Real Decreto 354/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana

En el caso de que el uso ganadero represente una parte significativa del volumen total de la unidad de demanda agraria, se adoptarán los valores definidos en el apéndice 8, apartado 2, teniendo en cuenta los niveles de garantía que se consideren adecuados para este uso.

Los objetivos de ahorro asociados al desarrollo del Programa de Medidas de la eficiencia de los sistemas de la red de transporte y distribución se cuantifican en la siguiente tabla n.º 5.

El incremento de recurso disponible obtenido, en su caso, como resultado de la aplicación del Programa de Medidas irá, destinado exclusivamente a la mejora de la garantía de suministro y, cumplida esta última, a la mejora de caudales circulantes.

La demanda de agua para usos industriales del artículo 12.1.d) y para refrigeración del artículo 12.1.c).i) y ii), se evaluará con datos reales. A falta de éstos, se utilizarán como referencia los que aparecen detallados en el apéndice 8.

En lo referente a la evaluación y nivel de garantía de suministro de agua no serán superiores a las consideradas para la demanda urbana.

En el caso de polígonos industriales conectados o no a la red de distribución municipal se aplicará una dotación máxima anual de 4.000 m³/ha construida.

En la revisión de las concesiones de agua para regadío se tendrán en cuenta las mejoras introducidas en los sistemas por la gestión y modernización de regadíos. De acuerdo con lo anterior y lo determinado en el artículo 65.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, se modificarán los términos relativos al volumen anual concedido de acuerdo con los plazos establecidos para la incorporación de las mejoras y la eficiencia alcanzada en las redes de transporte y distribución.

En las masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo definidas de acuerdo con el artículo 11.2 pertenecientes al deficitario Subsistema Alto Guadiana y a efectos de las transformaciones de derechos de riego de aguas subterráneas contempladas en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 9/2006, de 15 de septiembre, y las transformaciones previstas en las disposiciones transitorias tercera bis y décima, así como la disposición adicional decimocuarta del texto refundido de la Ley de Aguas, con el objetivo de contribuir a la reducción de déficit y mantener la compatibilidad con este Plan, se limitarán las dotaciones máximas de riego a otorgar a 1.500 m³/ha para cultivos leñosos y 2.000 m³/ha para el resto de los cultivos.

El Organismo de cuenca analizará las posibilidades de aprovechamiento hidroeléctrico de los cauces de los ríos de acuerdo con el Programa de medidas definido en el apéndice 5 e identificará saltos concretos, les asignará unos condicionantes de explotación y promoverá concursos públicos de proyecto, obra y, en su caso explotación o bien asumirá directamente los mismos.

El uso hidroeléctrico se supeditará a los usos preferentes. En concreto, la producción de energía de tipo hidroeléctrico en el ámbito geográfico de este Plan queda supeditada a los usos agrarios, abastecimiento de población e industrial, no sólo global sino también estacionalmente, debiendo adaptarse a las necesidades de modulación de los mismos. De la misma forma se podrán autorizar turbinados para resolver situaciones de emergencia de suministro eléctrico nacional y aquéllas estrictamente necesarias para pruebas de mantenimiento y puesta a punto de las instalaciones, previa comunicación al Organismo de cuenca.

Cuando sea necesario para el uso hidroeléctrico alterar el régimen de flujo natural o regulado original en el río y no exista contraembalse que contrarreste esta variación, dicho contraembalse deberá ser construido a expensas del promotor hidroeléctrico si los usos previstos así lo requieren.

En las nuevas centrales, las concesiones incluirán cláusulas que obliguen a cumplir la normativa estatal en materia de seguridad de presas, en particular las previsiones del artículo 367 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, a respetar los resguardos de seguridad, a instalar las medidas necesarias para prevenir accidentes provocados por variaciones bruscas de caudal aguas abajo de los aprovechamientos y a respetar o reponer, en su caso, el régimen de caudal ecológico y la continuidad longitudinal del cauce, en los términos previstos en el artículo 126.bis del citado Reglamento, a los efectos de mantener y mejorar las condiciones medioambientales de cauces y riberas así como de la vida piscícola asociada.

En el trámite de competencia de proyectos para el aprovechamiento energético a desarrollar en los cauces naturales y en infraestructuras del Estado, se tendrán en cuenta como criterios básicos de valoración tanto el mejor aprovechamiento del salto como las medidas propuestas para minimizar la afección ambiental derivada de la realización de las obras y de la variación del régimen de caudales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, de 12 de marzo de 1996, se exigirá el correspondiente plan de emergencia a aquellas infraestructuras clasificadas según lo indicado en el artículo 358 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico como categorías A) o B), en coherencia con la Directriz Básica de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, aprobada por acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de diciembre de 1994.

Con carácter general, el volumen máximo de explotación del conjunto de captaciones de aguas subterráneas no deberá comprometer el recurso disponible de cada masa de agua subterránea.

En las zonas con declaración de sobrexplotación de sus recursos hidráulicos subterráneos de Mancha Occidental y Campo de Montiel, seguirán aplicándose las determinaciones de sus declaraciones y planes de ordenación de extracciones hasta su declaración como masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico y la consiguiente aprobación del programa de actuación de conformidad con los dispuesto en la disposición transitoria única de la Ley 11/2012, de 19 de diciembre.

De conformidad con el artículo 188.3 de Reglamento del Dominio Público Hidráulico las labores de limpieza, desarrollo y estimulación de pozos deberán ser comunicadas con una antelación de un mes a la Comisaría de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. No obstante lo anterior, de conformidad con la disposición adicional segunda del Real Decreto ley 9/2006, de 15 de septiembre, las actuaciones de limpieza de pozos en el ámbito territorial del Alto Guadiana requería la autorización de la Confederación Hidrográfica.

El derecho reconocido en el artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas es incompatible con cualquier otro aprovechamiento que ya tenga reconocido el predio.

En el ámbito del Alto Guadiana, los pozos mencionados en el artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas precisarán, en todo caso, de la correspondiente autorización administrativa.

Distancia mínima entre aprovechamientos: En el apéndice 9, apartado 2 se indican las distancias mínimas a respetar por las nuevas captaciones de aguas subterráneas de acuerdo con la masa de agua subterránea en la que se sitúen. Los valores indicados se establecen sin perjuicio de limitaciones específicas más restrictivas que puedan quedar establecidas en los perímetros de protección o zonas de salvaguarda de captaciones oficialmente determinados por las Administraciones Públicas competentes.

En relación a los perímetros de protección de aguas termales y medicinales, en el apéndice 9, apartado 3, se relacionan los perímetros de protección de las captaciones de aguas termales y medicinales inventariadas en la Demarcación que cuentan con resolución administrativa.

Salvo para actuaciones declaradas de interés general debidamente justificadas, no se autorizarán nuevos aprovechamientos en las áreas definidas en el apéndice 9, apartado 4 relacionadas con:

De acuerdo con el artículo 55.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, el Organismo de cuenca podrá limitar, con carácter temporal, las extracciones cuando como consecuencia de estudios e investigaciones sobre los recursos de una masa de agua subterránea, se establezca que dichas extracciones superan durante tres años consecutivos su recurso disponible, sin llegar a exigir la declaración de riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo. La limitación se hará de manera que no se incremente el déficit de recursos hídricos, intentando siempre que sea viable una gradual recuperación de su estado cuantitativo. Igualmente se podrán limitar temporalmente las extracciones de aguas subterráneas en caso de previsible peligro de salinización o de cualquier otro tipo de deterioro de la calidad que lleve asociado un riesgo de no alcanzar un buen estado químico.

En la declaración de riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo o químico y en el correspondiente Programa de actuación asociado, se establecerán las siguientes limitaciones en cuanto al otorgamiento de nuevos derechos de uso de agua subterránea y su gestión:

De conformidad con el artículo 56.4 del texto refundido de la Ley de Aguas y siempre que no se ponga en riesgo la permanencia de los objetivos generales ambientales previstos en el artículo 92 y siguientes del citado texto, la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana podrá, en función de la disposición de información hidrogeológica adicional, de la evolución de los niveles piezométricos registrados y del caudal de descarga de los acuíferos, reducir progresivamente las limitaciones del programa y aumentar de forma proporcional y equitativa el volumen que se puede utilizar. Esta modificación se tendrá en cuenta en la revisión de Plan hidrológico.

El Organismo de cuenca delimitará los elementos integrantes del Dominio Público Hidráulico, así como las zonas húmedas, espacios de interés paisajístico, recreativo y medioambiental, que se hallen sometidos a contaminación ó degradación, o en riesgo de estarlo. Las actuaciones asociadas a dicha delimitación de elementos están integradas dentro del Programa de Medidas definido en el apéndice 5.

En la zona de Dominio Público Hidráulico no se autorizarán obras ni edificaciones permanentes que obstruyan el normal flujo de las aguas o incrementen el tiempo de permanencia de las inundaciones. La realización de dichas actividades en el Dominio Público Hidráulico estará en todo caso sujeta a la previa concesión o autorización por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en los términos previstos en el artículo 126 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que podrá ordenar un deslinde específico a cargo del solicitante de conformidad con el artículo 242.1 del mencionado Reglamento.

La extracción de áridos en zona de Dominio Público Hidráulico así como la instalación de elementos fijos o móviles destinados a su aprovechamiento, además de ser sometida, en su caso, al proceso de evaluación de impacto ambiental que fuera aplicable, requerirá su análisis a efectos de su posible designación como masa de agua muy modificada, según lo establecido en el artículo 39 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. En las extracciones en el interior de embalses ya calificados como masas muy modificadas, no será necesaria esta última determinación.

A los efectos anteriores, el Organismo de cuenca podrá promover la definición de masas de agua como muy modificadas para la extracción de áridos en sus cauces, y establecer el régimen de su aprovechamiento.

Los aprovechamientos de áridos ubicados en zona de policía no afectarán al cauce ni supondrán una modificación o alteración sustantiva de la morfología del río y de su hidrodinámica. A los efectos anteriores, además de someterse a la correspondiente evaluación de impacto ambiental, se cumplirán las siguientes condiciones:

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 903/2010 de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación y lo definido en el Programa de medidas del apéndice 5, el Organismo de cuenca realizará la evaluación preliminar del riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad y riesgo y el plan de gestión de los riesgos de inundación.

Las distintas Administraciones públicas, dentro de sus respectivas competencias, elaborarán los programas de medidas y desarrollarán las actuaciones derivadas de los mismos en el ámbito de los planes de gestión del riesgo de inundación, impulsando la coordinación entre sus organismos.

Con la aprobación del plan de gestión de los riesgos de inundación se revisarán las consideraciones de esta normativa para acomodarse a lo que se determine en aquel.

De acuerdo con, los artículos 92 y 92 quáter del texto refundido de la Ley de Aguas, el artículo 59 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, se adoptan las siguientes normas para la planificación del riesgo y la protección contra inundaciones:

Que el calado sea superior a 1 m.

Que la velocidad sea superior a 1 m/s.

Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m²/s.

Toda obra transversal al cauce se dimensionará para evacuar, sin graves daños para las personas o los bienes, la avenida correspondiente a un período de retorno mínimo de 500 años, en régimen natural, de acuerdo con el criterio definido anteriormente, teniendo en cuenta además los procesos que pueden estar asociados a la dinámica fluvial en este tipo de avenidas tales como obstrucción por flotantes, aterramiento y erosión. Sin perjuicio de la evaluación del impacto de dichas obras sobre el régimen de transporte de sedimentos del cauce y de la adopción durante la explotación de las mismas de medidas para minimizar dicho impacto, previsto en el artículo 126 bis.5 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

En los estudios y proyectos relativos a protección contra las avenidas deberá considerarse la posibilidad de utilizar las planicies de inundación frente a la solución de encauzar.

Sobre las vías de flujo preferente, definidas en el artículo 9.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, sólo podrán ser autorizadas aquellas actuaciones no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de su capacidad de desagüe. Tampoco se autorizará la ubicación de actuaciones sobre las zonas inundables definidas en el artículo 14 del citado Reglamento, cuando la actuación pudiera obstruir el flujo normal del agua durante las crecidas, provocando una sobreelevación de la lámina de agua que pudiera producir daños graves a los terrenos colindantes.

Las medidas en materia de protección contra avenidas aparecen definidas en el apéndice 5.

Los estudios para la delimitación del Dominio Público Hidráulico y de las zonas inundables en los cauces de la cuenca, de acuerdo con las definiciones de los artículos 4 y 14.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, deberán proporcionar, como mínimo, los siguientes datos sobre caudales:

A partir de los caudales citados, se elaborarán, si procede, modelos de simulación hidráulica o hidráulico-hidrológica que tendrán en cuenta los posibles puntos de cambio de régimen, zonas de rápidos, estrechamientos, las infraestructuras y otros puntos singulares. Se incorporarán los resultados de los trabajos topográficos (taquimétricos y batimétricos) necesarios para obtener una buena definición del cauce y las zonas inundables, que permitirán diferenciar entre el funcionamiento del cauce principal y de las márgenes de la llanura de inundación y determinarán, a partir del tratamiento de la información manejada, las áreas geográficas inundadas con los caudales punta anteriormente mencionados definiendo, al menos, los siguientes elementos:

Para cada uno de los escenarios de crecida definidos en el apartado anterior, se elaborarán mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación para las zonas identificadas en el artículo 5 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio.

Los mapas de peligrosidad de inundación mencionados en el apartado 3 anterior incluirán información sobre:

Los mapas de riesgo de inundación mencionados en el apartado 3 anterior incluirán:

El Organismo de cuenca, a través del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y del proceso de planificación de zonas inundables, informará a las Administraciones Públicas competentes sobre la ordenación del territorio, los datos y estudios disponibles sobre avenidas y límites de las zonas inundables al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo, y en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables.

A los efectos oportunos, el Organismo de cuenca comunicará a las autoridades competentes en materia de protección civil así como a los ayuntamientos afectados, la estimación de caudales de avenida en función del período de retorno utilizado así como las zonas inundables por dichos caudales.

Se considera que un sistema o un embalse determinado se encuentra en situación de escasez de recursos cuando el volumen útil existente, más la aportación prevista correspondiente a los doce meses siguientes, menos la evaporación correspondiente a ese periodo, no cubra el consumo normal asignado al sistema o al embalse en los 12 meses siguientes. La aportación prevista será la correspondiente a la que tiene un 75% de probabilidad de ser superada si se parte de una situación de sequía y al 60% en los demás casos.

En situación de escasez de recursos, además de las restricciones que puedan adoptarse en la Comisión de desembalses y de las disposiciones pertinentes o específicas que en su caso se promulguen para paliar sus efectos, se cumplirán los siguientes puntos:

En situación de escasez de recursos, el agua destinada a riegos se repartirá según los criterios siguientes:

El Plan Especial de Actuación en situaciones de alerta y eventual sequía de la cuenca del Guadiana aprobado por la Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, por la que se aprueban los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en los ámbitos de los planes hidrológicos de las cuencas intercomunitarias, será revisado a fin de adecuar su contenido a las determinaciones recogidas en este Plan Hidrológico.

En el caso de establecimiento de barcas de paso y embarcaderos la implantación de estos sistemas deberá contemplar la carrera o variación del nivel de los embalses, condicionando la autorización en los lugares que en principio no esté prohibido, a la presentación de un estudio de los «efectos sobre el Medio Ambiente» que las obras pudieran ocasionar. Igualmente se deberá analizar el establecimiento del canon de ocupación correspondiente.

En el supuesto de siembras, plantaciones y corta de árboles en zona de Dominio Público Hidráulico, el criterio será el de mantener y conservar la vegetación de ribera o « bosques de galería», dada su importante función como estabilizadores de las márgenes, amortiguador térmico de las aguas y en el mantenimiento y mejora de la biodiversidad ya sea tanto en los casos en que existieran o como en los de nueva implantación después de verificar su compatibilidad ambiental.

En el caso de obras de puentes y pasarelas cuando éstos se construyan en zona urbana y tengan hasta 25 m de luz, tendrán un solo vano. Para luces mayores tendrán un vano con luz mayor de 20 m y otro u otros con luces mayores de 6 m. Las cimentaciones tendrán la profundidad necesaria en función del socavamiento, el resguardo desde el nivel de las aguas en avenidas a la cara inferior del tablero, será de un metro o mayor. Los puentes en zona rural para carreteras se adaptarán en cuanto a luces a lo anterior, pudiéndose disminuir los resguardos para cuencas de escasa importancia. Los puentes de caminos vecinales en zona rural, tendrán mayor capacidad de desagüe que los tramos inmediatamente aguas arriba y aguas abajo. Hasta 20 m de luz el cauce se salvará con un solo vano, para luces mayores habrá un vano de 15 m y otro u otros dos, con luces mayores de 2 m. La parte inferior del tablero quedará a 25 cm, por encima de los terrenos colindantes.

En el supuesto de obras de defensa y encauzamiento se establece como criterio general que las infraestructuras de defensa deben ser del tipo flexible (escolleras, etc.), desaconsejándose las soluciones rígidas (hormigón, etc.), que solo se aceptarían en casos muy justificados y nunca con voladizos, tendiéndose a minimizar el impacto ambiental visual, revistiendo los paramentos con placas de piedra u otros elementos ornamentales. Los taludes a adoptar deben ser tales que permitan el acceso cómodo al río (1V:1H, 1V:2H). En tramos urbanos se podrán aceptar justificadamente soluciones técnicas distintas que sean acordes con el desarrollo urbano del entorno. En todo caso, la coronación de la defensa, en zonas rurales, se debe naturalizar con una capa de tierra vegetal de al menos 50 cm de espesor convenientemente forestada. En zonas rurales se dimensionarán, como máximo, para la avenida de 100 años; en zonas urbanas o urbanizables deben diseñarse para avenidas de 500 años de periodo de retorno. El caudal máximo de avenidas se determinará por los métodos de las isócronas, estudio histórico de avenidas, método racional o fórmulas empíricas. El hidrólogo podrá utilizar además otros métodos, pero nunca se adoptará el resultado de la media de los caudales calculados por distintos métodos. En caso de encauzamientos se debe plantear la posibilidad de proyectar un cauce pequeño que garantice un calado mínimo en aguas bajas y la capacidad de arrastre suficiente para la no decantación de materiales.

Las cortas y rectificaciones solo se podrán autorizar en casos muy justificados, debiéndose demostrar que no se produce alteración alguna en el régimen de corrientes. En todo caso el proyecto debe tener un «estudio de los efectos Medio Ambientales» que la actuación pudiera ocasionar. Se deberá analizar en el expediente la posible permuta de terrenos, si procede, o el establecimiento del canon de ocupación correspondiente.

En relación a las coberturas, se evitarán los encauzamientos cubiertos. Solo se autorizarán en casos muy justificados, siempre como consecuencia de interés general y no por interés privado. En el supuesto de que sea posible su autorización, se proyectará visitable si la cuenca drenada es superior a 5 km², con una altura de al menos 1,8 metros y una anchura no inferior a 1,50 metros. Igualmente queda prohibido, encima de la cobertura, la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal. Asimismo es necesario el mantenimiento de la zona de servidumbre una vez realizada la cobertura.

Para los cruces de líneas eléctricas y telefónicas se respetará siempre la zona de servidumbre de 5 m. Se condicionará a que el cable sea trenzado o protegido, para que no sea necesario la formación de pasillo. Para el resto de cruces (tuberías, etc.), se deben proyectar enterrados, quedando al menos un resguardo de 1 metro entre la cara superior de la obra de cruce con el lecho del río.

En el supuesto de limpieza de cauces cuando se trate de obras de escasa importancia que normalmente llevan implícitas pequeñas extracciones de materiales sedimentados y corta de maleza, ajenas al Organismo de cuenca, en principio son autorizables, con la obligación de presentar el «estudio de Evaluación de los Efectos Medio ambientales». En cualquier caso, será necesaria la coordinación con los Servicios de Pesca y la concurrencia del medio de intervención administrativa aplicable respecto a la protección de flora y fauna asociada al ecosistema acuático, a los efectos de establecer las limitaciones y los períodos de ejecución de las obras.

Para la realización de obras en concesiones para aprovechamientos de aguas se diferenciarán los siguientes casos:

En todo caso de conformidad con el artículo 126 bis del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, cualquier obra que se realice sobre el cauce independientemente de cual sea su finalidad, bien se trate de azudes, captaciones, derivaciones, instalaciones de medida o cualquier otra actuación deberá llevarse a cabo garantizando su franqueabilidad por la ictiofauna autóctona presente en el tramo afectado o por la que potencialmente corresponde que pueble el mismo. A tal efecto, las citadas obras e instalaciones contarán con los correspondientes pasos por los que deberá circular un caudal adecuado al propósito perseguido. La franqueabilidad de las nuevas infraestructuras se incorporará en los condicionados de las nuevas concesiones así como al de las que sean revisadas o modificadas.

Las obras de paso de caminos en cauces públicos de escasa entidad se realizarán mediante cajones prefabricados, no permitiéndose la solución de vados mediante tuberías en paralelo. La sección de dichos cajones deberá dimensionarse para evacuar sin daños un caudal de avenidas con periodo de retorno de 50 años.

De conformidad con lo previsto en los artículos 42.1.b).c’) del texto refundido de la Ley de Aguas, y 22 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, y respetando las competencias en materia de ordenación del territorio de las distintas administraciones públicas, se propone para su designación como Reserva Natural Fluvial el tramo del río Guadarranque cuyos límites y caracterización se encuentran detallados en el apéndice 10 junto con su representación cartográfica.

A los efectos oportunos, se considerará como zona de reserva en función de las medidas de protección, el conjunto de elementos que constituyan el Dominio Público Hidráulico en los tramos de cauce de dichas reservas naturales fluviales.

El Organismo de cuenca comunicará a las administraciones competentes en la ordenación del territorio, las reservas naturales fluviales y los límites de las zonas de reserva asociados, para que los mismos sean respetados en el ordenamiento y planes que se establezcan sobre uso del suelo. En este sentido los instrumentos de ordenación urbanística contendrán las previsiones adecuadas para garantizar la no afección sobre los recursos hídricos y ambientales asociados.

De acuerdo con el contenido del artículo 22 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, no tendrán la consideración de presión significativa sobre los tramos de reserva natural fluvial los abastecimientos de población así como los usos del agua y otras actividades que resulten compatibles con el mantenimiento de su clasificación de muy buen estado ecológico. Asimismo y sin perjuicio de lo anterior, en las zonas de reservas naturales fluviales quedan prohibidos todos los usos privativos del Dominio Público Hidráulico previstos en la legislación vigente. En este sentido, en las reservas naturales fluviales el Organismo de cuenca no otorgará ningún tipo de las concesiones ni autorizaciones contempladas en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Todas las captaciones de agua subterránea destinadas al consumo humano deberán disponer de su correspondiente perímetro de protección de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

A estos efectos, el Plan Hidrológico incluye en el apéndice 5 del anejo 8 Zonas Protegidas, de la Memoria del Proyecto de Plan Hidrológico, la propuesta de delimitación de Zonas de Salvaguarda y Perímetros de Protección de las captaciones de agua subterránea destinada a consumo humano.

El orden de prioridad para llevar a cabo dicha determinación tendrá en cuenta el grado de riesgo de contaminación que presente la captación y de la población realmente abastecida, considerando los siguientes rangos:

En las solicitudes de aprovechamiento de agua subterránea destinada al consumo humano que suministran un promedio diario superior a 10 m³ o sirven a más de 50 personas y posteriores a la entrada en vigor de este Plan Hidrológico, se podrá exigir una propuesta de perímetro de protección justificada con un estudio técnico adecuado.

La propuesta de perímetro de protección referida en el apartado anterior deberá realizarse con arreglo a las siguientes directrices:

De acuerdo con el contenido del artículo 173.7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el Organismo de cuenca comunicará a las Administraciones competentes en la ordenación del territorio, la delimitación geográfica de los perímetros de protección de las captaciones de agua subterránea destinadas a consumo humano que determine junto con los condicionamientos que, dentro de su ámbito territorial y respecto a las actividades o instalaciones que puedan afectar a la cantidad o a la calidad de las aguas subterránea, les sean de aplicación a fin de que sean tenidos en cuenta en el ordenamiento y planes que se establezcan sobre usos del suelo.

De acuerdo con los artículos 99 del texto refundido de la Ley de Aguas y 244 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se considerará que un acuífero o zona se encuentra en proceso de salinización cuando, como consecuencia directa de las extracciones que se realicen, se registre un aumento progresivo y generalizado de la concentración salina de las aguas captadas, con peligro claro de convertirlas en inutilizables. En su determinación se tendrán en cuenta los valores umbral para los parámetros indicativos de salinización establecidos en la valoración del estado químico que aparecen definidos en el apéndice 2.

El Organismo de cuenca, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 57 de esta normativa, realizará una valoración periódica del estado cuantitativo y químico de las masas de agua subterránea de la Demarcación. Si como resultado de dicho seguimiento, se determinara la existencia de zonas sometidas a dichos procesos de salinización que determinen la valoración en su estado químico de malo, o en riesgo de estarlo, procederá a su declaración de salinización.

En dicha declaración se incluirá, entre otros elementos: la superficie afectada, la intensidad y grado de afección, la tendencia observada y la probable en el caso de que no se tomen medidas oportunas, así como la identificación de los usos, incluidos los medioambientales, afectados.

Para aquellos procesos de salinización que estén estrechamente relacionados con la sobreexplotación de recursos, en la declaración de salinización se incluirá, además del régimen de asignación de recursos hídricos subterráneos para los aprovechamientos incluidos en la zona afectada y entorno, los volúmenes necesarios para revertir la situación creada, hacer retroceder, en su caso, el frente de intrusión salino y mejorar, en definitiva, la valoración del estado de la masa de agua subterránea afectada.

Se incluirán además las determinaciones sobre la red de control necesaria para desarrollar el programa de control operativo del proceso de salinización y, en su caso, las directrices para la reordenación espacial de todas extracciones de agua para lograr su explotación más racional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 244.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Todo vertido deberá cumplir las características de emisión establecidas en la normativa vigente que le sea de aplicación de tal forma que permitan cumplir las normas de calidad ambiental y no comprometan la consecución de los objetivos medioambientales fijados para la masa de agua en que se realiza el vertido, tanto considerando éste individualmente como en conjunto con los restantes vertidos.

Las aguas de escorrentía pluvial que se contaminen con motivo de determinada actividad y se recojan en un sistema colector, ya sea unitario o separativo, deberán depurarse de tal manera que, tras su vertido al Dominio Público Hidráulico, no ocasionen el incumplimiento de las normas de calidad y objetivos ambientales fijados para la masa de agua en que se realiza el vertido. A tal fin, el causante de los citados vertidos deberá obtener la autorización de vertido del Organismo de cuenca o la autorización ambiental integrada de la Comunidad Autónoma competente en el caso de que la actividad esté incluida en el ámbito de aplicación de la ley 16/2012, de 1 de julio, de control y prevención integrados de la contaminación.

En el diseño y construcción de redes de saneamiento de aguas residuales y de escorrentía en los proyectos de nuevos desarrollos urbanos se tendrá en cuenta lo dispuesto al respecto en el artículo 259 ter del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

No se admitirá la incorporación de aguas de escorrentía procedentes de zonas exteriores a la aglomeración urbana en las redes de colectores de aguas residuales urbanas o de otro tipo de aguas que no sean las propias para las que fueron diseñados, salvo en casos debidamente justificados. No obstante, en estos casos se deberá disponer de las obras e instalaciones que se indican en el apartado 4 de este artículo.

El Organismo de cuenca definirá el máximo caudal que debe admitirse en los sistemas de depuración, para depurar escorrentías de lluvias. A falta de estudios específicos se tomará como valor de referencia un caudal de dos veces el caudal medio en tratamientos secundarios y tres veces el caudal medio en pretratamiento siempre que se prevea la instalación de sistemas de retención y evacuación a depuradora, regulados en el siguiente apartado, y de dos veces el caudal medio en tratamientos secundarios y cinco veces el caudal medio en pretratamiento si no se prevén los indicados sistemas.

Con el fin de reducir convenientemente la contaminación generada en episodios de lluvia, los titulares de vertidos de aguas residuales urbanas tendrán la obligación de poner en servicio las obras e instalaciones que permitan retener y evacuar adecuadamente hacia la estación depuradora de aguas residuales urbanas las primeras escorrentías de la red de saneamiento con elevadas concentraciones de contaminantes producidas en dichos episodios. Para ello, las autorizaciones de vertido que se resuelvan a partir de la entrada en vigor de esta normativa deberán contener en su condicionado la obligación de proyectar, ejecutar y poner en servicio dichas obras e instalaciones durante el plazo de vigencia de la correspondiente autorización, con un dimensionamiento de acuerdo con las mejores técnicas conocidas, hasta en tanto, no se desarrolle una instrucción técnica al efecto.

Las redes de saneamiento de nueva implantación se deberán construir de manera que se asegure la estanqueidad de las juntas entre tramos sucesivos. A este fin, salvo justificación especial, no se autorizarán las juntas formadas por llaves de ladrillo o de hormigón. Asimismo, los aliviaderos de crecida de estas redes se calcularán de manera que el caudal evacuado, contenga una dilución proporcionada por las aguas de escorrentía pluvial, del caudal medio de aguas residuales establecido en el apartado 3 de este artículo.

Cuando se pretenda efectuar a una red de saneamiento urbano, un vertido industrial que puede tener especial incidencia para la calidad del medio receptor, el correspondiente órgano autonómico o local al que compete tramitar y otorgar la pertinente autorización de vertido que se refiere en el artículo 101.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, deberá solicitar al Organismo de cuenca el informe previo requerido por el artículo 245.4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Se considera que pueden tener especial incidencia para la calidad del medio receptor, los vertidos que contengan cualesquiera de las sustancias relacionadas en el Anexo IV «Lista de sustancias peligrosas» del Reglamento de la Planificación Hidrológica, así como los vertidos cuya máxima carga contaminante diaria, sea superior al 10 % de la capacidad de tratamiento diaria de la estación depuradora urbana autorizada.

En las redes de colectores de aguas residuales de las industrias no se admitirá la incorporación de aguas de escorrentía producidas en zonas exteriores a la implantación de la actividad industrial o de otro tipo de aguas que no sean las propias para las que fueron diseñados.

No se permitirán aliviaderos de crecida en la líneas de recogida y depuración de:

Se podrá imponer al titular de una autorización de vertido, la obligación de la regulación de su caudal, así como la de situar las instalaciones precisas para esta regulación antes de la depuración o en el tratamiento primario.

Los titulares de actividades que generen aguas residuales que contengan sustancias relacionadas en el anexo IV del Reglamento de la Planificación Hidrológica, instalarán en su sistema de saneamiento y depuración obstáculos físicos que impidan su vertido accidental o intencionado al sistema fluvial o acuífero. Consecuentemente, las estaciones depuradoras del titular de dicha actividad y receptoras de tales aguas residuales, dispondrán de las pertinentes instalaciones para almacenar las aguas sin tratamiento que se deriven de paradas súbitas o programadas de las mismas, o las aguas insuficientemente tratadas por un funcionamiento anómalo o deficiente de la depuradora. Las dimensiones e impermeabilización de estas instalaciones de almacenamiento deberán ser descritas y justificadas adecuadamente, en el correspondiente proyecto de construcción de la depuradora.

Teniendo en cuenta las definiciones y las disposiciones incluidas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, los operadores de cualesquiera de las actividades económicas o profesionales incluidas en dicha ley, en lo que a daños o amenaza de daños al Dominio Público Hidráulico se refiere:

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto y de lo que se especifique al respecto en las diversas autorizaciones administrativas que se precisen para desarrollar la actividad, el operador de cualquiera de las actividades económicas o profesionales enumeradas en el anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, deberá informar al Organismo de cuenca, con una periodicidad mínima anual, de los resultados que se obtengan en el control y vigilancia que lleve a cabo durante las fases de explotación, clausura y mantenimiento posterior de esta, de las correspondientes instalaciones, sobre aquellos extremos que tengan relevancia para la protección adecuada del Dominio Público Hidráulico.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.g) del texto refundido de la Ley de Aguas, los tanques enterrados que contengan cualesquiera de las sustancias incluidas en el anexo IV del Reglamento de la Planificación Hidrológica, deberán dotarse antes del 31 de diciembre de 2015 de los pertinentes sistemas de detección de fuga y de contención de estas fugas en recintos impermeables (tales como cubeto con tubo buzo, doble pared con detección de fugas u otro sistema que proporcione una protección similar).

Si el operador de la actividad a la que se adscribe la explotación de dichos tanques, acredita que los mismos han sufrido alguna intervención de impermeabilización con posterioridad al año 1999 y se han sometido tras dicha intervención a la pertinente prueba o pruebas de estanqueidad, con resultados favorables todas ellas, el plazo máximo para la adaptación indicada en el párrafo anterior podrá prorrogarse hasta el 31 de diciembre de 2021.

Las aguas circulantes por los azarbes y colectores dentro de los límites de la zona regable correspondiente a la superficie con derecho a riego a la que se vincula la concesión de aguas, en tanto no se produzca la reintegración al río, tienen la consideración de aguas ya concedidas, por lo que su recirculación para el riego de dicha zona regable no se considerará nuevo uso.

El uso de los retornos de riego procedentes de una zona regable con concesión, cuando no se vaya a llevar a cabo dentro de la misma zona regable de la que proceden, será objeto de concesión cuyo volumen se tendrá en cuenta en el control de los retornos de riegos a los efectos previstos en el artículo 6 de la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo.

Todos los retornos de riego deberán cumplir antes de su incorporación a acuíferos o cauces, las normas de calidad ambiental y normativa asociada al medio receptor.

De conformidad con el artículo 111 bis 1 y 2 del texto refundido de la Ley de Aguas y el artículo 42 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, se aplicarán los cánones y tarifas del régimen económico financiero regulados por los artículos 112 a 115 del texto refundido de la Ley de Aguas, sobre los beneficiarios de las obras del Programa de Medidas financiadas por la Administración General del Estado. En el anejo 10 de la Memoria se recoge el análisis económico del principio de recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua en la Demarcación Hidrográfica del Guadiana.

A los efectos de lo establecido en el artículo 111 bis.3 del texto refundido de la Ley de Aguas, respecto al principio de recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua, durante el periodo de vigencia del presente Plan Hidrológico, sólo podrán establecerse excepciones a dicho principio si se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 3 del artículo citado.

De acuerdo con el artículo 88 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, el seguimiento de este Plan Hidrológico se realizará al menos sobre los siguientes aspectos:

Los agentes o autoridades encargadas de ejecutar actuaciones previstas en este Plan facilitarán al Organismo de cuenca durante el primer trimestre de cada año, información sobre el desarrollo de las actuaciones que se encarguen de ejecutar. Esta información incluirá los aspectos reflejados en las correspondientes fichas de actuaciones de la Memoria del plan hidrológico, en especial, servicio o persona responsable de la actuación y forma de contacto con fines de información pública, actualización de la inversión prevista en cada actuación e inversión efectivamente ejecutada durante el año y desde el origen, plazos previstos de finalización y puesta en funcionamiento efectivo de la actuación, fuentes y condiciones de financiación de la inversión, régimen legal de recuperación de costes al que se acoge la actuación, previsión del grado de recuperación de costes de la actuación y adecuación a los criterios previstos en el Plan hidrológico, especificando si se considera algún valor residual no amortizable de la inversión.

El Organismo de cuenca elaborará y mantendrá un sistema de información que se utilizará para el seguimiento y revisión del plan hidrológico, en especial para:

El contenido del sistema de información se pondrá a disposición del público en general a través de los puntos de contacto para la consulta y obtención de documentación e información relacionada con el Plan, referidos en el artículo 59.4. Dicho contenido será actualizado al menos anualmente.

En el apéndice 11 se indican, para los aspectos ambientales considerados relevantes, los objetivos medioambientales que se pretenden alcanzar con el desarrollo del Plan, los indicadores asociados propuestos junto con su situación actual y futura al finalizar el periodo de planificación.

Si las desviaciones que se observen así lo aconsejan, de conformidad con el artículo 89 del Reglamento de Planificación Hidrológica, el Consejo del Agua de la Demarcación podrá acordar la revisión del Plan, que también podrá ser ordenada, previo acuerdo con los departamentos ministeriales afectados, por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En todo caso, se realizará una revisión completa y periódica del Plan de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional undécima apartado 6, del texto refundido de la Ley de Aguas.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana podrá formar comisiones de seguimiento con los distintos agentes del Plan, especialmente con los representantes de Organismos de la Administración Central y de las Comunidades Autónomas para fijar criterios de coordinación de los programas de obras e inversiones que lleven a cabo estos Organismos, con cargo a sus Presupuestos, en línea compatible con el Plan.

Son autoridades competentes de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana: