Ley 3/2018, de 21 de febrero, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Extremadura dispondrán de los siguientes ingresos para la financiación de sus actividades:

La disposición de bienes patrimoniales deberá contar con la autorización de la administración tutelante cuando se trate de bienes inmuebles. En caso de otro tipo de bienes, la administración tutelante determinará los supuestos en los que sea precisa su autorización en función de su alcance económico.

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Extremadura elaborarán y someterán sus presupuestos ordinarios y extraordinarios de gastos e ingresos a la aprobación de la Consejería competente en materia de comercio, que fiscalizará sus cuentas anuales y liquidaciones en los plazos que se establezcan reglamentariamente.

La Consejería competente en materia de comercio podrá establecer las instrucciones necesarias para la elaboración de los presupuestos y las liquidaciones con sujeción a los principios legalmente establecidos en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para las administraciones públicas, manteniendo una situación de equilibrio presupuestario.

En todo caso, las cuentas anuales y las liquidaciones de los presupuestos se presentarán acompañadas del informe de auditoría de cuentas correspondiente.

Las cuentas anuales, junto con el informe de auditoría, y el informe anual sobre gobierno corporativo se depositarán en el registro mercantil correspondiente a la localidad en la que la Cámara tenga su sede y serán objeto de publicidad por las Cámaras.

El Pleno de la Cámara someterá a la aprobación de la Consejería competente en materia de comercio antes del uno de noviembre de cada año, los presupuestos ordinarios del siguiente ejercicio, acompañado de una memoria explicativa del presupuesto, del programa de actuación e inversiones previstas y del estado de ejecución de los presupuestos vigentes. La Consejería competente en materia de comercio podrá requerir a la Cámara toda aquella documentación complementaria que estime procedente y elaborará un informe en el que propondrá la aprobación, si procede, del citado presupuesto, así como las recomendaciones que estime pertinentes y que deberán ser tenidas en cuenta por la Corporación.

Para la realización de obras y servicios no previstos en el presupuesto ordinario deberán formalizarse presupuestos extraordinarios con indicación expresa del origen de los recursos con los que se financiarán tales obras y servicios, cuyos proyectos, una vez aprobados por el Pleno se someterán a la aprobación de la Consejería competente en materia de comercio en los quince días naturales siguientes a su aprobación por el mismo. La Consejería competente en materia de comercio tendrá en tal caso que resolver igualmente en los treinta días desde su recepción.

De no aprobarse el presupuesto ordinario antes del uno de enero del ejercicio corriente, será prorrogado trimestralmente el presupuesto del ejercicio anterior por cuartas partes y únicamente para atender los gastos corrientes.

Las liquidaciones de los presupuestos ordinarios, en las que se contendrán las de los extraordinarios realizados durante el ejercicio a que se refieren aquéllas, se presentarán antes del uno de junio del año siguiente, acompañadas de un informe de auditoría de cuentas emitido por auditor colegiado.

Corresponde a la Consejería competente en materia de comercio la fiscalización de las liquidaciones de los presupuestos de las Cámaras, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas y, en su caso, a los organismos fiscalizadores de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La fiscalización que lleve a cabo la Consejería competente en materia de comercio, comprenderá la realización de los siguientes tipos de controles presupuestarios, cuyo alcance y contenido se desarrollarán reglamentariamente:

La fiscalización podrá efectuarse a través de una auditoría externa.

Los resultados obtenidos se instrumentarán en un informe que corresponderá elaborar a la Dirección General competente en materia de comercio, y que deberá incluir, entre otros extremos, una propuesta relativa a su aprobación por la Consejería competente en materia de comercio y posibles recomendaciones.

En su labor de fiscalización, la Consejería competente en materia de comercio deberá recibir de las Cámaras toda la colaboración que resulte necesaria y requerirles cuantos informes sean preciso, y tener libre acceso, si lo estima necesario, a la documentación interior de la auditoría certificante, y a recibir de ésta los informes complementarios que recabe.

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Extremadura deberán llevar un sistema contable de ingresos y gastos, así como las variaciones de su patrimonio.

Reglamentariamente, la Consejería competente en materia de comercio podrá establecer los requisitos mínimos de dicho sistema contable, que en todo caso deberá ajustarse al Código de Comercio y ha de regirse por la normativa específica de las Cámaras y al Plan General de Contabilidad vigente en cada momento, sin perjuicio de que el órgano tutelar pueda establecer las disposiciones oportunas, a fin de que el sistema contable aplicado por las Cámaras sea único y uniforme para todas ellas.

Para la adecuada diferenciación entre las actividades públicas y privadas que puedan desarrollar, las Cámaras mantendrán una contabilidad diferenciada en relación con sus actividades públicas y privadas, sin perjuicio de la unicidad de las cuentas anuales.

Las personas que gestionen bienes y derechos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Extremadura quedarán sujetas a indemnizar los daños y perjuicios que puedan causarle por acciones u omisiones realizadas por dolo, culpa o negligencia grave con infracción de la normativa vigente, sin perjuicio de la responsabilidad penal o de otro orden que les pueda corresponder.

Las Cámaras deberán hacer públicas, en un lugar de fácil acceso de su página web, los siguientes aspectos de su actividad:

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, las Cámaras suministrarán a la Administración tutelante, la información necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada ley.

En el ámbito de sus actuaciones sujetas a Derecho Administrativo, estarán bajo lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y a la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, así como, a la Ley 18/2015, de 23 de diciembre, de Cuentas Abiertas para la Administración Pública Extremeña, en todo aquello que le sea de aplicación conforme a su naturaleza jurídica.

Quienes ostenten la Presidencia de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Extremadura estarán obligados a comparecer ante la comisión competente en materia de comercio de la Asamblea de Extremadura, a iniciativa de cualquiera de los grupos parlamentarios o de la quinta parte de las diputadas y los diputados miembros de dicha comisión, a efectos de informar sobre la actividad y la gestión de las referidas cámaras en relación con lo establecido en la presente ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, las resoluciones de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios de Extremadura dictadas en ejercicio de sus funciones público-administrativas, así como las que afecten a su régimen electoral, serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, previo recurso administrativo formulado ante la administración tutelante. Las actuaciones de las Cámaras en otros ámbitos y, singularmente, las de carácter mercantil, civil y laboral, se dilucidarán ante los juzgados y tribunales competentes.

Contra las resoluciones de suspensión y disolución de los órganos de gobierno de las Cámaras dictadas por la Consejería competente en materia de comercio podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente órgano jurisdiccional.

Contra los acuerdos adoptados por las Juntas Electorales durante el proceso electoral, en el ejercicio de sus funciones, así como contra los de las Cámaras sobre reclamaciones al censo electoral, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la consejería competente en materia de comercio, previamente a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las personas con derecho a elegir podrán formular reclamaciones y quejas ante la Consejería competente en materia de comercio, en relación con la actividad desarrollada por las Cámaras y, singularmente, en relación con el establecimiento y desarrollo de los servicios mínimos que se consideren obligatorios.

La Consejería competente en materia de comercio podrá suspender la actividad de los órganos de gobierno de las Cámaras en el caso de que se produzcan transgresiones graves o reiteradas del ordenamiento jurídico vigente, así como en el supuesto de imposibilidad de funcionamiento normal de aquéllos, debiendo quedar garantizado el derecho de audiencia de los mismos en la tramitación del procedimiento. Las circunstancias que constituyan transgresiones graves o reiteradas del ordenamiento jurídico vigente, así como el supuesto de imposibilidad de funcionamiento normal de los órganos de las Cámaras se determinarán reglamentariamente.

El acuerdo de suspensión determinará su plazo de duración, que no podrá exceder de tres meses, así como la constitución de una comisión gestora como órgano de gestión de los intereses de la Cámara durante este período, cuya composición y funciones se desarrollarán reglamentariamente.

Si transcurrido el plazo de suspensión, subsistiesen las razones que dieron lugar a la misma, la Consejería competente en materia de comercio procederá, en el plazo de un mes, a la disolución de los órganos de gobierno de la Cámara y la convocatoria de nuevas elecciones.

En el caso de no ser posible la celebración de nuevas elecciones y la constitución de los órganos de gobierno de la Cámara, la Consejería competente en materia de comercio podrá acordar su extinción adscribiéndose su patrimonio, previa liquidación por el órgano de gestión mencionado en el apartado 2, a la Consejería competente en materia de comercio.

En el caso de extinción, la Consejería competente en materia de comercio garantizará que las personas físicas y jurídicas adscritas a la Cámara reciban los servicios propios de la misma.

A los procesos electorales que se celebren tras la entrada en vigor de esta ley y hasta en tanto no se apruebe el reglamento de desarrollo de la misma, les será de aplicación lo dispuesto en este texto legal y, en concreto, en los apartados siguientes de esta misma disposición, así como en el Decreto 23/2002, de 11 de marzo, por el que se regula el régimen electoral para la renovación del Pleno de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en todo aquello en lo que no se oponga a la presente ley.

Hasta que se produzca la adaptación a la presente ley, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria primera, del Reglamento de Régimen Interior, corresponderá al Pleno, con carácter previo a la convocatoria de las elecciones, establecer los términos para la designación de las personas integrantes del Pleno, personas representantes de las empresas de mayor aportación voluntaria a la Cámara, que deberá respetar lo dispuesto en el artículo 15.1. b) párrafo tercero.

El voto electrónico se podrá regular en la orden de convocatoria de las elecciones, siempre que se garantice la auditoría externa e independiente que vele por el proceso.

La solicitud del voto por correo se presentará en persona ante el personal funcionario del Servicio de Comercio de la Secretaría General de Economía y Comercio de la Consejería de Economía e Infraestructuras, tanto en los servicios centrales como en los centros territoriales que designe la Junta Electoral, o ante personal funcionario público responsable de los Centros de Atención Administrativa.

Para ejercer el derecho de voto mediante delegación, la persona electora delegante o su representante en el caso de que sea persona jurídica, deberá efectuar la delegación en cualquier otra persona con derecho a elegir o a su representante si se trata de una persona jurídica que pertenezca a su Colegio Electoral, para que deposite su voto en el acto de las elecciones.

Con el objetivo de alcanzar la paridad de género en la representatividad de las organizaciones empresariales se impulsará la participación de las mujeres.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual e inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente ley y, en particular, la Ley 17/2001, de 14 de diciembre, de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Extremadura.

El Decreto 23/2002, de 11 de marzo, por el que se regula el régimen electoral para la renovación del Pleno de las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se mantendrá en vigor, en cuanto no se oponga a esta ley y hasta tanto se dicten las normas reglamentarias sustitutorias.

El Consejo estará integrado por 25 miembros, incluido su Presidente. De ellos, ocho compondrán el Grupo Primero en la representación de las organizaciones sindicales, ocho el Grupo Segundo, en representación de las organizaciones empresariales, y ocho el Grupo Tercero, correspondiendo uno de ellos al sector agrario, uno a Usuarios y Consumidores, uno al sector de la economía social, uno a la Universidad, uno al Tercer Sector de Acción Social, uno al Consejo de la Juventud, siendo los dos restantes expertos en las materias competencias del Consejo.

Los miembros del Consejo representantes del Grupo Primero serán designados por las organizaciones sindicales que hayan obtenido la condición de más representativas, en proporción a su representatividad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6.2 y 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.

Los miembros del Consejo representantes del Grupo Segundo serán designados por las organizaciones empresariales que gocen de capacidad representativa, en proporción a su representatividad, con arreglo a lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores, según redacción dada por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Los miembros del Consejo representantes del Grupo Tercero serán propuestos, en cada caso, por las entidades o asociaciones que a continuación se indican:

Los dos expertos serán nombrados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta del Consejero de Economía e Infraestructuras, entre personas con una especial preparación y reconocida experiencia, previa consulta a los grupos integrantes del Consejo».