Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19)

1. Si en la solicitud presentada no se hubieran cumplimentado los extremos exigidos en el artículo 9 o no se acompañara de la documentación exigida, relacionada en el artículo 11, o que en aplicación de la excepción prevista en el apartado 5 del artículo 9, no se haya podido recabar los documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Este requerimiento se realizará de manera individual a las personas solicitantes.

2. Los escritos mediante los que las personas interesadas efectúen la subsanación se presentarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.

3. Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución declarando el desistimiento y archivo de la solicitud no subsanada o de la que no se hubiere acompañado de la documentación exigida, y la inadmisión en los casos en que corresponda.

4. Si la solicitud se presenta de forma presencial, se requerirá a la persona interesada para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquélla en la que haya sido realizada la subsanación.

Artículo 15. Órgano competente para la ordenación, instrucción y resolución.

Será competente para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en el presente Capítulo, la persona titular de la Dirección General competente en materia de trabajo autónomo.

Artículo 16. Tramitación.

1. En lo referente a la concesión de las subvenciones reguladas en el presente Capítulo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la instrucción y resolución de las solicitudes se efectuará siguiendo el orden correlativo de entrada en el registro telemático único de la Administración de la Junta de Andalucía, y hasta el límite de la consignación presupuestaria, en su caso, salvo que aquéllas tuvieran que ser objeto de subsanación por no reunir los requisitos o no acompañarse de la documentación requerida, para lo que se considera en el orden de prelación que se siga para su resolución, la fecha en que las solicitudes reúnan los requisitos y/o la documentación requerida, una vez subsanada la ausencia o insuficiencia que en su caso se hubiera apreciado por la Administración.

Las solicitudes de subvención de las medidas reguladas en el presente Capítulo serán tramitadas, resueltas y notificadas de forma individual.

2. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se prescindirá del trámite de audiencia. Asimismo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 19 del presente decreto-ley, por tanto, analizada la solicitud y la documentación que la acompañe, se dictará la correspondiente la resolución.

Artículo 17. Resolución del procedimiento.

1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 16, el órgano competente dictará resolución, que deberá ser motivada, con el contenido mínimo establecido en el artículo 28.1 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de concesión será de dos meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro telemático único de la Administración de la Junta de Andalucía. Este plazo podrá ser ampliado atendiendo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Transcurrido el plazo establecido sin que se hubiese dictado y notificado resolución expresa, las personas interesadas podrán entender desestimadas por silencio administrativo sus solicitudes, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 120.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

3. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso de reposición en los términos establecidos en el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, ante la persona titular de la Dirección General competente en materia de trabajo autónomo.

4. La competencia para resolver el recurso de reposición corresponderá, en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, a la persona titular de la Dirección General competente en materia de trabajo autónomo.

Artículo 18. Notificación.

Las notificaciones de los actos relativas al procedimiento de concesión de las medidas de ayudas reguladas en este Capítulo se realizarán de forma individual, a través del Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Junta de Andalucía en la dirección electrónica habilitada para la práctica de notificaciones electrónicas http://www.andaluciajunta.es/ notificaciones.

Artículo 19. Forma de pago y régimen de fiscalización.

1. El abono de las subvenciones reguladas en este Capítulo, se realizará mediante pago por importe del 100% de las ayudas, previa justificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5, que se acreditarán mediante declaración responsable emitida al efecto, suscrita por la persona que la presta, bajo su responsabilidad, sin perjuicio de que con posterioridad a la resolución de concesión, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 12, se realice la comprobación del cumplimiento de dichos requisitos por el órganos gestor, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 11.

Las declaraciones responsables mencionadas en este apartado serán las incluidas en el formulario de solicitud.

2. El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona beneficiaria haya indicado en la solicitud, previa acreditación de su titularidad mediante declaración responsable.

3. Las subvenciones reguladas en el presente Capítulo estarán exentas de fiscalización previa en el ejercicio de la competencia atribuida a la Intervención General de la Junta de Andalucía, a que se refieren los artículos 4 y siguientes del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril.

La Intervención General acordará, en virtud del artículo 90.6 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la realización de controles posteriores sobre las subvenciones concedidas.

4. Asimismo, las subvenciones reguladas en el presente Capítulo estarán exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 120.1bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, de manera que la resolución de concesión conllevará la aprobación y el compromiso del gasto.

Artículo 20. Modificación de la resolución de concesión.

1. Toda alteración de las condiciones y requisitos tenidos en cuenta para la concesión de las subvenciones reguladas en el presente Capítulo, y en todo caso la obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, conforme a lo previsto en el artículo 32 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. En todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones para la misma finalidad cuando su importe supere el importe de la subvención dará lugar a la modificación de la resolución de concesión, procediendo en su caso el reintegro del exceso obtenido sobre dicho coste, en los términos previstos en el artículo 21.

3. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de otros órganos o bien a instancia de la persona beneficiaria.

4. El escrito por el que se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente justificado, presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedidos.

En el plazo máximo de quince días desde que el escrito haya tenido entrada en el registro telemático único de la Administración de la Junta de Andalucía, éste notificará a la entidad interesada el acuerdo por el que se adopte la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse expresamente.

5. La resolución del procedimiento de modificación de la resolución de concesión será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses por el órgano concedente de la misma, previa instrucción del correspondiente procedimiento en el que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en su caso, hubiera presentado la persona beneficiaria.

Artículo 21. Reintegro.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los supuestos contemplados en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el presente Capítulo y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.

2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, supere el importe de la subvención concedida, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre dicho importe, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, resultando de aplicación para su cobro lo previsto en el artículo 22 del mismo texto.

4. El procedimiento de reintegro se iniciará por acuerdo del órgano que concedió la subvención, que se notificará a la persona interesada.

5. El órgano que concedió la subvención dictará resolución, exigiendo el reintegro que corresponda, resultando de aplicación para su cobro los plazos previstos en el artículo 22.2.c) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

6. Serán competentes para acordar y resolver el procedimiento de reintegro de las subvenciones reguladas en este Capítulo, la persona titular de la Dirección General competente en materia de trabajo autónomo.

7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

Artículo 22. Régimen sancionador.

1. Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones previstas en este Capítulo se sancionarán conforme a lo establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siendo competente para acordar e imponer las sanciones la persona titular de la Consejería competente en materia de trabajo autónomo, sin perjuicio del régimen de delegación de competencias vigente en el momento de resolver el procedimiento.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendarán a órganos distintos.

3. La instrucción del procedimiento sancionador de las subvenciones previstas en este Capítulo, corresponderá a la persona titular de la Dirección General competente en materia de trabajo autónomo.

4. La resolución de los procedimientos sancionadores para todas las subvenciones corresponderá a la persona titular de la Secretaría General competente en materia de trabajo autónomo.

CAPÍTULO II. Programa andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria con los municipios de las provincias de Almería y Huelva en cuyos territorios existen asentamientos chabolistas de personas inmigrantes

Artículo 23. Programa andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria con los municipios de las provincias de Almería y Huelva en cuyos territorios existen asentamientos chabolistas de personas inmigrantes.

1. Se aprueba el Programa andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria con los municipios de las provincias de Almería y Huelva en cuyos territorios existen asentamientos chabolistas conformados mayoritariamente por personas inmigrantes que se desplazan para trabajar en las campañas agrícolas o que viven durante todo el año desempeñando tareas agrícolas en los cultivos bajo plástico, cuya finalidad es la financiación de actuaciones para el reforzamiento y garantía de los servicios públicos de su competencia afectados por la crisis sanitaria-epidemiológica producida por el Coronavirus COVID-19 o por cualquiera de las medidas vinculadas al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 o cualquiera de sus modificaciones posteriores, y dirigidos a satisfacer las necesidades básicas de la población asentada.

2. El Programa se dotará con la cantidad de 2.297.160,21 euros y se articulará a través de transferencias condicionadas al cumplimiento de los requisitos que se establecen en este Capítulo. Estas transferencias se regulan por lo establecido en este Capítulo, no resultando de aplicación la normativa general sobre subvenciones públicas, en particular la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, así como tampoco el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo, salvo remisión expresa prevista en este Capítulo.

3. La dotación se financiará con cargo a la partida presupuestaria 090001000 G/31J/46301/00 01.

Artículo 24. Conceptos financiables.

Con cargo al presente Programa se podrán financiar aquellas actuaciones realizadas desde el día 14 de marzo de 2020 o las que en adelante se realicen, en las que concurran los siguientes requisitos:

Artículo 25. Distribución por municipios.

1. Para determinar la asignación correspondiente a cada entidad local, se ha distribuido la dotación total de este Programa entre los municipios de las provincias de Almería y Huelva, en cuyos territorios existen asentamientos chabolistas conformados mayoritariamente por personas de origen inmigrante que se desplazan para trabajar en las campañas agrícolas o que viven durante todo el año desempeñando tareas agrícolas en los cultivos bajo plástico, teniendo en cuenta el número de personas que habitan en tales asentamientos, según la información extraída de los informes cartografiados sobre los mismos.

2. Los municipios de las provincias de Almería y Huelva beneficiarios, así como las cuantías resultantes para cada uno de ellos se concretan en el Anexo II que se publica con este decreto-ley.

3. Las transferencias a que se hagan acreedores las entidades locales beneficiarias serán compatibles con cualquier tipo de ayuda o subvención, proveniente de cualesquiera entidades públicas o personas físicas o jurídicas privadas que pudieran recibir para esta finalidad, sin que, en ningún caso, en su conjunto, puedan ser superiores al coste de la actuación a que se refiera. Aquellas que vayan destinadas a la misma finalidad u objeto sólo serán financiadas con cargo a lo dispuesto en este Capítulo en aquello que exceda de la ayuda recibida y hasta el gasto total realizado.

Artículo 26. Aceptaciones de financiación y transferencias de fondos.

1. La persona titular de la Alcaldía deberá aceptar la financiación para las actuaciones a ejecutar y presentar la citada aceptación por vía electrónica a través del Portal de la Junta de Andalucía, en la siguiente dirección electrónica: https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/ servicios/procedimientos/detalle/21019/datos-basicos.htm en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este decreto-ley, de acuerdo con el modelo que consta en el Anexo III, así como en la citada dirección electrónica.

En el caso de que en el plazo establecido no se acepte la financiación por parte de la entidad local beneficiaria, decaerá el derecho a su percepción.

2. En el documento a que se refiere el apartado anterior deberá declararse el conocimiento y aceptación de los requisitos y condiciones previstos en el presente Capítulo.

3. La persona titular de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, que habrá iniciado el correspondiente expediente de gasto, que se tramitará en unidad de acto ADOJ con justificación diferida, dictará resolución por la que se reconocerá y cuantificará la obligación máxima reconocida para cada una de las entidades locales beneficiarias. La resolución será publicada en el Boletín Oficial de Junta de Andalucía, surtiendo los mismos efectos que la notificación individual, así como en el Portal de la Junta de Andalucía en la siguiente dirección electrónica: https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/ servicios/procedimientos/detalle/21019/datos-basicos.htm

4. En el acto de fiscalización del documento ADOJ se comprobará:

Artículo 27. Presentación de la documentación relativa a las actuaciones.

1. La presentación de la documentación relativa a las actuaciones se realizará por las entidades locales beneficiarias de forma telemática, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución a la que se refiere el artículo anterior, e irá dirigida a la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias a través del Portal de la Junta de Andalucía, en la siguiente dirección electrónica: https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/ servicios/procedimientos/detalle/21019/datos-basicos.htm

2. La documentación a presentar telemáticamente será la siguiente:

Artículo 28. Validación de los proyectos o actuaciones.

1. En el plazo de diez días a contar desde la presentación de la documentación referida en el artículo anterior, se verificará por parte de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias que se cumplen las condiciones y requisitos establecidos en este capítulo.

2. Cuando una actuación no cumpla con los requisitos establecidos en este Capítulo, la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias podrá requerir, en su caso, las modificaciones, incluida la sustitución de la actuación a desarrollar, que considere convenientes en relación con las actuaciones a financiar. Asimismo, cuando concurran circunstancias técnicas o de otro tipo, inicialmente no previstas, la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias podrá autorizar la modificación de la relación de actuaciones.

Artículo 29. Gestión de los fondos.

1. Los fondos recibidos se ingresarán a las entidades perceptoras en la cuenta que hayan indicado en el documento de aceptación de la financiación a que se refiere el artículo 26.

En el caso de que los dígitos de la cuenta se cumplimenten de forma errónea, los fondos se ingresarán en la cuenta de la entidad local que figure como principal en el Sistema Económico-presupuestario de Gestión Integrada de Recursos Organizativos (GIRO) de la Junta de Andalucía.

2. Las cuantías que deban recibir los municipios con cargo al Programa, no podrán ser objeto de compensación con deudas a favor de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Teniendo en cuenta el interés social de las actuaciones financiadas con cargo al programa y su carácter de gobiernos integrantes de la organización territorial del Estado y de la Comunidad Autónoma, las entidades locales destinatarias de los fondos no tendrán que acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, ni que no son deudoras de la Administración de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de Derecho Público.

Artículo 30. Justificación.

1. Las entidades locales beneficiarias ejecutarán las distintas actuaciones como fecha límite hasta el 31 de diciembre del 2020, debiendo acreditar la justificación de las mismas dentro de los dos meses siguientes a la finalización del periodo de ejecución.

2. Las entidades locales beneficiarias justificarán ante la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias la utilización de los fondos transferidos. A tales efectos, a través del Portal de la Junta de Andalucía, en la dirección electrónica https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/ servicios/procedimientos/detalle/21019/datos-basicos.htm, deberán presentar por vía telemática una certificación justificativa, conforme al modelo que figura como Anexo VII, emitida por la Secretaría, la Intervención o Secretaría-Intervención correspondiente, acreditativa del empleo de las cantidades a la finalidad para las que fueron transferidas, donde se haga constar que el importe total de la transferencia se ha destinado a los gastos por los conceptos previstos en el presente capítulo, que se hayan irrogado de las actuaciones previamente validadas y declaradas financiables conforme a lo dispuesto en su artículo 28.

En el supuesto de que se reflejen cantidades sobrantes o no aplicadas y que, por tanto, hayan de reintegrarse a la Junta de Andalucía, deberá adjuntarse, además, carta de pago por dicho importe, considerándose devolución voluntaria a iniciativa de las entidades beneficiarias. Para ello, deberá requerirse a la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, para que proceda a su confección.

Artículo 31. Verificación de la aplicación de los recursos.

La correcta aplicación de las ayudas extraordinarias a los fines previstos en este Capítulo estará sometida a control por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de la comprobación de la documentación justificativa a que se refiere el artículo anterior por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias.

Los controles que se realicen tendrán por objeto verificar que los recursos del Programa se han empleado efectivamente en la financiación de las actuaciones a las que estaban destinados y que la documentación justificativa presentada por las correspondientes entidades locales reflejan adecuadamente la gestión realizada, aplicando los criterios previstos en el artículo 95 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 32. Reintegro.

1. La falta de justificación parcial o total de la aplicación de los recursos recibidos con cargo al Programa regulado en este Capítulo, implicará la obligación de reintegrar las cantidades no justificadas.

Se entiende por falta de justificación la no remisión a la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la documentación justificativa a que se refiere el artículo 30 o su remisión incompleta o cuando contenga inexactitudes, previo trámite de subsanación o rectificación. Esta falta de justificación, dará lugar al reintegro total o parcial en los términos establecidos en el apartado 4.

También se considerarán no justificadas aquellas partidas en las que, bien mediante las comprobaciones que a tal efecto pueda realizar la Consejería competente en materia de Coordinación de Políticas Migratorias o mediante los controles que realice la Intervención General de la Junta de Andalucía, se ponga de manifiesto que los recursos del Programa no se han aplicado a los fines para los que fueron entregadas o que se han incumplido las condiciones establecidas en este capítulo.

2. En los casos en los que la justificación parcial derive del hecho de no haber aplicado totalmente los fondos, por resultar el gasto de las actuaciones inferior a la cuantía resultante de la asignación prevista en el artículo 25, procederá el reintegro total o parcial en los términos establecidos en el apartado 4.

3. Las cantidades concedidas y no aplicadas a la ejecución de las actuaciones deberán ser objeto de reintegro total o parcial en los términos establecidos en el apartado 4.

4. Las entidades locales beneficiarias deberán aproximarse de modo significativo al cumplimiento de sus actuaciones, acreditando una actuación tendente a la satisfacción de sus compromisos con un grado de cumplimiento de, al menos, el 60% de los recursos concedidos. Dicho supuesto dará lugar al reintegro parcial de las cantidades no aplicadas. En caso contrario, deberán reintegrar el 100% de los recursos recibidos.

5. La falta de colaboración que imposibilite la comprobación y el control de la efectiva aplicación de los recursos del Programa, dará lugar al reintegro total de la aportación recibida por las entidades beneficiarias.

6. Los procedimientos de reintegro serán tramitados y resueltos por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, bien a iniciativa propia, cuando la exigencia de reintegro se derive de las comprobaciones realizadas por dicha Dirección General, bien a iniciativa de la Intervención General de la Junta de Andalucía, cuando sea consecuencia de un control realizado por ésta.

7. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobro y en lo no dispuesto en este capítulo, lo procedimentalmente establecido en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

CAPÍTULO III. Medidas dirigidas a personas con discapacidad y a personas con movilidad reducida

Artículo 33. Prórroga de la validez de las resoluciones y certificados de reconocimiento de grado de discapacidad.

1. Las resoluciones y certificados de reconocimiento, declaración y calificación de grado de discapacidad, así como las tarjetas acreditativas del grado de discapacidad, expedidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que deban ser revisados durante el período que comprende desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2020, quedarán automáticamente prorrogados por el plazo de un año, a contar desde la fecha prevista para su revisión.

2. No obstante, dado el carácter excepcional de dicha prórroga, las resoluciones o certificados del grado de discapacidad que deban ser revisados durante el período de tiempo al que se aplica la prórroga, podrán serlo de oficio mediante el procedimiento ordinario previsto en la normativa vigente y atendiendo a los plazos de revisión inicialmente fijados en las resoluciones y certificados que se prorrogan. En los casos en que, como consecuencia de la revisión de oficio, no proceda mantener el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad de oficio, podrá dictarse resolución dejando sin efecto el período que reste de la prórroga, sin necesidad de agotarla.

3. La revisión de oficio de tales resoluciones y certificados durante la vigencia del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, sólo será posible mediante resolución motivada que acredite la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en los apartados 3 y 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Artículo 34. Prórroga de la validez de las tarjetas de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.

Las tarjetas de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida expedidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que deban ser renovadas durante el período que comprende la declaración de estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, quedarán automáticamente prorrogadas por un plazo de seis meses, a contar desde la fecha prevista para su renovación.

Artículo 35. Solicitud de revisión de grado de discapacidad por agravamiento.

La medida extraordinaria de prórroga automática dispuesta en el artículo 33 no podrá implicar, en ningún caso, perjuicio alguno al derecho de las personas con grado de discapacidad reconocido a solicitar la revisión de reconocimiento, valoración y calificación de grado de discapacidad por agravamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, y a la expedición de Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad en virtud de la Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se regula el procedimiento para su concesión.

CAPÍTULO IV. Medidas relativas a programas subvencionados en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

Artículo 36. Imputación de los gastos del personal adscrito a los programas subvencionados en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

1. En las subvenciones concedidas en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, tendrá la consideración de gasto subvencionable el correspondiente a los gastos del personal adscrito a los programas en ejecución del fin subvencionado, devengados en el período de tiempo en que no fuera posible continuar con el normal desarrollo de los mismos debido a las medidas adoptadas para la contención del COVID-19, siempre que se acredite por la entidad beneficiaria tanto la permanencia de la plantilla de trabajo adscrita a los programas subvencionados en las mismas condiciones laborales y el abono de los gastos de personal correspondientes a dicho período, como la efectiva realización de la actuación dentro del período de ejecución, lo que deberá quedar desglosado y debidamente justificado.

2. Lo previsto en el apartado anterior, será aplicable a los proyectos cuya ejecución se haya visto afectada por las medidas adoptadas para la contención de la pandemia COVID-19, y únicamente durante ese período de afectación, no siendo de aplicación a las subvenciones financiadas con fondos europeos.

CAPÍTULO V. Medidas económicas y de flexibilización dirigidas al sector portuario

Artículo 37. Exención de las tasas por ocupación privativa y aprovechamiento especial al sector pesquero durante el estado de alarma.

Los sujetos pasivos de las tasas por ocupación privativa y aprovechamiento especial para la prestación de servicios públicos portuarios o el ejercicio de actividades comerciales o industriales en los puertos, reguladas en los artículos 63 y 64 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, ocupantes del dominio público portuario de Andalucía pertenecientes al sector pesquero, estarán exentos del pago de la parte de la cuota correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020, fecha de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el 14 de mayo de 2020, quedando ampliado dicho periodo, como máximo, hasta el 14 de junio de 2020, si el estado de alarma permaneciera en esta última fecha. Lo anterior se tendrá en cuenta en la determinación de la cuota que proceda abonar definitivamente en la liquidación de las referidas tasas.

Artículo 38. Exención de las tasas por ocupación privativa y aprovechamiento especial al sector industrial y hostelero portuario, a las actividades auxiliares vinculadas a la náutica deportiva y al estacionamiento de vehículos, durante el estado de alarma.

Los sujetos pasivos de las tasas por ocupación privativa y aprovechamiento especial para la prestación de servicios públicos portuarios o el ejercicio de actividades comerciales o industriales en los puertos, reguladas en los artículos 63 y 64 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, ocupantes del dominio público portuario de Andalucía que a continuación se detallan, estarán exentos del pago de la parte de la cuota correspondiente al periodo previsto en el artículo anterior, lo que se tendrá en cuenta en la determinación de la cuota que proceda abonar definitivamente en la liquidación de las referidas tasas por ocupación privativa y aprovechamiento especial. A estos efectos, estarán exentas:

Artículo 39. Exención de la Tasa T7 por ocupación de superficie al sector pesquero.

Los sujetos pasivos de la Tasa T7 por ocupación de superficie regulada en el artículo 58 de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, que sean pertenecientes al sector pesquero y ocupantes del dominio público portuario de Andalucía mediante compromisos de ocupación suscritos con la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, estarán exentos del pago de la parte de la cuota correspondiente al periodo previsto en los artículos anteriores, lo que se tendrá en cuenta en la determinación de la cuota que proceda abonar definitivamente en la liquidación de la referida tasa.

Artículo 40. Posibilidad de fraccionamiento de liquidaciones correspondiente a la anualidad 2020.

Los sujetos pasivos de la Tasa T7 por ocupación de superficie, así como los de las Tasas por ocupación privativa y aprovechamiento especial para la prestación de servicios públicos portuarios o el ejercicio de actividades comerciales o industriales en los puertos, reguladas en los artículos 58, 63 y 64 respectivamente, de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, podrán solicitar, dentro del periodo voluntario de pago, el fraccionamiento del pago de las referidas tasas devengadas durante todo el ejercicio 2020. A estos efectos, el periodo máximo de fraccionamiento será de 6 meses a contar desde que se notifique la resolución estimando la solicitud de fraccionamiento, sin que ello conlleve devengo alguno de intereses ni la necesidad de prestación de ningún tipo de garantía.

Artículo 41. Medidas de agilización administrativa en los procedimientos de otorgamiento de título habilitante para la ocupación del dominio público portuario.

1. En los procedimientos de otorgamiento y modificación sustancial de autorizaciones y concesiones administrativas para la ocupación del dominio público portuario en tramitación durante el año 2020, el cómputo de los plazos máximos para dictar y notificar su resolución y que restare tras la finalización del estado de alarma quedará reducido a la mitad. Asimismo, se reducirán a la mitad los plazos para instruir cada uno de trámites pendientes de realizar en tales procedimientos.

2. Durante el presente año, la publicación de los trámites de competencia de proyectos y el de información pública, a que se refiere el apartado anterior, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía estará exenta del pago de las tasas reguladas en el 25 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se deroga el último párrafo del apartado 1 por la disposición derogatoria única.w) del Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre de 2021. Ref. BOJA-b-2021-90434#dd

Disposición adicional primera. Información al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.

El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales será informado en un plazo de tres días hábiles sobre la resolución de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias a la que se refiere el artículo 26.3, por la que se reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida para cada una de las entidades locales beneficiarias.

Disposición adicional segunda. No aplicación de la suspensión de los plazos administrativos prevista en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

A los plazos previstos en el Capítulo II no les será de aplicación la suspensión de plazos administrativos prevista en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto de dicha disposición adicional.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto-ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.

La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el párrafo c) del apartado 1 del artículo 47, que queda redactado de la siguiente forma:

«c) La tarjeta podrá tener formato digital, será personal e intransferible y en ella figurarán, entre otros datos, los datos personales y un código de identificación único. A efectos de identificar de forma única, segura e inequívoca a cada persona titular del derecho a los servicios sociales se podrán tomar de referencia los datos contenidos en la base de datos poblacional de la tarjeta sanitaria del Sistema Sanitario Público de Andalucía.»

Dos. Se modifica el párrafo d) del apartado 2 del artículo 47, que queda redactado de la siguiente forma:

«d) La historia social se diseñará con tecnología digital y pasará a denominarse Sistema CoheSSiona, al objeto de garantizar la interoperabilidad general del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, así como con los otros sistemas de protección social que fuera necesario integrar.»

Tres. Se añade un artículo 47 Bis que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 47 Bis. Bases jurídicas para el tratamiento de datos personales en el Sistema CoheSSiona.

1. A falta de consentimiento expreso, el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, habilitan para un tratamiento lícito de los datos de carácter personal en el Sistema de Información sobre Servicios Sociales, en tanto este tratamiento se lleva a cabo en cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos a la persona responsable del tratamiento, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.

1. Los objetivos que se pretenden con el desarrollo e implantación del Sistema CoheSSiona son los siguientes:

a) La orientación, armonización, homogeneización y continuidad de la intervención interprofesional en los procesos de atención e intervención social.

b) La integridad de toda la información que el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía tiene sobre una persona y su unidad familiar.

c) La continuidad y complementariedad de las atenciones e intervenciones entre los distintos niveles de actuación de los servicios sociales, derivadas de las necesidades surgidas a lo largo del ciclo vital de la persona.

d) La realización de los procesos de atención e intervención social con una gestión más eficaz, eficiente y sostenible.

e) La coordinación y cooperación entre los diferentes sistemas de protección que permita el intercambio de información relativa a un proceso de intervención y protección social de una persona y su unidad familiar.

1. El tratamiento de cualesquiera datos personales en el Sistema CoheSSiona necesarios para la gestión de los sistemas y servicios de asistencia y protección social comprende:

a) La gestión de prestaciones y servicios previstas en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

b) Actuaciones de las entidades de titularidad pública, de las entidades de la iniciativa social y de las entidades privadas autorizadas en materia de protección de menores, de atención a las familias, de personas con discapacidad, personas en situación de dependencia, de personas mayores y aquellas personas en situación de vulnerabilidad social o exclusión social, así como aquellas actuaciones en que se protejan intereses de personas con la capacidad de obrar modificada judicialmente.

1. El intercambio de los datos personales necesarios para documentar todos los procesos de atención e intervención social, mediante el Sistema CoheSSiona y los sistemas de información que interactúen con éste, en el marco estricto y a los efectos únicamente de la tramitación de dichos procesos de intervención social, en razón a las bases jurídicas establecidas en los apartados anteriores, es una obligación impuesta, en virtud de esta ley, a:

a) Las entidades gestoras de los servicios, recursos y prestaciones que conforman el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, conforme a lo previsto en el artículo 24 de esta Ley.

b) Los órganos, entidades y organismos, de titularidad pública, competentes sobre otros sistemas de protección social, cuyos sistemas de información se vinculen e interoperen con el Sistema CoheSSiona.

c) Las entidades prestadoras de servicios y recursos o que desarrollen programas subvencionados por la Administración autonómica competente en materia de servicios sociales, de titularidad privada, no integrados en el Sistema Público de Servicios Sociales, que desarrollen actuaciones complementarias a la ciudadanía y se integren en el ámbito del Sistema CoheSSiona en virtud de un convenio de interoperabilidad.

1. La información contenida en el Sistema CoheSSiona podrá ser compartida con otros ámbitos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de otras Comunidades Autónomas, de la Administración General del Estado y sus entes instrumentales, así como con el ámbito europeo, según la normativa que en cada momento esté vigente, debiendo, por tanto, cumplir los criterios de normalización, interoperabilidad y seguridad que, en cada momento, se exijan.

1. Los datos e información objeto de intercambio entre las diferentes administraciones se concretarán a través de protocolos normalizados que serán desarrollados reglamentariamente.

1. Los datos personales relativos a las personas usuarias de los servicios sociales que se encuentren incluidos en el Sistema CoheSSiona se conservarán mientras sigan siendo usuarias de los servicios sociales y durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades para las que fueron recabados, sin perjuicio del ejercicio por parte de las personas interesadas de sus derechos de rectificación, oposición, olvido, supresión o portabilidad.»

Cuatro. Se añade un artículo 47 Ter que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 47 Ter. Régimen jurídico y obligaciones legales de la Historia Social Única electrónica de Andalucía.

1. El tratamiento de los datos personales necesarios para documentar el proceso de intervención social en el Sistema CoheSSiona se regulará, además de por lo dispuesto en esta ley, por la normativa especial en materia de protección de datos personales, de protección de la infancia, de protección de las personas con discapacidad, de igualdad de género y de cualesquiera otra normativa sectorial en los ámbitos de la intervención social.

1. La Consejería competente en materia de servicios sociales será el órgano responsable de los ficheros de origen de los datos incluidos en el Sistema CoheSSiona, sin perjuicio de las obligaciones de las entidades encargadas del tratamiento.»

Cinco. Se añade un artículo 47 Quáter que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 47 Quáter. Acceso a la información contenida en el Sistema CoheSSiona.

1. Tendrán acceso a la información contenida en el Sistema CoheSSiona aquellas personas que presten servicios en las entidades previstas en el artículo 47.bis.4 que lo requieran para el ejercicio de su cometido profesional. Se establecerán diferentes perfiles de acceso limitados al contenido necesario, adecuado y pertinente, en atención a las concretas funciones que cada profesional tenga encomendadas, que cuenten con los requisitos y la autorización establecida reglamentariamente.

1. Las personas usuarias de los servicios sociales tienen el derecho de acceso a la información contenida en su historia social electrónica, que podrá ejercitarse por la persona usuaria mediante la acreditación de su identidad o, en los casos que corresponda, mediante representación debidamente acreditada.

1. El acceso por parte de las personas profesionales al Sistema CoheSSiona estará sujeto a los deberes de secreto profesional y de confidencialidad.

1. El acceso a la información contenida en el Sistema CoheSSiona, así como el tratamiento de datos personales, con fines estadísticos, de investigación o docencia, se regirá por lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos.

1. Cualquier otro acceso a la información contenida en el Sistema CoheSSiona se realizará en los términos y con los requisitos exigidos por la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.»

Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.

1. Se autoriza a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de coordinación de políticas migratorias para dictar las disposiciones que, en el ámbito de sus competencias, sean necesarias en desarrollo y ejecución de lo previsto en este decreto-ley.

Si por error o causas sobrevenidas se alterasen las entidades, magnitudes y demás circunstancias tenidas en consideración en el cálculo de las asignaciones establecidas en el Anexo II, la persona titular de la Consejería competente en materia de coordinación de políticas migratorias queda habilitada para recalcular, en su caso, las asignaciones efectuadas, modificando el mencionado Anexo en lo que resultase procedente. Dichas modificaciones habrán de publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo, la persona titular de la Consejería con competencias en materia de coordinación de políticas migratorias queda habilitada para modificar los formularios recogidos como Anexos III, IV, V, VI y VII.

2. Se autoriza a la persona titular de la Consejería con competencias en materia trabajo autónomo para dictar las disposiciones que, en el ámbito de sus competencias, sean necesarias en desarrollo y ejecución de lo previsto en este decreto-ley, así como para el desarrollo reglamentario de las disposiciones establecidas en el mismo.

3. Se autoriza a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de políticas sociales para dictar las disposiciones que, en el ámbito de sus competencias, sean necesarias en desarrollo y ejecución de lo previsto en este decreto-ley.

4. Se autoriza a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de puertos para dictar las disposiciones que, en el ámbito de sus competencias, sean necesarias en desarrollo y ejecución del presente decreto-ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor y vigencia.

1. El presente decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, salvo lo previsto en el Capítulo I que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

2. Con carácter general, las medidas previstas en el presente decreto-ley mantendrán su vigencia hasta el fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma.

No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este decreto-ley que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.

De otra parte, tendrá vigencia durante todo el año 2020 lo dispuesto en los artículos 40 y 41, a excepción de lo previsto en el último párrafo del artículo 41.1 que tendrá vigencia indefinida. Así mismo, la medida establecida en el artículo 36 será aplicable a las

subvenciones concedidas por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo que se encuentren en ejecución o sean concedidas durante el ejercicio 2020 cuando se refieran a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.

Así mismo, la regulación prevista en el Capítulo II mantendrá su vigencia hasta la finalización de los procedimientos de justificación, comprobación, control y, en su caso, reintegro derivados del régimen jurídico de las ayudas que en el mismo se regulan.

Por último, la modificación que se efectúa de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, mediante la disposición final primera, ajustará su vigencia a la de la citada disposición legal.

Se modifica el apartado 2 por la disposición final 4 del Decreto-ley 17/2020, de 19 de junio. Ref. BOJA-b-2020-90237

Sevilla, 15 de abril de 2020.‒Elías Bendodo Benasayag, Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior.‒Juan Manuel Moreno Bonilla, Presidente de la Junta de Andalucía.

ANEXOS

Téngase en cuenta que se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de coordinación de políticas migratorias a modificar las asignaciones del Anexo II y que se autoriza al titular de la Consejería con competencias en materia de coordinación de políticas migratorias para modificar los formularios de los Anexos III, IV, V, VI y VII, mediante disposición publicada únicamente en el "Boletín Oficial de la Junta de Andalucía", según se establece en la disposición final 2.1 de la presente norma.

ANEXO I. Relación de actividades económicas subvencionables (artículo 5.1 del decreto-ley)

011 Cultivos no perennes.

105 Fabricación de quesos.

133 Acabado de textiles.

141 Confección de prendas de vestir, excepto de peletería.

143 Confección de prendas de vestir de punto.

151 Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de pieles.

162 Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería.

171 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón.

172 Fabricación de artículos de papel y de cartón.

181 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.

182 Reproducción de soportes grabados.

222 Fabricación de productos de plástico.

231 Fabricación de vidrio y productos de vidrio.

236 Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso.

237 Corte, tallado y acabado de la piedra.

241 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones.

251 Fabricación de elementos metálicos para la construcción.

255 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos.

256 Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta de terceros.

257 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería.

259 Fabricación de otros productos metálicos.

261 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensamblados.

262 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos.

263 Fabricación de equipos de telecomunicaciones.

264 Fabricación de productos electrónicos de consumo.

265 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación; fabricación de relojes.

266 Fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos.

267 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.

268 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos.

281 Fabricación de maquinaria de uso general.

282 Fabricación de otra maquinaria de uso general.

283 Fabricación de maquinaria agraria y forestal.

292 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques.

293 Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor.

303 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria.

310 Fabricación de muebles.

321 Fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares.

322 Fabricación de instrumentos musicales.

323 Fabricación de artículos de deporte.

324 Fabricación de juegos y juguetes.

325 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos.

329 Industrias manufactureras n.c.o.p.

331 Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo.

332 Instalación de máquinas y equipos industriales.

411 Promoción inmobiliaria.

412 Construcción de edificios.

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles.

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil.

431 Demolición y preparación de terrenos.

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción.

433 Acabado de edificios.

439 Otras actividades de construcción especializada.

452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor.

473 Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados.

493 Otro transporte terrestre de pasajeros.

521 Depósito y almacenamiento.

561 Restaurantes y puestos de comidas.

562 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas.

611 Telecomunicaciones por cable.

612 Telecomunicaciones inalámbricas.

613 Telecomunicaciones por satélite.

619 Otras actividades de telecomunicaciones.

620 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática.

651 Seguros.

662 Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones.

681 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia.

682 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.

683 Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros.

691 Actividades jurídicas.

711 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico.

721 Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas.

722 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades.

731 Publicidad.

732 Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública.

741 Actividades de diseño especializado.

742 Actividades de fotografía.

743 Actividades de traducción e interpretación.

749 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.

750 Actividades veterinarias.

771 Alquiler de vehículos de motor.

772 Alquiler de efectos personales y artículos de uso doméstico.

773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles.

782 Actividades de las empresas de trabajo temporal.

783 Otra provisión de recursos humanos.

791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos.

799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

801 Actividades de seguridad privada.

802 Servicios de sistemas de seguridad.

803 Actividades de investigación.

811 Servicios integrales a edificios e instalaciones.

812 Actividades de limpieza.

813 Actividades de jardinería.

821 Actividades administrativas y auxiliares de oficina.

829 Actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.

855 Otra educación.

861 Actividades hospitalarias.

862 Actividades médicas y odontológicas.

869 Otras actividades sanitarias.

881 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad.

889 Otras actividades de servicios sociales sin alojamiento.

900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos.

910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.

960 Otros servicios personales.

ANEXO II

Véase, en cuanto a la modificación del presente anexo,la Orden de 20 de abril de 2020, por la que se modifica y se recalculan las cuantías de las transferencias establecidas en el Anexo II del Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, publicada en el BOJA extraordinario núm. 18, de 22 de abril de 2020.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 25 del presente decreto-ley, la dotación total del Programa andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria (2.297.160,21 de euros) se ha distribuido entre los municipios de las provincias de Almería y Huelva en cuyos territorios existen asentamientos chabolistas conformados mayoritariamente por personas de origen inmigrante que se desplazan para trabajar en las campañas agrícolas o que viven durante todo el año desempeñando tareas agrícolas en los cultivos bajo plástico, que se relacionan en este Anexo, tenido en cuenta el dato sobre el número de residentes de sus asentamientos que consta en los mapas de asentamientos chabolistas de Huelva elaborados por el INFOCA y Cruz Roja y en los informes de los Equipos de Atención al Inmigrante (EDATI) de Almería, de la Guardia Civil (actualizados por Cruz Roja a marzo de 2020), realizados con la información extraída a partir de los informes cartografiados de dichos asentamientos.

NÚM.	AYUNTAMIENTOS	CUANTÍA ASIGNADA
1	NÍJAR.	704.147,40 €
2	VICAR.	53.519,40 €
3	EL EJIDO.	159.508,80 €
4	ROQUETAS DE MAR.	179.447,40 €
5	ANTAS.	7.345,80 €
6	CUEVAS DE ALMANZORA.	54.568,80 €
7	MOGUER.	252.380,70 €
8	PALOS DE LA FRONTERA.	189.941,40 €
9	HUELVA.	7.894,11 €
10	LUCENA DEL PUERTO.	428.155,20 €
11	LEPE.	260.251,20 €
TOTAL DOTACIÓN AYUDAS EXTRAORDINARIAS.	TOTAL DOTACIÓN AYUDAS EXTRAORDINARIAS.	2.297.160,21 €