LegalizeLey 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria
Conceder prioridad a las especies y subespecies endémicas, así como a aquellas otras cuya área de distribución sea muy limitada, y a las migratorias.
Artículo 41. Situaciones excepcionales de riesgo para la fauna y flora.
Cuando se produzcan daños o situaciones de riesgo para los recursos naturales como consecuencia de circunstancias excepcionales de tipo meteorológico, biológico o ecológico, sean naturales o debidas a accidentes o a cualquier intervención humana, las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias, incluyendo moratorias temporales o prohibiciones especiales y cualquier otra de carácter excepcional dirigida a evitar o reducir el riesgo, paliar el daño o restaurar los recursos naturales afectados.
Artículo 42. Reparación de daños.
1. La Consejería competente indemnizará, como medida compensatoria, los daños efectivamente causados en toda la Comunidad por las especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas o en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial. En caso de que la especie en cuestión tenga aprobado un plan de los contemplados en los artículos 47bis y 68 de la presente Ley, estos pagos compensatorios se realizarán conforme a lo establecido en dicho plan.
2. La responsabilidad por los pagos compensatorios por los daños producidos por las especies de fauna silvestre declaradas como cinegéticas se regulará por la normativa sectorial correspondiente.
3. La Consejería competente podrá establecer un régimen de subvenciones o ayudas públicas con objeto de favorecer la adopción de medidas preventivas para reducir los daños producidos por la fauna silvestre que, en el caso de las especies catalogadas como amenazadas y las incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, se podrá regular en los planes a los que se hace referencia en los artículos 68 y 47 bis, respectivamente, de la presente Ley.
Se modifica por el art. 22.1 de la Ley 11/2021, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-2180
Artículo 43. Centros de conservación y recuperación.
1. La Consejería competente podrá establecer centros especializados, incluidos bancos genéticos, para la conservación de especies de flora y fauna silvestre que definirán sus objetivos y actuaciones conforme a las necesidades de conservación de éstas fuera de sus hábitats.
2. El Gobierno de Cantabria podrá establecer convenios de colaboración con centros de recuperación de otras Administraciones, así como con Instituciones públicas o privadas para el cumplimento de los objetivos de conservación de especies silvestres establecidos en esta Ley.
Artículo 44. Control de especies invasoras.
1. Cuando se compruebe que la presencia o proliferación de una especie alóctona causa daños en las autóctonas o sus hábitats, la Consejería competente podrá establecer programas o medidas de control, y, en su caso, de erradicación, siendo de obligado cumplimiento por parte de los que posean u ostenten algún derecho sobre los ejemplares afectados.
2. La Administración procederá a la ejecución subsidiaria de las medidas de control o erradicación en el caso de que no se observaren por los obligados en el plazo señalado al efecto en la norma o resolución que las hubiere dispuesto.
Artículo 45. Colecciones científicas.
1. Las colecciones científicas de entidades, instituciones u organismos públicos que contengan ejemplares o restos de especies silvestres deberán inscribirse, haciendo constar su origen, en el Registro de Colecciones Científicas que a tal efecto creará la Consejería competente. Así mismo, podrán inscribirse en dicho Registro las colecciones privadas cuyos propietarios quieran contribuir al mejor conocimiento de la biodiversidad, sin que tal inscripción suponga ninguna cesión o pérdida de la propiedad del material de origen legítimo. Reglamentariamente se regulará la organización y funcionamiento de dicho Registro.
2. Los titulares de colecciones científicas tienen el deber de conservarlas, mantenerlas y custodiarlas de manera que se garantice la salvaguardia de sus valores. Asimismo, deberán permitir su inspección por la Consejería competente, así como su estudio por los investigadores acreditados.
3. Tanto las colecciones científicas de entidades, instituciones y organismos públicos como las privadas, podrán beneficiarse de las ayudas presupuestarias o incentivos fiscales que puedan establecerse.
Artículo 46. Naturalización de ejemplares de fauna silvestre.
1. La naturalización se podrá realizar sobre especies cinegéticas y piscícolas capturadas conforme a la legislación vigente.
2. La naturalización de ejemplares no incluidas en el apartado anterior requerirá la autorización de la Consejería competente.
3. Las condiciones exigibles a la actividad de taxidermia se regularán reglamentariamente.
Artículo 47. Árboles singulares de Cantabria.
1. Los ejemplares de árboles, fueran individuales o formaren parte de agrupaciones, cuya conservación sea necesario asegurar por su valor o interés natural, cultural, científico, educativo, estético o paisajístico se incluirán en un catálogo administrativo.
2. En los ejemplares o rodales incluidos en el catálogo podrán llevarse a cabo, previa autorización de la Consejería competente, todo tipo de tratamientos silvícolas y actuaciones encaminadas a su protección, conservación y mejora.
Artículo 47 bis. Planes de gestión de especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial.
1. Se podrán elaborar planes de gestión de ámbito regional referidos a una o varias especies silvestres, no catalogadas como amenazadas en Cantabria, y que estando incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial regulado en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, requieran de la adopción de medidas específicas de gestión de ámbito regional compatibles con su estado de conservación favorable y en el marco establecido en la normativa básica.
2. Los planes habrán de tener, como mínimo, los siguientes contenidos:
Zonificación del territorio regional en función de la presencia de la especie o especies;
medidas de gestión de la especie o especies, asegurando su conservación y su compatibilidad con otros usos implantados en el territorio;
las medidas de seguimiento del estado de conservación de la especie o especies;
en caso de que la especie objeto del plan de gestión cause daños a la ganadería, agricultura, montes o pesquerías, las medidas compensatorias, incluidos los pagos a los que hubiera lugar por los daños causados a terceros; las medidas preventivas para reducir los daños; y las medidas de control de ejemplares que sean precisas.
3. Los planes serán elaborados por la Consejería competente y aprobados mediante Orden, previo sometimiento a audiencia e información públicas por el plazo de 20 días.
4. Las determinaciones de los planes de gestión deberán supeditarse a los instrumentos de ordenación y planificación de los espacios naturales protegidos previstos en la presente Ley.
Se añade por el art. 22.2 de la Ley 11/2021, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-2180
CAPÍTULO II. Especies amenazadas e instrumentos de protección
Artículo 48. Categorías jurídicas de protección.
1. Las especies, subespecies, variedades o poblaciones concretas, o la totalidad de las especies de un género, cuya conservación exija medidas específicas de protección por parte del Gobierno de Cantabria serán clasificadas en alguna de las categorías jurídicas siguientes, según el grado o tipo de amenaza, e incorporadas al Catálogo Regional de Especies Amenazadas:
«Extintas», cuando exista la seguridad de que ha desaparecido el último ejemplar en el territorio de Cantabria, o sólo sobrevivan ejemplares en cautividad, cultivos o en poblaciones fuera de su área natural de distribución.
«En peligro de extinción», cuando su supervivencia sea poco probable, si persisten las causas de la situación de amenaza.
«Sensibles a la alteración de su hábitat», cuando su hábitat característico esté particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado.
«Vulnerables», cuando exista el riesgo de pasar a las anteriores categorías en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre él no son corregidos.
«De interés especial», en el que se incluirán aquellos taxones o poblaciones que, sin estar contempladas en ninguna de las categorías precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad.
2. La inclusión de especies, subespecies, variedades o poblaciones concretas, o la totalidad de las especies de un género en las anteriores categorías jurídicas de protección exigirá el cumplimiento de los criterios de declive, área de distribución, tamaño de la población, opinión de personas expertas, y otros que se definan en el Programa Director de Conservación de la Naturaleza, que se aplicarán en función de la mejor información técnica disponible.
Artículo 49. Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
1. El Catálogo Regional de Especies Amenazadas es un registro público de carácter administrativo en el que se incluirán las especies, subespecies, variedades o poblaciones concretas, o la totalidad de las especies de un género, que hayan sido clasificadas en alguna de las categorías jurídicas de protección descritas en el artículo anterior.
2. El Catálogo Regional se elaborará por la Consejería competente y aprobará por el Gobierno de Cantabria mediante Decreto.
3. El Catálogo incluirá la siguiente información para cada una de las especies, subespecies o poblaciones amenazadas:
Denominación científica y nombres vulgares.
Categoría jurídica de protección.
Datos relevantes, extraídos de la memoria técnica justificativa, sobre su estado, área de distribución natural y amenazas.
Fecha de inclusión o modificación de la catalogación y de los planes correspondientes.
4. La Consejería competente difundirá ampliamente el contenido del Catálogo Regional y adoptará las medidas precisas que permitan incrementar el conocimiento científico y técnico de las especies amenazadas, promoviendo programas de comunicación y participación social que posibiliten la corresponsabilidad activa de todos los ciudadanos en su defensa.
Artículo 50. Procedimiento de catalogación.
1. La Consejería competente iniciará el procedimiento de inclusión en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas cuando la mejor información técnica y científica disponible sobre su estado así lo aconseje. Podrán solicitar la iniciación otras Administraciones Públicas y entidades o asociaciones que persigan el cumplimiento de los principios señalados en el artículo 3 de la Ley, acompañando a la solicitud un informe científico fundamentado.
2. Iniciado el procedimiento, la Consejería competente elaborará una memoria técnica justificativa en la que acredite la necesidad y oportunidad de protección de la especie. La memoria será sometida a información pública, durante un período mínimo de un mes desde su publicación en el “Boletín Oficial de Cantabria”.
3. La inclusión de una especie, subespecie, variedad o población concreta, o la totalidad de las especies de un género en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas se acordará por Orden de la Consejería competente, que será publicada en el Boletín Oficial de Cantabria.
4. La descatalogación o cambio de categoría seguirá el mismo procedimiento que la inclusión en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
Se modifica el apartado 2 por el art. 86.2 de la Ley 2/2025, de 2 de abril. Ref. BOE-A-2025-10884#a8-8
Artículo 51. Efectos jurídicos de la catalogación.
1. La inclusión en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas conlleva la obligación de aprobar el correspondiente plan para su gestión, o realización de estudios previos, en su caso, en los términos descritos en el título IV de esta Ley.
2. En las categorías jurídicas de especies «en peligro de extinción», «sensibles a la alteración de su hábitat», «vulnerables», y en el caso de especies «extintas» reintroducidas, la inclusión en el Catálogo conlleva las siguientes prohibiciones genéricas:
Tratándose de plantas, la de cualquier actuación no autorizada que se lleve a cabo con el propósito de destruirlas, mutilarlas, cortarlas o arrancarlas, así como la recolección de sus semillas, polen o esporas.
Tratándose de animales, incluidas sus larvas, crías o huevos, la de cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, así como la destrucción de sus nidos, vivares y áreas de reproducción, invernada o reposo.
En ambos casos, la de poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer para la venta, importar o exportar ejemplares vivos o muertos, así como sus propágulos o restos, salvo en los casos que reglamentariamente se determinen.
CAPÍTULO III. De la caza y pesca continentales
Artículo 52. Aprovechamientos cinegéticos y piscícolas.
1. La caza y la pesca en aguas continentales sólo podrá realizarse sobre las especies que en la normativa sectorial competente se declaren especies cinegéticas o piscícolas, que, en ningún caso, podrá afectar a las especies amenazadas o a las no autorizadas por la Unión Europea.
2. En todo caso, el ejercicio de la caza y de las pesca continental se regulará de modo que queden garantizados la conservación y el fomento de las especies autorizadas para este ejercicio, a cuyos efectos la Consejería competente determinará los terrenos y aguas donde puedan realizarse tales actividades, así como las fechas hábiles para cada especie.
3. Todo aprovechamiento cinegético y acuícola en terrenos acotados al efecto deberá hacerse por el titular del derecho, de forma ordenada y conforme al plan técnico justificativo de la cuantía y modalidades de las capturas a realizar, con el fin de proteger y fomentar la riqueza cinegética y acuícola.
4. El contenido y la aprobación de los planes técnicos se ajustarán a las normas y requisitos que a tal efecto establezca la Comunidad Autónoma y, en su caso, a los instrumentos de planeamiento contemplados en la presente Ley.
Artículo 53. Limitaciones y prohibiciones.
Con carácter general, se establecen las siguientes determinaciones relacionadas con la actividad cinegética y acuícola, en su caso:
Salvo en las circunstancias y condiciones excepcionales enumeradas en el artículo 39 quedan prohibidas la tenencia, utilización y comercialización de todos los procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte de animales, en particular venenos o trampas, así como de aquellos que puedan causar localmente la desaparición, o turbar gravemente la tranquilidad de las poblaciones de una especie.
Queda igualmente prohibido con carácter general el ejercicio de la caza de aves durante la época de celo, reproducción y crianza, así como durante su trayecto de regreso hacia los lugares de cría en el caso de especies migratorias.
Sólo podrán ser objeto de comercialización, en vivo o en muerto, las especies que reglamentariamente se determinen.
Se podrán establecer moratorias temporales o prohibiciones especiales cuando razones de orden biológico lo aconsejen.
Queda sometido al régimen de autorización administrativa la introducción de especies alóctonas o autóctonas, así como la reintroducción de las extinguidas, a fin de garantizar la conservación de la diversidad genética.
Los cercados y vallados de terrenos cinegéticos deberán construirse de forma tal que no impidan la circulación de la fauna silvestre no cinegética. La superficie y forma del cercado deberán evitar los riesgos de endogamia en las especies cinegéticas.
TÍTULO IV. Planeamiento de los recursos naturales
Artículo 54. Planeamiento de los recursos naturales.
Con la finalidad de adecuar la gestión de los recursos naturales y, en especial, de los espacios naturales y de las especies de flora y fauna amenazadas a los principios inspiradores de esta Ley definidos en el título I, se planificarán los recursos naturales. Las determinaciones de ese planeamiento tendrán los efectos previstos en la presente Ley.
CAPÍTULO I. Planes de ordenación de los recursos naturales
Artículo 55. Definición.
Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales se configuran como el instrumento básico del planeamiento de los recursos naturales, que persiguen garantizar su conservación y uso sostenible en su ámbito de ordenación.
Artículo 56. Objetivos.
Son objetivos de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales:
La definición del estado de conservación de los recursos y ecosistemas en el correspondiente ámbito espacial.
La determinación de las limitaciones que deban establecerse a la vista del estado de conservación.
El señalamiento de los regímenes de protección que procedan.
La aplicación de medidas de conservación, restauración y mejora de los recursos naturales que lo precisen.
La formulación de los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las actividades económicas y sociales, públicas y privadas.
Artículo 57. Contenido mínimo.
Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán el siguiente contenido mínimo:
Delimitación del ámbito espacial objeto de ordenación.
Descripción e interpretación de las principales características físicas y biológicas del territorio.
Definición del estado de conservación y renovación de los recursos naturales, los ecosistemas y los paisajes, con formulación de un diagnóstico de los mismos y una previsión de su evolución futura.
Análisis del estadio socio-económico de las poblaciones asentadas y perspectivas de su evolución futura.
Aplicación, en su caso, de las categorías jurídicas establecidas en la presente Ley para la protección de los espacios naturales, o especies silvestres de flora y fauna amenazadas.
Determinación de las limitaciones generales y específicas que, respecto de los usos y actividades, hayan de adoptarse en función de los objetivos de conservación establecidos con especificación, en su caso, de las distintas zonas.
Concreción de aquellas actividades, obras o instalaciones públicas o privadas a las que deba aplicarse el vigente régimen de evaluación de impacto ambiental.
Establecimiento de criterios orientadores en la formulación y ejecución de las diversas políticas sectoriales que inciden en el ámbito territorial objeto del Plan que garanticen su mínimo impacto sobre la conservación de los recursos naturales.
Artículo 58. Documentación.
Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales se compondrán de los siguientes documentos:
Memoria, que incorporará los contenidos descritos en los párrafos a), b), c) y d) del artículo anterior.
Normas de Ordenación, que incluirán los restantes contenidos de carácter dispositivo señalados en el artículo anterior.
Planos de Información, que se confeccionarán a escala adecuada, y recogerán los contenidos de la Memoria y de las Normas de Ordenación.
Artículo 59. Inicio del procedimiento de aprobación.
1. El procedimiento de elaboración y aprobación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales será iniciado por Acuerdo de la Consejería competente, que será publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, surtiendo los efectos jurídicos que constan en los apartados siguientes de este artículo.
2. Durante su tramitación, no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de dicho Plan.
3. Iniciado el procedimiento de aprobación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y hasta que ésta se produzca no podrá otorgarse ninguna autorización, licencia o concesión que habilite para la realización de actos de transformación de la realidad física y biológica, sin informe favorable de la Consejería competente. Este informe sólo podrá ser negativo cuando en el acto pretendido concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado anterior. Dicho informe deberá ser emitido en el plazo de tres meses, quedando entretanto en suspenso el plazo máximo legal para resolver y notificar según lo dispuesto en la vigente legislación de procedimiento administrativo común.
Artículo 60. Aprobación inicial.
1. La Consejería competente elaborará y procederá a la aprobación inicial de la Memoria, de las Normas de Ordenación y los Planos de Información. La Orden de aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria.
2. Acordada la aprobación inicial, se abrirá un periodo información pública, y de audiencia a los interesados y representantes de los intereses sociales e institucionales afectados, así como de asociaciones que persigan el logro de los principios inspiradores de esta Ley, por plazo de dos meses.
3. Dichos documentos se remitirán al resto de las Consejerías del Gobierno de Cantabria, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la Administración General del Estado, y los Ayuntamientos afectados para que, en su caso, y en el mismo plazo, emitan los informes que consideren oportunos.
Se modifica el apartado 3 por el art. 86.3 de la Ley 2/2025, de 2 de abril. Ref. BOE-A-2025-10884#a8-8
Artículo 61. Aprobación definitiva.
1. La Consejería competente, finalizados los plazos indicados, remitirá los informes y alegaciones, si los hubiera, al Consejo de Gobierno para que, a su vista, proceda a la aprobación definitiva del Plan con las modificaciones que, en su caso, procedieran.
2. Si el Consejo de Gobierno introdujera un cambio sustancial en los criterios y soluciones del Plan inicialmente aprobado, procederá a la apertura de un nuevo periodo de información pública, así como de informes y alegaciones por el plazo de un mes. En tal caso, una vez evacuados estos trámites, procederá a la aprobación definitiva del Plan.
3. La aprobación definitiva del Plan se realizará por Decreto del Consejo de Gobierno de Cantabria y se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria. La publicación incluirá necesariamente la delimitación territorial del espacio natural protegido, las Normas de Ordenación y los Planos de Información.
Artículo 62. Vigencia y revisión.
Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán vigencia indefinida. Podrán, no obstante, ser modificados, siguiendo el mismo procedimiento que su aprobación.
No tendrán la consideración de modificación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales los meros ajustes cartográficos, realizados con la finalidad de ajustar su cartografía a los criterios recogidos en propio Plan, ni las correcciones que sea preciso llevar a cabo para incorporar los pronunciamientos derivados de una sentencia judicial, que podrán llevarse a cabo directamente por Decreto del Consejo de Gobierno.
Se añade el párrafo 2º por el art. 4 de la Ley 4/2013, de 20 de junio. Ref. BOE-A-2013-7913.
Artículo 63. Eficacia jurídica.
1. Los efectos de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales tendrán el alcance que establezcan sus propias normas de aprobación.
2. Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales serán obligatorios y ejecutivos en las materias reguladas por la presente Ley, constituyendo sus disposiciones un límite para cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o física, cuyas determinaciones no podrán alterar o modificar dichas disposiciones. Los instrumentos de ordenación territorial o física existentes que resulten contradictorios con los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos. Entre tanto dicha adaptación no tenga lugar, las determinaciones de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre los instrumentos de ordenación territorial o física existentes.
3. Asimismo, los citados Planes tendrán carácter indicativo respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales y sus determinaciones se aplicarán subsidiariamente, sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior.
CAPÍTULO II. Planeamiento de los espacios naturales protegidos
Artículo 64. Figuras de planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos.
Los instrumentos de planeamiento para la gestión de los Espacios Naturales Protegidos serán los siguientes:
En los Parques Nacionales, Parques Naturales y en las Reservas Naturales, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso y Gestión, configurándose éstos últimos como planeamiento de desarrollo de los anteriores.
En los Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos, y Áreas Naturales de Especial Interés, las Normas de Protección.
En las Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000, podrán aprobarse Planes de gestión específicos o cualquier instrumento de planeamiento de los anteriormente mencionados.
Artículo 65. Planes Rectores de Uso y Gestión.
1. Los Planes Rectores de Uso y Gestión desarrollarán, al menos, los siguientes contenidos:
Objetivos de conservación del Parque Nacional, Parque Natural o Reserva Natural y del Plan Rector de Uso y Gestión.
Normativa general y régimen de usos y actividades permitidos, autorizables y prohibidos, con zonificación del territorio, en su caso, para el cumplimiento de los objetivos de conservación.
Directrices generales de gestión: protección y restauración del paisaje y los recursos, aprovechamientos y usos e investigación.
Estimación económico-financiera de las inversiones correspondientes.
2. Los Planes Rectores de Uso y Gestión tendrán una vigencia máxima de seis años. Sus determinaciones surten igualmente los efectos jurídicos descritos en este capítulo para los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, sin que puedan contradecir sus previsiones.
3. Los Planes Rectores de Uso y Gestión serán elaborados por el órgano gestor del parque, siendo de aplicación al procedimiento para su aprobación y modificación lo dispuesto en esta Ley para la aprobación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.
4. Con carácter anual se elaborará y aprobará por la Consejería competente, previa consulta del Patronato y de conformidad con las prescripciones del Plan Rector de Uso y Gestión, un plan de actividades, actuaciones e inversiones de carácter operativo.
Artículo 66. Normas de Protección.
1. Las Normas de Protección describirán los valores a conservar en los Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos y Áreas Naturales de Especial Interés, identificando los riesgos y amenazas que les puedan afectar, y regulando el régimen de usos y actividades específico destinado a garantizar su conservación.
2. Su contenido mínimo es el siguiente:
Finalidad y objetivos de la declaración.
Ámbito espacial de aplicación.
Régimen de protección, uso y gestión.
Limitaciones y directrices generales para la protección y conservación.
3. El procedimiento de aprobación de las Normas de Protección de Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos y Áreas Naturales de Especial Interés declaradas de oficio por la Consejería competente, se iniciará con la elaboración de un avance por parte de dicha Consejería que será publicado en el “Boletín Oficial de Cantabria”, y sujeto a información pública y audiencia a los interesados y representantes de los intereses sociales e institucionales afectados, así como de asociaciones que persigan el logro de los principios inspiradores de esta ley, por plazo de dos meses. Dichos documentos se remitirán al resto de las Consejerías del Gobierno de Cantabria, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la Administración General del Estado y los Ayuntamientos afectados para que, en su caso, y en el mismo plazo, emitan los informes que consideren oportunos. Finalizados dichos plazos y a la vista de las alegaciones e informes, las Normas de Protección se aprobarán por Decreto del Gobierno de Cantabria.
4. El procedimiento de aprobación de las Normas de Protección de las Áreas Naturales de Especial Interés promovidas por los municipios o por la iniciativa de otras personas físicas o jurídicas, se iniciará con la elaboración de una propuesta por parte de la entidad promotora que deberá ser informada necesariamente por la Consejería competente con objeto de valorar su adecuación a los objetivos de la presente ley, en general, y de las características del Área, en particular. En caso de informe favorable, el avance de las Normas será publicado en el “Boletín Oficial de Cantabria”, y sujeto a información pública y audiencia a los interesados y representantes de los intereses sociales e institucionales afectados, así como de asociaciones que persigan el logro de los principios inspiradores de esta ley, por plazo de dos meses. Dichos documentos se remitirán al resto de las Consejerías del Gobierno de Cantabria, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo y la Administración General del Estado para que, en su caso, y en el mismo plazo, emitan los informes que consideren oportunos. Finalizados dichos plazos y a la vista de las alegaciones e informes, las Normas de Protección se aprobarán por Decreto del Gobierno de Cantabria.
5. Las Normas de Protección determinarán su vigencia. Las disposiciones de las Normas de Protección prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico. Cuando sus determinaciones sean incompatibles con el planeamiento urbanístico en vigor, éste se revisará de oficio por los órganos competentes.
Se modifican los apartados 3 y 4 por el art. 86.4 de la Ley 2/2025, de 2 de abril. Ref. BOE-A-2025-10884#a8-8
Artículo 67. Planes de Gestión de Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
1. El Gobierno de Cantabria aprobará para la gestión de las Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000 alguno de los instrumentos de planeamiento anteriores o lo integrará en alguno de aquellos. En su defecto, aprobará un plan de gestión específico. No obstante, se podrán elaborar y aprobar planes de gestión comunes que afecten a diversos espacios integrados en la Red cuando se aprecien necesidades de gestión semejantes. En todo caso, habrá de contener las medidas de conservación que se describen en el artículo 35 de esta Ley.
2. Los planes de gestión específicos para las Zonas de la Red Ecológica Natura 2000, deberán contener, como mínimo, un análisis y diagnóstico del medio físico y biológico, objetivos, acciones y medidas de gestión y conservación, análisis de costes y beneficios, seguimiento y evaluación de resultados.
3. Los planes de gestión específicos seguirán el procedimiento de aprobación descrito en el artículo anterior para las Normas de Protección y surtirán los mismos efectos que éstas.
CAPÍTULO III. Planeamiento de las especies amenazadas
Artículo 68. Instrumentos de planeamiento de las especies amenazadas.
1. La catalogación de una especie, subespecie o población como «extinta», exigirá la realización de un estudio sobre la viabilidad de su introducción y, en caso de ser favorable, la aprobación de un plan de reintroducción.
2. La inclusión en la categoría «en peligro de extinción» exigirá la aprobación de un plan de recuperación en el que se definirán las medidas necesarias para eliminar el peligro de extinción.
3. La incorporación a la categoría «sensibles a la alteración de su hábitat» exigirá la aprobación de un Plan de Conservación del Hábitat.
4. La catalogación como «vulnerables» exigirá la aprobación de un plan de conservación y, en su caso, de la protección de su hábitat.
5. La catalogación como «de interés especial» exigirá la aprobación de un plan de manejo que determine las medidas necesarias para mantener a las poblaciones en un nivel adecuado.
Artículo 69. Contenido de los planes.
1. Los instrumentos de planeamiento de las especies amenazadas tendrán el siguiente contenido mínimo:
Análisis y evaluación del estado actual de la especie, subespecie o población.
Delimitación del ámbito espacial de aplicación, en su caso, con la zonificación del territorio precisa para la realización de las actuaciones y determinación de áreas críticas para la conservación.
Programa de actuaciones para la conservación y restauración de las poblaciones o del hábitat.
Normativa y limitaciones de usos, aprovechamientos y actividades.
Sistemas de control y seguimiento de las poblaciones y eficacia del plan.
Evaluación de costes y presupuestos.
2. Los diversos instrumentos de planeamiento podrán desarrollarse a través de planes operativos en los que se concretarán las medidas y actividades de carácter ejecutivo a adoptar con carácter anual.
3. Las medidas de protección adoptadas en los correspondientes planes habrán de ser coherentes con las previstas para la misma especie, subespecie o población en otras Comunidades Autónomas, estableciendo para ello los precisos mecanismos de coordinación. Con este fin, el Gobierno de Cantabria podrá realizar con otras Comunidades acuerdos para la protección de especies silvestres amenazadas que desarrollen sus ciclos vitales en un ámbito territorial común a ambas.
4. En el caso de las especies «extintas» se analizará, en particular, la viabilidad de reintroducir especies autóctonas extintas incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE y en el Anexo IV de la Directiva 92/43/CEE.
Artículo 70. Procedimiento de aprobación.
1. El procedimiento de aprobación de los planes de especies amenazadas se iniciará con la elaboración de un avance por parte de la Consejería competente que será publicado en el “Boletín Oficial de Cantabria”, y sujeto a información pública y audiencia a los interesados y representantes de los intereses sociales e institucionales afectados, así como de asociaciones que persigan el logro de los principios inspiradores de esta ley, por plazo de dos meses. Dichos documentos se remitirán al resto de las Consejerías del Gobierno de Cantabria, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la Administración General del Estado, y los Ayuntamientos afectados para que, en su caso, y en el mismo plazo emitan los informes que consideren oportunos. Finalizados dichos plazos y a la vista de las alegaciones e informes, se procederá a su aprobación definitiva.
2. Los planes de reintroducción, planes de recuperación de especies «en peligro de extinción», planes de conservación del hábitat de especies «sensibles a la alteración de su hábitat» y planes de conservación de especies «vulnerables» serán aprobados por Decreto del Consejo de Gobierno de Cantabria. Los planes de manejo serán aprobados por Orden de la Consejería competente
3. Podrán aprobarse planes conjuntos para dos o más especies, subespecies o poblaciones cuando compartan requerimientos, riesgos o hábitat.
Se modifica el apartado 1 por el art. 86.5 de la Ley 2/2025, de 2 de abril. Ref. BOE-A-2025-10884#a8-8
Artículo 71. Efectos jurídicos.
1. Las áreas críticas que, en su caso, se delimiten en los ámbitos espaciales de aplicación de los planes de especies catalogadas serán declaradas Áreas Naturales de Especial Interés, integrándose en la Red de Espacios Naturales Protegidos.
2. Los distintos planes establecerán su plazo de vigencia y serán objeto de revisión periódica.
TÍTULO V. Organización administrativa
Artículo 72. Comisión Regional de Conservación de la Naturaleza.
(Suprimido)
Se suprime por el art. 86.6 de la Ley 2/2025, de 2 de abril. Ref. BOE-A-2025-10884#a8-8
Artículo 73. Gestión de los espacios protegidos y especies amenazadas.
1. Para la gestión de los Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos, Zonas de Especial Protección de las Aves, Zonas Especiales de Conservación y las Especies Amenazadas Catalogadas se nombrará, por el Consejero competente, un director o directora. Cuando la organización del servicio así lo aconseje, podrá nombrarse un director único para gestionar varios Espacios Naturales Protegidos, o planes de especies amenazadas.
2. El director o directora de un Parque Nacional, de un Parque Natural y de una Reserva Natural, desempeñará las siguientes funciones:
Dirección, supervisión y seguimiento de actuaciones y programas de gestión.
Confección de los presupuestos.
Elaboración de memoria anual de seguimiento de eficacia de medidas y actividades.
3. El director o directora del Monumento Natural, Paisaje Protegido, Zona de Especial Protección de Aves, Zona Especial de Conservación, zona y espacios integrados en la Red Natura 2000 se encargará del cumplimiento de las correspondientes medidas, acciones y normativa de conservación.
4. El director o directora responsable de la gestión de los planes de especies amenazadas, se ocupará de la dirección y seguimiento del cumplimento de las actuaciones y medidas previstas en los correspondientes planes, y de la coordinación con las actividades y programas de la Red de Espacios Naturales Protegidos.
5. En el caso de las Áreas Naturales de Especial Interés declaradas de oficio por la Consejería competente, se estará a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo.
6. La gestión de las Áreas Naturales de Especial Interés promovidas por los municipios, bien de oficio o a instancia de otras personas físicas o jurídicas, será responsabilidad de dichos municipios, con sometimiento a las condiciones generales establecidas para la Red de Espacios Protegidos de Cantabria por la presente Ley y sus normas de desarrollo, y a las específicas que establezcan las Normas de Protección aprobadas para cada Área, sin perjuicio todo ello de la aplicación de la normativa básica de régimen local.
7. Para facilitar la gestión de las Áreas Naturales de Especial Interés promovidas por los municipios, éstos podrán nombrar un responsable del Área cuyas funciones serán análogas a las establecidas en el apartado 2 de este artículo.
8. El incumplimiento de lo establecido en el apartado 6 del presente artículo, conllevará la apertura por parte de la Consejería competente de un expediente informativo que podrá concluir, en su caso, con la propuesta de desclasificación del Área y, consecuentemente, con su exclusión de la Red de Espacios Protegidos de Cantabria, sin perjuicio de la depuración de las responsabilidades a que hubiera lugar y del inicio, si se estima procedente, de un nuevo procedimiento de declaración. La desclasificación de un Área Natural de Especial Interés se realizará por el Gobierno de Cantabria mediante Decreto.
Se modifica el apartado 8 por el art. 86.7 de la Ley 2/2025, de 2 de abril. Ref. BOE-A-2025-10884#a8-8
Artículo 74. Patronato de los Parques Nacionales y de los Parques Naturales.
1. Como órgano de participación social en la gestión de cada Parque Nacional y Parque Natural se creará un patronato, en el que estarán representados las Administraciones Públicas, los propietarios, y demás titulares de intereses sociales y económicos relevantes, así como asociaciones con fines de conservación análogos a los establecidos para el Parque. El director o directora del Parque Nacional o del Parque Natural formará parte del patronato. Su composición y funcionamiento se determinará reglamentariamente. En los patronatos de los Parques Nacionales habrán de respetarse las exigencias de paridad representativa de las Administraciones a que se refiere la legislación básica estatal.
2. Son funciones del patronato, sin perjuicio de las atribuidas por la legislación básica del Estado:
Informar, con carácter preceptivo, el Plan Rector de Uso y Gestión y los presupuestos correspondientes, los planes anuales de actividades, actuaciones e inversiones; y los proyectos que se desarrollen en el ámbito del Parque Nacional o del Parque Natural o en el Área de Influencia Socioeconómica y que no se encuentren contemplados en el Plan Rector de Uso y Gestión o Plan Anual.
Elaborar los informes relacionados con el Parque Nacional o Parque Natural que le sean requeridos.
Elaborar propuestas para la mejora de la gestión de los recursos naturales del Espacio Natural así como de la calidad de vida de las poblaciones integradas en el Área de Influencia Socioeconómica correspondiente.
Artículo 75. Programa Director de Conservación de la Naturaleza.
1. La Consejería competente elaborará y aprobará el Programa Director de Conservación de la Naturaleza, que se configura como el instrumento básico de gestión que recoja las directrices, criterios, medidas y actuaciones precisas para la protección de los recursos naturales, así como las relaciones entre los espacios protegidos y las categorías que se definan, proponiendo aspectos de gestión comunes a todos ellos.
2. El Programa Director de Conservación de la Naturaleza desarrollará, además de los previstos en esta Ley, los siguientes contenidos:
Criterios generales de elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.
Contenidos, directrices y criterios para la elaboración de los instrumentos de planeamiento del medio natural, y en particular de los espacios naturales y de las especies amenazadas.
Establecimiento de objetivos generales de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria.
Directrices comunes de planeamiento, gestión de usos y actividades de lugares integrados en la Red regional de Espacios Naturales Protegidos, en particular en los siguiente ámbitos:
1.º Conservación y restauración de los espacios y recursos naturales,
2.º coordinación administrativa,
3.º planeamiento de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria,
4.º regulación de aprovechamientos, usos y actividades,
5.º participación ciudadana, sensibilización, formación y educación ambiental,
6.º infraestructuras e instalaciones,
7.º programa general de actuaciones en la Red, y
8.º organización e imagen.
Criterios para la inclusión de especies en las diversas categorías que integran el Catálogo de Especies Amenazadas de Cantabria.
Condiciones para la explotación de especies animales y vegetales de interés comunitario presentes en Cantabria cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.
3. El Programa Director de Conservación de la Naturaleza será revisado y modificado cada cinco años, pudiendo serlo con anterioridad si las circunstancias lo aconsejan.
Se modifica el apartado 3 por el art. 86.8 de la Ley 2/2025, de 2 de abril. Ref. BOE-A-2025-10884#a8-8
Artículo 76. Imagen institucional.
La Consejería competente, en el marco del Programa Director de Conservación de la Naturaleza, elaborará una imagen gráfica corporativa común, coherente y característica, a emplear en las diversas acciones y medidas que para la conservación de los espacios naturales y las especies silvestres se emprendan, estableciéndose reglamentariamente las condiciones para su uso y empleo por parte de terceras personas.
Artículo 77. Régimen económico de la conservación de los recursos naturales.
1. El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería competente, proveerá los medios económicos, humanos y materiales para el desarrollo de las actuaciones de conservación de la naturaleza y el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Ley. Anualmente, podrá convocar un programa de ayudas para la realización de actividades que guarden relación con el objeto de esta Ley.
2. Los municipios gestores de Áreas Naturales de Especial Interés deberán proveer los medios económicos, humanos y materiales necesarios para la aplicación de las Normas de Protección de dichas Áreas, sin perjuicio del establecimiento de acuerdos de colaboración con el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería competente, con asociaciones sin ánimo de lucro que promuevan la conservación de la naturaleza, o con otras personas físicas o jurídicas.
3. Sin perjuicio de lo establecido en los dos apartados anteriores, el desarrollo de las medidas necesarias para la conservación de los recursos naturales será financiado con los ingresos siguientes:
Aportaciones correspondientes a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, fondos europeos o de otras Administraciones Públicas.
Convenios, transferencias y otros ingresos procedentes de fondos de cofinanciación estatal destinados a la conservación y gestión de los recursos naturales, en particular los que se encuentren protegidos.
Créditos derivados de programas procedentes de fondos europeos.
Aplicación de tasas y precios públicos que pudieran establecerse en relación con usos, servicios, productos o actividades y, en general, explotación de recursos en Espacios Naturales Protegidos o relacionados con la conservación de especies amenazadas.
Donaciones, herencias, legados y otras aportaciones que, con destino específico a la gestión de Espacios Naturales Protegidos y de Especies Amenazadas, dispongan particulares, empresas o instituciones.
Comercialización de la imagen de marca de los Espacios Naturales Protegidos y de Especies Amenazadas.
Cualquier otro que sea en el futuro adscrito a la conservación y gestión de Espacios Naturales Protegidos y de Especies Amenazadas.
4. La financiación de la gestión de los Espacios Naturales Protegidos o las Especies Amenazadas podrá individualizarse mediante la creación de programas independientes para cada uno de ellos.
5. El Gobierno de Cantabria podrá priorizar en los diversos programas de desarrollo vigentes en cada momento las actuaciones e inversiones para obras y servicios en ayuntamientos que formen parte del Área de Influencia Socioeconómica de un Espacio Natural Protegido.
6. El funcionamiento de los patronatos de los Parques Nacionales y de los Parques Naturales será sufragado con cargo a los presupuestos anuales del Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería competente.
TÍTULO VI. Investigación, información, educación, participación
Artículo 78. Investigación.
1. La Comunidad Autónoma de Cantabria colaborará con la Administración General del Estado mediante la identificación de las prioridades investigadoras relacionadas con la conservación de la naturaleza en Cantabria para su integración en los planes nacionales de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica.
2. Asimismo promoverá, en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, el desarrollo de la investigación aplicada a la conservación por parte de los centros y organismos correspondientes, favoreciendo la cooperación entre instituciones públicas y privadas mediante el establecimiento de convenios y acuerdos con estos fines.
Artículo 79. Banco de Datos de la Biodiversidad de Cantabria.
1. La Consejería competente creará y mantendrá permanentemente actualizado el Banco de Datos de la Biodiversidad que integrará la totalidad de la información documental y gráfica disponible relativa al medio natural de la Comunidad Autónoma de Cantabria. La gestión de esta información deberá coordinarse con otros sistemas regionales, estatales y europeos de información ambiental.
2. La Consejería competente podrá establecer redes de investigación y parcelas de seguimiento de la evolución de los principales parámetros naturales independientes o integradas en otras de ámbito territorial superior.
Artículo 80. Educación ambiental.
1. Las Consejerías con competencias en conservación del medio natural, medio ambiente, educación y desarrollo rural elaborarán de forma coordinada una estrategia regional de educación ambiental para la conservación del medio natural, garantizando la participación de los colectivos interesados.
2. Igualmente, se desarrollarán programas específicos relacionados con la divulgación de los valores naturales regionales y, en particular, los Espacios Naturales Protegidos, la flora y fauna silvestres y sus hábitats.
Artículo 81. Voluntariado.
La Consejería competente promoverá la participación de la ciudadanía en las labores de conservación de la naturaleza, mediante la creación de programas de actividades de voluntariado relacionadas con el seguimiento y restauración de los recursos naturales. Dentro de estos programas se contemplarán medidas formativas específicas de las personas voluntarias.
Artículo 82. Evaluación y seguimiento de las actividades de conservación de la naturaleza.
1. La Consejería competente definirá un procedimiento sistematizado que permita la evaluación y el seguimiento del cumplimiento y efectividad de las medidas y disposiciones para la conservación de la naturaleza previstas en la presente Ley, mediante la elaboración de un sistema de indicadores ambientales de carácter cualitativo y cuantitativo.
2. Partiendo de los valores proporcionados por estos indicadores y con carácter anual, la Consejería competente elaborará un informe de seguimiento de la gestión, que será remitido al Parlamento de Cantabria.
Se modifica el apartado 2 por el art. 86.9 de la Ley 2/2025, de 2 de abril. Ref. BOE-A-2025-10884#a8-8
TÍTULO VII. Régimen sancionador
Artículo 83. Principios de la potestad y procedimiento sancionador. Medidas cautelares. Acción pública.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora se ajustará a los principios y procedimiento regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en su normativa reglamentaria de desarrollo.
2. Será pública la acción para exigir ante las Administraciones Públicas la observancia de lo establecido en la presente Ley y disposiciones de desarrollo y aplicación.
3. El plazo máximo para resolver y notificar será de un año.
4. La Consejería competente o los agentes de la autoridad podrán adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento o evitar el mantenimiento del daño ocasionado por la actividad presuntamente infractora.
5. Las medidas provisionales podrán consistir en:
Paralización de las obras.
Decomiso de medios o instrumentos.
Decomiso de ejemplares de especies de fauna o flora.
Cualesquiera otras que, de conformidad con los apartados 4 y 6 del presente artículo, resulten necesarias.
6. Las medidas provisionales deberán ser proporcionales a los objetivos que en cada caso se pretendan conseguir. Al inicio del procedimiento y de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso, la Consejería competente deberá ratificar tales medidas. Así mismo, podrá imponer nuevas medidas cautelares para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.
Se modifica por el art. 23.2 de la Ley 10/2012, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-627.
Artículo 84. Tipificación de las infracciones.
Las infracciones administrativas a lo dispuesto en esta Ley serán calificadas como leves, graves o muy graves.
Artículo 85. Infracciones muy graves.
Son infracciones administrativas muy graves:
La utilización de productos químicos, sustancias biológicas, la realización de vertidos o el derrame de residuos que alteren las condiciones de los ecosistemas, con daño para los valores en ellos contenidos.
La destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio, captura y exposición para el comercio y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizados de especies animales o plantas catalogadas como «en peligro de extinción», «sensibles a la alteración de su hábitat» o «extintas», así como la de sus propágulos o restos.
La destrucción del hábitat de especies catalogadas como «en peligro de extinción», «sensibles a la alteración de su hábitat» o «extintas», en particular de sus lugares de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación.
La realización de actos de transformación de la realidad física o biológica o la realización de actividades, no amparados en el correspondiente título administrativo de intervención, que hagan imposible o dificulten de forma importante la consecución de los objetivos de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales durante su procedimiento de aprobación.
La destrucción o deterioro significativo de los componentes de los hábitats prioritarios de interés comunitario.
El incumplimiento en los Espacios Naturales Protegidos o en sus Zonas Periféricas de Protección del régimen general y específico de usos y actividades y demás disposiciones contempladas en los instrumentos de planeamiento y gestión correspondientes al espacio natural, o en los planes de especies amenazadas, cuando causen daños a los valores naturales de carácter irreversible.
La introducción en el medio natural de ejemplares de especies o subespecies de flora y fauna exóticas invasoras sin la autorización correspondiente o con el incumplimiento de los condicionantes de dicha autorización.
Se modifica por el art. 23.3 de la Ley 10/2012, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-627.
Artículo 86. Infracciones graves.
Son infracciones administrativas graves:
La alteración de las condiciones de un Espacio Natural Protegido o de los productos propios de él mediante roturación, corta, arranque u otras acciones similares sin autorización o con incumplimiento de las condiciones de dicha autorización.
La ejecución sin la debida autorización administrativa, o con incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma, de ocupaciones, obras, trabajos, siembras o plantaciones en las zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación de uso o destino.
El otorgamiento de un título administrativo de intervención para ocupaciones, obras, trabajos, siembras o plantaciones en las zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación de uso o destino sin el informe del órgano competente en materia de conservación de la naturaleza cuando éste sea preceptivo.
La destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio, captura y exposición para el comercio y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizadas de especies animales o plantas catalogadas como ''vulnerables'' o ''de interés especial'', así como la de sus propágulos o restos.
La destrucción del hábitat de especies catalogadas como ''vulnerables'' y ''de interés especial'', o de aquellas de interés comunitario, en particular de sus lugares de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación.
La destrucción o deterioro significativo de hábitats de interés comunitario, cuando no tengan la consideración de prioritarios.
La perturbación, muerte, captura y retención intencionada de especies de aves en las épocas de reproducción y crianza, así como durante su trayecto de regreso hacia los lugares de cría en el caso de las especies migratorias, sin la autorización correspondiente o con incumplimiento de las condiciones de dicha autorización.
El incumplimiento de la obligatoriedad de mantener el régimen de caudales ecológicos cuando pueda causar daños irreparables a los Espacios Naturales Protegidos, a las especies catalogadas como amenazadas o a sus hábitats.
La captura, persecución injustificada de animales silvestres y el arranque y corta de plantas en aquellos supuestos en que sea necesaria autorización administrativa, de acuerdo con la regulación específica de la legislación de montes, caza y pesca continental, sin contar con dicha autorización o con incumplimiento de las condiciones de la misma.
El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones administrativas a que se refieren las normas de declaración de los Espacios Naturales Protegidos, sin perjuicio de su caducidad, revocación o suspensión.
La realización en los Espacios Naturales Protegidos de construcciones o la instalación de cartelería, cerramientos, vallados, antenas, pantallas o cualquier otro elemento susceptible de alterar o deteriorar la percepción o la calidad visual del paisaje sin la autorización correspondiente o con incumplimiento de las condiciones de dicha autorización.
La destrucción de árboles incorporados al Catálogo de Árboles Singulares o la alteración notable de su fisonomía que comprometa su supervivencia o los valores que motivaron su declaración.
El incumplimiento de las disposiciones contempladas en los instrumentos de planeamiento de actividades cinegéticas y pesqueras destinadas a evitar daños a especies o recursos amenazados.
El incumplimiento en los Espacios Naturales Protegidos o en sus Zonas Periféricas de Protección del régimen general y específico de usos y actividades y demás disposiciones contempladas en los instrumentos de planeamiento y gestión correspondientes al espacio natural o en los planes de especies amenazadas, cuando causen daños a los valores naturales de carácter reversible.
ñ) La realización de pruebas deportivas o de competición sin autorización, o con incumplimiento de las condiciones de dicha autorización en el interior de los Espacios Naturales Protegidos.
La utilización de los instrumentos, medios o métodos de captura descritos en el Anexo VI de la presente Ley.
Obstruir, por acción u omisión, las actuaciones de investigación, inspección, vigilancia o control de las Administraciones Públicas competentes en relación con el cumplimiento de esta Ley y sus normas de desarrollo.
Incumplir las prescripciones del plan de gestión de una especie incluida en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial.
Se añade la letra q) por el art. 22.3 de la Ley 11/2021, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-2180
Se modifica por el art. 23.4 de la Ley 10/2012, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-627.
Artículo 87. Infracciones leves.
Son infracciones administrativas leves:
Las acampadas en lugares prohibidos, de acuerdo con las previsiones de la presente Ley.
Arrojar o verter basuras, desperdicios, escombros y residuos de cualquier tipo, así como el abandono de objetos en los Espacios Naturales Protegidos fuera de los lugares destinados al efecto.
La emisión de ruidos y el empleo de luces, o cualquier otra forma de energía que perturben la tranquilidad de las especies en Espacios Naturales Protegidos.
La circulación de todo tipo de vehículos, con o sin motor, en los Espacios Naturales Protegidos y Montes de Utilidad Pública campo a través, por sendas o caminos peatonales, por cortafuegos o cauces fluviales, así como el estacionamiento o aparcamiento de dichos vehículos en esas zonas.
La circulación con vehículos a motor por pistas de circulación restringida sin autorización o incumpliendo el condicionado de la misma, salvo en los supuestos referidos en el artículo 54.bis.2 de la Ley 43/2003, de Montes, así como el estacionamiento o aparcamiento de dichos vehículos en esas pistas.
La navegación en zonas restringidas sin autorización o incumpliendo el condicionado de la misma.
Las intervenciones sin la debida autorización en los ejemplares del Catalogo de Árboles Singulares, que no comprometan su supervivencia o los valores que motivaron su declaración.
El empleo no autorizado de los nombres y anagramas de la imagen de marca o institucional de los Espacios Naturales Protegidos o Especies Amenazadas.
La destrucción, deterioro, sustracción o cambio de localización de la infraestructura, construcciones o cartelería de gestión, señalización o uso público en los Espacios Naturales Protegidos.
El empleo de fuego en el interior de un Espacio Natural Protegido, fuera de los supuestos o lugares expresamente autorizados.
La realización de actividades turísticas y recreativas en el medio natural o de cualquier otro uso no consuntivo sin autorización o con incumplimiento de las condiciones de la misma, en aquellos supuestos en que sea necesaria autorización administrativa.
La realización de actividades profesionales de cinematografía, radio, televisión, video y cualquier otro tipo de grabación en el interior de los Espacios Naturales Protegidos sin autorización o con incumplimiento del condicionado de la misma.
Incumplir las obligaciones, condiciones, limitaciones o prohibiciones establecidas en la presente Ley o su normativa de desarrollo cuando no sean constitutivas de infracción grave o muy grave.
Se modifica por el art. 23.5 de la Ley 10/2012, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-627.
Artículo 88. Tipificación de sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán acreedoras a las siguientes sanciones:
Las infracciones leves, multa de quinientos euros (500, 00) a cinco mil euros (5.000,00) euros.
Las infracciones graves, multa de cinco mil euros y un céntimo (5.000,01) a doscientos mil euros (200.000,00) euros.
Las infracciones muy graves, multa de doscientos mil euros y un céntimo (200.000,01) a dos millones de euros (2.000.000,00) euros.
2. El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería competente, podrá actualizar periódicamente, mediante Orden, la cuantía de las sanciones a imponer. La actualización deberá ser proporcional al incremento que hayan sufrido los índices de precios al consumo publicados anualmente por el Instituto Nacional de Estadística.
Se modifica por el art. 23.6 de la Ley 10/2012, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-627.
Artículo 88 bis. Prescripción de infracciones.
1. Las infracciones tipificadas en la presente Ley prescriben a los tres años en el caso de las muy graves, a los dos años en el caso de las graves y al año en el caso de las leves.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse a partir del mismo día de comisión de la infracción. No obstante, cuando se tratare de infracciones continuadas, el día inicial del cómputo será la fecha de finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se consumare. Asimismo, cuando el hecho o actividad constitutivo de la infracción no pudieran ser conocidos por no manifestarse externamente en el momento de comisión, el plazo de prescripción comenzará a computarse desde la aparición de signos externos que lo revelaren.
Se añade por el art. 23.7 de la Ley 10/2012, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-627.
Artículo 89. Sanciones accesorias.
La comisión de infracciones calificadas como graves o muy graves podrá llevar también aparejado:
En el caso de proyectos, obras, instalaciones o actividades realizadas incumpliendo lo dispuesto en esta Ley, la pérdida del derecho a percibir ayudas de la Administración autonómica para su construcción o funcionamiento durante un plazo máximo de tres años.
La revocación de las autorizaciones concedidas en Espacios Naturales Protegidos o sus zonas periféricas de protección para la realización de usos o actividades.
El cierre o la suspensión temporal del establecimiento o de la actividad. En este caso, se incorporará al expediente sancionador un informe del órgano competente por razón de la materia.
La prohibición de cazar o pescar durante un plazo máximo de diez años.
Artículo 90. Competencia sancionadora.
La competencia para la imposición de las sanciones descritas en el artículo anterior corresponderá:
Al Director General con competencias en materia de Montes y Conservación de la Naturaleza para las infracciones leves y graves.
Al Consejero con competencias en materia de Montes y Conservación de la naturaleza para las infracciones muy graves, cuando su cuantía no supere los trescientos mil (300.000) euros.
Al Consejo de Gobierno de Cantabria para las infracciones muy graves, cuando su cuantía supere los trescientos mil (300.000) euros.
Se modifica por el art. 23.8 de la Ley 10/2012, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-627.
Artículo 91. Graduación de las sanciones.
1. La imposición de sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:
Intencionalidad o reiteración.
Situación de riesgo creada para personas y bienes.
Reiteración, entendiendo por tal la comisión en el término de un año de dos o más infracciones de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución administrativa firme.
Ánimo de lucro y cuantía del beneficio obtenido.
Volumen de medios ilícitos empleados.
Ostentación de cargo o función que obliguen a hacer cumplir los preceptos de esta Ley.
Colaboración del infractor con la Administración en el esclarecimiento de los hechos y en la restitución del bien protegido.
Repercusión y trascendencia en la salud y seguridad de las personas y sus bienes.
Afección cualitativa y cuantitativa y perjuicios causados a los recursos naturales objeto de esta Ley, en especial a los protegidos, así como el riesgo objetivo de contaminación del medio ambiente en sus diversas formas.
Irreversibilidad del daño.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entiende por reincidencia la comisión en el plazo de dos años de una o más infracciones leves, la comisión en el plazo de tres años de dos o más infracciones graves, o la comisión en el plazo de tres años de dos o más infracciones muy graves, cuando las infracciones hubieran sido declaradas por resolución administrativa firme.
3. La cuantía de la multa se impondrá en el grado máximo correspondiente a cada tipo de infracción cuando el beneficio económico del infractor fuera superior a la máxima sanción prevista para el tipo. Este criterio se entiende sin perjuicio de la obligación de restauración y de indemnización por los daños y perjuicios causados a que se refiere el artículo 94 de esta Ley.
Se modifica por el art. 23.9 de la Ley 10/2012, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-627.
Artículo 92. Reducción de la cuantía de la sanción por cumplimiento voluntario anticipado.
El importe de las multas correspondientes se reducirá un treinta por ciento cuando la persona infractora muestre por escrito, en el plazo para efectuar alegaciones a la propuesta de resolución, su conformidad con la sanción y con la indemnización contenida en la misma. Este beneficio no será aplicable cuando la persona infractora sea reincidente. La impugnación de la resolución sancionadora determinará la obligación de abonar la cantidad bonificada anteriormente.
Artículo 93. Decomisos.
1. La Consejería competente podrá acordar el decomiso de los productos o elementos naturales ilegalmente obtenidos, así como los medios utilizados para su obtención, en los supuestos de faltas graves y muy graves.
2. El depósito de los efectos decomisados se realizará mediante acta que incluirá la descripción y estado del bien decomisado en los lugares que disponga la autoridad competente.
Artículo 94. Restauración del medio natural dañado e indemnización por daños.
1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, la persona infractora deberá reparar el daño causado o las alteraciones causadas sobre la realidad física y biológica, en la forma y condiciones fijadas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental. La reparación tendrá como objetivo lograr, en la medida de lo posible, la restauración del medio natural al ser y estado previos al momento de producirse la agresión. La Consejería competente podrá proceder subsidiariamente a la reparación a costa del obligado. En ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas precisas tendentes a la reparación del daño.
2. La obligación de restaurar o reparar el daño causado es imprescriptible.
3. Si no fuera técnicamente posible devolver la realidad física a su estado primitivo, la Administración podrá fijar al responsable otras medidas sustitutivas tendentes a recuperar el espacio o zona dañada, sin que en ningún caso el importe de las nuevas suponga menor costo económico que el de las medidas que hubieran procedido para la restauración.
4. En todo caso, el infractor deberá abonar todos los daños y perjuicios ocasionados, en el plazo que, en cada caso, se fije en la resolución correspondiente.
5. La indemnización por daños ocasionados al medio natural o las especies silvestres se exigirá a la persona infractora y deberá ser percibida por la persona o entidad titular de los terrenos donde se cometió la infracción, salvo que el titular sea la propia persona infractora o haya tenido participación probada en los hechos constitutivos de la infracción, en cuyo caso la percepción de la indemnización se hará a favor de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
6. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho a repercutir frente a los demás participantes por parte de aquel o aquellos que hubieren hecho frente a las responsabilidades.
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