Ley 11/2023, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2024

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene como objeto, por un lado, disponer la previsión de ingresos y la habilitación de gastos de los órganos, organismos y entes integrantes del sector público regional, y, por otro, establecer aquellas normas de naturaleza financiera que desarrollan y aclaran los estados cifrados para su ejecución congruente. Asimismo, tiene como objeto regular aquellas otras materias que, sin estar relacionadas directamente con los estados cifrados, poseen un carácter director de la política económica del Gobierno regional.

Por cuanto se refiere a la necesidad de la presente ley, a la vista de su objeto anteriormente expuesto, se configura como la pieza esencial en la ejecución del programa de la Administración regional que, desde un punto de vista económico y financiero, se materializa como un plan anual ordenado y cuantificado monetariamente que sirve de pauta para la adopción de decisiones cuya realización requiere de recursos financieros que, por naturaleza, son escasos. Desde una perspectiva jurídica, el Presupuesto de la Junta de Comunidades es una previsión normativa que ha de ser aprobada por las Cortes regionales y que, además, es obligatoria para el Consejo de Gobierno, tal y como se desprende del artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, así como del artículo 12.a) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, que establece el principio de reserva de ley presupuestaria. Por lo demás, la necesidad de esta ley se apoya también en el principio de anualidad presupuestaria, reconocido tanto en el mencionado artículo 51 del Estatuto de Autonomía, como en el artículo 13.1 del citado texto refundido.

La presente ley, además, contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad que con la misma se pretende cubrir. De este modo, además de contemplar el contenido esencial o indisponible, mínimo y necesario, concretado en la previsión de ingresos y habilitación de gastos para un ejercicio económico y en las normas de naturaleza financiera referidas a los estados cifrados, se contienen también aquellas otras normas indispensables para responder a los criterios de política económica, así como aquellas que se dirigen a dotar de una mayor inteligencia o a promover la mejor ejecución del presupuesto. Con ello, se da cumplimiento al principio de proporcionalidad exigible a toda iniciativa normativa.

En aplicación del principio de transparencia a propósito de la presente ley, hay que destacar que en su fase de elaboración se procedió a dar publicidad activa del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2024, junto con la documentación complementaria que se relaciona en el artículo 41 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en las letras a) y b) del apartado A del artículo 14 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, norma que exige asimismo publicitar dichos presupuestos una vez aprobados por las Cortes Regionales. Así mismo, una vez aprobados los presentes Presupuestos, son también objeto de publicación en los términos previstos en el citado texto legal.

Desde el punto de vista del principio de eficiencia, entendido como la necesidad de evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y de racionalizar la gestión de los recursos públicos, hay que señalar, en relación con el primer aspecto, que en los procedimientos diseñados en el articulado de la presente ley, en orden a garantizar una adecuada disciplina presupuestaria, la tendencia ha seguido siendo la de eliminar cualquier duplicidad de informes de control presupuestario a emitir desde la consejería competente en materia de hacienda en un mismo procedimiento. Respecto de la racionalización de los recursos públicos, hay que precisar que dos de los criterios seguidos a la hora de elaborar los presentes presupuestos han sido, por un lado, presupuestar con la finalidad de promover la mejora de la eficiencia en la prestación de los servicios, haciendo hincapié en la reducción de los gastos de funcionamiento no esenciales y en la mejora de los de carácter esencial; y, por otro, la austeridad en el funcionamiento de todos los órganos, organismos y entidades tanto administrativas, como instrumentales.

Por último, en lo que concierne a la seguridad jurídica, basta con señalar que la presente ley es coherente con el resto del ordenamiento jurídico y, en especial, con el marco normativo en el que se inserta y que se expone a continuación.

II

El marco normativo en el que se encuadran los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha viene presidido por el artículo 134 de la Constitución. Sobre la base del citado precepto constitucional, el artículo 21 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, en su referencia a los presupuestos autonómicos, destaca las exigencias mínimas que estos deben cumplir, tales como el principio de anualidad, la obligatoriedad de que incluyan la totalidad de los gastos e ingresos de los organismos y entidades que integran la Comunidad Autónoma, la consignación del importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos que tenga atribuidos, o, la necesidad de que sean elaborados con criterios homogéneos, de forma que permitan su consolidación con los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, debe mencionarse la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en desarrollo del artículo 135 de la Constitución. Dicha ley orgánica contiene numerosos aspectos que afectan igualmente a la normativa presupuestaria, siendo el más importante el principio de estabilidad presupuestaria, que exige que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a gastos o ingresos se realice en un marco de estabilidad presupuestaria coherente con la normativa europea.

Por último, ya en el ámbito autonómico, hay que citar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, cuyo artículo 51, dedicado a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, dispone que corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración y aplicación de dichos presupuestos y a las Cortes regionales su examen, enmienda y aprobación. Señala el mismo precepto, al abordar la regulación de su contenido, que el presupuesto será único, anual e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos de la Junta de Comunidades y de los organismos y entidades dependientes de la misma. Así mismo, continúa el citado artículo afirmando que se consignará en los presupuestos generales el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos atribuidos a la Comunidad Autónoma.

Estas determinaciones configuran el contenido mínimo e indisponible que ha de tener la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al que igualmente se refiere, con mayor concreción, el título II del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.

Finalmente, ha de completarse el marco normativo autonómico aludiendo a la Ley 11/2012, de 21 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ley que fue aprobada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.1 de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y de cuyos principios se hace eco la presente ley.

III

Dentro del marco normativo expuesto, la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, tanto para el conjunto de las Administraciones públicas, como para cada uno de los subsectores, constituye una pieza clave en el proceso presupuestario autonómico que marca inevitablemente la elaboración de los presupuestos generales de cada Comunidad Autónoma.

Sin embargo, en los últimos años, la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de crisis económica grave, y permite a los Estados miembros adoptar medidas presupuestarias para hacer frente adecuadamente a tales situaciones, ha estado activada. Dicha cláusula, que se traduce en una suspensión temporal de las reglas fiscales, se activó por primera vez para los años 2020 y 2021, se mantuvo en 2022 debido a la gravedad de las consecuencias económicas provocadas por la pandemia, y en 2023 motivado por la guerra de Ucrania y la subida sin precedentes de los precios de la energía.

De cara al ejercicio 2024, la Comisión, en la Comunicación de 8 de marzo de 2023, establece una serie de orientaciones para la política fiscal en dicho ejercicio, de las que se infiere el objetivo de apoyar la elaboración de los programas de estabilidad y convergencia de los Estados miembros y así reforzar la coordinación de las políticas. En este punto, la Comisión recordó que la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se desactivará a finales de 2023 y abogó por unas políticas fiscales en 2023 y 2024 que garanticen la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y aumenten el potencial de crecimiento de manera sostenible. Asimismo, invitó a los Estados miembros a que explicarán en sus programas de estabilidad y convergencia de 2023 el modo en que sus planes de política fiscal garantizarán el respeto del valor de referencia del déficit del 3 % del PIB y una reducción de la deuda verosímil y continuada, o su mantenimiento en niveles prudentes a medio plazo. Además, indicó también que propondrá al Consejo la apertura, en la primavera de 2024, de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

En la actualización del Programa de Estabilidad de 2023-2026, remitido a la Comisión Europea el 28 de abril de 2023, el Gobierno de España espera que el déficit de las Administraciones públicas españolas disminuya al 3,9 % del PIB en 2023, prolongando esta senda decreciente en los ejercicios siguientes. De esta forma, en 2024 se espera una nueva reducción del déficit hasta el 3 % del PIB, hasta el 2,7 % en 2025 y hasta el 2,5 % en 2026, situándose así el déficit por debajo del límite del 3 % establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento dos años antes de finalizar el periodo de referencia del Programa de Estabilidad. Igualmente, el Gobierno ha proyectado el déficit previsto de los distintos subsectores que conforman el total de Administraciones públicas, previendo un déficit para el subsector de las comunidades autónomas del 0,3 % en 2023, del 0,0 % para 2024 y un superávit del 0,1 % para 2025 y 2026.

En el ámbito de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, su artículo 3 regula el principio de estabilidad presupuestaria disponiendo que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha ley orgánica se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea, cuya regulación se enmarca en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por su parte, la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, tanto para el conjunto de las comunidades autónomas, como para cada una de ellas individualmente, se rige por lo dispuesto en los artículos 15 y 16, respectivamente, de la mencionada ley orgánica.

En los últimos ejercicios, 2020 a 2023, al igual que ha sucedido con la activación de la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en España, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, también se ha producido la excepción al principio de estabilidad presupuestaria, permitida en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia que escapen al control de las Administraciones públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

En cuanto al periodo 2024-2026, al momento de elaboración de la presente ley no han quedado establecidos aún los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril; y, como consecuencia de la activación de la cláusula de salvaguardia en los años 2020 a 2023, tampoco existen para 2024 objetivos de estabilidad aprobados en ejercicios precedentes conforme a lo dispuesto en la citada ley orgánica.

No obstante, el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, obliga en todo caso a las comunidades autónomas –además de al Estado y a las corporaciones locales- a aprobar un límite máximo de gasto no financiero «coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto», que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos. Dado que tampoco parece que para el ejercicio 2024 se den las circunstancias extraordinarias previstas en el artículo 11.3 de la mencionada ley orgánica; y, dado que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento volverá a estar activo para dicho ejercicio y que los Estados garantizarán el respeto al valor de referencia del déficit del 3 % del PIB, para la determinación del Límite de Gasto no Financiero de 2024 coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria, a falta del establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de Administraciones públicas y de los objetivos individuales para las comunidades autónomas, se toma como valor de referencia el establecido en la actualización del Programa de Estabilidad de 2023-2026, de 28 de abril de 2023, para el conjunto del subsector, es decir, el 0,0 % del PIB regional.

Por todo ello, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 11/2012, de 21 de diciembre, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, en la reunión celebrada el día 29 de agosto de 2023, acordó establecer un límite de gasto no financiero para los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2024 de 7.960,4 millones de euros, en términos de contabilidad nacional, excluidos los fondos finalistas.

Por su parte, las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión plenaria celebrada el día 7 de septiembre de 2023, muestran y dan su conformidad al límite de gasto no financiero para 2024 fijado por el Consejo de Gobierno en la cuantía indicada.

Finalmente, resta señalar que el límite de gasto así fijado y aprobado podrá ser ajustado o actualizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 11/2012, de 21 de diciembre.

IV

Los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2024 revisten una especial importancia pues marcarán el inicio de la XI Legislatura. De esta forma, reflejarán la concreción inicial de los compromisos políticos adquiridos por el Gobierno regional con la ciudadanía castellanomanchega bajo las premisas de colaboración, defensa de los intereses de Castilla-La Mancha y complicidad social. Serán, sin duda, un instrumento decisivo que contribuirá a seguir avanzando hacia la consecución del blindaje de los servicios y prestaciones fundamentales ligadas al Estado del Bienestar y, a su vez, impulsar una acción continuada en el tiempo con el objetivo de dinamizar la economía y sentar las bases de un modelo productivo competitivo y sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social.

Sin embargo, el camino hacia la consecución de esos grandes objetivos de legislatura no estará exento de dificultades, máxime cuando el contexto económico en el que han de desenvolverse los Presupuestos para 2024 sigue marcado por la incertidumbre. Si bien la eliminación definitiva de las restricciones asociadas a la crisis sanitaria del COVID-19 trajo consigo un periodo de recuperación económica, el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022 vino a alterar nuevamente el contexto geopolítico y económico, produciendo un fuerte repunte de los precios de las materias primas, la energía y los alimentos, así como unas menores perspectivas de crecimiento. En este punto, los principales riesgos actuales para la economía están relacionados con la evolución de las tensiones geopolíticas del momento, el mantenimiento de una inflación todavía en niveles muy altos y el impacto que el endurecimiento de la política monetaria para hacer frente a las presiones inflacionarias puede tener sobre la actividad económica.

En este contexto, en el cual las economías de familias y empresas sufren especialmente los efectos perniciosos de la inflación y los rigores de una política monetaria restrictiva, los Presupuestos para el ejercicio 2024 seguirán pivotando, por un lado, sobre la priorización de aquellas políticas de gasto más próximas a la ciudadanía dirigidas a mantener y potenciar una red de servicios y prestaciones públicas de calidad que ofrezcan protección a los más vulnerables; y, por otro, sobre la atención a las necesidades del tejido productivo y la contribución al sustento e impulso continuo de la actividad económica y del empleo.

Además, en el ejercicio 2024, las ayudas procedentes de la Unión Europea seguirán constituyendo un importante pilar para la ejecución de los compromisos y prioridades políticas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. De este modo, continuará el despliegue de los recursos financieros procedentes, tanto de los fondos europeos «Next Generation EU», como de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos que le corresponden a Castilla-La Mancha de acuerdo con el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, con vistas a seguir avanzando hacia un modelo económico basado en la transición energética y la sostenibilidad ambiental, en la digitalización como elemento modernizador e innovador del tejido empresarial, en la reducción de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, y en la atención y promoción de la juventud.

Igualmente, las políticas activas en materia de reto demográfico, proyectadas a medio y largo plazo en la Estrategia Regional Frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha 2021-2031, tendrán asignado un peso fundamental en los Presupuestos para 2024; y es que, con la finalidad de favorecer el asentamiento y la fijación de población, facilitando el desarrollo de nuevas actividades económicas y el fomento del emprendimiento, y garantizando la igualdad de derechos y oportunidades de las personas que viven en las zonas rurales afectadas por la despoblación, serán el alma que impregnará el desarrollo y ejecución de todas y cada una de las prioridades y políticas de gasto, así como el cumplimiento de los grandes objetivos en los que se enmarcan los Presupuestos para 2024.

Partiendo del marco en el que se desenvolverán los Presupuestos para 2024, así como de las máximas que inspiran la política presupuestaria regional, las mayores dotaciones financieras serán las destinadas al fortalecimiento de los servicios y prestaciones fundamentales ligadas al Estado del Bienestar, es decir, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Así, en el ámbito de la sanidad se realizará un gran esfuerzo presupuestario para continuar avanzando en la reducción de los tiempos máximos de espera, para la puesta en marcha de nuevas infraestructuras, servicios y tecnologías avanzadas, para la cobertura de nuevos tratamientos y para el impulso al conocimiento en materia de cambio climático y salud. En materia educativa, se seguirá impulsando la mejora y eficacia del sistema educativo para incrementar el éxito escolar, la reducción de la brecha digital del alumnado y el impulso de la competencia digital del alumnado, profesorado y centros. Por su parte, en el ámbito de los servicios sociales, también se llevará a cabo un importante esfuerzo presupuestario, especialmente, en el ámbito de la dependencia, priorizando la prevención, la promoción de la autonomía personal y la atención de las situaciones graves.

El impulso continuo de la actividad económica sobre la base de la atención a las necesidades del tejido productivo y la creación de empleo es el otro gran eje prioritario desde el punto de vista presupuestario, con más motivo, si cabe, en un contexto de intenso aumento de los tipos de interés oficiales que tienen su traducción en un endurecimiento de las condiciones de financiación de la economía. Por ello, los Presupuestos para 2024 cuentan con los recursos económicos necesarios para garantizar el apoyo a las empresas y al personal autónomo que tendrán su reflejo, entre otras, en actuaciones dirigidas a la mejora de la competitividad de las empresas por medio de la capacitación y de la incorporación de soluciones digitales, el apoyo de nuevos proyectos empresariales, el impulso de la competitividad de las empresas de la región en el exterior y el diseño de nuevos instrumentos financieros adaptados a las necesidades cambiantes de las personas autónomas y pymes. Asimismo, los Presupuestos para 2024 también ofrecerán cobertura financiera a los sectores económicos estratégicos para Castilla-La Mancha como son el turístico, el comercial y el artesano.

A la cabeza de los sectores económicos estratégicos de la región se sitúan, sin duda, el agrario y el ganadero, que contarán con los recursos presupuestarios necesarios para afrontar actuaciones tan importantes como las concernientes al relevo generacional y a la profesionalización del personal agricultor y ganadero mediante la mejora de su formación y de sus explotaciones. Igualmente, tendrán adecuado reflejo presupuestario las actuaciones necesarias dirigidas a paliar los efectos de la actual situación meteorológica de sequía, así como los que traen causa de los elevados precios de las materias primas. Por último, la mejora de la sanidad animal también será prioritaria en los Presupuestos para 2024.

En el ámbito de las políticas activas de empleo se seguirá incrementando el esfuerzo presupuestario durante 2024 para impulsar la contratación laboral indefinida, mejorar la empleabilidad de las personas mayores de 50 años, desempleadas de larga duración, en riesgo de exclusión y con discapacidad. También se promoverá el fortalecimiento del ecosistema emprendedor y se favorecerá la creación, consolidación y modernización de las cooperativas y sociedades laborales. Por último, en materia de formación profesional, se continuará promoviendo una oferta flexible y adaptada a las necesidades del sistema productivo.

Las políticas de gasto de desarrollo sostenible, entendido este como el desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales, pero sin comprometer los recursos y posibilidades de futuras generaciones, también contarán con importantes dotaciones económicas para financiar, entre otras, actuaciones relacionadas con el despliegue progresivo del parque de generación renovable, incluidas infraestructuras y el desarrollo de nuevas tecnologías; fomentar la movilidad sostenible; consolidar la gestión de los residuos a través de la ampliación del ámbito de recogida selectiva y la mejora de los centros de tratamiento de residuos urbanos; y la defensa de las masas forestales frente a incendios y otros episodios catastróficos.

Finalmente, el apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación siguen teniendo un papel protagonista en los Presupuestos para 2024 que, a tal fin, consigna recursos económicos para, entre otras actuaciones, aumentar el capital humano e incrementar la inversión en I+D+i, favorecer la cooperación de los entes innovadores de la región e impulsar la creación de nuevas asociaciones y clústeres empresariales con fuerte componente I+D+i, y completar y consolidar el mapa regional de infraestructuras de investigación. Igualmente, serán objetivos prioritarios potenciar el desarrollo y la innovación basadas en la tecnología 5G, IOT e inteligencia artificial.

En otro orden de cosas, los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2024 presentarán un cuádruple enfoque transversal de análisis, a saber: el impacto de género, el alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el impacto en la infancia y el impacto demográfico y de lucha frente a la despoblación en las políticas presupuestarias. Dichos enfoques transversales de análisis se proyectarán respectivamente en el Informe sobre impacto de género, en el Informe sobre alineamiento presupuestario con los objetivos de desarrollo sostenible contemplados en la Agenda 2030, en el Informe sobre el impacto presupuestario en la infancia y, en la Memoria de impacto demográfico y de lucha frente a la despoblación en los presupuestos.

En el caso de los tres primeros informes citados, se trata, además, de documentación complementaria que ha de acompañar al proyecto de Ley de Presupuestos para 2024 de conformidad con el artículo 41, apartados i), j) y k), del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. Por su parte, la Memoria de impacto demográfico y de lucha frente a la despoblación en los presupuestos, se ha de realizar con base en lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.

En definitiva, los mencionados informes, así como el impacto demográfico y de lucha frente a la despoblación, tendrán por objeto ofrecer una visión de los efectos presupuestarios en las políticas que promueven y, en su caso, determinar la adopción de las medidas correctoras que sean necesarias para favorecer dichas políticas.

V

El texto articulado se estructura en 6 títulos comprensivos de 70 artículos, que se completan en su parte final con 19 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria, 1 disposición derogatoria y 3 disposiciones finales. Se adjuntan al mismo 4 anexos de desarrollo relativos a la agrupación por funciones de los créditos presupuestarios; a los presupuestos de explotación y capital de las empresas y fundaciones del sector público regional; a las retribuciones de los empleados públicos; y, por último, a los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros docentes no universitarios con unidades concertadas.

En el título I, «De la aprobación de los presupuestos y sus modificaciones», el capítulo I contiene el ámbito de aplicación de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los presupuestos de los órganos, organismos y entidades que los integran. Asimismo, se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos de las fundaciones y empresas públicas, cuyos presupuestos de explotación y capital se detallan en el anexo II. Una cláusula de cierre permite la incorporación a este ámbito de otros sujetos, conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, ofreciendo así una imagen fiel de la situación patrimonial y económica de la Administración regional.

En este capítulo se recoge asimismo la financiación de los créditos aprobados y se refleja el importe de los beneficios fiscales procedentes de los tributos sobre los que la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha posee capacidad normativa.

El capítulo II de este título responde al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera contemplados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y, en el ámbito autonómico, en la Ley 11/2012, de 21 de diciembre.

Finalmente, el capítulo III regula, de un lado, la limitación y vinculación de los créditos presupuestarios; y, de otro, el régimen de las modificaciones de crédito. A propósito de estas últimas, se establecen sus principios generales y diversas reglas generales y especiales sobre las transferencias de crédito, las relativas a los sujetos del sector público instrumental y algunas excepciones concernientes al régimen competencial en esta materia establecido en el artículo 57 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha; se detallan, asimismo, los créditos que tienen carácter ampliable de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 de la citada norma; y, por último, se establecen supuestos específicos de generación de créditos y normas específicas en materia de incorporación de créditos, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 54 y 56, respectivamente, de dicho texto refundido.

En otro orden de cosas, se determinan las bases para establecer el régimen de las imputaciones de crédito, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 36.2.b) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha; se fija el límite máximo que puede conceder el Consejo de Gobierno como anticipo de tesorería al amparo del artículo 51 del mencionado texto refundido y, finalmente, se habilita a la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda para llevar a cabo las posibles adaptaciones técnicas del presupuesto como consecuencia de reorganizaciones administrativas, entre otros supuestos.

El título II, «De la ejecución y liquidación presupuestaria», se estructura en cuatro capítulos. El primero de ellos agrupa distintas normas relacionadas con la ejecución presupuestaria de los sujetos del sector público regional con presupuesto limitativo. De este modo, se incluye aquí un régimen de autorización previa por parte del Consejo de Gobierno de determinados actos o negocios jurídicos que conlleven la aprobación de gastos por los órganos competentes de la Administración regional, sus organismos autónomos y entidades de derecho público, en consonancia con el principio de responsabilidad en la gestión de los servicios públicos.

También se introducen determinadas normas cuyo objetivo es mantener la disciplina presupuestaria. A este fin responde la obligación de que todo proyecto de disposición de carácter general, los convenios, planes, programas, acuerdos, así como determinadas subvenciones y contratos del sector público en los que participen los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del precepto en cuestión, que impliquen gastos o minoración de ingresos en ejercicios presupuestarios futuros, requieran con carácter previo el informe favorable de la dirección general competente en materia de presupuestos.

El capítulo II engloba diversos preceptos relacionados con el seguimiento y control de los sujetos del sector público regional con presupuesto estimativo. De esta forma, con la finalidad de preservar el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera se contemplan, en primer lugar, una serie de disposiciones generales dirigidas a controlar las aportaciones a empresas, fundaciones y consorcios del sector público regional mediante su consignación nominativa en los estados de gastos de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de la obligación de los representantes de la Administración regional en sus órganos de administración y dirección a no dar su conformidad a la aprobación de actuaciones, planes o programas que impliquen gastos que puedan suponer un riesgo en el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. Además, en la idea de que el seguimiento y control no recaiga en exclusiva en la consejería competente en materia de hacienda, también se potencia la obligación de las consejerías, organismos autónomos y entidades públicas para velar, en primera instancia, porque los sujetos del sector público regional con presupuesto estimativo que se les adscriban no incurran en déficit de explotación o de capital.

Por otra parte, también se contempla la necesidad de llevar a cabo un control previo, en función de la cuantía, de los gastos a llevar a cabo por parte de empresas y fundaciones del sector público regional, así como de determinadas modificaciones de sus presupuestos de explotación o de capital. Asimismo, se hace especial hincapié en el seguimiento y control de los encargos a los que se refiere la legislación de contratos del sector público realizados a sujetos del sector público regional con presupuesto estimativo considerados medios propios, así como de los convenios en los que participen. Por último, se incluyen dentro de este capítulo las normas concernientes a la contratación de personal en las empresas y fundaciones pertenecientes al sector público regional y a sus mecanismos de control.

El capítulo III, por su parte, contempla una serie de preceptos que, si bien no encuentran su encaje en los capítulos anteriores, persiguen una misma finalidad que no es otra que contribuir al mantenimiento de la disciplina presupuestaria. En este sentido, se regula el control de la creación y participación en fundaciones, consorcios y asociaciones. También se regula en este capítulo el régimen de los libramientos de los créditos correspondientes a las Cortes de Castilla-La Mancha, así como de los créditos correspondientes a transferencias a organismos autónomos y otros entes públicos, y de las subvenciones nominativas. Finalmente, en cumplimiento de las exigencias del principio de transparencia, se establecen las bases para llevar a cabo la información y publicidad de la ejecución presupuestaria.

El capítulo IV, como cierre del título II de la presente ley, se refiere a la liquidación de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El título III, «De los créditos de personal», consta de dos capítulos referidos, respectivamente, al régimen retributivo y a otras disposiciones en materia de personal. El capítulo I delimita el ámbito subjetivo de aplicación de disposiciones relativas a las retribuciones de los empleados públicos. En relación con las mismas, se establece una regulación por remisión a la legislación básica del Estado.

Este capítulo contiene, asimismo, normas específicas reguladoras del régimen retributivo de los distintos colectivos de personal empleado público, incluido el personal funcionario interino y el personal eventual que están sujetos, igualmente, a la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha.

En el capítulo II se recogen disposiciones de adaptación de la normativa autonómica a la legislación básica estatal y medidas dirigidas a aumentar la eficiencia en la gestión del gasto público en materia de personal.

La importancia de los costes de personal en el conjunto del presupuesto de gastos y la necesidad de preservar los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera son el fundamento de la competencia atribuida a la consejería competente en materia de hacienda sobre el control de los costes de personal, que se completa con la necesidad de que la dirección general competente en materia de presupuestos emita un informe favorable con carácter previo sobre cualquier actuación en materia de gestión de personal que tenga repercusión en el gasto público.

Este capítulo contiene asimismo disposiciones sobre competencias en materia de relaciones de puestos de trabajo, medidas de seguimiento de la plantilla presupuestaria, oferta de empleo público y contratación o nombramiento de personal funcionario interino y otro personal temporal. En materia de oferta de empleo público, se recoge la posibilidad de proceder a la incorporación de nuevo personal en el sector público, con una tasa de reposición que se fijará de acuerdo con lo establecido en la normativa básica del Estado; y, además, se establece la posibilidad de disponer de tasas específicas y adicionales, tanto para el refuerzo de determinados sectores, como para la estabilización del empleo temporal en los términos y condiciones previstas en la normativa básica del Estado.

El título IV, «De la gestión de los presupuestos docentes», regula en su capítulo I las medidas de financiación de los diferentes servicios educativos prestados en centros docentes no universitarios con unidades concertadas financiadas con fondos públicos. Se fijan los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de dichos centros docentes, incluido el destinado a la financiación de la Formación Profesional Básica, y se establecen medidas dirigidas al mantenimiento del empleo.

El capítulo II de este título recoge las cuantías correspondientes a los costes del personal docente e investigador, personal investigador y personal técnico, de gestión y de administración y servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El título V, «De las operaciones financieras», regula en su capítulo I, dedicado al endeudamiento, el régimen de dichas operaciones y el procedimiento de su autorización. El capítulo II, por su parte, versa sobre la regulación de la concesión de avales a las entidades y empresas públicas que forman parte del sector público regional.

Finalmente, el título VI, «Medidas tributarias», regula el tipo de gravamen del canon de aducción y del canon de depuración. También establece la afectación de los ingresos obtenidos por la recaudación del Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, y, la afectación de los recursos procedentes de la recaudación del denominado canon eólico.

El texto articulado se cierra con 19 disposiciones adicionales que afectan a diversas cuestiones, como por ejemplo, la posibilidad de desconcentrar competencias en diferentes materias a favor no sólo de los órganos centrales de las consejerías, sino también de los órganos periféricos, que pudiera traer causa, fundamentalmente, de eventuales cambios en la estructura orgánica de las diferentes consejerías de la Administración regional; aspectos concretos de las funciones de control interno que lleva a cabo la Intervención General; las disposiciones relativas a la reserva para la participación en procedimientos de adjudicación de determinados contratos del sector público a centros especiales de empleo y empresas de inserción; o la concreción del crédito presupuestario destinado al denominado porcentaje cultural en Castilla-La Mancha.

La parte final contempla también una disposición transitoria que regula, en el ámbito de los fondos europeos agrícolas, un régimen transitorio sobre la posibilidad de que determinados ingresos puedan dar lugar a la realización de generaciones de créditos al amparo de situaciones producidas con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento (UE) núm. 2021/2116, de 2 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común, que han de pervivir provisionalmente hasta el agotamiento de sus efectos.

Por cuanto respecta a las disposiciones finales, la primera de ellas contempla una modificación legislativa que afecta a la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación; concretamente, a su artículo 30, concerniente a los compromisos de gasto de carácter plurianual relacionados con los fondos europeos a los que se refiere el ámbito de aplicación de dicha ley. La modificación en cuestión tiene un doble objetivo: por un lado, reconducir los compromisos de carácter plurianual previstos en dicho precepto al régimen ordinario previsto en el artículo 48 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha; y, por otro, limitar el número de ejercicios a los que pueden aplicarse estos compromisos de gasto de carácter plurianual, que no podrán extenderse más allá del año 2026, en coherencia con el horizonte temporal de los fondos a los que afecta.

El resto de disposiciones finales regulan, por un lado, las habilitaciones normativas a favor, tanto del Consejo de Gobierno, como de la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, para llevar a cabo las adecuaciones y actualizaciones que sean precisas de conformidad con la legislación estatal ya sea básica, o de general aplicación, así como, por una parte, el desarrollo de la presente ley y, por otra, su entrada en vigor.

TÍTULO I. De la aprobación de los presupuestos y sus modificaciones

CAPÍTULO I. Créditos iniciales y su financiación

Artículo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

1. Mediante la presente ley se aprueban los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2024, que están integrados por:

1.º Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha.

2.º Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

3.º Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.

4.º Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

5.º Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha.

1.º Entidad Pública Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.

2.º Ente Público Radio Televisión de Castilla-La Mancha.

3.º Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.

1.º Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, SA.

2.º Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, SA, y sociedades dependientes.

3.º Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA.

4.º Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, SA.

5.º Radio Autonómica de Castilla-La Mancha, SAU.

6.º Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha, SAU.

7.º Empresa Pública de Promoción del Turismo y la Artesanía de Castilla-La Mancha, SA.

1.º Fundación Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha.

2.º Fundación para el Impulso de la Investigación Aplicada y la Innovación Tecnológica en Castilla-La Mancha.

3.º Fundación Impulsa Castilla-La Mancha.

4.º Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha.

5.º Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos para la Investigación y la Integración.

6.º Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca.

7.º Fundación Colección Roberto Polo.

8.º Fundación Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha.

9.º Fundación Castilla-La Mancha, Tierra de Viñedos.

2. Se integran, asimismo, en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2024 los de aquellos otros sujetos no incluidos en el apartado 1 que formen o pasen a formar parte del sector público regional conforme a lo establecido en el artículo 4 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Artículo 2. Aprobación de los estados de gastos e ingresos de los sujetos relacionados en el artículo 1.1, letras a), b), c) y d).

1. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos del presupuesto de los sujetos mencionados en el artículo 1.1, letras a), b), c) y d), se aprueban créditos por importe de 12.473.342.760,00 euros, cuya agrupación por funciones se detalla en el anexo I.

2. Para la realización de transferencias internas desde la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, hacia los organismos autónomos mencionados en el artículo 1.1.c) y hacia las entidades públicas contempladas en el artículo 1.1.d), o entre dichos organismos y entidades entre sí, se aprueban créditos por importe de 3.698.424.430,00 euros, que se distribuyen como a continuación se indica:

Artículo 3. Financiación de los créditos aprobados en el artículo 2.

Los créditos aprobados en el artículo 2, que ascienden a 12.473.342.760,00 euros, se financiarán:

Artículo 4. Aprobación de los presupuestos de explotación y capital de los sujetos relacionados en el artículo 1.1, letras e) y f).

Se aprueban los presupuestos de explotación y capital de las empresas y fundaciones del sector público regional, que incluyen las estimaciones de gastos e ingresos referidas a sus estados financieros por los importes que se reflejan en el anexo II.

Artículo 5. Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales procedentes de los tributos sobre los que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha posee capacidad normativa se estiman en 356.427.640,00 euros.

CAPÍTULO II. De la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

Artículo 6. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se presentan y aprueban en los términos y condiciones previstos para la instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria previsto, tanto en la legislación estatal de general aplicación en la materia, como en la Ley 11/2012, de 21 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Artículo 7. Disponibilidad de los créditos.

1. En el caso de apreciarse un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda podrá aprobar una declaración de no disponibilidad de créditos consignados en el presupuesto de gastos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la cuantía y distribución necesaria, así como cualesquiera otras medidas preventivas o correctivas para reconducir la ejecución presupuestaria dentro de los límites que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

Asimismo, podrá hacer uso de esta facultad en los casos previstos en los artículos 19, 23 y 24.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y adoptará las correspondientes medidas en el supuesto de que se activen las medidas coercitivas establecidas en los artículos 25 y 26 de dicha ley orgánica.

2. La declaración de no disponibilidad de créditos a que se refiere el apartado 1, de la que se dará cuenta al Consejo de Gobierno, tendrá carácter transitorio en tanto se sustancia el procedimiento previsto en el artículo 15 de la Ley 11/2012, de 21 de diciembre.

3. Respecto de los sujetos instrumentales a los que hace referencia el artículo 1.1, letras e) y f), la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda podrá determinar el establecimiento de sistemas de control adicionales o de fiscalización previa de todas las actuaciones de la entidad, así como la retención de las aportaciones o contraprestaciones financieras de cualquier naturaleza hasta tanto se regularice la situación o se adopten medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo aprobado.

Artículo 8. Fondo de Contingencia.

1. Se consigna en el capítulo 5 del presupuesto de gastos un Fondo de Contingencia destinado a financiar las necesidades que pudieran surgir en el ejercicio corriente y que fueran inaplazables, de carácter no discrecional, y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado.

2. Las condiciones de aplicación del Fondo de Contingencia se ajustarán al régimen general previsto para las modificaciones presupuestarias en el capítulo II, del título II, del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y en esta ley, así como a las limitaciones contempladas en el artículo 7 de la Ley 11/2012, de 21 de diciembre.

CAPÍTULO III. Los créditos presupuestarios y sus modificaciones

Artículo 9. Limitación y vinculación de los créditos.

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados inicialmente por esta ley, o por las modificaciones aprobadas de conformidad con la legislación vigente.

2. Los créditos autorizados en los programas de gasto tienen carácter limitativo y vinculante, con sujeción a la clasificación orgánica, funcional y económica, a nivel de concepto.

No obstante, se establecen con carácter general las siguientes excepciones:

1.º Los créditos comprendidos en el capítulo 1 «Gastos de personal», salvo los que se refieren al artículo 15 de la clasificación económica «Incentivos al rendimiento», que vincularán a nivel de concepto, y los que se contemplan en la letra c).

2.º Los créditos comprendidos en el capítulo 3 «Gastos financieros».

3.º Los créditos comprendidos en el capítulo 6 «Inversiones reales».

4.º Los créditos comprendidos en el capítulo 9 «Pasivos financieros».

1.º Los créditos comprendidos en el capítulo 2 «Gastos en bienes corrientes y servicios».

2.º Los créditos comprendidos en el capítulo 8 «Activos financieros».

1.º Los créditos comprendidos en el capítulo 1 «Gastos de personal» destinados a las retribuciones del personal funcionario interino, excluido el personal docente no universitario, para la realización de programas temporales o para sustituciones, y a las retribuciones de personal laboral temporal por sustitución, según su clasificación orgánica y funcional.

2.º Las subvenciones y transferencias nominativas.

No obstante, cuando existan diversas aplicaciones presupuestarias asociadas a un mismo fondo la vinculación entre ellas será la que corresponda a los créditos en función de la naturaleza del gasto, según se establece en el artículo 46.3 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y en este artículo con carácter general.

Asimismo, a los únicos efectos de lo dispuesto en el artículo 48 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, la vinculación de los créditos con financiación específica procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del Fondo Social Europeo, de la Iniciativa de Garantía Juvenil, del Fondo Social Europeo Plus y del Fondo de Compensación Interterritorial será la que corresponda en función de la naturaleza del gasto, según se establece en la mencionada legislación y en este artículo con carácter general.

3. Los créditos comprendidos en el capítulo 1 «Gastos de personal» del presupuesto de gastos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo, según su clasificación orgánica y funcional, excepto:

4. En todo caso, tienen carácter vinculante, con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos, los créditos destinados a atenciones protocolarias y representativas, así como los declarados ampliables en el artículo 12, excepto los correspondientes a los capítulos 3 «Gastos financieros», y 9 «Pasivos financieros».

5. La persona titular de la consejería competente en materia de hacienda podrá establecer vinculaciones con un mayor nivel de desagregación en aquellos supuestos que estime conveniente para un mejor seguimiento de la ejecución presupuestaria.

6. La vinculación de los créditos y el carácter limitativo que dispone la presente ley no excusa, en ningún caso, de la contabilización del gasto, que se hará en la estructura presupuestaria correspondiente con la máxima desagregación. Además, se reflejará el proyecto de gasto cuando se trate de contabilizar transferencias corrientes y de capital, así como inversiones reales u otro tipo de gastos para los que se establezca la obligación de incorporar proyectos de gasto de conformidad con el artículo 50.2 de la Orden 26/2023, de 8 de febrero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban las normas de desarrollo del Plan General de Contabilidad Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se regula el marco operatorio de la contabilidad pública.

Artículo 10. Principios generales de las modificaciones de los créditos presupuestarios.

1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, salvo en aquellos extremos que resulten modificados o exceptuados por la presente ley.

2. Las modificaciones presupuestarias que conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y en la presente ley corresponda autorizar, bien al Consejo de Gobierno, bien a la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda, requerirán el informe preceptivo y vinculante de la dirección general competente en materia de presupuestos como último trámite antes de su autorización.

Asimismo, requerirán dicho informe, como último trámite antes de su autorización, aquellas modificaciones presupuestarias que afecten a los créditos referidos en el artículo 9.2.d) cuya autorización corresponda a las personas titulares de las consejerías y de los órganos con dotaciones presupuestarias diferenciadas.

3. Toda modificación en los créditos del presupuesto se tramitará a través de un expediente en el que se reflejará expresamente la sección, el órgano gestor, el programa, el artículo, el concepto, el subconcepto y el proyecto de gasto, en su caso, afectados por la misma, con independencia del nivel de vinculación de los créditos afectados, así como las razones que justifiquen la propuesta de modificación.

Asimismo, todas aquellas modificaciones presupuestarias que afecten a los créditos correspondientes al Fondo de Compensación Interterritorial, al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, a la Iniciativa de Garantía Juvenil, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y a los créditos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, incluirán en el expediente un informe no vinculante del órgano responsable de la gestión de los fondos ante la autoridad estatal o comunitaria que se pronuncie sobre la repercusión en la senda de ingresos y gastos previstos, sobre su distribución temporal y sobre la conveniencia o no de realizar dicha modificación.

4. La consejería competente en materia de hacienda podrá determinar los requisitos procedimentales adicionales que considere convenientes para la tramitación de las modificaciones presupuestarias.

Artículo 11. Normas específicas sobre las modificaciones de crédito que afecten a los sujetos del sector público regional con presupuesto estimativo.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en relación con las competencias en materia de modificaciones de crédito, tanto en el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, como en el articulado de esta ley, los expedientes de modificaciones de crédito en las diferentes secciones de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que afecten a las transferencias o aportaciones de cualquier naturaleza a favor de los sujetos enumerados en el artículo 1.1, letras e) y f), así como de aquellos sujetos a los que se refiere el artículo 1.2 que tengan la obligación de elaborar presupuestos de explotación y capital, cuya autorización no corresponda al Consejo de Gobierno, deberán ser autorizados por la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda.

Dichos expedientes deberán incluir las repercusiones que las citadas modificaciones puedan producir en el presupuesto de explotación o de capital y, en su caso, en el programa de actuaciones, inversión y financiación de la respectiva empresa o fundación.

2. Cuando la modificación comporte una alteración que incremente o disminuya en más del 20 por ciento el presupuesto inicial de explotación o de capital de los sujetos a los que se refiere el apartado 1, la modificación de crédito deberá acordarla el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería a la que estén adscritos.

3. A los efectos previstos en el apartado 2, se entenderá como presupuesto inicial de explotación o de capital el resultante de la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por las Cortes regionales.

Artículo 12. Créditos ampliables.

1. Tienen carácter ampliable, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y, hasta el límite de las obligaciones que se reconozcan en el ejercicio corriente o de las necesidades que debiendo atenderse durante el mismo superen la dotación asignada al crédito correspondiente, los siguientes créditos:

2. Igualmente, tendrán carácter ampliable aquellos créditos presupuestarios destinados a financiar obligaciones derivadas de actuaciones o proyectos a realizar en el marco del plan comunitario de recuperación «Next Generation EU».

Las ampliaciones de crédito a realizar en virtud de lo dispuesto en el presente apartado tendrán como fuente de financiación los fondos, mecanismos y demás instrumentos financieros expresamente vinculados al plan de recuperación comunitario «Next Generation EU».

El alcance de la ampliación vendrá determinado por la diferencia entre la cuantía económica de la actuación o proyecto en cuestión, y lo consignado en el presupuesto.

Artículo 13. Normas específicas sobre transferencias de crédito.

1. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 53.1.c) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha a aquellas transferencias de crédito que:

1.º A los créditos afectados financiados con recursos de naturaleza condicionada.

2.º A los créditos dotados con fondos propios destinados a la cofinanciación de actuaciones de naturaleza condicionada o finalista.

3.º A los créditos con financiación específica procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, del Fondo Social Europeo, de la Iniciativa de Garantía Juvenil, del Fondo Social Europeo Plus y del Fondo de Compensación Interterritorial.

2. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 53.1.a) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha a las modificaciones relativas al pago de la Deuda Pública, siempre que el crédito no haya sido objeto previamente de ampliación y que estas modificaciones no reduzcan la capacidad de financiación de la Comunidad Autónoma en el ejercicio.

Tampoco serán de aplicación dichas limitaciones a las transferencias que tengan como origen créditos cuya fuente de financiación sean los fondos vinculados al programa «Next Generation EU». Esta excepción tendrá efecto incluso aunque el crédito haya sido objeto previamente de ampliación.

Artículo 14. Imputaciones de crédito.

1. Corresponde a la persona titular de la consejería con competencias en materia de hacienda determinar el procedimiento para la aplicación de los supuestos previstos en el artículo 36.2.b) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.

En dicho procedimiento se dejará constancia, en todo caso, de las causas por las que no se procedió a la imputación al presupuesto en el ejercicio en que se generó la obligación.

2. En el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha la competencia a que se refiere el apartado 1 será ejercida por la persona titular de la Dirección Gerencia de dicho organismo autónomo, dejando igualmente constancia de las causas por las que no se procedió a la imputación al presupuesto en el ejercicio en que se generó la obligación.

Artículo 15. Generación de créditos.

1. En virtud de la previsión establecida en el artículo 54.1.f) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, podrán generar crédito en los estados de gastos de las secciones que sean respectivamente competentes los mayores ingresos que, en su caso, se produzcan respecto de las cuantías previstas en el presupuesto inicial aprobado en la presente ley, en los siguientes supuestos:

Para generar crédito en los supuestos anteriormente enunciados será requisito indispensable la efectiva recaudación de los derechos reconocidos.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 54.5 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha:

1.º Los recursos asignados por los distintos programas o mecanismos de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas aprobados por el Estado.

2.º El exceso de recursos derivado de las diferencias positivas entre las entregas a cuenta de los recursos sujetos a liquidación en el ámbito del sistema de financiación autonómica, y las cantidades consignadas por este concepto en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

3.º El exceso de recursos derivado de las diferencias positivas entre la liquidación definitiva de los recursos procedentes del sistema de financiación autonómica, y las cantidades consignadas por este concepto en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

4.º Los recursos financieros procedentes de devoluciones o reembolsos no previstos de aportaciones de la Administración de la Junta de Comunidades destinadas a cubrir la deuda de empresas y fundaciones pertenecientes al sector público regional.

3. Las generaciones de crédito derivadas de los supuestos contemplados en el artículo 54.1, letras a) y g) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, podrán realizarse cuando exista un compromiso firme de aportación siempre que el ingreso se prevea realizar en el mismo ejercicio presupuestario.

4. Mediante orden de la persona titular de la consejería con competencias en materia de hacienda se podrá determinar el procedimiento, los requisitos y la metodología necesaria para la generación de crédito en los estados de gastos, en los supuestos contemplados en el presente artículo.

Artículo 16. Generación de crédito en el ámbito de los fondos europeos agrícolas.

1. Los ingresos obtenidos en aplicación del artículo 56.3 del Reglamento (UE) núm. 2021/2116, de 2 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común, así como los ingresos derivados de reintegros producidos que hubiesen sido objeto de liquidación al organismo pagador mediante liquidación, según la sección 2, del capítulo IV del título III del citado reglamento, podrán generar crédito en los estados de gastos para satisfacer los importes derivados de la corresponsabilidad financiera según la disposición adicional quinta del Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

2. Asimismo, podrán generar crédito en los estados de gastos para su devolución al Fondo Español de Garantía Agraria o al ministerio competente en materia de agricultura, los ingresos procedentes de reintegros del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y de la aportación de la Administración General del Estado.

Artículo 17. Normas específicas sobre incorporaciones de créditos.

Los importes no ejecutados en el ejercicio 2023 de los créditos presupuestarios destinados a financiar actuaciones o proyectos en el marco del instrumento de recuperación «Next Generation EU», podrán ser objeto de incorporación a los presupuestos de gastos del presente ejercicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.1.e) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.

Igualmente, dichos importes podrán ser objeto de incorporación en el supuesto previsto en el artículo 12.2, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.1.f) del citado texto refundido.

Artículo 18. Competencias en materia de modificaciones presupuestarias.

1. Las competencias para autorizar las modificaciones presupuestarias se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta las siguientes excepciones:

1.º Autorizar las transferencias de crédito que afecten a créditos encuadrados en programas de distinto grupo de función, pero de la misma sección presupuestaria.

2.º Autorizar las transferencias de crédito que afecten a créditos del capítulo 1 «Gastos de personal», comprendidos en programas correspondientes a distintos grupos de función.