LegalizeADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Decreto 894/2017
Apruébase el texto ordenado del Reglamento de Procedimientos Administrativos.
Ciudad de Buenos Aires, 01/11/2017
VISTO el Expediente N° EX-2017-25675657-APN-DSGA#SLYT, la Ley N°
19.549, la Ley N° 25.506, el Reglamento de Procedimientos
Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 1991, los Decretos Nros. 2628 del
19 de diciembre de 2002, 434 del 1º de marzo de 2016, 561 del 6 de
abril de 2016, 1063 del 4 de octubre de 2016, 1131 del 28 de octubre de
2016, 1265 del 15 de diciembre de 2016, 1273 del 19 de diciembre de
2016, 1306 del 26 de diciembre de 2016, 336 del 15 de mayo de 2017 y
480 del 4 de julio de 2017, la Resolución N° 6 de fecha 10 de enero de
2017 de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN, y
CONSIDERANDO
Que la Ley N° 19.549 prevé en su artículo 1° inciso b) que los trámites
administrativos deben efectuarse con celeridad, economía, sencillez y
eficacia.
Que la defensa de los derechos y garantías de los particulares
contemplados en la citada Ley N° 19.549 está directamente relacionada
con una administración ágil, que facilite el acceso a las actuaciones
administrativas y no solicite al ciudadano la presentación de
documentación que originariamente es producida por un organismo
estatal, o que ya ha sido presentada por el particular, ya que el
ciudadano no está al servicio de la administración, sino por el
contrario, es la administración la que está al servicio del ciudadano.
Que la Ley N° 25.506 de Firma Digital reconoció la eficacia jurídica
del documento electrónico, de la firma electrónica y de la firma
digital, y en su artículo 48 estableció que el Estado Nacional, dentro
de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la
Ley N° 24.156, promoverá el uso masivo de la firma digital de tal forma
que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas,
búsquedas automáticas de la información y seguimiento y control por
parte del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización.
Que en tal sentido, la mencionada ley previó en su artículo 47 que el
Estado Nacional utilizará las tecnologías y previsiones de dicha norma
en su ámbito interno y en relación con los administrados.
Que el Decreto Nº 434 de fecha 1º de marzo de 2016 aprobó el PLAN DE
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, contemplando entre sus objetivos constituir
una Administración Pública al servicio del ciudadano en un marco de
eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios,
incorporando a tal fin las tecnologías de la información y de las
comunicaciones, simplificando procedimientos, propiciando reingenierías
de procesos y ofreciendo al ciudadano la posibilidad de mejorar el
acceso por medios electrónicos a información personalizada, coherente e
integral.
Que el Decreto Nº 561 de fecha 6 de abril de 2016 aprobó la
implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) como
sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del
Sector Público Nacional, actuando como plataforma para la
implementación de gestión de expedientes electrónicos.
Que el Decreto N° 1063 de fecha 4 de octubre de 2016 aprobó la
implementación de la plataforma de “TRÁMITES A DISTANCIA” (TAD) del
sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, como medio de
interacción del ciudadano con la administración, a través de la
recepción y remisión por medios electrónicos de presentaciones,
escritos, solicitudes, notificaciones y comunicaciones, entre otros.
Que el Decreto N° 1265 de fecha 15 de diciembre de 2016 creó la
Plataforma de Autenticación Electrónica Central (PAEC) en el ámbito del
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, la que brinda un servicio centralizado de
información respecto de la acreditación en entornos virtuales de la
identidad de los usuarios de sistemas informáticos a través de una red.
Que en ese marco, se impulsan distintas medidas tendientes a facilitar
el acceso del administrado a los organismos que integran la
Administración Pública Nacional, agilizando sus trámites
administrativos, incrementando la transparencia y accesibilidad,
mediante el uso de herramientas tecnológicas que posibiliten un acceso
remoto y el ejercicio de un seguimiento efectivo sobre la actividad
administrativa.
Que la mejora de las capacidades de la Administración Pública Nacional
es una condición necesaria para el desarrollo económico, productivo y
social del país, reconociendo como principio rector del quehacer del
Estado, que el Sector Público Nacional esté al servicio del ciudadano,
en un marco de confianza mutua, focalizando su accionar en la
producción de resultados que sean colectivamente compartidos y
socialmente valorados.
Que es premisa de este gobierno poner en primer lugar al ciudadano, y
para ello se debe evitar trasladar a los particulares el costo de
gestionar la documentación si la Administración cuenta con los datos,
la información y los documentos oportunamente presentados por los
ciudadanos, o producida directamente por un organismo público.
Que en tal sentido, el gobierno ha desplegado una serie de iniciativas
tendientes a modernizar el funcionamiento de la Administración Pública
Nacional, y a proporcionar a la sociedad una administración ágil,
transparente, eficiente, puntual y de calidad, para lo cual es
necesario evitar y superar la fragmentación digital de servicios que
pudieran representar una barrera para el acceso de los ciudadanos y
empresas a los servicios que brinda la administración.
Que en virtud de los principios de sencillez y eficacia, establecidos
en el artículo 1° de la Ley N° 19.549 de Procedimientos
Administrativos, las iniciativas normativas deben estar justificadas
por una razón de interés general, basarse en una identificación clara
de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para
garantizar su consecución, en un todo coherente con el marco normativo
general, para generar un marco normativo estable, predecible,
integrado, claro, en un lenguaje que facilite su conocimiento y
comprensión, y en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de
las personas y empresas.
Que conforme a los antecedentes reseñados el Reglamento de
Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 1991, requiere una
actualización a fin de contemplar el avance de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones y su uso en los procedimientos
administrativos.
Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyense los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°,
9°, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31,
32, 33, 38, 41, 46, 58, 60, 90, 92, 96, 100, 101 y 105 del Reglamento
de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 1991.
ARTÍCULO 2°.- Incorpóranse los artículos 107, 108, 109 y 110 al
Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 1991.
ARTÍCULO 3°.- Apruébase el texto ordenado del Reglamento de
Procedimientos Administrativos con las modificaciones introducidas por
el presente, conforme ANEXO I (IF-2017-26478948-APN-JGM) el que se
titulará “Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72
- T.O. 2017”, que forma parte del presente decreto.
ARTÍCULO 4°.- Las autoridades administrativas, actuarán de acuerdo con
los principios de sencillez y eficacia, procurando la simplificación de
los trámites, y facilitando el acceso de los ciudadanos a la
administración a través de procedimientos directos y simples por medios
electrónicos.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña.
ANEXO I
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
DECRETO 1759/72 - T.O. 2017
TÍTULO I
ARTÍCULO 1°.- Órganos competentes. Los expedientes administrativos
tramitarán por medios electrónicos y serán resueltos con intervención
del órgano al que una ley o un decreto hubieren atribuido competencia;
en su defecto actuará el organismo que determine el reglamento interno
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, del Ministerio o del cuerpo
directivo del ente descentralizado, según corresponda.
Cuando se trate de expedientes administrativos que no obstante
referirse a UN (1) solo asunto u objeto hayan de intervenir con
facultades decisorias DOS (2) o más órganos se instruirá un solo
expediente, el que tramitará por medios electrónicos por ante el
organismo por el cual hubiera ingresado, salvo que fuera incompetente,
debiéndose dictar una resolución única.
En estos casos, y a fin de optimizar la gestión y resolución de los
asuntos, se podrá utilizar la modalidad de tramitación del expediente
electrónico mediante “Tramitación en paralelo”.
En los casos que ya existieren DOS (2) expedientes electrónicos, se
podrá utilizar, según sea el caso, alguna de las modalidades de
tramitación del expediente electrónico mediante “Asociación”, “Fusión”
o “Tramitación Conjunta”.
ARTÍCULO 2°.- Facultades del superior. El Jefe de Gabinete de
Ministros, los ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y
órganos directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar
la acción de sus inferiores jerárquicos mediante órdenes,
instrucciones, circulares y reglamentos internos, a fin de asegurar la
celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites, delegarles
facultades; intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un
asunto a menos que una norma hubiere atribuido competencia exclusiva al
inferior.
Todo ello sin perjuicio de entender eventualmente en la causa si se interpusieren los recursos que fueren pertinentes.
A los mismos fines, utilizarán el Sistema de Gestión Documental
Electrónica y tramitarán los asuntos mediante expedientes electrónicos.
ARTÍCULO 3°.- Iniciación del trámite. Parte interesada. El trámite
administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquier
persona humana o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho
subjetivo o un interés legítimo; éstas serán consideradas parte
interesada en el procedimiento administrativo. También tendrán ese
carácter aquellos a quienes el acto a dictarse pudiera afectar en sus
derechos subjetivos o intereses legítimos y que se hubieren presentado
en las actuaciones a pedido del interesado originario, espontáneamente,
o por citación del organismo interviniente cuando éste advierta su
existencia durante la sustanciación del expediente.
Los menores adultos tendrán plena capacidad para intervenir
directamente en procedimientos administrativos como parte interesada en
la defensa de sus propios derechos subjetivos o intereses legítimos.
ARTÍCULO 4°.- Impulsión de oficio y a pedido de parte interesada. El
procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través
de medios electrónicos respetando los principios de economía, sencillez
y eficacia. Todas las actuaciones administrativas serán impulsadas de
oficio por el órgano competente, lo cual no obstará a que también el
interesado inste el procedimiento. Se exceptúan de este principio
aquellos trámites en los que medie solo el interés privado del
administrado, a menos que, pese a ese carácter, la resolución a
dictarse pudiera llegar a afectar de algún modo el interés general.
ARTÍCULO 5°.- Deberes y facultades del órgano competente. El Órgano competente dirigirá el procedimiento procurando:
a. Tramitar los expedientes con celeridad y eficacia, haciendo uso de
los medios electrónicos disponibles en el Sistema de Gestión Documental
Electrónica para conocer el estado y agilizar el flujo de tramitación
de los asuntos.
b. Proveer en una sola resolución todos los trámites que por su
naturaleza, admitan su impulso simultáneo y concentrar en un mismo acto
o audiencia todas las diligencias y medidas de prueba pertinentes;
c. Utilizar el Sistema de Gestión Documental Electrónica para la
totalidad de las actuaciones administrativas, incluyendo el expediente
electrónico, las comunicaciones oficiales electrónicas, los formularios
y documentos oficiales electrónicos, como único medio de creación,
registro, firma y archivo de todos los documentos inherentes a la
gestión administrativa.
d. Señalar los defectos de que adolezca la petición, ordenando que se
subsanen de oficio o porel interesado dentro del plazo razonable que
fije, disponiendo de la misma manera las diligencias que fueren
necesarias para evitar nulidades.
e. Disponer en cualquier momento la comparecencia personal de las
partes interesadas, sus representantes legales o apoderados para
requerir las explicaciones que se estime necesarias y aun para reducir
las discrepancias que pudiera existir sobre cuestiones de hecho o de
derecho, labrándose acta. En la citación se hará constar concretamente
el objeto de la comparecencia.
ARTÍCULO 6°.- Facultades disciplinarias. Para mantener el orden y decoro en las actuaciones, dicho órgano podrá:
Testar toda frase injuriosa o redactada en términos ofensivos o indecorosos;
Excluir de las audiencias a quienes las perturben,
Llamar la atención o apercibir a los responsables;
Aplicar las multas autorizadas por el artículo 1º, inc. b), in fine,
de la Ley de Procedimientos Administrativos, así como también las demás
sanciones, incluso pecuniarias, previstas en otras normas vigentes. Las
multas firmes serán ejecutadas por los respectivos representantes
judiciales del Estado, siguiendo el procedimiento de los artículos 604
y 605 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación;
Separar a los apoderados por inconducta o por entorpecer
manifiestamente el trámite, intimando al mandante para que intervenga
directamente o por nuevo apoderado, bajo apercibimiento de suspender
los procedimientos o continuarlos sin su intervención, según
correspondiere. Las faltas cometidas por los agentes de la
administración se regirán por sus leyes especiales.
TÍTULO II
ARTÍCULO 7°.- De los expedientes:
a. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de
documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento al acto
administrativo así como las diligencias encaminadas a ejecutarlo.
b. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante
la agregación ordenada de los documentos, pruebas, dictámenes,
informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias que deban
integrarlos.
c. La tramitación de las actuaciones, comunicaciones, documentos y
expedientes se realizará mediante el Sistema de Gestión Documental
Electrónica, que permite realizar de manera integral la caratulación,
numeración, seguimiento y registro de movimientos de todas las
actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional. Dicho sistema
actuará como plataforma para la implementación de la gestión de los
expedientes electrónicos.
d. Transitoriamente, los expedientes caratulados antes de la
implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica podrán
continuar su tramitación en soporte papel, pero las actuaciones que en
ellos se produzcan y agreguen deberán instrumentarse en formato
electrónico, adjuntándose su impresión al expediente.
e. En caso de corresponder, las autoridades podrán digitalizar los
expedientes en soporte papel y continuar su tramitación como
expedientes electrónicos.
f. Todos los documentos que formen parte de un expediente deberán ser
generados previamente en forma electrónica, o bien, si existieran en
papel u otro formato, deberán ser digitalizados de acuerdo a la
normativa vigente.
g. La identificación con que se inicie un expediente será conservada a
través de las actuaciones sucesivas cualesquiera fueren los organismos
que intervengan en su trámite. Todas las unidades tienen la obligación
de suministrar información de un expediente en base a su identificación
inicial.
h. Los expedientes electrónicos y los documentos electrónicos serán
identificados de manera uniforme para toda la Administración a través
del Sistema de Gestión Documental Electrónica.
ARTÍCULO 8°.- Caratulación y compaginación.
a. Caratulación. La caratulación de los expedientes electrónicos se
realizará conforme al Nomenclador de Trámites aprobado por la
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN.
b. Compaginación. En aquellos casos excepcionales de expedientes
caratulados que tramiten en soporte papel, éstos serán compaginados en
cuerpos numerados que no excedan de DOSCIENTAS (200) fojas, salvo los
casos en que tal límite obligara a dividir escritos o documentos que
constituyan un solo texto.
ARTÍCULO 9°.- Vinculación de documentos al expediente.
a. Vinculación de documentos al expediente electrónico. Los documentos
electrónicos firmados digitalmente se vincularán al Expediente
Electrónico al cual pertenecen.
b. Foliatura. En aquellos casos excepcionales de expedientes que
tramiten en soporte papel, todas las actuaciones deberán foliarse por
orden correlativo de incorporación, incluso cuando se integren, con más
de UN (1) cuerpo de expediente. Las copias de notas, informes o
disposiciones que se agreguen junto con su original, no se foliaran
debiéndose dejar constancia de su agregación.
ARTÍCULO 10.- Documentos Adjuntos, Anexos y Vinculación de Expedientes.
Documentos electrónicos adjuntos. Se podrán adjuntar documentos
electrónicos como archivos embebidos en otros documentos electrónicos.
Anexos. En aquellos casos excepcionales de expedientes que tramiten
en soporte papel, cuando vayan acompañados de antecedentes que por su
volumen no puedan ser incorporados, se confeccionarán anexos, los que
serán numerados y foliados en forma independiente.
Vinculación de Expedientes. Los expedientes pueden vincularse entre sí de acuerdo con las siguientes modalidades:
1) Asociación de Expedientes electrónicos: permite relacionar uno o más expedientes sólo como consulta.
2) Fusión de Expedientes electrónicos: permite agrupar varios
expedientes en uno. Los expedientes fusionados pierden su
individualidad.
3) Tramitación Conjunta de Expedientes Electrónicos: permite la
incorporación de un grupo de expedientes sin que pierdan su
individualidad. Dichos expedientes pueden ser separados en cualquier
momento, quedando constancia del inicio y del fin de dicha tramitación
conjunta.
4) Expedientes Agregados en Soporte Papel: en aquellos casos
excepcionales de expedientes que tramiten en soporte papel, los
expedientes que se incorporen a otros no continuarán la foliatura de
éstos, debiéndose dejar únicamente constancia del expediente agregado
con la cantidad de fojas del mismo.
Desgloses. Los desgloses podrán solicitarse verbalmente y se harán
bajo constancia de la cual quedará registro en el orden que corresponda
del expediente electrónico dejándose constancia de la autoridad que lo
dispuso.
Tramitación en Paralelo de Expedientes Electrónicos: permite la
tramitación en forma simultánea de un expediente. El usuario que
realice el pase múltiple del expediente conserva el control del mismo.
ARTÍCULO 11.- Documentos y expedientes electrónicos con carácter reservado.
Documentos electrónicos reservados. La autoridad administrativa
podrá solicitar al administrador del sistema de gestión documental
electrónica la habilitación de documentos de carácter reservado
mediante acto administrativo fundado en la normativa que establece su
confidencialidad.
Expedientes Electrónicos Reservados. La autoridad administrativa
podrá solicitar al administrador del sistema de gestión documental
electrónica la habilitación de carátulas para expedientes reservados,
mediante acto administrativo fundado en la normativa que establece la
confidencialidad del trámite.
ARTÍCULO 12.- Documentos secretos.
La autoridad administrativa podrá solicitar al administrador del
sistema de gestión documental electrónica la habilitación de documentos
de carácter secreto mediante acto administrativo fundado en la
normativa que establece tal condición.
ARTÍCULO 13.- Cuando se haya iniciado un expediente o trámite con fojas
desglosadas, éstas serán precedidas de una nota con la mención de las
actuaciones de las que proceden, de la cantidad de fojas con que se
inicia el nuevo y las razones que haya habido para hacerlo.
ARTÍCULO 14.- Oficios y colaboración entre dependencias
administrativas. Si para sustanciar las actuaciones se necesitaren
datos o informes de terceros o de otros órganos administrativos, se los
deberá solicitar directamente por comunicaciones electrónicas
oficiales, con la indicación de la carátula del Expediente Electrónico,
o mediante oficio de lo que se dejará constancia en el expediente.
A tales efectos, las dependencias de la Administración, cualquiera sea
su situación jerárquica, quedan obligadas a prestar su colaboración
permanente y recíproca, y a expedirse con celeridad.
Cuando un expediente involucre la responsabilidad primaria de más de
una unidad de la misma jurisdicción, el mismo deberá ser tramitado
simultáneamente en dichas unidades, mediante el pase paralelo del
expediente electrónico.
En aquellos casos excepcionales de expedientes que tramiten en soporte
papel, se digitalizarán las actuaciones y se tramitarán por el Sistema
de Gestión Documental Electrónica.
TÍTULO III
ARTÍCULO 15.- Formalidades de los escritos.
a. Los particulares podrán presentar escritos en la mesa de entradas
del organismo, en las representaciones Diplomáticas u Oficinas
Consulares de la REPÚBLICA ARGENTINA en el extranjero cuando fuera
procedente o en forma electrónica a través de la plataforma electrónica
de Trámites a Distancia (TAD), por sí, o mediante representantes o
apoderados.
b. Los escritos serán redactados en idioma nacional, llevarán en la
parte superior una suma o resumen del petitorio. Serán suscriptos por
los interesados, sus representantes legales o apoderados. En el
encabezamiento de todo escrito, sin más excepción que el que iniciare
una gestión, debe indicarse la identificación del expediente a que
corresponda, y en su caso, contendrá la indicación precisa de la
representación que se ejerza.
c. En aquellos casos excepcionales de expedientes que tramiten en
soporte papel, se deberá salvar toda testadura enmienda o palabras
interlineadas, podrá emplearse el medio telegráfico para contestar
traslado o vistas e interponer recursos. Sin embargo, los interesados,
o sus apoderados, podrán efectuar peticiones mediante simple anotación
en el expediente, con su firma, sin necesidad de cumplir con los
recaudos establecidos en los párrafos anteriores.
d. Los documentos presentados en soporte papel ante la Administración
deberán ser digitalizados de acuerdo con la normativa vigente, por las
Mesas de Entradas para su incorporación al Expediente Electrónico,
devolviéndose los originales al interesado, previa constatación de su
carácter de original o de copia autenticada, sin perjuicio de aquellos
supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración
de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de
objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de
digitalización. La digitalización del documento realizada de acuerdo
con los procedimientos establecidos en la normativa vigente y su
vinculación al Sistema de Gestión Documental Electrónica importa su
autenticación siendo responsabilidad del personal interviniente la
verificación del instrumento.
e. Todo documento electrónico firmado digitalmente en el Sistema
Electrónico de Gestión Documental tendrá carácter de original, y los
reproducidos en soporte electrónico a partir de originales de primera
generación en cualquier otro soporte, digitalizados de acuerdo al
procedimiento que establezca la normativa aplicable serán considerados
originales y tendrán idéntica eficacia y valor probatorio que sus
equivalentes en soporte papel.
ARTÍCULO 16.- Recaudos. Todo escrito por el cual se promueva la
iniciación de una gestión ante la Administración Pública Nacional
deberá contener los siguientes recaudos:
Nombres, apellido, indicación de identidad y domicilio real y constituido del interesado;
Relación de los hechos y si lo considera pertinente, la norma en que el interesado funde su derecho;
La petición concretada en términos claros y precisos;
Ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado ha de valerse,
acompañando la documentación que obre en su poder y, en su defecto, su
mención con la individualización posible, expresando lo que de ella
resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar donde se
encuentren los originales;
Firma del interesado o de su representante legal o apoderado.
ARTÍCULO 17.- Firma de actuaciones administrativas; firma a ruego.
a. Firma a ruego. En las presentaciones realizadas en soporte papel por
los particulares, cuando un escrito fuera suscripto a ruego por no
poder o no saber hacerlo el interesado la autoridad administrativa lo
hará constar, así como el nombre del firmante y también que fue
autorizado en su presencia o se ratificó ante él la autorización,
exigiéndole la acreditación de la identidad personal de los que
intervinieren. Si no hubiere quien pueda firmar a ruego del interesado,
el funcionario procederá a darle lectura y certificará que éste conoce
el texto del escrito y ha estampado la impresión digital en su
presencia.
b. Firma de actuaciones administrativas. Con carácter general, para
realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento
administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten
previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de
autenticación electrónica e identificación previstos en este
Reglamento. Los organismos requerirán a los interesados el uso
obligatorio de firma para los actos donde esté comprometido el derecho
del administrado. Los escritos presentados por los particulares se
firmarán digitalmente en la Plataforma de “TRÁMITES A DISTANCIA” (TAD).
Las comunicaciones, documentos, informes, dictámenes, y toda otra
actuación administrativa se firmarán digitalmente en el Sistema de
Gestión Documental Electrónica.
c. Los interesados podrán autenticarse ante la plataforma electrónica
de “TRÁMITES A DISTANCIA” (TAD) mediante la clave fiscal de la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) o la Clave de
Seguridad Social de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(ANSES) o mediante la Plataforma de Autenticación Electrónica Central –
PAEC de acuerdo a la normativa vigente.
ARTÍCULO 18.- Ratificación de la firma y del contenido del escrito. En
caso de duda sobre la autenticidad de una firma, podrá la autoridad
administrativa llamar al interesado para que en su presencia y previa
justificación de su identidad, ratifique la firma o el contenido del
escrito. Si el citado negare la firma o el escrito, se rehusare a
contestar o no compareciere, se tendrá el escrito por no presentado.
ARTÍCULO 19.- Constitución de domicilio especial.
a. Presentaciones en soporte papel. Toda persona que comparezca ante
autoridad administrativa, por derecho propio o en representación de
terceros, deberá constituir un domicilio especial dentro del radio
urbano de asiento del organismo en el cual tramite el expediente. Si
por cualquier circunstancia cambiare la tramitación del expediente en
jurisdicción distinta a la del inicio, el interesado deberá constituir
un nuevo domicilio especial. Se lo hará en forma clara y precisa
indicando calle y número, o piso, número o letra del escritorio o
departamento; no podrá constituirse domicilio en las oficinas públicas,
pero si en el real de la parte interesada, siempre que este último esté
situado en el radio urbano del asiento de la autoridad administrativa.
b. Presentaciones mediante la plataforma electrónica de Trámites a
Distancia (TAD). Toda persona que comparezca ante una Autoridad
Administrativa mediante la Plataforma Electrónica de “TRÁMITES A
DISTANCIA” (TAD), por derecho propio o en representación de terceros,
deberá constituir un domicilio especial electrónico en el cual serán
válidas las comunicaciones y notificaciones.
c. La cuenta de usuario de la plataforma electrónica de Trámites a
Distancia (TAD) será considerada el domicilio especial electrónico
constituido para aquellos trámites que se gestionen utilizando dicha
plataforma.
d. Sede electrónica. La cuenta de usuario de la Plataforma Electrónica
de “TRÁMITES A DISTANCIA” (TAD) es la sede electrónica del particular,
en donde serán notificadas en forma electrónica las actuaciones
administrativas.
ARTÍCULO 20. – Excepcionalmente, en los casos de presentaciones
realizadas en soporte papel, si no se constituyere domicilio, no se lo
hiciere de acuerdo a lo dispuesto por el artículo anterior, o si el que
se constituyere no existiera o desapareciera el local o edificio
elegido o la numeración indicada, se intimará a la parte interesada en
su domicilio real para que se constituya domicilio en debida forma,
bajo apercibimiento de continuar el trámite sin intervención suya o de
un apoderado o representante legal, o disponer la caducidad del
procedimiento con arreglo a lo establecido en el artículo 1º, inc. e),
apartado 9) de la Ley de Procedimientos Administrativos, según
corresponda.
ARTÍCULO 21.- Excepcionalmente, en los casos de presentaciones
realizadas en soporte papel, el domicilio constituido producirá todos
sus efectos sin necesidad de resolución y se reputará subsistente
mientras no se designe otro.
ARTÍCULO 22.- Domicilio real. El domicilio real de la parte interesada
debe ser denunciado en la primera presentación que haga aquélla
personalmente o por apoderado o representante legal, tanto a través de
la Plataforma Electrónica de “TRÁMITES A DISTANCIA” (TAD) como en
soporte papel. En caso contrario —como así también en el supuesto de no
denunciarse su cambio— y habiéndose constituido domicilio especial se
intimará que se subsane el defecto, bajo apercibimiento de notificar en
este último todas las resoluciones, aun las que deban efectuarse en el
real.
ARTÍCULO 23.- Falta de constitución del domicilio especial y de
denuncia del domicilio real. Excepcionalmente, en los casos de
presentaciones realizadas en soporte papel, si en las oportunidades
debidas no se constituyere domicilio especial ni se denunciare el real,
se intimará que se subsane el defecto en los términos y bajo el
apercibimiento previsto en el artículo 1°, inciso e), apartado 9) de la
Ley de Procedimientos Administrativos.
ARTÍCULO 24.- Peticiones múltiples. Podrá acumularse en un solo escrito
más de una petición siempre que se tratare de asuntos conexos que se
puedan tramitar y resolver conjuntamente. Si a juicio de la autoridad
administrativa no existiere la conexión implícita o explícitamente
alegada por el interesado o la acumulación trajere entorpecimiento a la
tramitación de los asuntos se lo emplazará para que presente peticiones
por separado bajo apercibimiento de proceder de oficio a sustanciarlas
individualmente si fueren separables, o en su defecto disponer la
caducidad del procedimiento con arreglo a lo establecido en el artículo
1º, inciso e), apartado 9) de la Ley de Procedimientos Administrativos.
ARTÍCULO 25.- Presentación de escritos, fecha y cargo.
a. Todo escrito inicial o en el que se deduzca un recurso podrá
presentarse a través de la plataforma electrónica de Trámites a
Distancia (TAD), en la mesa de entradas o receptoría del organismo
competente o podrán emitirse por correo. El sistema electrónico dejará
constancia de la fecha y hora de presentación de los escritos realizada
por los particulares en dicha plataforma electrónica y de los actos
producidos por los usuarios de dicho sistema.
b. Los escritos posteriores podrán presentarse o remitirse igualmente a
la oficina donde se encuentra el expediente, o a través de la
plataforma electrónica de Trámites a Distancia (TAD). La autoridad
administrativa deberá dejar constancia en cada escrito de la fecha en
que fuere presentado, poniendo al efecto el cargo pertinente.
Los escritos recibidos por correo se consideraran presentados en la
fecha de imposición en la oficina de correos, a cuyo efecto se agregará
el sobre sin destruir su sello fechador, o bien en la que conste en el
mismo escrito y que surja del sello fechador impreso por el agente
postal habilitado a quien se hubiere exhibido el escrito en sobre
abierto en el momento de ser despachado por expreso o certificado.
A pedido de interesado el referido agente postal deberá sellarle una copia para su constancia.
En caso de duda deberá estarse a la fecha enunciada en el escrito y en
su defecto, se considerará que la presentación se hizo en término.
Cuando se empleare el medio telegráfico para contestar traslados o
vistas o interponer recursos, se entenderá presentado en la fecha de su
imposición en la oficina postal.
El escrito no presentado dentro del horario administrativo del día en
que venciere el plazo, solo podrá ser entregado válidamente, en la
oficina que corresponda, el día hábil inmediato y dentro de las DOS (2)
primeras horas del horario de atención de dicha oficina.
c. En los expedientes electrónicos se aplicarán los plazos establecidos
en el artículo 30 inciso b) del presente Reglamento no siendo de
aplicación el artículo 124 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación.
ARTÍCULO 26.- Responsabilidad de la tramitación.
La elaboración de meros informes, contestación de comunicaciones
oficiales y todo otro diligenciamiento de documentación, relativos a la
sustanciación de expedientes, cuando no estuviera establecido otro
término, serán realizados en un plazo máximo de CINCO (5) días hábiles
administrativos. Este plazo máximo podrá ser ampliado por el superior
jerárquico del responsable primario cuando la complejidad de los
asuntos a tratarse lo justifique.
Los titulares de las unidades administrativas y el personal que tuviese
a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán
responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas
oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o
retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el
respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar
y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos.
El personal que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como
los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir
y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus
competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar
resolución expresa en plazo. El incumplimiento de dicha obligación dará
lugar a responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la que hubiere
lugar de acuerdo con la normativa aplicable.
ARTÍCULO 27.- Documentos acompañados.
a. Los documentos que se acompañen a los escritos y aquellos cuya
agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su
original, en testimonios expedidos por autoridad competente o en copia
que certificará la autoridad administrativa previo cotejo con el
original, el que se devolverá al interesado. Podrá solicitarse la
reserva de cualquier documento, libro o comprobante que se presente, en
cuyo caso se procederá a su guarda bajo constancia.
b. A través de la plataforma electrónica de “TRÁMITES A DISTANCIA”
(TAD) los particulares podrán presentar sus escritos y acompañar
documentos previa digitalización de acuerdo a la normativa vigente.
Asimismo, podrán realizar presentaciones a agregar en los trámites que
sean parte y estén en estado de tramitación.
ARTÍCULO 28.- Documentos de extraña jurisdicción legalizados.
Traducción. Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán
presentarse debidamente legalizados si así lo exigiere la autoridad
administrativa. Los redactados en idioma extranjero deberán acompañarse
con su correspondiente traducción hecha por traductor matriculado.
ARTÍCULO 29.- Firma de los documentos por profesionales. Los documentos
y planos que se presenten, excepto los croquis deberán estar firmados
por profesionales inscriptos en matricula nacional, provincial o
municipal, indistintamente.
ARTÍCULO 30.- Entrega de constancias sobre iniciación de actuaciones y presentación de escritos o documentos.
a. De toda actuación que se inicie en Mesa de Entradas o Receptoría se
dará una constancia con la identificación del expediente que se
origine. Los interesados que hagan entrega de un documento o escrito
podrán, además, pedir verbalmente que se les certifique una copia de
los mismos. La autoridad administrativa lo hará así, estableciendo que
el interesado ha hecho entrega en la oficina de un documento o escrito
bajo manifestación de ser el original de la copia suscripta.
b. Presentaciones mediante la plataforma electrónica “TRÁMITES A
DISTANCIA” (TAD). La plataforma electrónica TAD facilitará la
realización de trámites a los particulares. Para cada trámite deberá
ingresar la información o documentación obligatoria solicitada, luego
de lo cual el sistema le otorgará un número de expediente.
La carga de documentación puede realizarse durante las VEINTICUATRO
(24) horas de todos los días del año. El cómputo de plazos se hará a
partir del primer día hábil siguiente al de la carga de documentación
efectuada correctamente por el particular en la plataforma electrónica
en su cuenta de usuario.
La carga de documentación efectuada en un día inhábil se entenderá efectuada el primer día hábil siguiente.
TÍTULO IV
ARTÍCULO 31.- Actuación por poder y representación legal.
a. La persona que se presente en las actuaciones administrativas por un
derecho o interés que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en
virtud de representación legal, deberá acompañar los documentos que
acrediten la calidad invocada. La representación podrá acreditarse
mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia
fidedigna de su existencia. Los padres que comparezcan en
representación de sus hijos y el cónyuge que lo haga en nombre del
otro, no tendrán obligación de presentar las partidas correspondientes,
salvo que fundadamente le fueran requeridas.
b. Plataforma electrónica de Trámites a Distancia (TAD). Los
particulares podrán actuar por sí o mediante apoderados o
representantes legales. A tal fin, las personas autorizadas ante la
AFIP o ANSES para actuar en representación lo podrán hacer en dicha
plataforma electrónica TAD, siempre que tengan Clave Fiscal o Clave de
Seguridad Social. Los documentos que acreditan la personería o la
representación, serán adjuntados con carácter de declaración jurada, a
la carpeta del particular en la PLATAFORMA ELECTRÓNICA (TAD). El
particular podrá habilitar su consulta para otros trámites u otros
usuarios.
El apoderado tendrá la potestad de iniciar un trámite, cada vez que lo
haga, se vinculará al Expediente Electrónico una constancia de
apoderamiento que da cuenta sobre la participación del apoderado.
La intervención en un trámite en TAD por un apoderado implicará la
aceptación del apoderamiento realizado por el usuario TAD titular. El
apoderado será responsable por su gestión en los trámites que
intervenga de acuerdo a las normas del derecho común.
El poder puede ser revocado en cualquier momento por el poderdante o
por la renuncia del apoderado. La revocación del poder se debe realizar
ante la misma entidad donde se gestionó el alta, sea AFIP, ANSES o la
que se incorpore a la plataforma de autenticación electrónica central
PAEC.
La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá
que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se
aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de DIEZ (10)
días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un
plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
ARTÍCULO 32.- Forma de acreditar la personería. Los representantes o
apoderados acreditarán su personería desde la primera gestión que hagan
a nombre de sus mandantes.
a. En aquellos casos excepcionales de expedientes que tramiten en
soporte papel, los representantes o apoderados deberán acreditar su
personería mediante el instrumento público correspondiente, o con copia
del mismo suscripta por el letrado, o con carta poder con firma
autenticada por autoridad policial o judicial, o por escribano público.
En el caso de encontrarse agregado a otro expediente que tramite ante
la misma repartición bastará la pertinente certificación. Cuando se
invoque un poder general o especial para varios actos o un contrato de
sociedad civil o comercial otorgado en instrumento público o inscripto
en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, se lo acreditará con la
agregación de una copia íntegra firmada por el letrado patrocinante o
por el apoderado. De oficio o a petición de parte interesada podrá
intimarse la presentación del testimonio original. Cuando se tratare de
sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla
todos los socios a nombre individual, indicando cuál de ellos
continuará vinculado a su trámite.
b. En los casos de trámites realizados vía TAD no será necesario
acompañar la documentación que acredite la personería o la
representación, si la misma consta en algún organismo de la
administración. En tal caso, los representantes o apoderados podrán
optar entre acompañar el instrumento o informar el antecedente
administrativo y la repartición en la cual se encuentra la
documentación correspondiente. Excepcionalmente, la autoridad
administrativa podrá solicitar se agregue copia de dicha documentación.
ARTÍCULO 33.- El mandato también podrá otorgarse por acta ante la
autoridad administrativa, la que contendrá una simple relación de la
identidad y domicilio del compareciente, designación de la persona del
mandatario, mención de la facultad de percibir sumas de dinero u otra
especial que se le confiriere.
ARTÍCULO 34.- Cesación de la representación. Cesará la representación en las actuaciones:
Por revocación del poder. La intervención del interesado en el
procedimiento no importará revocación si al tomarla no lo declara
expresamente.
Por renuncia, después de vencido el término del emplazamiento al poderdante o de la comparecencia del mismo en el expediente.
Por muerte o inhabilidad del mandatario.
En los casos previstos por los TRES (3) incisos precedentes, se
emplazará al mandante para que comparezca por sí o por nuevo apoderado,
bajo apercibimiento de continuar el trámite sin su intervención o
disponer la caducidad del expediente, según corresponda.
Por muerte o incapacidad del poderdante.
Estos hechos suspenden el procedimiento hasta que los herederos o
representantes legales del causante se apersonen al expediente, salvo
que se tratare de trámites que deban impulsarse de oficio. El apoderado
entre tanto, solo podrá formular las peticiones de mero trámite que
fueren indispensables y que no admitieren demoras para evitar
perjuicios a los derechos del causante.
ARTÍCULO 35.- Alcances de representación. Desde el momento en que el
poder se presente a la autoridad administrativa y esta admita la
personería, el representante asume todas las responsabilidades que las
leyes le imponen y sus actos obligan al mandante como si personalmente
los hubiere practicado. Está obligado a continuar la gestión mientras
no haya cesado legalmente en su mandato -con la limitación prevista en
el inciso d) del artículo anterior- y con él se entenderán los
emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las de los actos
de carácter definitivo, salvo decisión o norma expresa que disponga se
notifique al mismo poderdante o que tengan por objeto su comparecencia
personal.
ARTÍCULO 36.- Unificación de la personería. Cuando varias personas se
presentaren formulando un petitorio del que no surjan intereses
encontrados, la autoridad administrativa podrá exigir la unificación de
la representación, dando para ello un plazo de CINCO (5) días, bajo
apercibimiento de designar un apoderado común entre los peticionantes.
La unificación de representación también podrá pedirse por las partes
en cualquier estado del trámite. Con el representante común se
entenderán los emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso de
la resolución definitiva, salvo decisión o norma expresa que disponga
se notifiquen directamente a las partes interesadas o las que tengan
por objeto su comparecencia personal.
ARTÍCULO 37.- Revocación de la personería unificada. Una vez hecho el
nombramiento del mandatario común, podrá revocarse por acuerdo unánime
de los interesados o por la Administración a petición de uno de ellos,
si existiere motivo que lo justifique.
ARTÍCULO 38.- Vista. La parte interesada, su apoderado o letrado
patrocinante, podrán tomar vista del expediente durante todo su
trámite, con excepción de actuaciones, diligencias, informes o
dictámenes que a pedido del órgano competente y previo asesoramiento
del servicio jurídico correspondiente, fueren declarados reservados o
secretos mediante decisión fundada del respectivo Subsecretario del
Ministerio o del titular del ente descentralizado de que se trate.
a. Vista de Expedientes en soporte papel. En aquellos casos
excepcionales de expedientes que tramiten en soporte papel el pedido de
vista podrá hacerse verbalmente y se dará, sin necesidad de resolución
expresa al efecto, en la oficina en que se encuentre el expediente,
aunque no sea la Mesa de Entradas o Receptoría.
Si el peticionante solicitare la fijación de un plazo para la vista,
aquél se dispondrá por escrito rigiendo a su respecto lo establecido
por el artículo 1º, inciso e), apartados 4) y 5), de la Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 19.549.
El día de vista se considera que abarca, sin límites, el horario de
funcionamiento de la oficina en la que se encuentre el expediente.
A pedido del interesado, y a su cargo, se facilitarán fotocopias de las piezas que solicitare.
b. Vista de expediente electrónico. La solicitud y otorgamiento de
vista de los expedientes electrónicos se hace de acuerdo con los
siguientes procedimientos:
La consulta sin suspensión de plazo de las actuaciones por medios
electrónicos en la plataforma TAD es automático y no requerirá de
solicitud expresa del interesado. El usuario o el apoderado podrán
acceder al contenido de los expedientes que haya iniciado a través de
dicha plataforma TAD. El usuario podrá consultar la última fecha de
modificación, el estado del expediente y su ubicación actual; también
tendrá acceso a los documentos que se hayan vinculado. Si el trámite
está en curso, mediante el documento Constancia de Toma de Vista, queda
registro de la consulta dentro del expediente electrónico, sin
suspensión de plazo.
El otorgamiento de vista con suspensión de plazo de las actuaciones
por medios electrónicos requerirá petición expresa del interesado o
apoderado por escrito.
La vista se podrá otorgar mediante copia del expediente electrónico
en un soporte informático que aporte el interesado o el organismo.
A pedido del interesado y a su cargo, se facilitarán copias en soporte papel de los documentos electrónicos que solicitare.
TÍTULO V
ARTÍCULO 39.- De las notificaciones. Actos que deben ser notificados. Deberán ser notificados a la parte interesada:
Los actos administrativos de alcance individual que tengan carácter
definitivo y los que, sin serlo, obsten a la prosecución de los
trámites;
Los que resuelvan un incidente planteado o en alguna medida afecten derechos subjetivos o intereses legítimos;
los que decidan emplazamientos, citaciones, vistas;
Los que se dicten con motivo o en ocasión de la prueba y los que dispongan de oficio la agregación de actuaciones;
Todos los demás que la autoridad así dispusiere, teniendo en cuenta su naturaleza e importancia.
ARTÍCULO 40.- Diligenciamiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 47, in fine, las notificaciones se diligenciarán dentro de los
CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto
de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer
contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los
mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.
La omisión o el error en que se pudiera incurrir al efectuar tal
indicación, no perjudicará al interesado ni permitirá darle por decaído
su derecho. No obstante la falta de indicación de los recursos, a
partir del día siguiente de la notificación se iniciará el plazo
perentorio de SESENTA (60) días para deducir el recurso administrativo
que resulte admisible. Si se omitiera la indicación de que el acto
administrativo agotó las instancias administrativas, el plazo para
deducir la demanda indicada en el artículo 25 de la Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 19.549 comenzará a correr
transcurrido el plazo precedentemente indicado.
En los procedimientos especiales en que se prevean recursos judiciales
directos, si en el instrumento de notificación respectiva se omite
indicarlos, a partir del día siguiente al de la notificación, se
iniciará el plazo de SESENTA (60) días hábiles judiciales para deducir
el recurso previsto en la norma especial.
Si las notificaciones fueran inválidas regirá lo dispuesto en el artículo 44, segundo párrafo.
ARTÍCULO 41.- Forma de las notificaciones. Las notificaciones podrán
realizarse por cualquier medio que dé certeza de la fecha de recepción
del instrumento en que se recibió la notificación y, en su caso, el
contenido del sobre cerrado si éste se empleare.
Las notificaciones podrán realizarse:
a. Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o
representante legal al expediente, dejándose constancia expresa y
previa justificación de identidad del notificado; se certificará copia
íntegra del acto, si fuere reclamada;
b. Por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o
representante legal, de la que resulten estar en conocimiento
fehaciente de acto respectivo;
c. Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por
los artículos 140 y 141 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación;
d. Por telegrama con aviso de entrega;
e. Por oficio impuesto como certificado expreso con aviso de recepción;
en este caso el oficio y los documentos anexos deberán exhibirse en
sobre abierto al agente postal habilitado, antes del despacho, quien
los sellará juntamente con las copias que se agregarán al expediente;
f. Por carta documento;
g. Por los medios que indique la autoridad postal, a través de sus
permisionarios, conforme a las reglamentaciones que ella emite;
h. Por medio de la plataforma electrónica de trámites a distancia
(TAD), que se realizarán en la cuenta de usuario que es la sede
electrónica en la cual el particular ha constituido su domicilio
especial electrónico. La notificación oficial se dará como
perfeccionada cuando el contenido de la misma esté disponible en la
cuenta de usuario de destino. A dichos efectos, se considerará al
usuario notificado el primer día hábil siguiente al de la fecha de
ingreso de la notificación a su cuenta, momento en el que comienzan a
correr los plazos.
ARTÍCULO 42.- Publicación de edictos. El emplazamiento, la citación y
las notificaciones a personas inciertas o cuyo domicilio se ignore se
hará por edictos publicados en el Boletín Oficial durante TRES (3) días
seguidos y se tendrán por efectuadas a los CINCO (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación, debiendo dejarse
constancia en el expediente.
También podrá realizarse por radiodifusión a través de los canales y
radios estatales en días hábiles. En cada emisión se indicará cuál es
el último día del pertinente aviso a los efectos indicados en la última
parte del párrafo anterior.
ARTÍCULO 43.- Contenido de las notificaciones. En las notificaciones se
transcribirán íntegramente los fundamentos y la parte dispositiva del
acto objeto de notificación, salvo cuando se utilicen los edictos o la
radiodifusión en que solo se transcribirá la parte dispositiva del acto.
En las cédulas y oficios se podrá reemplazar la transcripción agregando
una copia íntegra y autenticada de la resolución dejándose constancia
en el cuerpo de la cédula u oficio.
ARTÍCULO 44.- Notificaciones inválidas. Toda notificación que hiciere
en contravención de las normas precedentes carecerá de validez.
Sin embargo, si del expediente resultare que la parte interesada
recibió el instrumento de notificación, a partir del día siguiente se
iniciará el plazo perentorio de SESENTA (60) días para deducir el
recurso administrativo que resulte admisible o para el cómputo del
plazo previsto en el artículo 25 de la Ley de Procedimientos
Administrativos para deducir la pertinente demanda según el caso. Este
plazo no se adicionará al indicado en el artículo 40, tercer párrafo.
Esta norma se aplicará a los procedimientos especiales.
ARTÍCULO 45.- Notificación verbal. Cuando válidamente el acto no esté
documentado por escrito, se admitirá la notificación verbal.
TÍTULO VI
ARTÍCULO 46.- De la prueba. La administración de oficio o a pedido de
parte, podrá disponer la producción de prueba respecto de los hechos
invocados y que fueren conducentes para la decisión, fijando el plazo
para su producción y ampliación, si correspondiere. Se admitirán todos
los medios de prueba, salvo los que fueran manifiestamente
improcedentes, superfluos o meramente dilatorios.
Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento
y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse
la resolución, se realizarán de oficio y a través de medios
electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio
del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que
requieran su intervención o constituyan trámites legal o
reglamentariamente establecidos.
Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la
instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los
tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la
tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la
simplificación y la publicidad de los procedimientos.
ARTÍCULO 47.- Notificación de la providencia de la prueba. La
providencia que ordene la producción de prueba se notificará a las
partes interesadas indicando qué pruebas son admitidas y la fecha de la
o las audiencias que se hubieren fijado.
La notificación se diligenciará con una anticipación de CINCO (5) días, por lo menos, a la fecha de la audiencia.
ARTÍCULO 48.- Informes y dictámenes. Sin perjuicio de los informes y
dictámenes cuyo requerimiento fuere obligatorio según normas expresas
que así lo establecen, podrán recabarse, mediante resolución fundada,
cuantos otros se estimen necesarios al establecimiento de la verdad
jurídica objetiva. En la tramitación de los informes y dictámenes se
estará a lo prescripto en el artículo 14.
El plazo máximo para evacuar los informes técnicos y dictámenes será de
VEINTE (20) días, pudiendo ampliarse, si existieren motivos atendibles
y a pedido de quien deba producirlos, por el tiempo razonable que fuere
necesario.
Los informes administrativos no técnicos deberán evacuarse en el plazo
máximo de DIEZ (10) días. Si los terceros contestaren los informes que
les hubieren sido requeridos dentro del plazo fijado o de la ampliación
acordada o se negaren a responder, se prescindirá de esta prueba.
Los plazos establecidos en los párrafos anteriores solo se tendrán en
cuenta si el expediente administrativo fue abierto a prueba.
ARTÍCULO 49.- Testigos. Los testigos serán examinados en sede del
organismo competente por el agente a quien se designe al efecto.
ARTÍCULO 50.- Se fijará día y hora para la audiencia de los testigos y
una supletoria para el caso de que no concurran a la primera; ambas
audiencias serán notificadas conjuntamente por la autoridad, pero el
proponente tendrá a su cargo asegurar la asistencia de los testigos. La
incomparecencia de estos a ambas audiencias hará perder al proponente
el testimonio de que se trate, pero la ausencia de la parte interesada
no obstará al interrogatorio de los testigos presentes.
ARTÍCULO 51.- Si el testigo no residiere en el lugar del asiento del
organismo competente y la parte interesada no tomare a su cargo la
comparecencia, se lo podrá interrogar en alguna oficina pública ubicada
en el lugar de residencia propuesto por el agente a quien se delegue la
tarea.
ARTÍCULO 52.- Los testigos serán libremente interrogados sobre los
hechos por la autoridad, sin perjuicio de los interrogatorios de las
partes interesadas, los que pueden ser presentados hasta el momento
mismo de la audiencia.
Se labrará acta en que consten las preguntas y sus respuestas.
ARTÍCULO 53.- Serán de aplicación supletoria las normas citadas en los
artículos 419, primera parte, 426, 427, 428, 429, 436, primera parte,
440, 441, 443, 444, 445, 448, 450, 451, 452, 457, 458 y 491 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
ARTÍCULO 54.- Peritos. Los administrados podrán proponer la designación de peritos a su costa.
La administración se abstendrá de designar peritos por su parte,
debiendo limitarse a recabar informes de sus agentes y oficinas
técnicas y de terceros, salvo que resultare necesario designarlos para
la debida sustanciación del procedimiento.
ARTÍCULO 55.- En el acto de solicitarse la designación de un perito, el
proponente precisará el cuestionario sobre el que deberá expedirse.
ARTÍCULO 56.- Dentro del plazo de CINCO (5) días de notificado el
nombramiento, el perito aceptará el cargo en el expediente o su
proponente agregará una constancia autenticada por el oficial público o
autoridad competente de la aceptación del mismo. Vencido dicho plazo y
no habiéndose ofrecido reemplazante, se perderá el derecho a esta
prueba; igualmente se perderá si ofrecido y designado un reemplazante,
éste no aceptare la designación o el proponente tampoco agregare la
constancia aludida dentro del plazo establecido.
ARTÍCULO 57.- Corresponderá al proponente instar la diligencia y
adelantar los gastos razonables que requiere el perito según la
naturaleza de la pericia; la falta de presentación del informe en
tiempo importará el desistimiento de esta prueba. Serán de aplicación
supletoria las normas contenidas en los artículos 459, 464, 466, 471,
472, 474, 476 y 477 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
ARTÍCULO 58.- Documental. En materia de prueba documental se estará a
lo dispuesto por los arts. 16, 27 a 30, 109 y 110 de la presente
reglamentación.
ARTÍCULO 59.- Confesión. Sin perjuicio de lo que establecieran las
normas relativas a la potestad correctiva o disciplinaria de la
Administración, no serán citados a prestar confesión la parte
interesada ni los agentes públicos, pero estos últimos podrán ser
ofrecidos por el administrado como testigos, informantes o peritos. La
confesión voluntaria tendrá, sin embargo, los alcances que resultan de
los artículos 423, 424 y 425 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación.
ARTÍCULO 60.- Alegatos. Sustanciadas las actuaciones, se dará vista de
oficio y por DIEZ (10) días a la parte interesada para que, si lo
creyere conveniente, presente un escrito acerca de lo actuado, y en su
caso, para que alegue también sobre la prueba que se hubiere producido.
Transitoriamente, en aquellos casos excepcionales de expedientes
caratulados antes de la fecha de implementación del módulo Expediente
Electrónico (EE) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en
cada organismo que sigan tramitando en soporte papel, la parte
interesada, su apoderado o letrado patrocinante podrán retirar las
actuaciones bajo responsabilidad dejándose constancia en la oficina
correspondiente.
El órgano competente podrá disponer la producción de nueva prueba:
De oficio, para mejor proveer;
A pedido de parte interesada, si ocurriere o llegare a su
conocimiento un hecho nuevo. Dicha medida se notificará a la parte
interesada y con el resultado de la prueba que se produzca, se dará
otra vista por CINCO (5) días a los mismos efectos precedentemente
indicados.
Si no se presentaren los escritos -en uno y otro caso- o no se
devolviera el expediente en término, si hubiere sido retirada se dará
por decaído el derecho.
ARTÍCULO 61.- Resolución. De inmediato y sin más trámite que el
asesoramiento jurídico, si éste correspondiere conforme a lo dispuesto
por el artículo 7º, inciso d), in fine de la Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 19.549, dictará el acto administrativo que resuelva
las actuaciones.
ARTÍCULO 62.- Apreciación de la prueba. En la apreciación de la prueba
se aplicará lo dispuesto por el artículo 386 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación.
ARTÍCULO 63.- De la conclusión de los procedimientos. Los trámites
administrativos concluyen por resolución expresa o tácita, por
caducidad o por desistimiento del procedimiento o del derecho.
ARTÍCULO 64.- Resolución y caducidad. La resolución expresa se ajustará
a lo dispuesto según los casos por el artículo 1°, inciso f), apartados
3º, 7º y 8º de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549; y
artículo 82 de la presente Reglamentación.
ARTÍCULO 65.- La resolución tácita y la caducidad de los procedimientos
resultarán de las circunstancias a que se alude en los artículos 10 y 1
inciso e), apartado 9) de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº
19.549 respectivamente.
ARTÍCULO 66.- Desistimiento. Todo desistimiento deberá ser formulado
fehacientemente por la parte interesada, su representante legal o
apoderado.
ARTÍCULO 67.- El desistimiento del procedimiento importará la clausura
de las actuaciones en el estado en que se hallaren pero no impedirá que
ulteriormente vuelva a plantearse igual pretensión, sin perjuicio de lo
que corresponda en materia de caducidad o prescripción. Si el
desistimiento se refiriera a los trámites de un recurso, el acto
impugnado se tendrá por firme.
ARTÍCULO 68.- El desistimiento del derecho en que se funda una pretensión impedirá promover otra por el mismo objeto y causa.
ARTÍCULO 69.- Si fueren varias las partes interesadas, el desistimiento
de solo alguna o algunas de ellas al procedimiento o al derecho no
incidirá sobre las restantes, respecto de quienes seguirá
sustanciándose el trámite respectivo en forma regular.
ARTÍCULO 70.- Si la cuestión planteada pudiera llegar a afectar de
algún modo el interés administrativo o general, el desistimiento del
procedimiento o del derecho no implicará la clausura de los trámites,
lo que así se declarará por resolución fundada, prosiguiendo las
actuaciones hasta que recaiga la decisión pertinente. Esta podrá
beneficiar incluso a quienes hubieren desistido.
TÍTULO VIII
ARTÍCULO 71.- Queja por defectos de tramitación e incumplimiento de
plazos ajenos al trámite de recursos. Podrá ocurrirse en queja ante el
inmediato superior jerárquico contra los defectos de tramitación e
incumplimiento de los plazos legales o reglamentarios en que se
incurriere durante el procedimiento y siempre que tales plazos no se
refieran a los fijados para la resolución de recursos.
La queja se resolverá dentro de los CINCO (5) días, sin otra
sustanciación que el informe circunstanciado que se requerirá si fuere
necesario. En ningún caso se suspenderá la tramitación del
procedimiento en que se haya producido y la resolución será
irrecurrible.
ARTÍCULO 72.- El incumplimiento injustificado de los trámites y plazos
previstos por la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y por
este reglamento, genera responsabilidad imputable a los agentes a cargo
directo del procedimiento o diligencia y a los superiores jerárquicos
obligados a su dirección, fiscalización o cumplimiento; en cuyo caso y
cuando se estime la queja del artículo anterior o cuando ésta no sea
resuelta en término el superior jerárquico respectivo deberá iniciar
las actuaciones tendientes a aplicar la sanción al responsable.
ARTÍCULO 73.- Recursos contra actos de alcance individual y contra
actos de alcance general. Los actos administrativos de alcance
individual, así como también los de alcance general, a los que la
autoridad hubiera dado o comenzado a dar aplicación, podrán ser
impugnados por medio de recursos administrativos en los casos y con el
alcance que se prevé en el presente título, ello sin perjuicio de lo
normado en el artículo 24 inciso a) de la Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 19.549, siendo el acto que resuelve tal reclamo
irrecurrible. Los recursos podrán fundarse tanto en razones vinculadas
a la legitimidad, como a la oportunidad, mérito o conveniencia del acto
impugnado o al interés público.
ARTÍCULO 74.- Sujetos. Los recursos administrativos podrán ser
deducidos por quienes aleguen un derecho subjetivo o un interés
legítimo.
Los organismos administrativos subordinados por relación jerárquica no
podrán recurrir los actos del superior, los agentes de la
administración podrán hacerlo en defensa de un derecho propio. Los
entes autárquicos no podrán recurrir actos administrativos de otros de
igual carácter ni de la administración central, sin perjuicio de
procurar al respecto un pronunciamiento del ministerio en cuya esfera
común actúen o del Poder Ejecutivo nacional, según el caso.
ARTÍCULO 75.- Órgano competente. Serán competentes para resolver los
recursos administrativos contra actos de alcance individual, los
organismos que se indican al regularse en particular cada uno de
aquellos. Si se tratare de actos dictados en cumplimiento de otros de
alcance general, será competente el organismo que dictó la norma
general sin perjuicio de la presentación del recurso ante la autoridad
de aplicación, quien se lo deberá remitir en el término de CINCO (5)
días.
ARTÍCULO 76.- Suspensión de plazo para recurrir. Si a los efectos de
articular un recurso administrativo, la parte interesada necesitare
tomar vista de las actuaciones, quedará suspendido el plazo para
recurrir durante el tiempo que se le conceda al efecto, en base a lo
dispuesto por el artículo 1º, inciso e), apartados 4º y 5º, de la Ley
de Procedimientos Administrativos Nº 19.549. La mera presentación de un
pedido de vista, suspende el curso de los plazos, sin perjuicio de la
suspensión que cause el otorgamiento de la vista.
En igual forma a lo estipulado en el párrafo anterior suspenderán los
plazos previstos en el artículo 25 de la referida Ley de Procedimientos
Administrativos.
ARTÍCULO 77.- Formalidades. La presentación de los recursos
administrativos deberá ajustarse a las formalidades y recaudos
previstos en los artículos 15 y siguientes, en lo que fuere pertinente,
indicándose además, de manera concreta, la conducta o acto que el
recurrente estimare como legítima para sus derechos o intereses. Podrá
ampliarse la fundamentación de los recursos deducidos en término, en
cualquier momento antes de la resolución. Advertida alguna deficiencia
formal, el recurrente será intimado a subsanarla dentro del término
perentorio que se fije, bajo apercibimiento de desestimarse el recurso.
ARTÍCULO 78.- Apertura a prueba. El organismo interviniente, de oficio
o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de
prueba cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no
son suficientes para resolver el recurso.
ARTÍCULO 79.- Producida la prueba se dará vista por CINCO (5) días a la
parte interesada, a los mismos fines y bajo las formas del artículo 60.
Si no se presentare alegato, se dará por decaído el derecho.
Por lo demás, serán de aplicación, en cuanto fueren compatibles, las disposiciones de los artículos 46 a 62.
ARTÍCULO 80.- Medidas preparatorias, informes y dictámenes
irrecurribles. Las medidas preparatorias de decisiones administrativas,
inclusive informes y dictámenes, aunque sean de requerimiento
obligatorio y efecto vinculante para la Administración, no son
recurribles.
ARTÍCULO 81.- Despacho y decisión de los recursos. Los recursos deberán
proveerse y resolverse cualquiera sea la denominación que el interesado
les dé, cuando resulte indudable la impugnación del acto administrativo.
ARTÍCULO 82.- Al resolver un recurso el órgano competente podrá
limitarse a desestimarlo, o ratificar o confirmar el acto de alcance
particular impugnado, si ello correspondiere conforme al artículo 19 de
la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19.549; o bien aceptarlo,
revocando, modificando o sustituyendo el acto, sin perjuicio de los
derechos de terceros.
ARTÍCULO 83.- Derogación de actos de alcance general. Los actos
administrativos de alcance general podrán ser derogados, total o
parcialmente, y reemplazados por otros, de oficio o a petición de parte
y aun mediante recurso en los casos en que éste fuere procedente. Todo
ello sin perjuicio de los derechos adquiridos al amparo de las normas
anteriores y con indemnización de los daños efectivamente sufridos por
los administrados.
ARTÍCULO 84.- Recurso de reconsideración. Podrá interponerse recurso de
reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y
contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho
subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los DIEZ
(10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el
cual será competente para resolver lo que corresponda conforme a lo
dispuesto por el artículo 82.
ARTÍCULO 85.- Si el acto hubiere sido dictado por delegación, el
recurso de reconsideración será resuelto por el órgano delegado sin
perjuicio del derecho de avocación del delegante. Si la delegación
hubiere cesado al tiempo de deducirse el recurso, éste será resuelto
por el delegante.
ARTÍCULO 86.- El órgano competente resolverá el recurso de
reconsideración dentro de los TREINTA (30) días, computados desde su
interposición, o, en su caso, de la presentación del alegato —o del
vencimiento del plazo para hacerlo— si se hubiere recibido la prueba.
ARTÍCULO 87.- Si el recurso de reconsideración no fuere resuelto dentro
del plazo fijado, el interesado podrá reputarlo denegado tácitamente
sin necesidad de requerir pronto despacho.
ARTÍCULO 88.- El recurso de reconsideración contra actos definitivos o
asimilables a ellos, lleva el recurso jerárquico en subsidio. Cuando
expresa o tácitamente hubiera sido rechazada la reconsideración, las
actuaciones deberán ser elevadas en el término de CINCO (5) días de
oficio o a petición de parte según que hubiere recaído o no resolución
denegatoria expresa. Dentro de los CINCO (5) días de recibidas por el
superior podrá el interesado mejorar o ampliar los fundamentos del
recurso.
ARTÍCULO 89.- Recurso jerárquico. El recurso jerárquico procederá
contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la
tramitación del reclamo o pretensión del administrado. No será
necesario haber deducido previamente recurso de consideración; si se lo
hubiere hecho no será indispensable fundar nuevamente el jerárquico,
sin perjuicio de lo expresado en la última parte del artículo anterior.
ARTÍCULO 90.- El recurso jerárquico deberá interponerse ante la
autoridad que dictó el acto impugnado dentro de los QUINCE (15) días de
notificado y será elevado dentro del término de CINCO (5) días y de
oficio al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, el Ministerio o la Secretaría
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN en cuya jurisdicción actúe el órgano
emisor del acto.
El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, los Ministros y Secretarios de la
PRESIDENCIA DE LA NACION resolverán definitivamente el recurso; cuando
el acto impugnado emanare del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, de un
Ministro o de un Secretario de la PRESIDENCIA DE LA NACION, el recurso
será resuelto por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, agotándose en ambos
casos la instancia administrativa.
ARTÍCULO 91.- El plazo para resolver el recurso jerárquico será de
TREINTA (30) días, a contar desde la recepción de las actuaciones por
la autoridad competente, o en su caso de la presentación del alegato —o
vencimiento del plazo para hacerlo— si se hubiere recibido prueba. No
será necesario pedir pronto despacho para que se produzca la
denegatoria por silencio.
ARTÍCULO 92.- Cualquiera fuera la autoridad competente para resolver el
recurso jerárquico, el mismo tramitará y se sustanciará íntegramente en
sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Ministerio o de la
Secretaría de la PRESIDENCIA DE LA NACION en cuya jurisdicción actúe el
órgano emisor del acto; en aquellos se recibirá la prueba estimada
pertinente y se recabará obligatoriamente el dictamen del servicio
jurídico permanente.
Si el recurso se hubiere interpuesto contra resolución del Jefe de
Gabinete de Ministros, de Ministro o de Secretario de la PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN; cuando corresponda establecer jurisprudencia administrativa
uniforme, cuando la índole del interés económico comprometido requiera
su atención, o cuando el Poder Ejecutivo Nacional lo estime conveniente
para resolver el recurso, se requerirá la intervención de la
PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 93.- Salvo norma expresa en contrario los recursos deducidos
en el ámbito de los entes autárquicos se regirán por las normas
generales que para los mismos se establecen en esta reglamentación.
ARTÍCULO 94.- Recurso de alzada. Contra los actos administrativos
definitivos o que impiden totalmente la tramitación del reclamo o
pretensión del recurrente -emanadas del órgano superior de un ente
autárquico, incluidas las universidades nacionales- procederá, a opción
del interesado, el recurso administrativo de alzada o la acción
judicial pertinente.
ARTÍCULO 95.- La elección de la vía judicial hará perder la
administrativa; pero la interposición del recurso de alzada no impedirá
desistirlo en cualquier estado a fin de promover la acción judicial, ni
obstará a que se articule ésta una vez resuelto el recurso
administrativo.
ARTÍCULO 96.- El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, el Ministro o el
Secretario de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN en cuya jurisdicción actúe el
ente autárquico, será competente para resolver en definitiva el recurso
de alzada.
ARTÍCULO 97.- El recurso de alzada podrá deducirse en base a los
fundamentos previstos por el artículo 73, in fine. Si el ente
descentralizado autárquicamente fuere de los creados por el Congreso en
ejercicio de sus facultades constitucionales, el recurso de alzada solo
será procedente por razones vinculadas a la legitimidad del acto, salvo
que la ley autorice el control amplio. En caso de aceptarse el recurso,
la resolución se limitará a revocar el acto impugnado, pudiendo sin
embargo modificarlo o sustituirlo con carácter excepcional si fundadas
razones de interés público lo justificaren.
ARTÍCULO 98.- Serán de aplicación supletoria las normas contenidas en los artículos 90, primera parte; 91 y 92.
ARTÍCULO 99.- Actos de naturaleza jurisdiccional; limitado contralor
por el superior. Tratándose de actos producidos en ejercicio de una
actividad jurisdiccional, contra los cuales estén previstos recursos o
acciones ante la justicia o ante órganos administrativos especiales con
facultades también jurisdiccionales, el deber del superior de controlar
la juridicidad de tales actos se limitará a los supuestos de mediar
manifiesta arbitrariedad, grave error o gruesa violación de derecho. No
obstante, deberá abstenerse de intervenir y en su caso, de resolver,
cuando el administrado hubiere consentido el acto o promovido —por
deducción de aquellos recursos o acciones— la intervención de la
justicia o de los órganos administrativos especiales, salvo que razones
de notorio interés público justificaren el rápido restablecimiento de
la juridicidad.
En caso de interponerse recursos administrativos contra actos de este
tipo, se entenderá que su presentación suspende el curso de los plazos
establecidos en el artículo 25 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.
ARTÍCULO 100.- Las decisiones definitivas o con fuerza de tal que el
PODER EJECUTIVO NACIONAL, el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, los
Ministros o los Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN dictaren en
recursos administrativos y que agoten las instancias de esos recursos
sólo serán susceptibles de la reconsideración prevista en el artículo
84 de ésta reglamentación y de la revisión prevista en el artículo 22
de la Ley de Procedimientos Administrativos. La presentación de estos
recursos suspende el curso de los plazos establecidos en el artículo 25
de la Ley de Procedimientos Administrativos.
ARTÍCULO 101.- Rectificación de errores materiales. En cualquier
momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los
aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancia del acto o
decisión. En los expedientes electrónicos se realizará mediante la
subsanación de errores materiales en el sistema de Gestión Documental
Electrónica, previa vinculación del acto administrativo que la autorice.
ARTÍCULO 102.- Aclaratoria. Dentro de los CINCO (5) días computados
desde la notificación del acto definitivo podrá pedirse aclaratoria
cuando exista contradicción en su parte dispositiva, o entre su
motivación y la parte dispositiva o para suplir cualquier omisión sobre
alguna o algunas de las peticiones o cuestiones planteadas. La
aclaratoria deberá resolverse dentro del plazo de CINCO (5) días.
TÍTULO IX
ARTÍCULO 103.- Los actos administrativos de alcance general producirán
efectos a partir de su publicación oficial y desde el día que en ellos
se determine; si no designan tiempo, producirán efectos después de los
OCHO (8) días, computados desde el siguiente al de su publicación
oficial.
ARTÍCULO 104.- Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior los
reglamentos que se refieren a la estructura orgánica de la
Administración y las órdenes, instrucciones o circulares internas, que
entrarán en vigencia sin necesidad de aquella publicación.
TÍTULO X
ARTÍCULO 105.- Reconstrucción de expedientes.
Comprobada la pérdida o extravío de un expediente en soporte papel,
procederá su reconstrucción de acuerdo a los siguientes procedimientos:
a. Comprobada la pérdida o extravío de un expediente en soporte papel,
se ordenará dentro de los DOS (2) días su reconstrucción,
incorporándose las copias de los escritos y documentación que aporte el
interesado, de los informes y dictámenes producidos, haciéndose constar
los trámites registrados. Si se hubiere dictado resolución, se agregará
copia autenticada de la misma, prosiguiendo las actuaciones según su
estado.
b. La reconstrucción de expedientes originales en soporte papel deberá
hacerse en soporte electrónico de acuerdo a la normativa vigente en
materia de digitalización de documentos administrativos.
c. Expediente en soporte papel recuperado. Si fuera hallado el
expediente papel original, tanto si hubiese concluido su reconstrucción
como si aún no se hubiera concluido, el trámite continuará en soporte
electrónico debiendo dejar constancia en el mismo de la reaparición del
expediente papel y que este contiene todos los documentos que contenía
el expediente papel extraviado. En ambos casos el expediente papel
deberá remitirse para su archivo - según la normativa vigente en la
materia- dejando constancia en el mismo de lo acontecido así como del
número de expediente electrónico que lo sucediera.
TÍTULO XI
ARTÍCULO 106.- Normas procesales supletorias. El Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación será aplicable supletoriamente para resolver
cuestiones no previstas expresamente y en tanto no fuere incompatible
con el régimen establecido por la Ley de Procedimientos Administrativos
y por éste reglamento.
ARTÍCULO 107.- Eliminación de cargas al administrado. En aquellos casos
que para la sustanciación de un procedimiento administrativo sea
necesaria la presentación de alguna información, dato, documento o
certificado que deba ser emitido por otra entidad o jurisdicción del
Sector Público Nacional, la entidad responsable del procedimiento lo
solicitará directamente por comunicación oficial al organismo
responsable de su producción y certificación.
La solicitud del dato, información, documentación o certificado deberá
expresar el motivo, el procedimiento en el cual se enmarca, y la norma
que justifica su presentación.
ARTÍCULO 108.- Presentación de datos y documentos. Los interesados que
interactúen con la Administración deberán aportar al procedimiento
administrativo los datos y documentos exigidos de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo, podrán aportar cualquier
otro documento que estimen conveniente. La Administración no exigirá a
los interesados la entrega de documentos originales, salvo que, con
carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo
contrario.
ARTÍCULO 109.- Declaración Jurada.
A los efectos de este Reglamento, se entenderá por Declaración Jurada:
el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta,
bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en
la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o
facultad para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo
acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le
sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las
anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho
reconocimiento o ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar
recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente
Declaración Jurada. La Administración podrá requerir en cualquier
momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de
los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.
el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento
de la Administración sus datos identificatorios o cualquier otro dato o
documentación relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio
de un derecho.
ARTÍCULO 110.- Declaraciones Juradas falsas o inexactas.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier
dato o información que se incorpore a una Declaración Jurada o la no
presentación ante la Administración de la documentación que sea en su
caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, podrá
generar una sanción, sin perjuicio de las responsabilidades penales,
civiles o administrativas a que hubiera lugar. Asimismo, la resolución
de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación
jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho
o al inicio de la actividad correspondiente, todo ello conforme a los
términos establecidos en las normas de aplicación.
IF-2017-26478948-APN-JGM
e. 02/11/2017 N° 84643/17 v. 02/11/2017