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LEY N° 22.861
**Apruébanse el Convenio de Seguridad Social entre los Gobiernos de la
República Argentina e Italiana y el
Protocolo Adicional al citado Convenio,
ambos suscriptos en Buenos Aires, el 3 de noviembre de 1981.**
Buenos Aires, 26 de Julio de 1983
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:
ARTICULO 1°- Apruébanse el
"Convenio de seguridad social entre el Gobienro de la República
Argentina y el Gobierno de la República Italiana" y el "Protocolo
Adicional al Convenio de seguridad social entre el Gobienro de la
República Argentina y el Gobierno de la República Italiana", ambos
suscriptos en la ciudad de Buenos Aires el 3 de noviembre de 1981,
cuyos textos en idioma español forman parte de la presente Ley
ARTICULO 2°- La Autoridad de aplicación de la presente Ley será el Ministerio de Acción Social (Subsecretaría de Seguridad Social).
ARTICULO 3°- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
BIGNONEJuan R. Aguirre Lanari
Adolfo Navajas Artaza
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA
El Gobierno de la República Argentina.
El Gobierno de la República Italiana.
Inspirados por el propósito de afianzar los estrechos lazos históricos y de amistad que unen a ambos pueblos.
Animados por el deseo de mejorar las relaciones entre los dos Estados
en materia de Seguridad Social y de adecuarla al desarrollo jurídico
alcanzado.
Han decidido concluir un acuerdo que sustituya al Convenio sobre
Seguros Sociales celebrado entre ambos Estados en fecha 12 de abril de
1961.
Han convenido lo siguiente:
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
El término "Argentina" indica la República Argentina: el término "Italia" la República Italiana.
El término "trabajadores" designa las personas que pueden hacer valer
los períodos de seguro de acuerdo con las legislaciones a que se
refiere el artículo 2º del presente convenio.
El término "familiares" designa las personas definidas o reconocidas como tales por la legislación aplicable;
El término "supérstites" designa las personas definidas o reconocidas como tales por la legislación aplicable;
El término "residencia" designa el lugar donde habita ordinariamente una persona;
El término "habitación" designa el lugar donde habita temporariamente una persona;
El término "legislación" designa las leyes, decretos, reglamentos y
toda disposición existente o futura concerniente a los regímenes de
seguridad social indicados en el artículo 2º del presente convenio;
El término "autoridad competente" designa la autoridad con competencia
para la aplicación de las legislaciones indicadas en el artículo 2º del
presente convenio, y particularmente: En lo que concierne a la
Argentina, el Ministro de Acción Social; En lo que concierne a Italia
el Ministro de Trabajo y Previsión Social y el Ministro de Sanidad;
El término "institución competente" designa la institución en la cual
el interesado está comprendido al momento de la solicitud de
prestaciones, o la institución en la cual el interesado tiene derecho a
prestaciones o tendría derecho a ellas si él o sus familiares
residieran en el territorio del Estado Contratante en el que se
encuentra dicha institución;
El término "Estado Competente" designa el Estado Contratante en cuyo territorio se encuentra la institución competente;
El término "organismo de enlace" indica los oficinas que serán
designadas por las autoridades competentes las cuales estarán
facultadas para comunicarse directamente entre sí y para servir de
enlace con las instituciones competentes en el diligenciamiento de los
expedientes relativos a las solicitudes de prestaciones;
El término "períodos de seguro" designa los períodos de contribución o
de servicios conforme están definidos o considerados por la legislación
bajo la cual fueron cumplidos, así como los períodos asimilados, en la
medida en que están reconocidos por dicha legislación como equivalentes
a períodos de seguros;
Los términos "prestaciones económicas" o "jubilaciones", "pensiones",
"rentas", designan todas las prestaciones económicas, jubilaciones,
pensiones y rentas incluidos todos los suplementos y aumentos;
El término "prestaciones en especie" designa, toda prestación
consistente en dación de bienes o servicios susceptibles de apreciación
pecuniaria;
El término "prestaciones familiares" designa todas las prestaciones en
especie o en dinero destinadas a compensar las cargas de familia.
Artículo 2
El presente convenio se aplicará a las legislaciones concernientes:
En la República Argentina:
A los regímenes de jubilaciones y pensiones;
Al régimen de prestaciones médico-asistenciales (obras sociales);
Al régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;
Al régimen de asignaciones familiares.
En la República italiana:
Al seguro por invalidez, vejez y supérstites, para los trabajadores
en relación de dependencia y las gestiones especiales relativas a los
trabajadores autónomos.
Al seguro contra los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales;
Al seguro contra las enfermedades y por maternidad;
Al seguro contra la tuberculosis;
A las asignaciones familiares;
A los regímenes especiales de seguros para determinadas categorías
de trabajadores, en lo que concierne a los riesgos y a las prestaciones
cubiertas por las legislaciones indicadas en los incisos precedentes.
El presente convenio se aplicará también a las legislaciones que
complementen o modifiquen las legislaciones indicadas en el párrafo
anterior.
El presente convenio se aplicará, además, a las legislaciones de un
Estado Contratante que extiendan los regímenes existentes a nuevas
categorías de trabajadores o que instituyan nuevos regímenes de
seguridad social salvo que:
El gobierno del Estado Contratante que sancione la extensión o
creación notifique al gobierno del otro Estado contratante su voluntad
de excluirla de los términos del presente convenio dentro de los tres
(3) meses a contar desde la publicación oficial de tales disposiciones.
El gobierno del otro Estado Contratante notifique su oposición al
gobierno del primer Estado contratante, dentro de los tres (3) meses a
contar desde la fecha de la comunicación oficial de la extensión o
creación sancionada.
En caso de no oposición, y de ser necesario, la aplicación de tales
extensiones o creaciones está condicionada a los acuerdos
administrativos complementarios que se suscriban.
Artículo 3
El presente convenio se aplica a los trabajadores que están o hayan
estado sujetos a la legislación de uno o ambos Estados Contratantes
independientemente de su nacionalidad, como también a sus familiares y
supérstites.
Artículo 4
Los trabajadores argentinos en Italia y los trabajadores italianos en
la Argentina, como también sus familiares, tienen los mismos derechos y
obligaciones que los ciudadanos del otro Estado Contratante.
Artículo 5
Salvo lo dispuesto en este Convenio, los trabajadores que tengan
derecho a prestaciones de seguridad social por parte de uno de los dos
Estados contratantes, las recibirán íntegramente y sin ninguna
limitación o restricción, cualquiera sea el lugar de su residencia.
Artículo 6
A los fines de la admisión en el seguro voluntario previsto por la
legislación vigente en uno de los Estados contratantes los períodos de
seguro cumplidos en virtud de la legislación en ese Estado se acumulan,
si fuera necesario, con los períodos de seguro cumplidos en virtud de
la legislación del otro Estado Contratante.
La disposición del párrafo precedente no autoriza la coexistencia de
la inscripción en el seguro obligatorio en virtud de la legislación de
uno de los Estados Contratantes y en el seguro voluntario en virtud de
la legislación del otro Estado Contratante, si tal coexistencia está
admitida por la legislación de este último Estado.
Artículo 7
Si la legislación de uno de los Estados Contratantes subordina la
adquisición, conservación o recuperación del derecho a las
prestaciones, sean éstas en dinero o en especie, al cumplimiento de
períodos de seguro, de servicios o de residencia, la institución
competente tendrá en cuenta a tal efecto, en la medida necesaria, los
períodos de seguro, de servicios o de residencia cumplidos bajo la
legislación del otro Estado Contratante, como si fueren períodos
cumplidos bajo la legislación del primer Estado.
TITULO II
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LEGISLACION APLICABLE
Artículo 8
El trabajador a quien se aplique el presente convenio está sujeto a
la legislación de uno solo de los Estados Contratantes, determinada de
conformidad con las disposiciones de este título.
Salvo disposición en contrario del presente convenio:
El trabajador que presta servicios en el territorio de uno de los
Estados Contratantes está sujeto a la legislación de dicho Estado
aunque resida en el territorio del otro Estado Contratante; o la
empresa o el dador de trabajo del cual depende tenga su sede o su
domicilio en el territorio del otro Estado Contratante.
Los miembros de la tripulación de una nave que enarbola la bandera
de uno de los Estados Contratantes están sujetos a la legislación de
dicho Estado. Toda otra persona que la nave ocupe en operaciones de
carga, descarga y vigilancia, está sujeta a la legislación del Estado
en cuya jurisdicción se encuentra la nave;
El personal ambulante de las empresas de transporte aéreo está
sujeto a la legislación del Estado en el cual tiene su sede la empresa.
Artículo 9
Como excepción a lo dispuesto en el párrafo 2, inciso a) del artículo anterior:
Los miembros de las representaciones diplomáticas y consulares,
organismos internacionales y demás funcionarios, empleados y
trabajadores al servicio de esas representaciones o al servicio
personal de dichos miembros, se rigen por las convenciones y tratados
internacionales que les sean aplicables;
Los empleados públicos y el personal asimilado de uno de los Estados
Contratantes, que en el ejercicio de sus funciones sean enviados al
territorio del otro Estado, quedan sujetos a la legislación del Estado
Contratante al cual pertenece la administración de la que aquéllos
dependan;
El trabajador dependiente de una empresa o de un dador de trabajo
que tenga su sede o domicilio en uno de los dos Estados Contratantes,
que sea enviado al territorio del otro Estado por un período limitado,
continúa sujeto a la legislación del primer Estado, siempre que su
permanencia en el otro Estado no supere el período de veinticuatro (24)
meses.
En caso que por motivos imprevisibles dicho empleo debiera prolongarse
más allá de la duración originariamente prevista y excediese de los
veinticuatro (24) meses la aplicación de la legislación vigente en el
Estado del lugar habitual de trabajo podrá excepcionalmente mantenerse
con la conformidad de la autoridad competente del Estado donde se lleva
a cabo dicho trabajo temporáneo.
Las mismas normas se aplican también a las personas que habitualmente
ejerzan una actividad autónoma en el territorio de uno de los dos
Estados Contratantes y que se trasladen para ejercer tal actividad en
territorio del otro Estado durante un período limitado.
Artículo 10
Las autoridades competentes de los dos Estados Contratantes podrán
prever de común acuerdo, excepciones a las disposiciones de los
artículos 8 y 9 del presente convenio para algunos trabajadores o
alguna categoría de trabajadores.
TITULO III
DISPOSICIONES PARTICULARES PARA LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE PRESTACIONES
CAPITULO I
Enfermedad, maternidad y prestaciones familiares
Artículo 11
El titular de una jubilación, pensión o renta debida en virtud de la
legislación de ambos Estados Contratantes, como también sus familiares,
tienen derecho a recibir las prestaciones en especie por parte de la
institución del Estado donde residan o habiten, y a cargo de ésta.
El titular de una jubilación, pensión o renta debida en virtud de la
legislación de uno solo de los Estados Contratantes, como también sus
familiares, que residan o habiten en el territorio del otro Estado,
tienen derecho a recibir las prestaciones en especie de la institución
de este último Estado de acuerdo con la legislación que ella aplique.
Las prestaciones otorgadas serán reembolsadas por la institución del
estado deudor de la jubilación, pensión o renta a la Institución que
las ha otorgado.
Artículo 12
Las autoridades competentes podrán establecer mediante acuerdos
administrativos, la forma de otorgar las prestaciones por enfermedad y
maternidad a los trabajadores y sus familiares que transfieran su
residencia o habitación al territorio del Estado Contratante que no sea
el competente y que satisfagan las condiciones requeridas por la
legislación de este último Estado.
Artículo 13
Las prestaciones en especie otorgadas por la institución de uno de los
Estados Contratantes por cuenta de la Institución del otro Estado en
virtud de las disposiciones del presente Convenio, dan lugar a
reembolsos que se efectuaran según las modalidades y en la medida que
establezcan los acuerdos administrativos a que se refiere el artículo
26.
Artículo 14
Los trabajadores a quienes se aplica el presente Convenio, en caso
que residan o habiten en el otro Estado Contratante gozan de los mismos
derechos que los trabajadores de dicho Estado en lo que se refiere a
las prestaciones familiares.
Las autoridades competentes de los dos Estados Contratantes
convendrán en relación a la evolución de las legislaciones nacionales,
las medidas necesarias para posibilitar el pago de las prestaciones
familiares en el territorio de un Estado contratantes distinto de aquel
en que se encuentre la institución competente.
CAPITULO II
Invalidez, vejez y supérstites
Artículo 15
a) A los fines de la adquisición, conservación o recuperación del
derecho a las prestaciones, cuando un trabajador ha estado sujeto
sucesiva o alternativamente a la legislación de ambos Estados
Contratantes, los períodos de seguro cumplidos en virtud de la
legislación de cada uno de esos Estados se totalizarán, en tanto no se
superpongan.
Si la legislación de un Estado Contratante subordina la concesión de
algunas prestaciones a la condición de que los períodos de seguro se
hayan cumplido en una profesión sujeta a un régimen especial, para
determinar el derecho a dichas prestaciones se totalizan solamente los
períodos cumplidos en un régimen equivalente del otro Estado, o en su
defecto, en la misma profesión u ocupación, aunque en el otro Estado no
exista un régimen especial para dicha profesión u ocupación. Si el
total de dichos períodos de seguro no permitiera adquirir derecho a
prestaciones en el régimen especial, estos períodos se utilizan para
determinar el derecho a prestaciones en el régimen general;
En el caso de que un trabajador no alcance el derecho a las
prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en el precedente inciso a), se
toman en cuenta también los períodos de seguro cumplidos en otros
Estados vinculados a ambos Estados Contratantes por distintos convenios
de seguridad social que prevén la totalización de los períodos de
seguro. Si sólo uno de los Estados Contratantes estuviera vinculado a
otro Estado por un convenio de seguridad social que prevea la
totalización de los períodos de seguro, a los fines indicados en este
inciso dicho Estado Contratante toma en cuenta los períodos de seguro
cumplidos en ese tercer Estado.
Cuando un trabajador cumpla con las condiciones establecidas por la
legislación de uno de los Estados Contratantes para la obtención del
derecho a las prestaciones sin que sea necesario recurrir a la
totalización de los períodos de seguro a que hace referencia el
precedente párrafo 1, la institución competente de dicho Estado debe
conceder el importe de la prestación calculada exclusivamente sobre la
base de los períodos de seguros cumplidos bajo la legislación que ella
aplica. Tal disposición se aplica también en caso de que el asegurado
tenga derecho, por parte del otro Estado Contratante, a una prestación
calculada de acuerdo con el siguiente párrafo 3.
Cuando un trabajador no pueda hacer valer el derecho a las
prestaciones a cargo de un Estado Contratante sobre la base únicamente
de los períodos de seguro cumplidos en ese Estado, la institución
competente de dicho Estado establece la existencia del derecho a las
prestaciones totalizando los períodos de seguro cumplidos en virtud de
la legislación de cada uno de los Estados Contratantes y determina su
importe de acuerdo con las siguientes disposiciones:
Determina el importe teórico de la prestación a la que el interesado
tendría derecho si todos los períodos de seguros totalizados se
hubieran cumplido bajo su propia legislación.
Establece luego el importe efectivo de la prestación a que tiene
derecho el interesado, reduciendo el importe teórico a que hace
referencia el inciso a), en base a la relación entre los períodos de
seguro cumplidos en virtud de la legislación que ella aplica y los
períodos de seguro cumplidos en ambos Estados Contratantes;
Si la duración total de los períodos de seguro cumplidos bajo la
legislación de ambos Estados Contratantes supera la duración máxima
establecida por la legislación de uno de los Estados para poder
beneficiar de una prestación completa, la institución competente toma
en consideración esta duración en lugar de la duración total de los
períodos en cuestión.
Si la legislación de un Estado Contratante prevé que las
prestaciones se calculen en relación al importe de los salarios o de
las contribuciones, la Institución que deba determinar la prestación de
acuerdo con el presente artículo, toma en consideración exclusivamente
los salarios percibidos o las contribuciones efectuadas de conformidad
con la legislación que ella aplique.
No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, inciso a), si la duración
total de los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de un
Estado Contratante no alcanza a un (1) año y si, teniendo en cuenta
solamente estos períodos, no se adquiere ningún derecho a las
prestaciones en virtud de dicha legislación la institución de este
Estado no está obligada a abonar prestaciones por dichos períodos. La
institución competente del otro Estado Contratante tiene en cambio en
cuenta tales períodos, sea a los fines de la adquisición del derecho a
las prestaciones, como para el cálculo de ellas.
Cuando deba aplicarse el párrafo 1, inciso c) del presente artículo,
tanto para el cálculo del importe teórico a que hace referencia el
inciso a) del párrafo 3 como del importe efectivo de la prestación a
que hace referencia el inciso b) del mismo párrafo, se tienen en
cuenta, también, los períodos cumplidos en otros Estados que no sean
los Contratantes, con la salvedad de lo establecido en el siguiente
párrafo 7.
Las disposiciones del párrafo 1, inciso c) última, parte y del párrafo
6 del presente artículo se aplican exclusivamente a los ciudadanos de
los Estados Contratantes.
Artículo 16
Cuando un trabajador, teniendo en cuenta la totalización de los
períodos de seguro a que hace referencia el párrafo 1 del artículo
anterior, no pueda hacer valer al mismo tiempo las condiciones
requeridas por las legislaciones de los dos Estados Contratantes su
derecho a jubilación se determina, respecto de cada legislación a
medida que pueda hacer valer tales condiciones.
Artículo 17
La suma de las prestaciones jubilatorias o de pensión debidas por
las instituciones competentes de los Estados Contratantes de acuerdo
con el artículo 15, no puede ser inferior al mínimo vigente en el
Estado Contratante en el cual el beneficiario tenga su residencia.
Los acuerdos administrativos a que se refiere el art. 26 preverán
las modalidades de aplicación de lo dispuesto en el párrafo precedente.
Artículo 18
Si la legislación de uno de los Estados Contratantes subordina la
concesión de las prestaciones a la condición de que el trabajador esté
sujeto a dicha legislación el el momento en que se verifique el hecho
generador del beneficio, tal condición se entiende satisfecha si al
producirse ese hecho el trabajador está sujeto a la legislación del
otro Estado Contratante o puede hacer valer en este último un derecho a
prestaciones.
CAPITULO III
Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
Artículo 19
Los trabajadores a quienes se aplique el presente Convenio mientras
residan o habiten en el otro Estado Contratante gozan de los mismos
derechos que los trabajadores de dicho Estado, en lo que concierne a la
protección en caso de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.
TITULO IV
DISPOSICIONES VARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES
Artículo 20
Las autoridades e instituciones competentes y organismos de enlace de
los dos Estados Contratantes se obligan a prestarse recíproca
asistencia y colaboración para la aplicación del presente convenio,
como si aplicaran sus respectivas legislaciones; dicha asistencia es
gratuita. Pueden asimismo, cuando fuere necesario aplicar medidas
instructorias en el otro Estado, acudir a las autoridades diplomáticas
y consulares de dicho Estado.
Artículo 21
Las autoridades diplomáticas y consulares de cada uno de los Estados
Contratantes pueden dirigirse directamente a las autoridades e
instituciones competentes y organismos de enlace del otro Estado para
obtener informaciones útiles para la tutela de los derechohabientes,
ciudadanos del mismo Estado, y representar a éstos sin mandato especial.
Artículo 22
Las exenciones de impuestos, tasas y derechos previstas por la
legislación de uno de los Estados Contratantes, rigen también para la
aplicación del presente convenio.
Todos los actos, documentos y otros escritos que deban presentarse
para la aplicación del presente convenio están exentos de la obligación
de visación y legalización por parte de las autoridades diplomáticas y
consulares.
La certificación efectuada por las autoridades e instituciones
competentes y organismos de enlace de un Estado Contratante, relativa a
la autenticidad de un certificado o documento, aun de una copia, se
considera válida por las correspondientes autoridades, instituciones y
organismos de enlace del otro Estado.
Artículo 23
Las autoridades e instituciones competentes y organismos de enlace de
los dos Estados Contratantes pueden comunicarse directamente entre sí y
con cualquiera otra persona donde quiera que ésta resida, tantas veces
como sea necesario a los efectos de la aplicación del presente
convenio. Ellos pueden redactar las comunicaciones en el respectivo
idioma oficial.
Artículo 24
Las solicitudes que los interesados dirijan a las autoridades e
instituciones competentes y organismos de enlace de uno u otro Estado
Contratante para la aplicación del presente convenio, no pueden ser
rechazadas por el hecho de estar redactadas en el idioma oficial del
otro Estado.
Artículo 25
Las solicitudes y otros documentos presentados ante las autoridades
e instituciones competentes y organismos de enlace de uno de los
Estados Contratantes tienen el mismo efecto que si fueran presentados
ante las correspondientes autoridades, instituciones y organismos de
enlace del otro Estado.
La solicitud de prestación presentada ante la Institución de un
Estado Contratante vale como solicitud de prestación presentada ante la
Institución competente del otro Estado siempre que el interesado pida
expresamente obtener las prestaciones a que tiene derecho también de
acuerdo con la legislación del otro Estado.
Los recursos que deban ser interpuestos dentro de un término
prescripto ante una autoridad o institución competente de uno de los
dos Estados, se consideran deducidos en término si fueren interpuestos
dentro de aquel término ante una de las correspondientes autoridades o
instituciones del otro Estado. En tal caso la autoridad o institución
ante la cual se presentó el recurso le remite de inmediato a la
autoridad o institución competente del otro Estado, acusándole recibo
al interesado.
Artículo 26
Las autoridades competentes de los dos Estados Contratantes concertarán
mediante acuerdos administrativos las disposiciones necesarias para la
aplicación del presente convenio.
Artículo 27
Una Comisión Mixta de expertos, integrada por representantes de los dos Estados Contratantes, tendrá por funciones:
Verificar la aplicación del Convenio, de los acuerdos administrativos para su aplicación y demás instrumentos adicionales;
Acordar los procedimientos administrativos y el uso de los
formularios más adecuados para lograr una mayor eficacia,
simplificación y rapidez en la aplicación de los mencionados documentos;
Asesorar a las autoridades competentes, cuando éstas lo requieran o
por propia iniciativa, sobre la aplicación de dichos documentos;
Proponer a los respectivos Gobiernos, a través de las autoridades
competentes, las eventuales modificaciones, ampliaciones y normas
complementarias a los citados documentos, con el objeto de alcanzar su
constante actualización y perfeccionamiento.
Toda otra función, atinente a la interpretación y aplicación de
dichos documentos, que de común acuerdo resuelvan asignarle las
autoridades competentes.
Cada delegación podrá ser asesorada por representantes de los sectores interesados.
La Comisión Mixta de expertos se reunirá periódicamente en la Argentina y en Italia.
Artículo 28
Las Autoridades Competentes de los dos Estados se comunicarán
recíprocamente todas las disposiciones que modifiquen o complementen
las legislaciones indicadas en el artículo 2º, como también las
disposiciones adoptadas unilateralmente para la aplicación del presente
Convenio.
Artículo 29
La Institución competente de uno de los Estados Contratantes debe
realizar a pedido de la Institución competente del otro Estado, los
exámenes médico-legales concernientes a los beneficiarios que se
encuentren en su propio territorio.
Los gastos en concepto de exámenes médicos, incluso los
especializados necesarios para el otorgamiento de prestaciones, así
como los conexos con ellos, están a cargo de la institución que haya
realizado dichos exámenes.
Artículo 30
Cuando la Institución de uno de los Estados Contratantes haya
abonado una jubilación o pensión por un importe que exceda al que tenía
derecho el beneficiario, dicha Institución puede solicitar a la
Institución del otro Estado la retención del importe pagado en exceso
sobre los atrasos de los haberes de jubilación o pensión eventualmente
debidos por ésta al beneficiario. El importe retenido se transferirá a
la Institución acreedora. En la medida que el importe pagado en exceso
no pueda ser retenido sobre los atrasos de los haberes de jubilación o
pensión, se aplicarán las disposiciones del párrafo siguiente.
Cuando la Institución de uno de los Estados Contratantes haya
abonado una jubilación o pensión por un importe que exceda al que tenía
derecho el beneficiario, dicha Institución puede, en las condiciones y
con los límites previstos por la legislación que ella aplica, solicitar
a la Institución del otro Estado Contratante la retención del importe
pagado en exceso sobre las sumas que abonan a dicho beneficiario. Esta
última Institución efectuará la retención en las condiciones y con los
límites previstos por la legislación que ella aplica, y transferirá el
importe retenido a la Institución acreedora.
Artículo 31
La Institución de uno de los Estados Contratantes, deudora de
prestaciones que corresponda abonar en el otro Estado en virtud del
presente Convenio, se libera válidamente de tales obligaciones mediante
el pago en la moneda de su Estado.
Si en uno o en ambos Estados Contratantes existiere más de un
mercado de cambio o se dictaren medidas restrictivas en materia de
transferencia de divisas, la Autoridad competente del Estado que se
encontrare en alguna de esas situaciones se obliga a intervenir ante la
Autoridad correspondiente, a fin de que se establezca un régimen que
permita la transferencia de los haberes de las prestaciones al tipo de
cambio más favorable para los beneficiarios.
Artículo 32
A los efectos del presente Convenio se tomarán en consideración
también los períodos de seguro cumplidos antes de su entrada en vigor.
Los derechos reconocidos o denegados antes de la entrada en vigor
del presente Convenio se regirán por las disposiciones en base a las
cuales se reconocieron o fueron denegados tales derechos.
Las situaciones no resueltas definitivamente a la fecha de entrada
en vigor del presente Convenio se regirán hasta tal fecha por las
disposiciones anteriores, y a partir de dicha fecha por las de este
Convenio.
Artículo 33
Las disposiciones del artículo 29, párrafo 2 son aplicables también a
los gastos en concepto de exámenes médicos realizados o a realizar a
los fines de la aplicación del Convenio del 12 de abril de 1961,
pendientes de reembolso.
Artículo 34
El presente Convenio será aprobado por ambos Estados Contratantes de
acuerdo con sus respectivos procedimientos y los instrumentos de
ratificación se intercambiarán lo antes posible.
Artículo 35
El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente
al del intercambio de los instrumentos de ratificación, y desde
entonces sustituirá en todas sus partes al Convenio sobre Seguros
Sociales entre la República Argentina y la República Italiana,
suscripto el 12 de abril de 1961.
Artículo 36
El presente convenio tendrá una duración indefinida, pero podrá ser
denunciado en cualquier momento por cualesquiera de las Partes
Contratantes. La denuncia tendrá efectos a partir de los seis (6) meses
de notificado el otro Estado Contratante.
En caso de denuncia las disposiciones del presente Convenio seguirán
siendo aplicables a los derechos adquiridos no obstante las
disposiciones restrictivas que las legislaciones de los dos Estados
Contratantes pudieran prever en caso de ciudadanía extranjera o de
residencia o habitación de los interesados en el extranjero.
Los derechos en vías de adquisición que afecten a períodos de seguro
cumplidos hasta la fecha en que el presente Convenio deje de tener
vigencia se conservarán de conformidad con acuerdos al estipularse
entre las Partes Contratantes.
Hecho en la ciudad de Buenos Aires, en los tres días del mes de
noviembre del año mil novecientos ochenta y uno en dos ejemplares
originales en los idiomas español e italiano, siendo ambos textos
igualmente auténticos.
Por el gobierno de la República Argentina.
Por el gobierno de la República Italiana.
PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA
En ocasión de la firma del Convenio de Seguridad
Social concluido en la fecha entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República Italiana, las Partes
Contratantes se han comprometido a extender a las personas a las que se
aplica el citado Convenio, las disposiciones más favorables que
aquéllas contenidas en el Convenio mismo, que fueren acordadas
sucesivamente por una de las Partes Contratantes con un tercer Estado.
Las autoridades competentes establecerán mediante
acuerdos administrativos las modalidades de aplicación de la presente
disposición.