Acta de la XIII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Boliviana de Cooperación por la que se aprueba el Marco de Asociación País España-Bolivia 2022-2025, hecho en Madrid y La Paz el 15 de diciembre de 2022

El desafío hacia el Bicentenario del país es revertir la afectación en la actividad económica del país que llevó a una reducción en los niveles de ocupación y por ende a disminuciones en los ingresos de los hogares, lo que repercutió en un incremento en el número de hogares que no podían cubrir sus necesidades básicas alimentarias con los recursos que disponían. La Agenda Patriótica 2025 ha establecido que para el Bicentenario del país la pobreza extrema debe reducirse al 5%.

Derecho al agua.

El año 2019, el 45% de los puntos de monitoreo presenta calidad hídrica buena, registrando una reducción de 9 puntos porcentuales respecto a la línea de base del año 2015. La variabilidad del indicador se debe a la dinámica propia del área, es decir, al desarrollo de nuevas actividades productivas, las cuales podrían generar nuevos impactos, o por el contrario, las actividades instaladas a la fecha podrían implementar acciones que mejoren anualmente la calidad hídrica. Además, para la implementación de la red de monitoreo se priorizaron cuerpos de agua con problemas de deterioro en su calidad debido a presiones antrópicas de origen minero, industrial y urbano. La meta a 2030 es que al menos el 60% del total de puntos de monitoreo estén en los rangos mínimos aceptables de los parámetros básicos de calidad del agua, definidos en la norma de contaminación hídrica.

Derecho a la educación.

En marzo de 2020, debido a la propagación de la COVID-19, se suspendieron las labores educativas presenciales y en agosto se clausuró el año escolar, promoviendo de manera automática al siguiente curso a todo el alumnado de los niveles inicial, primaria y secundaria. Estas medidas tuvieron efectos adversos en la educación; muchas niñas, niños, adolescentes y jóvenes interrumpieron su formación, lo que representó un retroceso en el logro de las metas como país planteadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 y de desarrollo sostenible en los plazos establecidos. Por ello, y con el objeto de retomar el rumbo trazado, se acordó realizar acciones orientadas a recuperar el derecho a la educación para todas las personas en Bolivia y declarar el año 2021 como el «Año por la Recuperación del Derecho a la Educación».

Derecho a la salud.

El Programa Nacional y los 11 Programas Regionales de Malaria se han fortalecido institucionalmente para realizar diferentes acciones a fin de controlar la enfermedad y eliminar la malaria, entre las principales acciones que se ha venido implementando destacan: i) los puntos de diagnóstico y tratamiento de base comunitaria; ii) distribución de mosquiteras impregnados con insecticida; y iii) visitas domiciliarias para enseñar cómo combatir la enfermedad en el domicilio. Estas acciones, si bien permitieron mantener el IPA por debajo de 2,0 por mil habitantes entre 2015 y 2018, han sido insuficientes para evitar el incremento constante que este índice reportó en el año 2020 con un IPA de 2,68 por mil habitantes, incremento explicado principalmente por la pandemia de la COVID-19 y la restricción de actividades.

Derecho a la alimentación, seguridad alimentaria y nutrición.

La meta nacional planteada al año 2030 es reducir la proporción de niños y niñas menores de cinco años con desnutrición crónica al 6,4%, por lo que la combinación de políticas y acciones integrales contempladas por el país serán importantes para lograr este desafío.

Acceso a la justicia.

El Estado Plurinacional de Bolivia emitió la Ley N° 1173 de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la lucha integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, con la finalidad de agilizar los procedimientos en materia penal. Esta acción entre otras permitió que entre 2015 y 2019, el porcentaje de causas resueltas en la vía judicial se reduzcan en 4,4 puntos porcentuales. En 2021, el Órgano Judicial habría resuelto un poco menos de la mitad (49,2%) del total de causas en tramitación en ese año. La meta al año 2030 para este indicador incrementar su valor hasta situarse en 75%.

Derechos culturales.

La cultura es una herramienta clave en los procesos de gobernanza democrática y participación individual y colectiva para el ejercicio efectivo de la ciudadanía y de la libertad de expresión. La incorporación de la cultura de manera transversal en ámbitos como la sostenibilidad ambiental, el emprendimiento empresarial, la habitabilidad básica, la igualdad de género, la educación para la ciudadanía global, la gobernanza democrática y la inclusión, entre otros, contribuye a avanzar en resultados de desarrollo sostenible y en mejorar la apropiación de las actuaciones. En este sentido, el Programa de Patrimonio profundizará en su alineamiento con la Agenda 2030 orientada a lograr ciudades seguras, inclusivas y accesibles.

2.2 Alcance territorial.

La Cooperación Española se concentrará en la población más vulnerable allá donde se encuentre, conforme al principio de «no dejar a nadie atrás». Por tanto, se trabajará en función de las oportunidades de transformación de la vulnerabilidad de personas, comunidades y pueblos víctimas del cambio climático y las dinámicas demográficas por él provocadas; por el crecimiento demográfico; víctimas de todo tipo de violencias; o de la falta de acceso a justicia.

Este enfoque conlleva el apoyo estratégico a políticas nacionales y, en lo que se refiere a la localización de la cooperación, se priorizarán las iniciativas donde confluye la vulnerabilidad medioambiental y social, específicamente los territorios de pueblos indígenas, considerando también las zonas de recepción de migración interna tanto en las zonas rurales como en las áreas periurbanas.

La Cooperación Española buscará sinergias con las políticas nacionales y locales, así como entre todos los actores de la Cooperación Española y otros socios de cooperación internacional, para confluir en espacios sociales o territoriales guiada por la eficacia y eficiencia en la consecución de los resultados y la capacidad de seguimiento.

2.3 Marco de resultados.

Tomando en consideración el análisis y la reflexión realizada en durante la fase de Análisis, se llevaron a cabo una serie de talleres participativos que contaron con la asistencia de los principales agentes de cooperación aliados de las Cooperación en el país. Como resultado se ha establecido la estrategia de asociación con el país, definiendo los resultados a los que la Cooperación Española va a contribuir y los socios con los que se trabajará en el marco de la Agenda 2030.

El Marco de Resultados que se presenta a continuación refleja el marco de trabajo entre la Cooperación Española y Bolivia en línea con la Agenda 2030, el cual permitirá realizar el seguimiento de los resultados definidos, incentivando a los actores participantes a la colaboración y a la creación de alianzas, para ser colectivamente más eficaces.

El marco de resultados asociado a este MAP representa una cadena lógica de resultados con dos niveles, estando el primero, a su vez dividido en dos subniveles:

– Resultados de Desarrollo (Nivel 1.0), definidos por el propio gobierno boliviano en base a su Plan de Desarrollo y con un impacto y efecto a largo plazo. Tres resultados de desarrollo relativos otros tantos ámbitos de actuación (nivel 1.1) definidos de forma agregada sobre los resultados del anterior nivel para mayor claridad en la gestión y seguimiento; y

– Resultados Intermedios (Nivel 2) definidos por los actores de la Cooperación Española junto con los socios bolivianos y que representa las prioridades estratégicas de la cooperación española para los próximos 4 años.

El Marco de Resultados se adjunta en el Anexo 01 en formato tabla Excel.

Los resultados incluidos en el presente MAP responden también a dos grandes objetivos o fines estratégicos en el país que suponen un compromiso de respaldo por parte de la Cooperación Española a las prioridades del Plan de Desarrollo Nacional y al fortalecimiento de capacidades de los actores bolivianos en su desarrollo, incluyendo el enfoque de derechos humanos:

1. Objetivo Estratégico 1 en el país: Los grupos de población en situación de vulnerabilidad en Bolivia mejoran su acceso a servicios básicos con resultados positivos en términos de cohesión social y del ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales (salud, educación, igualdad, justicia, hábitat saludable y cultura).

2. Objetivo Estratégico 2 en el país: Los actores públicos y de las OSC mejoran sus capacidades y medios para ampliar la cobertura y calidad de los servicios públicos e implantar medidas de política pública en línea con el PDES que reduzcan las desigualdades económicas, sociales y de género y preserven el patrimonio cultural y natural.

Todos los resultados intermedios que guiarán las actuaciones y esfuerzos de la Cooperación Española en Bolivia en los próximos años se orientan en alguno de sus aspectos a contribuir a alguno o a ambos de esos dos grandes propósitos.

Se presentan a continuación los Resultados Intermedios de la Cooperación Española agrupados por tres ámbitos que responden a los resultados de desarrollo agregados del marco de resultados: transición ecológica justa, cohesión social y gobernanza democrática y género.

En el ámbito de la transición ecológica justa, las prioridades de la Cooperación Española se articulan en torno a tres resultados intermedios centrados en aspectos como la mejora del acceso al agua y al saneamiento, la producción sostenible de alimentos y la adaptación y mitigación del cambio climático.

Resultado de Desarrollo agregado 1: La población boliviana accede en condiciones de igualdad a sus derechos al agua y al saneamiento, a la alimentación y a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.

Si bien en Bolivia existe un Plan Nacional de Cuencas, este no es un plan acabado, sino una propuesta y un marco orientador para la acción en construcción social y participativa al que la Cooperación Española pretende contribuir. Este marco parte de la gestión de cuencas desde el nivel local y regional, en un esquema donde la gestión es interinstitucional y multiactor. En este ámbito, existen muchos retos a nivel técnico y social para abordar la problemática de una forma integral, como el de integrar los sectores de medio ambiente y desarrollo rural para tender a una agricultura sostenible, climáticamente amigable y eficiente.

El país se encuentra entre los 20 países con mayor disponibilidad de agua, pero la distribución desigual del agua y su deficiente gestión provocan frecuentes desastres naturales y conflictos sociales relacionados con cuestiones ambientales. Además, la falta de manejo de residuos sólidos aumenta la posibilidad de contaminación del agua ya sea para consumo o riego.

Bolivia es el 10 país más vulnerable al cambio climático (Germanwatch, Global Climate Risk 2021). A pesar de las importantes tasas de deforestación y tala ilegales, éstas han tenido un comportamiento decreciente en los últimos tres años (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra). Bolivia todavía alberga aproximadamente el 3,5% de los bosques del mundo, incluida la Amazonía y, desde la perspectiva de la biodiversidad, tiene tres de los cinco ecosistemas regionales más importantes. En cuanto a biodiversidad, Bolivia cuenta con una importante riqueza tanto en cuanto a especies animales como de plantas, de tal manera que tiene la calificación de país megadiverso, situado entre los 17 países considerados como tales en el mundo.

La contribución de la Cooperación Española va dirigida a fortalecer a los actores públicos y las OSC en sus acciones y en su capacidad de previsión para mitigar el cambio climático con un aprovechamiento del agua que se traduzca en un aseguramiento de los servicios del agua potable, saneamiento e higiene a nivel comunitario.

Esta transición ecológica de acuerdo al PDES debe ir acompañada de un incremento sostenible de la producción y productividad agropecuaria de las comunidades y un mejor acceso a los alimentos. En este sentido, cabe señalar que la agricultura familiar y comunitaria constituye una parte importante de la actual estructura productiva agropecuaria nacional, sobre todo en el altiplano y los valles del país, con una contribución significativa a la producción de alimentos para el consumo local y la generación de ingresos por la venta de esta producción en los mercados locales de productos. No obstante, y según un estudio del BID, por la relación entre biodiversidad y el ingreso/consumo a nivel municipal, se estima que las poblaciones locales tendrán pérdidas en el orden del 0,9% del PIB para el año 2100 a nivel nacional, pero de hasta el 4,8% en el departamento de Potosí.

En este sentido, la Cooperación Española planea apoyar a las comunidades indígenas y campesinas para que participen de la gestión y conservación del medioambiente como actores protagónicos.

El país cuenta con 22 áreas protegidas de carácter nacional, además de las departamentales y municipales que, en total, cubren una superficie de 25,6 millones de hectáreas, que representa aproximadamente el 23% de la superficie total del país. La mayor parte de las áreas protegidas nacionales sufren impactos provocados por diversos tipos de actividades, y las departamentales o municipales tienen una incipiente gestión o carecen de ella. La explotación de hidrocarburos y la actividad minera, además de la ampliación de la frontera agrícola, son los principales problemas que afectan la biodiversidad que estas áreas pretenden proteger.

En el ámbito de la cohesión social, las prioridades de la Cooperación Española se articulan en torno a tres resultados intermedios centrados en la mejora del acceso a la educación, la salud o la cultura en el país.

Resultado de Desarrollo agregado 2: Reforzada la cohesión social boliviana a través del ejercicio de los derechos a la educación, la salud y culturales por parte de la población.

En primer lugar, es claro el impulso que en el ámbito del acceso a la educación se ha dado en Bolivia en los últimos años. La intención del Estado Boliviano de garantizar el acceso a una educación básica integral para toda la población se recoge en el eje 5 del PDES, donde se pone de manifiesto un objetivo claro por mejorar la calidad de la educación y se da continuidad a la puesta nacional por el fomento de la formación técnica profesional recogida en la Ley Educativa 070, promulgada en 2010. Aún estando pendiente la actualización del Plan sectorial de Desarrollo Integral de Educación para el Vivir Bien para los próximos años, los desafíos en este ámbito orientan las actuaciones de forma clara hacia la mejora de los contenidos y calidad de la educación, donde la Cooperación Española viene desempeñando un rol relevante en el conjunto de países socios donantes.

Continuando con las acciones implementadas en los últimos años, se pretende fortalecer las capacidades del personal docente en una educación integral, intercultural y plurilingüe a través de varias líneas de actuación prioritarias como son la formación de postgrado de maestros y maestras, el refuerzo de las capacidades tecnológicas del personal docente, el apoyo a la introducción de mejoras en la currícula especializada y la innovación educativa; así como el soporte a la gestión del conocimiento, investigación y generación de evidencias para la mejora de la calidad y el incremento de la cobertura educativa.

Al mismo tiempo, la apuesta clara de la Cooperación Española por ampliar el acceso a una educación pública gratuita, equitativa, inclusiva y de calidad a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad se materializará en el apoyo a la educación técnica productiva de jóvenes y mujeres, principal y particularmente en la consolidación del sistema de formación técnica orientado a la inserción laboral en ámbitos relacionados con la conservación y restauración de bienes patrimoniales.

Con respecto a la salud, el Gobierno de Bolivia tienen como objetivo garantizar el derecho y acceso a la salud de todos los bolivianos y bolivianas por lo que continúa impulsando un modelo de cobertura universal de salud a través del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito-SUS. La escasez de recursos nacionales asignados y la presión que la pandemia de la COVID-19 ha ejercido sobre el sistema sanitario boliviano hacen que la extensión del sistema SUS continúe siendo uno de los objetivos destacados en el eje 6 del PDES 2021-2025. Alineada con este marco estratégico, la CE dará continuidad a las líneas de actuación llevadas a cabo hasta el momento orientándolas hacia tres resultados concretos. En primer lugar, se apoyarán los esfuerzos del estado boliviano en la implementación de sus políticas sectoriales de salud, de forma particular en el desarrollo de la Política Nacional de Donación de órganos, la implementación de la Política nacional de Salud Familiar Comunitaria Intercultural SAFCI en los tres niveles de la atención sanitaria, así como la ya mencionada extensión del sistema SUS. En segundo lugar, se pretende reforzar las capacidades de los profesionales sanitarios mediante el apoyo a la currícula educativa sanitaria especializada y la formación de especialistas y subespecialistas; al mismo tiempo que se pondrá atención a la recuperación de la medicina tradicional /rural y el reconocimiento y certificación de dichas capacidades. Por último, desde la Cooperación Española se tiene particular interés en promover que grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad (niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas y supervivientes de trata y de violencia de género, indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTI+, personas con VIH, personas migrantes, etc.) accedan a servicios de salud especializados, inclusivos y de calidad, a través del fortalecimiento de la Atención Integral de Primera Infancia y los Servicios sanitarios en salud sexual y reproductiva; de la mejora de la atención sanitaria a enfermedades transmisibles (malaria, VIH, Chagas, tuberculosis, COVID); de la integración del enfoque de género y la atención a la violencia de género en los servicios de salud; y del fortalecimiento de la sociedad civil para la defensa y promoción del derecho a la salud.

Por último, Bolivia ha dado pasos relevantes en el reconocimiento de su diversidad cultural y riqueza natural, y así se ve reflejado en el Eje 10 del PDS 2021-2025, que establece como tarea primordial para los próximos años la protección, restauración, recuperación, conservación, revitalización y difusión del patrimonio material e inmaterial del país. Sin duda la Cooperación Española, con su enfoque innovador en la vinculación de cultura y desarrollo, es hasta el momento un referente para Bolivia en este ámbito, siendo claro el esfuerzo que desde la misma se va a seguir haciendo para continuar con este rol clave en la protección y gestión del patrimonio material e inmaterial como elemento generador de desarrollo sostenible. Para ello se establecen dos resultados intermedios claros que enmarcarán las actuaciones en los próximos años en asuntos culturales y de patrimonio. El primero está orientado a la protección y promoción de los derechos culturales de grupos en situación de vulnerabilidad, participando activamente en la preservación y reconocimiento de su propio patrimonio cultural, especialmente en sectores rurales y periurbanos, y facilitando el acceso a bienes culturales a niños, niñas y adolescentes. Otra línea de actuación pondrá el énfasis en la recuperación (investigación y catalogación) y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de los pueblos indígenas. Igualmente, se continuará con la formación permanente de nuevos profesionales en oficios relacionados con la salvaguarda del patrimonio y la recuperación de los oficios tradicionales y sus conocimientos, así como la capacitación de profesionales restauradores y expertos en museología. En un segundo resultado se pone el foco en los actores públicos y de la sociedad civil organizada y se orienta a la mejora de sus capacidades de desarrollo de políticas culturales públicas y la gestión sostenible del patrimonio cultural material e inmaterial. Para ello, se han identificado las siguientes líneas de actuación: apoyo para el fortalecimiento de políticas culturales públicas y coordinación con los distintos estamentos del estado boliviano; asistencias técnicas a municipios urbanos y rurales para que salvaguarden su patrimonio cultural y natural; colaboración con Unidades de Patrimonio de gobiernos autónomos municipal y gubernamental y organizaciones sociales relacionadas con las manifestaciones culturales; y apuesta por el turismo y gestión sostenible del patrimonio cultural en clave de preservación y autosostenibilidad.

En el ámbito de la gobernanza democrática y género, las prioridades de la Cooperación Española se articulan en torno a otros tres resultados intermedios centrados en aspectos como la reforma de la justicia, el acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad y la participación política de las mujeres.

Resultado de Desarrollo agregado 3: La población boliviana accede a la justicia y la igualdad, incrementando su participación social y política en un marco de gobernanza democrática y protección de los derechos humanos.

En primer lugar, el acceso limitado a la justicia es una de las debilidades históricas del sistema de justicia boliviano, que enfrenta procedimientos prolongados, un excesivo formalismo y una cobertura geográfica desigual de tribunales y servicios legales. Durante décadas, la cooperación internacional ha acompañado la consolidación de las instituciones de justicia penal. Sin embargo, persisten los desafíos de (i) cobertura limitada y restringida a ciudades más grandes e intermedias; (ii) financiamiento inadecuado; (iii) necesidades de personal y equipo (incluyendo la alta rotación); y (iv) coordinación insuficiente y superposición de mandatos. La Cooperación Española se propone seguir apoyando la extensión de la cobertura de los servicios que facilitan el acceso a la justicia de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, mujeres, menores y víctimas del delito, principalmente.

En las últimas décadas, Bolivia ha dado importantes muestras de voluntad política para disminuir las brechas de género. Desde la promulgación de la nueva Constitución de 2009, que establece en más de una veintena de artículos los derechos de las mujeres a desenvolverse libres de presión y toda forma discriminación en cualesquiera de los diferentes ámbitos, se ha ido acelerando el desarrollo legislativo y la elaboración de políticas enfocadas a la protección de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Respecto de la participación política de mujeres, Bolivia está a la vanguardia de la legislación, con normas que favorecen una paridad política real. Actualmente Bolivia es el tercer país del mundo (después de Ruanda y Cuba) con mayores índices de participación de las mujeres en instituciones representativas. Sin embargo, pese una legislación explicita, la cuestión de la violencia política es preocupante y en nueve años de vigencia de la Ley 243, las dos primeras condenas se han dictaminado solo en 2020. Los principales desafíos para la implementación de estas leyes son la falta de implementación efectiva de políticas, los presupuestos inadecuados, la falta de coordinación interinstitucional, cobertura limitada del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SIPPASE) y los servicios de atención a nivel municipal y la ineficacia del sistema de justicia.

Pese a que el Estado boliviano ha ratificado los principales tratados y convenciones internacionales en esta materia y cuenta con significativos avances normativos, es preciso reforzar los mecanismos de participación y exigibilidad de derechos de las mujeres y las niñas a través del fortalecimiento del mecanismo de igualdad y de los liderazgos y organizaciones feministas y de mujeres campesinas e indígenas, compromiso adquirido desde hace años por la Cooperación Española.

Hasta la fecha, no se ha llevado a cabo una reforma integral y decisiva del sector de la justicia y las reformas parciales aparecen insuficientes para abordar desafíos estructurales clave, que incluyen: independencia judicial limitada, derivada de un alto nivel de politización del sistema judicial, que se ha hecho explícito en repetidas ocasiones; falta de coordinación interinstitucional; corrupción y falta de transparencia (40% de las denuncias de corrupción están relacionadas a la justicia); ejecución limitada de la carrera judicial; excesiva duración de los procedimientos (tasas de atraso de más del 50% en la mayoría de los departamentos); presencia territorial débil y distribución inadecuada de recursos; y limitaciones en la prestación de servicios y la asistencia jurídica. Estos desafíos se agravan en lo que respecta a la justicia penal, que enfrenta una crisis de larga data, incluyendo el uso extensivo de la prisión preventiva (64% en agosto de 2020) y una sobrepoblación carcelaria del 289% (la quinta peor tasa en América Latina). La Cooperación Española se propone apoyar este proceso de reforma y modernización a través de la especialización de los operadores del sistema de justicia y el apoyo junto con sus socios de la UE al despliegue de medios materiales, especialmente los tecnológicos que permitan una efectiva interoperabilidad del sistema de justicia.

Relacionado con la transparencia del desempeño del poder judicial, una de las cuestiones a abordar es el desarrollo de las estadísticas judiciales también como insumo para el desarrollo de las políticas públicas sectoriales. Este aspecto, junto al fortalecimiento del Órgano Electoral Plurinacional y el desarrollo de un modelo de gobierno abierto e inteligente a nivel municipal, son las vías elegidas por la Cooperación Española para mejorar la participación social y política paritaria y el diálogo intercultural.

Finalmente, en relación con la violencia de género, el marco normativo para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas es especialmente innovador en Bolivia, destacando dos leyes: la 'Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia' (348/2013), que es uno de los escasos ejemplos latinoamericanos de leyes integrales contra la violencia basada en género; y la Ley contra el acoso y violencia política (243/2012), la primera de este tipo en la región. Sin embargo, la implementación ha sido lenta y los niveles de violencia e impunidad siguen siendo extremadamente altos: Según el documento de rendición de cuentas 2021 del Tribunal Supremo de Justicia, el porcentaje de causas resueltas en Juzgados de sentencia de violencia contra las mujeres en ciudades y provincias alcanza a 18%, mientras que las resueltas en Tribunales de sentencia de violencia contra la mujer en ciudades y provincias alcanza al 29,1%. Bolivia es el cuarto país con mayor tasa relativa de feminicidios en Latinoamérica y el primero en Sudamérica. En el caso de la Ley 263 sobre el tráfico y trata de personas, cabe señalar que se han detectado falencias en su diseño e implementación que parecen aconsejar una eventual reforma para tratar de revertir el bajo nivel de enjuiciamiento de estos delitos.

Por abordar el déficit en la aplicación de este marco normativo contra las violencias, se hace necesario seguir apoyando la especialización de la cadena de justicia en violencia de género, trata y tráfico de personas; el apoyo a servicios de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias machistas; promoción de la coordinación y articulación interinstitucional y con sociedad civil en materia de violencias por razón de género, trata de personas y no discriminación hacia las personas indígenas y LGTBI; y la generación de información y evidencia sobre estas violencias. Estas líneas serán los puntales de actuación de la Cooperación Española en los próximos 4 años en este ámbito.

Prioridades Transversales.

La cooperación entre España y Bolivia considerará las siguientes prioridades transversales que, en todos los casos, están insertas también en los resultados intermedios de desarrollo definidos para el MAP.

Gobernanza democrática.

Todas las intervenciones considerarán en su identificación el aporte a las políticas públicas del ámbito de que se trate, describiendo la estrategia de apoyo en cada caso. Se valorará también, en todos los casos, el impacto que la intervención pueda tener en el fortalecimiento de las administraciones públicas locales o nacionales de manera que se asegure una sinergia positiva y se eviten fardos administrativos que dificulten el normal funcionamiento de las instituciones. Se promoverá la armonización con otros actores con este mismo fin.

Se pondrá un muy especial énfasis en la localización de la acción en alianza con gobiernos departamentales y municipales, promoviendo siempre la gobernabilidad y la gobernanza locales. Se desarrollarán estrategias compartidas en intervención en el ámbito local entre actores de la cooperación descentralizada y de la Administración General del Estado.

Derechos humanos.

Este Marco de Asociación, a través de sus objetivos estratégicos, aplica en todos los resultados un enfoque de derechos humanos, trabajando con titulares de derechos y con quienes detenten obligaciones de protección efectiva de forma diferenciada.

En todos los ámbitos de intervención se considerará el aporte al cumplimiento y promoción de la agenda de derechos humanos (incluidos el derecho humano al agua, a la educación, a la salud…), con especial atención a la protección de los derechos de grupos en especial situación de vulnerabilidad o tradicionalmente discriminados y excluidos (mujeres, infancia, pueblos indígenas, personas LGTBI+, personas con discapacidad, entre otros).

Siguiendo la recomendación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas al Estado español en abril de 2019, y como consecuencia del mandato contenido en el artículo 32 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que España es parte, en todas las acciones que se desarrollen en el marco del presente MAP, se incorporarán de manera transversal los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, cuando sea posible, las organizaciones representativas de personas con discapacidad serán consultadas y participarán en la aplicación de los planes programas y proyectos que se desarrollen.

Igualdad de género.

La igualdad de género y la lucha contra la discriminación y las violencias por razón de género se plantean como una prioridad transversal en el conjunto de resultados intermedios del MAP, además de como un área específica de intervención dentro de la gobernanza democrática. En la identificación de las intervenciones, se describirá y valorará el impacto en la promoción de la igualdad de género.

Sostenibilidad ambiental.

Además de las intervenciones para conseguir los resultados intermedios identificados directamente relacionados con la sostenibilidad ambiental, se considerará el impacto positivo o negativo que las demás intervenciones puedan tener en la sostenibilidad medioambiental. Se desarrollarán estrategias en cada caso para maximizar los impactos positivos y reducir los negativos.

Diversidad cultural.

Se considerará la diversidad cultural en los procesos de identificación y de implementación de las intervenciones como elemento imprescindible para el éxito de éstas y para la defensa de los derechos culturales de todas las personas, con especial atención a la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Se promoverá el diálogo intercultural en todos los ámbitos como fuente de desarrollo sostenible, cohesión social y paz.

Se promoverá la redacción de estrategias específicas en cada caso para facilitar la eficacia de las transversalizaciones, así como el seguimiento de su aplicación.

3. Alianzas para la estrategia.

3.1 Red de alianzas.

Para la promoción de políticas de desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia que permitan el alcance de los resultados previstos en este Marco de Asociación País se establecerán alianzas institucionales a varios niveles.

Bajo el liderazgo en cada caso del Ministerio de Planificación del Desarrollo y de los ministerios bolivianos responsables de las respectivas políticas y sectores de actuación, así como de las autoridades locales respectivas de las zonas de actuación, se establecerán diálogos y asociaciones estratégicas con los siguientes actores:

– Entidades públicas españolas.

– Otros socios de cooperación bilateral y, especialmente, con la Unión Europea y sus Estados miembros, con los que se trabaja en el marco de la Estrategia Europea Conjunta de Cooperación para el Desarrollo.

– El sistema de Naciones Unidas y organismos internacionales, con especial mención al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) con sede en La Paz.

– Otros socios de cooperación multilateral financiera que permitan expandir el impacto de la cooperación financiera conjunta o paralela.

– Actores de la sociedad civil, organizaciones y movimientos sociales y entidades del sector privado tanto bolivianos como españoles, que actuarán como promotores de la participación en las políticas públicas de desarrollo ya sea a través del diálogo con otros actores como de la implementación de intervenciones de desarrollo en alianza o asociación con otros actores.

Entre las alianzas previstas caben destacar las ya establecidas en los siguientes ámbitos de actuación:

Transición ecológica justa:

En agua y saneamiento está establecida una alianza entre el MMAYA, la AECID, la UE y el BID que integra la ejecución tanto de la cooperación financiera como la no reembolsable en un programa articulado y en coordinación con todos los socios de cooperación, las ONGD españolas y sus socias locales. En esta línea se cuenta también con potenciales socios como ONU Habitat y UNICEF.

En producción sostenible en zonas medioambientalmente vulnerables y afectadas por el cambio climático, se establecerán alianzas entre el MMAYA, gobiernos locales, la AECID, cooperación de comunidades autónomas y entidades locales, actores de la sociedad civil boliviana (incluyendo organizaciones indígenas y campesinas) y ONGD españolas. Otros socios estratégicos son PNUD y FAO. Estas alianzas se articularán locamente en cada zona de actuación.

Cohesión social

Para alcanzar los resultados vinculados a salud, se consolidará la alianza entre el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, la AECID y el Ministerio de Sanidad de España a través de FCSAI, especialmente para formación en especialidades médicas y el programa de trasplantes. Se profundizará en la alianza y articulación con OPS. Con la cooperación descentralizada y las ONGD españolas se articulará la acción de promoción del acceso a servicios de salud.

En educación y gestión del conocimiento, se trabajará en alianza con el Ministerio de Educación, la AECID, la Universidad Pedagógica responsable de la formación de postgrados de profesores en el sistema nacional y universidades españolas. En alianza con la cooperación descentralizada y las ONGD españolas y sus socias locales se trabajará en la promoción del acceso a la educación. Además, se profundizará en alianzas con UNICEF para mejorar el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes.

En lo que se refiera a cultura y desarrollo, se trabajará en alianza con las entidades nacionales y locales responsables de políticas culturales, con la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y actores de la sociedad civil, incluyendo organizaciones indígenas y campesinas y ONGD españolas, así como con organismos multilaterales como la UNESCO y ONU Habitat.

Gobernanza democrática y género

Se trabajará en acceso a la justicia y reforma del sistema en alianza con todas las instituciones del sector justicia, la AECID, la UE, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y organizaciones de la sociedad civil. Para el apoyo a la Asamblea legislativa y al órgano electoral, así como a los procesos de participación social y política en el marco de la democracia paritaria se trabajará en alianza con el PNUD, ONU Mujeres y otros socios de cooperación europeos.

Para la acción contra la violencia de género y la trata de personas, se trabajará en alianza entre el Ministerio de Justicia, la AECID, la UE, la FIIAPP, ONU Mujeres, la cooperación descentralizada, las ONGD españolas y las organizaciones de la sociedad civil bolivianas.

3.2 Modalidades e instrumentos.

Los actores de la Cooperación Española involucrados en este MAP deberán dedicar esfuerzos para que la mayor parte de sus presupuestos destinados al país estén alineados con los objetivos, resultados de desarrollo e intermedios en él acordados.

La Cooperación Española se implementará a través de las modalidades e instrumentos que se mencionan a continuación.

Cooperación bilateral y multilateral de la AECID a través de aportaciones no reembolsables. Se continuará con los aportes a través de los Fondos Temáticos (Ellas+, FONTEC, Asistencia Electoral, Educ@ y Recuperación Temprana), así como de distintos programas regionales de la DCALC (Arauclima, Indígena, Escuelas Taller y Afrodescendientes) y del programa de Patrimonio para el Desarrollo.

Cooperación bilateral financiera a través de FONPRODE. Se prevé la implementación de, al menos, una operación de préstamo ya aprobada en agua y saneamiento.

Se estima que la cooperación descentralizada financie programas y proyectos de cooperación en Bolivia por un monto semejante al del periodo anterior.

El programa de Conversión de Deuda 2009 prevé implementar en este periodo inversiones hasta la finalización de los fondos restantes.

Además, la AECID implementará proyectos de cooperación delegada de la Unión Europea de forma articulada con otros instrumentos de la Cooperación Española y de otros socios de cooperación.

En lo que se refiere a cooperación en ciencia y tecnología, se explorarán oportunidades dentro del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), que genera proyectos de I+D estratégicos donde participan empresas y expertos que desde esta plataforma acceden a importantes fondos internacionales. España cofinancia el programa a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Centro del Desarrollo Tecnológico y de Innovación (CDTI). También se explorará la posibilidad de utilizar el programa FONTAGRO, mecanismo único de cofinanciamiento sostenible para el desarrollo de tecnología agropecuaria en América Latina, el Caribe y España e instituye un foro para la discusión de temas prioritarios de innovación tecnológica. España participa en el programa a través del Instituto Nacional Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La AECID cuenta con tres unidades de cooperación integradas en la Embajada de España en Bolivia y articuladas entre sí:

– Centro Cultural de España en La Paz.

El Centro Cultural de España en La Paz, abierto hace diez años, forma parte de la Red de Centros Culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Es la unidad de la Cooperación Española responsable de la programación en Bolivia de actividades culturales con enfoque de derechos y de desarrollo sostenible desde su sede principal en la capital. La actividad del Centro incorpora la cultura de manera transversal en ámbitos como los derechos humanos, la igualdad de género, la educación, a sostenibilidad ambiental, el emprendimiento empresarial en el ámbito creativo y cultural, la habitabilidad básica, la gobernanza y la inclusión, entre otros. Tiene como parte de su misión el ser un espacio de encuentro crítico que articule una comunidad plural con la ciudadanía, individualmente u organizada en colectivos; ser un referente de buenas prácticas en el sector cultural, sustentadas en la transparencia, la horizontalidad, la coherencia y la comunicación; ser un foco de reflexión, investigación y experimentación en los procesos creativos y las prácticas artísticas desde el sentido crítico, estético y la interdisciplinariedad; y contribuir en la profesionalización del sector artístico-cultural tanto a nivel técnico como teórico.

– Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra.

El Centro es una unidad especializada en gestión del conocimiento para el desarrollo sostenible que forma parte de la red de centros de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe. Entre sus funciones principales destacan la coordinación y ejecución de acciones de cooperación en el ámbito de la capacitación y la transferencia e intercambio de conocimiento para su incidencia en las políticas públicas de la región. Este Centro fomenta la creación de redes de trabajo colaborativo entre personas expertas de la región que intercambien conocimiento para favorecer sinergias con actores regionales, nacionales y locales. Su ámbito temático de especialización es la cohesión social, incluyendo temas relacionados con los pueblos indígenas.

– Oficina Técnica de Cooperación.

La Oficina, abierta en 1986, es la responsable de identificar, formular e implementar las intervenciones de cooperación para el desarrollo sostenible de la AECID junto al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y coordinar la Cooperación Española en el país como Oficina de la Embajada de España en Bolivia.

3.3 Recursos.

Los recursos financieros recogidos en el anexo III son estimativos. En todo caso, el presente acuerdo no implica compromisos financieros; dichos compromisos se establecerán en documentos posteriores correspondientes a las diferentes intervenciones; su asignación definitiva estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y se realizará con cargo a los créditos ordinarios de los distintos actores implicados. La inversión aproximada de los instrumentos AECID será de 30M€ no reembolsables y otros 30M€ ya confirmados de cooperación reembolsable. Con la suma de la financiación de otros instrumentos, se prevé una inversión no reembolsable de al menos 100M€ que alcanzarían los 130M€ sumando la reembolsable.

En este marco, la financiación no reembolsable de convenios, programas y proyectos de ONGD españolas en el periodo se prevé que ascienda a 13M€, mientras que los fondos disponibles del programa de conversión de deuda asciendes a 20M€.

Las capacidades técnicas y de recursos humanos requeridas para la implementación por parte de la Cooperación Española, se articularán en torno a las tres unidades de cooperación mencionadas. Para el trabajo en red con los demás socios, se contará con asistencias técnicas y contrataciones de servicios especializados. Se avanzará en la gestión digital de la cooperación mejorando las bases de datos y el acceso a la información de todas las intervenciones y de los datos agregados que permitan un mejor seguimiento y favorezcan la toma de decisiones.

3.4 Riesgos.

Los siguientes riesgos pueden dificultar la ejecución del MAP en Bolivia:

4. Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

En este capítulo se plantea el modelo de seguimiento acordado para el MAP de Bolivia. El propósito del proceso de seguimiento del MAP es disponer periódicamente de una visión de conjunto sobre el grado de avance en el logro de los compromisos y resultados de la Cooperación Española en el país, así como el seguimiento de los aspectos más relevantes vinculados a su desarrollo.

El objetivo en todo caso es velar por la adecuada implantación del MAP y por tanto por asegurar la contribución acordada de la Cooperación Española al desarrollo del país. Para ello, se tratará de disponer periódicamente de una visión en conjunto del grado de avance en el logro de los resultados contenidos en el presente MAP, así como los aspectos más relevantes vinculados a la programación y ejecución de las actuaciones en Bolivia en los próximos 4 años.

4.1 Seguimiento.

En este sentido, el seguimiento del MAP se abordará desde dos ámbitos: por un lado, el seguimiento estratégico, que se realizará bienalmente el segundo y cuarto años de vigencia del MAP, y por otro el seguimiento técnico, que se realizará anualmente tras su firma.

El seguimiento técnico anual consistirá principalmente en el seguimiento de las principales intervenciones en marcha y que estén asociadas al nuevo MAP, prestando atención a los hitos y dificultades relevantes en su implementación y en la recopilación de datos. También se centrará en las decisiones sobre nuevas intervenciones que sean programadas cada año, asegurando su vinculación y coherencia con los resultados y compromisos del MAP.

El seguimiento estratégico se centrará en verificar el grado de avance de los resultados intermedios asociados a las principales intervenciones y programas que se desarrollen en el país con financiación de la Cooperación Española, ya que suponen los resultados sobre los que esta puede incidir. Se centrará asimismo en la medición de los indicadores propuestos en la Matriz de Resultados. El seguimiento deberá llevar a cabo una valoración del avance del MAP, con identificación de problemas existentes en el mismo y establecimiento de medidas correctoras, y una revisión de resultados si fuera el caso.

De cara a facilitar el seguimiento, tanto técnico como estratégico del MAP Bolivia, incluyendo la recopilación de indicadores para su cuadro de resultados, se buscará acotar y enfocar el proceso en una selección de las intervenciones con más peso en recursos de la Cooperación Española en el país (p.ej. intentando seguir una regla 80/20, seleccionar el 20% de intervenciones que supongan el 80% de los recursos comprometidos en el país) o aquellas consideradas claves o relevantes de acuerdo con tres criterios: su impacto, el monto financiero y la importancia política o de otro tipo.

Para articular los dos niveles de seguimiento planteados y los actores involucrados, se acuerda la creación de una Comisión Permanente Mixta (COPERMIX) que actuará en dos niveles:

– A nivel técnico, se realizarán revisiones anuales conjuntas de grado de avance de implementación. En este foro, se contará con el liderazgo del Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia y de la Oficina Técnica de la Cooperación Española en Bolivia para coordinar el seguimiento técnico y recopilación datos intervenciones de cara a la reunión anual, así como para la redacción del informe anual de seguimiento posterior a la misma. Dicho informe será posteriormente enviado a la Cancillería boliviana y a la sede de la Cooperación Española (AECID, DGPOLDES y Equipo País Ampliado). La preparación y recopilación de datos del seguimiento técnico contará con la contribución del Grupo Estable de Seguimiento (GES) del Grupo Estable de Coordinación (GEC) de la Cooperación Española en Bolivia, que apoyará la coordinación con los distintos actores para la recogida de datos y valoración de avances previos a la reunión anual. En la reunión participará el personal técnico designado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo de Bolivia vinculado a instituciones de gobierno (tanto estatales como locales) vinculadas a las principales intervenciones en marcha de la Cooperación Española en el país en el marco del MAP y personal técnico designado por la Embajada de España bajo el liderazgo de la Oficina Técnica de la Cooperación Española. Se propone inicialmente el mes de septiembre del 2023 como fecha para la primera reunión de la COPERMIX a nivel técnico, manteniéndose anualmente su celebración a partir de ese momento.

– A nivel estratégico se llevará a cabo la revisión intermedia durante el segundo semestre de 2024 para realizar una actualización del contexto, y anticipar el cumplimiento de resultados y compromisos o, por el contrario, la detección de posibles riesgos de incumplimiento y establecimiento de medidas correctoras. La Oficina Técnica de Cooperación coordinará la recopilación de datos de intervenciones de cara a la reunión, así como para la redacción del informe de seguimiento posterior a la misma. En esta comisión se contará con representantes de alto nivel directivo-político del gobierno boliviano, así como una representación de la Cooperación Española comunicada por la Embajada de España. Se propone inicialmente el mes de octubre del 2024 como fecha para la reunión de la Comisión Estratégica del MAP Bolivia.

Al final de 2024, se realizará un informe técnico-estratégico, fruto de las reuniones de los Grupos de Trabajo del Seguimiento, del GES y la COPERMIX.

4.2 Evaluación.

Respecto al proceso de Evaluación del MAP, con tiempo suficiente para disponer de la información al inicio de la elaboración del siguiente MAP, se procederá a realizar una evaluación externa de cierre del MAP Bolivia. Para ello se establecerán los términos de referencia de la evaluación y del contrato del equipo evaluador y se velará porque se desarrolle según las fases previstas, coordinando y promoviendo la participación del resto de actores.

Todo este proceso, por parte española, será coordinado en Bolivia por la Oficina Técnica de la Cooperación Española, que mantendrá una comunicación continua y fluida con los actores de ambos países involucrados en el desarrollo de este Marco de Asociación.

El informe de evaluación de cierre del MAP y su resumen ejecutivo serán publicados en la web de la Cooperación Española, del MAUC y de la AECID.

4.3 Rendición mutua de cuentas y transparencia.

Por último, en aras de la transparencia y la debida rendición de cuentas mutua, se acuerda promover la difusión periódica de las actividades del MAP a todos los actores involucrados y a las ciudadanías de ambos países, especialmente el presente documento tras su aprobación, así como las principales conclusiones de los informes anuales de seguimiento y evaluación.

En este sentido, con el objeto de difundir el trabajo conjunto, los resultados y conclusiones alcanzadas, se valorarán la adopción de medidas tales como:

– Ruedas de prensa informativas dirigidas a los medios de comunicación locales o notas de prensa para su difusión en sede y en terreno, con el contenido más relevante del MAP.

– Publicación en la sección correspondiente de la web del MAUC, de la Cooperación Española y de la AECID de noticias sobre el acto de la firma y el propio documento del MAP.

– Invitación a aquellas instituciones españolas que hayan participado en el MAP a que hagan la correspondiente difusión.

– Publicación en Twitter, Facebook y resto de perfiles en redes sociales de la Cooperación Española, de la AECID y del MAUC para hacer eco del evento. Estas publicaciones en redes irán acompañadas de enlaces al documento y, en la medida de lo posible, de material audiovisual.

– Publicación en los canales de comunicación (webs, redes sociales, boletines, etc.) de las UCE en Bolivia.

– Organización de actividades de presentación y socialización de los resultados obtenidos a través de conferencias, seminarios o mesas redondas o similar.

Por último, y de manera complementaria, la Cooperación Española en Bolivia aprovechará las instancias y grupos de coordinación en los que participa con actores europeos o multilaterales, así como ONGD y cooperación descentralizada, con el fin de garantizar la transparencia de sus acciones y la búsqueda de mecanismos efectivos de rendición de cuentas en el marco del presente MAP.

ANEXO I. Marco de resultados

ANEXO II. Red de Alianzas

ANEXO III. Recursos financieros

ANEXO IV. Gestión de riesgos

* * *

El presente Acuerdo internacional administrativo entró en vigor el 15 de diciembre de 2022, fecha de su firma.

Madrid, 4 de mayo de 2023.–La Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez.