Ley 4/2026, de 28 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2026

PREÁMBULO

I

El artículo 56 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, dispone que corresponde al Gobierno la elaboración y aplicación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cantabria y al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y control. Asimismo, ordena que el Presupuesto sea único, tenga carácter anual e incluya la totalidad de los gastos e ingresos de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de los organismos y entidades dependientes de la misma. Igualmente se consignará en él el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos atribuidos a la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En consecuencia, la norma institucional básica de nuestra Comunidad Autónoma ha regulado el contenido necesario que ha de tener la Ley de Presupuestos.

Por otra parte, es preciso señalar que estos presupuestos han sido elaborados en el marco de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria (en adelante LFC), y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011, en el que se establecen los principios que deben regir los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria como la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.

II

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cantabria es el instrumento mediante el cual se consignan los objetivos estratégicos de las diferentes políticas públicas, así como los recursos específicamente destinados a su adecuado cumplimiento; es por ello que el presupuesto se configura como una herramienta fundamental para armonizar el adecuado equilibrio entre los diferentes ingresos públicos y los gastos destinados a la atención de los servicios públicos, buscando que la correspondiente ejecución presupuestaria alcance niveles óptimos de eficiencia. En este sentido, y fruto de una adecuada planificación, que ha tenido como punto de partida el análisis de la situación actualizada y real de cada una de las entidades y unidades que configuran el presente presupuesto, las cuentas públicas que se presentan para el ejercicio 2026 inciden de manera fundamental en la mejora de las condiciones esenciales de las diferentes políticas públicas que constituyen el Estado Social y Democrático de Derecho establecido en la Constitución Española, apostando de manera decidida por un presupuesto expansivo, que avanza hacia una presupuestación real en todos los ámbitos, con especial énfasis en los ámbitos sanitario y docente, en los que la evolución legislativa, que extiende cada vez más los niveles de protección preexistentes, y la necesidad de atención inmediata de nuevas necesidades que se producen de manera sobrevenida en esos ámbitos (atención de cada vez más alumnado con necesidades educativas especiales, reducción de ratios en las aulas, mejora en la atención sanitaria, con existencia de nuevos tratamientos farmacológicos de costes más elevados, o ampliación del nivel de protección en el ámbito social, entre otras), obliga a realizar esfuerzos presupuestarios adicionales de manera permanentemente actualizada. Merecen una mención específica las cantidades consignadas con el objetivo de la mejora de las condiciones laborales del personal docente y del personal estatutario, así como la recuperación de la posibilidad de la prolongación de la permanencia en el servicio activo de los empleados públicos al servicio de la administración autonómica.

El momento en el que va a desplegar sus efectos la presente Ley de Presupuestos viene caracterizado por la gran incertidumbre a escala mundial como consecuencia del conflicto bélico en Oriente Próximo, que ya está teniendo significativos efectos en la actividad económica de todos los Estados, materializándose en la subida de aranceles, fletes de transportes y costes de carburantes y de producción energética en general, lo que repercute sin lugar a duda en las economías internas.

Otro de los objetivos esenciales que se conseguirá indudablemente con la aprobación del presente Presupuesto, viene configurado por la continua senda descendente del stock de deuda pública de la Comunidad Autónoma, en sintonía con las líneas maestras de las reglas fiscales impuestas por las instituciones de la Unión Europea, cuyo hito esencial viene impuesto por la activación, para todas las Administración Públicas durante el ejercicio 2026, de la regla de gasto, que impone un límite para el gasto no financiero que, en el caso de las Comunidades Autónomas, no podrá exceder del 3,5 %. Todo lo anterior, no pudiendo obviar la inédita situación de la Administración del Estado que se dirige a una tercera prórroga presupuestaria consecutiva que dificulta sobremanera la gestión de los recursos públicos del resto de Administraciones territoriales introduciendo una variable de incertidumbre que no favorece en modo alguno la ejecución de las competencias que tienen atribuidas las Comunidades Autónomas.

Este presupuesto dota de mayores recursos a servicios públicos esenciales –Salud, Educación, Servicios Sociales, Empleo y Vivienda– para ampliar la red de apoyo y protección a las familias, pymes y autónomos, incorporándose en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas determinadas medidas fiscales tendentes a la reducción de la presión fiscal en las adquisiciones de inmuebles destinados a vivienda habitual, así como en la compraventa de viviendas por parte de los jóvenes, contemplándose igualmente medidas dirigidas a mitigar los gastos ocasionados a personas afectadas por ELA o el resto de enfermedades raras, así como medidas en el ámbito de la discapacidad. Igualmente, se incluyen incentivos fiscales tendentes a reforzar el compromiso medioambiental, favoreciendo el reciclaje, así como la práctica deportiva, que a la larga redunda en una mayor salud y bienestar de la población.

Igualmente, los Presupuestos de 2026 contienen las cantidades necesarias para apoyar de manera indubitada la ampliación del parque público de vivienda social en Cantabria, destinándose las cantidades necesarias para permitir el acceso de los jóvenes y las familias al mercado de alquiler, incrementándose el esfuerzo destinado al alquiler social. En esta misma línea de prioridad, se dota de la financiación presupuestaria suficiente a la política de gasto 46 (Investigación, Desarrollo e Innovación), no solo para el cumplimiento de la Ley 8/2022, de 27 de diciembre, de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria, sino para fomentar la cultura de la innovación de la sociedad cántabra, en especial, en el ámbito empresarial y científico, y que convierta en motor del desarrollo integral de la economía de nuestra Comunidad Autónoma. Por ello, se contemplan igualmente determinadas cantidades destinadas a realizar aportaciones por parte de la administración autonómica a cuentas viviendas destinadas a los jóvenes que estén ahorrando para la compra de su primera vivienda.

Todo ello, sin olvidar la necesaria sostenibilidad de las cuentas públicas y la continuidad para seguir afrontando desafíos que para este Gobierno son fundamentales, como la lucha contra la despoblación y el cambio climático, defendiendo al mundo rural de los nuevos retos a los que ha de enfrentarse, el impulso a la industria, el turismo, la ciencia y la innovación, la racionalización del sector público institucional o la modernización de la administración y la reducción de cargas administrativas, desafíos que cuentan igualmente con dotación presupuestaria, al igual que el incremento de las partidas destinadas a los municipios a través del fondo de cooperación municipal, y a las Juntas Vecinales para el desempeño de sus funciones. Igualmente significativo es el incremento de las ayudas dirigidas al sector primario, con incentivos a las industrias agroalimentarias y con la consignación, por vez primera, de las cantidades necesarias para la implementación del Primer Plan de Recría, que garantizará la continuidad y relevo generacional en el sector.

Cabe destacar que los Presupuestos de 2026 contienen un crecimiento de la inversión pública destacando, en el ámbito sanitario, el proyecto de la protonterapia y la continuidad en la financiación para ejecutar con éxito los proyectos estratégicos para la Comunidad Autónoma ya en marcha, como pueden ser el nuevo desarrollo industrial y espacio logístico del Llano de la Pasiega y la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC). Del mismo modo, recogen las dotaciones presupuestarias necesarias para la ejecución de las actuaciones financiadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, siendo el 2026 el último ejercicio presupuestario en el que se podrán ejecutar este tipo de gastos.

En suma, este nuevo presupuesto prevé reforzar el Estado de Bienestar, garantizar la calidad de los servicios públicos básicos y ayudar al tejido empresarial a ser más competitivo, consolidando el avance económico experimentado por la Comunidad Autónoma durante el ejercicio 2025, siendo el Presupuesto el instrumento que garantizará que dicha proyección continúe durante 2026.

III

El articulado de la Ley comprende seis títulos, con sus respectivos capítulos, treinta y nueve artículos, nueve disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, así como dos anexos.

La parte esencial de la Ley de Presupuestos se recoge en el título I, capítulo I en el que se aprueban las cuantías totales de los estados de gastos e ingresos del Sector Público de la Comunidad Autónoma, indicando su distribución por políticas de gasto. En el capítulo II se consigna el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos, tanto propios como cedidos, de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El título II de la Ley de Presupuestos, relativo a la Gestión Presupuestaria, se estructura en tres capítulos. En su capítulo I regula la no disponibilidad de los créditos, el carácter limitativo de los mismos, los créditos ampliables y los Fondos de Compensación Interterritorial.

El capítulo II se dedica a regular las normas específicas de la gestión de los presupuestos docentes y los costes de personal de la Universidad de Cantabria. En relación con el artículo referido a los Costes de Personal de la Universidad de Cantabria, el artículo 57.6 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, se refiere a gastos de naturaleza estructural del capítulo I, por lo que, al carecer de aquella naturaleza, se excluyen todos los gastos de personal derivados de contratos, proyectos y convenios de investigación, así como los referentes a títulos propios.

Por último, regula en su capítulo III el régimen de presupuestación y contabilidad de los consorcios de la Comunidad Autónoma de Cantabria con otras Administraciones Públicas y las compensaciones y deducciones de deudas de entidades de derecho público.

En el título III se hace referencia a las operaciones de endeudamiento de la Administración General, estableciendo el límite de incremento sobre el saldo de la Deuda a 31 de diciembre de 2025, tanto a largo como a corto plazo, así como de las operaciones de endeudamiento del resto de entidades del Sector Público.

El título IV engloba las normas relativas a las modificaciones presupuestarias y a la liquidación de los presupuestos. Se recogen, además, de manera expresa, las competencias de la Mesa del Parlamento de Cantabria en el control de la ejecución y gestión de la sección 1 de los presentes Presupuestos.

Las normas sobre Gastos de Personal se ubican en el título V que se estructura, a su vez, en un capítulo Único denominado «De los regímenes retributivos».

La partida destinada al abono de las retribuciones de los empleados públicos de la C.A. plasmada en los distintos epígrafes del capítulo I de los Presupuestos se ve afectada por segundo año consecutivo por una serie de condicionantes tales como la reactivación de las reglas fiscales y de control del gasto por las autoridades de la Unión Europea, las incertidumbres actuales tanto del contexto internacional como las propias del marco nacional o las prioridades y objetivos a alcanzar por el gasto público.

La entrada en una fase de finalización de la vigencia de los mecanismos de financiación provenientes de Bruselas en 2026 (léase, Mecanismo de Recuperación y Resiliencia-MRR) y todas las interrogantes que generan los condicionantes antes citados imponen una estrategia de prudencia a la que no puede ser indiferente la gestión económica de los recursos humanos de la Administración de la C.A. que se reflejan en los presentes Presupuestos.

Como viene siendo la orientación de los gastos de personal en pasados ejercicios, estos han de centrar su esfuerzo en las prioridades fijadas por los responsables de la presupuestación dentro del proceso de análisis del gasto por los gestores de la Unidades. Lo que se traduce, entre otros, en la prioridad del gasto destinado a los servicios públicos fundamentales y en la cobertura de los medios personal adecuados para el mantenimiento del nivel de atención a los ciudadanos. Procurando, en paralelo, que la adecuada organización de los recursos humanos disponibles en otras áreas permita contener el crecimiento de los efectivos de la administración autonómica y limitar este al número necesario para la consecución de los objetivos de las distintas Unidades.

Los importes consignados en el articulado relativos a distintos conceptos salariales figuran actualizados a las previsiones resultantes de la aplicación de los incrementos retributivos contemplados en el apartado Primero del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía (BOE del 7 de febrero de 2026).

Junto con los incrementos retributivos reseñados ha de tenerse en consideración el aumento del gasto de personal respecto a ejercicios precedentes que supone la actualización de las cotizaciones sociales anuales y la aplicación de la llamada «cotización adicional de solidaridad» y del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

El título V mantiene su estructura de articulado, de modo que en él figura el artículo que ampara la aplicación del incremento retributivo que pudiera fijarse por la normativa básica estatal. Se contienen las normas retributivas aplicables a los miembros del Gobierno y altos cargos, así como a los diferentes colectivos de empleados públicos autonómicos: los funcionarios y personal laboral; funcionarios en prácticas, personal al servicio de la Administración de Justicia dependiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, personal al servicio de instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud, personal eventual y demás empleados que prestan servicio en los organismos y entidades del sector público institucional de la Comunidad Autónoma.

Las actuaciones relativas a la Oferta de Empleo Público para el ejercicio de 2026 perseveran en la orientación que ha presidido las ejecutadas en años precedentes conectada con el objetivo de la reducción de la temporalidad en el empleo público y el cumplimiento en plazo, con eficacia y celeridad, del conjunto de las distintas convocatorias, que permitan incorporar a la Administración con carácter estable los efectivos necesarios para atender al cumplimiento de los servicios públicos encomendados.

A tenor del cumplimiento de las normas básicas estatales y de las prioridades del gasto aludidas en líneas precedentes se inserta la limitación de la cobertura temporal de necesidades mediante el nombramiento o contratación de empleados públicos con carácter temporal, salvo en los sectores y para la ejecución de aquellas funciones que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. De conformidad con esta limitación, los órganos gestores en materia de personal y los responsables de las Unidades u organismos habrán de tener presente a lo largo del ejercicio que la cobertura temporal de las necesidades de personal habrá de restringirse a las imprescindibles para el mantenimiento de la prestación de los servicios, valorando en cada situación las posibilidades de cumplimiento de las tareas con los efectivos disponibles en cada momento.

A lo largo del texto de los presentes Presupuestos se incluyen normas relativas al gasto en materia de personal, que completan a las recogidas en el título V, como son las que figuran en las Disposiciones Adicionales y Transitoria.

En el título VI se completa la regulación en materia de contratación pública, determinando los supuestos en los que resulta necesaria la autorización previa del Consejo de Gobierno para la celebración de contratos, y se desarrolla el régimen de control sobre la correcta ejecución de los mismos, haciéndolo extensible a convenios y encargos a medios propios personificados. Asimismo, se establecen los supuestos de preceptiva presencia de representantes de la Intervención General para los actos de comprobación.

Por último, en las disposiciones adicionales, se contemplan diversas situaciones que, bien por su carácter excepcional, bien por estar relacionadas con eventuales contingencias que no pueden quedar determinadas previamente, no han tenido el oportuno tratamiento en el articulado de la ley.

TÍTULO I. De la aprobación de los Presupuestos

CAPÍTULO I. De la aprobación de los créditos y de su contenido

Artículo 1. Aprobación de los créditos.

Se aprueban por la presente ley los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2026, que están integrados por:

ñ) El presupuesto de la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica.

Artículo 2. Créditos iniciales.

Uno. Para la ejecución de los programas integrados en el estado de gastos del Presupuesto del párrafo a), del artículo anterior, se aprueban créditos por importe de tres mil novecientos veinticinco millones trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y seis euros (3.925.344.836 €), cuya distribución por política de gastos es la siguiente:

Políticas de gastos	Políticas de gastos	Euros
11	JUSTICIA.	47.941.988
13	SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS.	25.849.860
14	POLÍTICA EXTERIOR.	115.254.086
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.	328.239.959
24	FOMENTO DEL EMPLEO.	112.749.736
26	ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN.	41.382.276
31	SANIDAD.	1.303.084.194
32	EDUCACIÓN.	746.494.465
33	CULTURA.	70.538.863
41	AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.	77.255.243
42	INDUSTRIA Y ENERGÍA.	45.714.506
43	COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	29.275.551
45	INFRAESTRUCTURAS.	285.665.825
46	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.	93.801.268
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	76.291.313
91	ALTA DIRECCIÓN.	11.968.563
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.	46.722.311
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.	20.059.829
95	DEUDA PÚBLICA.	447.055.000

Dos. Se aprueban los estados de gastos de los presupuestos limitativos de los organismos autónomos y entidades autonómicas con los créditos necesarios para atender al cumplimiento de sus obligaciones, recogiéndose en sus estados de ingresos las estimaciones de los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio. El importe de los créditos por organismo autónomo y entidad son los siguientes:

Organismos autónomos y entidades autonómicas	Euros
INSTITUTO CÁNTABRO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA «RAFAEL DE LA SIERRA».	2.415.537
OFICINA DE CALIDAD ALIMENTARIA.	2.255.556
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.	4.412.348
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA.	1.155.182
INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	4.161.665
SERVICIO DE EMERGENCIAS DE CANTABRIA.	18.273.639
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	14.717.364

Tres. Se aprueban los presupuestos de las entidades del Sector Público Institucional y resto de Entes de derecho público del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que recogen sus estimaciones de gastos y previsiones de ingresos.

Cuatro. Como resultado de las consignaciones de créditos que se han detallado en los apartados anteriores, el Presupuesto consolidado para el año 2026 de la Comunidad Autónoma de Cantabria asciende a tres mil novecientos treinta y siete millones setenta y seis mil trescientos cincuenta y un euros (3.937.076.351 €).

Artículo 3. Financiación de los créditos iniciales.

Los créditos aprobados en el estado de gastos de los presentes Presupuestos Generales se financiarán:

CAPÍTULO II. Beneficios fiscales

Artículo 4. De los beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, tanto propios como cedidos, se estiman en novecientos treinta y siete millones seiscientos veintitrés mil ciento sesenta euros (937.623.160 €).

TÍTULO II. De la gestión presupuestaria de los gastos

CAPÍTULO I. Normas generales de la gestión

Artículo 5. No disponibilidad de créditos.

Al objeto de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se autoriza a la persona titular de la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos a declarar no disponible cualquier crédito presupuestario sin limitación alguna de cuantía o de naturaleza del crédito y su posterior reasignación, si fuera necesaria, a cualquier crédito del estado de gastos, respetando en todo caso lo establecido en la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y demás normativa de aplicación.

Artículo 6. Carácter limitativo de los créditos.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, serán vinculantes al nivel de desagregación con que aparezcan en los respectivos estados de gastos:

Artículo 7. Créditos ampliables.

De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, se consideran ampliables hasta una suma igual a las obligaciones que sea preciso reconocer, previo el cumplimiento de las formalidades legalmente establecidas o de las que se establezcan, los créditos incluidos en el anexo I de la presente ley.

Artículo 8. Fondos de Compensación Interterritorial.

Uno. Los proyectos de inversión pública correspondientes a competencias asumidas por la Comunidad Autónoma que se financien con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial, se ejecutarán de acuerdo con la normativa reguladora de dichos Fondos.

Dos. La sustitución de las obras que integran la relación de proyectos que componen los referidos Fondos que implique la aparición de nuevos proyectos, será aprobada por el Consejo de Gobierno previo informe de la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos.

Tres. El Gobierno informará, anualmente, a la Comisión de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos del Parlamento de Cantabria del grado de ejecución de los proyectos de inversiones incluidos en el Fondo de Compensación Interterritorial, así como de las modificaciones realizadas como consecuencia de la sustitución de obras que integran la relación de proyectos que componen los referidos Fondos, que impliquen nuevos proyectos.

CAPÍTULO II. Normas específicas de la gestión de los presupuestos docentes

Artículo 9. Módulo económico de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados.

Uno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados para el año 2026, es el fijado en anexo II de esta ley.

Las unidades concertadas de Formación Profesional Básica, de Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos de Grado Superior, se financiarán conforme a los módulos establecidos en el anexo II de la presente ley.

En la partida correspondiente a otros gastos de aquellas unidades concertadas de formación profesional específica que cuenten con autorización para una ratio inferior a 30 alumnos por unidad escolar, se aplicará un coeficiente reductor de 0,015 por cada alumno menos autorizado.

Asimismo, las unidades concertadas en las que se impartan las enseñanzas de Bachillerato se financiarán conforme al módulo económico establecido en el anexo II de esta ley.

La Administración Educativa podrá adecuar los módulos establecidos en el citado anexo a las exigencias derivadas del currículum establecido por cada una de las enseñanzas, siempre que ello no suponga una disminución de las cuantías de dichos módulos fijadas en la presente ley.

Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero de 2026, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos de empresas de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las organizaciones sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del correspondiente convenio, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero de 2026.

Las cuantías señaladas para salarios del personal docente serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio de la relación laboral entre el profesorado y el titular del centro respectivo.

Los importes necesarios para abonar las cargas sociales serán transferidos por la Administración a cada centro docente. La distribución de los importes que integran los «gastos variables» se efectuará de acuerdo con lo establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos.

El componente del módulo destinado a «Otros Gastos» surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2026. La cuantía correspondiente al mismo se abonará mensualmente pudiendo los centros justificar su aplicación al finalizar el correspondiente ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del centro.

En los ciclos formativos de grado medio o superior cuya duración sea de 1.400 horas, la Administración Educativa podrá establecer el abono de la partida de otros gastos del segundo curso, fijada en el módulo contemplado en el anexo II, de forma conjunta con la correspondiente al primer curso sin que ello suponga en ningún caso un incremento en la cuantía global resultante.

Dos. A los centros docentes que tengan unidades concertadas en la Educación Secundaria Obligatoria, así como a los que tengan unidades concertadas en Bachillerato, se les dotará de la financiación de los servicios de orientación educativa a que se refiere el capítulo III del título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación se realizará sobre la base de calcular el equivalente a una jornada completa del profesional adecuado a estas funciones, por cada 25 unidades concertadas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Por tanto, los Centros concertados tendrán derecho a la jornada correspondiente del citado profesional, en función del número de unidades de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato que tengan concertadas.

Esta medida se podrá extender, total o parcialmente, a los centros docentes que tengan unidades concertadas de primaria o del segundo ciclo de educación infantil.

Tres. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 26 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, aquellos centros concertados que reúnan los requisitos que se determinen, podrán ser dotados de financiación para incrementar la ratio profesor/unidad que les corresponda con el fin de atender las medidas de refuerzo y apoyo que en el mismo se establezcan.

Cuatro. Los centros acogidos al programa de integración de alumnos con necesidades educativas especiales en los niveles de enseñanza obligatoria, dispondrán de la dotación económica precisa para garantizar una educación de calidad de estos alumnos, según lo establecido en la normativa específica aplicable de ordenación de la educación de alumnos con necesidades educativas especiales. Esta dotación se calculará en base a una ratio profesor/unidad 1/1, de acuerdo con el módulo económico establecido en el anexo II de esta ley.

En el caso de que se concierte un número de horas inferior a una unidad completa, la dotación será la proporcional al número de horas concertadas.

En los centros que dispongan de esta dotación se aplicará a las unidades concertadas de los niveles de enseñanza obligatoria la ratio alumno/unidad establecida con carácter general para cada etapa y no la específica establecida para las unidades con alumnos con necesidades educativas especiales.

Así mismo, los centros docentes que tengan unidades concertadas en los niveles de enseñanza obligatoria podrán ser dotados de financiación para la atención de alumnos con necesidades de compensación educativa, según lo establecido en la normativa específica sobre ordenación de actuaciones de compensación educativa. Esta dotación se calculará de la misma forma que la establecida en esta ley para las unidades de integración.

Las cantidades correspondientes al módulo de «Otros gastos» podrán incrementarse para la atención de necesidades justificadas y derivadas de la escolarización de alumnado de condiciones desfavorecidas desde el punto de vista socioeconómico o cultural, de la atención al alumnado con necesidades educativas específicas, de la realización de experiencias pedagógicas que la Administración Educativa considere de interés para el sistema educativo, de la ejecución de programas educativos dirigidos por la Administración Educativa o para la aplicación de medidas extraordinarias derivadas de circunstancias sobrevenidas.

Cinco. De conformidad con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que establece en su artículo 74 que la atención a alumnos con necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación, los centros concertados de educación especial podrán ser dotados de financiación para el desarrollo de los programas de ofertas formativas adaptadas que faciliten el desarrollo de la autonomía personal y la integración social del alumnado, de acuerdo con el módulo económico establecido en el anexo II de esta ley, para la Formación Profesional.

Seis. Las cantidades a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares, suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, son las que se establecen a continuación:

Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior: entre 18,03 y 36,06 euros alumno/mes durante diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro a los alumnos de estas cantidades, tendrá el carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación del componente «Otros gastos». La cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de minorar en 3.606,06 euros el importe correspondiente al mismo de los módulos económicos establecidos en anexo II de la presente ley, pudiendo la Administración Educativa establecer la regulación necesaria al respecto.

Siete. Se faculta a la Administración Educativa para fijar las relaciones profesor/unidad concertada adecuadas para impartir el plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, calculadas en base a jornadas de profesor con veinticinco horas lectivas semanales.

La Administración Educativa no asumirá los incrementos retributivos, las reducciones horarias o cualquier otra circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del anexo II.

Asimismo, la Administración Educativa no asumirá los incrementos retributivos, fijados en convenio colectivo, que supongan un porcentaje superior al incremento establecido con carácter general para el personal al servicio del Gobierno de Cantabria.

Ocho. La ratio profesor/unidad de los Centros concertados podrá ser incrementada en función del número total de profesores afectados por las medidas de recolocación que se hayan venido adoptando hasta la entrada en vigor de esta ley y se encuentren en este momento incluidos en la nómina de pago delegado, así como de la progresiva potenciación de los equipos docentes.

Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades que se produzcan en Centros concertados, como consecuencia de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.

Nueve. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para el sostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026.

Artículo 10. Costes de Personal de la Universidad de Cantabria.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 57.6 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, se autorizan los costes de personal docente (funcionario y contratado) y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (funcionario y laboral) de la Universidad de Cantabria para el año 2026 por importe de cincuenta y un millones trescientos treinta y siete mil doscientos cuarenta y tres euros (51.337.243 euros) para el personal docente funcionario y contratado docente y de veintidós millones cuatrocientos ochenta y cinco mil veintisiete euros (22.485.027 euros) para el personal técnico, de gestión y de administración y servicios, funcionario y laboral. Estos importes no incluyen trienios, Seguridad Social, ni aportaciones del Servicio Cántabro de Salud para financiar retribuciones de plazas vinculadas.

También están excluidos los importes de los gastos de personal derivados de proyectos y convenios de investigación, títulos propios, otras aportaciones que permitan la contratación de personal y los gastos de personal de entidades y fundaciones dependientes de la Universidad de Cantabria. Todo ello, sin perjuicio del incremento que respecto de las retribuciones del personal al servicio del sector público se establezca por la legislación aplicable para el año 2026.

CAPÍTULO III. Gestión de los presupuestos de entidades públicas

Artículo 11. Consorcios.

Uno. La Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sus organismos públicos o entidades vinculadas o dependientes, podrán participar en consorcios de conformidad con lo establecido en la legislación básica estatal, en la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos. Los consorcios estarán sujetos al régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial de la Administración Pública a la que se encuentren adscritos en cada ejercicio presupuestario y por este período, según resulte de la aplicación de los criterios recogidos en la legislación básica estatal.

Dos. De la creación y de la adscripción del consorcio en cada ejercicio presupuestario se remitirá la oportuna información al Parlamento de Cantabria.

Artículo 12. Compensación y deducciones de deudas de entidades de derecho público.

Uno. Las deudas vencidas, líquidas y exigibles a favor de la Hacienda Pública Autonómica que deban satisfacer las entidades de derecho público podrán ser objeto de exacción mediante compensación de oficio o deducciones sobre transferencias, que se deberán comunicar previamente a dichas entidades.

Dos. Las compensaciones o deducciones que puedan acordarse con cargo a las órdenes de pago de las transferencias correspondientes al Programa de Actuaciones en el Ámbito Local, no podrán superar en su conjunto un importe equivalente al 50 por ciento de la cuantía asignada a la respectiva Entidad.

Tres. Las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus entes vinculados o dependientes, a través de sus órganos competentes, podrán presentar un plan específico de amortización de las deudas vencidas, líquidas y exigibles en el que se establezca un calendario de cancelación de la deuda y obligaciones accesorias correspondientes. El plan comprenderá, igualmente, un compromiso relativo al pago en período voluntario de las obligaciones corrientes que en el futuro se generen.

TÍTULO III. De las operaciones de endeudamiento

CAPÍTULO I. Del endeudamiento de la Administración General

Artículo 13. Límite del endeudamiento.

Uno. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos para autorizar la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo, tanto en la modalidad de emisión de títulos de deuda de la Comunidad Autónoma como de operaciones de crédito o préstamo, con destino a la financiación general de los gastos y con la limitación de que el saldo vivo de la deuda a largo plazo, a 31 de diciembre de 2026, no supere el correspondiente saldo a 31 de diciembre de 2025.

Dos. Este límite podrá ser revisado, por acuerdo del Consejo de Gobierno, por las siguientes razones:

En caso de modificarse el límite de endeudamiento, por cualquiera de los motivos anteriores, se dará cuenta al Parlamento de Cantabria en un plazo no superior a quince días.

Tres. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos para autorizar la formalización de operaciones de endeudamiento a corto plazo, cuyo importe dispuesto a 31 de diciembre de 2026 no podrá superar los ciento cincuenta millones de euros (150.000.000 €).

Cuatro. Respetando los límites establecidos en los apartados anteriores, la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos podrá disponer de los saldos no utilizados correspondientes a operaciones de crédito o préstamo formalizadas en ejercicios anteriores. Dichos saldos disponibles podrán utilizarse para la refinanciación de otras operaciones cuyo coste sea superior, en cuyo caso les será de aplicación lo establecido en el apartado ocho del presente artículo.

Cinco. Se faculta al titular de la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos para autorizar la formalización de operaciones de intercambio financiero o swap, con el objeto de prevenir fluctuaciones en los tipos de interés. El importe cubierto por este tipo de operaciones no podrá superar el que represente el conjunto de operaciones a tipo variable que formen parte de la cartera de endeudamiento.

Seis. Con independencia de los límites señalados en el presente artículo, la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrá formalizar préstamos, anticipos reintegrables y cualquier otra operación similar no considerada endeudamiento en aplicación del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) por concertarse con administraciones o entidades públicas clasificadas como Administración Pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC).

Siete. Se faculta a la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos para llevar a cabo la renegociación de las condiciones financieras de operaciones de endeudamiento concertadas en ejercicios anteriores con el fin de mejorar dichas condiciones, quedando facultada la persona titular de dicha Consejería para acordar las nuevas condiciones, en el caso de que resulten más beneficiosas para la Comunidad Autónoma, y para formalizar cuanta documentación sea precisa para la instrumentación de esta medida.

Ocho. La refinanciación de operaciones de endeudamiento concertadas en ejercicios anteriores, con el fin de mejorar sus condiciones financieras, que requiera su cancelación, total o parcial, anticipada y la previa o posterior formalización de nuevas operaciones, será autorizada por la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, contabilizándose tanto el ingreso como el gasto correspondientes como operaciones extrapresupuestarias durante el ejercicio y trasladando, al final del mismo, su saldo neto al presupuesto.

Artículo 14. Formalización de operaciones.

Uno. La persona titular de la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos y, supletoriamente y previa su autorización escrita, la persona titular de la Dirección General competente en materia de política financiera, podrán formalizar todo tipo de contratos relativos a las operaciones de endeudamiento y cobertura financiera a que se hace referencia en el presente capítulo.

Dos. El Gobierno de Cantabria realizará un informe detallado de todas las operaciones contenidas en este artículo y que se adjuntará al resto de la documentación que se remita al Parlamento de Cantabria.

CAPÍTULO II. Del endeudamiento del resto de entidades del Sector Público

Artículo 15. De las operaciones de prórroga y refinanciación.

Uno. Con carácter general, se autoriza a los organismos, entidades, empresas, fundaciones y demás entes que conforman el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria a formalizar operaciones de endeudamiento en la medida que supongan prórroga o refinanciación de otras operaciones ya existentes, de manera que no generen incremento del endeudamiento formalizado a 31 de diciembre del ejercicio anterior.

Dos. El Gobierno de Cantabria realizará un informe detallado de todas las operaciones contenidas en este artículo y que se adjuntará al resto de la documentación que se remita al Parlamento de Cantabria.

Artículo 16. Operaciones de endeudamiento con Administraciones Públicas.

Uno. Con independencia de los límites señalados en los artículos anteriores, las entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria podrán formalizar préstamos, anticipos reintegrables y cualquier otra operación similar, no considerada endeudamiento en aplicación del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) por concertarse con administraciones y entidades públicas clasificadas como Administración Pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC).

Dos. El Gobierno de Cantabria realizará un informe detallado de todas las operaciones contenidas en este artículo, que se adjuntará al resto de la documentación que se remita al Parlamento de Cantabria.

Artículo 17. Autorización previa de la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos.

Uno. Con carácter previo a la formalización de las operaciones a que hace referencia el presente capítulo, así como cualquier otra operación de préstamo o crédito, incluidas las de corto plazo, que pretendan formalizar los organismos, entidades, empresas, fundaciones y demás entes que conforman el Sector Público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, deberá obtenerse la expresa autorización de la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos.

Dicha autorización requerirá un informe previo emitido por el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) en el que se indicará la coherencia de la operación con la situación económico-financiera de la entidad solicitante, el cumplimiento del principio de prudencia financiera y la incidencia del destino de la operación en el déficit de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Cuando la autorización se refiera a una operación a concertar por el propio ICAF, el referido informe será sustituido por una memoria justificativa, relativa a los extremos indicados, que deberá ser aprobada por el Consejo Ejecutivo de dicho Instituto.

Dos. El Gobierno de Cantabria realizará un informe detallado de todas las operaciones contenidas en este artículo y que se adjuntará al resto de la documentación que se remita al Parlamento de Cantabria.

TÍTULO IV. Modificaciones de los presupuestos generales

CAPÍTULO I. Normas generales

Artículo 18. Principios generales.

Las modificaciones de los créditos presupuestarios autorizados en esta ley se sujetarán a las siguientes reglas:

Uno. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se regularán por lo dispuesto en la presente ley, por la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, y por cuanto se disponga en leyes especiales y en las disposiciones de desarrollo.

Dos. Con independencia de los niveles de vinculación establecidos en el artículo 6 de esta ley, y en el artículo 43 de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, toda solicitud de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente la sección, servicio u organismo público a que se refiera, así como el programa, capítulo, artículo, concepto y subconcepto, en su caso, afectados por la misma.

Tres. La propuesta de modificación, que se remitirá para su informe a la Dirección General competente en materia de Presupuestos, deberá expresar mediante una memoria la necesidad de la misma, en la que se incluirán los siguientes extremos:

Cuatro. Cuando las modificaciones presupuestarias afecten a créditos del capítulo I «Gastos de Personal», será preceptivo, además de los extremos anteriores, el previo informe de la Dirección General de Función Pública, que en el caso de los gastos de personal docente deberá ser emitido por la Consejería competente en materia de Educación. En el caso de organismos autónomos y otras entidades públicas, solo será necesario informe previo de la persona titular de la Presidencia o Dirección del organismo o entidad, salvo en aquellos supuestos en que dichos créditos estén gestionados por la Dirección General de Función Pública, en cuyo caso será preceptivo el previo informe de esta.

Cinco. Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de presupuestos para la creación de las aplicaciones necesarias en los estados de ingresos y gastos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 58.1.c) de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria.

Asimismo, se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos para crear las estructuras presupuestarias necesarias en los estados de ingresos y gastos, a nivel orgánico, funcional y económico, como consecuencia de reorganizaciones administrativas o traspasos de competencias.

Seis. Todo expediente de modificación de crédito requerirá informe de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Siete. La contabilización de las modificaciones presupuestarias corresponderá a la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos.

Ocho. En las modificaciones presupuestarias que afecten a créditos de la sección 14 «Deuda Pública» del Presupuesto de Gastos, será preceptivo, además, el informe del Servicio de Política Financiera en el que se indique si existe disponibilidad presupuestaria para efectuar la modificación propuesta o, en su caso, cuál es dicha disponibilidad máxima en el momento de emitir el informe.

Nueve. Se podrán crear aplicaciones presupuestarias y realizar las oportunas modificaciones para llevar a cabo las aportaciones de fondos que desde los órganos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria se realicen a favor de órganos o entes externos en cumplimiento de normativa europea, en virtud de la cual la Comunidad Autónoma haya sido nombrada «Coordinador principal» de determinados proyectos europeos.

Diez. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos para autorizar la minoración de créditos de naturaleza ampliable, siempre y cuando no hayan sido previamente ampliados y justificando debidamente la no utilización de dichos créditos. Una vez minorado un crédito ampliable, no podrá ser posteriormente ampliado.

Once. Los créditos consignados en el programa 140A «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» únicamente podrán ser utilizados para financiar modificaciones presupuestarias dentro del mismo programa presupuestario.

Será competente para autorizar las modificaciones de crédito indicadas anteriormente la persona titular de la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos cuando dichas modificaciones afecten a distintas Secciones presupuestarias.

Serán competentes para autorizar las modificaciones de crédito indicadas en el primer apartado, dentro de su propia sección presupuestaria, las personas titulares de cada Consejería.

Quienes sean titulares de los organismos autónomos tendrán las competencias establecidas en el apartado anterior para las personas titulares de cada Consejería respecto de los créditos presupuestarios que gestionen.

No obstante lo establecido en los apartados anteriores, la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos podrá autorizar que los créditos del programa 140A «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» se destinen a financiar otros programas presupuestarios, cuando se acredite la imposibilidad de ejecutar, total o parcialmente, las actuaciones inicialmente previstas dentro del plazo límite de ejecución de los gastos financiados con fondos MRR.

Doce. Las aportaciones dinerarias a favor de los Entes del Sector Público Autonómico cuyos presupuestos estén integrados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria y tengan la consideración de entidad ejecutora del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia podrán crearse o incrementarse mediante cualquier figura de modificación presupuestaria para la ejecución de créditos presupuestarios del programa 140A «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia», sin ser exigibles los requisitos recogidos en el artículo 50.6 de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria.

Trece. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 51.1 de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, podrán autorizarse generaciones de crédito que creen o incrementen créditos con financiación afectada procedentes de otras Administraciones Públicas, nacionales o extranjeras, con ingresos procedentes de ejercicios anteriores, financiándose con el remanente de tesorería afectado correspondiente.

Catorce. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos para autorizar las transferencias de crédito desde créditos de otras Secciones Presupuestarias al artículo 22 «material, suministros y otros» del programa presupuestario 921O de la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa.

Quince. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos para autorizar las transferencias de crédito que se soliciten durante el mes de diciembre reguladas en el artículo 58.1.a) y 58.2 de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, informando de las mismas al Consejo de Gobierno durante el mes siguiente a su autorización.

Dieciséis. No se aplicarán las restricciones establecidas en el apartado 1 del artículo 50 de la Ley 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, a las transferencias de crédito que se financien con créditos retenidos conforme a lo establecido en el artículo 5.

CAPÍTULO II. De las competencias del Parlamento de Cantabria

Artículo 19. De las competencias del Parlamento de Cantabria.

Uno. Las dotaciones presupuestarias del Parlamento de Cantabria se librarán en firme y por trimestres anticipados, y no estarán sujetas a ningún tipo de justificación ante el Gobierno de Cantabria.

Dos. A la Mesa del Parlamento de Cantabria le corresponde dirigir y controlar la ejecución y gestión de la sección 1 de los presentes Presupuestos, según lo establecido en el Reglamento del Parlamento de Cantabria.

CAPÍTULO III. Liquidación de los Presupuestos y Cuenta General

Artículo 20. Tramitación de la Liquidación de los Presupuestos y de la Cuenta General.

Uno. Como consecuencia de la liquidación de los Presupuestos de 2025 se determinará:

Dos. La Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos someterá a la aprobación del Gobierno de Cantabria la Liquidación del Presupuesto de 2025 antes del 30 de junio de 2026.

Tres. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio de 2025 será remitida al Parlamento de Cantabria antes del 31 de octubre de 2026.

TÍTULO V. Normas sobre gastos de personal

CAPÍTULO ÚNICO. De los regímenes retributivos

Artículo 21. Criterios generales de la actividad económica en materia de Gastos de Personal.

Uno. En el año 2026, las retribuciones del personal al servicio de la Administración y del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria experimentarán el incremento global previsto en la legislación básica estatal respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025, en términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales respecto a los de 2025. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público.

Igualmente, las retribuciones citadas en el párrafo primero de este apartado, podrán experimentar cualquier otro incremento retributivo previsto por el Estado y que resulte aplicable como normativa básica.

Dos. En el ejercicio 2026, la masa salarial del personal laboral experimentará el incremento fijado en el apartado Uno de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación.

Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta ley, el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengados por el personal laboral en 2025, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado Uno de este artículo, con el límite de las cuantías informadas favorablemente por la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso:

Tres. Durante el ejercicio 2026 no se realizarán aportaciones para el personal incluido en el Plan de Pensiones de Empleo del Gobierno de Cantabria. Con cargo a las consignaciones presupuestarias al efecto, podrán realizarse contratos de seguro colectivo para la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación, siempre que no se produzca incremento de la masa salarial.

Cuatro. Las retribuciones a percibir en el año 2026 por los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, que desempeñen puestos de trabajo para los que se ha aprobado la aplicación del régimen retributivo previsto en dicha ley y disposiciones que la desarrollen, serán las siguientes:

Grupo/Subgrupo TREBEP	Sueldo – Euros	Trienios – Euros
A1	16.646,88	640,68
A2	14.394,24	522,48
B	12.582,60	458,40
C1	10.807,56	395,52
C2	8.994,96	269,28
Agrupaciones Profesionales	8.232,84	202,80

Grupo/Subgrupo TREBEP	Sueldo – Euros	Trienios – Euros
A1	856,05	32,96
A2	874,83	31,74
B	906,26	33,03
C1	778,42	28,45
C2	742,75	22,20
Agrupaciones Profesionales	686,07	16,90

Cinco. A efectos de lo dispuesto en el apartado precedente, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los grupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, estarán referenciadas a los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, sin experimentar otras variaciones que las derivadas de esta ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

– Grupo A, Ley 30/1984: Subgrupo A1 TREBEP.

– Grupo B, Ley 30/1984: Subgrupo A2 TREBEP.

– Grupo C, Ley 30/1984: Subgrupo C1 TREBEP.

– Grupo D, Ley 30/1984: Subgrupo C2 TREBEP.

– Grupo E, Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales TREBEP.

Seis. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

Siete. Los acuerdos, convenios o pactos de cualquier ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que, en su caso, estén autorizados por la legislación básica, deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento que se opongan a los mismos.

Ocho. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en la presente ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras.

Nueve. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de los contratos mercantiles del personal del sector público autonómico.

Diez. Se mantiene la suspensión durante el ejercicio 2026 de la concesión de las ayudas de acción social del personal de la Administración General, de sus organismos públicos y entidades de derecho público, de la Administración de Justicia, del personal estatutario y del personal docente.

Los anticipos reintegrables de nómina previstos en la respectiva normativa de acción social se concederán, en los términos establecidos por las normas aplicables en cada caso a la concesión y tramitación de los mismos, en tanto exista disponibilidad de crédito para ello.

Once. Los apartados Uno a Diez del presente artículo se dictan en cumplimiento de las normas de carácter básico contempladas en la regulación estatal sobre retribuciones en el sector público vigentes al amparo de los artículos 149.1. 13.ª y 156.1 de la Constitución.

Artículo 22. Retribuciones de los miembros del Gobierno de Cantabria, Altos Cargos de la Administración General, del Director Gerente y los Directores de Área del Servicio Cántabro de Salud y de los Subdirectores del Instituto Cántabro de Servicios Sociales y demás Altos Cargos contemplados en el artículo 1 de la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, así como del personal directivo del sector público institucional.

Uno. Las retribuciones de los miembros del Gobierno de Cantabria para el año 2026, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Uno del artículo 21, se fijan en cómputo anual en las cuantías siguientes:

	Euros
Presidente/a del Gobierno.	74.735,46
Consejero/a del Gobierno.	71.333,74

Los miembros del Gobierno de Cantabria percibirán dichas cuantías en catorce mensualidades, siendo doble en los meses de junio y diciembre y proporcional a los servicios prestados.

Dos. El régimen retributivo de los Secretarios Generales y Directores Generales, será el establecido con carácter general para los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, siendo las retribuciones de los mismos para el año 2026 referidas a doce mensualidades, las siguientes:

	Euros
a) Sueldo.	16.554,44
b) Complemento de destino.	18.249,46
c) Complemento específico.	31.696,89

Tres. El Interventor General, como Órgano Directivo Específico de la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, percibirá las mismas retribuciones que los Secretarios Generales y Directores Generales, excepto en el complemento específico que tendrá la siguiente cuantía:

	Euros
Complemento específico.	63.040,60

Cuatro. El Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud, como órgano directivo específico de dicho Organismo Autónomo, tendrá el mismo régimen retributivo y percibirá las mismas retribuciones que los Secretarios Generales y Directores Generales, excepto en el complemento específico que tendrá la siguiente cuantía:

	Euros
Complemento específico.	47.900,52

Cinco. El régimen retributivo de los Directores de Área del Servicio Cántabro de Salud y de los Subdirectores del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, como Órganos Directivos Específicos de dichos Organismos Autónomos, será el establecido con carácter general para los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, siendo las retribuciones de los mismos para el año 2026, referidas a doce mensualidades, las siguientes:

	Euros
a) Sueldo.	16.554,44
b) Complemento de destino.	14.535,95
c) Complemento específico.	30.366,94

Seis. Los Secretarios Generales, Directores Generales, Interventor General, Director Gerente y Directores de Área del Servicio Cántabro de Salud y Subdirectores del Instituto Cántabro de Servicios Sociales percibirán durante el ejercicio 2026 dos pagas extraordinarias. El importe de cada paga consistirá en una mensualidad de sueldo, en su caso trienios, complemento de destino y el veinticinco por ciento correspondiente al complemento específico mensualmente percibido.

Siete. El apartado Uno del artículo 21 será aplicable a las retribuciones de los restantes altos cargos contemplados en el artículo 1.2 de la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de Cantabria. No obstante, las retribuciones de los altos cargos citados en el apartado e) del referido artículo de la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, se regulan en el artículo 24. Tres de la presente ley relativo al personal eventual.

Ocho. Los miembros del Gobierno, Altos Cargos de la Administración General y el Director Gerente y los Directores de Área del Servicio Cántabro de Salud y los Subdirectores del Instituto Cántabro de Servicios Sociales que ostenten la condición de personal al servicio de cualesquiera Administraciones Públicas percibirán las retribuciones del concepto de antigüedad referidas a catorce mensualidades que pudieran corresponderles de acuerdo con la normativa vigente, siempre que no se acrediten por su Administración de procedencia.

Nueve. Las retribuciones que por cualquier concepto perciba el personal directivo del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria experimentarán el incremento previsto, con carácter general, en el apartado Uno del artículo 21 de la presente ley.

Artículo 23. Retribuciones de los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública.

Uno. En el año 2026 las retribuciones de los funcionarios serán las siguientes: