LegalizeLEY 20.091
LEY DE ENTIDADES DE SEGUROS Y SU CONTROL
Buenos Aires, 11 de enero de 1973
Excelentísimo Señor Presidente de la Nación:
Tenemos el honor de elevar a la consideración del
Primer Magistrado un proyecto de ley de entidades de seguros y su
control, destinado a sustituir el régimen legal de superintendencia de
seguros actualmente vigente.
El proyecto que se propicia tiene como antecedente
el que la Comisión Asesora, Consultiva y Revisora de la Ley General de
Seguros (Decreto 5.495/59) preparara entre 1959 y 1961, juntamente con
el profesor doctor Isaac Halperín, redactor de un anteproyecto
confeccionado por encargo del Poder Ejecutivo Nacional, y en cuya
elaboración participaron personas de la mayor jerarquía científica en
la materia en representación del Poder Judicial, Superintendencia de
Seguros de la Nación, Instituto Nacional de Reaseguros, Federación
Argentina de Colegios de Abogados, Facultades de Derecho y Ciencias
Sociales de Buenos Aires y Córdoba, Facultad de Ciencias Económicas de
Buenos Aires, Asociación Argentina de Compañías de Seguros, Asociación
de Aseguradores Extranjeros en la Argentina y Asociación Argentina de
Cooperativas y Mutualidades de Seguros.
También cabe citar como antecedente, el proyecto que
preparara en 1967 la comisión integrada por los profesores doctores
Rodolfo O. Fontanarrosa, Guillermo Michelson, Juan Carlos Félix Morandi
y Gervasio R. Colombres.
El texto que se eleva a la consideración de V.E. es
el resultado de una detenida y meditada labor, y si bien coincide en
términos generales con los elaborados en 1961 y 1967, recoge los
ajustes que la actualización de éstos reclamaba como indispensables.
El proyecto comprende, además del régimen de las
entidades de seguros, lo relacionado con el control que el Estado
ejerce sobre ellas a través de su organismo específico, la
Superintendencia de Seguros de la Nación, y en este aspecto viene a
completar la etapa que se iniciara en 1967 con la sanción de la Ley
17.418 sobre contrato de seguro.
Si bien el proyecto quedará incorporado a la
legislación vigente después de varios años de dictada la Ley 17.418,
tiende a formar con ella un todo orgánico y a lograr la expresión de
una concepción unitaria del seguro, que influye necesariamente en las
relaciones privadas de los contratantes y en el funcionamiento de las
entidades y en el control estatal de éstas.
Se materializa así el criterio unificador que fue
constante preocupación de quienes intervinieron en ese largo proceso de
reforma que arranca en 1959, y que ha sido materia de particular
análisis por parte de nuestros más prestigiosos tratadistas.
Por último, cabe señalar que del proyecto elaborado
se han excluido todas las cuestiones referentes a problemas de política
aseguradora, como son los atinentes a tratamiento de las compañías
argentinas y extranjeras, protección de los denominados "riesgos
argentinos" y régimen del Instituto Nacional de Reaseguros, que por
considerarse materias ajenas a la regulación específica de las
entidades aseguradoras y su control, se ha estimado conveniente diferir
para una etapa posterior.
El proyecto que se eleva a la consideración V.E.
encuadra en las Políticas Nacionales números 3, 54 y 90, aprobadas por
Decreto 46/70 de la Junta de Comandantes en Jefe.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
Gervasio R. Colombres
LEY Nº 20.091
Buenos Aires, 11 de enero de 1973
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY
DE LOS ASEGURADORES Y SU CONTROL
CAPITULO I
De los aseguradores
SECCION I
Ámbito de aplicación
Actividades comprendidas
ARTICULO 1º. El ejercicio de la
actividad aseguradora y reaseguradora en cualquier lugar del territorio
de la Nación, está sometido al régimen de la presente ley y al control
de la autoridad creada por ella.
Alcance de la expresión seguro
Cuando en esta ley se hace referencia al seguro, se
entiende comprendida cualquier forma o modalidad de la actividad
aseguradora. Está incluido también el reaseguro, en tanto no resulte
afectado el régimen legal de reaseguro en vigencia.
Sección II
Entidades autorizables.
Entes que pueden operar.
ARTICULO 2º.- Sólo pueden realizar operaciones de seguros:
Las sociedades anónimas, cooperativas y de seguros mutuos;
Las sucursales o agencias de sociedades extranjeras de los tipos indicados en el inciso anterior;
Los organismos y entes oficiales o mixtos, nacionales, provinciales o municipales.
Autorización previa.
La existencia o la creación de las sociedades,
sucursales o agencias, organismos o entes indicados en este artículo,
no los habilita para operar en seguros hasta ser autorizados por la
autoridad de control.
Inclusiones dentro del régimen de la Ley.
ARTICULO 3º.- La autoridad de control
incluirá en el régimen de esta ley a quienes realicen operaciones
asimilables al seguro, cuando su naturaleza o alcance lo justifique.
Plazo para ajustarse a la Ley.
Liquidación.
Sanción.
Cuando proceda la inclusión, la autoridad de control
fijará un plazo no mayor de noventa (90) días, para ajustarse al
régimen de esta ley; entretanto no podrán realizarse nuevas
operaciones. En caso de incumplimiento la autoridad de control
dispondrá la liquidación del infractor de acuerdo con el artículo 51,
sin perjuicio de la pena que podrá aplicar conforme al régimen previsto
en el artículo 61.
Organismos y entes oficiales de seguros privados.
ARTICULO 4º.- Los organismos y entes
oficiales se hallan sujetos a las disposiciones de esta ley cuando
operen en seguro o reaseguro, observándose en el caso de este último lo
prescripto por el régimen legal vigente. Se deben organizar con
autarquía funcional y financiera. Si no tienen por objeto exclusivo
celebrar esas operaciones, establecerán una administración separada con
patrimonio propio de gestión independiente.
Sociedades extranjeras.
ARTICULO 5º.- Las sucursales o agencias a que se refiere el artículo 2º, inciso b), serán autorizadas a
ejercer la actividad aseguradora en las condiciones
establecidas por esta Ley para las sociedades anónimas constituidas en
el país, si existe reciprocidad según las leyes de su domicilio.
Representación Local.
Estarán a cargo de uno o más representantes con
facultades suficientes para realizar con la autoridad de control y los
terceros todos los actos jurídicos atinentes al objeto de la sociedad,
y estar en juicio por ésta.
El representante no tiene las facultades de ampliar
o renunciar a la autorización para operar en seguros y de transferir
voluntariamente la cartera, salvo poder expreso.
Sucursales en el país y sucursales o agencias en el exterior.
ARTICULO 6º.- Los aseguradores
autorizados pueden abrir o cerrar sucursales en el país así como
sucursales o agencias en el extranjero, previa autorización de la
autoridad de control, la que podrá establecer con carácter general y
uniforme los requisitos y formalidades que se deben cumplir. La
delegación puede ser apelada ante el Poder Ejecutivo Nacional de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85, cuya decisión es
irrecurrible.
Sección III
Condiciones de la autorización para operar
Requisitos para la autorización.
ARTICULO 7º.- Las entidades a que se
refiere el artículo 2º serán autorizadas a operar en seguros cuando se
reúnan las siguientes condiciones:
Constitución legal.
Se hayan constituido de acuerdo con las leyes generales y las disposiciones específicas de esta ley;
Objeto exclusivo.
Tengan por objeto exclusivo efectuar operaciones
de seguro, pudiendo en la realización de ese objeto disponer y
administrar conforme con esta ley, los bienes en que tengan invertidos
su capital y las reservas.
Podrán otorgar fianzas o garantizar obligaciones de
terceros cuando configuren económica y técnicamente operaciones de
seguro aprobadas.
Los organismos y entes oficiales se ajustarán a lo dispuesto por el artículo 4º;
Capital mínimo.
Demuestren la integración total del capital mínimo a que se refiere el artículo 30;
Sociedades extranjeras.
Acompañen los balances de los últimos cinco (5) ejercicios de la casa matriz, cuando se trate de sociedades extranjeras;
Duración.
Tengan la duración mínima requerida según la naturaleza de la rama o ramas de seguros a explotarse;
Planes.
Se ajusten sus planes de seguro a lo establecido en los artículos 24 y siguientes;
Convivencia del mercado. Recursos.
Haga conveniente su actuación el mercado de
seguros. La resolución denegatoria de la autorización por las causales
señaladas en los incisos a) a f), da lugar a recurso judicial conforme
al artículo 83.
La denegación fundada en el estado del mercado de
seguros autoriza a interponer recurso ante el Poder Ejecutivo Nacional
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85, cuya decisión es
irrecurrible.
Domicilio.
El domicilio de las entidades autorizadas será el
fijado en el acto de su autorización para operar, y subsistirá como
constituido, a todos sus efectos, hasta que se establezca otro.
Conformidad previa de la autoridad de control.
ARTICULO 8º.- Las entidades que se
constituyan en el territorio de la Nación con el objeto de operar en
seguros, así como las sucursales o agencias de sociedades extranjeras
que deseen operar en seguros en el país, sólo podrán hacerlo desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio de la jurisdicción de su
domicilio.
Dicha inscripción sólo procederá cuando estando
conformado el acto constitutivo por la autoridad de control que
corresponda, según el tipo societario o forma asociativa asumida, la
Superintendencia de Seguros de la Nación haya otorgado la pertinente
autorización para operar de acuerdo con el artículo anterior.
Trámite.
A tal efecto, los correspondientes organismos de
control, una vez conformado el acto constitutivo, según lo dispuesto en
la ley 19.550 o en las leyes especialmente aplicables según el tipo o
forma asociativa, pasarán el expediente a la Superintendencia de
Seguros de la Nación, la que dispondrá, en su caso, el otorgamiento de
la autorización para operar. En este supuesto, la Superintendencia
girará directamente el expediente y un testimonio de la autorización
para operar, al Registro Público de Comercio del domicilio de la
entidad, para su inscripción por el juez de registro, si lo estimara
procedente.
También se requerirá la conformidad previa de la
Superintendencia, aplicándose el mismo procedimiento para cualquier
modificación del contrato constitutivo o del estatuto y para los
aumentos del capital, aun cuando no importen reforma del estatuto.
La Superintendencia hará saber igualmente el
otorgamiento o denegación de la autorización para operar o el rechazo
de las reformas o aumentos del capital a las autoridades de control
pertinentes.
La inscripción en el Registro Público de Comercio
del domicilio de la entidad deberá estar cumplimentada en el término de
sesenta (60) días de recibido el expediente; en su defecto, se
producirá la caducidad automática de la autorización para operar
otorgada. Si se operara la inscripción, el juez de registro remitirá a
la Superintendencia un testimonio de los documentos con la constancia
de su toma de razón.
La resolución sobre la autorización para operar y su
denegatoria no es revisible en ningún caso por el juez de registro del
domicilio de la entidad, sino sólo recurrible en la forma establecida
por esta ley.
Responsabilidad.
Los fundadores, socios, accionistas,
administradores, directores, consejeros, gerentes, síndicos o
integrantes de los consejos de vigilancia, serán ilimitada y
solidariamente responsables por las obligaciones contraídas hasta la
inscripción de la entidad en el Registro Público de Comercio o luego
que se hubiese inscripto la revocación de la autorización para operar
en seguros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.
Control exclusivo y excluyente.
El control del funcionamiento y actuación de todas
las entidades de seguros, sin excepción, corresponde a la autoridad de
control organizada por esta ley, con exclusión de toda otra autoridad
administrativa, nacional o provincial; sin embargo, la Superintendencia
podrá requerir a estas últimas su opinión en las cuestiones vinculadas
con el régimen societario de las entidades cuando lo estimara
conveniente.
Impedimentos.
ARTICULO 9º.- No podrán ser
promotores, fundadores, directores, consejeros, síndicos, miembros del
consejo de vigilancia, liquidadores, gerentes, administradores o
representantes de aseguradores sujetos a esta ley, además de los
comprendidos en las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones
que según el caso establece la ley 19.550, los condenados por delitos
cometidos con ánimo de lucro o por delitos contra la propiedad o la fe
pública o por delitos comunes excluidos los delitos culposos con penas
privativas de libertad o inhabilitación, mientras no haya transcurrido
otro tiempo igual al doble de la condena, y los que se encuentren
sometidos a prisión preventiva por esos mismos delitos, hasta su
sobreseimiento definitivo; los fallidos o concursados ni los deudores
morosos de la entidad; los inhabilitados para el uso de cuentas
corrientes bancarias y el libramiento de cheques, hasta un (1) año
después de su rehabilitación; los que hayan sido sancionados como
directores, administradores o gerentes de una sociedad declarada en
quiebra, o declarados responsables de la liquidación de una entidad de
seguros conforme el artículo 53 o inhabilitados por aplicación de los
artículos 59 a 61.
Impugnación.
La autoridad de control impugnará a quienes estén
incursos en los citados impedimentos y ordenará a la entidad que dentro
de los quince (15) días de notificada disponga las medidas tendientes a
la inmediata exclusión de los impugnados. De no proceder en
consecuencia la entidad, la autoridad de control le denegará la
autorización para operar, y en el supuesto de que se tratara de
entidades ya autorizadas por la Superintendencia, se harán pasibles de
una multa hasta de diez mil pesos ($ 10.000.-), que se elevará al doble
en caso de nueva negativa.
Retribución sobre la producción.
ARTICULO 10.- Los aseguradores no
podrán retribuir a los síndicos y directivos ni al personal, cualquiera
sea su jerarquía, denominación y funciones, en proporción a la
producción bruta o neta, total o de cualquiera de las secciones de
seguro en particular, ni, en el caso de las sociedades de seguro
solidario, con porcentaje sobre las cuotas de ingreso o las acciones de
la entidad.
Sección IV
Sociedades de seguro solidario
Arbitraje social.
ARTICULO 11.- Los estatutos podrán
prever que las diferencias con los socios, derivadas del contrato de
seguro, sean resueltas por órgano arbitral que ellos establezcan,
cuando así sea aceptado en cada caso por el socio afectado. De
preverlo, reglamentarán su constitución y funcionamiento, así como los
recursos sociales admisibles.
Reaseguro
ARTICULO 12.- Las sociedades de seguro
solidario podrán reasegurar con cualquier reasegurador y aceptar
reaseguros y retrocesiones aun de quienes no sean socios, en las
condiciones que establezca la autoridad de control, siempre que sus
estatutos lo autoricen y no se viole el régimen legal de reaseguro en
vigencia.
Productores.
ARTICULO 13.- Las sociedades de seguro
solidario podrán emplear auxiliares a comisión para la celebración de
contratos de seguro con sus socios.
Representación y voto en las asambleas.
ARTICULO 14.- Los auxiliares a comisión no podrán representar a los socios en las asambleas.
En las asambleas sólo podrán votar los socios que en el ejercicio hayan tenido contrato de seguro en vigencia.
Inmuebles.
ARTICULO 15.- La adquisición o venta de inmuebles requiere la autorización de la asamblea.
Reservas facultativas.
La asamblea puede disponer la constitución de reservas facultativas.
Retorno de excedentes.
Los excedentes realizados y líquidos del ejercicio
se retornarán a los socios en proporción a las primas consumidas
durante él o conforme lo dispongan los reglamentos de participación que
en cada caso apruebe la autoridad de control.
Administración. Prohibición.
ARTICULO 16.- La administración o gestión social no puede delegarse total ni parcialmente en terceros.
Retribuciones.
Los estatutos sociales podrán establecer que se
retribuya a los directores, consejeros y síndicos por el ejercicio de
sus funciones, debiendo mediar aprobación de la asamblea.
Impugnación.
La autoridad de control impugnará las retribuciones
que no sean proporcionadas a la capacidad económico-financiera de la
sociedad o no se ajusten, según la práctica del mercado, a la tarea
desempeñada.
Son aplicables a los síndicos los requisitos,
inhabilidades, incompatibilidades, atribuciones, deberes y
responsabilidades de aquéllos en las sociedades anónimas.
Sociedades cooperativas
Ambito de contratación.
ARTICULO 17.- Las sociedades
cooperativas sólo podrán contratar seguros con sus socios, los que
deberán ser titulares del interés asegurable al tiempo de la
contratación.
Sociedades de seguros mutuos.
Socios: requisitos.
ARTICULO 18.- Los estatutos sociales establecerán los requisitos para ser socio y las causales para perder el carácter de tal.
Calidad de socio.
Sólo puede adquirir la calidad de socio quien al
incorporarse celebre un contrato de seguro con la sociedad, y dejará de
serlo con la terminación de vínculo de seguro, salvo disposición
estatutaria en contrario que admita su interrupción por un plazo máximo
de (1) año.
Ventajas, privilegios, preferencias.
Debe mantenerse la igualdad entre los socios en
igualdad de condiciones. No se puede conceder ventaja ni privilegio
alguno a los iniciadores, fundadores, consejeros, directores o
síndicos, ni preferencia sobre parte alguna del fondo social.
Socios honorarios y benefactores.
Los estatutos pueden prever categorías de socios honorarios y benefactores sin atribuirles derechos sociales.
Fondo de garantía.
ARTICULO 19.- Tendrán un fondo de garantía que equivaldrá al capital exigido por el artículo 7º, inciso c).
Socios: responsabilidad.
Los estatutos fijarán la responsabilidad
proporcional de los socios -con excepción de los honorarios y
benefactores- para cuando se afecte el fondo de garantía, la que deberá
ser limitada.
Fecha.
ARTICULO 20.- La asamblea ordinaria se reunirá anualmente dentro de los cuatro (4) meses de cerrado el ejercicio.
Quórum.
Funcionará en primera convocatoria con el quórum de
la mayoría de socios, salvo exigencia estatutaria de uno mayor; en
segunda convocatoria funcionará con cualquier número.
Mayoría.
Las decisiones serán adoptadas por mayoría de votos presentes computados por persona, salvo exigencia estatutaria mayor.
Representación.
Los estatutos pueden autorizar la representación por
mandatario. Un mandatario no puede representar a más de dos (2) socios.
Los directores no pueden ser mandatarios.
Consejo de administración.
ARTICULO 21. -La administración será
ejercida por un consejo integrado por no menos de cinco (5) socios,
elegidos por la asamblea, por el plazo máximo de tres (3) años. Los
miembros del consejo son reelegibles.
Síndicos.
ARTICULO 22.- La fiscalización es ejercida por síndicos elegidos entre los socios por la asamblea.
Duran hasta tres (3) años en sus funciones y pueden ser reelegidos.
Sección V
Ramas de seguro, planes y elementos técnicos y contractuales
Ramas de seguro.
ARTICULO 23.- Los aseguradores no podrán operar en ninguna rama de seguro sin estar expresamente autorizados para ello.
Planes, elementos técnicos y contractuales.
Los planes de seguro, así como sus elementos
técnicos y contractuales, deben ser aprobados por la autoridad de
control antes de su aplicación.
Norma general.
ARTICULO 24.- Los planes, además de
los elementos que requiera la autoridad de control de acuerdo con las
características de cada uno de ellos, deben contener:
El texto de la propuesta de seguro y el de la póliza;
Las primas y sus fundamentos técnicos;
Las bases para el cálculo de las reservas técnicas, cuando no existan normas generales aplicables.
Reglas especiales para la rama vida.
Los planes para operar en seguros de la rama vida contendrán, además:
I) El texto de los cuestionarios a utilizarse.
II) Los principios y las bases técnicas para el
cálculo de las primas y de las reservas puras, debiendo indicarse,
cuando se trate de seguros con participación en las utilidades de la
rama o con fondos de acumulación, los derechos que se concedan a los
asegurados, los justificativos del plan y el procedimiento a utilizarse
en la formación de dicho fondo.
III) Las bases para el cálculo de los valores de
rescate, de los seguros reducidos en su monto o plazo (seguros
saldados), y de los préstamos a los asegurados.
Los elementos a que se refieren los incisos b) y c)
así como los individualizados como incisos II) y III), deberán
presentarse acompañados de opinión actuarial autorizada.
Planes prohibidos.
Están prohibidos:
Los planes denominados tontinarios, de derrama y los que incluyen sorteo.
La cobertura de riesgos provenientes de operaciones de crédito
financiero puro, con excepción de operaciones de crédito financiero
hipotecario los que podrán cubrirse, siempre y cuando ello no implique
un encarecimiento para los tomadores de dichos créditos, y en los
términos de la reglamentación que dicte a tal efecto la
Superintendencia de Seguros de la Nación. (Inciso sustituido por art. 31 de laLey N° 27.440B.O. 11/5/2018)
Pólizas.
ARTICULO 25.- El texto de las pólizas
deberá ajustarse a los artículos 11, segunda parte, y 158 de la ley
17.418, y acompañarse de opinión letrada autorizada.
La autoridad de control cuidará que las condiciones contractuales sean equitativas.
Las pólizas deberán estar redactadas en idioma nacional, salvo las de riesgo marítimo que podrán estarlo en idioma extranjero.
Primas.
ARTICULO 26.- Las primas deben
resultar suficientes para el cumplimiento de las obligaciones del
asegurador y su permanente capacitación económico-financiera.
Las comisiones pueden ser libremente establecidas
por los aseguradores dentro de los mínimos y máximos que autorice la
autoridad de control.
La autoridad de control observará las primas que resulten insuficientes, abusivas o arbitrariamente discriminatorias.
Podrán aprobarse -únicamente por resolución fundada-
primas mínimas uniformes netas de comisiones cuando se halle afectada
la estabilidad del mercado. La autoridad de control procederá a pedido
de cualquiera de las asociaciones de aseguradores después de oír a las
otras asociaciones de aseguradores.
Seguros de la rama vida con participación.
ARTICULO 27.- Las utilidades de los
seguros de la rama vida con participación, se determinarán y pagarán
anualmente, pudiendo también ser imputadas a primas futuras o
acreditadas en una cuenta que gozará de un interés no menor del que
cobre el asegurador por los préstamos sobre pólizas o aplicadas al
otorgamiento de beneficios adicionales autorizados por la autoridad de
control.
Aprobación de planes, modificaciones y primas.
ARTICULO 28.- Cuando se trate de
planes de seguro correspondientes a ramas ya autorizadas al asegurador
o de la modificación de sus elementos técnicos o contractuales, la
autoridad de control resolverá dentro de los noventa (90) días de la
presentación de la respectiva solicitud de aprobación. Cuando se
gestione, respecto de planes ya aprobados al asegurador, exclusivamente
la modificación de primas o la aplicación de primas especiales, la
autoridad de control resolverá dentro de los treinta (30) días de la
presentación de la respectiva solicitud de aprobación.
Operaciones prohibidas.
ARTICULO 29.- Los aseguradores no podrán:
Tener bienes en condominio, sin previa autorización de la autoridad de control;
Gravar sus bienes con derechos reales, salvo que
tratándose de bienes inmuebles para uso propio lo sea en garantía del
saldo de precio de adquisición y en las condiciones que establezca la
autoridad de control;
Emitir debentures ni librar para su colocación letras y pagarés;
Descontar los documentos a cobrar de asegurados o
terceros ni negociar los cheques que reciban, salvo que estos últimos
se transmitan mediante endoso a favor de persona determinada;
Hacer frente a sus obligaciones con los asegurados mediante letras o pagarés propios o de terceros;
Efectuar sus pagos sino mediante cheques a la
orden del acreedor, salvo lo que pudiese disponer la autoridad de
control respecto del manejo del denominado "fondo fijo";
Recurrir al crédito bancario por cualquier causa,
salvo cuando lo sea para edificar inmuebles para renta o venta, previa
autorización en cada caso de la autoridad de control;
Hacer disposiciones a título gratuito, excepto
cuando se trate de contribuciones para fines benéficos o culturales o
lo sean con utilidades líquidas y realizadas del ejercicio de acuerdo
con lo dispuesto en el estatuto y lo resuelto por la asamblea;
Otorgar fianzas o garantizar obligaciones de terceros, salvo lo dispuesto en el artículo 7º, inciso b);
Integrar otras sociedades, salvo el supuesto del artículo 35, inciso f).
La autoridad de control podrá considerar comprendida
en la nómina de las precedentes prohibiciones cualquier operación
asimilable a las previstas.
Sección VI
Gestión de la empresa de seguros
Capitales mínimos.
Ante situaciones de iliquidez transitoria de las
entidades aseguradoras, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
dependiente de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la
SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA podrá eximirlas de la
prohibición prevista en el inciso g) del presente artículo. (Párrafo incorporado por art. 1° delDecreto N° 558/2002B.O. 3/4/2002).
Los aseguradores podrán realizar y constituir deuda
subordinada a los privilegios generales y especiales derivados de los
contratos de seguros, y sujeta a la reglamentación que fije la
autoridad de control. (Párrafo incorporado por art. 1° delDecreto N° 558/2002B.O. 3/4/2002).
ARTICULO 30.- La autoridad de control
establecerá con criterio uniforme y general para todos los aseguradores
sin excepción, el monto y las normas sobre capitales mínimos a que
deberán ajustarse los aseguradores que se autoricen o los que ya estén
autorizados.
Sociedades extranjeras.
Las sucursales o agencias de sociedades extranjeras
deberán tener y radicar en el país fondos equivalentes a los capitales
mínimos exigidos a los aseguradores constituidos en él.
Disminución de los capitales mínimos por pérdidas.
Plan de regularización y saneamiento.
ARTICULO 31.- Cuando la entidad se
encuentre en algunos de los supuestos previstos en el Artículo 86 de la
presente ley, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION dependiente
de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE
FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA la intimará para que dé
explicaciones en un plazo de CINCO (5) días hábiles. Recibidas éstas y,
según la índole y gravedad de la causal, la autoridad de control podrá
intimar a la entidad para que corrija la situación en un plazo que no
podrá exceder de QUINCE (15) días hábiles o, para que presente un Plan
de Regularización y Saneamiento, dentro de igual plazo, que deberá ser
aprobado por la autoridad de control y cumplido en los plazos y
condiciones que aquélla establezca.
El Plan de Regularización y Saneamiento podrá contemplar distintos mecanismos:
Aportes de capital.
Fusión.
Administración con opción a compra o fusión.
Cesión de cartera, siendo inaplicable a estos
casos la Ley de Transferencia de Fondo de Comercio y la publicidad
dispuesta en el Artículo 47 de la presente ley.
Exclusión del patrimonio de determinados activos
(tangibles o no) y pasivos de la aseguradora aseguradora y la
transmisión a título oneroso de ellos a otra aseguradora y/o la
constitución de fideicomisos.
A los actos motivados por las medidas previstas en
este inciso no les será aplicable la Ley de Transferencia de Fondo de
Comercio ni la publicidad ordenada en el Artículo 47 de la presente ley.
No podrán iniciarse actos de ejecución forzada sobre
los activos excluidos por aplicación de este inciso, salvo que tuvieren
por objeto el cobro de un crédito hipotecario o prendario. Tampoco
podrán trabarse medidas cautelares sobre tales activos. En caso de que
alguna de estas medidas haya sido iniciada o trabada, el juez
interviniente, para permitir el uso de las facultades del presente
inciso, ordenará el inmediato levantamiento de los embargos y/o
inhibiciones generales trabados.
Los actos autorizados, encomendados o dispuestos por
la autoridad de control que importen transferencias de activos y
pasivos no están sujetos a autorización judicial alguna ni pueden ser
reputados ineficaces respecto de los acreedores de la entidad
aseguradora que fuere la propietaria de los activos excluidos, aún
cuando existiera un estado de insolvencia anterior a la exclusión.
Los acreedores de la entidad aseguradora no tendrán
acción o derecho alguno contra los adquirentes de dichos activos, salvo
que tuvieren privilegios especiales que recaigan sobre bienes
determinados.
La autoridad de control, a fin de viabilizar el
cumplimiento del Plan de Regularización y Saneamiento y la continuidad
operativa de la entidad, podrá admitir con carácter temporario,
excepciones a los límites y relaciones técnicas pertinentes, sin que
sea necesario imponer la medida de prohibición de celebrar nuevos
contratos de seguros.
Durante el proceso de reestructuración de una
entidad aseguradora, las normas de la presente ley y las resoluciones
de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION dependiente de la
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FINANZAS del
MINISTERIO DE ECONOMIA prevalecen sobre las normas que regulan el tipo
de sociedad de que se trate, y sobre las resoluciones o actos de los
órganos de fiscalización de la persona jurídica.
(Artículo sustituido por art. 2° delDecreto N° 558/2002B.O. 3/4/2002).
ARTICULO 32.- Los aseguradores
establecerán libremente sus tablas de retención, sin perjuicio de las
observaciones que pudiera efectuar la autoridad de control y del
régimen legal de reaseguro en vigencia.
Reservas técnicas.
ARTICULO 33.- La autoridad de control determinará con
carácter general y uniforme las reservas técnicas y de siniestros
pendientes que corresponda constituir a los aseguradores, en la medida
que sea necesaria para atender al cumplimiento de sus obligaciones con
los asegurados.
Los aseguradores que tengan obligaciones nacidas de los contratos de
seguros y reaseguros a pagarse en moneda extranjera, deben constituir
las reservas técnicas correspondientes en las mismas monedas o en otras
permitidas que establezca la autoridad de control.
Fondos de amortización, de previsión y reservas.
Podrán, asimismo, afectar activos al respaldo de los
compromisos técnicos derivados de determinados tipos o modalidades
contractuales, previa autorización de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de
la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA. (Párrafo incorporado por art. 4° delDecreto N° 558/2002B.O. 3/4/2002).
ARTICULO 34.- Los aseguradores deben
constituir por la cuenta de ganancias y pérdidas o por distribución de
utilidades, según lo determine la autoridad de control, los fondos de
amortización, de previsión y las reservas que ella disponga con
carácter general, sin perjuicio de los fondos que con carácter
particular establezca la autoridad de control respecto de cada entidad
según su situación económico-financiera.
Cálculo de la cobertura: ramas eventuales.
ARTICULO 35.- Los importes de las
reservas previstas en el artículo 33 y de los depósitos de reservas en
garantía retenidos a los reaseguradores -deducidas las disponibilidades
líquidas y los depósitos de reservas en garantía retenidos por los
reaseguradores- deben invertirse íntegramente en los bienes indicados
seguidamente, prefiriéndose siempre los que supongan mayor liquidez y
suficiente rentabilidad y garantía:
Inversiones: Bienes.
Títulos u otros valores de la deuda pública
nacional o garantizados por la Nación, préstamos de las que resulte
deudora la Nación a través de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO
DE ECONOMIA o el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y títulos de
la deuda pública interna de las provincias emitidos con arreglo a sus
respectivas Constituciones y también los de las municipalidades que
cuenten, con las garantías de los respectivos municipios; (Inciso sustituido por art. 14 delDecreto N°1387/2001B.O. 2/11/2001)
Títulos públicos de países extranjeros, hasta el
importe de las reservas técnicas correspondientes a pólizas emitidas en
moneda de esos países;
Obligaciones negociables que tengan oferta pública autorizada
emitida por sociedades por acciones, sociedades de responsabilidad
limitada, cooperativas o asociaciones civiles y en debentures, en ambos
casos con garantía especial o flotante en primer grado sobre bienes
radicados en el país o con garantía de Sociedades de Garantía Recíproca
(SGR) o fondos de garantía. (Inciso sustituido por art. 49 de laLey N° 27.264B.O. 1/8/2016.)
Préstamos con garantía prendaria o hipotecaria en
primer grado sobre bienes situados en el país, con exclusión de
yacimientos, canteras y minas. El préstamo no excederá del cincuenta
por ciento (50%) del valor de realización del bien, especialmente
tasado al efecto por el asegurador;
Inmuebles situados en el país para uso propio, edificación, renta o venta;
Acciones de sociedades anónimas constituidas en
el país o extranjeras comprendidas en el artículo 124 de la ley 19.550
o de extranjeras que tengan por principal objeto la prestación de
servicios públicos dentro de la Nación, que se coticen en bolsas del
país o del extranjero;
Préstamos garantizados con títulos, debentures y
acciones de los incisos a), b), c) y f), hasta el cincuenta por ciento
(50%) del valor de mercado de esos valores;
Operaciones financieras garantizadas en su
totalidad por bancos u otras entidades financieras debidamente
autorizadas a operar en el país por el Banco Central de la República
Argentina, previa autorización en cada caso de la autoridad de control,
y siempre que lo permita el estado económico-financiero del asegurador.
La autoridad de control establecerá con carácter
general los porcentajes de inversión en tales bienes y podrá impugnar
las inversiones hechas en bienes que no reúnan las características de
liquidez, rentabilidad y garantía o cuyo precio de adquisición sea
superior a su valor de realización; en este último caso, la autoridad
de control dispondrá las medidas conducentes a que dicha inversión
registre en el balance un valor equivalente al de su realización según
el precio corriente en el mercado.
Los bienes adquiridos con gravamen serán computados
para los porcentajes de inversiones por su monto total, neto de las
amortizaciones; para el balance de cobertura se considerarán con
deducción del gravamen.
Cálculo de la cobertura: rama vida.
En la rama vida, los aseguradores podrán deducir
también de las reservas a invertir los préstamos a los asegurados, las
primas vencidas a cobrar y las fracciones de primas a vencer.
Otras inversiones autorizadas.
El capital, la reserva legal y los fondos de
previsión y las reservas del artículo 34, con deducción de cuanto se
destine a bienes de uso para la instalación, explotación y desarrollo
del negocio de seguros y créditos por primas, deberán ser invertidos en
los mismos bienes, sin sujeción a porcentajes, o en otros bienes, con
autorización previa de la autoridad de control.
Los instrumentos representativos de las inversiones
deben mantenerse en el país, salvo las excepciones que la autoridad de
control autorice expresamente en cada caso.
Reaseguros pasivos.
ARTICULO 36.- Cuando el asegurador
reasegure en el exterior de conformidad con el régimen legal de
reaseguro en vigencia, debe retener, efectiva y realmente, la reserva
técnica correspondiente a la parte cedida de la prima original.
Reaseguros activos.
En la aceptación de reaseguros del exterior, las pertinentes reservas técnicas pueden ser retenidas en el extranjero.
Reaseguro facultativo.
Estas disposiciones no se aplican en el reaseguro facultativo.
Cláusula resolutoria.
En los contratos celebrados con reaseguradores del
exterior deberá pactarse una cláusula resolutoria para los casos de
incumplimiento, dificultades económico-financieras que sobrevengan al
reasegurador y otros supuestos que puedan poner en peligro los
intereses del asegurador radicado en el país, tales como guerra,
invasión, guerra civil, rebelión, sedición, medidas gubernativas u
otros acontecimientos similares. En estos casos el reasegurador se
obligará a devolver las primas no ganadas hasta el momento de la
resolución; el asegurador, por su parte, tendrá el derecho de conservar
en su poder las reservas retenidas hasta el total cumplimiento de las
obligaciones del reasegurador, pudiendo aplicarlas a ese objeto si las
remesas no se efectuaren en un plazo prudencial.
Sección VII
Administración y balances.
Administración.
ARTICULO 37.- Los aseguradores deben
asentar sus operaciones en los libros y registros que establezca la
autoridad de control, los que serán llevados en idioma nacional y con
las formalidades que aquélla disponga. La documentación pertinente se
archivará en forma metódica para facilitar las tareas de fiscalización.
Deben conservar la documentación referente a los contratos de seguro por un plazo mínimo de diez (10) años de vencidos.
Balance anual.
ARTICULO 38.- Los aseguradores deben
presentar a la autoridad de control, con una anticipación no menor de
treinta (30) días a la celebración de la asamblea, en los formularios
establecidos por aquélla, la memoria, balance general, cuenta de
ganancias y pérdidas e informe de los síndicos o del consejo de
vigilancia en su caso, acompañados de dictamen de un profesional
autorizado sin relación de dependencia.
Cierre del ejercicio económico.
El ejercicio económico se cerrará el 30 de junio de
cada año. La asamblea ordinaria respectiva se celebrará dentro de los
cuatro (4) meses siguientes; este plazo regirá también para las
sociedades cooperativas y de seguros mutuos.
Sociedades Extranjeras.
La fecha de cierre de ejercicio de las sucursales y
agencias extranjeras es la de su casa matriz, salvo que optaren por la
del 30 de junio de cada año. Dentro de los seis (6) meses de aquella
fecha presentarán los elementos citados que sean pertinentes,
referentes a las operaciones realizadas en el país. La memoria se
reemplazará por el informe del representante.
Rama vida.
Los aseguradores que operen en la rama vida
acompañarán un dictamen actuarial subscripto por profesional autorizado
sin relación de dependencia.
Normas de contabilidad y plan de cuentas.
ARTICULO 39.- La autoridad de control
dictará normas de contabilidad y establecerá un plan de cuentas, ambos
con carácter uniforme. Los aseguradores que deseen apartarse de esas
normas o de ese plan deberán obtener la previa aprobación por parte de
la autoridad de control, de las modificaciones propuestas.
Balances trimestrales.
ARTICULO 40.- Los aseguradores no
están obligados a presentar balances trimestrales, pero la autoridad de
control podrá exigirlos a determinado asegurador cuando lo considere
conveniente.
Publicación del balance anual.
Sólo es obligatoria la publicación del balance anual
para todos los aseguradores sin excepción, la que podrá ser sintetizada
según formularios oficiales. La autoridad de control dictará las normas
a las cuales los aseguradores deberán ajustarse para la publicación de
sus balances.
Valuación del activo.
ARTICULO 41.- La autoridad de control establecerá normas uniformes para la valuación del activo.
Comisiones a amortizar: rama vida.
ARTICULO 42.- Las sociedades de
seguros en la rama vida podrán incluir en el activo de sus balances el
rubro "comisiones a amortizar", constituido por las comisiones de
adquisición que hayan sido pagadas por los negocios nuevos realizados,
las que, a los efectos del rubro "comisiones a amortizar", no podrán
exceder del límite máximo que fije la autoridad de control, dentro del
ochenta por ciento (80 %) del importe de una prima de tarifa anual para
períodos de primas de veinte (20) años o más, o vida entera, con
disminución del dos y medio por ciento (2 ½ %) de la prima anual por
cada año menos de duración. Las comisiones a amortizar se establecerán
separadamente para cada año de pago.
Serán descargados de esa cuenta y cancelados como
pérdida los saldos de las comisiones correspondientes a seguros
terminados, caducados o rescindidos que aún falte amortizar.
Las comisiones de seguros de vida al efecto del
rubro "comisiones a amortizar", serán amortizadas en cinco (5) años
como máximo y en una proporción no menor del veinte por ciento (20 %)
anual en los balances generales, a contar desde el primer ejercicio en
que se inserten en el activo.
Reserva legal.
ARTICULO 43.- Sin perjuicio de lo que
disponga la autoridad de control conforme a lo establecido en el
artículo 34, los aseguradores destinarán en concepto de reserva legal
no menos del cinco por ciento (5%) de las ganancias realizadas y
líquidas que arroje el estado de resultados del ejercicio, hasta
alcanzar el veinte por ciento (20%) de su capital social.
Cooperativas.
Las sociedades cooperativas destinarán a la citada reserva el referido porcentaje, pero sin esa limitación.
Reintegración.
Siempre que la reserva legal se reduzca por cualquier causa, deberá reintegrarse totalmente con las primeras utilidades.
Objeciones al balance.
ARTICULO 44.- La autoridad de control
podrá objetar el balance. Cuando las observaciones tengan por resultado
suprimir o disminuir las utilidades o excedentes del ejercicio, podrá
disponer que se suspenda o limite correlativamente su distribución.
Informe sobre el estado del asegurador.
ARTICULO 45.- Los aseguradores pondrán
a disposición de los asegurados, y de cualquier interesado que lo
solicite, la memoria, balance general, cuenta de ganancias y pérdidas e
informe de los síndicos o del consejo de vigilancia, en su caso.
Sección VIII
Fusión y cesión de la cartera
Requisitos.
ARTICULO 46.- La fusión de aseguradores o la cesión total o parcial de cartera requiere la autorización de la autoridad de control.
La cesión total o parcial de cartera puede hacerse
únicamente a aseguradores establecidos en el país de conformidad con
esta ley.
Publicidad.
ARTICULO 47.- Los aseguradores que
acuerden la cesión total o parcial de cartera presentarán el contrato
proyectado a la autoridad de control y publicarán edictos por el
término de tres (3) días anunciando la cesión en los boletines
oficiales de la sede central y de las sucursales, para que los
asegurados formulen objeción fundada ante esa autoridad en el plazo de
quince (15) días desde la última publicación.
Resolución.
Vencido el plazo, la autoridad de control resolverá
dentro de los treinta (30) días. La aprobación puede ser negada si de
los antecedentes y hechos comprobados resulta que los intereses de los
asegurados no están suficientemente amparados.
Recurso.
La denegación es recurrible de acuerdo con el artículo 83.
Aprobación: efectos.
Aprobado el contrato, éste obligará a las sociedades
cedente y cesionaria, a los asegurados y a sus derechohabientes.
Respecto de los demás acreedores rigen las disposiciones sobre
transferencia de establecimientos comerciales, cuando fuere procedente.
Forma.
El acto de cesión puede ser otorgado por instrumento público o privado.
Sección IX
Revocación de la autorización
Casos en que procede.
ARTICULO 48.- La autorización concedida de acuerdo con el artículo 7, debe ser revocada por la autoridad de control cuando:
El asegurador no inicie efectivamente sus operaciones en el término de seis (6) meses;
No se cumpla con lo dispuesto en el artículo 31, en los casos de pérdida del capital mínimo;
El asegurador no funcione de acuerdo con los
estatutos, con las condiciones de la autorización o con el artículo 4,
o no proceda a la exclusión de los impugnados según el artículo 9
después de aplicadas las multas previstas en esa disposición;
Proceda la disolución por cualquier causa, conforme al Código de Comercio;
La casa matriz de una sociedad extranjera se
disuelva, liquide, quiebre, o se encuentre en situación equivalente, o
en caso de cierre de la sucursal o agencia autorizada;
Se produzca la liquidación según lo previsto en los artículos 50, 51 y 52;
Sea por aplicación de los dispuesto en el artículo 58.
Procedimiento.
La resolución de la autoridad de control se ajustará al procedimiento establecido en el artículo 82.
Efectos.
ARTICULO 49.- La revocación firme de
la autorización importa la disolución automática, y el asegurador debe
proceder a su inmediata liquidación.
Inscripción de la revocación.
La inscripción de la revocación será dispuesta por
el juez de registro del domicilio de la entidad con la sola
comunicación de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y no será
revisible en ningún caso por aquél.
Sección X
Liquidación
Liquidación por disolución voluntaria.
Liquidador.
ARTICULO 50.- Cuando el asegurador
resuelva voluntariamente su disolución, la liquidación se hará por sus
órganos estatutarios, sin perjuicio de la fiscalización de la autoridad
de control.
Liquidador judicial.
Si el asegurador no procediera a su inmediata
liquidación o si la protección de los intereses de los asegurados lo
requiere, la autoridad de control podrá solicitar del juez ordinario
competente su designación como liquidadora. La decisión será dictada
con citación del asegurador, en juicio verbal convocado a ese fin, y
sólo será apelable en efecto devolutivo.
Liquidación por disolución forzosa.
Liquidador.
ARTICULO 51.- Cuando la liquidación
sea consecuencia de la revocación dispuesta por la autoridad de
control, esta la asumirá por medio de quien designe con intervención
del juez ordinario competente.
Procedimiento sustitutivo de la quiebra.
Los aseguradores no pueden recurrir al concurso preventivo ni son susceptibles de ser declarados en quiebra.
Si no se hubiese iniciado la liquidación forzosa del
párrafo primero y estuviesen reunidos los requisitos para la
declaración de quiebra, el juez ordinario competente dispondrá la
disolución de la sociedad y su liquidación por la autoridad de control.
Aplicación supletoria de los concursos comerciales.
ARTICULO 52.- En los casos de los
artículos 50 y 51, la autoridad de control ajustará la liquidación a
las disposiciones de los concursos comerciales para las quiebras, y
tendrá todas las atribuciones del síndico en aquéllas.
Podrá rescindir los contratos de seguro con un
preaviso de quince (15) días, notificando a los asegurados por carta
certificada con aviso de retorno u otro medio suficientemente idóneo.
El asegurador responde por los siniestros ocurridos ínterin, salvo que
el asegurado celebre en reemplazo otro contrato de seguro. En los
seguros de la rama vida dispondrá previamente la cesión de la cartera
por licitación de acuerdo con las bases que fije. Si la cesión no fuera
posible se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior.
Sanciones.
ARTICULO 53.- La autoridad de control
elevará al juez que conoció en la causa todos los antecedentes del
asegurador para hacer efectivas respecto de sus administradores,
directores, consejeros, síndicos, integrantes del consejo de vigilancia
y gerentes, las medidas previstas en la ley de concursos para el
fallido en el supuesto de culpa o fraude y, en su caso, les serán
aplicadas las penas previstas en el Código Penal para el quebrado
fraudulento o culpable.
Privilegios.
ARTICULO 54.- Gozan del privilegio general establecido en el artículo 270 de la ley de concursos:
Los asegurados o sus beneficiarios en la rama
vida, por el capital o renta debidos o por las reservas matemáticas, en
el mismo grado de los créditos mencionados en el inciso 1) del citado
artículo y con igual extensión a la que el artículo 271 de dicha ley
otorga al capital emergente de sueldos, salarios y remuneraciones;
Los créditos por los siniestros producidos en los otros seguros.
Los gastos de liquidación, incluidos los devengados
por la autoridad de control, gozan del privilegio establecido en el
artículo 264 de la mencionada ley.
Sección XI
Intervención de auxiliares.
Obligaciones.
ARTICULO 55.- Los productores,
agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros están
obligados a desempeñarse conforme a las disposiciones legales y a los
principios técnicos aplicables a la operación en la cual intervienen y
a actuar con diligencia y buena fe.
Sección XII
Publicidad.
Limitación del uso del término seguro y expresiones similares.
ARTICULO 56.- Las palabras seguro,
asegurador o expresiones típicas o características de las operaciones
de seguro, no pueden ser usadas en los nombres comerciales o enseñas
por quienes no estén autorizados como aseguradores de acuerdo con esta
ley.
Sanción.
A quienes infrinjan lo dispuesto en este artículo, se les aplicará el régimen previsto en el artículo 61.
Prohibición de publicidad equívoca.
ARTICULO 57.- Queda prohibida la
publicidad que contenga informaciones falsas, capciosas o ambiguas o
que puedan suscitar equivocación sobre la naturaleza de las
operaciones, la conducta o situación económico-financiera de un
asegurador o respecto de los contratos que celebre así como el empleo
de medios incorrectos o susceptibles de inducir a engaño para la
obtención de negocios.
Las sucursales y agencias de sociedades extranjeras
deben indicar esta calidad, con expresión del domicilio de la casa
matriz, y separarán los datos que les correspondan por sus actividades
en el país, de los concernientes a la casa matriz u otras sucursales.
Sección XIII
Penas
Aseguradores.
ARTICULO 58.- Cuando un asegurador
infrinja las disposiciones de esta ley o las reglamentaciones previstas
en ella o no cumpla con las medidas dispuestas en su consecuencia por
la autoridad del control, y de ello resulte el ejercicio anormal de la
actividad aseguradora o una disminución de la capacidad
económico-financiera del asegurador o un obstáculo real a la
fiscalización, será pasible de las siguientes sanciones, que se
graduarán razonablemente según la conducta del asegurador, la gravedad
y la reincidencia:
Llamado de atención;
Apercibimiento;
Multa desde el 0,01 por ciento hasta el 0,1 por
ciento del total de primas y recargos devengados -neto de anulaciones-
en el ejercicio económico anterior, que no podrá ser inferior al 0,5
por ciento del capital mínimo requerido;(Inciso sustituido por art. 155 de laLey 24.241B.O. 18/10/1993)
Suspensión hasta de tres (3) meses para operar en
una o más ramas autorizadas o revocación de la autorización para operar
como asegurador, en los casos de ejercicio anormal de la actividad
aseguradora o disminución de su capacidad económico-financiera.
El asegurador no podrá alegar la culpa o dolo de sus funcionarios o empleados para excusar su responsabilidad.
Auxiliares.
ARTICULO 59.- Los productores,
agentes, intermediarios, peritos y liquidadores, no dependientes del
asegurador, que violen las normas a que se refiere el artículo 55, o
que no suministren los informes que les requiera la autoridad de
control en el ejercicio de sus funciones, serán pasibles de las
siguientes sanciones:
Llamado de atención;
Apercibimiento;
Multa hasta de cinco mil pesos ($ 5.000.-);
Inhabilitación hasta de cinco (5) años.
La pena se graduará de acuerdo con las funciones del
infractor, la gravedad de la falta y la reincidencia. Los responsables
serán solidariamente obligados al pago de la multa. Los aseguradores no
podrán pagar las multas impuestas, ni abonar retribución alguna cuando
se disponga la inhabilitación.
La multa no pagada se transformará en arresto a razón de un día de arresto por cada cuarenta pesos
($ 40.-), no pudiendo exceder de sesenta (60) días.
Retención indebida de primas.
ARTICULO 60.- Los productores, agentes
y demás intermediarios que no entreguen a su debido tiempo al
asegurador las primas percibidas, serán sancionados con prisión de uno
(1) a seis (6) años e inhabilitación por doble tiempo del de la
condena.
Celebración de contratos al margen de esta ley.
ARTICULO 61.- Quienes directa o
indirectamente anuncien en cualquier forma u ofrezcan celebrar
operaciones de seguros sin hallarse autorizados para actuar como
aseguradores de acuerdo con esta ley, incurrirán en multa hasta de
cincuenta mil pesos ($ 50.000.-).
Cuando celebren contratos de seguro sin la debida
autorización, estos serán nulos, y la multa se elevará al doble, sin
perjuicio de la responsabilidad en que incurran respecto de la otra
parte en razón de la nulidad.
Si la infractora fuera una sociedad anónima,
cooperativa o mutual, sus directores, administradores, síndicos o
integrantes del consejo de vigilancia en su caso y gerentes, serán
solidariamente responsables por las multas y consecuencias de la
nulidad de los contratos celebrados. Si se tratare de sociedad de otro
tipo, la responsabilidad solidaria se extenderá además a todos los
socios.
Si la infracción fuera cometida por una sucursal o
agencia de sociedad extranjera, la responsabilidad corresponderá al
factor, gerente o representante.
La multa no pagada se convertirá en arresto a razón
de un día por cada CUARENTA PESOS ($ 40.-), no pudiendo exceder de seis
(6) meses.
La pena de inhabilitación del artículo 59, se aplicará en todos los casos como accesoria.
Las disposiciones de este artículo son aplicables a
los casos previstos en el artículo 3º después que la autoridad de
control haya declarado las respectivas operaciones incluidas en el
régimen de esta ley.
Plazo y procedimiento.
ARTICULO 62.- Las multas serán
abonadas en el término de diez (10) días de hallarse firme la
resolución definitiva de la autoridad de control, y el pago será
perseguido judicialmente por la misma.
Delitos.
ARTICULO 63.- Las sanciones aplicables
en virtud de esta ley no excluyen las que puedan corresponder por
delitos previstos en el Código Penal u otras leyes.
Denuncia.
Cuando la autoridad de control compruebe la
existencia o comisión de hechos que puedan constituir delito, lo pondrá
en conocimiento del juez en lo penal competente, con remisión de
testimonio de los antecedentes que corresponda.
Pena de arresto
Para el cumplimiento de la pena de arresto prevista
en los artículos 59 y 61 se dará intervención al juez nacional de
primera instancia en lo criminal y correccional federal de la Capital
Federal, y en el interior al juez federal que corresponda.
CAPITULO II
De la autoridad de control
Sección I
De la Superintendencia de Seguros de la Nación
Autoridad de control.
ARTICULO 64.- El control de todos los
entes aseguradores se ejerce por la Superintendencia de Seguros de la
Nación con las funciones establecidas por esta ley.
Superintendencia de Seguros.
ARTICULO 65.- La Superintendencia de
Seguros es una entidad autárquica con autonomía funcional y financiera,
en jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Está a cargo de
un funcionario con el título de Superintendente de Seguros designado
por el Poder Ejecutivo Nacional.
Funcionarios.
ARTICULO 66.- La Superintendencia
estará dotada con el personal necesario para el cumplimiento de sus
funciones, integrado preferentemente en las funciones técnicas por
graduados universitarios en ciencias económicas o derecho.
Incompatibilidades.
Ningún funcionario o empleado de la Superintendencia
puede tener intereses en entidades aseguradoras, ni ocupar cargo en
ellas, salvo las excepciones establecidas por la ley o cuando deriven
de la calidad de asegurado. Les está prohibido igualmente tener interés
directo o indirecto en las actividades o remuneraciones de productores,
agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros.
Deberes y atribuciones.
ARTICULO 67.- Son deberes y atribuciones de la Superintendencia:
Ejercer las funciones que esta ley asigna a la autoridad de control;
Dictar las resoluciones de carácter general en
los casos previstos por esta ley y las que sean necesarias para su
aplicación;
Objetar la constitución, los estatutos y sus
reformas, los reglamentos internos, los aumentos de capital, la
constitución y funcionamiento de las asambleas y la incorporación de
planes o ramas de seguro, de todas las entidades aseguradoras sin
excepción constituidas en jurisdicción nacional o fuera de ella, que no
estén de acuerdo con las leyes generales, las disposiciones específicas
de esta ley y las que con carácter general dicte en las citadas
materias la autoridad de control, cuidando que los estatutos de las
sociedades de seguro solidario no contengan normas que desvirtúen su
naturaleza societaria o importen menoscabo del ejercicio de los
derechos societarios de los socios;
Impugnar, en su caso, las contribuciones que se
hagan por aplicación del inciso h) del artículo 29 que no sean
proporcionadas a la capacidad económico-financiera de la entidad o al
giro de sus negocios;
Adoptar las resoluciones necesarias para hacer
efectiva la fiscalización respecto de cada asegurador, tomar las
medidas y aplicar las sanciones previstas en esta ley;
Fiscalizar la conducta de los productores,
agentes, intermediarios, peritos y liquidadores no dependientes del
asegurador, en la forma y por los medios que estime procedentes,
conocer en las denuncias pertinentes y sancionar las infracciones;
Asesorar al Poder Ejecutivo en las materias relacionadas con el seguro;
Proyectar anualmente su presupuesto, el que elevará al Poder Ejecutivo para su aprobación;
Recaudar los fondos a que se refiere el artículo 81 y disponer de ellos;
Nombrar, contratar, promover, separar y sancionar
a su personal, y adoptar las demás medidas internas que correspondan
para su funcionamiento;
Tener a su cargo:
-Un Registro de Entidades de Seguros, en el que se
anotarán por orden numérico las autorizaciones para operar que confiera
y en el que se llevarán también las revocaciones.
-Un registro de antecedentes personales actualizado
sobre las condiciones de responsabilidad y seriedad, de los promotores,
fundadores, directores, consejeros, síndicos o integrantes del consejo
de vigilancia en su caso, liquidadores, gerentes, administradores y
representantes de las entidades aseguradoras sometidas al régimen de la
presente ley, estando facultada a tal efecto la Superintendencia para
requerir los informes que juzgue necesarios a cualquier autoridad u
organismo, nacional, provincial o municipal; -Un Registro de
profesionales desautorizados para actuar en tal carácter ante la
Superintendencia.
-Un Registro de sanciones en el que se llevarán las
que se apliquen de conformidad con el régimen previsto en los artículos
58 a 63.
La Superintendencia puede iniciar acciones
judiciales y actuar en cualquier clase de juicios como actor o
demandado, en juicio criminal como querellante, y designar apoderados a
estos efectos.
Inspección.
ARTICULO 68.- En el ejercicio de sus
funciones la Superintendencia puede examinar todos los elementos
atinentes a las operaciones de los aseguradores, y en especial requerir
la exhibición general de los libros de comercio y documentación
complementaria, así como de su correspondencia, hacer compulsas,
arqueos y verificaciones.
Disponibilidad de elementos.
Los aseguradores están obligados a mantener en el
domicilio de su sede central o sucursales a disposición de la
Superintendencia, todos los elementos relacionados con sus operaciones.
Informaciones.
ARTICULO 69.- Además de las
informaciones periódicas previstas por esta ley que los aseguradores
deben suministrar, la Superintendencia puede requerir otras que juzgue
necesarias para ejercer sus funciones.
Declaraciones juradas.
La Superintendencia puede requerirles declaraciones juradas sobre hechos o datos determinados.
Otros obligados.
ARTICULO 70.- Las obligaciones que
surgen de los artículos 68 y 69 comprenden a los administradores de
entidades aseguradoras y a los productores, agentes, intermediarios,
peritos y liquidadores, no dependientes del asegurador. También toda
persona física o jurídica está obligada a suministrar las informaciones
que le requiera la autoridad de control, que resulten necesarias para
el cumplimiento de su misión, aun cuando estén sujetas al control de
otros organismos estatales, nacionales, provinciales o municipales,
conforme a leyes específicas, y a exhibir sus libros de comercio y
documentación complementaria a inspectores a la Superintendencia,
cuando ello sea necesario para determinar su situación frente al
régimen de esta ley o bien establecer las condiciones en que operan con
una entidad aseguradora autorizada o con una persona física o jurídica
respecto de la cual dicho organismo tenga iniciada actuación a los
fines señalados en el artículo 3º de esta ley.
Informes de la inspección y del balance.
ARTICULO 71.- El funcionario al cual
se encomiende la inspección de un asegurador o el control de su
balance, presentará un informe escrito. Cuando dé lugar a observaciones
de la Superintendencia, esta entregará al asegurador copia de las
piezas de la inspección en que se funda.
Asistencia a las asambleas.
ARTICULO 72.- La Superintendencia
puede asistir a las asambleas generales de las entidades sujetas a su
fiscalización y el funcionario designado informará sobre su desarrollo.
Allanamiento, auxilio de la fuerza pública y secuestro.
ARTICULO 73.- La Superintendencia
puede requerir órdenes judiciales de allanamiento y el auxilio de la
fuerza pública para el ejercicio de sus funciones. Puede secuestrar los
documentos que juzgue conducentes para el cumplimiento de sus tareas de
fiscalización.
Secreto de las actuaciones.
ARTICULO 74.- Las actuaciones
cumplidas en el ejercicio del control previsto en esta ley son
confidenciales. No pueden ofrecerse como pruebas en juicio civil sino
por el propio asegurador o por el Estado.
También son confidenciales los datos que no estén destinados a la publicidad y las declaraciones juradas presentadas.
Los funcionarios y empleados de la Superintendencia
están obligados a conservar fuera del desempeño de sus funciones el
secreto de las actuaciones.
Memoria.
ARTICULO 75.- La Superintendencia publicará antes del 1º de mayo de cada año su memoria correspondiente al año anterior, la que contendrá:
Las estadísticas generales de las diversas ramas de seguro en forma analítica;
Un estado global de las actividades del conjunto
de las entidades aseguradoras sobre la base del resultado económico del
ejercicio y un análisis similar de las transformaciones que hayan
sufrido sus inversiones;
El detalle de los negocios y el resultado económico del ejercicio de cada entidad por separado;
La exposición de su labor realizada en las diversas fases de su actividad;
Las observaciones que merezca al Superintendente
y en la práctica, el funcionamiento y organización de la
Superintendencia y las reformas que crea conveniente proponer.
La Superintendencia deberá suministrar a precio de costo el número de ejemplares de la memoria que le fuere solicitado.
Sección II
Del Consejo Consultivo del Seguro
Composición.
ARTICULO 76.- El Superintendente de
Seguros actúa asistido por un Consejo Consultivo del Seguro integrado
por cinco (5) consejeros designados a propuesta, uno de las sociedades
anónimas con domicilio en la Capital Federal, uno de las sociedades
anónimas con domicilio en el interior del país, uno de las sociedades
cooperativas y de seguros mutuos y uno de cada una de las entidades
aseguradoras indicadas en los incisos b) y c) del artículo 2º.
Designación.
ARTICULO 77.- Cada entidad aseguradora
autorizada votará por tres (3) precandidatos titulares y tres (3)
suplentes por el consejero que corresponda designar para su sector.
Los votos serán firmados por persona autorizada ante
la autoridad de control, debiendo ser remitidos a esta por carta
certificada o entregarse bajo sobre, para que el Consejo realice el
escrutinio el 15 de diciembre del año que corresponda, y si dicho día
fuere feriado, el primer día hábil siguiente. Pueden concurrir al acto
los aseguradores que lo deseen.
Con el resultado de la elección se confeccionarán
ternas de candidatos para consejeros titulares y suplentes por cada
sector entre quienes hubiesen obtenido el mayor número de votos. El
Poder Ejecutivo Nacional nombrará los consejeros titulares y suplentes
elegidos de las ternas mencionadas.
Los consejeros suplentes actuarán en caso de
ausencia o incapacidad de los titulares, sin perjuicio de concurrir a
las reuniones del Consejo con voz pero sin voto.
Requisitos.
ARTICULO 78.- Para ser miembro del Consejo se requiere:
Tener por lo menos (5) años de antigüedad en una o varias entidades aseguradoras;
Desempeñar en forma efectiva, mientras sea
consejero, el cargo de gerente o miembro titular del directorio o
consejo de administración de una entidad aseguradora.
Los miembros del Consejo Consultivo durarán tres (3)
años en sus funciones y pueden ser reelegidos. El período terminará el
31 de enero del año que corresponda y los miembros reemplazantes se
incorporarán a partir de esa fecha. No obstante, los miembros
reemplazados continuarán en sus funciones hasta tanto se hagan cargo
los miembros reemplazantes. Los cargos de los consejeros titulares y
suplentes son honorarios
Funciones.
ARTICULO 79.- El Consejo Consultivo tendrá las funciones que se indican seguidamente:
Dar su opinión sobre los siguientes asuntos que le serán consultados por el Superintendente:
Proyectos de leyes, decretos y resoluciones
generales que deban cumplir las entidades aseguradoras o los auxiliares
del seguro;
Normas para la determinación del activo neto, sistemas de contabilidad, formularios de balance y estadísticas;
Pólizas de carácter general, tarifas generales y aranceles;
Montos de la cuota anual y de la tasa uniforme sobre las primas;
Someter a la consideración del Superintendente
iniciativas tendientes a promover el perfeccionamiento del seguro en
sus diversos aspectos;
Dar su opinión sobre cuestiones de orden general
que se susciten y respecto de las cuales sea conveniente, a juicio del
Superintendente, conocer su criterio.
Funcionamiento.
ARTICULO 80.- El Consejo Consultivo se
reunirá periódicamente el día que fije previamente con ese objeto,
debiendo hacerlo además cuando el Superintendente lo considere
necesario o lo solicite un consejero titular.
Las reuniones se celebrarán en la sede de la
Superintendencia con la presencia, por lo menos, de tres (3) consejeros
titulares presididos por el Superintendente. Las manifestaciones o
juicios emitidos durante la reunión serán asentados en un libro de
actas y se considerarán como opiniones del Consejo cuando la mayoría de
los consejeros presentes se hubiera expresado en un mismo sentido.
En los proyectos de leyes o decretos que la
autoridad de control eleve para la consideración del Poder Ejecutivo,
se hará constar, cuando corresponda, la opinión que al respecto hubiere
dado el Consejo Consultivo.
Los miembros del Consejo mantendrán las relaciones
oficiales correspondientes a sus funciones exclusivamente con el
Superintendente de Seguros.
Sección III
Fondos
ARTICULO 81.- La Superintendencia subvendrá a los gastos de su funcionamiento y del Consejo Consultivo, con los siguientes fondos:
Contribución Anual
Contribución anual de los aseguradores, a cargo
exclusivo de éstos, a razón del tres por diez mil de las primas de
seguros directos, deducidas las anulaciones. Esta contribución no podrá
exceder de dos mil pesos ( $ 2000) por asegurador;
Tasa
Una tasa uniforme que será fijada por el Poder
Ejecutivo y que no excederá del seis por mil del importe de las primas
que paguen los asegurados. Será recaudada por los aseguradores como
agentes de retención, liquidándose trimestralmente sobre los seguros
directos, deducidas las anulaciones; ( Se eleva al 6 por mil la tasa por art. 1 del Decreto N° 504/87 B.O. 31/7/1987).
Multas
Las multas aplicadas conforme a esta ley;
Recargo
El recargo por falta de pago oportuno de los
ingresos indicados precedentemente en los incisos a), b), y c). Se
devengará automáticamente y se calculará a razón del dos por ciento
(2%) mensual;
Bienes o Fondos
Los bienes que adquiera a cualquier título y los que ya posea.
De lo percibido en concepto de tasa uniforme, según
lo dispuesto en el inciso b), se destinará el uno por mil (1 0/00) de
las primas a que él se refiere, para la formulación de un fondo de
estímulo para todo el personal, cualquiera sea la categoría en que
reviste, que se distribuirá anualmente.
Los recursos excedentes de un ejercicio pasarán al siguiente.
Fecha de Pago
La cuota anual deberá ser ingresada dentro de la
primera quincena de febrero del año a que corresponda, utilizándose
para ello las boletas que establezca al efecto la Superintendencia y se
abonará íntegramente cualquiera sea el mes en que se obtenga o cese la
autorización para operar en seguros.
La tasa uniforme será liquidada trimestralmente en
los formularios que la Superintendencia determine. La presentación de
la declaración jurada y el pago de la tasa resultante, se efectuarán
dentro de los quince (15) días siguientes a la terminación del
trimestre calendario a que correspondan. los ingresos se harán mediante
depósito en el Banco de la Nación Argentina -Casa Central- a la orden
de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Cobro judicial
Cuando la cuota anual o la tasa uniforme no se
ingresaran en los plazos establecidos, o la multa no se abonase en el
término del artículo 62, la Superintendencia extenderá boleta de deuda
que será título hábil ejecutivo, y perseguirá su cobro ante el Juez
Nacional de primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal de la
Capital Federal.
Prohibición.
Las entidades aseguradoras no podrán compensar entre
sí los saldos acreedores y deudores que arrojen sus declaraciones en
concepto de tasa uniforme.
Sección IV
Procedimiento y recursos
Reglas de procedimiento.
ARTICULO 82.- Las decisiones
definitivas de carácter particular de la Superintendencia, se dictarán
por resolución fundada, previa substanciación en cada caso, ajustándose
a las siguientes normas: se correrá traslado de las observaciones o
imputaciones que hubiere por diez (10) días hábiles a los afectados,
responsables o imputados, los que al evacuarlo deberán:
Oponer todas sus defensas;
Acompañar toda la prueba instrumental o indicar el expediente, oficina o registro notarial en que se encuentre;
Indicar la prueba testimonial que se producirá,
individualizando los testigos, con enunciación sucinta de los hechos
sobre los que depondrán;
Proponer la prueba pericial y los puntos de pericia indicando la especialización que ha de tener el perito;
Indicar los demás medios de prueba que se emplearán y su objeto.
El Superintendente de Seguros, o el funcionario en
el que delegue la instrucción de las actuaciones, podrá desechar por
resolución fundada, cualquier prueba indicada u ofrecida, procediéndose
conforme al último párrafo de este artículo.
Evacuado el traslado y aceptadas las pruebas
ofrecidas, estas serán recibidas en un plazo que no exceda de veinte
(20) días hábiles. Las audiencias serán públicas, excepto cuando se
solicite que sean reservadas y no exista interés público en contrario.
En la primera audiencia, siempre que se reputara procedente la prueba
pericial ofrecida, se determinarán los puntos de pericia y se procederá
al sorteo de un perito único que se desinsaculará de las listas que
anualmente confeccionará el Tribunal de Alzada integradas por
actuarios, contadores públicos y profesionales universitarios
especializados en la materia. En el supuesto de no haberse
confeccionado esas listas de peritos, se solicitará del Tribunal de
Alzada que lo designe, a cuyo efecto oficiará la Superintendencia
expresando la materia de la pericia y los puntos propuestos. Presentada
la pericia, la Superintendencia, a pedido de parte o para mejor
proveer, podrá citar al perito para dar explicaciones, que serán
consideradas en una audiencia designada al efecto, o bien dadas por
escrito, conforme lo disponga la autoridad de control atento a las
circunstancias del caso.
Si se ha ofrecido prueba de informes, la
Superintendencia tendrá las mismas facultades acordadas a los jueces
por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En el mismo plazo probatorio el funcionario a cargo
de las actuaciones podrá disponer cualquier medida de prueba, citar y
hacer comparecer testigos, obtener informes y testimonio de
instrumentos públicos y privados y producir pericias de cualquier
naturaleza.
Terminada la recepción de la prueba, las partes
afectadas, responsables o imputados, podrán presentar memorial sobre
ésta, dentro de los cinco (5) días hábiles.
El Superintendente de Seguros dictará resolución definitiva fundada, dentro de los quince (15) días hábiles.
Las decisiones que se dicten durante la
substanciación de la causa son irrecurribles, sin perjuicio de que el
Tribunal de Alzada conozca de las cuestiones que se reproduzcan ante el
mismo en el escrito en el que se funde la apelación.
La recurrente podrá volver a proponer en la Alzada
la prueba denegada por la autoridad de control. Si se hiciere lugar, en
la misma resolución se dispondrá la recepción de esa prueba por la
Superintendencia de Seguros. Remitidas las actuaciones dentro de
tercero día, la Superintendencia recibirá la prueba y devolverá el
expediente a la alzada, dentro de tercero día de producida.
Recurso de apelación.
ARTICULO 83.- Las resoluciones
definitivas de carácter particular de la Superintendencia son
recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de
la Capital Federal. Las personas físicas, sociedades y asociaciones
domiciliadas en el interior, que no sean aseguradores autorizados ni
estén gestionando ante la Superintendencia la autorización para operar,
podrán optar por recurrir ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Federal y Contencioso Administrativo de la Capital Federal, opción que
deberán manifestar al interponer el recurso.
El recurso se interpondrá ante la Superintendencia
de Seguros en el plazo de cinco (5) días hábiles desde la notificación,
con memorial en el cual se expondrán los fundamentos y, en su caso, se
reproducirán los agravios motivados por decisiones adoptadas durante el
procedimiento administrativo, como también por las que desecharon
pruebas que las partes reputen pertinentes. Si el recurso no se
fundase, conforme se prevé en este artículo, se declarará desierto. La
Superintendencia concederá o denegará el recurso dentro de los cinco
(5) días hábiles y, en su caso, elevará el expediente dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes.
El recurso se concederá en relación y en ambos
efectos, excepto en el caso de los artículos 31 y 44, en los que
procede al solo efecto devolutivo.
La Cámara dictará sentencia en el plazo de quince (15) días hábiles.
Queja.
Si el recurso de apelación fuese denegado por la
Superintendencia o no se lo proveyese dentro del plazo, el agraviado
podrá recurrir directamente en queja ante la Cámara, pidiendo que se le
otorgue el recurso denegado. El plazo para interponer la queja será de
cinco (5) días y la Cámara requerirá el expediente dentro de los tres
(3) días siguientes, decidiendo sin substanciación alguna si el recurso
ha sido bien o mal denegado, dentro de los diez (10) días hábiles. En
el último supuesto mandará tramitar el recurso.
Recursos de la ley 48.
ARTICULO 84.- Si la sentencia
definitiva de la alzada revocara o modificara la resolución dictada por
la Superintendencia de Seguros, esta podrá interponer los recursos
autorizados por la ley 48.
Recurso administrativo.
ARTICULO 85.- Las resoluciones de la
Superintendencia de carácter general son revisibles a instancia de
parte por el Superintendente, y su denegación recurrible ante el Poder
Ejecutivo. El recurso procede al solo efecto devolutivo. Podrá ser
interpuesto por un asegurador o por alguna de las asociaciones que los
agrupe en el plazo de treinta (30) días, computado desde su publicación
en el Boletín Oficial o desde que la resolución general se haga pública
por cualquier medio.
Cuando se trate de las resoluciones previstas en los
artículos 6º y 7º, inciso g), el recurso ante el Poder Ejecutivo
únicamente corresponderá al afectado, se interpondrá en el plazo de
nueve (9) días hábiles, y procederá al solo efecto devolutivo.
Medidas precautorias.
ARTICULO 86.- Cuando la resolución de
la Superintendencia imponga el pago de una multa, ésta puede solicitar
embargo preventivo en bienes del infractor.
Cuando la resolución disponga la suspensión o la
revocación de la autorización para operar en seguros, el Tribunal de
Alzada dispondrá, a pedido de la Superintenden cia de la Nación la
Administración e intervención judicial del asegurador, que no recaerá
en la autoridad de control.
La Superintendencia de Seguros de la Nación podrá
disponer sin audiencia de parte, la prohibición a la entidad
aseguradora de realizar, respecto de sus inversiones, cualquier acto de
disposición o los de administración que específicamente indique y de
celebrar nuevos contratos de seguros en los siguientes casos:
Pérdida de capital mínimo; (Inciso sustituido por art. 3° delDecreto N° 558/2002B.O. 3/4/2002).
Disminución de la capacidad económica o
financiera, o manifiesta desproporción entre ésta y los riesgos
retenidos o déficit en cobertura de los compromisos asumidos con los
asegurados;
Infracción a las normas sobre egresos e ingresos
de fondos sobre depósito en custodia de títulos públicos de renta y
títulos valores en general;
Falta de presentación por el asegurador de los
estados contables de publicidad, de situación patrimonial, o de
compromisos exigibles y siniestros liquidados a pagar en los plazos
reglamentarios;
Irregularidades en la constitución o actuación de los órganos de administración y fiscalización o de las asambleas;
Irregularidades en la administración o contabilidad que impidan conocer la situación patrimonial de la entidad;
Dificultad de liquidez que haya determinado demora o incumplimiento de sus pagos.
Para hacer efectivas estas medidas, la
Superintendencia de Seguros de la Nación ordenará su toma de razón a
las entidades públicas - Nacionales, provinciales o municipales- o
privadas que estime pertinentes.
Las medidas podrán levantarse para cumplir
obligaciones con asegurados, para reinversión del bien de que se trate
-en cuyo caso, subsistirán sobre el que entre en su reemplazo- o,
cuando se compruebe que el asegurador se halla en condiciones normales
de funcionamiento.
Los recursos administrativos o judiciales que se
interpongan contra la resolución que disponga alguna de estas medidas
serán al sólo efecto devolutivo.
(Párrafos segundo y tercero sustituidos por art. 155 de laLey N° 24.241B.O. 18/10/1993)
Publicación.
ARTICULO 87.- Las resoluciones
generales de la Superintendencia, así como las de carácter particular
que dicte en función de los artículos 3º, 6º, 7º, 31, 46, 48, 56, 58,
59 y 61, se publicarán por un (1) día en el Boletín Oficial aun cuando
no estén firmes. La que otorga la autorización para operar de
conformidad con el artículo 7º, se publicará, en su caso, una vez que
la entidad se haya inscripto en el Registro Público de Comercio de su
domicilio y se haya recibido en la autoridad de control un testimonio
de los documentos otorgados por el juez de registro con la constancia
de su toma de razón, según lo dispuesto en el artículo 8º.
(Expresión "aún cuando no estén firmes" incorporada por art. 155 de laLey N° 24.241B.O. 18/10/1993)
CAPITULO III
Disposiciones finales y transitorias
ARTICULO 88.- La nueva composición del
Consejo Consultivo que se establece por esta ley se aplicará a partir
del vencimiento de mandatos que se opere el primer 31 de enero que se
cumpla después de su entrada en vigencia.
Vigencia.
Disposiciones derogadas.
ARTICULO 89.- Esta ley entrará en
vigencia a los seis (6) meses de su promulgación, y desde tal fecha
quedará derogado el "Régimen legal de superintendencia de seguros", ley
11.672, edición 1943, artículo 150 (t.o. en 1962), así como el artículo
52 del decreto ley 14.682/46 (ley 12.921); el artículo 39 de la ley
15.021; el artículo 61 de la ley 15.796; el artículo 61 de la ley
16.432; los artículos 140 y 141 de las leyes de impuestos internos
(t.o. en 1938); el decreto del 2 de enero de 1923, sobre transferencias
de carteras de sociedades de seguros, el decreto 23.350/39, el decreto
61.138/40, el decreto 7.607/61, el decreto 1.063/63, y toda otra
disposición que se oponga a esta ley.
Dentro de los treinta (30) días de la fecha de
promulgación de la presente, la Superintendencia de Seguros elevará al
Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación el proyecto de su
estructura orgánica y agrupamiento funcional adecuados a la misión y
funciones que se le fijan por esta ley. Si ese proyecto no se aprobase
dentro de los treinta (30) días siguientes, el plazo de seis (6) meses
previsto en el párrafo anterior para la vigencia de la ley se
prorrogará automáticamente por el mayor plazo que se emplee en la
aprobación de dicho proyecto.
ARTICULO 90.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
LANUSSE
Carlos G. N. Coda
Carlos Alberto Rey
Gervasio R. Colombres.
Antecedentes Normativos
- Artículo 81, inciso b) modificado por art. 1 del Decreto N° 766/78 B.O. 11/4/1978;
- Artículo 35, inciso a) sustituido por art. 1 de la Ley N° 23.488 B.O. 25/3/1988;
- Artículo 35, inciso c) sustituido por art. 46 de la Ley N° 23.576 B.O. 27/7/1988.