LegalizeAISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decreto 875/2020
DECNU-2020-875-APN-PTE
Ciudad de Buenos Aires, 07/11/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020- 27946119- -APN-DSGA#SLYT, la Ley Nº
27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y su
modificatorio, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de
2020, 325 del 31 de marzo de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408 del
26 de abril de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de
2020, 520 del 7 de junio de 2020, 576 del 29 de junio de 2020, 605 del
18 de julio de 2020, 641 del 2 de agosto de 2020, 677 del 16 de agosto
de 2020, 714 del 30 de agosto de 2020, 754 del 20 de septiembre de
2020, 792 del 11 de octubre de 2020 y 814 del 25 de octubre de 2020,
sus normas complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que, como se ha venido señalando en la mayoría de los considerandos de
la normativa citada en el Visto del presente, con fecha 11 de marzo de
2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en adelante la OMS, declaró
el brote del virus SARS-CoV-2 como una pandemia.
Que por las recomendaciones dictadas por la OMS así como por las
experiencias recogidas de lo sucedido en Asia y diversos países de
Europa, en ese momento se tomó la determinación de proteger la salud
pública mediante el dictado del Decreto N° 260/20, por el cual se
amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo de UN (1) año.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a
escala internacional requirió, pocos días después, la adopción de
medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al
dictado del Decreto N° 297/20, por el cual se dispuso el “aislamiento
social, preventivo y obligatorio”, en adelante “ASPO”, durante el plazo
comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del corriente año, para los y
las habitantes del país y para las personas que se encontraran
transitoriamente en él. Este plazo, por razones consensuadas y fundadas
en el cuidado de la salud pública explicitadas en los considerandos de
la normativa señalada en el Visto del presente decreto, fue
sucesivamente prorrogado mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20,
408/20, 459/20 y 493/20 y, con ciertas modificaciones según el
territorio, por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20,
677/20, 714/20, 754/20, 792/20 y 814/20 hasta el 8 de noviembre del
corriente año, inclusive.
Que durante el tiempo transcurrido desde el inicio de las políticas de
aislamiento y distanciamiento social, el Estado Nacional no solo ha
mejorado e incrementado la capacidad de asistencia del sistema de
salud, la adquisición de insumos y equipamiento y fortalecido el
entrenamiento del equipo de salud, tarea que se ha venido logrando con
buenos resultados, sino que también ha dispuesto medidas para morigerar
el impacto económico y social causado por la pandemia de COVID-19.
Que, como se viene señalando, solo en materia de salud se dispusieron
más de 30.000 millones de pesos a la atención de la emergencia
destinados al otorgamiento de incentivos al personal de salud, a
transferencias financieras y en especie a las provincias, a la compra y
distribución de bienes, insumos, recursos y a obras para hospitales
nacionales.
Que se desarrollaron y registraron 4 dispositivos de diagnóstico
diseñados y producidos por científicos y empresas locales y se estimuló
y apoyó la producción nacional de respiradores, alcohol en gel y
elementos de protección personal.
Que ARGENTINA ha sido seleccionada por la OMS como parte de los países
que están participando de los Estudios Solidaridad con el objetivo de
generar datos rigurosos en todo el mundo para encontrar los
tratamientos más eficaces para los pacientes hospitalizados con
COVID-19 y para evaluar la eficacia de vacunas. La ARGENTINA fue uno de
los primeros DIEZ (10) países en confirmar su participación, junto con
BAHREIN, CANADÁ, FRANCIA, IRÁN, NORUEGA, SUDÁFRICA, ESPAÑA, SUIZA y
TAILANDIA.
Que ARGENTINA está llevando adelante en SEIS (6) de sus hospitales el
primer ensayo para demostrar la eficacia de un suero equino
hiperinmune, primer potencial medicamento innovador para el tratamiento
de la infección por el nuevo coronavirus, totalmente desarrollado en
nuestro país.
Que, asimismo, ARGENTINA ha sido seleccionada como parte de los países
en los que se efectúan los ensayos clínicos para, al menos, TRES (3) de
las vacunas para COVID-19, y se ha anunciado la producción de otra de
ellas en territorio nacional, posicionando al país en un lugar de
privilegio dentro de la región de las Américas.
Que, además, se incrementó la capacidad diagnóstica, incorporando más
de 130 laboratorios al procesamiento de muestras para diagnóstico de
COVID-19; se han adquirido más de 800 mil determinaciones de PCR
(Polymerase Chain Reaction), se han adquirido además test de antígenos,
que permiten resultados más rápidos y sin necesidad de equipamientos
para su procesamiento y se han destinado recursos extraordinarios para
el fortalecimiento de la Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS).
Que se implementó como estrategia la búsqueda activa de contactos
estrechos de casos confirmados con presencia de síntomas, el “DetectAr”
(Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de
Argentina), en provincias y municipios de todo el país y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que a partir del crecimiento del número de casos fuera del Área
Metropolitana de Buenos Aires, en adelante AMBA, se han fortalecido las
acciones de búsqueda activa a través del DetectAr federal en las
provincias de todo el país.
Que, en igual sentido, se ha venido desplegando una protección
económica con marcada impronta federal que se vio plasmada a través de
distintos instrumentos que han sido detallados en los considerandos de
la normativa señalada en el Visto del presente decreto.
Que, tomando en cuenta los distintos programas y herramientas
desplegadas por el Gobierno Nacional en todo el territorio nacional
para morigerar el impacto sobre las empresas y el ingreso de las
familias, tanto de la pandemia como de las necesarias medidas
sanitarias para contener su expansión, sumado a las políticas de
garantías de créditos y subsidios de tasa para la actividad productiva
y para las y los profesionales independientes, el gasto público
afectado ha superado a partir del momento del impacto de la epidemia de
COVID-19, el equivalente a SEIS COMA OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (6,85%)
del Producto Interno Bruto (PIB).
Que con el fin de no interrumpir el suministro de productos y servicios
esenciales y también para incorporar gradualmente la realización de
diversas actividades económicas y sociales en los lugares donde la
evolución de la situación epidemiológica lo permitiera, se
establecieron excepciones al “ASPO” y a la prohibición de circular para
las personas afectadas a diferentes actividades y servicios. Además, se
estableció el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, en
adelante “DISPO”. Todo ello mediante los Decretos Nros. 297/20, 355/20,
408/20, 459/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20
y 792/20, y las Decisiones Administrativas Nros. 429/20, 450/20,
467/20, 468/20, 490/20, 524/20, 607/20, 622/20, 625/20, 703/20, 729/20,
745/20, 763/20, 766/20, 810/20, 818/20, 820/20, 876/20, 886/20, 903/20,
904/20, 909/20, 919/20, 920/20, 941/20, 942/20, 965/20, 966/20, 968/20,
975/20, 995/20, 1018/20, 1056/20, 1061/20, 1075/20, 1146/20, 1251/20,
1264/20, 1289/20, 1294/20, 1318/20, 1329/20, 1436/20, 1440/20, 1442/20,
1450/20, 1468/20, 1518/20, 1519/20, 1524/20, 1533/20, 1535/20, 1547/20,
1548/20, 1549/20, 1580/20, 1582/20, 1592/20, 1600/20, 1604/20, 1639/20,
1738/20, 1741/20, 1789/20, 1805/20, 1819/20, 1854/20, 1863/20, 1864/20,
1874/20, 1876/20, 1877/20, 1878/20, 1881/20, 1883/20, 1891/20, 1892/20,
1940/20, 1949/20, 1952/20, 1976/20 y 1977/20.
Que, al día 5 de noviembre del año en curso, según datos oficiales de
la OMS, se confirmaron más de 47 millones de casos y más de 1.2
millones de fallecidos, en un total de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO (235)
países, áreas o territorios, por COVID-19.
Que la región de las Américas representa el CUARENTA Y CUATRO COMA UNO
POR CIENTO (44,1%) de los casos mundiales, con una tendencia a la
disminución y con un incremento importante de los casos en el
continente europeo. La situación en la región continúa siendo dispar, y
países como EE.UU. y Brasil lideran el total acumulado de casos de la
región. A la fecha, EE.UU. es el país que más casos presenta cada
100.000 habitantes y Perú el país que más fallecidos ha tenido por cada
millón de habitantes.
Que, si bien la región de las Américas sigue siendo la más afectada, se
observa un aumento sostenido de casos en regiones que habían logrado
disminuir la transmisión del virus, como España, Italia, Francia, Reino
Unido, Alemania e Israel, entre otros, no evidenciándose estacionalidad
en la circulación del mismo.
Que la tasa de incidencia acumulada para ARGENTINA es de 2658 casos
cada 100.000 habitantes, con una disminución del VEINTICINCO POR CIENTO
(25%) en el número de casos nuevos, para el total país, en las últimas
DOS (2) semanas.
Que la tasa de letalidad al 22 de octubre se encuentra estable y la
misma es de DOS COMA SIETE POR CIENTO (2,7%), en tanto la tasa de
mortalidad es de SETECIENTOS DIECISIETE (717) fallecimientos por millón
de habitantes. Se evidencia, por lo tanto, un aumento en la tasa de
mortalidad en las últimas semanas.
Que nuestro país es el octavo en extensión territorial a nivel mundial
y presenta una diversidad geográfica, socio-económica y demográfica que
impacta en la dinámica de transmisión del virus.
Que esta diversidad se verifica en la situación epidemiológica actual;
en efecto, todas las jurisdicciones del país reportaron casos en los
últimos CATORCE (14) días, con un aumento importante en lugares
distintos al AMBA.
Que continúa aumentando el número de departamentos con transmisión
comunitaria y el porcentaje de población que reside en zonas de
transmisión comunitaria sostenida se incrementó del CINCUENTA Y SIETE
COMA OCHO POR CIENTO (57,8 %) el 28 de agosto, al SESENTA Y CUATRO COMA
CUATRO POR CIENTO (64,4%) el 8 de octubre, y alcanzó el SESENTA Y NUEVE
COMA SEIS POR CIENTO (69,6%) el 5 de noviembre.
Que en las últimas semanas, se ha observado una disminución en el
número de casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires concomitante
con una estabilización de la velocidad de aumento en los principales
centros urbanos del país.
Que las personas sin síntomas o previo al inicio de síntomas pueden transmitir la enfermedad.
Que el SARS-CoV-2 se propaga muy fácilmente y de manera continua entre
personas y cuanto más cercana y prolongada es la interacción entre las
personas, mayor es el riesgo de contagio.
Que los espacios cerrados, sin ventilación, facilitan la transmisión del virus.
Que un número importante y creciente de brotes se origina a partir de
la transmisión en eventos sociales, en los cuales la interacción entre
las personas suele ser más prolongada y con mayor cercanía física. En
efecto, las personas tienden normalmente a relajar las medidas de
prevención en dichas reuniones y se confirma que, con el transcurrir
del tiempo, se relaja el distanciamiento físico, la utilización de
tapabocas/barbijo y la ventilación de ambientes, especialmente cuando
hay bajas temperaturas.
Que los encuentros con personas no convivientes en lugares cerrados
pueden facilitar la propagación de la enfermedad a partir de un caso, a
múltiples domicilios, generando de este modo diversas cadenas de
transmisión, lo que aumenta exponencialmente en número de contactos
estrechos, posibles transmisores del virus.
Que es posible que una persona se infecte de COVID-19 al tocar una
superficie u objeto que tenga el virus y luego se toque la boca, la
nariz o los ojos.
Que las medidas conocidas para desacelerar la propagación del
SARS-CoV-2 son, principalmente, el respeto a las medidas de
distanciamiento físico (mantener una distancia segura entre personas),
el lavado de manos frecuente, la limpieza y desinfección de
superficies, la utilización de tapabocas/barbijo cuando se está cerca
de otras personas y la ventilación de los ambientes.
Que entre el SETENTA POR CIENTO (70%) y el OCHENTA POR CIENTO (80%) de
las personas mayores de SESENTA (60) años que requiere asistencia
respiratoria mecánica fallece y no existe hasta la fecha un tratamiento
con demostrada eficacia, por lo que la estrategia más efectiva para
disminuir la mortalidad es la disminución de la circulación del virus.
Que la estrategia de cuidado de personas pertenecientes a grupos en
mayor riesgo no es solo el diagnóstico oportuno sino que debemos
dirigir los esfuerzos a evitar que contraigan la enfermedad y para ello
deben incrementarse los cuidados y reducirse la circulación.
Que, para disminuir la circulación del virus, se deben cortar las
cadenas de transmisión y esto se logra a partir del aislamiento de los
casos y de la detección de contactos estrechos, con cumplimiento de
cuarentena y detección temprana de casos sintomáticos.
Que, debido a esto, en la estrategia de control de COVID-19 es
fundamental orientar las políticas sanitarias a la atención primaria de
la salud, con el diagnóstico oportuno (ya sea a través del laboratorio
o por criterios clínico/epidemiológicos) y a partir de esto llevar a
cabo las acciones de control de foco.
Que el comportamiento de la epidemia en el país actualmente se focaliza
principalmente en el aumento de casos en el interior del país. En
efecto, se ha observado que, al 23 de mayo, el NOVENTA Y TRES COMA TRES
POR CIENTO (93,3%) de los casos nuevos se registraba en la región del
AMBA, mientras que al 5 de noviembre, este porcentaje disminuyó y
representa un VEINTIDÓS POR CIENTO (22%) de los casos.
Que en la región del AMBA se verifica un descenso sostenido en el
número de casos en las últimas semanas, tanto para la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires como para la región metropolitana de la Provincia de
Buenos Aires.
Que se pudo evitar la saturación del sistema de salud y el porcentaje
de ocupación de camas actualmente es del SESENTA Y UNO COMA UNO POR
CIENTO (61,1%) para todo el país, del SESENTA Y CINCO COMA NUEVE POR
CIENTO (65,9%) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del CINCUENTA Y
OCHO COMA DOS POR CIENTO (58,2%) en la región metropolitana de la
Provincia de Buenos Aires. Se observa un porcentaje crítico de
ocupación de camas en algunas provincias, siendo las más afectadas,
Neuquén presentando el NOVENTA Y SEIS POR CIENTO (96%), Río Negro el
OCHENTA Y OCHO POR CIENTO (88%), y Santa Fe el OCHENTA Y DOS POR CIENTO
(82%).
Que, en la Provincia de Buenos Aires, se observa una disminución
marcada de casos en el área metropolitana de la provincia, con
estabilidad de aumento de casos en el resto de la provincia.
Que, tal como se ha señalado, todas las jurisdicciones provinciales
presentaron casos en los últimos CATORCE (14) días y varias de ellas
presentan brotes, conglomerados extensos y zonas con transmisión
comunitaria.
Que la Provincia de MENDOZA continúa con transmisión comunitaria, pero
se ha ralentizado la velocidad de aumento de casos, con estabilidad en
las últimas semanas, principalmente en la región metropolitana de
Mendoza, Gran Mendoza, Tunuyán, San Carlos y Tupungato observándose una
disminución en la ocupación de camas de terapia intensiva, presentando
una ocupación de camas de UTI del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) en
toda la provincia (igual que en las semanas previas) y alcanzando al
SETENTA Y NUEVE POR CIENTO (79%) en el Gran Mendoza.
Que la Provincia de SANTA FE continúa con transmisión comunitaria,
observándose en las últimas semanas estabilidad en el aumento de casos,
excepto por el departamento de Las Colonias, que continúa en aumento.
La provincia presenta un sistema de salud que continúa tensionado,
principalmente en Rosario y el Gran Rosario, con una ocupación de camas
de UTI para toda la provincia, del OCHENTA Y DOS POR CIENTO (82%)
(mayor que en las semanas previas), del NOVENTA Y UNO POR CIENTO (91%)
en la ciudad de Rosario y del OCHENTA Y TRES POR CIENTO (83%) en la
Capital.
Que en la Provincia de CÓRDOBA se observa estabilidad en el aumento de
casos y presenta un sistema de salud que puede dar respuesta a esta
situación sanitaria con una ocupación de camas de UTI, que actualmente
es del SETENTA Y UNO POR CIENTO (71%), (menor que en las dos semanas
previas).
Que la Provincia de RÍO NEGRO continúa con localidades con transmisión
comunitaria, con estabilidad en el aumento de casos, pero que
igualmente genera tensión en el sistema de salud, principalmente en las
localidades del Alto Valle. La ocupación de camas de UTI disminuyó al
OCHENTA Y NUEVE POR CIENTO (89%) con saturación del sistema de salud en
el departamento de General Roca, que presenta un NOVENTA Y SEIS POR
CIENTO (96%) de ocupación de camas de UTI y con ocupación del OCHENTA
POR CIENTO (80%) en Bariloche.
Que la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO
SUR presenta estabilidad en el número de casos en la localidad de Río
Grande, con un nivel de ocupación de camas de UTI del SETENTA Y UNO POR
CIENTO (71%) para toda la provincia.
Que la Provincia de SANTA CRUZ continúa con transmisión comunitaria y
aumento en el número de casos en Río Gallegos, Caleta Olivia, El
Calafate y Puerto Deseado. En Río Gallegos el aumento del número de
casos se estabilizó, pero continúa la tensión en el sistema de salud
con un nivel de ocupación de camas de UTI del NOVENTA Y UNO POR CIENTO
(91%).
Que la Provincia de SALTA continúa con transmisión comunitaria en
varios departamentos con decrecimiento en el número de casos en la
mayoría de los departamentos de la provincia. El porcentaje de
ocupación de camas de UTI, para toda la provincia, es del CINCUENTA Y
OCHO POR CIENTO (58%), alcanzando un SESENTA Y UNO POR CIENTO (61%) en
el departamento Capital.
Que la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO continúa con transmisión
comunitaria en Capital y Banda, con estabilidad en el aumento de casos
y registro de nuevos casos en otras localidades de la provincia
alcanzando un OCHENTA Y OCHO POR CIENTO (88%) en Banda y un OCHENTA Y
DOS POR CIENTO (82%) en Capital de ocupación de camas en UTI;
registrándose un aumento en el nivel de ocupación de camas de UTI para
toda la provincia del SETENTA Y CUATRO POR CIENTO (74%).
Que la Provincia de LA RIOJA continúa con evolución estable y en
algunos departamentos con disminución en el número de casos y con
tensión moderada en el sistema de salud, con ocupación de camas de UTI
en toda la provincia del SESENTA Y OCHO POR CIENTO (68%) y SETENTA Y
OCHO POR CIENTO (78%) en Chilecito.
Que la Provincia de TUCUMÁN continúa con transmisión comunitaria y
estable del virus en la ciudad Capital, y continúan los brotes en
distintas localidades. El porcentaje de ocupación de camas de UTI en el
sector público disminuyó a SETENTA Y SEIS POR CIENTO (76%).
Que la Provincia de SAN JUAN continúa con aumento sostenido del número
de casos, principalmente en los departamentos de Rawson, Capital,
Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía, con una ocupación de camas de UTI en
el sector público del OCHENTA Y TRES POR CIENTO (83%) para la provincia
y de OCHENTA Y NUEVE POR CIENTO (89%) para la ciudad Capital.
Que la Provincia del CHUBUT continúa con transmisión comunitaria, pero
con estabilización de casos en la mayoría de los departamentos, excepto
por el departamento de Rawson que continúa con aumentando con elevada
velocidad. La ocupación de camas de UTI es del SETENTA Y CINCO POR
CIENTO (75%) para la provincia, con mayor tensión del sistema en
Rawson, que presenta un SETENTA Y OCHO POR CIENTO (78%) de ocupación.
Que la Provincia del NEUQUÉN continúa con aumento de casos en los
departamentos de Confluencia y Zapala, que si bien es estable, todavía
genera elevada tensión en el sistema de salud con un OCHENTA Y OCHO POR
CIENTO (88%) para el total de la provincia, NOVENTA Y CUATRO POR CIENTO
(94%) en Zapala y OCHENTA Y OCHO POR CIENTO (88%) en Confluencia.
Que la Provincia de SAN LUIS continúa con aumento sostenido e
importante de casos, principalmente en los departamentos de Capital y
General Pedernera. La ocupación de camas de UTI es del TREINTA Y CINCO
POR CIENTO (35%).
Que la Provincia del CHACO continúa con transmisión comunitaria del
virus y con estabilidad en el número de casos. El porcentaje de
ocupación de camas para la provincia es del CINCUENTA Y CINCO POR
CIENTO (55%).
Que, en atención a todo lo expuesto, a las evidencias que nos brindan
los guarismos señalados en los considerandos precedentes, al análisis
de los indicadores epidemiológicos de todas las zonas del país, a la
consulta efectuada a los expertos y las expertas en la materia, al
diálogo mantenido con los Gobernadores y las Gobernadoras de
Provincias, con el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con las intendentas y los intendentes, y en el marco del Plan
Estratégico desplegado por el Estado Nacional, es que se mantiene la
conclusión de que siguen conviviendo aún distintas realidades que deben
ser abordadas de forma diferente, en materia epidemiológica, en nuestro
país.
Que, en este sentido, sigue resultando imprescindible realizar una
diferenciación entre las zonas donde se observa transmisión comunitaria
extendida del virus, zonas con conglomerados y casos esporádicos sin
nexo, y las que presentan brotes o conglomerados pequeños controlados.
Que es importante evaluar también la velocidad de aumento de casos y de
la detección temprana de casos sin nexo, lo que puede indicar
circulación no detectada.
Que es fundamental el monitoreo permanente de la capacidad de respuesta
del sistema de atención de la salud en cada jurisdicción.
Que, principalmente en esta etapa de la evolución de la pandemia, los
indicadores epidemiológicos no son las únicas variables que corresponde
que sean evaluadas a la hora de tomar las medidas hacia el futuro, toda
vez que pesan factores locales, culturales, sociales y conductuales que
influyen en forma determinante en este proceso.
Que cualquier decisión debe contemplar no solo tales circunstancias
sino también la situación epidemiológica global; las tendencias que
describen las variables estratégicas, especialmente la mirada dinámica
de la pandemia a partir de la evolución de casos y fallecimientos; la
razón del incremento de casos (asociada a los valores absolutos); el
tipo de transmisión; la respuesta activa del sistema para la búsqueda
de contactos estrechos, todo ello asociado a la capacidad de respuesta
del sistema de atención de la salud en relación con la ocupación de las
camas críticas de terapia intensiva.
Que, para analizar y decidir las medidas necesarias, resulta relevante
la evaluación que realizan de la situación epidemiológica y sanitaria
las autoridades provinciales y locales con el asesoramiento permanente
de las áreas de salud respectivas.
Que el diferente impacto en la dinámica de transmisión del virus
producido en la REPÚBLICA ARGENTINA en atención a lo ya señalado y,
específicamente, debido a su diversidad geográfica, socio-económica,
cultural y demográfica, obliga al Estado Nacional a adoptar decisiones
en función de cada realidad.
Que todavía siguen sin ser conocidas todas las particularidades de este
nuevo coronavirus y, en la actualidad, el aislamiento y el
distanciamiento social siguen revistiendo un rol de vital importancia
para hacer frente a la epidemia y mitigar el impacto sanitario de
COVID-19. En este contexto se estima que es necesario seguir adoptando
decisiones que procuren reducir la velocidad de los contagios y la
morbimortalidad y continuar con la adecuación del sistema de salud para
mejorar su capacidad de respuesta, con el mayor esfuerzo dedicado a las
zonas del país más afectadas.
Que, en muchas ocasiones desde el inicio de la pandemia, se ha
observado una disminución en el nivel de alerta y la percepción del
riesgo en diversos sectores de la población, lo que facilita la
transmisión del virus e impacta negativamente en la detección temprana
de los casos.
Que las medidas de distanciamiento social, para tener impacto positivo,
deben ser sostenidas e implican no solo la responsabilidad individual
sino también la colectiva, para lograr el objetivo de disminuir la
transmisión del virus, los contagios y también para evitar la
saturación del sistema de salud.
Que la eventual saturación del sistema de salud podría conllevar un
aumento exponencial de la mortalidad, tal como se ha verificado en
otros países del mundo.
Que sigue sin existir país del mundo que haya logrado aún controlar
definitivamente la epidemia, por lo que se mantiene vigente la
imposibilidad de validar en forma categórica alguna estrategia
adoptada, especialmente cuando las realidades sociales, económicas y
culturales introducen mayores complejidades.
Que muchos de los países que habían logrado controlar los brotes y
relajado las medidas de distanciamiento social y que habían regresado a
fases avanzadas de normalización de actividades y funcionamiento, se
encuentran actualmente transitando una segunda ola de contagios.
Que, como se ha venido sosteniendo en los diferentes considerandos de
los decretos que establecieron y prorrogaron el ASPO y el DISPO, los
derechos consagrados por el artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL
resultan ser pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y
están sujetos a limitaciones y restricciones que pueden disponerse por
razones de orden público, seguridad y salud pública.
Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge en su
artículo 12, inciso 1 el derecho a “…circular libremente…”, y el
artículo 12, inciso 3 establece que el ejercicio de derechos por él
consagrados “no podrá ser objeto de restricciones a no ser que estas se
encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o
los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás
derechos reconocidos en el presente Pacto”.
Que, en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece en su artículo 22, inciso 3 que el ejercicio de los derechos
a circular y residir en un Estado, consagrados en el artículo 22,
inciso 1, entre otros, “…no puede ser restringido sino en virtud de una
ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para
prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la
seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los
derechos y libertades de los demás”.
Que todas las medidas adoptadas por el Estado Nacional desde la
ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria realizada
mediante el Decreto N° 260/20, se encuentran en consonancia con lo
reflejado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su
Declaración N° 1/20 denominada “COVID-19 y Derechos Humanos: Los
problemas y desafíos deben ser abordados con perspectivas de derechos
humanos y respetando las obligaciones internacionales”, del 9 de abril
pasado, en cuanto a la consideración de que las medidas que puedan
afectar o restringir el goce y ejercicio de los derechos deben ser
limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos
conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias
y proporcionales y acordes con los demás requisitos desarrollados en el
derecho interamericano de los derechos humanos.
Que el presente decreto, así como el Decreto N° 297/20 y sus prórrogas,
se dicta con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia
de COVID-19 y con su aplicación se pretende preservar la salud pública,
adoptándose en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se
enfrenta, en forma sectorizada, razonable y temporaria. La restricción
parcial y temporaria a la libertad ambulatoria tiende a la preservación
del derecho colectivo a la salud pública y del derecho subjetivo a la
vida. En efecto, no se trata solo de la salud de cada una de las
personas obligadas a cumplir las medidas de aislamiento y
distanciamiento dispuestas en forma temporaria, sino de la totalidad de
las y los habitantes en su conjunto, ya que la salud pública, por las
características de contagio de COVID-19, depende de que cada una y cada
uno de nosotras y nosotros cumpla con el aislamiento y/o
distanciamiento, como la forma más eficaz para cuidarnos como sociedad.
Que los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de
Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES siguen manifestando la
necesidad de contar con herramientas imprescindibles para contener la
expansión de la epidemia en sus jurisdicciones atendiendo a las
diversas realidades locales, todo lo cual se ve plasmado en la presente
medida.
Que desde el día 9 de noviembre y hasta el día 29 de noviembre de 2020
inclusive se mantendrá el “Distanciamiento Social, Preventivo y
Obligatorio” -DISPO- para todas las personas que residan o transiten en
los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las
provincias argentinas que no posean transmisión comunitaria sostenida
del virus y verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos
y sanitarios establecidos con base científica en el artículo 2° del
presente decreto y en los términos allí previstos. Asimismo, se
mantendrá por igual plazo la medida de “Aislamiento Social, Preventivo
y Obligatorio” -ASPO-, para las personas que residan en los aglomerados
urbanos y en los Departamentos y Partidos de las provincias argentinas
que posean transmisión comunitaria sostenida del virus SARS-CoV-2 y no
cumplan con los demás parámetros epidemiológicos y sanitarios
establecidos en el mencionado artículo.
Que el “DISPO” y el estricto control del cumplimiento de las reglas de
conducta que ese distanciamiento supone, resultan medidas necesarias
para contener el impacto de la epidemia en cada jurisdicción y, al
mismo tiempo, facilitar la habilitación de actividades económicas y
sociales en forma paulatina en tanto ello sea recomendable de
conformidad con la situación epidemiológica de cada lugar y en tanto
posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad
sanitaria provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones
e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional.
Que, en lo que hace a los lugares donde se mantiene vigente la medida
de ASPO, debe destacarse que, en la gran mayoría de ellos, se
encuentran habilitadas una cantidad de actividades económicas,
comerciales, industriales y de servicios, así como actividades
recreativas y deportivas, sobre todo al aire libre, las que se van
autorizando paulatinamente, con los correspondientes protocolos, en
función de la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria. En
todos los casos las personas circulan para realizar diversas
actividades autorizadas, para lo cual es necesario insistir en la
necesidad de mantener las medidas de prevención de contagios porque, al
aumentar la cantidad de personas circulando, también aumenta el número
de contagios y, eventualmente, de personas fallecidas a causa de
COVID-19.
Que una parte importante de la transmisión se produce debido a la
realización de actividades sociales en lugares cerrados, en los cuales
se hace muy difícil sostener el distanciamiento social, y mucho más si
carecen de adecuada ventilación.
Que, por lo tanto, resulta aconsejable mantener la prohibición
establecida mediante el Decreto N° 520/20 respecto a determinadas
actividades y prácticas taxativamente enunciadas y vedadas, unas para
el “DISPO” y otras para el “ASPO”, y, asimismo, mantener entre dichas
prohibiciones, tal como lo dispuso el Decreto N° 641/20, la realización
de eventos sociales o familiares en espacios cerrados en todos los
casos, conforme se indica en los artículos 8° y 17 del presente
decreto, con los alcances y salvedades allí estipulados. En tal
sentido, el Jefe de Gabinete de Ministros, a pedido de los Gobernadores
o las Gobernadoras, podrá autorizar la realización de reuniones
sociales o familiares en los lugares alcanzados por la medida de
“DISPO” según la evaluación de riesgo epidemiológico y sanitario del
lugar.
Que los departamentos de General Pueyrredón, Bahía Blanca, San Nicolás,
Laprida, Pila, San Cayetano, Balcarce, Castelli, Roque Pérez y Tandil
en la PROVINCIA DE BUENOS AIRES; los departamentos de Capital y Banda
en la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO; el departamento de Río Grande
en la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO
SUR, el aglomerado de la ciudad de Río Gallegos, El Calafate, Puerto
Deseado y Caleta Olivia en la PROVINCIA DE SANTA CRUZ; los aglomerados
de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi y los departamentos de
General Roca y Adolfo Alsina de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO; los
aglomerados de las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario,
Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala, en la PROVINCIA DEL
NEUQUÉN; el departamento de Rawson en la PROVINCIA DEL CHUBUT; los
departamentos de Rawson, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía y Capital en
la PROVINCIA DE SAN JUAN; los departamentos de Rosario, La Capital,
General López, Caseros, Constitución, San Lorenzo, Las Colonias y
Castellanos en la PROVINCIA DE SANTA FE; los departamentos de Capital y
General Pedernera en la PROVINCIA DE SAN LUIS; presentan transmisión
comunitaria sostenida del virus, o aumento brusco del número de casos
de COVID-19, o tensión en el sistema de salud, por lo cual requieren de
un especial abordaje para controlar el crecimiento del número de casos,
y allí deben dirigirse los mayores esfuerzos.
Que, conforme lo expuesto, en el marco de lo establecido en el artículo
6° del Decreto N° 297/20, conjuntamente con las Decisiones
Administrativas mencionadas en el artículo 11 del presente decreto, se
mantiene la declaración de “esenciales” a distintas actividades y
servicios y se exceptúa del cumplimiento del “ASPO” a las personas
afectadas a ellos.
Que todas las actividades y servicios autorizados en el presente
decreto requieren la previa implementación de protocolos aprobados por
la autoridad sanitaria provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES que cumplan las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE
SALUD de la Nación, con el fin de preservar la salud de los
trabajadores y de las trabajadoras.
Que, así también, en atención a la salud y al bienestar psicofísico de
todas las personas, especialmente de los niños, las niñas y
adolescentes que deban cumplir el “ASPO”, se mantendrá, con los
alcances y limitaciones establecidos en el artículo 19 del presente
decreto, la facultad de realizar salidas de esparcimiento.
Que en los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de las
jurisdicciones provinciales con hasta QUINIENTOS MIL (500.000)
habitantes, se mantiene la facultad de los Gobernadores y las
Gobernadoras de las Provincias con el fin de decidir nuevas excepciones
al cumplimiento del “ASPO” y a la prohibición de circular, en atención
a la evolución de la situación epidemiológica, para personas afectadas
a determinadas actividades industriales, de servicios, comerciales,
sociales, deportivas o recreativas, con la implementación del protocolo
respectivo que cumpla con todas las recomendaciones e instrucciones de
la autoridad sanitaria nacional, excepto respecto de las prohibiciones
establecidas en el artículo 17.
Que, a los efectos del presente decreto, la zona del AMBA determinada
en el artículo 3º es considerada como una unidad a los fines de
contabilizar los y las habitantes que en ella residen, toda vez que se
trata de un aglomerado urbano.
Que, asimismo, toda vez que los indicadores epidemiológicos señalan que
los grandes aglomerados urbanos son los lugares de mayor riesgo de
transmisión del virus SARS-CoV-2 y también los lugares donde es más
difícil contener su expansión, sigue sin autorizarse para las zonas con
más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes bajo la modalidad “ASPO”, la
disposición de nuevas excepciones al “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular, salvo que estas sean
autorizadas por el Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de
Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral
para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional”, con intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación,
por sí, o previo requerimiento de algunos de los Gobernadores o las
Gobernadoras , avalado por la autoridad sanitaria local.
Que para habilitar cualquier actividad en dichos lugares se seguirá
exigiendo que las empleadoras o los empleadores garanticen el traslado
de trabajadores y de trabajadoras sin la utilización del servicio
público de transporte de pasajeros. En todos los casos la actividad se
habilitará con protocolo de funcionamiento o se deberá utilizar el que
se encuentre previamente autorizado por la autoridad sanitaria
nacional. Si no hubiere protocolo previamente publicado de la actividad
que se pretende autorizar, se deberá acompañar una propuesta de
protocolo de funcionamiento que deberá ser aprobada, previamente, por
el MINISTERIO DE SALUD de la Nación.
Que a partir de la intervención exitosa en barrios populares de
distintas áreas del país, se continuará implementando la misma
estrategia para la detección temprana y el aislamiento adecuado de
nuevos casos en áreas específicas, con el objeto de mejorar el acceso
al diagnóstico en zonas determinadas donde por factores socioeconómicos
se requiere de acciones proactivas para la búsqueda de nuevos casos y
su cuidado.
Que se mantiene la exigencia de un sistema de monitoreo permanente de
la situación que permite el seguimiento de la evolución de la epidemia
en cada área geográfica en función de un conjunto de indicadores
dinámicos y criteriosamente seleccionados con bases científicas, tanto
para el “DISPO” como para el “ASPO”.
Que las provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES realizarán, en
forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la NACIÓN, el monitoreo de
la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias, debiendo
la autoridad sanitaria provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES remitir al referido MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la
información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la
enfermedad y la capacidad del sistema sanitario, debiendo cumplir con
la carga de información exigida en el marco del “Monitoreo de
Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - COVID-19” (MIRES
COVID-19).
Que la adecuada capacidad de habilitación, monitoreo epidemiológico y
de cumplimiento de protocolos por parte de las autoridades
jurisdiccionales y municipales es de alta relevancia en la progresiva
autorización de actividades industriales, comerciales y sociales según
la situación en los diferentes territorios.
Que se mantiene la obligación, por parte de las Autoridades
Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de comunicar de
inmediato al MINISTERIO DE SALUD de la Nación la detección de signos de
alerta epidemiológico o sanitario.
Que en función de la evolución de la epidemia en las distintas
jurisdicciones y tomando en cuenta parámetros definidos (variación en
el número de casos entre las últimas DOS (2) semanas y las DOS (2)
previas; presencia de transmisión comunitaria y saturación del sistema
sanitario), se puede transitar entre “ASPO” y “DISPO”, según la
situación particular de cada aglomerado urbano, departamento o partido,
y que el momento en que se debe avanzar o retroceder no depende de
plazos medidos en tiempo sino de la situación epidemiológica que se
verifique en función de parámetros objetivos.
Que con el fin de minimizar el riesgo de una mayor circulación
interjurisdiccional del virus SARS-CoV-2, se mantiene la disposición
que reserva el uso del servicio público de transporte de pasajeros
interurbano e interjurisdiccional que esté autorizado a circular, para
las personas que deban desplazarse para realizar determinadas
actividades de carácter relevante exceptuadas específicamente en la
normativa vigente.
Que resulta imprescindible en todo el país y especialmente en las zonas
definidas como de transmisión comunitaria sostenida, aumentar la
sensibilidad de la población y del sistema de salud para alcanzar un
precoz reconocimiento de signos y síntomas junto con el diagnóstico
temprano, aislamiento, atención oportuna de casos sospechosos y
confirmados, y el cumplimiento de cuarentena por CATORCE (14) días de
sus convivientes y otros contactos estrechos, como medidas para lograr
el control de la pandemia.
Que el Gobierno Nacional entiende necesario acompañar activamente a las
provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES para colaborar en la
búsqueda, control y cuidado de los afectados y las afectadas y sus
contactos estrechos, como estrategia imprescindible para garantizar la
equidad en todo el territorio nacional.
Que se autorizan las reuniones sociales en espacios públicos al aire
libre, de hasta DIEZ (10) personas cuando se trate de lugares
alcanzados por el ASPO, y siempre que se dé estricto cumplimiento a los
protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de
las autoridades sanitarias provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES y nacional y que no se utilice el servicio público de
transporte de pasajeros de colectivos, trenes o subtes. Las autoridades
locales dictarán las correspondientes normas reglamentarias y, en
atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo
en los distintos Departamentos o Partidos de la jurisdicción a su
cargo, podrán incluso determinar uno o algunos días para ejercer este
derecho, limitar su duración, establecer los lugares habilitados para
ello y, eventualmente, suspenderlo en forma temporaria con el fin de
proteger la salud pública.
Que, asimismo, se deberá permitir el acompañamiento durante la
internación y en los últimos días de vida, de los y las pacientes con
diagnóstico confirmado de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad o
padecimiento. En tales casos, las normas provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán prever la aplicación de un estricto
protocolo de acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del o
de la acompañante que cumpla con las recomendaciones e instrucciones
del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y de la autoridad sanitaria
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, en todos los
casos, deberá requerir el consentimiento previo informado por parte del
o de la acompañante. Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias
y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictarán
las correspondientes normativas reglamentarias.
Que se mantienen vigentes, tanto para las personas que residan o
habiten en lugares regidos por el “DISPO” como por el “ASPO”, las
previsiones de protección para los trabajadores y para las trabajadoras
mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas o personas incluidas
en los grupos en riesgo, según fueran definidos por el MINISTERIO DE
SALUD de la Nación, y para aquellas cuya presencia en el hogar resulte
indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes en los
términos previstos en el presente decreto y en la Resolución del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación N°
207/20, prorrogada por su similar N° 296/20.
Que debido a las características demográficas y dimensión del Área
Metropolitana de Buenos Aires es necesario dictar normativa específica
para que en esta primera etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y
Obligatorio, podamos sostener el mejoramiento de la situación
epidemiológica.
En tal sentido, el servicio público de transporte de pasajeros urbano
solo podrá ser utilizado por las personas alcanzadas por las
actividades, servicios esenciales o en aquellos supuestos en los cuales
expresamente se hubiera autorizado su uso.
Que, asimismo, con la excepción y alcances previstos mediante la
Decisión Administrativa N° 1949 del 28 de octubre de 2020 y la
Disposición N° 3460/20 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, la
presente medida prorroga la prohibición de ingreso al territorio
nacional, también hasta el 29 de noviembre de 2020 inclusive, de
personas extranjeras no residentes en el país, a través de PUERTOS,
AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier
otro punto de acceso, con el objeto de reducir las posibilidades de
contagio, manteniéndose la facultad de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la
SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, para establecer
excepciones con el fin de atender circunstancias de necesidad o de
implementar lo dispuesto por el Jefe de Gabinete de Ministros, en su
carácter de Coordinador de la ¨Unidad de Coordinación General del Plan
Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional¨, respecto del desarrollo de actividades especialmente
autorizadas.
Que las medidas que se establecen en el presente decreto son razonables
y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que
enfrenta nuestro país y se adoptan en forma temporaria, toda vez que
resultan necesarias para proteger la salud pública.
Que en virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la
intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los
Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene
competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los
Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de
DIEZ (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se
pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación
de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el
artículo 82 de la Carta Magna.
Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:
TÍTULO UNO
ARTÍCULO 1°.- OBJETO. MARCO NORMATIVO: El presente decreto se dicta con
el objeto de proteger la salud pública, lo que constituye una
obligación indelegable del Estado Nacional, en el marco de la
declaración de pandemia emitida por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y de la emergencia pública en
materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio,
y en atención a la situación epidemiológica existente en las distintas
regiones del país con relación a la COVID-19.
TÍTULO DOS
CAPÍTULO UNO:
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
ARTÍCULO 2º.- DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO:
Establécese la medida de “distanciamiento social, preventivo y
obligatorio” en los términos ordenados por el presente decreto, para
todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos,
partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos
verifiquen en forma positiva la totalidad de los siguientes parámetros
epidemiológicos y sanitarios:
El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria.
El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido
por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que poseen
“transmisión comunitaria sostenida” del virus SARS-CoV-2.
La razón de casos confirmados, definida como el cociente entre el
total de casos confirmados de las últimas DOS (2) semanas
epidemiológicas cerradas, y el total de casos confirmados
correspondientes a las DOS (2) semanas previas, deberá ser inferior a
CERO COMA OCHO (0,8). Este indicador permite observar el aumento o
descenso de casos de las últimas DOS (2) semanas en relación con las
semanas anteriores. Si el indicador se encuentra entre CERO COMA OCHO
(0,8) y UNO COMA DOS (1,2), se considera una evolución estable, si es
mayor a UNO COMA DOS (1,2) se considera evolución en aumento y si es
menor a CERO COMA OCHO (0,8) se considera en descenso. No será
necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad
de casos, no puede realizarse el mencionado cálculo.
En aquellos aglomerados urbanos, partidos o departamentos de las
provincias que no cumplan positivamente los TRES (3) parámetros
anteriores, se definirá si se les aplican las normas de este CAPÍTULO o
las del CAPÍTULO DOS del presente decreto, en una evaluación y decisión
conjunta entre las autoridades sanitarias nacional y provincial, en el
marco de un análisis de riesgo integral epidemiológico y sanitario.
La medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” regirá
desde el día 9 de noviembre hasta el día 29 de noviembre de 2020,
inclusive.
ARTÍCULO 3º.- LUGARES ALCANZADOS POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL,
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: A la fecha de dictado del presente decreto se
encuentran alcanzados por lo dispuesto en el artículo 2°, los
siguientes lugares:
· El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA) que, a los fines del presente decreto comprende a la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los siguientes TREINTA Y CINCO (35) partidos
de la Provincia de BUENOS AIRES: Almirante Brown, Avellaneda,
Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza,
Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San
Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La
Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno,
Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San
Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
· Todos los restantes partidos de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con
excepción de los departamentos de General Pueyrredón, Bahía Blanca, San
Nicolás, Laprida, Pila, San Cayetano, Balcarce, Castelli, Roque Pérez y
Tandil según lo establecido en el artículo 10 del presente decreto.
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CATAMARCA
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CORRIENTES
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE FORMOSA
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE LA PAMPA
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE MISIONES
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE JUJUY
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHACO
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CÓRDOBA
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE LA RIOJA
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE MENDOZA
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SALTA
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE TUCUMÁN
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHUBUT, excepto el departamento de Rawson
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL NEUQUÉN, excepto los
aglomerados de las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario,
Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO, excepto los
aglomerados de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi y los
Departamentos de General Roca y Adolfo Alsina
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SAN JUAN, excepto los
departamentos de Rawson, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía y Capital
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SAN LUIS, excepto los departamentos de Capital y General Pedernera
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ, excepto los
aglomerados de la Ciudad de Río Gallegos, El Calafate, Puerto Deseado y
Caleta Olivia
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTA FE, excepto los
departamentos de Rosario, La Capital, General López, Caseros,
Constitución, San Lorenzo, Las Colonias y Castellanos
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, excepto los de Capital y Banda
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, excepto Río Grande.
ARTÍCULO 4º.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN: Queda prohibida la circulación
de las personas alcanzadas por la medida de “distanciamiento social,
preventivo y obligatorio” dispuesta por el artículo 2° del presente,
por fuera del límite del aglomerado, departamento o partido donde
residan, salvo que posean el “Certificado Único Habilitante para
Circulación - Emergencia COVID-19” que las habilite a tal efecto y
siempre que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de este
decreto y a las normas reglamentarias respectivas.
En atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de
riesgo en los distintos aglomerados, departamentos o partidos de la
jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires podrán dictar normas reglamentarias para
limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar
situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2.
En caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus
SARS-CoV-2, y con la finalidad de prevenir dicha propagación para
proteger la salud pública de la población, facúltase a los Gobernadores
y a las Gobernadoras de las Provincias y al Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a disponer el aislamiento preventivo
respecto de personas que ingresen a la provincia o a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires provenientes de otras jurisdicciones, previa
intervención de la autoridad sanitaria jurisdiccional y por un plazo
máximo de CATORCE (14) días, con excepción de las personas que deban
desplazarse para realizar las actividades establecidas en el artículo
11 del presente decreto.
ARTÍCULO 5º.- REGLAS DE CONDUCTA GENERALES: Durante la vigencia del
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio” las personas deberán
mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar
tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos,
toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los
ambientes y dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y
a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nacional.
ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Solo podrán
realizarse actividades económicas, industriales, comerciales o de
servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por
la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones
de la autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las
superficies cerradas permitiendo como máximo el uso del CINCUENTA POR
CIENTO (50 %) de su capacidad.
El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación podrá modificar dicha
restricción en atención a la situación epidemiológica y sanitaria de
cada lugar.
En el aglomerado del AMBA, conforme lo define el artículo 3° del
presente, el coeficiente de ocupación de las superficies cerradas en
los establecimientos dedicados a la actividad gastronómica será de un
máximo del TREINTA POR CIENTO (30 %) del aforo, en relación con la
capacidad máxima habilitada. Asimismo, los ambientes deberán estar
adecuadamente ventilados de acuerdo a las exigencias previstas en el
correspondiente protocolo.
Las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de
riesgo en los distintos aglomerados, departamentos o partidos de la
jurisdicción a su cargo, podrán reglamentar días y horas para la
realización de determinadas actividades y establecer requisitos
adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la
circulación del virus SARS-CoV-2.
A partir de la entrada en vigencia del presente decreto queda
prohibido, en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para
momentos de descanso, esparcimiento, comidas o cualquier otro tipo de
actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto
cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre los y las
concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte
empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los
controles necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido.
ARTÍCULO 7º.- NORMAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS.
PROTOCOLOS: Solo podrán realizarse actividades artísticas y deportivas,
en tanto se dé cumplimiento a las reglas de conducta previstas en el
artículo 5° y siempre que no impliquen una concurrencia superior a DIEZ
(10) personas cuando se realicen en lugares cerrados.
No podrán realizarse dichas actividades si se encuentran alcanzadas por las prohibiciones establecidas en el artículo 8°.
Para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe
limitar la densidad de ocupación de espacios (salas de reunión,
oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a UNA (1) persona cada
DOS (2) metros cuadrados de espacio circulable, pudiéndose utilizar
para ello la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados.
La autoridad provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictará
los protocolos pertinentes para la realización de estas actividades
atendiendo a los requisitos mínimos establecidos en el presente
artículo y a las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE
SALUD de la Nación, pudiendo establecer horarios, días determinados y
requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de
prevenir la circulación del virus.
ARTÍCULO 8°.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL,
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: En los lugares alcanzados por lo dispuesto en
artículo 2° del presente decreto quedan prohibidas las siguientes
actividades:
Realización de eventos culturales, recreativos o religiosos en
espacios públicos o privados con concurrencia mayor a DIEZ (10)
personas. Los mismos deberán realizarse, preferentemente, en lugares
abiertos, o bien respetando estrictamente el protocolo que incluya el
distanciamiento estricto de las personas que no puede ser inferior a
DOS (2) metros, y en lugares con ventilación adecuada, destinando
personal específico al control del cumplimiento de estas normas.
Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios
cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y
cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente.
La infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad
interviniente con el fin de que la autoridad competente determine si se
hubieren cometido los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del
Código Penal de la Nación.
Práctica de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen
más de DIEZ (10) personas o que no permita mantener el distanciamiento
mínimo de DOS (2) metros entre los y las participantes.
En el aglomerado del AMBA no podrán realizarse prácticas deportivas en
espacios cerrados, cualquiera sea el número de concurrentes.
Cines, teatros, clubes y centros culturales.
Servicio público de transporte de pasajeros interurbano,
interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos expresamente
autorizados por el artículo 22 del presente o en aquellos supuestos en
los cuales expresamente se hubiera autorizado su uso.
En el aglomerado del AMBA, conforme se define en el artículo 3° del
presente, el servicio público de transporte de pasajeros urbano solo
podrá ser utilizado por las personas alcanzadas por las actividades,
servicios y situaciones comprendidos en el artículo 11 del presente o
en aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera autorizado
su uso. En este caso, las personas deberán portar el “Certificado Único
Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19” que las habilite a
tal fin.
Las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las
jurisdicciones, organismos y entidades del Sector Público Nacional,
Provincial, Municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
cumplan sus tareas en el AMBA, conforme se define en el artículo 3° del
presente, cualquiera sea su modalidad de contratación, deberán
abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo salvo que sean
convocados o convocadas por las respectivas autoridades. Quienes estén
dispensados de concurrir, realizarán sus tareas, en tanto ello sea
posible, desde su lugar de residencia, de conformidad con las
indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente.
El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la
“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de
Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” podrá disponer
excepciones a lo previsto en este artículo en atención a la situación
epidemiológica y sanitaria del lugar. Las excepciones podrán ser
requeridas por los gobernadores y las gobernadoras y por el Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deberán autorizarse
con el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las
recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la
que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la
conveniencia de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del
mencionado protocolo.
CAPÍTULO DOS:
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
ARTÍCULO 9°.- AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorrógase
desde el día 9 de noviembre hasta el día 29 de noviembre de 2020
inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20 que establece el
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado por los
Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20,
605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20 y 814/20, exclusivamente
para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados
urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas
que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y
sanitarios establecidos en el artículo 2° del presente decreto.
ARTÍCULO 10.- LUGARES ALCANZADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO
Y OBLIGATORIO: A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran
alcanzados por lo previsto en el artículo 9°, los siguientes lugares:
· Los departamentos de General Pueyrredón, Bahía Blanca, San Nicolás,
Laprida, Pila, San Cayetano, Balcarce, Castelli, Roque Pérez y Tandil
de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES
· El departamento de Rawson en la PROVINCIA DEL CHUBUT
· Los aglomerados de las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario,
Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala en la PROVINCIA DEL NEUQUÉN
· Los aglomerados de las Ciudades de Bariloche y Dina Huapi y los
departamentos de General Roca y Adolfo Alsina de la PROVINCIA DE RÍO
NEGRO
· Los departamentos de Rawson, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía y Capital en la PROVINCIA DE SAN JUAN
· Los departamentos de Capital y General Pedernera en la PROVINCIA DE SAN LUIS
· Los aglomerados de la Ciudad de Río Gallegos, El Calafate, Puerto Deseado y Caleta Olivia de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ
· Los departamentos de Rosario, La Capital, General López, Caseros,
Constitución, San Lorenzo, Las Colonias y Castellanos, en la PROVINCIA
DE SANTA FE
· Los departamentos de Capital y Banda de la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
· El departamento de Río Grande de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.
ARTÍCULO 11.- ACTIVIDADES Y SERVICIOS ESENCIALES. EXCEPCIONES: A los
fines del presente decreto y en atención a lo establecido en el
artículo 6º del Decreto N° 297/20 y en las Decisiones Administrativas
Nros. 429/20, artículo 1º, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículos 2° y 3°;
450/20, artículo 1º, inciso 8; 490/20, artículo 1º, incisos 1, 2 y 3;
524/20, artículo 1º, incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9; 703/20 y 810/20,
artículo 2º, inciso 1, las actividades, servicios y situaciones que se
enuncian en este artículo se declaran esenciales y las personas
afectadas a ellos son las que, durante el plazo previsto en el artículo
9°, quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, preventivo y
obligatorio y de la prohibición de circular:
Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad
migratoria, Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y control de
tráfico aéreo.
Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales,
Municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; trabajadores y
trabajadoras del Sector Público Nacional, Provincial, Municipal y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados y convocadas por las
respectivas autoridades.
Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes.
Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el
Gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre
Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales
acreditados ante el Gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos
Blancos.
Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares
que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a
adolescentes.
Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
Personas afectadas a la realización de servicios funerarios,
entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que
signifiquen reunión de personas.
Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.
Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.
Personal afectado a obra pública.
Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de
proximidad de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias.
Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.
Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de
higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos,
vacunas y otros insumos sanitarios, en los términos del artículo 3° de
la Decisión Administrativa N° 429/20 que aclara que en el artículo 6°,
inciso 12 del Decreto N° 297/20 cuando se refiere a las Industrias de
alimentación se entenderá a las que integran la cadena de valor e
insumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas, higiene
personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros
insumos sanitarios.
Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.
Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.
Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.
Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.
Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.
Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.
Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.
Servicios de lavandería.
Servicios postales y de distribución de paquetería.
Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de
Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de
Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica,
combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de
combustibles y generadores de energía eléctrica.
Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros
automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA autorice.
Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de
emergencia sanitaria. Operación de aeropuertos. Operación de garages y
estacionamientos con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de
comidas preparadas y locales de comidas rápidas, con servicios de
reparto domiciliario. Circulación de los ministros y las ministras de
los diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual.
Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 429/20,
artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°.
Inscripción, identificación y documentación de personas, en los
términos de la Decisión Administrativa N° 450/20, artículo 1°, inciso 8.
Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las
atienden. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente
con sistema de turnos; todo ello en los términos de la Decisión
Administrativa N° 490/20, artículo 1°, incisos 1, 2 y 3.
Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y
guardias mínimas. Oficinas de rentas de las Provincias, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y
guardias mínimas. Establecimientos para la atención de personas
víctimas de violencia de género. Atención médica y odontológica
programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades
crónicas, con sistema de turno previo. Laboratorios de análisis
clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno
previo. Ópticas, con sistema de turno previo; todo ello en los términos
de la Decisión Administrativa N° 524/20, artículo 1°, incisos 2, 3, 5,
6, 7 y 9.
Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión Administrativa N° 703/20.
Personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
-ANSES- en los términos de la Decisión Administrativa N° 810/20,
artículo 2°, inciso 1.
ARTÍCULO 12.- OTRAS EXCEPCIONES CON RESTRICCIÓN AL USO DE TRANSPORTE
PÚBLICO DE PASAJEROS: Las personas y actividades alcanzadas por las
distintas Decisiones Administrativas dictadas por el Jefe de Gabinete
de Ministros en su carácter de Coordinador de la “Unidad de
Coordinación General del Plan Integral para la prevención de eventos de
Salud Pública de Importancia Internacional” continúan exceptuadas del
cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la
prohibición de circular, sin la utilización del servicio público de
transporte de pasajeros de colectivos, trenes o subtes, salvo aquellos
supuestos en los cuales expresamente se hubiera autorizado su uso.
ARTÍCULO 13.- PROTOCOLOS. HIGIENE Y SEGURIDAD: Las actividades y
servicios autorizados en el marco de los artículos 11 y 12 de este
decreto solo podrán realizarse previa implementación de protocolos
aprobados por la autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que cumplan las recomendaciones e instrucciones del
MINISTERIO DE SALUD de la Nación.
En todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar
las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad
sanitaria para preservar la salud de los trabajadores y las
trabajadoras.
A partir de la entrada en vigencia del presente decreto queda
prohibido, en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para
momentos de descanso, esparcimiento, almuerzo o cualquier otro tipo de
actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto
cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre los y las
concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte
empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los
controles necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido.
ARTÍCULO 14.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERADOS
URBANOS, DEPARTAMENTOS Y PARTIDOS DE HASTA QUINIENTOS MIL (500.000)
HABITANTES: En los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de
hasta QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes alcanzados por el artículo 9°
del presente decreto, los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias
podrán disponer nuevas excepciones al cumplimiento del “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular con el
fin de autorizar actividades industriales, de servicios, comerciales,
sociales, deportivas o recreativas, siempre que ello resulte procedente
en atención a la situación epidemiológica y sanitaria. Para ello,
deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria
provincial e implementar un protocolo de funcionamiento de la actividad
respectiva, que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las
recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional. En
todos los casos deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo
13, último párrafo del presente decreto.
Al disponerse una excepción se deberá comunicar la medida en forma
inmediata al MINISTERIO DE SALUD de la Nación y al Jefe de Gabinete de
Ministros.
Los Gobernadores y las Gobernadoras podrán dejar sin efecto las
excepciones que dispongan atendiendo a la situación epidemiológica y
sanitaria respectiva.
ARTÍCULO 15.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERADOS
URBANOS, PARTIDOS Y DEPARTAMENTOS CON MÁS DE QUINIENTOS MIL (500.000)
HABITANTES: En los aglomerados urbanos, partidos o departamentos con
más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes alcanzados por el artículo
9° del presente decreto, las autoridades Provinciales respectivas
podrán solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de
Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral
para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional”, que autorice nuevas excepciones al cumplimiento del
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de
circular, con el fin de permitir la realización de actividades
industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o
recreativas. Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la
autoridad sanitaria Provincial e indicar el protocolo que se
implementará para el funcionamiento de la actividad respectiva,
pudiendo a tal fin adherir a uno de los incluidos en el “Anexo de
Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional”
establecidos en los términos del Decreto N° 459/20 y su normativa
complementaria. Si la actividad que se pretende autorizar no contara
con protocolo previamente aprobado e incluido en el Anexo citado, se
deberá acompañar una propuesta de protocolo que contemple, como mínimo,
el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones dispuestas
por la autoridad sanitaria nacional. En todos los casos deberá darse
cumplimiento a lo previsto en el artículo 13, último párrafo del
presente decreto.
El Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar el pedido tal como se
le requiere o limitando la excepción a determinadas áreas geográficas,
en atención a la evaluación de la situación epidemiológica y sanitaria
del lugar y al análisis de riesgo, previa intervención del MINISTERIO
DE SALUD de la Nación, que también deberá expedirse acerca de la
aprobación del protocolo propuesto, si este no estuviere incluido en el
referido Anexo.
Las excepciones otorgadas podrán ser implementadas gradualmente,
suspendidas o reanudadas por el Gobernador o la Gobernadora que
corresponda, en el marco de su competencia territorial, en virtud de
las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial y conforme a
la situación epidemiológica y sanitaria. Las autoridades provinciales
podrán, incluso, determinar uno o más días para desarrollar dichas
actividades y servicios, o limitar su duración con el fin de proteger
la salud pública. Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de
Gabinete de Ministros.
El Jefe de Gabinete de Ministros también podrá autorizar, sin necesidad
de requerimiento de las autoridades provinciales respectivas, nuevas
excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y a la prohibición de circular e incorporar al “Anexo de
Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional” ya citado,
nuevos protocolos aprobados por la autoridad sanitaria.
Solo se autorizarán excepciones si el empleador o la empleadora
garantiza el traslado de los trabajadores y de las trabajadoras sin la
utilización del servicio público de transporte de pasajeros de
colectivos, trenes y subtes. Para ello podrá contratar servicios de
transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre, vehículos
habilitados para el servicio de taxi, remis o similar, siempre que
estos últimos transporten en cada viaje UN (1) solo pasajero o UNA (1)
sola pasajera. En todos los casos se deberá dar cumplimiento a la
Resolución del MINISTERIO DE TRANSPORTE Nº 107/20.
ARTÍCULO 16.- LÍMITES A LA AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR: Los
desplazamientos de las personas alcanzadas por las excepciones al
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de
circular, y las que se dispongan en virtud del presente decreto,
deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.
ARTÍCULO 17.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Quedan prohibidas en
todos los lugares alcanzados por el artículo 9° del presente decreto,
las siguientes actividades:
Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos,
deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la
concurrencia de personas.
Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales,
bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier
espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.
Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano,
interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos previstos en
el artículo 22 de este decreto.
Turismo.
Solo el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de
la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención
de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” podrá
disponer excepciones a lo previsto en este artículo, por sí o ante el
requerimiento de la autoridad Provincial respectiva.
El requerimiento de excepción deberá efectuarse acompañando el
protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones
e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá
intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de
la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado
protocolo.
En ningún caso podrá autorizar la realización de eventos o reuniones
sociales o familiares en espacios cerrados o en domicilios particulares.
Déjanse sin efecto todas las excepciones otorgadas con anterioridad a
la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, que autorizaban
la realización de eventos o reuniones sociales o familiares en
contradicción con lo establecido en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 18.- TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL:
Las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las
jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional,
cualquiera sea su forma de contratación, que no se encuentren
alcanzadas y alcanzados por las excepciones previstas en el presente
decreto y estén obligadas y obligados a cumplir con el “aislamiento
social, preventivo y obligatorio”, deberán abstenerse de concurrir a
sus lugares de trabajo, pero realizarán sus tareas, en tanto ello sea
posible, desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de
conformidad con las indicaciones de la autoridad jerárquica
correspondiente.
Invítase a las provincias correspondientes a dictar normas similares a las establecidas en el presente artículo.
ARTÍCULO 19.- PRÓRROGA DE SALIDAS SANITARIAS: Prorrógase hasta el día
29 de noviembre de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° del
Decreto N° 408/20, prorrogado por los Decretos Nros. 459/20, 493/20,
520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20 y 814/20.
CAPÍTULO TRES:
DISPOSICIONES COMUNES PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y
OBLIGATORIO Y PARA EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.
ARTÍCULO 20.- MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS
CONDICIONES SANITARIAS: Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deberán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de
la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las
condiciones sanitarias.
Las autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberán remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda
la información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la
enfermedad y la capacidad del sistema sanitario para atender a la
población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de información
exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo
Epidemiológico y Sanitario - COVID-19” (MIRES COVID-19).
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, si un Gobernador o una
Gobernadora de Provincia o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, advirtiere una señal de alarma epidemiológica o sanitaria
en un aglomerado urbano, departamento o partido determinado de su
jurisdicción, podrá requerir al PODER EJECUTIVO NACIONAL, con el fin de
proteger la salud pública, que dicho aglomerado, partido o departamento
se excluya de las disposiciones del “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio” en forma preventiva, y pase a ser alcanzado por las
normas del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. El PODER
EJECUTIVO NACIONAL queda facultado a disponer esa medida, previa
intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y en forma
temporaria, pudiéndose extender la misma hasta el plazo previsto en el
artículo 9° del presente decreto.
ARTÍCULO 21.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LOS
PARÁMETROS EPIDEMIOLÓGICOS Y SANITARIOS: Si las autoridades
Provinciales, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y/o el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectaren que un aglomerado
urbano, partido o departamento de sus jurisdicciones alcanzado por las
disposiciones del artículo 2° no cumpliere con los parámetros allí
indicados, deberá informar de inmediato dicha circunstancia al PODER
EJECUTIVO NACIONAL, el que queda facultado para disponer la inmediata
aplicación del artículo 9° y concordantes del presente decreto, que
disponen el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” respecto del
lugar en cuestión y hasta el plazo previsto en el citado artículo 9°.
Si se verificare el cumplimiento positivo de los parámetros
epidemiológicos y sanitarios previstos en el artículo 2° del presente
decreto respecto de un aglomerado urbano, departamento o partido que
estuviere incluido en las previsiones del artículo 9°, la autoridad
Provincial respectiva podrá solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros,
en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del
Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de
Importancia Internacional”, que disponga el cese del “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular
respecto de las personas que habiten o transiten en ese lugar y la
aplicación del artículo 2° y concordantes del presente decreto. El Jefe
de Gabinete de Ministros decidirá la cuestión, previa intervención de
la autoridad sanitaria nacional.
En cualquier momento en que se detecte una alarma epidemiológica o
sanitaria, el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de
Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral
para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional”, podrá dejar sin efecto una excepción o autorización
dispuesta respecto de los lugares alcanzados por los artículos 2° y 9°
del presente decreto, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la
Nación.
ARTÍCULO 22.- AUTORIZACIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO E
INTERJURISDICCIONAL: En atención a que los criterios epidemiológicos
indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita
la transmisión del virus SARS-CoV-2 y ante la necesidad de minimizar
este riesgo, se establece que el uso del servicio de transporte público
de pasajeros interurbano e interjurisdiccional autorizado a circular
quedará reservado para las personas que deban desplazarse para realizar
las actividades contempladas en el artículo 11 del presente decreto o
en aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera autorizado
su uso, así como para las personas que deban asistir a la realización
de tratamientos médicos y sus acompañantes.
El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la
“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de
Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, queda facultado
para ampliar o reducir la autorización prevista en el presente
artículo, previa intervención del MINISTERIO DE TRANSPORTE de la
Nación. Para ello deberá contar con los Protocolos respectivos
aprobados por la autoridad sanitaria nacional.
Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, en atención a la
situación epidemiológica y sanitaria, podrán ampliar la autorización
para el uso del transporte público interurbano de pasajeros a otras
actividades que no estén contempladas en el artículo 11 o en las
autorizaciones ya dispuestas, exclusivamente en los lugares de la
jurisdicción a su cargo que se encuentren alcanzados por el artículo 2°
y concordantes del presente decreto.
ARTÍCULO 23.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS: En ningún caso
podrán circular las personas que revisten la condición de “caso
sospechoso” o la condición de “caso confirmado” de COVID-19, conforme
definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni
quienes deban cumplir aislamiento en los términos del Decreto N°
260/20, su modificatorio y normas complementarias.
ARTÍCULO 24.- PERSONAS MAYORES DE SESENTA AÑOS Y EN SITUACIÓN DE MAYOR
RIESGO: Toda vez que la mayor tasa de mortalidad a causa de COVID-19 se
verifica en personas mayores de SESENTA (60) años, los trabajadores y
las trabajadoras mayores de esa edad están dispensados y dispensadas
del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de la
Resolución N° 207/20, prorrogada por la Resolución N° 296/20, ambas del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación. Igual
dispensa y en los mismos términos se aplica a embarazadas y a personas
incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el
MINISTERIO DE SALUD de la Nación, y a aquellas personas cuya presencia
en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o
adolescentes.
Los trabajadores y las trabajadoras del sector privado mayores de
SESENTA (60) años, las mujeres embarazadas y los grupos en riesgo
establecidos o que en un futuro establezca la autoridad sanitaria
nacional, exceptuados de prestar tareas durante la vigencia del
“aislamiento social preventivo y obligatorio”, recibirán una
compensación no remunerativa equivalente a su remuneración habitual,
neta de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social. Los
trabajadores y las trabajadoras, así como los empleadores y las
empleadoras, deberán continuar efectuando sobre la remuneración
imponible habitual los aportes personales y las contribuciones
patronales correspondientes a la Obra Social y al Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados -INSSJP- (Leyes Nros.
23.660, 23.661 y 19.032).
El beneficio establecido en el presente artículo no podrá afectar el
financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los
trabajadores y a las trabajadoras por los regímenes de la seguridad
social.
ARTÍCULO 25.- EVALUACIÓN PARA REINICIO DE CLASES PRESENCIALES Y/O
ACTIVIDADES EDUCATIVAS NO ESCOLARES PRESENCIALES: Podrán reanudarse las
clases presenciales y las actividades educativas no escolares
presenciales de acuerdo a los parámetros de evaluación, estratificación
y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones
establecidas en las Resoluciones N° 364 del 2 de julio de 2020 y N° 370
del 8 de octubre de 2020 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, sus
complementarias y modificatorias.
En virtud de las Resoluciones del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN
mencionadas, si el riesgo fuere bajo, se podrán reanudar las clases
presenciales de manera escalonada y progresiva en todos los niveles
educativos y modalidades; y si el riesgo fuera mediano, se podrán
organizar actividades educativas no escolares (artísticas, deportivas,
recreativas, de apoyo escolar, u otras) en grupos de no más de DIEZ
(10) personas, preferentemente al aire libre, y organizar actividades
presenciales de cierre del año lectivo para estudiantes del último año
de los niveles primario, secundario y superior.
En todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes.
El MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Nación, en el marco de las facultades
que le confiere la normativa de emergencia, revisará y prestará
conformidad a los planes jurisdiccionales de reanudación de clases,
enmarcados en la regulación antes citada.
Su efectiva reanudación será decidida por las autoridades provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes podrán suspender las
actividades y reiniciarlas conforme la evolución de la situación
epidemiológica, todo ello de conformidad con la normativa vigente.
El personal directivo, docente y no docente y los alumnos y las alumnas
-y su acompañante en su caso-, que asistan a clases presenciales y a
actividades educativas no escolares presenciales que se hubieren
reanudado, quedan exceptuados de la prohibición del uso del servicio
público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e
interjurisdiccional, según corresponda y a este solo efecto, conforme
con lo establecido en las resoluciones enunciadas precedentemente.
Las personas alcanzadas por la presente medida, por sí, o por medio de
sus acompañantes cuando no tuvieren edad suficiente para hacerlo en
forma autónoma, deberán tramitar el “Certificado Único Habilitante para
Circulación - Emergencia COVID-19”, que la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS pondrá a disposición en
un campo específico denominado “ESCOLAR” habilitado en el link:
www.argentina.gob.ar/circular.
ARTÍCULO 26.- REUNIONES SOCIALES. Se autorizan las reuniones sociales
en espacios públicos al aire libre siempre que las personas mantengan
entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilicen tapabocas
y se dé estricto cumplimiento a los protocolos y a las recomendaciones
e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nacionales. Cuando se trate de
lugares alcanzados por el artículo 9° del presente decreto, las mismas
solo están autorizadas hasta un máximo de DIEZ (10) personas.
Los gobernadores y las gobernadoras de provincia y el Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictarán las correspondientes
normas reglamentarias y, en atención a las condiciones epidemiológicas
y a la evaluación de riesgo en los distintos Departamentos o Partidos
de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar uno o algunos
días para ejercer este derecho, limitar su duración o la cantidad de
personas, determinar los lugares habilitados para ello y,
eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública.
El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la
“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de
Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, queda facultado
para ampliar, reducir o suspender la autorización prevista en el
presente artículo en atención a la evolución de la situación
epidemiológica.
ARTÍCULO 27.- ACOMPAÑAMIENTO DE PACIENTES. Deberá autorizarse el
acompañamiento durante la internación, en sus últimos días de vida, de
los y las pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de
cualquier enfermedad o padecimiento. En tales casos las normas
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán prever la
aplicación de un estricto protocolo de acompañamiento de pacientes que
resguarde la salud del o de la acompañante, que cumpla con las
recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y
de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En todos los casos deberá requerirse el consentimiento previo,
libre e informado por parte del o de la acompañante.
Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictarán las correspondientes
reglamentaciones.
ARTÍCULO 28.- CONTROLES: El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación
dispondrá controles en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás
lugares estratégicos que determine, en coordinación y en forma
concurrente con sus pares de las jurisdicciones Provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” y de las normas vigentes dispuestas
en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.
ARTÍCULO 29.- PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN COORDINADA: Las
autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público
Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones
Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Autoridades
Municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los
procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el
cumplimiento de las normas previstas en el presente decreto, de los
protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la
emergencia sanitaria, y de sus normas complementarias.
ARTÍCULO 30.- INFRACCIONES. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPETENTES:
Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento
social, preventivo y obligatorio” o de otras normas dispuestas para la
protección de la salud pública en el marco de la emergencia pública en
materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta
infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco
de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.
El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación podrá disponer la inmediata
detención de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en
el presente decreto y, en su caso, procederá a su retención preventiva
por el tiempo que resulte necesario, con el fin de evitar el
desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y
para evitar la propagación del virus.
ARTÍCULO 31.- FRONTERAS. PRÓRROGA: Prorrógase, con los alcances
establecidos en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 331/20, 1° y 2° de
la Decisión Administrativa N° 1949 del 28 de octubre de 2020 y 1° de la
Disposición N° 3460/2020 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, hasta
el día 29 de noviembre de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N°
274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos Nros. 331/20, 365/20,
409/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20,
754/20, 792/20 y 814/20.
La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado
actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL
INTERIOR podrá establecer excepciones con el fin de atender
circunstancias de necesidad o de implementar lo dispuesto por el Jefe
de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la “Unidad de
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de
Salud Pública de Importancia Internacional”, respecto del desarrollo de
actividades especialmente autorizadas.
En este último supuesto, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES,
organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE
INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, previa comunicación al MINISTERIO
DE SALUD, al MINISTERIO DE TRANSPORTE, al MINISTERIO DE SEGURIDAD y a
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, organismo descentralizado
actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, determinará y
habilitará los pasos internacionales de ingreso al territorio nacional
que resulten más convenientes al efecto, y establecerá los países cuyos
nacionales y residentes queden autorizados para ingresar al territorio
nacional.
ARTÍCULO 32.- PRÓRROGA DE NORMAS COMPLEMENTARIAS: Prorrógase, hasta el
día 29 de noviembre de 2020 inclusive, la vigencia de las normas
complementarias de los Decretos Nros. 297/20, 325/20, 355/20, 408/20,
459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20,
792/20 y 814/20, en cuanto resulten aplicables a lo dispuesto en el
presente decreto.
ARTÍCULO 33.- MANTENIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA QUE AUTORIZA
EXCEPCIONES EN “AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”: Se
mantiene la vigencia de las normas que, en los términos del artículo 31
del Decreto N° 605/20, permitieron la realización de actividades y
servicios que habían quedado suspendidos por el artículo 32 del Decreto
N° 576/20. Su efectiva reanudación está supeditada a que cada
Gobernador, Gobernadora o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, según corresponda, establezca la fecha a partir de la
cual se llevarán a cabo en la jurisdicción a su cargo. Las autoridades
provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires podrán, incluso, determinar uno o algunos días para desarrollar
dichas actividades y servicios, limitar su duración y eventualmente
suspenderlos o reanudarlos, con el fin de proteger la salud pública y
en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Quedan excluidas de las previsiones del presente artículo las
autorizaciones que habilitan actividades prohibidas en los términos del
artículo 8°, inciso 2 y en los términos de los DOS (2) últimos párrafos
del artículo 17 del presente decreto.
TÍTULO TRES
CAPÍTULO I. MODIFICACIONES NORMATIVAS
ARTÍCULO 34.- PRESUNCIÓN DE ENFERMEDAD DE CARÁCTER PROFESIONAL:
Sustitúyese el artículo 4º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 367
de fecha 13 de abril de 2020, por el siguiente texto:
“ARTICULO 4°.- Hasta SESENTA (60) días posteriores a la finalización de
la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260 de fecha 12 de
marzo del corriente año, en los casos de las trabajadoras y los
trabajadores de la salud y de miembros de fuerzas policiales federales
y provinciales que cumplan servicio efectivo, la enfermedad COVID-19,
producida por el virus SARS- CoV-2, se considerará presuntivamente una
enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del
apartado 2 inciso b) del artículo 6º de la Ley Nº 24.557, encontrándose
alcanzada por las disposiciones de los artículos 2º y 3º del presente
decreto.
En tales supuestos, la Comisión Médica Central (C.M.C.) deberá entender
que la contingencia guarda relación de causalidad directa e inmediata
con la labor efectuada, salvo que se demuestre, en el caso concreto, la
inexistencia de este último supuesto fáctico”
CAPÍTULO II. DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 35.- ORDEN PÚBLICO: El presente decreto es de orden público.
ARTÍCULO 36.- VIGENCIA: La presente medida entrará en vigencia el día 9 de noviembre de 2020.
ARTÍCULO 37.- COMISIÓN BICAMERAL: Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 38.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe
Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi - Martín Guzmán - Matías Sebastián
Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Mario Andrés Meoni - Gabriel Nicolás
Katopodis - Marcela Miriam Losardo - Sabina Andrea Frederic - Ginés
Mario González García - Daniel Fernando Arroyo - Elizabeth Gómez
Alcorta - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza
- Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - María Eugenia
Bielsa
e. 07/11/2020 N° 54081/20 v. 07/11/2020