Ley 9/2022, de 21 de diciembre, de la ciencia
Incluye la corrección de erratas publicada en el DOGC núm. 9163, de 15 de mayo de 2024. Ref. BOE-A-2024-11293
EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Los artículos 65 y 67 del Estatuto prevén que las leyes de Cataluña son promulgadas, en nombre del rey, por el presidente o presidenta de la Generalitat. De acuerdo con lo anterior promulgo la siguiente ley:
PREÁMBULO
«La ciencia hoy representa, para nosotros, la riqueza pública de mañana». Enric Prat de la Riba.
La Ley de la ciencia es la primera Ley del Parlament de Catalunya dictada en el ámbito de la investigación y el conocimiento, y se aprueba con la misión y la ambición de consolidar Cataluña como polo internacional de referencia, situado entre los mejores de Europa. El Parlament, con la presente ley, sitúa de forma permanente la investigación, el desarrollo y la innovación entre las prioridades políticas, sociales y económicas de Cataluña.
La Ley de la ciencia tiene la misión de definir y consolidar el modelo propio del sistema de investigación, desarrollo e innovación de Cataluña, que ha recibido el reconocimiento internacional y ha obtenido resultados muy notables. También tiene la finalidad de proveerle de las herramientas jurídicas y económicas necesarias para hacer frente a los nuevos retos globales, y la de contribuir a que los agentes del sistema de investigación, desarrollo e innovación puedan configurar un espacio destacado dentro de la comunidad científica internacional. La Ley de la ciencia impulsa las estructuras y actividades de la investigación como principio activo de una ciencia que genera conocimiento propio. La presente ley emplea la palabra ciencia de una forma inclusiva: la tecnología, como ciencia de las artes industriales, forma parte de ella; la innovación, que es elemento consustancial con la ciencia de frontera que se fomenta, forma parte de ella; la transferencia y su valoración económica, que convierte la ciencia básica en riqueza, forma parte de ella. Esta es la base más sólida para una transformación de la sociedad basada en el conocimiento. La ciencia, así entendida, genera prosperidad, y la prosperidad, bienestar.
La presente ley se focaliza, por lo tanto, en la generación de conocimiento y en sus valores intrínsecos y transformadores. También reconoce la importancia de la transmisión de los resultados de la investigación y de la innovación, como garantía de competitividad y progreso, y pondera de forma relevante la medida de su impacto. Las políticas públicas de la Generalitat deben favorecer que los avances en el conocimiento salgan de los problemas que plantea la sociedad contemporánea y deben facilitar que retornen para potenciar su mejora. La ley se presenta como eje coordinador y vertebrador de la ciencia abierta de Cataluña: pretende consolidar el sistema de conocimiento con la implicación de todos los agentes para que la investigación y la transferencia del conocimiento de ámbito catalán sean cada vez de mayor calidad, para que se hagan de forma más cooperativa, para que sean más transparentes y para que sus resultados y los datos en los que se han sustentado sean más accesibles y comprobables y estén al alcance de más ciudadanos. Por su voluntad de ayudar a la generación de conocimiento propio, aplicado a la resolución de problemas sociales y ambientales actuales, la presente ley también pretende ser un elemento relevante en la estrategia catalana para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.
En un contexto social y laboral fuertemente cambiante e inestable, la presente ley debe contribuir a impulsar mejoras profesionales para luchar contra la precariedad laboral y avanzar en la estabilidad y en la renovación generacional, de acuerdo con la política de personal del agente correspondiente; debe promover la movilidad y la colaboración entre los grupos de investigación de los agentes del sistema de investigación, desarrollo e innovación, públicos y privados, así como internacionales; debe impulsar la movilidad con las empresas y la colaboración de estas con los agentes, y también con entidades sociales, para contribuir a una carrera profesional abierta y reconocida, y fomentar la transferencia y la innovación, en el marco legal aplicable; debe apoyar, en su caso, las evaluaciones y revisiones internas y externas de los procedimientos de los agentes relativos al personal, para proponer mejoras que permitan optimizar los recursos, agilizar los trámites y suprimir obstáculos administrativos a la movilidad, mejorando así la eficacia y eficiencia; debe favorecer la formación y el perfeccionamiento académico, científico y técnico a lo largo de la carrera profesional, también en instituciones y agentes de investigación, desarrollo e innovación internacionales, y debe promover medidas que eliminen los sesgos por razón de género y demás formas de discriminación, y otras medidas que puedan acordarse con los agentes.
Cataluña ha sido históricamente una sociedad dinámica y abierta que ha sabido adaptarse a los cambios y que ha sido líder en muchas transformaciones sociales y económicas importantes. No ha sido, hasta fechas muy recientes, un centro productor de investigación científica de primer orden, aunque ha adoptado técnicas y procesos que han favorecido la modernización de la agricultura y el desarrollo de la industria y las comunicaciones. Sin embargo, su dependencia respecto a los grandes centros productores de ciencia y tecnología de Europa y América ha sido muy elevada hasta que, en los últimos decenios, como corresponde a la actual configuración de la ciencia, se ha pasado a una interdependencia en la que las aportaciones catalanas son comparables con las de naciones de dimensión demográfica y económica similar.
El papel de científicos y técnicos en la construcción nacional y en la historia de Cataluña no ha sido marginal. Desde mediados del siglo XVII, estudiosos catalanes participan en las redes de comunicación entre estudiosos europeos de lo que entonces se conocía como república de las letras. A finales del siglo XVIII, la Junta de Comercio creaba una serie de escuelas técnicas (náutica, comercio, economía, política, química, física, maquinaria, matemáticas, botánica y agricultura, dibujo e idiomas) que se mantuvieron en funcionamiento hasta mediados del siglo XIX, cuando constituyeron el fundamento de la nueva Escuela Industrial, inaugurada en 1851. A lo largo del siglo XIX se ponen de manifiesto dos características de los científicos y técnicos catalanes que han mantenido una notable continuidad. En primer lugar, el esfuerzo por estar al día de los progresos de la investigación en el mundo y por difundirlos en el entorno más próximo, hecho constatable a través de las referencias a fuentes internacionales que aparecen en muchos trabajos que han contribuido a asentar las bases del estado actual de la ciencia y la tecnología en Cataluña. En segundo lugar, el esfuerzo por aclimatar a la realidad catalana la ciencia y la técnica universales, alcanzando sus conocimientos y esforzándose para aplicarlos y hacerlos fructificar.
A partir del último cuarto del siglo XIX y los primeros años del xx, emergió una generación de gente sabia, unos científicos del todo homologables a sus colegas de otros países. Cabe destacar el físico y meteorólogo Eduard Fontserè, la doctora Dolors Aleu Riera, el astrónomo Josep Comas i Solà, la botánica Montserrat Garriga Cabrero, el matemático Paulí Castells, la naturalista Margarida Comas i Camps, el químico y pedagogo Josep Estalella, el fisiólogo August Pi i Sunyer, el geólogo Marià Faura, el químico Enric Moles, el físico, matemático e ingeniero Esteve Terradas, el botánico Pius Font i Quer, el egiptólogo Eduard Toda, el psicólogo Emili Mira o la matemática y astrónoma Maria Assumpció Català i Poch.
Hoy, que en Cataluña el trabajo científico tiene el pleno reconocimiento de la sociedad, es obligado hacer memoria de la gran labor de los científicos y del personal tecnólogo y técnico al servicio de la ciencia, que, con sus aportaciones, han contribuido, desde el pasado, al presente y futuro de la ciencia y el conocimiento.
Cabe destacar también el papel clave desarrollado por las universidades. La Universidad de Barcelona, desde su creación, ha sido un foco de vida intelectual y científica, con vínculos permanentes con Europa. Durante la Segunda República Española (1931-1939), la Universidad de Barcelona gozó de un estatuto de autonomía, con el nombre de Universidad Autónoma de Barcelona, que no llegó a desarrollarse plenamente por la suspensión del régimen de autonomía de octubre de 1934 a febrero de 1936 y, posteriormente, por el estallido de la Guerra Civil y sus consecuencias. En 1968 se fundó una nueva Universidad Autónoma de Barcelona, que es la que actualmente lleva este nombre y que alcanzó rápidamente un alto prestigio y se convirtió en un centro de referencia en el panorama científico catalán y europeo. La Universidad Politécnica de Cataluña ha contribuido con su configuración actual, desde 1968, a fomentar la calidad y la excelencia tecnológica y científica de Cataluña. Posteriormente, por acción del Gobierno de la Generalitat, el mapa universitario público catalán ha recibido un importante impulso con la creación de la Universidad Pompeu Fabra (1990), la Universidad de Girona (1991), la Universidad de Lleida (1991) y la Universidad Rovira i Virgili (1991), algunas de ellas creadas recogiendo la tradición histórica de los estudios generales. También debemos considerar las aportaciones científicas, básicas y de transferencia que han hecho desde su fundación la Universidad Ramon Llull (1991), la Universitat Oberta de Catalunya (1995), la Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña (1997), la Universidad Internacional de Cataluña (1997) y la Universidad Abad Oliba CEU (2003), todas ellas reconocidas e integradas en el sistema universitario de Cataluña.
En el actual sistema de investigación, desarrollo e innovación, conformado por un conjunto de agentes públicos y privados que constituyen un tejido científico muy activo, con objetivos ambiciosos y una gran proyección, la investigación que se efectúa en las universidades es primordial y ya fue reconocida por la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de universidades de Cataluña, que introdujo un régimen de licencias y excedencias para el fomento de la investigación que se ha mostrado útil y eficaz como garantía de movilidad del personal académico. El actual modelo universitario se halla en un proceso de reflexión crítica y de transformación que deberá conducir, necesariamente, a una reforma profunda, que mejore la gobernanza, refuerce la autonomía y la transparencia, abandone la rigidez estructural y la homogeneidad, y favorezca la flexibilidad y capacidad de especialización y adaptación necesarias para competir en entornos globales.
La excesiva regulación que afecta al sistema de investigación, desarrollo e innovación, tanto externa como interna, y la homologación a ámbitos de la Administración pública de muy difícil encaje con la alteridad y singularidad inherentes a un proceso de generación de conocimiento comportan una dificultad no menor a los agentes del sistema en el desempeño de su misión, condicionan su potencial de generación de nuevas ideas y conocimiento, y limitan la capacidad de actuación cooperativa con otros agentes de dentro y fuera del sistema.
Los hospitales universitarios, los hospitales asociados a la universidad y otras instituciones de investigación en salud son agentes centrales del sistema de investigación, desarrollo e innovación en investigación en ciencias de la salud, dados su alto valor social y de mejora de la calidad de vida de las personas, y sus efectos económicos. Tienen una regulación específica en la Ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña, en la Ley del Estado 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica, y en la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública. Las actividades de investigación, desarrollo e innovación impulsadas por el sistema de salud de Cataluña se vehiculan mediante entidades de varios tipos, entre las que se incluyen los centros CERCA; las fundaciones sanitarias, que con personalidad jurídica independiente gestionan las actividades de investigación, desarrollo e innovación de los dispositivos asistenciales públicos y privados; los consorcios sanitarios; los institutos de investigación e innovación sanitarias acreditados, y otros centros públicos y privados, con o sin ánimo de lucro, que realizan o gestionan actividades de investigación, desarrollo e innovación, generan conocimiento científico y técnico y facilitan la aplicación y la transferencia dentro del sistema de salud de Cataluña. La Ley de la ciencia introduce elementos de apoyo a la investigación que efectúan y la transferencia de tecnología y la transmisión de conocimiento, especialmente sensible en este ámbito. Incluye, también, elementos de coordinación con los demás agentes del sistema.
Cataluña, con una dimensión equiparable a países y regiones que actualmente son líderes en investigación y competitividad, y ubicada en un lugar geoestratégico, debe competir en talento y creatividad en un entorno global y poner en valor sus aportaciones al avance del conocimiento, para poder alcanzar en los próximos años una integración sólida de su sistema de investigación, desarrollo e innovación como factor tractor en el contexto internacional. La opción institucional prioritaria para la investigación ha sido una constante en los últimos veinte años y ha encontrado su máximo exponente en el Pacto nacional para la investigación y la innovación, firmado el 21 de octubre de 2008, con un amplio apoyo de las instituciones, los grupos políticos y los agentes implicados. Los firmantes del Pacto y los adheridos asumieron la misión conjunta de hacer de Cataluña un país líder en investigación e innovación, con la finalidad de proporcionar al propio país y a los agentes que forman parte de él sus capacidades para hacer frente a los retos y para aprovechar las oportunidades que deben darle los niveles de prosperidad y de bienestar adecuados, en una sociedad que viva dentro de unos límites ambientales sostenibles. La Ley de la ciencia recoge y articula una parte significativa de los objetivos y compromisos alcanzados en dicho Pacto, y contribuye al desarrollo del Pacto nacional para la industria (2017), especialmente en el emprendimiento de base tecnológica, impulsando el sistema catalán de empresas emergentes y mejorando la capacidad disruptiva de la industria 4.0, esencial para la internacionalización y la innovación. Es necesario incrementar la base de empresas innovadoras y su dimensión global, y mejorar la conexión entre el sistema de conocimiento y el de la aplicación de este sistema.
La presente ley se inspira en las propuestas de la Unión Europea relativas al Programa marco de investigación e innovación (Horizonte Europa), creado por el Reglamento (UE) 2021/695, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril, y también toma en consideración las conclusiones del Pacto nacional para la sociedad del conocimiento (PN@SC), aprobado por el Acuerdo del Gobierno 77/2020, de 9 de junio. Las naciones con mejores índices de progreso social y desarrollo económico son las que toman partido claramente por avanzar en la sociedad del conocimiento. El Pacto nacional para la sociedad del conocimiento pone de manifiesto que Cataluña, por dimensión, por desarrollo económico y por valores sociales, debe participar en esta tendencia que consolida una sociedad justa, culta, cívica, abierta, competitiva y democrática, en una sociedad del conocimiento que genera y aprovecha las innovaciones, los avances científicos y el nivel formativo de la ciudadanía, a la vez que responde a los desafíos globales en salud, medio ambiente, igualdad, envejecimiento y bienestar. Una sociedad cohesionada, próspera, equitativamente educada, saludable y sostenible construye su futuro desde los más altos estándares de calidad que proporciona la creación de conocimiento propio para las generaciones actuales y futuras.
El Pacto nacional para la sociedad del conocimiento ha sido, además, una herramienta adecuada para la diagnosis del presente de la ciencia en Cataluña, necesaria para establecer el camino de crecimiento y progreso de los próximos años. El Pacto aporta las cifras del análisis del presente e identifica las acciones concretas que deben llevarse a cabo en un primer horizonte de 2024 y hasta 2030, y que deben permitir al sistema alcanzar los objetivos consensuados.
Las acciones más significativas en el ámbito de la presente ley son las siguientes. En primer lugar, puesto que la principal fuerza investigadora de Cataluña reside en las universidades públicas, incrementar de forma progresiva y continua la inversión pública en las mismas, tal y como propone el Pacto nacional para la sociedad del conocimiento. Cualquier incremento de inversión en las universidades públicas debe llevar al adecuado progreso de la ciencia del país.
En segundo lugar, se quiere consolidar una financiación basal específica de la investigación en todas las instituciones, para lo que es necesario incrementar la financiación de la investigación y el desarrollo universitarios públicos y privados en 180 millones de euros y los no universitarios en 125 millones de euros. Tanto la primera medida como esta deben tener, necesariamente, un impacto positivo en la consolidación de plantillas estructurales de las instituciones y en la lucha contra la precariedad laboral.
En tercer lugar, es necesario impulsar el incremento del número de investigadores hasta una media cercana a los países europeos de referencia, para lo que es preciso alcanzar un crecimiento de 900 investigadores por millón de habitantes, hasta llegar a los 4.750 investigadores por millón de habitantes. En este sentido, se considera especialmente importante incrementar el número de investigadores predoctorales (FI) y postdoctorales (Beatriu de Pinós) porque son la base de dicho número de investigadores fijado como objetivo.
En cuarto lugar, es necesario aumentar el Programa ICREA hasta veinte nuevas plazas anuales, para que pueda hacerse extensivo a todos los ámbitos del conocimiento y se promueva la igualdad de género.
Finalmente, es necesario incrementar el número de plazas del Programa ICREA Academia para llegar al 3 % del personal investigador permanente (cincuenta nuevas plazas por año).
Otro aspecto clave de la realidad es que Europa tiene una ciencia excelente, pero le cuesta convertirla en innovación, es decir, llevarla a mercado, generar riqueza y crear nuevas oportunidades laborales. En Cataluña, esto es aún más evidente. Es un país líder en producción científica, pero está claramente por debajo de la media europea en los indicadores relativos a innovación, como refleja sistemáticamente el Marcador de la innovación regional de la Unión Europea. El gran reto de Cataluña es mejorar la capacidad de innovación para que se convierta en uno de los motores principales de la economía, que debe fundamentarse en el conocimiento propio.
Asimismo, es preciso invertir en compra pública innovadora el 3 % del presupuesto de compra pública de la Generalitat, para desarrollar una política tecnológica de forma coordinada y para crear nuevas soluciones y, por tanto, nichos de mercado que adopten las nuevas tecnologías y que estén basados en los retos industriales y las misiones de país.
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