Por medio de la cual se aprueba la "Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas", adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006

El Congreso de la República

Visto el texto de la "Convención Internacional para la Protecciónde todas las personas contra las Desapariciones Forzadas", adoptadaen Nueva York el 20 de diciembre de 2006.

(Para ser transcritos: Se adjunta fotocopia del texto íntegro de losInstrumentos Internacionales mencionados).

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICOPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 22 de abril de 2009

Autorizado. Sométase a consideración del honorable Congreso de laRepública para los efectos constitucionales.

(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Jaime Bermúdez Merizalde.

DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase la "Convención Internacional para la Protecciónde todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas"adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de laLey 7ª de 1944, la "Convención Internacional para la Protección detodas las Personas contra las Desapariciones Forzadas" adoptada enNueva York el 20 de diciembre de 2006, que por el artículo 1° de estaley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccioneel vínculo internacional respecto de la misma

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D. C., a los …

Presentado al honorable Congreso de la República por el Ministro deRelaciones Exteriores y el Ministro de Defensa Nacional.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Jaime Bermúdez Merizalde.

El Ministro de Defensa Nacional,

Gabriel Silva Luján.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE TODASLAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS

NACIONES UNIDAS 2007

CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓNDE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS

Preámbulo

Los Estados Partes en la presente Convención,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a losEstados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de losderechos humanos y libertades fundamentales,

Teniendo en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos,Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socialesy Culturales el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y losotros instrumentos internacionales pertinentes de derechos humanos, delderecho humanitario y del derecho penal internacional,

Recordando también la Declaración sobre la protección de todas laspersonas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la AsambleaGeneral de las Naciones Unidas en su Resolución 47/133 de 18 de diciembrede 1992,

Conscientes de la extrema gravedad de la desaparición forzada, queconstituye un delito y, en determinadas circunstancias definidas por elderecho internacional, un crimen de lesa humanidad,

Decididos a prevenir las desapariciones forzadas y a luchar contra laimpunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada,

Teniendo presentes el derecho de toda persona a no ser sometida auna desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a lareparación,

Afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstanciasde una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, asícomo el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundirinformaciones a este fin,

Han convenido en los siguientes artículos:

PRIMERA PARTE

Artículo 1

• 1. Nadie será sometido a una desaparición forzada.

• 1. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionalestales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad políticainterna o cualquier otra emergencia pública como justificación de ladesaparición forzada.

Artículo 2

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desapariciónforzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquierotra forma de privación de libertad que sean obra de agentes delEstado o por personas o grupos de personas que actúan con laautorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de lanegativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamientode la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndolaa la protección de la ley.

Artículo 3

Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigarsobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personaso grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescenciadel Estado, y para procesar a los responsables.

Artículo 4

Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para que la desapariciónforzada sea tipificada como delito en su legislación penal.

Artículo 5

La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzadaconstituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en elderecho internacional aplicable y entraña las cconsecuencias previstaspor el derecho internacional aplicable.

Artículo 6

• 1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para considerarpenalmente responsable por lo menos:

• a) A toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión deuna desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participeen la misma;

• b) Al superior que:

• i) Haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridady control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso deinformación que lo indicase claramente;

• ii) Haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación; y

• iii) No haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables asu alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desapariciónforzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridadescompetentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento;

• c) El inciso b) supra se entiende sin perjuicio de las normas de derechointernacional más estrictas en materia de responsabilidad exigibles a unjefe militar o al que actúe efectivamente como jefe militar.

• 1. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea ésta civil,militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar un delito dedesaparición forzada.

Artículo 7

• 1. Los Estados Partes considerarán el delito de desaparición forzadapunible con penas apropiadas, que tengan en cuenta su extrema gravedad.

• 1. Los Estados Partes podrán establecer:

• a) Circunstancias atenuantes, en particular para los que, habiendo sidopartícipes en la comisión de una desaparición forzada, hayan contribuidoefectivamente a la reaparición con vida de la persona desaparecida ohayan permitido esclarecer casos de desaparición forzada o identificar alos responsables de una desaparición forzada;

• b) Sin perjuicio de otros procedimientos penales, circunstanciasagravantes, especialmente en caso de deceso de la persona desaparecida,o para quienes sean culpables de la desaparición forzada de mujeresembarazadas, menores, personas con discapacidades u otras personasparticularmente vulnerables.

Artículo 8

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5,

• 1. Cada Estado Parte que aplique un régimen de prescripción a ladesaparición forzada tomará las medidas necesarias para que el plazode prescripción de la acción penal:

• a) Sea prolongado y proporcionado a la extrema gravedad de este delito;

• b) Se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada,habida cuenta del carácter continuo de este delito.

• 1. El Estado Parte garantizará a las víctimas de desaparición forzadael derecho a un recurso eficaz durante el plazo de prescripción.

Artículo 9

• 1. Cada Estado Parte dispondrá lo que sea necesario para instituir sujurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada en los siguientescasos:

• a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo de una aeronave o un buque matriculados en ese Estado;

• b) Cuando el presunto autor del delito sea nacional de ese Estado;

• c) Cuando la persona desaparecida sea nacional de ese Estado y éstelo considere apropiado.

• 1. Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias paraestablecer su jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada enlos casos en que el presunto autor se halle en cualquier territorio bajosu jurisdicción, salvo que dicho Estado lo extradite o lo entregue a otroEstado conforme a sus obligaciones internacionales, o lo transfiera auna jurisdicción penal internacional cuya competencia haya reconocido.

• 1. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penaladicional ejercida de conformidad con las leyes nacionales.

Artículo 10

• 1. Cada Estado Parte en cuyo territorio se encuentre una persona de laque se supone que ha cometido un delito de desaparición forzada, si, trasexaminar la información de que dispone, considera que las circunstanciaslo justifican, procederá a la detención de dicha persona o tomará otrasmedidas legales necesarias para asegurar su presencia. La detención ydemás medidas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes de talEstado y se mantendrán solamente por el período que sea necesario afin de asegurar su presencia en el marco de un procedimiento penal, deentrega o de extradición.

• 1. El Estado Parte que haya adoptado las medidas contempladas en elpárrafo 1 del presente artículo procederá inmediatamente a una investigaciónpreliminar o averiguación de los hechos. Informará a los EstadosPartes a los que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 9, sobrelas medidas adoptadas en aplicación del párrafo 1 del presente artículo,especialmente sobre la detención y las circunstancias que la justifican,y sobre las conclusiones de su investigación preliminar o averiguación,indicándoles si tiene intención de ejercer su jurisdicción.

• 1. La persona detenida de conformidad con el párrafo 1 del presenteartículo podrá comunicarse inmediatamente con el representante correspondientedel Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximoo, si se trata de un apátrida, con el representante del Estado en que habitualmenteresida.

Artículo 11

• 1. El Estado Parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada lapersona de la cual se supone que ha cometido un delito de desapariciónforzada, si no procede a su extradición, o a su entrega a otro Estadoconforme a sus obligaciones internacionales, o a su transferencia a unainstancia penal internacional cuya jurisdicción haya reconocido, someteráel caso a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal.

• 1. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condicionesque las aplicables a cualquier delito común de carácter grave, de acuerdocon la legislación de tal Estado. En los casos previstos en el párrafo 2del artículo 9, el nivel de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento oinculpación no será en modo alguno menos estricto que el que se aplicaen los casos previstos en el párrafo 1 del artículo 9.

• 1. Toda persona investigada en relación con un delito de desapariciónforzada recibirá garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento.Toda persona sometida a juicio por un delito de desapariciónforzada gozará de las garantías judiciales ante una corte o un tribunal dejusticia competente, independiente e imparcial, establecido por la ley.

Artículo 12

• 1. Cada Estado Parte velará por que toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición forzada tenga derecho a denunciarlos hechos ante las autoridades competentes, quienes examinarán rápidae imparcialmente la denuncia y, en su caso, procederán sin demora arealizar una investigación exhaustiva e imparcial. Se tomarán medidasadecuadas, en su caso, para asegurar la protección del denunciante, lostestigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, asícomo de quienes participen en la investigación, contra todo maltrato ointimidación en razón de la denuncia presentada o de cualquier declaraciónefectuada.

• 1. Siempre que haya motivos razonables para creer que una personaha sido sometida a desaparición forzada, las autoridades a las que hacereferencia el párrafo 1 iniciarán una investigación, aun cuando no sehaya presentado ninguna denuncia formal.

• 1. Los Estados Partes velarán para que las autoridades mencionadasen el párrafo 1 del presente artículo:

• a) Dispongan de las facultades y recursos necesarios para llevar a caboeficazmente la investigación, inclusive el acceso a la documentación ydemás informaciones pertinentes para la misma;

• b) Tengan acceso, previa autorización judicial si fuera necesarioemitida a la mayor brevedad posible, a cualquier lugar de detención ycualquier otro lugar donde existan motivos razonables para creer quepueda encontrarse la persona desaparecida.

• 1. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para prevenir ysancionar los actos que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones.

En particular, deberán garantizar que las personas de las que se suponeque han cometido un delito de desaparición forzada no estén en condicionesde influir en el curso de las investigaciones, ejerciendo presionesy actos de intimidación o de represalia sobre el denunciante, los testigos,los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como sobrequienes participan en la investigación.

Artículo 13

• 1. A efectos de extradición entre Estados Partes, el delito de desapariciónforzada no será considerado delito político, delito conexo a undelito político ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuencia,una solicitud de extradición fundada en un delito de este tipo no podráser rechazada por este único motivo.

• 1. El delito de desaparición forzada estará comprendido de plenoderecho entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado deextradición celebrado entre Estados Partes antes de la entrada en vigorde la presente Convención.

• 1. Los Estados Partes se comprometen a incluir el delito de desapariciónforzada entre los delitos susceptibles de extradición en todo tratadode extradición que celebren entre sí con posterioridad.

• 1. Cada Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de untratado, si recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con elque no tiene tratado al respecto, podrá considerar la presente Convencióncomo la base jurídica necesaria para la extradición en lo relativo al delitode desaparición forzada.

• 1. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existenciade un tratado reconocerán el delito de desaparición forzada como susceptiblede extradición entre ellos mismos.

• 1. La extradición estará subordinada, en todos los casos, a las condicionesprevistas por el derecho del Estado Parte requerido o por lostratados de extradición aplicables, incluidas, en particular, las condicionesrelativas a la pena mínima exigida para la extradición y a los motivospor los cuales el Estado Parte requerido puede rechazar la extradición,o sujetarla a determinadas condiciones.

• 1. Ninguna disposición de la presente Convención debe interpretarseen el sentido de obligar al Estado Parte requerido a que conceda la extradiciónsi éste tiene razones serias para creer que la solicitud ha sidopresentada con el fin de procesar o sancionar a una persona por razonesde sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticaso pertenencia a un determinado grupo social, o si, al aceptar la solicitud,se causara un daño a esta persona por cualquiera de estas razones.

Artículo 14

• 1. Los Estados Partes se prestarán todo el auxilio judicial posible enlo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a un delito dedesaparición forzada, inclusive el suministro de todas las pruebas necesariaspara el proceso que obren en su poder.

• 1. El auxilio judicial estará subordinado a las condiciones previstasen el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de cooperación judicial aplicables, incluidos, en particular, los motivos por losque el Estado Parte requerido puede denegar dicho auxilio o someterlo

a determinadas condiciones.

Artículo 15

Los Estados Partes cooperarán entre sí y se prestarán todo el auxilioposible para asistir a las víctimas de las desapariciones forzadas, así comoen la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidasy, en caso de fallecimiento, en la exhumación, la identificación de laspersonas desaparecidas y la restitución de sus restos.

Artículo 16

• 1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución, entregao extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadaspara creer que estaría en peligro de ser sometida a una desapariciónforzada.

• 1. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridadescompetentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes,inclusive, cuando proceda, la existencia, en el Estado de que se trate, deun cuadro de violaciones sistemáticas graves, flagrantes o masivas delos derechos humanos o violaciones graves del derecho internacionalhumanitario.

Artículo 17

• 1. Nadie será detenido en secreto.

• 1. Sin perjuicio de otras obligaciones internacionales del Estado Parteen materia de privación de libertad, cada Estado Parte, en su legislación:

• a) Establecerá las condiciones bajo las cuales pueden impartirse lasórdenes de privación de libertad;

• b) Determinará las autoridades que estén facultadas para ordenarprivaciones de libertad;

• c) Garantizará que toda persona privada de libertad sea mantenidaúnicamente en lugares de privación de libertad oficialmente reconocidosy controlados;

• d) Garantizará que toda persona privada de libertad sea autorizadaa comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otra persona desu elección y a recibir su visita, con la sola reserva de las condicionesestablecidas por la ley, y en el caso de un extranjero, a comunicarse consus autoridades consulares, de conformidad con el derecho internacionalaplicable;

• e) Garantizará el acceso de toda autoridad e institución competentes yfacultadas por la ley a los lugares de privación de libertad, si es necesariocon la autorización previa de una autoridad judicial;

• f) Garantizará en cualquier circunstancia a toda persona privada delibertad y, en caso de sospecha de desaparición forzada, por encontrarsela persona privada de libertad en la incapacidad de ejercer este derecho,a toda persona con un interés legítimo, por ejemplo los allegados de lapersona privada de libertad, su representante o abogado, el derecho ainterponer un recurso ante un tribunal para que éste determine sin demorala legalidad de la privación de libertad y ordene la liberación si dichaprivación de libertad fuera ilegal.

• 1. Cada Estado Parte asegurará el establecimiento y el mantenimientode uno o varios registros oficiales y/o expedientes actualizados de laspersonas privadas de libertad, que bajo requerimiento serán rápidamentepuestos a disposición de toda autoridad judicial o de toda otra autoridad oinstitución competente de acuerdo con la legislación nacional o cualquierinstrumento jurídico internacional relevante del que el Estado sea Parte.

Esa información contendrá al menos:

• a) La identidad de la persona privada de libertad;

• b) El día, la hora y el lugar donde la persona fue privada de libertady la autoridad que procedió a la privación de libertad;

• c) La autoridad que decidió la privación de libertad y los motivos deesta;

• d) La autoridad que controla la privación de libertad;

• e) El lugar de privación de libertad, el día y la hora de admisión enel mismo y la autoridad responsable de dicho lugar;

• f) Los elementos relativos a la integridad física de la persona privadade libertad;

• g) En caso de fallecimiento durante la privación de libertad, las circunstanciasy causas del fallecimiento y el destino de los restos de lapersona fallecida;

• h) El día y la hora de la liberación o del traslado a otro lugar de detención,el destino y la autoridad encargada del traslado.

Artículo 18

• 1. Sin perjuicio de los artículos 19 y 20, cada Estado Parte garantizaráa toda persona con un interés legítimo en esa información, por ejemplo losallegados de la persona privada de libertad, su representante o abogado,el acceso, como mínimo, a las informaciones siguientes:

• a) La autoridad que decidió la privación de libertad;

• b) La fecha, la hora y el lugar en que la persona fue privada de libertady admitida en un lugar de privación de libertad;

• c) La autoridad que controla la privación de libertad;

• d) El lugar donde se encuentra la persona privada de libertad y, encaso de traslado hacia otro lugar de privación de libertad, el destino y laautoridad responsable del traslado;

• e) La fecha, la hora y el lugar de la liberación;

• f) Los elementos relativos al estado de salud de la persona privadade libertad;

• g) En caso de fallecimiento durante la privación de libertad, las circunstanciasy causas del fallecimiento y el destino de los restos.

• 1. Se adoptarán, llegado el caso, medidas adecuadas para garantizarla protección de las personas a las que se refiere el párrafo 1 del presente artículo, así como de quienes participen en la investigación, contracualquier maltrato, intimidación o sanción en razón de la búsqueda deinformaciones sobre una persona privada de libertad.

Artículo 19

• 1. Las informaciones personales, inclusive los datos médicos o genéticos,que se recaben y/o transmitan en el marco de la búsqueda deuna persona desaparecida no pueden ser utilizadas o reveladas con finesdistintos de dicha búsqueda. Ello es sin perjuicio de la utilización deesas informaciones en procedimientos penales relativos a un delito dedesaparición forzada, o en ejercicio del derecho a obtener reparación.

• 1. La recopilación, el tratamiento, el uso y la conservación de informacionespersonales, inclusive datos médicos o genéticos, no debeinfringir o tener el efecto de infringir los derechos humanos, las libertadesfundamentales y la dignidad de la persona.

Artículo 20

• 1. Únicamente en el caso en que una persona esté bajo protecciónde la ley y la privación de libertad se halle bajo control judicial, el derechoa las informaciones previstas en el artículo 18 podrá limitarse,sólo a título excepcional, cuando sea estrictamente necesario en virtudde restricciones previstas por la ley, y si la transmisión de informaciónperjudicase la intimidad o la seguridad de la persona o el curso de unainvestigación criminal, o por otros motivos equivalentes previstos porla ley, y de conformidad con el derecho internacional aplicable y conlos objetivos de la presente Convención.En ningún caso se admitiránlimitaciones al derecho a las informaciones previstas en el artículo 18que puedan constituir conductas definidas en el artículo 2 o violacionesdel párrafo 1 del artículo 17.

• 1. Sin perjuicio del examen de la legalidad de una privación de libertad,el Estado Parte garantizará a las personas a las que se refiere el párrafo1 del artículo 18, el derecho a un recurso judicial rápido y efectivo paraobtener sin demora las informaciones previstas en esa disposición. Esederecho a un recurso no podrá ser suspendido o limitado bajo ningunacircunstancia.

Artículo 21

Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para que la liberaciónde una persona se efectúe con arreglo a modalidades quepermitan verificar con certeza que ha sido efectivamente puesta enlibertad. Los Estados Partes adoptarán asimismo las medidas necesariaspara garantizar la integridad física y el pleno ejercicio de susderechos a las personas en el momento en que sean liberadas, sinperjuicio de las obligaciones a las que puedan estar sujetas en virtudde la legislación nacional.

Artículo 22

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6, cada Estado Parte tomarálas medidas necesarias para prevenir y sancionar las siguientes prácticas:

• a) Las dilaciones o la obstrucción de los recursos previstos en el inciso

• f) del párrafo 2 del artículo 17 y el párrafo 2 del artículo 20;

• b) El incumplimiento de la obligación de registrar toda privación delibertad, así como el registro de información cuya inexactitud el agenteencargado del registro oficial o los expedientes oficiales conocía o hubiera debido conocer;

• c) La negativa a proporcionar información sobre una privación delibertad o el suministro de información inexacta, cuando se cumplen lascondiciones establecidas por la ley para proporcionar dicha información.

Artículo 23

• 1. Cada Estado Parte velará por que la formación del personal militaro civil encargado de la aplicación de la ley, del personal médico, de losfuncionarios y de otras personas que puedan intervenir en la custodia otratamiento de las personas privadas de libertad, incluya la enseñanzay la información necesarias sobre las disposiciones pertinentes de lapresente Convención, a fin de:

• a) Prevenir la participación de esos agentes en desapariciones forzadas;

• b) Resaltar la importancia de la prevención y de las investigacionesen materia de desapariciones forzadas;

• c) Velar por que se reconozca la urgencia de la resolución de los casos de desaparición forzada.

• 1. Cada Estado Parte prohibirá las órdenes o instrucciones que dispongan,autoricen o alienten las desapariciones forzadas. Cada Estado Parte garantizará que la persona que rehúse obedecer una orden de estanaturaleza no sea sancionada.

• 1. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para que, cuandolas personas a las que se refiere el párrafo 1 del presente artículo tenganrazones para creer que se ha producido o está a punto de producirse unadesaparición forzada, informen a sus superiores y, cuando sea necesario,a las autoridades u órganos de control o de revisión competentes.

Artículo 24

• 1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "víctima"la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido unperjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada.

• 1. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstanciasde la desaparición forzada, la evolución y resultados de lainvestigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado Partetomará las medidas adecuadas a este respecto.

• 1. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para labúsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, encaso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución desus restos.

• 1. Los Estados Partes velarán por que su sistema legal garantice a lavíctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a unaindemnización rápida, justa y adecuada.

• 1. El derecho a la reparación al que se hace referencia en el párrafo 4del presente artículo comprende todos los daños materiales y morales y,en su caso, otras modalidades de reparación tales como:

• a) La restitución;

• b) La readaptación;

• c) La satisfacción; incluido el restablecimiento de la dignidad y lareputación;

• d) Las garantías de no repetición.

• 1. Sin perjuicio de la obligación de continuar con la investigaciónhasta establecer la suerte de la persona desaparecida, cada Estado Parteadoptará las disposiciones apropiadas en relación con la situación legalde las personas desaparecidas cuya suerte no haya sido esclarecida y desus allegados, en ámbitos tales como la protección social, las cuestioneseconómicas, el derecho de familia y los derechos de propiedad.

• 1. Cada Estado Parte garantizará el derecho a formar y participarlibremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objetocontribuir a establecer las circunstancias de desapariciones forzadas yla suerte corrida por las personas desaparecidas, así como la asistenciaa las víctimas de desapariciones forzadas.

Artículo 25

• 1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para preveniry sancionar penalmente:

• a) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o deniños cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una desapariciónforzada, o de niños nacidos durante el cautiverio de su madresometida a una desaparición forzada;

• b) La falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentosque prueben la verdadera identidad de los niños mencionados en elinciso a) supra.

• 1. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para buscare identificar a los niños mencionados en el inciso a) del párrafo 1 delpresente artículo y restituirlos a sus familias de origen conforme a losprocedimientos legales y a los acuerdos internacionales aplicables.

• 1. Los Estados Partes se prestarán asistencia mutua en la búsqueda,identificación y localización de los niños a los que hace referencia elinciso a) del párrafo 1 del presente artículo.

• 1. Teniendo en cuenta la necesidad de preservar el interés superiorde los niños mencionados en el inciso a) del párrafo 1 del presenteartículo y su derecho a preservar y recuperar su identidad, incluidos lanacionalidad, el nombre y las relaciones familiares reconocidas por laley, deberán existir en los Estados Partes que reconocen el sistema deadopción u otra forma de colocación o guarda, procedimientos legalesencaminados a revisar el procedimiento de adopción o de colocación oguarda de esos niños y, si procede, a anular toda adopción o colocacióno guarda cuyo origen sea una desaparición forzada.

• 1. En toda circunstancia y, en particular, para todo lo que se refiere aeste artículo, el interés superior del niño constituirá una consideraciónprimordial y el niño con capacidad de discernimiento tendrá derecho aexpresar libremente su opinión, que será debidamente valorada en funciónde su edad y madurez.

SEGUNDA PARTE

Artículo 26

• 1. Para la aplicación de las disposiciones de la presente Convención,se constituirá un Comité contra la Desaparición Forzada (denominado enlo sucesivo "el Comité") integrado por diez expertos de gran integridadmoral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos,independientes, que ejercerán sus funciones a título personal y actuaráncon total imparcialidad. Los miembros del Comité serán elegidos por losEstados Partes teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa.Se tendrá en cuenta el interés que representa la participación en los trabajosdel Comité de personas que tengan experiencia jurídica pertinentey de una representación equilibrada de los géneros.

• 1. La elección se efectuará en votación secreta de una lista de candidatosdesignados por los Estados Partes entre sus propios nacionales, enreuniones bienales de los Estados Partes convocadas a este efecto por elSecretario General de las Naciones Unidas. En estas reuniones, para lascuales formarán quórum dos tercios de los Estados Partes, se consideraránelegidos los candidatos que obtengan el mayor número de votosy la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los EstadosPartes presentes y votantes.

• 1. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después dela fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Cuatro mesesantes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las NacionesUnidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándoles a que presentensus candidaturas en un plazo de tres meses. El Secretario General prepararáuna lista por orden alfabético de todos los candidatos designadosde este modo, indicando, por cada uno de ellos, el Estado Parte que loha presentado. Esta lista será comunicada a todos los Estados Partes.

• 1. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. Podránser reelegidos una vez. No obstante, el mandato de cinco de los miembroselegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamentedespués de la primera elección, el presidente de la reunión a quese hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo designará porsorteo los nombres de esos cinco miembros.

• 1. Si un miembro del Comité muere o renuncia o por cualquier otracausa no puede seguir desempeñando sus funciones en el Comité,el Estado Parte que presentó su candidatura propondrá, teniendo encuenta los criterios previstos en el párrafo 1 del presente artículo, aotro candidato, entre sus propios nacionales, para que desempeñe susfunciones durante el periodo de mandato restante, bajo reserva de laaprobación de la mayoría de los Estados Partes. Se considerará otorgadadicha aprobación a menos que la mitad o más de los Estados Partesrespondan negativamente dentro de un plazo de seis semanas a partirdel momento en que el Secretario General de las Naciones Unidas lescomunique la candidatura propuesta.

• 1. El Comité establecerá su reglamento interno.

• 1. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará elpersonal y los medios materiales necesarios para el desempeño eficaz delas funciones del Comité. El Secretario General de las Naciones Unidasconvocará la primera reunión del Comité.

• 1. Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativase inmunidades reconocidos a los expertos en misión para lasNaciones Unidas, conforme a lo establecido en las secciones pertinentesde la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las NacionesUnidas.

• 1. Los Estados Partes se comprometen a cooperar con el Comité y aasistir a sus miembros en el ejercicio de su mandato, en el marco de lasfunciones del Comité aceptadas por dichos Estados Partes.

Artículo 27

Una Conferencia de los Estados Partes se reunirá no antes de cuatroaños y no más tarde de seis años, después de la entrada en vigor de lapresente Convención, para evaluar el funcionamiento del Comité y decidir,según las modalidades previstas en el párrafo 2 del artículo 44, sies apropiado confiar a otra instancia -sin excluir ninguna posibilidad-,con las atribuciones previstas en los artículos 28 a 36, la supervisión dela aplicación de la presente Convención.

Artículo 28

• 1. En el marco de las competencias que le confiere la presenteConvención, el Comité cooperará con todos los órganos, oficinas,organismos especializados y fondos apropiados de las Naciones Unidas,los comités convencionales creados en virtud de los instrumentosinternacionales, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas,las organizaciones o instituciones regionales intergubernamentalesapropiadas, así como con todas las instituciones, organismos y oficinasnacionales pertinentes que obren para proteger a todas las personas delas desapariciones forzadas.

• 1. En el marco de sus funciones, el Comité consultará con otros comitésconvencionales creados por los instrumentos de derechos humanos pertinentes,en particular el Comité de Derechos Humanos establecido por elPacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con miras a asegurarla coherencia de sus observaciones y recomendaciones respectivas.

Artículo 29

• 1. Cada Estado Parte presentará al Comité, por conducto del SecretarioGeneral de las Naciones Unidas, un informe relativo a las medidas quehayan adoptado para cumplir con las obligaciones que han contraído envirtud de la presente Convención, dentro del plazo de dos años a contardesde la entrada en vigor de la Convención en el Estado Parte de quese trate.

• 1. El Secretario General de las Naciones Unidas pondrá los informesa disposición de todos los Estados Partes.

• 1. Cada informe será examinado por el Comité, el cual podrá hacer loscomentarios, observaciones o recomendaciones que considere apropiados.

El Estado Parte interesado será informado de dichos comentarios, observacioneso recomendaciones, a los que podrá responder, por iniciativapropia o a solicitud del Comité.

• 1. El Comité podrá también pedir a los Estados Partes informacionescomplementarias sobre la aplicación de la presente Convención.

Artículo 30

• 1. El Comité podrá examinar, de manera urgente, toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representanteslegales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como todoaquel que tenga un interés legítimo, a fin de que se busque y localice auna persona desaparecida.

• 1. Si el Comité considera que la petición de actuar de manera urgentepresentada en virtud del párrafo 1 del presente artículo:

• a) No carece manifiestamente de fundamento;

• b) No es un abuso del derecho a presentar tales peticiones;

• c) Se ha presentado previamente y en la forma debida a los órganoscompetentes del Estado Parte interesado, tales como las autoridadesencargadas de efectuar las investigaciones, cuando tal posibilidad existe;

• d) No es incompatible con las disposiciones de esta Convención;

ye) No está siendo tratada en otra instancia internacional de examen oarreglo de la misma naturaleza;

solicitará al Estado Parte interesado que le proporcione, en el plazoque el Comité determine, información sobre la situación de dicha persona.

• 1. Habida cuenta de la información proporcionada por el Estado Parteinteresado de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo, elComité podrá transmitir sus recomendaciones al Estado Parte e incluiruna petición de que adopte todas las medidas necesarias, incluidas medidascautelares, para localizar y proteger a la persona de conformidadcon la presente Convención, y podrá solicitar que informe al Comité,en el plazo que este determine, sobre las medidas que tome, teniendoen cuenta la urgencia de la situación. El Comité informará a la personaque presentó la petición de acción urgente sobre sus recomendacionesy sobre las informaciones transmitidas por el Estado Parte cuando estasestén disponibles.

• 1. El Comité proseguirá sus esfuerzos para colaborar con el Estado Parte mientras la suerte de la persona desaparecida no haya sido esclarecida.El Comité mantendrá informado al autor de la petición.

Artículo 31

• 1. Cada Estado Parte podrá declarar, en el momento de la ratificacióno con posterioridad a ésta, que reconoce la competencia del Comité pararecibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que seencuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren servíctima de violaciones por este Estado Parte de las disposiciones de lapresente Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicaciónrelativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración.

• 1. El Comité declarará inadmisible cualquier comunicación si:

• a) Es anónima;

• b) Constituye un abuso del derecho a presentar tales comunicacioneso es incompatible con las disposiciones de la presente Convención;

• c) La misma cuestión está siendo tratada en otra instancia internacionalde examen o arreglo de la misma naturaleza; o si

• d) Los recursos internos efectivos disponibles no han sido agotados.

Esta regla no se aplica si los procedimientos de recurso exceden plazosrazonables.

• 1. Si el Comité considera que la comunicación responde a las condicionesestablecidas en el párrafo 2 del presente artículo, la transmitiráal Estado Parte interesado y le solicitará que le proporcione, en un plazoque habrá de fijar el Comité, sus observaciones y comentarios.

• 1. En cualquier momento tras haber recibido una comunicación yantes de llegar a una decisión sobre el fondo, el Comité podrá dirigir alEstado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud deque adopte las medidas cautelares necesarias con miras a evitar posiblesdaños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación. Elejercicio de esta facultad por el Comité no implica juicio alguno sobrela admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.

• 1. El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine lascomunicaciones previstas en el presente artículo. El Comité informará al autorde la comunicación sobre las respuestas proporcionadas por el Estado Partede que se trate. Cuando el Comité decida poner término al procedimiento,comunicará su dictamen al Estado Parte y al autor de la comunicación.

Artículo 32

Cada Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquiermomento que reconoce la competencia del Comité para recibir yexaminar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otroEstado Parte no cumple con las obligaciones que le impone la presenteConvención. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a unEstado Parte que no haya hecho tal declaración, ni una comunicaciónpresentada por un Estado Parte que no haya hecho dicha declaración.

Artículo 33

• 1. Si el Comité recibe información fidedigna que revele violacionesgraves de las disposiciones de la presente Convención por un EstadoParte podrá, después de consultar con dicho Estado, solicitar a uno ovarios de sus miembros que efectúen una visita al mismo y le informenal respecto sin demora.

• 1. El Comité informará por escrito al Estado Parte interesado de suintención de efectuar una visita, señalando la composición de la delegación y el objeto de la visita. El Estado Parte dará su respuesta en unplazo razonable.

• 1. Ante una solicitud motivada del Estado Parte, el Comité podrádecidir postergar o cancelar la visita.

• 1. Si el Estado Parte otorga su acuerdo a la visita, el Comité y elEstado Parte de que se trate, cooperarán para definir las modalidades deaquélla y el Estado Parte ofrecerá todas las facilidades necesarias parasu desarrollo.

• 1. El Comité comunicará al Estado Parte de que se trate sus observacionesy recomendaciones como resultado de la visita.

Artículo 34

Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bienfundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizadao sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y trashaber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinentesobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente,a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pormedio del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 35

• 1. La competencia del Comité sólo se extiende a las desaparicionesforzadas que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de entradaen vigor de la presente Convención.

• 1. Si un Estado pasa a ser Parte de la presente Convención después desu entrada en vigor, sus obligaciones respecto al Comité sólo se extenderána las desapariciones forzadas que hayan comenzado con posterioridad ala entrada en vigor de la Convención para dicho Estado.

Artículo 36

• 1. El Comité presentará un informe anual sobre sus actividades envirtud de la presente Convención a los Estados Partes y a la AsambleaGeneral de las Naciones Unidas.

• 1. La publicación en el informe anual de una observación relativa aun Estado Parte debe ser previamente anunciada a dicho Estado, el cualdispondrá de un plazo razonable de respuesta y podrá solicitar la publicaciónde sus comentarios u observaciones en el informe.

TERCERA PARTE

Artículo 37

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposicionesque sean más conducentes a la protección de todas las personascontra las desapariciones forzadas que puedan estar recogidas en:

• a) El derecho de un Estado Parte; o

• b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.

Artículo 38

• 1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

• 1. La presente Convención estará sujeta a ratificación por todos losEstados Miembros de las Naciones Unidas. Los instrumentos de ratificación serán depositados en poder del Secretario General de las NacionesUnidas.

• 1. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos losEstados Miembros de las Naciones Unidas. La adhesión se efectuarámediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del SecretarioGeneral de las Naciones Unidas.

Artículo 39

• 1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partirde la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento deratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

• 1. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el vigésimo instrumento deratificación o de adhesión, la presente Convención entrará en vigor eltrigésimo día a partir de la fecha en que ese Estado haya depositado suinstrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 40

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todoslos Estados Miembros de las Naciones Unidas y a todos los Estadosque hayan firmado la presente Convención o se hayan adherido a ella:

• a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones recibidas con arreglo alartículo 38;

• b) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención con arregloal artículo 39.

Artículo 41

Las disposiciones de la presente Convención serán aplicables a todaslas partes constitutivas de los Estados federales, sin limitación niexcepción alguna.

Artículo 42

• 1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes conrespecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención, queno se solucione mediante negociación o a través de los procedimientosprevistos expresamente en la presente Convención, se someterá a arbitrajea petición de uno de los Estados implicados. Si en el plazo de seismeses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud dearbitraje, las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la organizacióndel mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversiaa la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentadade conformidad con el Estatuto de la Corte.

• 1. Cada Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de lapresente Convención o de su adhesión a ella, podrá declarar que no seconsidera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demásEstados Partes no estarán obligados por ese párrafo ante ningún EstadoParte que haya formulado esa declaración.

• 1. Cada Estado Parte que haya formulado la declaración prevista enel párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momentonotificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 43

La presente Convención se entiende sin perjuicio de las disposicionesdel derecho internacional humanitario, incluidas las obligaciones queincumben a las Altas Partes contratantes de los cuatro Convenios deGinebra de 12 de agosto de 1949 y de sus Protocolos Adicionales de8 de junio de 1977, o de la posibilidad que tiene cada Estado Parte deautorizar al Comité Internacional de la Cruz Roja a visitar los lugaresde detención en los casos no previstos por el derecho internacionalhumanitario.

Artículo 44

• 1. Cada Estado Parte en la presente Convención podrá proponer enmiendaso depositarlas en poder del Secretario General de las NacionesUnidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas alos Estados Partes en la presente Convención, pidiéndoles que le notifiquensi desean que se convoque una conferencia de Estados Partescon el fin de examinar las propuestas y someterlas a votación. Si, en elplazo de cuatro meses a partir de la fecha de la comunicación, un tercioal menos de los Estados Partes se declara en favor de tal convocatoria,el Secretario General organizará la conferencia bajo los auspicios de lasNaciones Unidas.

• 1. Toda enmienda adoptada por una mayoría de dos tercios de losEstados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida porel Secretario General a todos los Estados Partes para su aceptación.

• 1. Una enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presenteartículo entrará en vigor cuando haya sido aceptada por una mayoría dedos tercios de los Estados Partes en la presente Convención, de conformidadcon sus respectivos procedimientos constitucionales.

• 1. Cuando entren en vigor, las enmiendas serán obligatorias para losEstados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás EstadosPartes seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convencióny por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.

Artículo 45

• 1. La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español,francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositada en poderdel Secretario General de las Naciones Unidas.

• 1. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá copias certificadasde la presente Convención a todos los Estados mencionadosen el artículo 38.

I hereby certify that the foregoing textis a true copy of the International Conventionfor the Protection of All Personsfrom Enforced Disappearance, adoptedby the General Assembly of the UnitedNations on 20 December 2006, the originalof which is deposited with the Secretary-General of the United Nations.

For the Secretary-General,

The Legal Counsel

(Under-Secretary-General

for Legal Affairs)

Je certifie que le texte qui prècède estune copie conforme de la Conventioninternationale pour la protection detoutes les personnes contre les disparitionsforcées, adoptée par l'Assembléegénérale des Nations Unies le 20 décembre2006, dont l'original se trouvedéposé auprès du Secrétaire généraldes Nations Unies.

Pour le Secrétaire général,

Le Conseiller juridique

(Secrétaire général adjoint

aux affaires juridiques)

Aquí va la firma escaneada

Nicolas Michel

United Nations

New York, 18 January 2007

Organisation des Nations Unies

New York, le 18 janvier 2007

La suscrita Coordinadora del Área de Tratados de la Oficina AsesoraJurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores

CERTIFICA:

Que la reproducción del texto que antecede es fotocopia fiel y completadel texto en idioma castellano de la "Convención Internacional para laProtección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas",adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006, tomada de la copiacertificada por el Secretario General Adjunto para Asuntos Jurídicosde la Organización de las Naciones Unidas, la cual consta de veintiún(21) folios, documento que reposa en los archivos de la Oficina AsesoraJurídica de este Ministerio

Dada en Bogotá, D. C., a los treinta (30) días del mes de marzo dedos mil nueve (2009).

Margarita Eliana Manjarrez Herrera,

Coordinadora Área de Tratados Oficina Asesora Jurídica.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICOPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 22 de abril de 2009

Autorizado. Sométase a consideración del honorable Congreso de laRepública para los efectos constitucionales.

(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Jaime Bermúdez Merizalde.

DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase la "Convención Internacional para la Protecciónde todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas"adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la "Convención Internacional para la Protección detodas las Personas contra las Desapariciones Forzadas" adoptada enNueva York el 20 de diciembre de 2006, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D. C., a los …

Presentado al honorable Congreso de la República por el Ministro deRelaciones Exteriores y el Ministro de Defensa Nacional.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Jaime Bermúdez Merizalde.

El Ministro de Defensa Nacional,

Gabriel Silva Luján.