Ley 14/2022, de 23 de diciembre, de Juventud de La Rioja

Asimismo, las escuelas de formación, ocio y tiempo libre podrán impartir cualquier otro tipo formación correspondiente a su ámbito de actuación en el terreno de la política de promoción juvenil, entre ella la que se dirija a personas jóvenes en edades tempranas para iniciarles en el mundo del ocio y tiempo libre como paso previo y motivador a la realización de los cursos citados en el apartado anterior, fomentando al mismo tiempo la participación juvenil, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

La dirección general que ostente competencias en el ámbito de la juventud procederá a la expedición de los correspondientes títulos, bajo los principios y requisitos contemplados en la normativa que, en desarrollo de la presente ley, les resulten de aplicación.

La regulación reglamentaria procurará:

La Administración pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja velará por la participación individual de las personas jóvenes en los asuntos públicos, con respeto a los principios de igualdad y publicidad.

Las Administraciones públicas desarrollarán mecanismos para acoger en los procesos de las políticas transversales de juventud y sus sectores de actuación las expresiones colectivas, tanto informales como formales, de participación juvenil, con respeto a la ley y a los valores democráticos.

Asimismo, las personas jóvenes riojanas podrán canalizar su participación en las políticas públicas de juventud a través de:

El Registro de Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud se constituye como un instrumento de planificación, ordenación y publicidad de la política de promoción juvenil. En él se inscribirán las entidades recogidas en los apartados a), b) y c) del artículo 50.3 de la ley.

Su naturaleza no es constitutiva, siendo voluntaria su inscripción. Dicha inscripción es requisito necesario para poder optar a ser beneficiaria de las ayudas y subvenciones que se establezcan a favor de tales entidades por la consejería competente en materia de juventud.

Su gestión corresponde a la dirección general competente en materia de juventud y su organización y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.

El Consejo de la Juventud de La Rioja se configura como una corporación pública sectorial de base privada, dotada de personalidad jurídica propia y con plena capacidad para cumplir sus fines. Tiene por finalidad ser interlocutor e instrumento de encuentro, diálogo, participación y asesoramiento en las políticas públicas en materia de juventud en La Rioja.

El Consejo de la Juventud de La Rioja se regirá por las normas de derecho privado y, en particular, por aquellas que regulen el funcionamiento de las asociaciones, con las especificidades previstas en la presente ley y normativa reglamentaria que desarrolle su organización y funcionamiento. No obstante, sujetará su actividad a las normas de derecho público cuando ejerza potestades administrativas atribuidas por el ordenamiento jurídico.

Son fines del Consejo de la Juventud de La Rioja:

Son funciones del Consejo de la Juventud de La Rioja:

Podrán ser miembros del Consejo de la Juventud de La Rioja las entidades señaladas en el artículo 50.3 de esta ley en los términos que se indiquen reglamentariamente y sin perjuicio de que en dicho desarrollo reglamentario se pueda establecer la posibilidad de participar en su composición a otras entidades que coadyuven a la defensa de los intereses de la juventud riojana favoreciendo su libre participación en el desarrollo económico, social, formativo, político y cultural de la sociedad.

Los consejos locales y supramunicipales de la juventud constituidos legalmente serán miembros de pleno derecho del Consejo de la Juventud de La Rioja.

El Consejo de la Juventud de La Rioja contará con una Asamblea General como máximo órgano de decisión del mismo, a cuyas decisiones se sujetarán todos los demás órganos tanto colegiados como unipersonales que puedan constituirse en la normativa reglamentaria de desarrollo de la presente ley.

En el marco de dicho desarrollo reglamentario, el Consejo de la Juventud de La Rioja aprobará su reglamento interno de organización y funcionamiento, que será objeto de informe preceptivo por parte de la dirección general u órgano similar que ostente las competencias en materia de juventud del Gobierno de La Rioja.

Sin perjuicio de cualesquiera otros recursos económicos que se le atribuyan por ley o reglamento, el Consejo de la Juventud de La Rioja dispondrá de los recursos personales necesarios y espacios de reunión para el adecuado ejercicio de sus funciones. Además, dispondrá de una dotación específica en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Los consejos locales y supramunicipales de la juventud son corporaciones públicas sectoriales de base privada, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para cumplir sus fines. Se constituyen con las siguientes finalidades en su respectivo ámbito territorial:

Se regirán por las normas de derecho privado, y en particular por aquellas que regulen el funcionamiento de las asociaciones, con las especificidades previstas en la presente ley y normativa reglamentaria que desarrolle sus funciones, composición y funcionamiento.

Podrán ser miembros de los consejos las entidades señaladas en los párrafos a), b) y c) del artículo 50.3 de esta ley, en los términos que se indiquen reglamentariamente y sin perjuicio de que dicho desarrollo reglamentario pueda establecer la posibilidad de participar en su composición a otras entidades que coadyuven a la defensa de los intereses de la juventud riojana favoreciendo su libre participación en el desarrollo económico, social, formativo, político y cultural de la sociedad.

Los consejos locales y supramunicipales de la juventud podrán disponer de una dotación específica tanto de la Administración autonómica como de las diferentes Administraciones de ámbito local respectivas, dentro de sus disponibilidades presupuestarias.

Para formar un Consejo Local de la Juventud serán necesarias, como mínimo, tres entidades juveniles con implantación en el municipio de su ámbito de actuación.

Para instituir un Consejo Supramunicipal de la Juventud serán necesarias, como mínimo, cuatro entidades juveniles, de las cuales al menos dos tendrán implantación en municipios limítrofes vinculados por características e intereses comunes, y su ámbito territorial de actuación será el propio de las entidades miembro.

No podrá existir más de un Consejo de la Juventud con el mismo ámbito territorial de actuación y su reconocimiento como consejo corresponde a la dirección general competente en materia de juventud del Gobierno de La Rioja, previo informe preceptivo de la entidad local de referencia. Tras su reconocimiento se procederá a su inscripción en el Registro que a tales efectos se establezca en dicho órgano administrativo y a la comunicación de tal reconocimiento al Consejo de la Juventud de La Rioja.

Reglamentariamente se regulará el procedimiento de reconocimiento y registro de los consejos, así como el régimen de organización y funcionamiento de los consejos locales y supramunicipales de la juventud en La Rioja.

El voluntariado es una forma de participación de las personas jóvenes en la sociedad, en la que, de forma solidaria y altruista, quieren colaborar en la prestación de la actividad de interés general definida en el artículo 3 de la Ley 3/1998, de 6 de mayo, del Voluntariado de La Rioja, reconociendo el valor social de la acción voluntaria, como expresión de participación, solidaridad y pluralismo.

Las condiciones y requisitos para el ejercicio del voluntariado juvenil se establecerán reglamentariamente en el marco de la citada normativa.

La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja establecerá mecanismos de control y vigilancia para que, en ningún caso, se utilice la figura del voluntariado de forma fraudulenta, camuflando relaciones laborales bajo este marco.

Corresponde al Gobierno de La Rioja:

Corresponde a la consejería competente en materia de juventud:

El Gobierno de La Rioja consignará anualmente en los presupuestos generales las cantidades destinadas a hacer frente a los gastos que se deriven del ejercicio de las competencias propias que se le atribuyen en la presente ley.

Las entidades locales riojanas con pleno respeto a la autonomía local y a la normativa estatal en la materia, podrán consignar en sus presupuestos las cantidades suficientes para la creación, mantenimiento y gestión de los equipamientos, actividades y servicios que establezcan, de conformidad con las competencias atribuidas por esta ley y la legislación estatal básica en la materia.

La colaboración financiera de las Administraciones públicas entre sí y con otras entidades que actúen en el ámbito de juventud se ajustará a fórmulas regladas, condicionadas al cumplimiento de los objetivos señalados en la planificación del sector y a un estricto control de la aplicación de los fondos afectados a dicha colaboración.

La consejería competente en materia de juventud regulará el sistema de subvenciones o convenios con las entidades públicas o privadas que actúen en el sector, estableciendo las condiciones, procedimientos y criterios que permitan la distribución de los fondos públicos con arreglo a los principios establecidos en el presente artículo, en el marco de la normativa vigente. En todo caso, la formalización de convenios para la financiación de gastos de capital de los equipamientos de titularidad local de la política de promoción juvenil previstos en esta ley requerirá la presentación de un plan de explotación, gestión y mantenimiento del equipamiento objeto de la subvención.

La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por sí, en colaboración con las escuelas de formación, ocio y tiempo libre, o a través del movimiento asociativo juvenil, promocionará la formación de las personas jóvenes contemplada en esta ley con las ayudas económicas, dispositivos físicos o recursos humanos que estime necesarios.

La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja velará por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, destinando los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de la función inspectora.

En el caso concreto del ámbito de la inspección de actividades de tiempo libre, y para el adecuado desarrollo de la actividad inspectora, se podrá determinar reglamentariamente un mecanismo de coordinación entre las diferentes consejerías implicadas.

El personal funcionario habilitado para el ejercicio de la actividad de inspección tendrá la consideración de autoridad en el ejercicio de la misma y gozará, como tal, de la protección y atribuciones establecidas en la normativa vigente.

Para realizar las funciones propias de inspección, el personal funcionario habilitado podrá requerir la información y documentación que estime necesarias para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de juventud, así como acceder, libremente y sin previo aviso, a los locales, instalaciones juveniles, actividades y servicios sometidos al régimen establecido por la presente ley y la restante normativa de aplicación.

El personal funcionario que desarrolle una actividad de inspección estará obligado a identificarse en el ejercicio de la misma, mostrando las credenciales acreditativas de su condición.

En el ejercicio de sus funciones, el personal funcionario habilitado para realizar tareas de inspección podrá recabar la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Policía Local.

El personal funcionario habilitado para el ejercicio de la actividad inspectora deberá guardar secreto y sigilo profesional de los hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones. Las actuaciones inspectoras se llevarán a cabo con estricta sujeción a lo dispuesto en la presente ley y restantes normas aplicables.

Finalizada la actividad de inspección, el resultado de la misma se hará constar documentalmente en un acta de inspección. En ella quedará adecuada constancia de todas las circunstancias de la función inspectora, de la posible comisión de alguna infracción legalmente prevista, así como, en su caso, de su ausencia. El acta se sujetará en su forma al modelo oficial que se determine reglamentariamente. Los hechos contenidos en las actas de inspección formalizadas legalmente se presumirán ciertos, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar las personas interesadas en defensa de sus derechos e intereses.

Las cometidas por personas, organizaciones y entidades responsables de la prestación de servicios, o actividades, así como la gestión de equipamientos juveniles de la política de promoción juvenil en los siguientes casos:

La inobservancia de las normas establecidas en el reglamento interno correspondiente, por parte de las personas usuarias de los servicios, actividades o equipamientos juveniles de titularidad pública, cuando tal conducta no genere una alteración en el funcionamiento o en la convivencia de la instalación o servicio.

Las cometidas por personas, organizaciones y entidades responsables de la prestación de servicios, o actividades, así como de la gestión de equipamientos juveniles de la política de promoción juvenil en los siguientes casos:

Las cometidas por las personas usuarias de los servicios, actividades o equipamientos juveniles de titularidad pública, en los siguientes casos:

Las cometidas por personas, organizaciones y entidades responsables de la prestación de servicios, o actividades, así como de la gestión de equipamientos juveniles de la política de promoción juvenil en los siguientes casos:

Las cometidas por las personas usuarias de los servicios, actividades o equipamientos juveniles de titularidad pública, en los siguientes casos:

Para las infracciones leves:

Para las infracciones graves:

Para las infracciones muy graves:

Para la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta:

Con independencia de la sanción que se imponga, el sujeto responsable estará obligado a resarcir los daños y perjuicios causados por la infracción.

Las infracciones leves prescriben a los seis meses; las graves, al año; y las muy graves, a los dos años.

Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán a los seis meses; las impuestas por faltas graves, al año; y las muy graves, a los dos años.

El ejercicio de la potestad sancionadora se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con el procedimiento aplicable en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver el expediente sancionador podrá adoptar motivadamente las medidas cautelares necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer y salvaguardar el interés público tutelado por esta ley.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la misma, y, de forma expresa, las siguientes normas:

Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se derogan expresamente deberán entenderse efectuadas a las disposiciones de esta ley que regulan la misma materia que aquellas.