Ley 5/2017, de 10 de febrero, de pesca marítima y acuicultura de la Comunitat Valenciana

En el plazo de diez días a partir de la comunicación y notificación del acuerdo de iniciación, el órgano instructor y los interesados efectuarán, respectivamente, las actuaciones preliminares, la aportación de cuantas alegaciones, documentos e informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de la prueba admitida.

Transcurrido dicho plazo, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución. En el supuesto de que entienda que los hechos pueden ser constitutivos de infracción grave o muy grave, propondrá acomodar el procedimiento a los trámites previstos en el artículo 101, lo que se notificará a los interesados para que, en el plazo de cinco días, puedan alegar lo que estimen conveniente.

Formulada la propuesta de resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para la correcta determinación de los hechos o para la adecuada resolución del procedimiento. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados y practicadas las mismas se concederá a estos un nuevo trámite de audiencia y vista del expediente por término de ocho días.

La resolución será motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.

El procedimiento sancionador por infracciones leves deberá ser resuelto y debidamente notificada la resolución sancionadora en el plazo máximo de seis meses desde que se inicie. Transcurrido dicho plazo, se declarará la caducidad de las actuaciones, sin perjuicio de que el órgano competente pueda acordar el inicio de un nuevo procedimiento en tanto no haya prescrito la infracción.

Cuando, al tiempo de iniciarse el procedimiento sancionador, el órgano competente dispusiese de todos los elementos que permitan formular la propuesta de resolución, esta se incorporará al acuerdo de iniciación.

Dicho acuerdo se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto y se notificará a los interesados, entendiendo como tales la persona o personas presuntamente responsables de la infracción.

En la notificación se advertirá expresamente a los interesados que, de no formular alegaciones ni aportar nuevos documentos o elementos de prueba en un plazo de quince días, podrá dictarse la resolución de acuerdo con dicha propuesta.

La tramitación abreviada prevista en este precepto podrá aplicarse únicamente a las infracciones leves.

Cuando los hechos puedan ser constitutivos de infracción grave o muy grave, el director de los servicios territoriales dictará una providencia de incoación en la que designará al instructor del procedimiento. Este notificará a los interesados dicha incoación y su nombramiento, la identidad de la autoridad competente para imponer la sanción, la norma que atribuye tal competencia, los hechos que se les imputa y las infracciones que pueden constituir, y les concederá un plazo de diez días para que formulen cuantas alegaciones y propongan los medios de prueba que estimen pertinentes.

A la vista del acta y de las alegaciones, la instrucción acordará la práctica de cuantas pruebas o diligencias estime necesarias.

El instructor formulará después la propuesta de resolución, que notificará a los interesados para que aleguen cuanto estimen conveniente a su defensa, en plazo de ocho días. Transcurrido el mismo, remitirá el expediente con su propuesta y, en su caso, con las alegaciones del interesado, al órgano competente para resolver.

El procedimiento sancionador para la imposición de sanciones como consecuencia de infracciones graves y muy graves se tramitará y resolverá en el plazo de un año.

Cuando la resolución sea sancionadora, junto con las sanciones que se impongan, se acordará la destrucción de los artes, aparejos e instrumentos decomisados que sean calificados de antirreglamentarios y se levantará la oportuna acta de su ejecución. Los reglamentarios serán devueltos o, en su caso, cancelada la fianza, una vez acreditado el pago de la multa impuesta.

Cuando, por cualquier causa, el procedimiento termine sin resolución sancionadora, se devolverán al interesado los bienes decomisados, siempre y cuando se pueda proceder a ello de acuerdo a la normativa aplicable, y a cancelar la fianza.

La competencia para la imposición de las sanciones previstas en esta ley corresponderá a:

La autoridad u órgano competente para imponer la sanción propuesta resolverá igualmente, en todo caso, cuando aprecie que deba ser la multa de inferior cuantía o por infracción de menor gravedad a aquellas para las que es competente de conformidad con las reglas del apartado anterior.

Los artes, aparejos o útiles de pesca antirreglamentarios decomisados serán destruidos, salvo que tengan un valor histórico o patrimonial, caso en que se pueden entregar a entidades sin ánimo de lucro. Los reglamentarios decomisados serán devueltos al interesado, previa constitución de una fianza u otra garantía financiera prevista normativamente cuya cuantía será fijada por el órgano competente, mediante el correspondiente acto administrativo, no pudiendo exceder del importe de la sanción que pudiera corresponder por la infracción o infracciones cometidas. El plazo para la prestación de la fianza será de un mes desde su fijación, pudiendo ser prorrogado por idéntico tiempo y por causas justificadas. De no prestarse fianza en el plazo establecido, los artes, aparejos o útiles de pesca reglamentarios quedarán a disposición de la conselleria competente, que podrá decidir sobre su destino de acuerdo con la legislación vigente.

Las capturas pesqueras o productos de pesca decomisados, en el supuesto de que tuvieran posibilidades de sobrevivir, deberán devolverse al medio marino sin dilación. En caso contrario, cuando sean aptos para el consumo, podrán:

Sin perjuicio de la adopción de las disposiciones o resoluciones necesarias para su mejor adecuación a lo dispuesto en el capítulo III del título II de la presente ley, se considerarán zonas protegidas de interés pesquero del litoral marítimo de la Comunitat Valenciana las zonas siguientes:

De conformidad con el artículo 37 de la presente ley, las zonas a, b y e del apartado anterior quedan calificadas como reservas marinas de interés pesquero.

Se reconocen como cofradías de pescadores y como federaciones de las mismas en la Comunitat Valenciana las existentes a la entrada en vigor de esta ley.

Sus estatutos deberán adaptarse a lo dispuesto en el título IX de la presente ley, para lo que las cofradías y sus federaciones aprobarán los proyectos y los remitirán a la conselleria competente en materia de pesca marítima, para su ratificación, antes de un año desde la aprobación de la presente ley.