LegalizeLey 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas
Seis. Se suprime el artículo 8, quedando sin efecto lo dispuesto en el artículo 19.2 del Decreto 126/2010, de 28 de mayo.
Artículo 9. Modificación de la Orden de 27 de junio de 2011, por la que se establecen los precios públicos por la prestación de los servicios del sistema de autonomía y atención a la dependencia y del Sistema de Servicios Sociales con financiación pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Uno. Se da nueva redacción al artículo 4, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 4. Exigibilidad de los precios públicos. Exención y reducción del copago por suspensión del servicio.
Los precios públicos se exigirán desde el momento en que el beneficiario se incorpore de manera efectiva en el servicio que se le reconozca y se mantendrá la obligación de pago hasta que cause baja en el mismo.
La modificación del Programa Individual de Atención del beneficiario que dé lugar al reconocimiento de un servicio diferente, implica la obligación de pagar el precio público que corresponda al nuevo tipo de servicio que se le reconozca desde el día en que se incorpore de manera efectiva en el mismo.
No se exigirá al beneficiario el pago del precio público durante el tiempo que el centro no preste el servicio por cierre del mismo.
En los supuestos de suspensión del derecho al servicio regulados en el artículo 19.2 del Decreto 74/2011, de 20 de mayo, el precio público a pagar por el beneficiario en concepto de reserva de plaza durante el período de tiempo que dure la suspensión se reducirá en un 50 % cuando la suspensión se acuerde en base a las letras a) y b) del mencionado artículo 19.2, y en un 75 % cuando se acuerde en base a la letra d) de dicho artículo.»
Dos. Se suprime el apartado 6 del artículo 5.
Tres. Se da nueva redacción a los apartados 3, 6 y 7 del artículo 6, que quedan redactados del siguiente modo:
«Artículo 6. Precios públicos para el servicio de atención residencial.
En todo caso, los beneficiarios dispondrán, de su renta líquida mensual, de una cantidad mínima al mes para gastos personales, equivalente al 20 % del IPREM, salvo en los meses de junio y diciembre, que será del 40 % del citado índice.
En el supuesto de que el usuario del servicio de atención residencial realice una actividad laboral remunerada, se establece una bonificación en la nueva cuantía de precio público a satisfacer por el usuario, derivada del incremento de su capacidad económica producido por los ingresos derivados de su actividad laboral, del 50% de la diferencia entre la nueva cuantía que le corresponde satisfacer conforme a su nueva capacidad económica y la anterior cuantía del precio público que satisficiera antes de iniciar su actividad laboral.
Esta bonificación habrá de ser, previa solicitud del interesado, resuelta por el titular de la Dirección Gerencial del IMAS. El interesado autorizará al IMAS para acceder a cuantos ficheros públicos sean necesarios para acreditar la actividad laboral realizada, así como los ingresos derivados de la misma, o, en caso de no conceder dicha autorización, deberá aportar los documentos necesarios para acreditar tales extremos.
Para los usuarios del servicio de atención residencial que no acudan al centro en festivos o fines de semana por visitas a familiares o, fuera de tales fechas, por acontecimientos familiares señalados, se establece una bonificación del 50 % de la cuantía correspondiente a los días de ausencia motivados por dichas causas, con un límite anual de 30 días al año.
Esta bonificación habrá de ser, previa solicitud del interesado, resuelta por el titular de la Dirección Gerencial del IMAS.»
Cuatro. Se da nueva redacción al segundo párrafo del apartado tercero del artículo 10, que queda redactado del siguiente modo:
«A fin de que el IMAS proceda a realizar las oportunas actuaciones legales conducentes a la efectiva recaudación del precio público, las entidades concertadas remitirán al órgano competente del IMAS que corresponda según el tipo de prestación, con una periodicidad trimestral y por los medios que dicho organismo señale, los impagos que se hayan producido y que tengan una antigüedad superior a tres meses, periodo durante el cual las entidades concertadas habrán realizado las oportunas gestiones de cobro con carácter previo a la remisión de dichos impagos al IMAS. Una vez producida la recaudación del precio público o, en su defecto, en el plazo máximo de seis meses desde la comunicación al IMAS de los impagos producidos, el IMAS reintegrará a la entidad concertada la cuantía correspondiente al precio público que se dejó de cobrar como impago del beneficiario del servicio.»
Disposición adicional primera. Modificación de la Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia e Implantación del Canon de Saneamiento.
Se modifica la exposición de motivos y diversos artículos de la Ley 3/2000, de 12 de julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia e Implantación del Canon de Saneamiento, que quedan redactados de la siguiente forma:
Uno. Se introduce un apartado 6 en la exposición de motivos, con el siguiente contenido:
«En el proceso de racionalización de la estructura del sector público regional, a consecuencia de ello, se ha extinguido el Ente Público del Agua de la Región de Murcia, creado por la Ley 4/2005, de 14 junio, asumiendo la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales parte de los fines, funciones y competencias en materia de obtención de recursos hídricos destinados al abastecimiento de agua en la Región de Murcia y obtenidos por el procedimiento de la desalación de aguas marinas en instalaciones de titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.»
Dos. El artículo 1 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 1. Objeto y ámbito.
La presente ley tiene por objeto la fijación de las competencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las entidades locales de esta Región, en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas, garantizando su actuación coordinada mediante la planificación y creación de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, así como la implantación de un canon de saneamiento para la financiación del funcionamiento y, en su caso, ejecución de las infraestructuras de esta naturaleza.
A estos efectos, se entienden comprendidas en el ámbito de la ley:
La construcción de instalaciones públicas de depuración de aguas residuales procedentes de las redes de alcantarillado de titularidad local, así como de colectores generales que unan las referidas redes de alcantarillado a dichas instalaciones.
La gestión y explotación de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración de aguas residuales procedentes de las redes de alcantarillado de titularidad municipal.
Asimismo, la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales asume las competencias del extinto Ente Público del Agua en materia de gestión, producción y explotación de recursos hídricos destinados al abastecimiento de agua en la Región de Murcia y obtenidos por el procedimiento de la desalación de aguas marinas, en instalaciones de titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
A estos efectos, se entienden comprendidas en el ámbito de la ley:
La construcción de instalaciones, redes y conducciones públicas que se precisen para el cumplimiento de dicha finalidad.»
Tres. Las letras g) y h) del apartado 1 del artículo 3 quedan redactadas del siguiente modo:
«g) La gestión, producción y explotación de instalaciones para la obtención de recursos hídricos destinados al abastecimiento de agua y obtenidos por el procedimiento de la desalación de aguas marinas, en instalaciones de titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Cualquier otra que en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas y abastecimiento, le atribuya esta ley o el resto del ordenamiento jurídico.»
Cuatro. El apartado 1 del artículo 14 queda redactado del siguiente modo:
«La actuación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en las materias a que se refiere la presente ley se llevará a cabo a través de su Consejo de Gobierno y de la consejería competente en materia de agua, saneamiento y depuración.»
Cinco. El artículo 15 queda redactado del siguiente modo:
«1. La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales es una empresa pública regional, en la modalidad de entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia e independiente de la Comunidad Autónoma y plena capacidad de obrar. Está sujeta en su actuación al ordenamiento jurídico conforme a lo establecido en el artículo siguiente, y goza de autonomía en su organización y de patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines.
Su relación con la Comunidad Autónoma se realizará a través de la consejería competente en materia de agua, saneamiento y depuración de aguas residuales en la forma que reglamentariamente se determine.
La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración tiene por objeto la gestión, mantenimiento y explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración, así como la gestión del canon de saneamiento, en los términos previstos en esta ley. También le corresponde promover la disponibilidad y el abastecimiento de agua para los distintos usos y procurar las autorizaciones y concesiones necesarias para conseguir la disponibilidad de recursos hídricos, contemplados en esta ley, mediante la articulación y ejecución de acciones que contribuyan al cumplimiento de dichos fines, en el marco de la política del Gobierno regional.
Asimismo podrá realizar todas aquellas actuaciones en relación con el abastecimiento de agua contemplado en esta ley y el saneamiento y depuración que le sean encomendadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y cuantas otras estime conveniente y sean base, desarrollo o consecuencia de las instalaciones o servicios a su cargo. Entre estas actuaciones se contemplan las siguientes:
Realizar toda clase de operaciones económicas y financieras, así como celebrar todo tipo de contratos.
Establecer convenios con administraciones y organismos públicos, y otras instituciones públicas o privadas, que contribuyan al cumplimiento de sus fines.
Obtener subvenciones y garantías de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de la Administración del Estado y de la Unión Europea, así como de otras entidades e instituciones públicas.»
Seis. Se introduce un nuevo artículo 15 bis, quedando redactado del siguiente modo:
«Artículo 15 bis. Sociedades mercantiles.
Las sociedades mercantiles creadas o participadas por la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales se regirán por la normativa de derecho privado aplicable a las mismas, con las especialidades que se deriven de lo establecido en la presente ley.
La constitución de nuevas sociedades y la participación en otras ya existentes deberán ser autorizadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma; asimismo, deberá ser autorizada por dicho órgano la enajenación de participaciones accionariales de las que sea titular la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales en sociedades mercantiles.
La propuesta o designación, según proceda, de representantes de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales en los órganos de las sociedades y entidades en que participe, corresponderá al Consejo de Administración a propuesta del presidente.»
Siete. Se adicionan los apartados 3 y 4 al artículo 16, quedando redactados del siguiente modo:
«3. La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, a instancia de las entidades locales, podrá asumir mediante convenio las funciones que corresponden a la misma en materia de abastecimiento de agua contemplado en esta ley. Esta modalidad de colaboraciones se desarrollará mediante una orden del consejero competente en materia de agua.
La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales para el cumplimiento de sus fines tendrá asignados los ingresos procedentes del servicio de abastecimiento prestados por el mismo. Las tarifas de abastecimiento de agua comprenderán todos los gastos que origine la prestación de los de estos servicios.
Las tarifas de estos servicios serán aprobadas por el Consejo de Gobierno, siendo únicas para todo el territorio de la Comunidad Autónoma.»
Ocho. El artículo 17 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 17. Funciones.
Corresponde a la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración el ejercicio de las siguientes funciones:
En materia de saneamiento y depuración:
Gestionar la explotación y conservación de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración, así como ejecutar las obras que sobre esta materia la Administración de la Comunidad Autónoma determine.
Financiar total o parcialmente la construcción de las instalaciones y obras de saneamiento y depuración que la Administración de la Comunidad Autónoma determine.
Recaudar, en período voluntario, gestionar y distribuir el canon de saneamiento, con el objeto de financiar las actividades e inversiones previstas en la ley.
Inspeccionar el destino de los fondos asignados a otras Administraciones distintas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con el objeto de financiar actividades o inversiones previstas en la ley.
Fomentar actividades de formación, promoción, estudio, investigación o divulgación en materia de ahorro de agua en usos urbanos o industriales, prevención y reducción de la contaminación, depuración en origen de los vertidos industriales, reciclado y reutilización de aguas y, en general, todas aquellas materias relacionadas con el saneamiento y depuración de aguas residuales.
Constituir, previa autorización del Consejo de Gobierno, sociedades y participar, de manera transitoria o permanente, en el capital de sociedades que contribuyan al cumplimiento de los fines de la ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 bis de esta ley.
Colaborar en el estudio y control del cumplimiento de la normativa en materia de vertidos, de la calidad de las aguas residuales y de sus efectos sobre los medios receptores.
Cualesquiera otras que, en materia de saneamiento y depuración y en cumplimiento de esta ley, le sean encomendadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante decreto.
En materia de abastecimiento de agua:
Promover y ejecutar directamente, o a través de otras entidades públicas o privadas, las acciones necesarias para satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua, en base a lo establecido en la presente ley, y que demanden los distintos usos en la Región de Murcia, sin perjuicio de las competencias del Estado y de las Administraciones locales.
Cooperar en justa reciprocidad con el Estado, las corporaciones locales y con los distintos sectores de la economía regional para la obtención de los recursos hídricos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades.
Fomentar y contribuir a la gestión eficiente del agua mediante el uso de técnicas de ahorro y conservación de los recursos hídricos, que son la base de la cultura del agua de la Región de Murcia.
Fomentar las actividades de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica en relación con el agua desalada.
Difundir, divulgar y educar en materia de ahorro en el consumo de agua.
Constituir, previa autorización del Consejo de Gobierno, sociedades y participar, de manera transitoria o permanente, en el capital de sociedades que contribuyan al cumplimiento de los fines de la ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 bis de esta ley.
Colaborar en el estudio y control del cumplimiento de la normativa en materia de recursos hídricos.
Cualesquiera otras que, en materia de abastecimiento de agua y en cumplimiento de esta ley, le sean encomendadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mediante decreto.»
Nueve. El apartado 1 del artículo 18 queda redactado del siguiente modo:
«1. La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración se regirá por un Consejo de Administración, compuesto por los siguientes miembros:
Un presidente, que será el consejero competente en materia de agua, saneamiento y depuración.
Un vicepresidente, que será el director general competente en materia de agua, saneamiento y depuración.
Siete vocales:
Un representante de la dirección general competente en materia de medio ambiente.
Un representante de la dirección general competente en materia de agua, saneamiento y depuración.
Un representante de la consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanismo.
Un representante de la consejería competente en materia de hacienda.
Un representante de la consejería en materia de sanidad.
Dos representantes de los ayuntamientos, nombrados a propuesta de la Federación de Municipios de la Región de Murcia.
Asimismo, asistirá a las sesiones del Consejo de Administración el gerente de la entidad, con voz pero sin voto.
Actuará como secretario un funcionario de la dirección general competente en materia de agua, saneamiento y depuración.»
Diez. El apartado 3 del artículo 19 queda redactado del siguiente modo:
«3. No formarán parte del patrimonio de la entidad los bienes de titularidad de las entidades locales que estén adscritos a los fines de abastecimiento, saneamiento y depuración.»
Once. El artículo 20 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 20. Recursos económicos.
La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración tendrá los siguientes recursos:
El producto de la recaudación del canon de saneamiento.
Las dotaciones que anualmente se consignen en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma a favor de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración y los fondos provenientes de la Administración del Estado, de la Unión Europea, así como de otras Administraciones públicas, o de cualquier ente público o privado para el cumplimiento de sus funciones.
Los créditos, préstamos y demás operaciones financieras que concierte conforme a lo establecido en la legislación de hacienda aplicable.
Los ingresos de derecho privado.
Los ingresos ordinarios y extraordinarios que como consecuencia del cumplimiento de sus funciones se generen.
Los bienes y derechos que constituyen su patrimonio.
Las rentas y productos que generen los bienes y valores que constituyen el patrimonio de la entidad.
Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades e instituciones públicas o privadas, así como de particulares.
Los ingresos que pueda percibir por la prestación de servicios, realización de trabajos, estudios, asesoramientos o participación en programas nacionales o internacionales propios de sus funciones.
Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.
La Entidad Regional de Saneamiento y Depuración realizará la gestión recaudatoria en vía voluntaria de sus ingresos de derecho público, mientras que en vía ejecutiva corresponderá la gestión recaudatoria a la consejería competente en materia de hacienda u órgano o entidad de la Comunidad Autónoma en la que haya delegado dicha competencia. Los ingresos obtenidos por el procedimiento de apremio serán reembolsados a la entidad, descontados, en su caso, los gastos de gestión que determine la consejería competente en materia de hacienda u órgano o entidad de la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la gestión recaudatoria en el ámbito de la Hacienda pública de la Región de Murcia.
La gestión recaudatoria del canon de saneamiento se realizará conforme se determina en el artículo 31 de esta ley.»
Doce. Se adiciona un nuevo artículo 20 bis, que queda redactado del siguiente modo:
«20 bis. Del personal de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración.
El personal de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración tendrá con ella una relación laboral. Su selección se realizará con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, aplicando lo previsto en la normativa básica y en la de desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.»
Trece. El título del capítulo IV queda redactado del siguiente modo:
«CAPÍTULO IV
Régimen económico-financiero del saneamiento y la depuración»
Disposición adicional segunda. Régimen patrimonial de los bienes del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia.
El consejero competente en materia de vivienda u órgano en quien delegue podrá adquirir a título oneroso bienes inmuebles cuando la adquisición se realice con la finalidad de devolverlos al tráfico jurídico en materia de promoción pública de viviendas.
El consejero competente en materia de vivienda u órgano en quien delegue podrá enajenar, arrendar y permutar bienes inmuebles adquiridos con la finalidad de devolverlos al tráfico jurídico en materia de promoción pública de vivienda, así como aceptar cesiones gratuitas de los mismos.
El consejero competente en materia de vivienda u órgano en quien delegue podrá ceder bienes inmuebles de dominio privado para fines de utilidad pública o interés social, en el ámbito de competencias de la promoción pública.
En todo caso será de aplicación lo dispuesto en la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Región de Murcia, en cuanto a los límites establecidos en función del valor del inmueble para su autorización previa por el Consejo de Gobierno o, en su caso, por la Asamblea Regional.
La consejería competente en materia de vivienda queda subrogada en los derechos y obligaciones que le correspondan al Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia como socio en sociedades, asociaciones y demás personas jurídicas en las que participe el organismo autónomo. Asimismo corresponderá a dicha consejería el ejercicio de los derechos que como socio o partícipe en empresas mercantiles ostentara el Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, así como la custodia de los títulos o los resguardos de depósito, en los términos previstos en la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Región de Murcia.
Disposición adicional tercera. Aplazamiento y periodificación del abono de los efectos retroactivos de las prestaciones económicas previstas en el artículo 18 la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
(Derogada)
Se deroga por la disposición derogatoria del Decreto-ley 3/2015, de 7 de octubre. Ref. BORM-s-2015-90554.
Disposición adicional cuarta. Servicio de Atención Temprana prestado fuera del SAAD.
La prestación del Servicio de Atención Temprana tendrá carácter universal para todos los menores de entre 0 y 6 años de la Región de Murcia, cuando el servicio público de valoración determine su necesidad, de acuerdo con los criterios que reglamentariamente se establezcan.
Disposición transitoria primera. Procedimientos en curso, régimen de liquidación y subrogación de derechos y obligaciones de la Entidad Pública del Agua de la Región de Murcia.
1. Una vez que sea efectiva la supresión del Ente Público del Agua de la Región de Murcia, los procedimientos y demás actuaciones tramitadas por este organismo que se encuentren en curso pasarán a ser asumidas por la consejería de la Administración regional competente en materia de agua, a través de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se subroga en todos los derechos y obligaciones del citado Ente Público del Agua, pudiendo asignar a la consejería de la Administración regional competente en materia de agua, a través de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, aquellos que se consideren adecuados para una gestión más eficaz. Mediante orden del consejero competente en materia de agua, publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», se materializará la reversión del traspaso efectivo de competencias y funciones de la consejería al Ente Público del Agua.
2. Todas las referencias al Ente Público del Agua de la Región de Murcia contenidas en la legislación vigente, se entenderán realizadas a la consejería de la Administración regional con competencias en materia de agua a través de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.
3. No obstante la supresión del Ente Público del Agua de la Región de Murcia a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, se habilita a los órganos de gobierno de la misma para que puedan completar el procedimiento de liquidación, adoptando cuantas medidas y decisiones resulten procedentes incluso con posterioridad a la citada supresión, otorgándose a tal efecto un plazo adicional de 6 meses a contar desde dicha fecha.
4. Desde la entrada en vigor de esta ley y hasta que se proceda a la modificación de los estatutos de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, las competencias del extinto Ente Público del Agua, atribuidas en esta ley a dicha entidad, las ejercerán los órganos de gobierno homólogos de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior.
Disposición transitoria segunda. Procedimientos en curso y subrogación de derechos y obligaciones del organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia.
1. Una vez que sea efectiva la extinción del organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, los procedimientos y demás actuaciones tramitadas por este organismo que se encuentren en curso pasarán a ser asumidas por la consejería de la Administración regional competente en materia de vivienda, a través del órgano directivo correspondiente, subrogándose asimismo en los derechos y obligaciones del citado organismo, con las salvedades establecidas en la disposición adicional segunda.
2. Todas las referencias al organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia contenidas en la legislación vigente, se entenderán realizadas, según proceda, a la consejería u órgano directivo de la Administración regional con competencias en materia de vivienda.
3. No obstante la supresión del organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia a que se refiere el artículo 3 de la presente ley, se habilita a los órganos de gobierno del mismo para que puedan completar el procedimiento de liquidación, adoptando cuantas medidas y decisiones resulten procedentes incluso con posterioridad a la citada supresión, otorgándose a tal efecto un plazo adicional de 6 meses a contar desde dicha fecha.
Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio desde la extinción del organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia hasta la adaptación de la estructura de la consejería competente en materia de vivienda.
1. En tanto se produzcan las necesarias adaptaciones, las funciones que correspondan al Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia seguirán desarrollándose por los órganos y unidades administrativas del mismo a través del órgano directivo correspondiente de la Consejería de la Administración regional competente en materia de vivienda. Asimismo, las menciones realizadas al Instituto de Vivienda y Suelo en el decreto de estructura de dicho organismo, deben entenderse referidas a la citada consejería y órgano directivo correspondiente.
2. En tanto se realicen las correspondientes modificaciones presupuestarias, el personal del organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia continuará percibiendo sus retribuciones con cargo a los créditos a los que los vinieran percibiendo.
3. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley se procederá por el consejero de Economía y Hacienda a la aprobación de la nueva relación de puestos de trabajo. Hasta tanto se realice dicha aprobación, los puestos existentes seguirán ejerciendo las funciones que tengan atribuidas en la actualidad y el personal que los desempeñe continuará sin alteración en su régimen orgánico, funcional y retributivo.
Disposición transitoria cuarta. Ejecución y liquidación presupuestaria del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia.
1. En tanto no se apruebe un nuevo presupuesto de la consejería competente en materia de vivienda en la correspondiente ley anual de presupuestos de la Comunidad Autónoma, las dotaciones presupuestarias para la ejecución de las funciones que se le asignen como consecuencia de la extinción del Instituto de Vivienda y Suelo serán las consignadas en los programas de gasto cuya gestión corresponda a dicho organismo autónomo a la fecha en que se realicen las modificaciones a que se refiere el párrafo siguiente.
A tal fin, se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda para realizar las modificaciones presupuestarias que sean necesarias en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en el presupuesto del organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, para posibilitar el ejercicio de las funciones atribuidas por esta ley a la consejería competente en materia de vivienda. El presupuesto del Instituto de Vivienda y Suelo correspondiente a 2013 se liquidará a la fecha en que se realicen dichas modificaciones. En tanto no realicen las mismas, se faculta al consejero competente en materia de vivienda u órgano directivo en que delegue para la gestión de dichos créditos.
Mediante orden del consejero competente en materia de vivienda, publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», se materializará la reversión del traspaso efectivo de competencias y funciones de la consejería al organismo autónomo Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia.
2. En tanto no se realicen las modificaciones necesarias, la contabilización de las operaciones derivadas de la gestión de los ingresos atribuidos al Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia continuará realizándose en el correspondiente sistema de información contable en la forma y a través de los mismos procedimientos que se vienen utilizando a la entrada en vigor de la presente ley.
Disposición transitoria quinta. Procedimientos en curso, régimen de liquidación y subrogación de derechos y obligaciones del organismo autónomo Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
1. Una vez que sea efectiva la supresión del organismo autónomo Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, los procedimientos y demás actuaciones tramitadas por este organismo que se encuentren en curso pasarán a ser asumidas por la consejería de la Administración regional competente en materia de trabajo, a través del órgano directivo correspondiente, subrogándose asimismo en los derechos y obligaciones del citado organismo. Mediante orden del consejero competente en materia de trabajo, publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», se materializará la reversión del traspaso efectivo de competencias y funciones de la consejería al organismo autónomo Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
2. Todas las referencias al organismo autónomo Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia contenidas en la legislación vigente, se entenderán realizadas, según proceda, a la consejería u órgano directivo de la Administración regional con competencias en materia de trabajo.
3. No obstante la supresión del organismo autónomo Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia a que se refiere el artículo 20 de la presente ley, se habilita a los órganos de gobierno de la misma para que puedan completar el procedimiento de liquidación, adoptando cuantas medidas y decisiones resulten procedentes incluso con posterioridad a la citada supresión, otorgándose a tal efecto un plazo adicional de 6 meses a contar desde dicha fecha.
4. En tanto se produzcan las necesarias adaptaciones, las funciones que correspondan al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia seguirán desarrollándose por los órganos y unidades administrativas del mismo a través del órgano directivo correspondiente de la consejería de la Administración regional competente en materia de trabajo. Asimismo, las menciones realizadas al Instituto de Seguridad y Salud Laboral en el decreto de estructura de dicho organismo, deben entenderse referidas a la citada consejería y órgano directivo correspondiente.
5. En tanto se realicen las correspondientes modificaciones presupuestarias, el personal del organismo autónomo Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia continuará percibiendo sus retribuciones con cargo a los créditos a los que los vinieran percibiendo.
6. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley se procederá por el consejero de Economía y Hacienda a la aprobación de la nueva relación de puestos de trabajo. Hasta tanto se realice dicha aprobación, los puestos existentes seguirán ejerciendo las funciones que tengan atribuidas en la actualidad y el personal que los desempeñe continuará sin alteración en su régimen orgánico, funcional y retributivo.
Disposición transitoria sexta. Requisitos de los cuidadores no profesionales.
1. Para el supuesto de aquellas prestaciones para cuidados en el entorno familiar que hubieran sido reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, no será necesario el cumplimiento de los nuevos requisitos establecidos en la misma con respecto a los cuidadores no profesionales.
2. No obstante lo anterior, en el caso de revisión del Programa Individual de Atención por cambio de cuidador no profesional, se exigirá el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esta ley.
Disposición transitoria séptima. Actualización de la cuantía de las prestaciones económicas de dependencia preexistentes.
La cuantía de las prestaciones económicas de dependencia reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley deberá adaptarse a lo dispuesto en la misma. Los efectos económicos de esta adaptación serán desde la entrada en vigor de la presente ley, sin perjuicio de la correspondiente regularización en las nóminas mensuales.
Disposición transitoria octava. Prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales previstos en el artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, pendientes de resolver.
(Derogada)
Se deroga por la disposición derogatoria del Decreto-ley 3/2015, de 7 de octubre. Ref. BORM-s-2015-90554.
Disposición transitoria novena. Prestaciones económicas vinculadas al servicio previstas en el artículo 17 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
En el supuesto de que se encuentren pendientes de resolución solicitudes a las que corresponda el reconocimiento del derecho a la prestación vinculada al servicio, a la entrada en vigor de la presente ley, se resolverán con arreglo a las previsiones de la misma.
Disposición derogatoria primera.
Se derogan cuantas delegaciones o encomiendas se hayan realizado a los Registradores de la Propiedad, en virtud de la habilitación establecida en el primer párrafo del artículo 13.Uno.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en la Región de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de noviembre.
Disposición derogatoria segunda.
Se derogan las siguientes leyes:
– Ley 4/2005, de 14 de junio, del Ente Público del Agua de la Región de Murcia.
– Ley 1/1999, de 17 de febrero, de creación del Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia.
– Ley 1/2000, de 27 de junio, de creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, excepto la sección II del capítulo II, «De la Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral», en tanto en cuanto no se apruebe mediante decreto el nuevo órgano consultivo que lo sustituya.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional.
Se añade, en el artículo 37, un nuevo apartado 3 con la siguiente redacción:
«3. Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a conceder anticipos de tesorería a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por un importe máximo equivalente a la cantidad total anual que esta debe anticipar a las entidades locales en cuyo convenio de recaudación se prevea el anticipo como forma de pago material de la recaudación.
Los anticipos deberán quedar cancelados antes de la terminación del ejercicio al que correspondan, no pudiendo hacerse efectivo un nuevo anticipo en el ejercicio siguiente sin el cumplimiento de esta condición.»
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 4/2012, de 15 de junio, de modificación de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia.
Se modifican diversas disposiciones de la Ley 4/2012, de 15 de junio, de modificación de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de la Región de Murcia, que quedan redactadas de la siguiente forma:
Uno. Se añade una disposición adicional única que queda redactada como sigue:
«Disposición adicional única.
Procesos electorales de las Cajas de Ahorros de la Región de Murcia que desarrollen su actividad financiera de manera indirecta a través de una entidad bancaria.
Los procesos electorales de las Cajas de Ahorros de la Región de Murcia que desarrollen su actividad financiera de manera indirecta a través de una entidad bancaria quedarán en suspenso hasta tanto se apruebe la normativa estatal, actualmente en tramitación, que establezca el nuevo régimen jurídico de las cajas de ahorros y de las fundaciones bancarias, quedando prorrogado automáticamente el mandato de todos los miembros de los órganos de gobierno.»
Dos. Se derogan las disposiciones transitorias segunda, tercera y cuarta.
Tres. La disposición transitoria quinta pasa a ser la disposición transitoria segunda, y se modifica el texto quedando como sigue:
«Segunda. Régimen transitorio para determinados miembros de órganos de gobierno.
Los miembros de los órganos de gobierno que deban cesar en el ejercicio de su cargo como consecuencia de lo dispuesto en el apartado 2, del artículo 42 de la Ley 3/1998, de 1 de julio, lo harán cuando concluya el mandato que ostenten a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio y, en todo caso, antes de transcurridos tres años desde dicha entrada en vigor, sin que en ningún caso sea posible su reelección.»
Cuatro. La disposición transitoria sexta pasa a ser la disposición transitoria tercera.
Disposición final tercera. Extinción de las deudas de entidades locales mediante compensación y deducción sobre transferencias.
1. Serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas de naturaleza pública vencidas, líquidas y exigibles que las entidades locales de la Región de Murcia tengan con la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos y demás entidades cuya recaudación en periodo ejecutivo les esté encomendada, en los términos previstos en el artículo 73 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Las deudas de naturaleza pública vencidas, líquidas y exigibles que las entidades locales de la Región de Murcia tengan con la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos y demás entidades cuya recaudación en periodo ejecutivo les esté encomendada, podrán extinguirse con las deducciones sobre las cantidades que la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia deba transferir a las referidas entidades, en los términos previstos en el artículo 74 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
3. No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando las deudas sean objeto de aplazamiento y/o fraccionamiento en periodo ejecutivo, previa solicitud de las entidades interesadas dirigida al órgano competente, siempre que se efectúe el pago al vencimiento de los plazos concedidos.
4. Las deudas de naturaleza pública contraídas por las entidades locales de la Región de Murcia con la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos y demás entidades cuya recaudación en periodo ejecutivo les esté encomendada, no devengarán los recargos del período ejecutivo previstos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ni los intereses de demora desde el inicio de dicho período.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las deudas de naturaleza tributaria.
Se añade el segundo párrafo al apartado 4 por la disposición final 6 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2014-752.
Disposición final cuarta. Indemnizaciones por daños físicos o psíquicos previstas en el artículo 6 de la Ley 7/2009, de 2 de noviembre, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Desde la entrada en vigor de esta ley se suspende la concesión o abono de las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos previstas en el artículo 6 de la Ley 7/2009, de 2 de noviembre, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tanto de las solicitudes actualmente en tramitación como de aquellas otras que, en su caso, pudieran formularse de conformidad con la citada ley y con el reglamento de desarrollo de la misma, aprobado por Decreto 105/2012, de 27 de julio.
Previa consignación presupuestaria adecuada y suficiente para la concesión de dichas indemnizaciones en el ejercicio presupuestario correspondiente, el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo adoptado a propuesta de la consejería competente en materia de política social, determinará la fecha de levantamiento de la suspensión.
Disposición final quinta. Otras disposiciones en materia de función pública.
Uno. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 19 y dos apartados 7 y 8 al artículo 52 del texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, con la siguiente redacción:
«Artículo 19. Relaciones de puestos de trabajo: contenido.
La orden de la consejería competente en materia de función pública por la que se apruebe la relación de puestos de trabajo especificará los tipos de puestos no singularizados que queden adscritos a las secretarías generales de las consejerías y direcciones u órganos directivos asimilados de los organismos autónomos de la Administración Pública de la Región de Murcia.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será de aplicación a los puestos de trabajo de los centros docentes.»
«Artículo 52. Otras formas de provisión. Remoción de puestos de trabajo.
Por necesidades del servicio y con carácter voluntario, el personal funcionario de carrera podrá desempeñar, mediante promoción interna temporal, funciones correspondientes a cuerpos, escalas u opciones de un grupo o subgrupo igual o superior, siempre que posea la titulación y demás requisitos exigidos para el ingreso en el cuerpo, escala u opción al que se promociona y tenga una antigüedad como funcionario de carrera de, al menos, dos años de servicio activo en el cuerpo, escala u opción desde el que promociona.
Durante el tiempo que permanezca en esta situación el interesado se mantendrá en servicio activo, se le reservará su puesto de trabajo y percibirá la cantidad que le corresponda por trienios de acuerdo con la antigüedad que tenga reconocida así como las retribuciones correspondientes a las funciones desempeñadas, cuyo ejercicio no supondrá consolidación de derecho alguno a tales retribuciones ni a la obtención de un nuevo nombramiento, sin perjuicio de su posible consideración como mérito en los sistemas de promoción interna previstos en los artículos 46 y 47.
Por el consejero competente en materia de función pública se realizarán los procedimientos de gestión necesarios para la aplicación de lo dispuesto en este apartado.
Se procederá a la ordenación de los recursos humanos de Administración regional, con la finalidad de hacer efectiva una adecuada racionalización de los mismos, a través de convocatorias específicas de promoción interna a cuerpos, escalas u opciones del mismo grupo o subgrupo de titulación o del inmediato superior.
Estas convocatorias específicas podrán estar dirigidas a determinados cuerpos, escalas u opciones así como a la Agrupación Profesional de Servicios Públicos.»
Dos. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 17 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, con la siguiente redacción:
«4. Si las necesidades del servicio lo requieren, en casos excepcionales, el presidente del Consejo Jurídico, previo acuerdo favorable de este, podrá habilitar a funcionarios con el título de Licenciado en Derecho o equivalente, para desempeñar determinadas funciones de colaboración en las tareas propias de los letrados, sin ocupar puesto de esa clase. Dichos funcionarios permanecerán adscritos a sus puestos de trabajo de origen y deberán actuar de acuerdo con las directrices del Consejo Jurídico. La habilitación se extinguirá en el plazo de un año, sin perjuicio de su renovación expresa, si persisten las mismas circunstancias.
Con carácter previo a la habilitación, el consejero competente en materia de función pública autorizará la comisión de servicios del funcionario correspondiente, previo informe favorable del secretario general de la consejería o de la entidad correspondiente a la que esté adscrito el puesto de trabajo del funcionario.
La consejería competente en materia de función pública podrá proveer la sustitución del funcionario habilitado en la consejería a la que esté adscrito su puesto de trabajo.»
Disposición final sexta. Medidas de aplicación.
Uno. Se faculta al titular de la consejería competente en materia de economía y hacienda para aprobar todas aquellas medidas necesarias para la aplicación de la presente ley.
Dos. Se atribuye al titular de la consejería competente en materia de asistencia y bienestar social, el ejercicio de la potestad reglamentaria para el establecimiento mediante orden de las normas reguladoras del Servicio de Atención Temprana.
Disposición final séptima. Deslegalización.
Cuando sea conveniente por razones de desarrollo técnico, con motivo del surgimiento de nuevas necesidades o de adecuación a la legislación básica del Estado, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia podrá modificar y desarrollar reglamentariamente el contenido del título III de esta ley.
Disposición final octava. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan y a los Tribunales y autoridades que corresponda que la hagan cumplir.
Murcia, 8 de julio de 2013.
El Presidente,
Ramón Luis Valcárcel Siso.
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