LegalizePor el cual se ordena la publicación de un proyecto de acto legislativo
Parágrafo. El Gobierno incorporará, sin modificaciones, al proyecto de ley de apropiaciones, el que, cada año, elaboren conjuntamente las Comisiones de la Mesa de las Cámaras para el Congreso y el preparado por el Consejo Superior de la Administración de Justicia para la Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público, conforme a las leyes preexistentes.
Sin embargo, el Gobierno durante el primer debate, podrá presentar modificaciones sobre las cuales decidirán las Comisiones de Presupuesto en sesión conjunta.
Artículo 81. El Gobierno Nacional invertirá no menos del diez por ciento (10%) del presupuesto de gastos de la Nación en educación pública, y no menos del cinco por ciento (5%) del presupuesto de gastos de los establecimientos públicos nacionales en salud pública.
Artículo 82. El artículo 210 de la Constitución política, quedará así:
El Congreso establecerá las rentas nacionales y fijará los gastos de la administración. En cada legislatura, estrictamente de acuerdo con las reglas de la ley normativa, se expedirá el presupuesto general de la Nación.
Los cómputos de las rentas, de los recursos del crédito y los provenientes del balance del tesoro sólo podrán aumentarse por el Congreso en el concepto previo y favorable suscrito por el Ministro del ramo.
En la ley de apropiaciones no podrá incluirse partida que no haya sido propuesta a las respectivas comisiones y que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, a un gasto decretado conforme ley anterior o propuesto por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las Ramas del Poder Público y los organismos fiscalizadores, el servicio de la deuda pública y los destinados a dar cumplimiento a los planes que trata el numeral 4°del artículo 76.
La Corte de Cuentas objetará los gastos que no correspondan a los conceptos señalados en este inciso.
Parágrafo. La ley orgánica del presupuesto establecerá la forma como las Ramas Legislativa y Jurisdiccional, el Ministerio Público, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Corte de Cuentas podrán ejecutar sus presupuestos.
Artículo 83. El artículo 211 de la Constitución política, quedará así:
El Congreso no podrá aumentar ninguna de las partidas del presupuesto de gastos, propuestas por el Gobierno ni incluir un nuevo gasto, sea por educación o eliminación de partidas o por aumento en el cálculo de las rentas y otros recursos, sino con la aceptación escrita del ministro del ramo.
El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de gastos propuestos por el Gobierno, con excepción de las que se necesiten para el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la administración y las inversiones autorizadas en los planes y programas a que se refiere el numeral 4°del artículo 76.
Si se elevare el cálculo de las rentas, o se eliminare o disminuyere algunas de las partidas del proyecto respectivo, las sumas así disponibles, sin exceder su cuantía, podrán aplicarse a otros gastos o inversiones autorizados conforme a lo prescrito en el inciso 3°del artículo 210 de la Constitución.
Artículo 84. El artículo 212 de la Constitución política, quedará así:
Cuando haya necesidad de hacer un gasto imprescindible a juicio del Gobierno, no habiendo partida votada o siendo ésta insuficiente, podrá abrirse un crédito suplemental o extraordinario.
Estos créditos se abrirán por el Consejo de Ministros, instruyendo para ello expediente y previa aprobación del Congreso.
El Gobierno puede solicitar del Congreso créditos adicionales al presupuesto de gastos.
TITULO XXII
DE LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL.
Artículo 85. El artículo 214 de la Constitución política, quedará así:
Corresponde a la Corte Suprema de Justicia la guarda de la supremacía de la Constitución. Para tal efecto, tendrá las siguientes funciones, además de las que le señale la ley:
1ª Decidir definitivamente sobre las acciones de inconstitucionalidad que promueva cualquier ciudadano contra los actos legislativos aprobados por el Congreso, por referéndum o por Asamblea Constituyente, exclusivamente por los siguientes vicios de forma:
- a) Por no haberse cumplido en su trámite los requisitos previstos en el artículo 81;
- b) Por no haber sido aprobados en legislaturas ordinarias consecutivas;
- c) Por no haber sido aprobados en la última legislatura por la mayoría absoluta de los miembros de las Comisiones competentes y de cada Cámara;
2ª Decidir definitivamente sobre las objeciones de inconstitucionalidad que el Gobierno oponga a los proyectos de acto legislativo o de ley, por no haber sido tramitados en la forma constitucional prescrita; y los de ley, además, por su contenido material, referido éste al orden constitucional;
3ª Decidir definitivamente de la exequibilidad de todas las leyes y de los decretos dictados por el gobierno en ejercicio de la atribución de que tratan los artículos 76, ordinales 11 y 12; y 80 de la Constitución Política, cuando fueren acusados por cualquier ciudadano;
4ª Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados públicos o convenios internacionales aprobados por el Congreso antes de ser sancionadas por el Presidente de la República.
El Presidente del Congreso enviará a la Corte Suprema, una vez aprobadas, las leyes de tratados públicos o convenios internacionales para que decida sobre su exequibilidad. Si el Presidente del Congreso no cumpliere con el deber de enviarlas, la Corte Suprema aprehenderá inmediatamente y de oficio, su conocimiento;
5ª Decidir sobre la exequibilidad de los Decretos que dicten en ejercicio de las atribuciones derivadas de los artículos 121 y 122;
6ª Dar posesión al Presidente de la República en el caso del artículo 117.
La acción pública de inconstitucionalidad por vicios de forma a que se refiere este artículo prescribe en seis (6) meses, contados desde la publicación oficial del acto demandado. La ley regulará los derechos de los ciudadanos para el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad.
La Corte Suprema de Justicia cumplirá estas funciones en Sala Plena previo estudio de la Sala Constitucional compuesta de Magistrados especialistas de Derecho Público.
En las acciones de inexequibilidad deberá intervenir siempre el Procurador General de la Nación. En los casos de los artículos 121 y 122, cualquier ciudadano puede intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad de los decretos a que ellos se refieren.
Artículo 86. Los procesos de inconstitucionalidad se adelantarán conforme a las reglas siguientes:
1ª El Procurador General de la Nación emitirá dictamen dentro de los treinta (30) días, y la Sala Constitucional decidirá dentro de los noventa (90) días siguientes.
Estos términos se reducen a la tercera parte respecto de los decretos legislativos expedidos con fundamento en los artículos 121 y 122;
2ª Las decisiones se tomarán con el voto de la mayoría absoluta de los miembros integrantes de la Corporación, los cuales estarán presentes al tiempo de la decisión.
Parágrafo. Los términos señalados al Procurador General de la Nación y a la Corte Suprema son de riguroso cumplimiento para uno y otra. La ley orgánica de la Corporación reglamentará lo concerniente a esta disposición.
El incumplimiento de los términos es causal de mala conducta.
TITULO XXIII
DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCION.
Artículo 87. El artículo 218 de la Constitución política, quedará así:
La Constitución política podrá ser reformada por los siguientes procedimientos:
1°Por acto legislativo que reúna los siguientes requisitos:
- a) Haber sido publicado oficialmente por el Congreso;
- b) Haber sido aprobado, en el periodo de sesiones ordinarias, en primero y segundo debate en las Comisiones y Cámaras correspondientes según el tramite previsto, en el artículo 81;
- c) Una vez aprobado, ser publicado por el Gobierno o por el Congreso;
- d) Haber sido nuevamente discutido y aprobado en el siguiente período ordinario de sesiones, según el mismo trámite del período anterior, por la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.
A petición del Gobierno o de la mayoría de los miembros de las Comisiones permanentes respectivas éstas deliberarán conjuntamente para dar los primeros; debates al proyecto de acto legislativo.
El proyecto de acto legislativo que haya sido aprobado en primero y segundo debate en una de las Cámaras hará tránsito al período siguiente de sesiones. Una vez publicado, el proyecto seguirá su trámite en el período de sesiones siguiente a aquel en el cual se concluye la primera vuelta.
En la segunda vuelta podrán negarse o modificarse disposiciones aprobadas en la primera y sólo serán admisibles iniciativas que hayan sido previamente presentadas en ésta.
Los actos legislativos pueden tener origen en cualquiera de las dos Cámaras a propuesta de sus respectivos miembros o de los Ministro del Despacho. También podrán presentarlos, los partidos políticos debidamente reconocidos que no hubieren obtenido representación en el Congreso y las asociaciones de la producción o del trabajo con personería jurídica.
La ley determinará las condiciones, procedimientos y número de afiliados indispensable para el ejercicio de esta iniciativa.
2°Por referéndum convocado por ley a iniciativa del Gobierno. Esta ley contendrá el texto que se someterá a referéndum y requerirá para su aprobación la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. El texto se considerará aprobado si participa en la votación por lo menos la mitad de los ciudadanos del censo electoral y si alcanza la mayoría de votos afirmativos.
3°Mediante una Asamblea Constituyente convocada por acto legislativo.
Las atribuciones, composición y el funcionamiento de la Asamblea Constituyente se sujetará a lo establecido en el acto legislativo de convocatoria.
Artículo 88. Para artículos transitorios los siguientes:
- a) La Corte Suprema de Justicia procederá a designar cuatro (4) nuevos Magistrados para su Sala Constitucional mientras la ley no fije otro número;
- b) Mientras lo hace la Ley, el Gobierno señalará el número de Magistrados del Consejo Superior de la Administración de Justicia y expedirá las normas que requiera su funcionamiento;
- c) El Presidente nombrará por primera vez a los Magistrados del Consejo Superior de la Administración de Justicia;
- d) La Corte Suprema de Justicia en materias disciplinarias y el Tribunal Disciplinario conservarán sus respectivas competencias hasta cuando entre en funcionamiento el Consejo Superior de la Administración de Justicia;
- e) Mientras se organiza y empieza a funcionar el Consejo Superior de la Administración de Justicia, se aplicarán las normas que actualmente regulan la elección de Magistrados de Tribunales y de Jueces, así como la provisión de las vacantes que ocurran en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado;
- f) Mientras la ley desarrolla la disposición correspondiente al artículo 66 del pliego de modificaciones continuarán vigentes las actuales categorías de juzgados y los requisitos para desempeñar los respectivos cargos de jueces. Igualmente, hasta cuando empiece a funcionar la Fiscalía General de la Nación, se mantendrán las distintas categorías de Fiscales que existen en la actualidad y su forma de nombramiento, así como los sistemas de policía judicial e investigación criminal;
- g) Señálase un término máximo de dos (2) años al Gobierno Nacional para expedir, con la asesoría del Consejo Superior de la Administración de Justicia, si no lo hubiere hecho la ley, Estatuto de la Carrera Judicial; y de tres (3) años adicionales a fin de proveer todo lo necesario para su organización y funcionamiento;
- h) Previo dictamen de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno hará la codificación de las disposiciones constitucionales vigentes. La nueva numeración comenzará por la unidad y los títulos y los sumarios se nominarán y ordenarán sujetándose a la distribución de materias;
- i) Durante dos (2) años, mientras el Congreso dicta las normas generales a que se refiere el numeral 22 del artículo 76 sobre intervención en el banco emisor y en las actividades de las personas naturales o jurídicas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento del ahorro privado, el Gobierno podrá ejercer, sin sujeción a ellas, la atribución conferida en el numeral 22 del artículo 120.
Artículo 89. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación.
Dado en Bogotá, D. E., a los ...
El Presidente del honorable Senado de la República,
(Fdo.) ANCIZAR LOPEZ LOPEZ
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
(Fdo.) FRANCISCO JOSE JATTIN SAFAR
El Secretario General del honorable Senado,
(Fdo.) CRISPIN VILLAZON DE ARMAS.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
(Fdo.) LUIS LORDUY LORDUY.
Artículo 2° El Diario Oficial hará la publicación ordenada en el artículo 1°de este Decreto.
Artículo 3º Un ejemplar del Diario Oficial, en donde aparezca publicado el proyecto de acto legislativo, debidamente autenticado, se anexará al expediente, luego de lo cual se devolverá al honorable Senado de la República, con el fin de que se surtan los trámites previstos en el artículo 218 de la Constitución política.
Artículo 4º El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 13 de marzo de 1989.
VIRGILIO BARCO
El Ministro de Gobierno,
Raul Orejuela Bueno.
El Ministro de Justicia,
Guillermo Plazas Alcid.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Luis Fernando Alarcon Mantilla.
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