas que han motivado la anulación de las concesiones que efectuaba el acuerdo, resultaron adjudicatarias y cuya viabilidad económica queda ahora seriamente en entredicho. De este modo, deberían seguir asumiendo todas las obligaciones contraídas conforme a derecho hasta el momento; sin embargo, se verían privadas del objeto de negocio que les reportara los recursos suficientes para poder satisfacerlas, lo que conduciría presumiblemente al cierre de muchas de estas empresas y la consiguiente afectación de manera directa del empleo en el sector, sin olvidar el contagio directo al resto de empresas auxiliares asociadas al mismo (en particular, las de producción audiovisual), sobre cuya viabilidad también tendría una incidencia decisiva la misma problemática.

Perjuicios que vendrían a sumarse al que ya representaría de por sí la privación de la licencia para aquellos que, no resultando en principio adjudicatarios en el concurso, posteriormente, y en virtud de la posibilidad legalmente prevista en el artículo 29 de la LGCA, la hubieran adquirido a través de negocio jurídico válido, previa acreditación ante esta Administración, como autoridad audiovisual competente, de todas las prescripciones que impone la ley.

A mayor abundamiento, los efectos colaterales de la problemática reseñada también alcanzarían a otros sectores vinculados con el audiovisual, como el publicitario, que vería reducido su ámbito de negocio con el cierre de las emisoras de televisión digital terrestre de ámbito local de Andalucía, lo que agravaría la realidad de un sector ya de por sí afectado por la crisis acentuada como consecuencia de la persistencia de los efectos del COVID-19 y su repercusión sobre la economía, que ha visto reducido significativamente sus fuentes de financiación, mermando paulatinamente los ingresos por este concepto. Igualmente, también se vería seriamente cercenada la posibilidad de acceso a cualquier tipo de subvenciones o incentivos, así como la de celebrar contratos o tener acceso a publicidad institucional, ya que jurídicamente los licenciatarios habrían dejado de serlo y carecerían de cualquier legitimación para intervenir en su condición de tales en los mismos.

Por otra parte, tampoco podemos olvidar las consecuencias perniciosas para los prestadores públicos que operan en el canal múltiple y que amenazarían la propia viabilidad de las televisiones locales públicas. De acuerdo con el modelo creado a partir del plan técnico nacional de la televisión digital local, y que se concretó en el ámbito competencial andaluz a partir del Decreto 1/2006, en el respectivo canal múltiple de cada demarcación conviven, en términos generales, no sólo los licenciatarios de los tres programas privados, sino también un cuarto prestador de carácter público: el del municipio o conjunto de municipios de cada demarcación que pudieran acceder a la gestión conjunta de ese mismo programa (si son varios, mediante la creación de una entidad pública de gestión, de acuerdo con lo que dispone el mencionado decreto). En este sentido, el artículo 10 del Decreto 1/2006 determina que la gestión del canal múltiple corresponderá a un órgano interno (el denominado órgano de gestión conjunta del múltiple), sobre el que dicho artículo hace recaer una serie de obligaciones que podrían resumirse en la capacidad de adoptar los acuerdos necesarios para la adecuada gestión conjunta del múltiple. Al mismo tiempo, todas las personas concesionarias participarán en los gastos que procedan de forma proporcional al número de programas de que son adjudicatarios.

De acuerdo con ello, el cese de las emisiones dejaría sin efecto los tres programas privados, eliminando la presencia en el órgano de gestión conjunta del múltiple de los tres licenciatarios privados y abandonando a su suerte al concesionario municipal. Sin embargo, los gastos que antes se repartían proporcionalmente para el ordinario funcionamiento del múltiple tendrían que ser asumidos ahora en su integridad por este último y, en definitiva, acabarían siendo repercutidos a la ciudadanía de dichos municipios. Huelga decir que esto haría el modelo insostenible ante unas arcas municipales de por sí maltrechas y que se encuentran sometidas a una importante racionalización para el control de su gasto en los últimos tiempos.

Por lo tanto, la finalidad última de la presente ley es paliar la difícil situación por la que atraviesan los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial y ámbito local prestado mediante televisión digital terrestre en Andalucía tras la anulación judicial de sus licencias, mediante la articulación de una habilitación provisional, de carácter transitorio, que al igual que hizo la Ley 7/2016, de 20 de septiembre, aprobada por unanimidad en este Parlamento, garantice la continuidad en la prestación por parte de las personas físicas y jurídicas que con carácter previo a la anulación judicial se encontrasen en posesión de las licencias adjudicadas en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2020.

Desde el punto de vista sistemático, la ley se estructura en cuatro artículos, dos disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y dos finales.

La disposición adicional primera ordena la publicación en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley de la convocatoria por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, de un nuevo concurso público para la adjudicación, en régimen de concurrencia, de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial de ámbito local en Andalucía para la emisión de programación en abierto, en aquellas demarcaciones territoriales andaluzas donde las licencias adjudicadas en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2020 fueron anuladas judicialmente, así como en aquellas demarcaciones donde las licencias estuvieran vacantes en el momento de adopción de la convocatoria.

Con el nuevo concurso que se convocará en 2021 se pretende dar seguridad jurídica al sector de la TDT local en Andalucía y contribuir a fortalecer la oferta informativa en Andalucía, consolidando los proyectos audiovisuales de carácter local.

El artículo 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía contiene los principios de actuación y gestión de competencias de la Administración de la Junta de Andalucía, siendo de destacar los de eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa y simplificación de procedimientos. En tal sentido, el artículo 7 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, dispuso que la aplicación de las tecnologías de la información a la Administración estará orientada a mejorar su eficacia, aproximarla a la ciudadanía y agilizar la gestión administrativa, estableciendo los principios y reglas básicos aplicables a la implantación y régimen jurídico de la Administración electrónica.

Es por ello que la disposición adicional segunda, partiendo de la habilitación del artículo14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración de la Junta de Andalucía de aquellas personas, físicas o jurídicas, prestadoras de servicios de comunicación audiovisual sujetas al ámbito competencial de la Junta de Andalucía, así como de aquellas que participen en los procedimientos de otorgamiento de licencias para prestar dichos servicios, considerando el sector económico de que se trata, y de acuerdo con la capacidad técnica que se les presupone, conforme a lo indicado en el artículo 6 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, y en el artículo 39 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de Administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente ley es la articulación de un período transitorio para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado comercial de ámbito local, a través de televisión digital terrestre en Andalucía, en adelante, el servicio.

Artículo 2. Habilitación provisional.

Artículo 3. Solicitud y procedimiento de habilitación.