Real Decreto 503/2024, de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales

El Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, crea el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, atribuyendo a este Departamento en su artículo 13 la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia climática, de energía y medio ambiente para la transición a un modelo productivo y social más ecológico; la elaboración y el desarrollo de la política del Gobierno frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial; y la propuesta y ejecución de la política de agua como bien público esencial.

A su vez, mediante Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, se fija la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, determinando sus órganos superiores y directivos hasta el nivel orgánico de dirección general, de conformidad con el artículo 59.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En cumplimiento de dicha normativa, procede ahora desarrollar la estructura hasta el nivel orgánico de subdirección general, definiendo asimismo las competencias de cada uno de sus órganos.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene, en este sentido, dentro de las políticas referidas anteriormente, un papel fundamental en la implementación del Pacto Verde Europeo, iniciativa integral de la Unión Europea para alcanzar una sociedad más equitativa y próspera cuyo objetivo principal es transformar la economía de la Unión en una economía climáticamente neutra para 2050, una economía moderna, competitiva y eficiente en el uso de los recursos. Las vías a través de las cuales el Departamento cubrirá este objetivo son, en primer lugar, el desarrollo de políticas y estrategias nacionales alineadas con los objetivos del Pacto Verde en materias como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático, la aplicación de instrumentos que ponen un precio a la emisión de carbono, la promoción de las energías renovables, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la transición a una economía circular y la protección de la biodiversidad y la protección y restauración de las aguas.

En segundo lugar, la coordinación con las instituciones de la Unión Europea para asegurar la coherencia entre las políticas nacionales y las políticas de la Unión Europea en materia climática, energética, ambiental y demográfica y otros programas de la Unión Europea relacionados con la transición ecológica y el reto demográfico.

Todo ello, implica la implementación, en su caso, de medidas específicas a nivel nacional para cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo, contenidas en el paquete «Objetivo 55» que tiene por objeto traducir las ambiciones climáticas del Pacto Verde en legislación, para su aplicación rápida, equitativa y socialmente justa. Esto puede incluir la adopción de regulaciones más estrictas sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la eficiencia energética en edificios, la promoción de la movilidad sostenible y la inversión en infraestructuras verdes, entre otras.

Y transversalmente, la promoción de la participación ciudadana y la sensibilización a través campañas de concienciación sobre la importancia de la protección del medio ambiente y la adopción de estilos de vida más sostenibles, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones relacionadas con la política climática, energética, ambiental y demográfica.

La naturaleza es un importante aliado en la lucha contra el cambio climático y la desertificación. Los ecosistemas aportan servicios esenciales, como alimentos, materias primas, agua dulce, aire puro y cobijo y, además, amortiguan las catástrofes naturales, plagas y enfermedades y ayudan a regular el clima. Restaurar la naturaleza y promover la conservación y uso sostenible de la biodiversidad constituye una solución eficaz para absorber y almacenar carbono. Para ello, el pacto Verde Europeo contiene la Estrategia de Biodiversidad para 2030 y una Nueva Estrategia de la Unión Europea en favor de los Bosques para 2030.

En el ámbito material, de acuerdo con un enfoque transversal de la política ambiental que propugna la integración de las consideraciones medioambientales en los diferentes sectores de la actividad socioeconómica, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico compete la formulación de las políticas de calidad ambiental y prevención de la contaminación, la evaluación ambiental, el fomento del uso de tecnologías limpias y hábitos de consumo menos contaminantes y más sostenibles, la transición hacia un modelo de economía circular, la protección del medio natural, la biodiversidad, y la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y su adecuada preservación y restauración, fomentando la gestión forestal sostenible.

Del mismo modo, le compete la formulación de la política nacional de cambio climático, de conformidad con la normativa internacional y de la Unión Europea en la materia, así como la propuesta de la normativa y el desarrollo de los instrumentos de planificación y administrativos que permitan cumplir con los objetivos establecidos por dicha política desde la perspectiva de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de la adaptación a los riesgos del cambio climático.

Asimismo, corresponde al Departamento la definición, propuesta y ejecución de la política de la UE en materia de aguas, para mejorar la garantía del suministro, los ecosistemas hídricos, y la seguridad frente a los riesgos de inundaciones y sequías, a través de una planificación hidrológica que incorpora la adaptación al cambio climático, de la ejecución de medidas de protección y de restauración de las aguas, y de la gestión, en el marco de sus competencias, del dominio público hidráulico y las infraestructuras hidráulicas, para un uso más eficiente. También en materia de agua el desarrollo de actuaciones para el fomento de la digitalización en línea con los objetivos del PERTE de digitalización del ciclo del agua.

Le incumbe, igualmente, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de protección y conservación del mar y del dominio público marítimo-terrestre, así como la participación en la planificación de la política de investigación en materia de biodiversidad de los ecosistemas marinos, todo ello desde una perspectiva que haga compatible la importancia estratégica del litoral español para el desarrollo económico y social con la necesidad de preservar el medio marino y evitar su degradación, en el marco de la política de la Unión Europea sobre gestión integrada de las zonas costeras.

Por otro lado, en materia energética, y en el marco de las competencias del Estado sobre las bases del régimen minero y energético, se persigue potenciar las capacidades de análisis y evaluación de los sectores energéticos, a efectos de elaborar una nueva planificación y las regulaciones sectoriales más adecuadas; así como la mayor transparencia de la gestión y participación de los ciudadanos. Con este objetivo, tanto en el ámbito regulatorio como en las actuaciones de promoción que se desarrollen o coordinen desde el Ministerio, se buscará combinar una doble aproximación: por una parte, una metodología rigurosa de identificación y eliminación de las ineficiencias que limitan en el corto plazo la actividad económica; por otra, una actuación continuada de reforma y mejora de los sectores competencia del Ministerio, dirigida especialmente a promover una transición energética ordenada.

Adicionalmente, existe la necesidad de adaptar el sistema energético y los mercados de la energía a la rápida evolución de las tecnologías energéticas, en particular, las que aprovechan recursos renovables, la energía marina, el desarrollo de un mercado competitivo del hidrógeno y de los gases renovables y la generación de combustibles ecológicos así como de explotar al máximo los beneficios que la transición energética ofrece a los usuarios en particular y a los ciudadanos en general, para asegurar que el suministro de energía a los ciudadanos y las empresas sea seguro, sostenible y asequible. Por otro lado, dentro del marco de las políticas de la UE, se aumentará y diversificará el suministro de materias primas críticas y estratégicas, fortaleciendo la circularidad, la investigación y la innovación.

Finalmente, junto a las competencias indicadas, el Ministerio asume las de reto demográfico para afrontar los desafíos demográficos en España, como la despoblación, la dispersión territorial y los desequilibrios de la pirámide demográfica. En particular, afronta la asimetría poblacional en España, con una fuerte concentración de población en un número reducido de núcleos, con la consiguiente despoblación de la mayor parte de nuestro territorio, lo que provoca impactos negativos en el ámbito socioeconómico, medioambiental, cultural o patrimonial.

El objetivo es dar respuesta a los desafíos de los cambios demográficos, con los instrumentos adecuados, para la transformación y cohesión territorial, sin perjuicio de la necesidad de reforzar una visión de Estado, que de forma transversal esté presente en las políticas públicas con un impacto en el territorio.

El Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, crea con rango de Subsecretaría y dependientes de la persona titular del Ministerio, el Comisionado para las Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento, el Comisionado del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas y el Comisionado para la Economía Circular.

El Comisionado para las Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento, realizará las actuaciones en relación con el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA) resulten precisas para promover la correcta ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, asignados en esta materia, tales como la divulgación y la promoción de las políticas y planes para la transformación de las cadenas de valor de la transición energética y su integración en los distintos sectores de la economía o desarrollar las medidas de apoyo y la colaboración público-privada para facilitar el acceso y la información de los proyectos vinculados con el PERTE ERHA.

Por su parte, el Comisionado del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas impulsa, coordina y efectúa el seguimiento y propuesta de las actuaciones necesarias para la recuperación de humedales amenazados y afectados por el deterioro o carencia de los recursos hídricos de los que dependen para su adecuado funcionamiento ecosistémico. Asimismo, coordina los instrumentos financieros, medidas e iniciativas que se prioricen, tales como el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM), el Marco de Actuaciones para Doñana o el Marco de Actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana, así como el resto de Marcos o instrumentos de actuación que, desde el departamento ministerial, se quieran promover para la protección de espacios naturales de especial relevancia.

El Comisionado para la Economía Circular tiene como competencias la elaboración, revisión, seguimiento, impulso y divulgación de las políticas, estrategias y planes de la Administración General del Estado para el desarrollo de la economía circular, la promoción de su integración en el conjunto de las políticas económicas, sociales y económicas y el impulso y coordinación de la ejecución y el seguimiento del PERTE de Economía Circular.

Por último, cabe señalar que la especificidad de las funciones de la Dirección General de Planificación y Coordinación Energética en materia de desarrollo de la planificación y estrategia energética, en el marco del compromiso con la neutralidad climática a largo plazo que se refleja en los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, la elaboración de las propuestas normativas necesarias para la adaptación, en su caso, a la normativa de la Unión Europea, el seguimiento de los compromisos internacionales suscritos por España en materia de no proliferación nuclear, protección física de materiales e instalaciones nucleares y responsabilidad civil por daños nucleares, las referidas al uso racional de la energía y la eficiencia energética, incluidos sus mecanismos de financiación, las estrategias y políticas de lucha contra la pobreza energética y el acceso a la energía por los consumidores, especialmente los vulnerables, así como el seguimiento y la propuesta en relación con las políticas energéticas en el ámbito de las implicaciones ambientales y el desarrollo sostenible de la energía, el fomento de la electrificación de la demanda final, con especial atención a los sectores y consumos con un mayor coste de abatimiento de sus emisiones de gases de efecto invernadero, aconsejan que el nombramiento de su titular pueda efectuarse también entre personas con experiencia en el ejercicio en calidad de personal directivo en organismos reguladores sectoriales, en especial en materia energética, cuando para su nombramiento se exija el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.

El desarrollo de la estructura básica del Ministerio, para adecuar su organización a los requisitos de las políticas públicas cuya promoción le incumbe, se adecúa a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto, el principio de necesidad, se atiende a la necesidad de desarrollar la estructura orgánica del Ministerio de acuerdo con la estructura organizativa dispuesta por el citado Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, siendo, por tanto, eficaz y proporcionada, en el cumplimiento de este propósito, sin afectar en forma alguna a los derechos y deberes de la ciudadanía. También contribuye a dotar de mayor seguridad jurídica a la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, al adecuar aquella a la estructura de órganos directivos actualmente existente.

En cuanto al principio de transparencia, el proyecto identifica claramente su propósito en su contenido. Finalmente, el principio de eficiencia, se manifiesta en la racionalización, en su aplicación, del desempeño de las competencias en relación con las políticas públicas asignadas al Ministerio por el artículo 12 del citado Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre.

En su virtud, a iniciativa de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a propuesta del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de mayo de 2024,

DISPONGO:

Artículo 1. Organización general del Departamento.

Corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el ámbito de las competencias del Estado, la elaboración de la legislación estatal en materia de aguas y costas, cambio climático, protección de la biodiversidad, medio ambiente, montes, meteorología y climatología; la gestión directa del dominio público hidráulico de las cuencas intercomunitarias, del dominio público marítimo-terrestre; la representación del Estado en los organismos internacionales correspondientes a estas materias, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; así como la coordinación de actuaciones, la cooperación y la concertación en el diseño y aplicación de todas las políticas que afecten al ámbito de competencias de las comunidades autónomas y de las restantes administraciones públicas, propiciando su participación a través de los órganos e instrumentos de cooperación adecuados.

Asimismo, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la elaboración de la legislación estatal en materia de energía, el desarrollo de la política energética nacional, junto con las medidas destinadas a asegurar el abastecimiento energético, coordinación con el resto de ministerios y seguimiento de políticas en aquellos ámbitos relacionados con el cumplimiento de los objetivos en materia de política de energía, y la coordinación de la proyección exterior en la materia, garantizando una correcta regulación del sector y el análisis y seguimiento de los mercados energéticos, junto con las competencias que corresponden a la Administración General del Estado en materia de minería, todo ello en el marco de la transición ecológica justa.

Además, corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la elaboración y el desarrollo de la estrategia y la política del Gobierno frente al reto demográfico, así como la propuesta y ejecución de la política de lucha contra la despoblación.

La atribución de las anteriores competencias al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se produce sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología en relación con las potestades administrativas correspondientes a la citada Agencia.