LegalizeMINISTERIO DE DEFENSA
Decreto 703/2018
DECTO-2018-703-APN-PTE - Directiva de Política de Defensa Nacional. Aprobación.
Ciudad de Buenos Aires, 30/07/2018
VISTO la Ley de Defensa Nacional N° 23.554, la Ley de Seguridad
Interior N° 24.059, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas
N° 24.948, la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y su
modificatoria, el Decreto N° 727 del 12 de junio de 2006 y su
modificatorio, el Decreto N° 1729 del 27 de noviembre de 2007, el
Decreto N° 1714 del 10 de noviembre de 2009 y el Decreto N° 2645 del 30
de diciembre de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que la Defensa Nacional es una función esencial e indelegable del
Estado Nacional y tiene por objetivo rector garantizar de modo
permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su
integridad territorial y capacidad de autodeterminación y la protección
de la vida y la libertad de sus habitantes.
Que el Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional aprobado por el
Decreto N° 1729/07 se inicia con el dictado, a propuesta del MINISTERIO
DE DEFENSA, de la Directiva de Política de Defensa Nacional.
Que en el marco de la transformación que han experimentado los desafíos
en materia de Defensa que debe afrontar la REPÚBLICA ARGENTINA, resulta
necesaria la aprobación de una nueva Directiva de Política de Defensa
Nacional, a fin de actualizar los lineamientos y las prioridades
estratégicas de esta política de Estado.
Que esta nueva Directiva de Política de Defensa Nacional establecerá
los criterios que orientarán la reforma de la organización, el
funcionamiento, la planificación y la administración de los recursos
humanos y materiales del Sistema de Defensa Nacional, conforme las
apreciaciones estratégicas del gobierno nacional respecto de los
escenarios global y regional y el impacto en la seguridad estratégica
de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que la REPÚBLICA ARGENTINA debe contar con la capacidad de anticipar,
disuadir y superar las amenazas, riesgos y desafíos del siglo XXI que
afecten su seguridad estratégica nacional.
Que la evaluación del escenario internacional y el análisis de su
impacto en los intereses nacionales de la REPÚBLICA ARGENTINA
constituyen las bases para la identificación de desafíos,
oportunidades, amenazas y riesgos a la Defensa Nacional y para la
realización del Planeamiento Estratégico contribuyente a su atención.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL ha establecido como objetivos
transversales de su gestión de gobierno la lucha contra el
narcotráfico, la reducción de la pobreza y la unión de los argentinos,
por lo que su cumplimiento exige la colaboración de todas las áreas del
Estado, conforme sus competencias y responsabilidades específicas.
Que el Sistema de Defensa Nacional presenta hoy un conjunto de
limitaciones doctrinarias, presupuestarias e institucionales que deben
ser adecuadamente atendidas a fin de garantizar que el Instrumento
Militar de la Nación esté en condiciones operacionales de atender sus
responsabilidades primarias.
Que, en tal sentido, resulta necesario derogar la Directiva de Defensa
Nacional y su actualización aprobada por los Decretos N° 1714/09 y N°
2645/14 respectivamente.
Que los servicios permanentes de asesoramiento jurídico del MINISTERIO
DE SEGURIDAD y del MINISTERIO DE DEFENSA han tomado la intervención que
les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 99, incisos 1 y 12, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase la “Directiva de Política de Defensa Nacional”
(DPDN) que forma parte del presente como Anexo I
(IF-2018-36379017-APN-SECEYAM#MD).
ARTÍCULO 2º.- Deróganse el Decreto N° 1714 del 10 de noviembre de 2009 y el Decreto N° 2645 del 30 de diciembre de 2014.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. MACRI - Marcos Peña - Oscar Raúl Aguad -
Patricia Bullrich - Jorge Marcelo Faurie
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 31/07/2018 N° 54968/18 v. 31/07/2018
(*Nota
Infoleg:**
Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la
edición web de Boletín Oficial)*
ANEXO I
La Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) es el documento que
establece los lineamientos centrales de la política de Defensa Nacional
de la REPÚBLICA ARGENTINA. Estas definiciones determinan la visión y
criterios que orientarán la organización, el funcionamiento, la
planificación, el desarrollo de capacidades operacionales, el empleo y
la administración de los recursos humanos y materiales, conforme las
apreciaciones estratégicas de los escenarios global y regional en
materia de defensa y su impacto en la seguridad estratégica de la
REPÚBLICA ARGENTINA.
La formulación de estos lineamientos exige el análisis de un conjunto
de variables que trascienden el ámbito específico de la Defensa
Nacional e involucran a otras dependencias del Estado Nacional: las
Relaciones Exteriores; la Seguridad Estratégica, la Inteligencia, la
Economía, la Investigación y el Desarrollo Tecnológico, entre otras. Si
bien la atención de estas problemáticas excede las competencias del
MINISTERIO DE DEFENSA, deben ser adecuadamente evaluadas desde el punto
de vista de la Defensa Nacional a fin de considerar su impacto en los
intereses fundamentales de la REPÚBLICA ARGENTINA, a saber su
soberanía, su capacidad de autodeterminación y su integridad
territorial; así como también en relación a sus recursos estratégicos
que deben ser preservados para garantizar el desarrollo de la Nación, y
la libertad de sus habitantes.
El análisis de las tendencias estratégicas de los escenarios mundial y
regional, como así también la evaluación del impacto de estas dinámicas
en la promoción de los intereses nacionales, constituyen las bases para
la identificación de desafíos, oportunidades, amenazas y riesgos a la
Defensa Nacional y la determinación de las necesidades de coordinación
entre los organismos del Estado.
Estos escenarios configuran los desafíos prioritarios que deberán ser
atendidos por la REPÚBLICA ARGENTINA. Las responsabilidades asignadas
al MINISTERIO DE DEFENSA ante cada uno de estos desafíos variarán en
función de la naturaleza de los problemas. Mientras que en algunos
escenarios el Instrumento Militar cumple un papel protagónico e
indelegable, en otros cumple un rol de interacción, coordinación o
apoyo a otros entes y/u organismos del Estado. La determinación de los
ámbitos de responsabilidad y/o sus funciones constituirán las bases
para el diseño de las capacidades militares de la Nación en el corto,
mediano y largo plazo.
El PODER EJECUTIVO NACIONAL ha establecido como objetivos prioritarios
para la gestión de gobierno la lucha contra el narcotráfico, la
reducción de la pobreza y la unión de los argentinos. Si bien estos
objetivos están bajo la responsabilidad principal de otros Ministerios,
en virtud de su naturaleza, la envergadura de los mismos exige la
colaboración de todas las áreas del Estado.
El marco normativo vigente contempla entre las modalidades de empleo
del Instrumento Militar una serie de responsabilidades, como parte del
Sistema de Defensa Nacional o en colaboración con otras áreas del
Estado, contribuyentes a dichos objetivos: operaciones en apoyo a la
seguridad, de conformidad con la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior,
operaciones de apoyo a la comunidad y operaciones de apoyo a la
política exterior de la Nación. Estas funciones, que complementan la
misión principal de las FUERZAS ARMADAS, constituyen una contribución
del Instrumento Militar a la concreción de las mencionadas prioridades
de gobierno.
Esta contribución no implica desatender las responsabilidades propias
del Sistema de Defensa Nacional. Si bien la REPÚBLICA ARGENTINA no
percibe amenazas con relación a sus países vecinos, y está plenamente
comprometida con la promoción de los valores de la paz y la seguridad
internacional, reconoce la incertidumbre del contexto global y la
existencia de riesgos. La necesidad de resguardar la soberanía e
independencia de la REPUBLICA ARGENTINA, la integridad territorial, la
capacidad de autodeterminación, la protección de la vida y la libertad
de sus habitantes ante agresiones de origen externo constituyen una
función permanente del Sistema de Defensa Nacional. La presente
Directiva establece las acciones que deberá desarrollar el Sistema de
Defensa Nacional para el cumplimiento de esta misión primaria, lo que
contribuirá a sostener las bases necesarias para la prosperidad, la
seguridad estratégica y el desarrollo de la REPUBLICA ARGENTINA.
El Instrumento Militar de la Nación afronta limitaciones en materia de
organización, despliegue, doctrina, equipamiento, alistamiento y
adiestramiento que tornan necesario el impulso de una profunda política
de reconversión. Este proceso debe promover el mejoramiento de las
capacidades requeridas para la Defensa Nacional, conforme las
previsiones estratégicas de corto, mediano y largo plazo. La presente
Directiva establece los criterios a partir de los cuales el MINISTERIO
DE DEFENSA elaborará los planes de modernización del Instrumento
Militar. Los lineamientos presupuestarios conjuntamente con los planes
aprobados permitirán sentar las bases para el diseño de un planeamiento
de recursos de mediano y largo plazo.
CAPÍTULO l.
Apreciación del Escenario Global y Regional
Diagnóstico Global
El actual escenario internacional se caracteriza por una creciente
complejidad e incertidumbre, producto de la coexistencia de múltiples
centros de poder y decisión, así como por la emergencia de nuevos
actores que participan en la construcción del orden global. La
preeminencia del poder militar de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
encuentra de manera creciente un contrapeso en el aumento de las
capacidades militares de la REPÚBLICA POPULAR CHINA y la FEDERACIÓN DE
RUSIA, en especial por la manera en que dichas capacidades fortalecen
el poder de estas potencias en sus respectivas regiones.
La economía global también registra una mayor diversidad de centros de
poder económico emergentes que, al conectar sus sistemas productivos y
flujos de inversión con aquellos ya establecidos, como la UNIÓN
EUROPEA, el ESTADO DE JAPÓN y los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, refuerzan
la interdependencia económico-financiera. La contracara de este proceso
se ha manifestado recientemente con el surgimiento de políticas
proteccionistas en distintos países que cuestionan los beneficios de la
globalización económica.
La superposición de estas tendencias atraviesa la dinámica del orden
internacional y marca un contraste con el pasado reciente. Durante
décadas, la comunidad internacional promovió la creación de reglas,
consensos y acuerdos compartidos que facilitaron la integración
económica, el desarrollo de las naciones y la cooperación en beneficio
de los Estados. También otorgó previsibilidad al comportamiento
estatal, al promover la gestión no violenta de las disputas
internacionales. Sin embargo, la fortaleza de este sistema enfrenta
desafíos asociados a la creciente autonomía de actores estatales y no
estatales de diverso peso relativo y atributos de poder.
La mayor interdependencia entre los Estados, producto de la
globalización, no supuso la consolidación definitiva de los acuerdos de
gobernanza global. En la actualidad, algunas potencias evalúan que la
arquitectura del sistema de seguridad internacional no ofrece las
mismas garantías para todos los Estados. Esta caracterización ha
promovido el cuestionamiento de los encuadramientos jurídicos que
regulan la utilización de la fuerza. Adicionalmente, fenómenos tales
como la lenta y desigual recuperación de la economía global, la crisis
de refugiados que atraviesa Europa, la propagación del terrorismo
extremista en el mundo y el auge de movimientos nacionalistas han
añadido mayor complejidad a la cooperación entre los Estados.
El debilitamiento de la predisposición al multilateralismo no es
homogéneo ni irreversible. Esta tendencia encuentra como contrapartida
la prolífera actividad de diversos mecanismos de vinculación entre las
naciones. Ámbitos como
el GRUPO DE LOS 20 (G20) y la ORGANZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) expresan la aún persistente confianza en
la utilización de instancias de articulación internacional y gobernanza
global. El accionar de estos organismos constituye un factor de peso
que balancea la disposición de ciertos actores al unilateralismo, al
tiempo que confirma la existencia de tendencias contrapuestas en el
escenario internacional.
La redistribución del poder global podría generar situaciones de
conflicto. En diversas regiones del mundo, la estabilidad está
garantizada por un delicado equilibrio de poder entre las potencias. El
Mar del Sur y del Este de China, Europa Oriental y Medio Oriente
constituyen escenarios de indudable competencia estratégica. El
principal riesgo refiere a la mayor predisposición de algunos Estados a
apelar a la resolución de conflictos mediante el uso de la fuerza. Esta
tendencia se expresa tanto en actores estatales como aquellos de
naturaleza no estatal que, promovidos por otras naciones y/o grupos de
poder, cuentan con la capacidad de disputar el monopolio de la
violencia estatal.
Adicionalmente, la desconfianza impacta en las políticas
internacionales asociadas a los bienes globales comunes, la alta mar,
el ciberespacio y el espacio exterior.
En el marco de estos procesos, la disuasión recuperó protagonismo en
las políticas de defensa de los Estados. El aumento de la proyección de
poder militar y el retorno de la competencia geopolítica ocasionaron
que los conflictos armados emerjan nuevamente como una amenaza
significativa a la paz y la seguridad internacional. En la actualidad,
la disuasión resulta más compleja que en los años de la Guerra Fría.
Mientras que en el pasado esta misión estaba asociada al desarrollo y
adquisición de capacidades nucleares, las doctrinas militares
contemporáneas han extendido el empleo de este concepto al ciberespacio
y al espacio exterior.
Las potencias regionales y globales han modernizado sus estrategias de
defensa y sus fuerzas armadas. Esta actualización exhibe la creciente
integración entre formas tradicionales y no tradicionales de agresión e
influencia. Estas últimas refieren a acciones no militares dirigidas a
desestabilizar a la población y los gobiernos de las naciones
adversarias. Los beligerantes combinan instrumentos políticos,
diplomáticos, informativos, ciberespaciales, militares y económicos. La
diseminación masiva de información falsa y el reemplazo de las tropas
regulares por organizaciones irregulares o empresas militares privadas
configuran algunas de las tendencias propias de la última década.
Algunos Estados apelan a estas tácticas para promover sus intereses en
regiones ajenas a sus espacios soberanos. Como corolario, los
conflictos armados actuales ocurren crecientemente por debajo del
umbral de la violencia militar directa y en los márgenes del derecho
internacional.
Los procesos de modernización militar priorizan el empleo de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones, de vigilancia y
control de los espacios, el fortalecimiento del accionar militar
conjunto, la flexibilidad e interoperabilidad de medios y el despliegue
rápido de elementos en el territorio.
Estas concepciones militares exigen una creciente integración operativa
de los esfuerzos de guerra. Los Estados también promueven elevar la
eficiencia de sus instrumentos militares mediante procesos integrales
de restructuración, la racionalización, la integración y la
desburocratización de sus estructuras. Las Fuerzas Armadas del siglo
XXI se constituyen como organizaciones flexibles con un fuerte
componente tecnológico, en contraste con las organizaciones militares
del siglo XX. También han incorporado al ciberespacio y al espacio
exterior como ámbitos de interés en un marco de interdependencia
tecnológica, lo cual obliga a atender los fenómenos que se desarrollan
en estos ámbitos.
La mayor competencia interestatal convive con problemáticas de
seguridad que afectan transversalmente a todas las naciones del mundo.
La proliferación de armas químicas, biológicas, radiológicas y
nucleares, así como de las tecnologías misilísticas que permiten su
proyección, constituye una amenaza a la paz y la seguridad
internacional. El incremento del número de países con acceso a este
tipo de tecnología armamentística, la sucesión de ensayos nucleares y
los episodios recientes de empleo de armas químicas configuran
fenómenos de preocupación en la agenda global.
El terrorismo internacional configura uno de los principales problemas
de la agenda del siglo XXI. Este fenómeno adquiere mayor complejidad al
confluir con otros delitos y fenómenos criminales complejos, tales como
el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y los
delitos que se cometen con asistencia de las nuevas tecnologías de la
información. El abordaje de estos asuntos requiere una estrecha
articulación nacional e internacional, que incluya la participación de
organismos gubernamentales y de la sociedad civil.
Por otra parte, el desarrollo tecnológico incrementó los riesgos
asociados a la militarización del ciberespacio. La disuasión se ha
extendido al ámbito cibernético, al tiempo que han surgido nuevos
desafíos producto de las tensiones entre una mayor conectividad, la
privacidad y los derechos de la ciudadanía. Tanto los Estados como los
actores no estatales están desarrollando medios cibernéticos para
explotar las vulnerabilidades inherentes a los sistemas de comando,
control, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. De
igual forma, las redes terroristas explotan el ciberespacio para
reclutar miembros, recaudar fondos y difundir su propaganda.
Las amenazas cibernéticas sofisticadas provienen de organizaciones
militares y agencias de inteligencia de otros Estados. Si bien los
gobiernos tecnológicamente avanzados explotan sus ventajas comparativas
con relación al resto de los países, el despliegue de operaciones
disruptivas en el ciberespacio también está al alcance de las naciones
menos desarrolladas. El abordaje de esta problemática desde la
perspectiva de la Defensa Nacional requiere adoptar medidas y acciones
tendientes a resguardar la seguridad cibernética de las
infraestructuras críticas del Sistema de Defensa Nacional y de aquellas
que sean designadas para su preservación, independientemente del origen
de la agresión.
Finalmente, el aumento de la frecuencia y gravedad de los fenómenos
meteorológicos extremos ha producido crisis humanitarias en todas las
regiones del mundo. Las consecuencias del cambio climático se
manifiestan en los planos sanitario, social, económico y geopolítico.
La degradación del medio ambiente incrementó la competencia por el
control de los recursos naturales estratégicos y de las cadenas de
suministro, provocando inestabilidad en las naciones productoras y
consumidoras. La magnitud de los desastres naturales también representa
un desafío para las Fuerzas Armadas, cuyas capacidades logísticas y
operativas las convierten en instrumentos propicios para la prevención,
respuesta rápida, mitigación temprana y, eventualmente, recuperación de
los efectos de este tipo de emergencia.
Diagnóstico Regional
En el siglo XXI, América del Sur ha logrado consolidarse como una zona
de paz, caracterizada por la ausencia de conflictos interestatales, el
respeto de los Derechos Humanos y la promoción del sistema democrático
de gobierno. Los países de la región exhiben un elevado compromiso con
la resolución de controversias en el marco del Derecho Internacional,
principalmente en el ámbito de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
(ONU). En el plano hemisférico, la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
(OEA) constituye un ámbito de diálogo que promueve activamente la
resolución diplomática de los conflictos, como así también la creación
de nuevas instancias de cooperación. La Argentina participa activamente
en el MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) a partir del cual ha promovido
el acercamiento a la ALIANZA DEL PACÍFICO.
Este desarrollo histórico se ha visto deteriorado significativamente en
los últimos años producto de la crisis que atraviesa la REPÚBLICA
BOLlVARIANA DE VENEZUELA. El gobierno venezolano persiste en sus
esfuerzos por consolidar un régimen autoritario que viola de manera
sistemática las libertades fundamentales y los derechos políticos de
sus ciudadanos. La crisis política, humanitaria, social y sanitaria que
atraviesa la REPÚBLICA BOLlVARIANA DE VENEZUELA atenta
contra la consolidación de la zona de paz sudamericana, dado que afecta
negativamente la estabilidad de la región, especialmente la de los
países vecinos.
Estos últimos enfrentan un creciente flujo de refugiados que impacta
sobre las economías limítrofes; generando condiciones propicias para la
criminalidad organizada y el narcotráfico, y produciendo un efecto
derrame hacia el resto de la región que debilita su gobernanza.
Pese a la situación excepcional que representa la crisis venezolana, en
las últimas décadas los países de América Latina exhibieron una notable
capacidad para administrar sus diferendos, incluso aquellos asociados a
cuestiones limítrofes y/o territoriales, mediante mecanismos e
instancias diplomáticas. Esta disposición colaborativa se ha visto
afianzada por la proliferación de medidas de confianza mutua y de
esquemas de cooperación militar, tanto a nivel hemisférico como
regional y subregional. Este compromiso se ha traducido en una baja
probabilidad a futuro de ocurrencia de conflictos militares
interestatales.
América del Sur se caracteriza por ser una de las zonas del mundo con
menor gasto militar. La región representa apenas el 3,3% del gasto
global en defensa. Aun cuando algunos Estados de la región
incrementaron la inversión en equipamiento militar a lo largo de la
última década, en particular, la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, la
REPÚBLICA DEL PERÚ y la REPÚBLICA DE CHILE, este crecimiento no ha
estado asociado a una política de balance de poder, sino más bien a
procesos de modernización y renovación de medios. El contexto de paz
interestatal regional explica que estas compras de armamento no hayan
sido percibidas como una amenaza por el resto de los países
suramericanos.
La adhesión de América Latina al derecho internacional también se
traduce en el compromiso con la no proliferación y los usos pacíficos
de la energía nuclear. En concordancia con los esfuerzos desplegados
por la comunidad internacional para la regulación de esta problemática
en el marco del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares
(TNP), los países de la región han suscripto el Tratado para la
Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe
(Tratado de Tlatelolco, TT). El compromiso asumido por los Estados
Parte es simétrico.
La renuncia a las armas nucleares es general y todos los países se
someten a un régimen de verificación a cargo del ORGANISMO
INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA). La AGENCIA BRASILEÑO-ARGENTINA
PARA LA CONTABILIDAD Y CONTROL DE MATERIALES NUCLEARES (ABACC)
desempeña un rol clave en la promoción de la confianza mutua, la
transparencia y la previsibilidad en la relación con la REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL, así como en la estabilidad regional.
El ejercicio de la soberanía con relación a la preservación, control,
uso y/o explotación de los recursos naturales constituye un interés
estratégico de los países de América del Sur y de la REPÚBLICA
ARGENTINA en particular. La región representa el 6% de la población
global y posee el 17,6% de los recursos hídricos mundiales. América del
Sur también es rica en recursos alimenticios y cuenta con el 25% de las
tierras agrocultivables del planeta. Esta distribución desigual de
recursos exhibe que su resguardo adquirirá una complejidad creciente.
El aumento de la demanda de hidrocarburos, minerales estratégicos,
alimentos y agua dulce configura
una problemática geopolítica de relevancia creciente. El cambio
climático incrementó las disputas por el acceso, control y
aprovechamiento de los recursos renovables o escasos. Las pujas
producen inestabilidad política en países productores, oscilaciones en
los precios internacionales y tensiones por el control de las rutas de
suministro.
La ausencia de conflictos militares en la región se contrapone con el
aumento de problemáticas de seguridad transnacional. La dinámica de
estos desafíos no es homogénea, sino que varía en función de las
particularidades geográficas, políticas, sociales y económicas de los
Estados. No obstante, estos desafíos se presentan crecientemente
interconectados. Las organizaciones criminales participan de múltiples
actividades delictivas, tales como narcotráfico, lavado de dinero,
tráfico de personas y eventualmente terrorismo. El carácter
transfronterizo de estos fenómenos exige una mayor cooperación
internacional, sin desconocer el modo en que estas problemáticas se
manifiestan en el plano local. Esta situación también exhibe la
importancia de fortalecer la coordinación entre el MINISTERIO DE
DEFENSA y otros organismos del Estado.
El tráfico de drogas ilícitas configura una de las principales
problemáticas de seguridad trasnacional que afecta la región. La
permeabilidad de las fronteras, los vínculos con otras organizaciones
del crimen organizado, la corrupción de los órganos de control
gubernamental y las deficiencias de los sistemas de justicia penal han
contribuido a la expansión del tráfico de drogas en América Latina. En
los últimos años, este fenómeno ha promovido una revisión permanente de
las políticas estatales dirigidas a atender la problemática del tráfico
de drogas. Las estrategias de lucha contra el narcotráfico son un
objeto de debate en la región, particularmente en lo que respecta al
modo en que debe abordarse el conflicto y a las agencias que deben
intervenir en la prevención, conjuración e investigación de este
fenómeno delictivo.
En lo que respecta al terrorismo internacional, la REPÚBLICA ARGENTINA
ha conocido el impacto de este flagelo en ocasión de los atentados
perpetrados contra la Embajada del ESTADO DE ISRAEL y la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA) en los años 1992 y 1994.
En la actualidad, nuestra región no representaría un escenario de alta
prioridad para la proyección y acción directa de organizaciones
terroristas, en especial de aquellas asociadas al extremismo islámico.
Sin embargo, los países de América del Sur colaboran estrechamente en
el control de zonas calientes y puntos críticos; entre ellas la Triple
Frontera entre la REPÚBLICA ARGENTINA, la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL y la REPÚBLICA DEL PARAGUAY. La principal preocupación de
seguridad en esta zona fronteriza refiere a los flujos de
financiamiento para organizaciones vinculadas al terrorismo islámico, o
bien en su rol como escala de tránsito y entrenamiento de células
terroristas.
Pese a la baja probabilidad de atentados terroristas en América del
Sur, aún persisten en la región organizaciones políticas que han
apelado a este tipo de tácticas en el pasado. El acuerdo de paz y la
desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC-EP) podrían constituir un antecedente histórico que facilitaría
la desarticulación definitiva de este tipo de organizaciones.
Sin embargo, este proceso de desmovilización también podría generar
efectos adversos en la seguridad regional, en tanto impulsaría luchas
entre grupos armados ligados al narcotráfico por el control del
territorio y de las rutas de abastecimiento.
Por último, se advierte que el tráfico internacional de armas ligeras y
pequeñas configura una de las problemáticas de mayor peso a nivel
regional. En el plano global, la amplia mayoría de los conflictos
armados en curso se desarrollan mediante el empleo de este tipo de
armamento. En lo que respecta a la región, el tráfico de este tipo de
armamento no está asociado a conflictos armados sino a los fenómenos
del crimen organizado y el narcotráfico. En este marco, deviene
fundamental profundizar la cooperación regional destinada a regular y
controlar la circulación de este tipo de armamento, a fin de evitar la
proliferación de mercados ilícitos.
CAPÍTULO II.
Posicionamiento Estratégico de la REPÚBLICA ARGENTINA en materia de Defensa.
La REPÚBLICA ARGENTINA no transita procesos competitivos con otros
Estados que deriven en una probabilidad y/o voluntad de daño a través
de amenazas militares directas. Nuestro país sostiene una estrategia
cooperativa en los ámbitos vecinal, regional y global. En conformidad
con su compromiso con la consolidación de América del Sur como zona de
paz, la REPÚBLICA ARGENTINA proyecta un posicionamiento estratégico
defensivo y adhiere plenamente a los principios de resolución pacífica
de controversias, no intervención en los asuntos internos de otros
Estados y respeto irrestricto de las normas del derecho internacional,
los tratados multilaterales y los mecanismos de cooperación
interestatal.
La falta de identificación de amenazas convencionales directas no
implica que la REPÚBLICA ARGENTINA carezca de riesgos y desafíos para
la Defensa Nacional. A diferencia de las amenazas -en las que se
aprecian indicios de una voluntad de daño -, los riesgos constituyen
situaciones cuya probable evolución podría afectar los intereses
nacionales en materia de Defensa. Esta afectación puede responder a la
explotación de vulnerabilidades propias, en particular las relacionadas
a la vigilancia y control de los espacios soberanos, o al
condicionamiento de la postura estratégica de la Nación en la arena
internacional. Los desafíos, por su parte, configuran fenómenos que,
sin apreciarse como problemas específicamente militares, podrían
suscitar la emergencia de conflictos interestatales, provocar
situaciones de inestabilidad o la aparición de nuevos riesgos.
Riesgos
a. Competencia por recursos estratégicos
En un contexto global atravesado por el aumento de la demanda de
recursos estratégicos, la degradación del medio ambiente y el
crecimiento de las tensiones geopolíticas por el control de áreas
estratégicas, el resguardo de la soberanía sobre los recursos naturales
de la Nación configura una problemática de interés creciente. El Estado
debe fortalecer su capacidad de ejercer una vigilancia y control
efectivo sobre los espacios geográficos con reservas de recursos
estratégicos. El Sistema de Defensa Nacional debe cumplir un rol clave
en la preservación de este interés soberano, de conformidad con los
lineamientos estratégicos de la política exterior argentina,
particularmente en lo que respecta a la cooperación internacional.
b. Ataques externos a objetivos estratégicos
Las tendencias vinculadas a la transformación de las formas de la
guerra y la combinación de formas tradicionales y no tradicionales de
agresión representan un riesgo para los objetivos estratégicos de la
Nación. La proliferación de este riesgo tiene un claro protagonismo en
la agenda internacional y afecta la seguridad de todos los Estados del
mundo. En este marco, la ocurrencia de un ataque contra los objetivos
estratégicos de la REPÚBLICA ARGENTINA configura un problema de alto
impacto potencial para la Defensa Nacional.
El Sistema de Defensa Nacional debe planificar y proteger los objetivos
estratégicos que puedan ser objeto de una agresión de origen externo.
También se debe contemplar la protección de los ciudadanos argentinos y
bienes nacionales en terceros países, aguas y espacios aéreos
internacionales, en el marco de lo dispuesto por el plexo legal
vigente, los arreglos del país anfitrión, el derecho internacional y la
Carta de las Naciones Unidas. La atención de este riesgo debe
focalizarse particularmente en aquellas infraestructuras cuyo
funcionamiento resulte crítico para el cumplimiento de las funciones
vitales del Estado Nacional, su Defensa Nacional, el ejercicio de la
soberanía y el resguardo de la vida y la libertad de sus habitantes.
c. Utilización del ciberespacio con fines militares
La consolidación del ciberespacio como un ambiente operacional militar
configura una amenaza de interés estratégico para la Defensa Nacional.
El desarrollo de las nuevas tecnologías de información y
comunicaciones, junto con la extensión global de la conectividad, han
convertido al ciberespacio en un ámbito en el que los Estados
despliegan operaciones de agresión e influencia sobre las naciones
adversarias. La tendencia hacia una mayor competencia estratégica
internacional en el ciberespacio ha llevado a numerosos países a
desarrollar capacidades cibernéticas de vanguardia, a fin de garantizar
la seguridad de sus infraestructuras informáticas críticas o
estratégicas.
La REPÚBLICA ARGENTINA debe adecuar sus organizaciones militares al
impacto que emerge de estos nuevos riesgos. La política de ciberdefensa
debe orientarse a la reducción gradual de las vulnerabilidades que
emergen de la informatización de los activos estratégicos de interés
para la Defensa Nacional.
Esta tarea debe contemplar la cooperación con otras áreas del Estado
que tengan responsabilidad en la política de ciberseguridad nacional.
d. Impacto de la criminalidad transnacional
Las tendencias identificadas en los escenarios global y regional
exhiben que la seguridad de los Estados de América del Sur estará
crecientemente asociada a la atención de fenómenos de carácter
transnacional. La desarticulación de redes delictivas vinculadas al
narcotráfico, la piratería, la trata de personas y el contrabando,
entre otras actividades ilegales configura un desafío prioritario de
las estrategias de seguridad de la región. Por otra parte, la adopción
de medidas tendientes a prevenir la expansión del terrorismo
transnacional también tendrá un peso significativo en las agendas de
seguridad de las naciones de la región.
En la REPÚBLICA ARGENTINA, la responsabilidad primaria de atención de
estos fenómenos corresponde a los organismos de seguridad pública e
inteligencia nacional y criminal. No obstante, las FUERZAS ARMADAS
cuentan con capacidades materiales, infraestructurales y tecnológicas
que pueden ser empleadas en apoyo a una estrategia integral de lucha
contra estas problemáticas. La participación del Sistema de Defensa
Nacional en el diseño, la ejecución y evaluación de dicha estrategia
deberá ajustarse a las prescripciones dispuestas en las Leyes N° 23.554
de Defensa Nacional, N° 24.059 de Seguridad Interior, N° 24.543
Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos del Mar, N° 25.520
de Inteligencia Nacional y N° 26.102 de Seguridad Aeroportuaria.
Desafíos
a. La utilización del espacio exterior con fines militares
Los ingenios espaciales de cobertura global y regional de observación
de la tierra, como así también de vigilancia, reconocimiento, comando y
control en apoyo a operaciones militares ocupan un rol creciente en la
preservación de los intereses estratégicos de los Estados. Esta
explotación contribuye a la producción de inteligencia estratégica
nacional y apoya los procesos decisorios en materia de Defensa Nacional.
En este marco, el Sistema de Defensa Nacional debe contemplar en forma
autónoma la capacidad de acceso a la información generada desde el
espacio, en plena conformidad y adecuación con los acuerdos y
compromisos internacionales de uso pacífico del espacio exterior
suscriptos por la REPÚBLICA ARGENTINA.
b. Debilitamiento del multilateralismo
El actual escenario internacional presenta tendencias que obstaculizan
la cooperación multilateral. Este contexto podría dificultar la
obtención de consensos internacionales dirigidos a abordar de manera
conjunta una amplia gama de fuentes de inestabilidad, tales como el
cambio climático, la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo,
los cambios demográficos y los fenómenos de la pobreza y la
desigualdad. Este escenario representa un desafío para países medianos
como la REPÚBLICA ARGENTINA, dado que implica un debilitamiento de los
esquemas multilaterales empleados por la Nación para promover sus
intereses. También configura un riesgo de interés para la Defensa
Nacional, toda vez que el aumento de las tensiones geopolíticas podría
derivar en la emergencia de nuevos focos de tensión.
La REPÚBLICA ARGENTINA debe contrarrestar este riesgo propiciando la
cooperación con otros Estados, fortaleciendo la integración regional y
promoviendo la búsqueda de acuerdos comunes en la arena internacional.
El Sistema de Defensa Nacional y las FUERZAS ARMADAS deben contribuir a
esta estrategia incrementando su participación en organismos de
cooperación en materia de defensa, tanto en el plano global como
hemisférico y regional.
Este involucramiento debe considerar como criterio rector los
Iineamientos fijados por los intereses de la política exterior de la
Nación.
c. El Atlántico Sur y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur
El Atlántico Sur constituye un área de valor estratégico para la
REPÚBLICA ARGENTINA en virtud de sus enormes reservas de recursos
naturales, por ser vía principal de nuestro comercio internacional, la
proyección natural de los intereses nacionales hacia el Continente
Antártico y como regulador climático global. La extensión territorial
de este espacio plantea un importante desafío para nuestro país en lo
referido a su protección y conservación. El reconocimiento a la
ampliación de la plataforma continental argentina ha incrementado
cuantitativamente el ámbito de actuación del Sistema de Defensa
Nacional, conllevando desafíos estratégicos, logísticos y operacionales.
Además del interés asociado a la preservación de sus recursos naturales
pesqueros e hidrocarburíferos, la importancia estratégica del Atlántico
Sur es fundamental para los intereses nacionales hacia el continente
antártico.
La REPÚBLICA ARGENTINA mantiene su reclamo de soberanía sobre las ISLAS
MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR Y SÁNDWICH DEL SUR y sus espacios marítimos
e insulares. La reciente mejora en la relación con el REINO UNIDO DE
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE contribuye al logro de este objetivo
nacional irrenunciable, ya que favorece un espacio de oportunidad para
incrementar la cooperación bilateral y promueve el interés nacional de
preservar y explotar los recursos naturales allí existentes.
CAPÍTULO III.
Prioridades y lineamientos para la reforma del Sistema de Defensa Nacional
El presente capítulo tiene como objetivo establecer los parámetros que
orientarán la reforma del Instrumento Militar de la Nación en lo que
respecta a su organización, doctrina, adiestramiento, planeamiento
estratégico, despliegue, capacitación, administración y empleo de los
recursos humanos y materiales. También se establecen criterios
relativos a la modernización, recuperación y adquisición de material,
todo ello para asegurar la plena adecuación del Sistema de Defensa
Nacional a los desafíos estratégicos emergentes de los escenarios
global, regional y nacional, y a las restricciones existentes.
Las transformaciones acaecidas en los escenarios global, regional y su
impacto en la seguridad estratégica de la Nación plantean desafíos
significativos para el Sistema de Defensa argentino. Estas mutaciones
exigen la actualización del despliegue territorial, la doctrina y la
estructura organizacional del Instrumento Militar, a fin de asegurar
que dicho componente militar cuente con la capacidad de atender las
necesidades de esta política sectorial en el corto, mediano y largo
plazo.
La misión primaria del Sistema de Defensa Nacional consiste en asegurar
la defensa nacional ante agresiones de origen externo contra la
soberanía, la integridad territorial o la independencia política de
nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la
Carta de las Naciones Unidas. Abarca también la protección de los
ciudadanos argentinos y bienes nacionales en terceros países, aguas y
espacios aéreos internacionales.
La misión de las FUERZAS ARMADAS, Instrumento Militar del Sistema de
Defensa Nacional, consiste en alistar, adiestrar y sostener los medios
puestos a su disposición, como así también el cumplimiento de las
funciones y responsabilidades asignadas por el plexo legal vigente, a
efectos de garantizar su eficaz empleo en el marco del planeamiento
militar.
I.Operaciones militares
El Instrumento Militar será empleado de forma disuasiva o efectiva ante
conflictos originados por agresiones de origen externo contra espacios
de jurisdicción nacional, la soberanía, la integridad territorial, la
capacidad deautodeterminación de la REPÚBLICA ARGENTINA y la vida y
libertad de sus habitantes, o ante cualquier forma de agresión
contemplada en la Carta de las Naciones Unidas, sin perjuicio de lo
establecido en la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior y en la Ley N°
24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas.
En cumplimiento de esta función, el Instrumento Militar de la Nación
priorizará, en tiempo de paz, el desarrollo de los siguientes tipos de
operaciones:
Vigilancia y control de los espacios soberanos
Protección de Objetivos Estratégicos
Apoyo a la Política Exterior
Apoyo al Sistema de Seguridad Interior
Apoyo a la Comunidad
Apoyo a la generación de conocimiento científico
Vigilancia y control de los espacios soberanos
El Sistema de Defensa Nacional debe cumplir un rol clave, en estadios
de paz y crisis, en la vigilancia, control y preservación, según
corresponda, del espacio marítimo insular y fluvial, aeroespacial,
ciberespacial, espacial y terrestre.
Vigilancia y control de los espacios marítimos jurisdiccionales. En
el marco de las acciones dirigidas a asegurar la soberanía sobre los
espacios marítimos, el MINISTERIO DE DEFENSA, en el marco de su
competencia, deberá elaborar una propuesta de Sistema de Vigilancia y
Control de los Espacios Marítimos (SINVYCEM) dirigido a fortalecer las
capacidades de alerta estratégica en dichos espacios de jurisdicción.
Vigilancia y control aeroespacial. El MINISTERIO DE DEFENSA deberá
fortalecer las capacidades destinadas a controlar los movimientos en el
espacio aéreo de jurisdicción nacional de la REPÚBLICA ARGENTINA, en el
marco del cumplimiento de las tareas de Defensa Aeroespacial, ejercer
el control del tránsito aéreo irregular, contribuir al incremento de la
seguridad del movimiento aeroespacial en el ámbito nacional y al
cumplimiento con los compromisos internacionales vigentes en la materia.
Vigilancia del espacio terrestre. El MINISTERIO DE DEFENSA deberá
fortalecer su capacidad de ejercer una vigilancia efectiva de los
espacios terrestres de interés, como así también en lo que respecta a
la protección de los objetivos estratégicos de la REPÚBLICA ARGENTINA
en materia de Defensa Nacional.
Vigilancia y control del ciberespacio. El MINISTERIO DE DEFENSA
deberá fortalecer las capacidades de vigilancia y control del
ciberespacio a fin de anticipar y prevenir ciberataques y
ciberexplotación de las redes nacionales que puedan afectar el Sistema
de Defensa Nacional, como así también acciones contra la
infraestructura crítica del país o que posibiliten el acceso a los
activos digitales estratégicos adjudicados a su custodia.
El MINISTERIO DE DEFENSA será el responsable de conducir y establecer
los lineamientos y prioridades de nivel operacional para garantizar la
seguridad de los activos digitales e infraestructuras informáticas
críticas de la Defensa Nacional y de aquellos que les asigne el PODER
EJECUTIVO NACIONAL en contribución a la seguridad estratégica de la
Nación.
Protección de Objetivos Estratégicos
El MINISTERIO DE DEFENSA incluirá como parte del planeamiento
estratégico militar, el adiestramiento y la adquisición de bienes para
la protección de los objetivos estratégicos asignados a su custodia.
Las FUERZAS ARMADAS deberán contar con las capacidades humanas,
materiales y tecnológicas requeridas para el cumplimiento de esta
responsabilidad, lo que implicará contar con unidades militares
especializadas y la elaboración de los protocolos de actuación
correspondientes.
Apoyo a la política exterior
Las FUERZAS ARMADAS constituyen una herramienta fundamental para la
proyección de los intereses de la política exterior de la REPÚBLICA
ARGENTINA. En este marco, el MINISTERIO DE DEFENSA priorizará las
siguientes funciones institucionales en lo que respecta al apoyo del
sistema de defensa a los intereses de seguridad internacional de la
Nación.
a. La participación del Instrumento Militar en operaciones de paz en el
marco de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) continuará siendo
una de las prioridades estratégicas de la política de Defensa Nacional.
En este marco, el MINISTERIO DE DEFENSA incrementará la participación
en estas operaciones, como así también los esfuerzos destinados al
alistamiento y la operatividad de la Fuerza de Paz Argentino-Chilena
"Cruz del Sur".
b. El incremento de la participación en los organismos multilaterales
en materia de defensa, principalmente en el marco de la ORGANIZACIÓN DE
LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA), así como también en otras instancias de
cooperación regional, hemisférica e internacional.
c. El involucramiento activo en ejercicios y adiestramientos militares
combinados con las Fuerzas Armadas de países aliados y amigos, conforme
las prioridades estratégicas definidas por la política exterior
argentina.
d. El desarrollo de la cooperación militar regional tendiente a la
integración de las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento de los
mecanismos de construcción de confianza existentes en el Cono Sur de
América del Sur.
e. El apoyo a los intereses de la política antártica de la REPÚBLICA
ARGENTINA. La participación de las FUERZAS ARMADAS en la planificación,
dirección y ejecución de la actividad logística antártica, bajo la
conducción del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS a través
del COMANDO CONJUNTO ANTÁRTICO, se efectuará de acuerdo a lo
oportunamente establecido en la Ley N° 15.802 de ratificación del
Tratado Antártico. Este compromiso deviene fundamental en el marco del
sostenimiento y pretensiones soberanas del país en el Sector Antártico
Argentino. El MINISTERIO DE DEFENSA, en coordinación con las áreas
competentes del Estado Nacional, deberá poner a consideración del PODER
EJECUTIVO NACIONAL un plan de modernización de la logística antártica,
en concordancia con los intereses de la política antártica nacional.
f. El MINISTERIO DE DEFENSA deberá elaborar un plan de racionalización
del despliegue de las agregadurías militares, en concordancia con los
objetivos de la política exterior de la REPÚBLICA ARGENTINA.
Apoyo al Sistema de Seguridad Interior
El MINISTERIO DE DEFENSA deberá adoptar medidas tendientes a fortalecer
las tareas de apoyo que desarrolla el Instrumento Militar con el
Sistema de Seguridad Interior, de conformidad con lo dispuesto por las
Leyes N° 23.554 de Defensa Nacional y N° 24.059 de Seguridad Interior.
En este marco, se priorizarán las siguientes funciones:
a. Apoyo logístico en las zonas de frontera. El fortalecimiento de las
capacidades de vigilancia y control fronterizo en los ámbitos
terrestre, marítimo, fluvial y aéreo constituye un objetivo prioritario
del PODER EJECUTIVO NACIONAL. Las FUERZAS ARMADAS contribuirán a esta
función a través de tareas de apoyo logístico a requerimiento de las
operaciones desplegadas bajo la conducción del Sistema de Seguridad
Interior, en el marco de lo prescripto por la Ley N° 24.059 de
Seguridad Interior. El MINISTERIO DE DEFENSA deberá diseñar, a
requerimiento del MINISTERIO DE SEGURIDAD, los mecanismos
institucionales y operacionales que resulten necesarios para asegurar
una adecuada sinergia con las fuerzas de seguridad desplegadas en las
regiones fronterizas de interés definidas por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL.
b. Protección de eventos de interés estratégico. El MINISTERIO DE
DEFENSA deberá incluir como criterio para el planeamiento estratégico
la prevención y disuasión de eventuales agresiones de origen externo
que pudieran poner en riesgo la seguridad de aquellos eventos definidos
como de interés estratégico por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. El
MINISTERIO DE DEFENSA, en coordinación con el MINISTERIO DE SEGURIDAD,
será responsable de formular las reglas de empeñamiento y los
mecanismos de articulación institucional que resulten necesarios para
el cumplimiento de esta función.
Apoyo a la comunidad ante desastres naturales o emergencias
Las características geográficas, climáticas, meteorológicas, geológicas
y demográficas de la REPÚBLICA ARGENTINA ocasionan que numerosas
regiones y localidades se encuentren afectadas por desastres naturales
o antrópicos. El MINISTERIO DE DEFENSA planificará, el desarrollo a
requerimiento, de tareas de asistencia a la comunidad ante emergencias,
tanto en el territorio nacional como en el extranjero.
Operaciones de apoyo a la generación de conocimiento científico
El MINISTERIO DE DEFENSA contribuirá a las actividades de relevamiento
de información sobre el Mar Argentino, los recursos naturales
disponibles y la situación de las áreas marinas protegidas de la
REPÚBLICA ARGENTINA. El desarrollo de esta responsabilidad tiene en
cuenta el ejercicio pleno de la soberanía Nacional hasta la milla 350
en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS (ONU) sobre el Derecho del Mar.
II. Instrucciones para la Reforma del Sistema de Defensa Nacional
El MINISTERIO DE DEFENSA deberá proponer al PODER EJECUTIVO NACIONAL un
plan para reformar el Instrumento Militar de la Nación a fin de
recuperar la capacidad de cumplir su misión principal, considerando la
situación operativa actual, las restricciones fiscales y el cambio en
el contexto estratégico. Esta propuesta asignará prioridad a la
eficiencia y flexibilidad en el planeamiento del desarrollo del
Instrumento Militar de la Nación.
Las organizaciones y capacidades del Sistema de Defensa Nacional no
involucradas en tareas prioritarias y responsabilidades en tiempo de
paz deberán reducir sus estructuras de personal. Dichas organizaciones
deberán mantener, actualizar y desarrollar el conocimiento necesario
para desempeñar sus funciones en tiempos de paz con un mínimo de
personal altamente capacitado, al óptimo nivel de alistamiento.
Asimismo, frente a situaciones de crisis o cambios en el contexto
estratégico, deberán contar con la capacidad de incrementar su tamaño
mediante la incorporación planificada de reservas.
Despliegue militar
El plan de reestructuración del Instrumento Militar adecuará el
despliegue territorial a las necesidades de la actual coyuntura
estratégica y las exigencias de su preparación para el empleo,
abandonando el criterio de "ocupación territorial". Asignará prioridad
al alistamiento de organizaciones operativas completas y a la
eficiencia del funcionamiento de las guarniciones, con el propósito de
incrementar el alistamiento, flexibilidad, movilidad y capacidad de
despliegue. La concentración de unidades de maniobra con sus apoyos
considerará la cercanía a campos de adiestramiento, las características
del ambiente geográfico para su potencial empleo y la disponibilidad de
facilidades logísticas para sostener su funcionamiento.
El despliegue del Instrumento Militar contemplará la eventual
conformación de Unidades Conjuntas sobre la base de criterios de
eficiencia operativa, logística y presupuestaria; previendo la
eliminación de estructuras que puedan producir superposiciones y/o sean
instancias burocráticas de los elementos dependientes, de manera de
simplificar la cadena de comando.
El MINISTERIO DE DEFENSA deberá elevar para consideración del PODER
EJECUTIVO NACIONAL un listado de instalaciones no necesarias desde el
punto de vista de la Defensa Nacional. Las propuestas de cierre y/o
apertura de instalaciones militares deberán ser acompañadas de un
diagnóstico relativo a su impacto.
Accionar militar conjunto
La acción militar conjunta deberá entenderse como único modelo de
accionar militar integrado, incluso en aquellos casos en los que, por
el ámbito en que ésta se desarrolle y/o por las características propias
de la operación en cuestión, la misma deba ser ejecutada por elementos
significativos de una fuerza específica.
El ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS deberá elevar, para su
consideración por parte del MINISTERIO DE DEFENSA, los planes que
estime necesarios para el cumplimiento de los siguientes objetivos:
a. Fortalecimiento de la arquitectura del Sistema de Comando, Control,
Comunicaciones, Computación, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento
(C4ISR) de los niveles Estratégico Militar, Operacional y Táctico.
b. Reestructuración del Poder Aeroespacial del Instrumento Militar,
conforme las prioridades estratégicas del Sistema de Defensa Nacional.
c. Desarrollo de elementos terrestres, navales y aeroespaciales de
carácter modular e integrado para la conformación de Fuerzas de
Intervención Rápida.
d. Fortalecimiento de las capacidades de anticipación, disuasión,
vigilancia y control de la seguridad cibernética de las
infraestructuras críticas del Sistema de Defensa Nacional
e. Modernización de los sistemas y procesos logísticos a nivel conjunto
y específico de las FUERZAS ARMADAS, a fin de contribuir a la
eficiencia integral de la estructura de sostenimiento y logística
genética del Instrumento Militar.
Doctrina militar
El MINISTERIO DE DEFENSA propondrá la actualización de la doctrina
militar partiendo de los niveles estratégico y operacional a fin de
adecuarla a las transformaciones que han experimentado las operaciones
militares. Esta tarea debe contemplar como criterio rector el carácter
conjunto de las operaciones militares actuales, como así también la
necesidad de fortalecer la interoperabilidad del Instrumento Militar de
la Nación con los componentes que integran el Sistema de Defensa
Nacional y con otros organismos del Estado, en particular con aquellos
elementos del Sistema de Seguridad Interior contemplados en la Ley de
Defensa Nacional.
El MINISTERIO DE DEFENSA y las organizaciones de la Jurisdicción
adoptarán medidas tendientes a conservar, actualizar y desarrollar el
conocimiento y las habilidades necesarias para el desarrollo de las
operaciones militares previstas.
Planeamiento de recursos
En vistas de asegurar que el Sistema de Defensa esté en condiciones de
cumplimentar sus funciones específicas, el PODER EJECUTIVO NACIONAL
mantendrá un presupuesto militar con relación al Producto Bruto Interno
(PBI), conforme las prioridades y exigencias que demanda la evolución
del escenario estratégico.
El MINISTERIO DE DEFENSA deberá considerar como criterio rector para el
planeamiento de recursos la puesta en marcha de una redistribución
interna progresiva del gasto militar, con el objetivo de incrementar
los porcentuales presupuestarios destinados a operaciones militares,
mantenimiento de medios, formación y adiestramiento, previendo la
asignación de recursos específicos destinados al proceso de
reconversión del Instrumento Militar e inversiones plurianuales
destinadas a la recuperación de capacidades, incorporación de
equipamiento y desarrollo tecnológico.
5.Equipamiento
El MINISTERIO DE DEFENSA, deberá elaborar un cuadro de situación
permanente del equipamiento militar del Sistema de Defensa Nacional.
Este relevamiento tendrá como criterio rector la seguridad de las
operaciones y la protección de la vida e integridad física del personal
militar. La política de inversiones del MINISTERIO DE DEFENSA se
orientará en conformidad con las alternativas previstas en la Ley N°
24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas:
a. La recuperación del material fuera de servicio, cuando ello sea
factible y aceptable y siempre que mantenga la aptitud necesaria para
responder a las capacidades operativas a retener.
b. La modernización del material disponible, cuando resulte apto,
factible y aceptable para satisfacer las capacidades operativas
previstas.
c. La incorporación de nuevo material, priorizando aquellos equipos que
potencien la capacidad disuasiva, favorezcan la normalización con los
existentes a nivel conjunto y aporten nuevos desarrollos tecnológicos.
6.Investigación y Desarrollo
El Sistema de Investigación y Desarrollo de la Defensa, integrado al
esfuerzo del Sistema de Investigación y Desarrollo Nacional,
privilegiará aquellos desarrollos tecnológicos multiplicadores de las
aptitudes operacionales del Instrumento Militar, conforme las
operaciones previstas, en las áreas de Ciberdefensa, Alerta Estratégica
y Sistema de Comando, Control, Comunicaciones, Computación,
Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (C4ISR).
Personal
El MINISTERIO DE DEFENSA elaborará y elevará al PODER EJECUTIVO
NACIONAL un proyecto de Ley de Personal Militar que reemplace la Ley N°
19.101 vigente. El desarrollo de esta tarea, que contará con el
asesoramiento técnico militar del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS
ARMADAS de los ESTADOS MAYORES GENERALES DE LAS FUERZAS ARMADAS, deberá
contemplar la totalidad del ciclo profesional del personal militar. El
objetivo rector será incrementar la eficiencia y eficacia de las
FUERZAS ARMADAS para cumplir con su misión a través de un nuevo marco
normativo organizacional incorporando criterios modernos de gestión de
recursos humanos. El proyecto preverá los incentivos necesarios para
retener las nuevas generaciones de militares y civiles para la defensa
en las modalidades de: personal permanente, incorporado por tiempo
determinado y de reserva.
Entre los criterios a considerar en la nueva normativa se tenderá a
minimizar los cambios de zona en la política de traslados de personal
militar.
Adicionalmente, el MINISTERIO DE DEFENSA deberá avanzar en la formulación de un proyecto de Ley de Reservas.
El MINISTERIO DE DEFENSA elaborará un plan para organizar, capacitar y
adiestrar reservistas voluntarios a fin de completar las unidades según
lo requiera el planeamiento.
Estructura del MINISTERIO DE DEFENSA
En el marco de las medidas adoptadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL
con el objetivo de asegurar el funcionamiento dinámico y eficaz de la
gestión pública, y de promover acciones orientadas a convertir al
Estado en el principal garante de la transparencia y del bien común, el
MINISTERIO DE DEFENSA deberá avanzar en la formulación de un plan de
modernización institucional dirigido a racionalizar las estructuras
administrativas y burocráticas de la jurisdicción. Esta iniciativa
considerará como principios rectores la eficiencia, eficacia y calidad
en el ejercicio de la conducción política y estratégica del Sistema de
Defensa, como así también el diseño de una organización flexible
orientada a la gestión por resultados.
Estructura de las FUERZAS ARMADAS y del ESTADO MAYOR CONJUNTO
El MINISTERIO DE DEFENSA elaborará con el asesoramiento técnico militar
del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS y los ESTADOS MAYORES
GENERALES DE LAS FUERZAS ARMADAS, una propuesta de adecuación de las
estructuras orgánicas del EJÉRCITO, de la ARMADA y de la FUERZA AÉREA,
así como del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS
ARMADAS. Esta restructuración tendrá como objetivo primario que las
FUERZAS ARMADAS estén en condiciones de cumplir su función conforme los
criterios de eficiencia, eficacia, calidad y transparencia
institucional. El plan considerará la supresión de comandos intermedios
carentes de finalidad práctica, la reducción de las estructuras
administrativas de las fuerzas, el fortalecimiento del accionar militar
conjunto y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de comunicación
e información.
Inteligencia militar
La incertidumbre y complejidad del escenario estratégico internacional
revalorizó el papel de la inteligencia en la toma de decisiones. El
MINISTERIO DE DEFENSA, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
INTELIGENCIA ESTRATÉGICA MILITAR como órgano rector del Sistema de
Inteligencia de la Defensa, deberá implementar mecanismos de gestión y
control de los organismos de Inteligencia de dicho sistema en los
niveles estratégico militar, operacional y táctico.
Esta tarea incluye la orientación, coordinación, dirección,
planificación, supervisión, archivo y difusión de las actividades
vinculadas al ciclo de producción de inteligencia realizado por los
organismos de inteligencia de las FUERZAS ARMADAS, conforme las
prioridades estratégicas establecidas por la AGENCIA FEDERAL DE
INTELIGENCIA (AFI).
El MINISTERIO DE DEFENSA, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
INTELIGENCIA ESTRATÉGICA MILITAR, deberá fijar criterios para el
control de los mecanismos de selección, incorporación y capacitación
del personal de inteligencia de las FUERZAS ARMADAS. Asimismo,
intervendrá en el planeamiento presupuestario de los organismos de
inteligencia de las FUERZAS ARMADAS.
IF-2018-3 63 79017-APN-SECEYAM#MD
[IMG]