Acta de la XI Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Peruana de Cooperación, hecha en Madrid el 28 de febrero de 2019
Este es el acto tal como se publicó. Las modificaciones posteriores no están incorporadas al texto: cada una es un acto aparte en este repositorio y una entrada en el historial de esta ley.
ACTA DE LA XI REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA HISPANO-PERUANA DE COOPERACIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo IX del Convenio Marco de Cooperación, suscrito el 6 de julio de 2004, se llevó a cabo la XI reunión de la Comisión Mixta de Cooperación entre España y Perú. La Comisión se celebró el 28 de febrero de 2019, en la ciudad de Madrid.
La Delegación del Reino de España estuvo presidida por el Presidente del Gobierno del Reino de España, señor don Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
La Delegación de la República del Perú estuvo presidida por el Presidente de la República del Perú, señor don Martín Alberto Vizcarra Cornejo.
La relación de integrantes de las dos delegaciones figura en el anexo 1 de la presente acta.
Ambas Delegaciones manifestaron su acuerdo sobre los temas a tratar y la estructura del Acta, que contiene dos capítulos principales y dos anexos que forman parte integrante de la misma:
1. El Marco de Actuación: Marco de Asociación España-Perú (2019-2022).
2. Consideraciones finales.
Anexos:
– Anexo 1. Relación de integrantes de las Delegaciones Oficiales de España y del Perú.
– Anexo 2. Marco de Asociación España-Perú 2019-2022.
1. Marco de actuación: Marco de asociación España-Perú 2019-2022
Tanto el hasta hoy vigente Marco de Asociación España-Perú 2013-2016, ampliado durante los años 2017-2018; el Acta de la X Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Peruana de Cooperación, firmada en Lima el 26 de abril de 2013; las Actas XI y XII del Comité Paritario de Evaluación y Seguimiento del Programa de Cooperación Hispano Peruano, realizas en Lima, el 18 de junio 2015 y el 22 de abril de 2018, respectivamente; constituyen los antecedentes más inmediatos de planificación estratégica de la cooperación bilateral. El nuevo Marco de Asociación País integra dicha estrategia para el periodo 2019-2022.
Ambos países adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015, vinculándolos a un lenguaje común y a unos objetivos, metas y resultados de desarrollo a los cuales se comprometieron a contribuir al firmar este documento. En ese contexto, la delegación española felicitó a la delegación peruana por la publicación del segundo Informe Nacional sobre los Avances en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su compromiso con las agendas globales.
Ambas Delegaciones destacaron la excelente relación bilateral y las coincidencias en temas de interés público y relevancia global. La Delegación Peruana reconoció el valioso y cualitativo aporte de la cooperación española que complementa los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo sostenible y destacaron la importancia de la reunión como el encuentro bilateral de mayor relevancia entre ambos países en materia de cooperación internacional.
La Delegación Española informó sobre la Política de Cooperación al Desarrollo contenida en la Ley de Cooperación Internacional, aprobada el 7 de julio de 1998 e indicó que en el mes de marzo del 2018 fue aprobado por el Consejo de Ministros el actual Plan Director de la Cooperación Española (2018-2021), bajo un nuevo contexto internacional marcado por el compromiso de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La Delegación Peruana, por su parte, informó sobre la Declaración de Política de Cooperación Técnica Internacional (CTI) del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 7 de enero de 2019, cuyo objetivo es afianzar la contribución de la CTI al desarrollo sostenible, acorde al rol dual de Perú y a los objetivos de su política exterior.
El Marco de Asociación País (MAP) es una estrategia compartida por ambos países hacia objetivos y visiones comunes de desarrollo humano y de reducción de las desigualdades, en el marco de la Agenda 2030, que ha puesto especial énfasis en los principios de apropiación por parte de las instituciones peruanas y el alineamiento con el «Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021». El MAP integra a una multiplicidad de actores de los dos países a través de un estrecho diálogo, trabajo conjunto y coordinado entre los Gobiernos, otros poderes del Estado, instituciones públicas y sociedad civil, así como con otros socios bilaterales y multilaterales de desarrollo.
Este Marco de Asociación País ha seguido apostando por la gestión por resultados e incluye un sistema de monitoreo y seguimiento. Se trata de un Marco de Asociación País que establece un modelo de cooperación acorde con el contexto peruano como país de renta media alta, en donde se considera la incorporación de otros instrumentos como la cooperación triangular, el trabajo en alianzas y la cooperación delegada. Se consideran también elementos de valor clave como la transferencia de conocimientos, los bienes públicos globales y regionales promocionando el papel de la cultura y la diversidad como motor de desarrollo, además de la ayuda humanitaria y el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo españolas.
Ambas Delegaciones coincidieron en destacar la importancia de incorporar el enfoque de igualdad de género, derechos humanos y de la sostenibilidad ambiental en los resultados de desarrollo. Además, ambas Delegaciones pusieron de manifiesto la necesidad de avanzar en el intercambio cultural y la gestión del conocimiento. Por esa razón, una vez más, la Delegación Española puso a disposición de las autoridades peruanas el Centro Cultural de España (CCE), e informó de la próxima apertura de un Aula de Formación en la Oficina Técnica de Cooperación, que se integrará en la Red de Centros de Formación de AECID en América Latina.
Ambas Delegaciones, coincidieron igualmente en la necesidad de avanzar en la mutua rendición de cuentas, por lo cual, el Marco de Asociación País contará con una revisión de carácter intermedio y una evaluación final externa, cuyos resultados serán difundidos y publicados tanto en Perú como en España.
2. Consideraciones finales
Ambas Delegaciones acordaron aprobar y poner en ejecución el Marco de Asociación Perú-España para el período 2019-2022 trabajando conjuntamente en el desarrollo del programa de cooperación en áreas de interés común. Para ello, acuerdan establecer el Comité Técnico del MAP España-Perú 2019-2022, conformado por representantes de Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que tendrán a su cargo las tareas de evaluación y seguimiento del MAP.
Al término de la reunión, ambas Delegaciones se felicitaron por los acuerdos alcanzados y el proceso de elaboración participativo del MAP, que tendrá una vigencia de enero de 2019 a diciembre de 2022, y reiteraron la voluntad de seguir trabajando en fortalecer sus relaciones de cooperación, basadas en los profundos lazos históricos, culturales y de amistad entre los Gobiernos y pueblos de España y del Perú.
La Delegación del Perú agradeció a España su hospitalidad para la celebración de la presente Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación.
Celebrada y suscrita en la Ciudad de Madrid, España, en dos ejemplares originales en español, igualmente válidos, a los veintiocho días del mes de febrero de 2019.
| Por la Delegación del Reino de España, | Por la Delegación de la República del Perú, |
| Pedro Sánchez Pérez-Castejón | Martín Alberto Vizcarra Cornejo |
| Presidente del Gobierno del Reino de España | Presidente de la República del Perú |
ANEXOS
• Anexo 1. Relación de integrantes de las delegaciones oficiales de España y del Perú.
• Anexo 2. Documento de Marco de Asociación España-Perú 2019-2022.
ANEXO 1. Relación de integrantes de las Delegaciones Oficiales de España y del Perú
Delegación Española:
Sr. don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente del Gobierno del Reino de España.
Sr. don Josep Borrell Fontelles, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Sr. don Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe.
Sr. don Ernesto de Zulueta Habsburgo-Lorena, Embajador de España en el Perú.
Sr. don Gabriel Ferrero y de Loma-Osorio, Director General de Políticas de Desarrollo Sostenible.
Delegación Peruana:
Sr. don Martín Vizcarra Cornejo, Presidente de la República del Perú.
Sr. don Néstor Popolizio Bardales, Ministro de Relaciones Exteriores.
Sr. don Claudio de la Puente Ribeyro, Embajador del Perú en España.
Sr. don José Antonio González Norris, Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.
ANEXO 2. Marco de asociación España-Perú 2019-2022
Contenido
1. Resumen ejecutivo.
2. Antecedentes.
a. Agenda 2030. Contexto de Desarrollo y retos país.
i. Contexto social (Las Personas).
ii. Contexto económico (La prosperidad).
iii. Medio Ambiente y cambio climático (El Planeta).
iv. Institucionalidad y políticas públicas (La Paz).
b. Planes Nacionales de Desarrollo.
c. Diálogo de la Cooperación Española con el Gobierno de Perú.
d. Diálogo de la Cooperación Española con la Sociedad Civil.
e. Alineamiento de la Cooperación Española con el país.
3. Estrategia con el país.
Las Personas.
La prosperidad.
El planeta.
La Paz.
4. Alianzas para el desarrollo (ODS 17).
a. Administración General del Estado y otras entidades que integran el sector público institucional estatal.
b. Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
c. Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo.
d. Sector privado empresarial.
e. Universidades y centros docentes y de investigación.
f. Organismos Multilaterales, Cooperación Iberoamericana y Unión Europea.
g. Cooperación Sur-Sur y Triangular.
5. Análisis de riesgos.
6. Recursos.
7. Seguimiento, evaluación y rendición mutua de cuentas.
a. Seguimiento.
b. Evaluación.
c. Rendición Mutua de Cuentas.
8. Glosario de Acrónimos.
1. Resumen ejecutivo
El Perú es considerado país de renta media alta desde 2011. Durante los últimos 20 años el país ha experimentado un fuerte crecimiento, lo que le ha permitido reducir la pobreza considerablemente (de un 60% en 2003 a un 22% actual), ampliar la clase media (actualmente un tercio del país) y aumentar progresivamente el bienestar de su ciudadanía. No obstante, son todavía muchos los retos que enfrenta el país, como el bajo crecimiento de la productividad, la limitada competitividad de su economía, las grandes desigualdades y las elevadas tasas de informalidad laboral.
Desde el 2016 el Estado peruano está orientando sus esfuerzos a incorporar los lineamientos de la Agenda 2030 en las políticas sectoriales de alcance nacional, y ha fortalecido las instancias de coordinación gubernamental multinivel para orientar las políticas subnacionales bajo un enfoque territorial. Ya cuenta con un «Sistema de Monitoreo y Seguimiento a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)», y ha logrado incorporar la Agenda 2030 en el proceso de planeamiento estratégico del Estado.
Los desafíos que afronta el Perú para lograr el desarrollo sostenible se pueden enmarcar en las dimensiones que establece la Agenda 2030. En la dimensión social, de las personas, reducir la discriminación y avanzar hacia la protección efectiva de los derechos humanos es clave para erradicar la pobreza y la desigualdad en el país; en la dimensión del planeta, es fundamental hacer frente al alto riesgo de desastres en uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático; para avanzar en la dimensión económica, la prosperidad, se busca mejorar la productividad económica para una mayor competitividad y acceso a mercados internacionales y reducir, además, las altas tasas de informalidad; para avanzar en la dimensión política e institucional, asegurando la paz, se deben acometer profundas reformas institucionales en los tres poderes del Estado para mejorar su funcionamiento, luchar contra la corrupción y garantizar la total realización de los derechos humanos.
La CE en Perú focalizará su contribución a los ODS y metas priorizadas por Perú teniendo como principales referencias: La Agenda 2030; el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), también denominado «Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021»; la Propuesta de Imagen de futuro del Perú al 2030; y la Política General de Gobierno al 2021, todo en ello en concordancia con lo establecido en el V Plan Director de la Cooperación Española.
La CE mantiene en Perú un diálogo permanente con el Gobierno en todos los niveles del estado, sustentado en la interacción directa con los responsables públicos, el acompañamiento de procesos, y el establecimiento de relaciones de confianza, y continuidad para promover cambios o políticas de desarrollo. Apoya la estrategia de la Unión Europea para el fortalecimiento de la Sociedad Civil, que ha logrado una mayor articulación entre las distintas organizaciones a través de procesos de trabajo conjunto, la priorización colectiva de temas y la construcción de posiciones y opiniones compartidas. Además, la CE mantiene los compromisos de la cooperación internacional para mejorar el impacto y la eficacia de la ayuda, siguiendo las directrices de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo para un mayor alineamiento con el país.
La CE en Perú contribuirá por medio de sus diferentes instrumentos y actores, y en diferentes grados a la consecución de los ODS en Perú, de forma interrelacionada entre sí, sin dejar a nadie atrás, generando alianzas entre diferentes actores y bajo el enfoque de los derechos humanos.
Por medio de la implementación de la Agenda 2030, la CE contribuirá a apoyar al Estado Peruano en su responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin hacer distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad o cualquier otra condición, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
A través de los distintos instrumentos y modalidades de la CE y de sus diferentes actores, (AECID, resto de la AGE, la Cooperación Descentralizada, Entidades Locales, Universidades y ONGDs, Fundaciones y sector privado) se contribuirá a las siguientes 23 Metas de los 16 ODS en Perú, agrupadas según las siguientes dimensiones de la Agenda 2030: Las personas, el planeta, la prosperidad y la paz.
| ODS | Metas |
|---|---|
| Las personas | Las personas |
| ODS 1 Fin de la pobreza. | Meta 1.5 Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables. |
| ODS 2 Hambre cero. | Meta 2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición. |
| ODS 3 Salud y bienestar. | Meta 3.8 Contribuir a la cobertura sanitaria universal. |
| ODS 4 Educación de calidad. | Meta 4.4 Aumentar la población con las competencias técnicas y profesionales para acceder al empleo. Meta 4.7 Asegurar la adquisición de conocimientos necesarios para promover el desarrollo sostenible en todas sus variantes. |
| ODS 5 Igualdad de generó. | Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. Meta 5.5 Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades. |
| ODS 6 Agua limpia y saneamiento. | Metas 6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable. Meta 6.2 Ampliar la cobertura a servicios básicos de saneamiento e higiene. |
| La prosperidad | La prosperidad |
| ODS 7 Energía asequible y no contaminante. | Meta 7.2 Aumentar la proporción de energías renovables. |
| ODS 8 Trabajo digno y crecimiento económico. | Meta 8.5 Lograr empleo digno y de calidad. Meta 8.9 Políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y productos locales. Meta 8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. |
| ODS 9 Industria, innovación e infraestructura. | Meta 9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias a los servicios financieros y su integración en las cadenas de valor en los mercados. |
| ODS 10 Reducción de las desigualdades. | Meta 10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenada y bien gestionada. |
| ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles. | Meta 11.3 Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativa, integrada y sostenible. Meta 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural. |
| El Planeta | El Planeta |
| ODS 12 Producción y consumo responsables. | Meta 12.6 Alentar a las empresas a adoptar prácticas sostenibles e incorporar información sobre sostenibilidad en sus informes. |
| ODS 13 Acción por el clima. | Meta 13.2 Incorporar medidas relativas a Cambio Climático en las políticas, estrategias y Planes Nacionales |
| ODS 14 Vida submarina. | Meta 14.4 Regular eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva. |
| ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres. | Meta 15.1 Asegurar la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. |
| La Paz | La Paz |
| ODS 16 Paz, justicia e instituciones solidas. | Meta 16.3 Promover el Estado de Derecho y garantizar el acceso a la justicia. Meta 16.6 Crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. |
En el marco del ODS 17, que se refiere a las alianzas para el desarrollo como quinta dimensión de la Agenda 2030, la CE promoverá la construcción y fortalecimiento de alianzas o asociaciones con los diferentes actores comprometidos en contribuir a los ODS en Perú. Para ello se incentivará el alineamiento de los distintos actores (públicos, privados y agentes sociales) con los ODS de forma que se puedan armonizar los criterios de intervención y la medición de las contribuciones.
El Marco de Asociación será el marco de referencia para impulsar las relaciones horizontales entre organismos homólogos de España y Perú, así como para el establecimiento de alianzas a diferentes niveles en Perú y con la CE. Se fomentará la construcción de estrategias de sustentabilidad entre los diferentes actores de desarrollo a fin de ubicar el desarrollo sostenible como vector en sus acciones.
Tendrán especial incidencia en el desarrollo del Marco de Asociación la Administración General del Estado y otras entidades que integran el sector público institucional estatal, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, el sector privado empresarial, los Organismos Multilaterales, la Cooperación Iberoamericana, la Unión Europea y el Programa Iberoamericano de Cooperación Sur-Sur y Triangular.
En el marco de una dilatada trayectoria de colaboración entre la CE y el sector privado en el país, a través de varias iniciativas llevadas a cabo con la Cámara Oficial de Comercio Española y diversas empresas asociadas, y dada la gran presencia de empresas y fundaciones empresariales con importantes programas en el ámbito de desarrollo sostenible, se buscará profundizar en la interlocución con estos actores e impulsar programas y alianzas multiactor que propicien la integración efectiva del sector privado en las políticas para el desarrollo, en el marco de la Agenda 2030.
En cuanto a los riesgos a enfrentar en el próximo periodo se tendrá en cuenta que las proyecciones de crecimiento para Perú son vulnerables a impactos externos como una caída de precios de las materias primas o un ajuste de las condiciones financieras internacionales. Además, Perú es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático y debe estar siempre alerta a los desastres naturales, por lo que el fortalecimiento de políticas de reducción del riesgo y el mejor manejo fiscal de los desastres continuarán siendo una prioridad.
En cuanto a la previsión de recursos se espera que se pueda mantener el mismo nivel de financiación que para el anterior MAP (en torno a los 18 millones de euros anuales), sin embargo, su asignación definitiva se realizará en los procedimientos anuales correspondientes, estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y se realizará con cargo a los créditos ordinarios de los distintos actores implicados.
Con respecto a la transparencia y la rendición de cuentas, el MAP 2019-2022 potenciará y mejorará el Mecanismo de Seguimiento con el que ya cuenta la AECID en Perú, alineado con los mecanismos de seguimiento nacionales, lo que permitirá tener una actualización anual del avance de los indicadores del nivel de resultados intermedios definidos en el Marco de Desarrollo 2019-2022 (ver Anexo 2). Como resultado del Mecanismo de Seguimiento se contará con un Informe Anual de Seguimiento que contemple el avance en su consecución y la contribución de la CE a los resultados de desarrollo del país. Este Informe será validado por el CCCEP y compartido también con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y el Comité Paritario de Seguimiento del MAP.
Complementariamente, también servirán para la rendición de cuentas los distintos mecanismos y espacios de coordinación en los que la AECID participa junto a otros agentes de cooperación.
2. Antecedentes
a. Agenda 2030. Contexto de desarrollo y retos país
En relación con los ODS, a partir de septiembre de 2016, el Estado peruano ha orientado sus esfuerzos para una primera incorporación de los lineamientos de la Agenda 2030 dentro de sus políticas y planes.
El seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 se ha organizado en tres niveles. En primer lugar, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), como ente rector del Sistema Estadístico Nacional, ha desarrollado un «Sistema de Monitoreo y Seguimiento a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)», sobre la base del marco global de indicadores desarrollado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. De este modo, se cuenta con una plataforma(1) con los indicadores y datos disponibles para Perú que permite visualizar los indicadores y subindicadores de cada meta, así como las fichas metodológicas correspondientes. En abril de 2017, de los 241 indicadores asociados a las 169 metas de los ODS, 110 indicadores estaban disponibles con línea de base.
(1) http://ods.inei.gob.pe/ods/
En segundo lugar, el CEPLAN ha planteado indicadores ilustrativos asociados a la propuesta de imagen de futuro acorde con las cinco dimensiones de la Agenda 2030 (personas, prosperidad, planeta, paz y alianzas), a fin de facilitar la difusión de información para el diálogo acerca del futuro del Perú al 2030. En tercer lugar, destaca el seguimiento concertado llevado a cabo por el Estado y la sociedad civil de manera conjunta, a través de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP). De esta forma, Perú presentó su primer Informe Nacional Voluntario en 2017(2). Este primer informe se centra en el proceso inicial de implementación de la Agenda 2030, dejando el reporte de los progresos de la implementación para los siguientes informes, que profundizarán en el análisis temático, los medios de implementación y el seguimiento detallado a indicadores.
(2) https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15856Perú.pdf
En cualquier caso, un logro importante de esta etapa inicial es que Perú ha logrado incorporar la Agenda 2030 en el proceso de planeamiento estratégico del Estado y ha actualizado su visión de futuro en base a estos parámetros.
Partiendo de la Agenda 2030 en donde se establecen las 5 dimensiones para lograr el desarrollo sostenible y teniendo en cuenta el contexto y prioridades del Perú, se abordan a continuación estos ámbitos y los desafíos que afronta el país para lograr ese desarrollo sostenible al que se aspira.
i. Contexto social (Las Personas):
Según el último Censo de Población (2017), Perú tiene 31,2 millones de habitantes (50,6% de mujeres), siendo el sexto país más poblado de Latinoamérica. Su población es joven (50% menor de 30 años); y presenta una alta concentración en la costa (58%), frente a la sierra (28,1%) y la selva (13,9%). Es además pluricultural, un cuarto de la población se autoidentifica como indígena y el 3,57% es afrodescendiente.
El PIB per cápita, según datos del BM para el 2017(3), es de 6.571,9 USD en 2017(4), lo que le sitúa en el grupo de Países de Renta Media Alta. No obstante, este promedio esconde una acusada desigualdad territorial, siendo la renta exponencialmente mayor en la costa que en la sierra o Amazonía. Así, los niveles de pobreza monetaria (datos INEI(5)), alcanzaron en 2017 el 21,7% de la población y la pobreza extrema afectó al 3,8% de la población. El Índice de Desarrollo Humano del Perú (2017) alcanzó el 0,75. El coeficiente de Gini, según datos del Banco Mundial para el año 2016, alcanza el 43,(6) (7) sitúa a Perú en el lugar 48 de los 144 países examinados. Sin embargo, todavía persisten altas brechas de género en el acceso a los programas y servicios de salud y educación, trabajo y participación política con mayor incidencia en el ámbito rural.
(3) https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=PE&name_desc=false
(4) https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
(5) https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poverty/
(6) https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=PE
(7) +https://peru21.pe/peru/igualad-genero-peru-desigualdades-genero-pais-disparan-10-anos-informe-398025
Durante las últimas dos décadas, Perú ha experimentado un gran avance en la reducción de la pobreza, así como en el desarrollo de políticas sociales. No obstante, aún persisten importantes desigualdades, relacionadas no solo con los ingresos sino también con diferentes dimensiones del bienestar social, y que afectan sobre todo a colectivos vulnerables, siendo el lugar de nacimiento, el origen étnico o el género, determinantes para el ejercicio de derechos, el acceso a los servicios básicos, la participación en las políticas públicas y oportunidades de desarrollo. En ese sentido, reducir la discriminación y avanzar hacia la protección efectiva de los derechos humanos es clave para erradicar la pobreza y la desigualdad en el país.
Finalmente, un tema importante que actualmente enfrenta Perú es la crisis migratoria producida por la situación económica, política y social en Venezuela. A finales de noviembre de 2018, se estiman en 850.000 las personas venezolanas en Perú, y se calcula que a finales de 2019 podría llegar el millón.
ii. Contexto económico (La prosperidad):
La economía peruana, según las proyecciones oficiales del Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022(8) se encuentra al inicio de una fase de aceleración, resultado de la implementación de una política macroeconómica contracíclica y de un entorno externo favorable, no exento de incertidumbres y riesgos. A pesar de los riesgos del contexto externo –posibles bajas de los precios de los metales, alzas del petróleo, además de tensiones por las políticas arancelarias de USA y China principales socios comerciales del Perú– la proyección es seguir creciendo hasta alcanzar el 4,7% en 2022.
(8) https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2019_2022.pdf
En 2018, tras varios años de contracción de su economía, el Perú ha cerrado con una tasa de crecimiento del 4%, sin embargo, debe crecer con tasas superiores al 5% para reducir la pobreza, consolidar la clase media, generar empleo y garantizar un mayor bienestar de su población. Aparte de la necesidad de diversificar su canasta exportadora –centrada principalmente en materias primas–, son muchas las barreras que afectan directamente al crecimiento económico sostenible del país la baja productividad, limitada inversión en innovación, las brechas entre tamaños de empresa, el escaso cumplimiento de estándares de calidad, la mano de obra poco cualificada, la elevada tasa de informalidad y el desigual desarrollo económico y social de las regiones. Así, los esfuerzos se están concentrando en implementar medidas y reformas, buscando la mejora de la productividad económica para una mayor competitividad y acceso a mercados internacionales, así como la reducción de las altas tasas de informalidad, que en 2018 alcanzó al 73% de la masa laboral.
iii. Medio Ambiente y cambio climático (El Planeta):
La heterogeneidad de la geografía y las condiciones climáticas convierten a Perú en uno de los diez países con mayor diversidad del planeta y en uno de los más vulnerable a los efectos del cambio climático, a pesar de haber contribuido de manera mínima (0,4% del total mundial, según PNUD, 2013) al proceso de calentamiento global a través de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
El alto riesgo de desastres es un aspecto fundamental y transversal, de carácter estructural, en la mayor parte del país; es clave para la dimensión ambiental del desarrollo y para la social, económica y político institucional. Por su geografía, ubicación en el continente e historia geológica, así como las persistentes brechas y desigualdades en el nivel de desarrollo, la población e infraestructura en el Perú siguen siendo altamente vulnerables ante fenómenos naturales. Los riesgos a los cuales el país se encuentra más expuesto son los generados por los fenómenos de El Niño y de La Niña, sequías, inundaciones, deslizamientos, huaicos, incendios forestales, «friajes» (episodios de frío inusual en la Amazonia), sismos y tsunamis. Como consecuencia del cambio climático, la frecuencia e intensidad de los eventos extremos está en aumento (UNDAF 2017-2021).
iv. Institucionalidad y políticas públicas (La Paz):
Perú cuenta a nivel subnacional con 25 regiones, 196 provincias y 1671 municipalidades con una gran disparidad entre, tamaños y provincias y con casi un 20% de fronteras con problemas de definición. La Ley de descentralización del 2002 estableció tres tipos de competencias basadas en el principio de subsidiaridad: exclusivas, compartidas, y delegadas. El país enfrenta fuertes retos en materia de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.
Por otro lado, los resultados de las elecciones nacionales de 2016 desembocaron en una situación política complicada que provocó la salida del presidente electo, en 2017, asumiendo la Presidencia, el entonces vicepresidente del país, Martín Vizcarra, en marzo de 2018. Esta configuración política ha generado una cierta tensión entre el Parlamento y el Ejecutivo, planteando una gobernanza compleja y riesgos para la implementación de las reformas, de mediano y largo plazo, y la consecución de los objetivos del gobierno. Muestra de ello son las diversas crisis políticas que se han producido en este periodo, a las que se añaden los casos de redes de tráfico de influencias y corrupción. Este contexto ha puesto en evidencia la necesidad urgente de acometer profundas reformas institucionales en los tres poderes del Estado a fin de mejorar su funcionamiento.
Otro de los desafíos importantes para este periodo reside en al ámbito de los Derechos humanos. Si bien Perú ha tenido grandes avances en reducción de la pobreza y en el desarrollo de políticas sociales y redistributivas, aún mantiene desigualdades estructurales que impactan negativamente en el goce efectivo de los derechos humanos. Persisten, de hecho, desafíos que deben superarse, en especial aquellos relacionados con el acceso a una educación y salud pública de calidad, a la vida libre de violencia, el trabajo infantil, la violencia y discriminación contra la mujer, las niñas, los colectivos excluidos como la población LGTB, personas con discapacidad, población indígena y afroperuana, el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y afroperuanos, la protección de los defensores de derechos humanos o las reparaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos.
b. Planes Nacionales de Desarrollo
Las políticas de Estado definen lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país. Son el resultado del consenso alcanzado en el Foro del Acuerdo Nacional en el año 2002 (sociedad civil, Estado y partidos políticos) y están contenidas en el Acuerdo Nacional (35 Políticas agrupadas en cuatro ejes temáticos: (i) Democracia y Estado de derecho; (ii) Equidad y justicia social; (iii) Competitividad del país; y (iv) Estado eficiente, transparente y descentralizado).
Estas políticas se concretan en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), también denominado «Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021», aprobado en 2011. Es un plan de largo plazo que contiene las políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú hasta el 2021, año en que se conmemorarán los 200 años de la proclamación de Independencia. El PEDN está sustentando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el concepto de desarrollo humano como libertad y en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Se enmarca en seis ejes estratégicos: (i) Derechos fundamentales y dignidad de personas; (ii) Oportunidades y acceso a los servicios; (iii) Estado y gobernabilidad; (iv) Economía, competitividad y empleo; (v) Desarrollo regional e infraestructura; y, (vi) Recursos naturales y ambiente. Para cada uno de ellos, el PEDN define un objetivo estratégico nacional, lineamientos de política y objetivos específicos con indicadores y metas, acciones estratégicas, programas estratégicos y proyectos.
El PEDN es el documento orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), que es el conjunto de órganos, subsistemas y relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país. El SINAPLAN lo conforman los Ministerios (19), Entidades Públicas del Poder Ejecutivo (73), Congreso de la República, Poder Judicial y Academia de la Magistratura, Organismos Constitucionales Autónomos(9) (55), Gobiernos Regionales (26) y Locales (1.864) y el Foro del Acuerdo Nacional que integra a Partidos Políticos y Organizaciones de la Sociedad Civil (36 entidades). Este entramado tiene como organismo rector al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), especializado en el desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión.
(9) Banco Central de Reserva (BCR), Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Defensoría del Pueblo (DP), Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Contraloría General de la República (CGR), Ministerio Público Fiscalía de la Nación (MPFN), Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), Tribunal Constitucional (TC) y Universidades Nacionales.
En 2017 CEPLAN aprobó una directiva(10) para la actualización al 2030 del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) en el marco del ciclo de planeamiento para la mejora continua. Hasta la aprobación del nuevo PEDN, los integrantes del SINAPLAN utilizarán las políticas de Estado, el PEDN vigente (Plan Bicentenario), la Política General de Gobierno y la imagen de futuro al 2030 para el planeamiento nacional, sectorial, multisectorial, territorial e institucional.
(10) Directiva N.° 001 -2017-CEPLAN/PCD.
La Política General de Gobierno (PGG)(11) es el conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan a través de políticas nacionales durante un periodo de Gobierno. La actual Política General de Gobierno al 2021 se desarrolla en torno a cinco ejes con sus respectivos lineamientos prioritarios, a saber: (i) integridad y lucha contra la corrupción, (ii) fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, (iii) crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, (iv) desarrollo social y bienestar de la población y (v) descentralización efectiva para el desarrollo. Estos ejes orientan el desarrollo y actualización de políticas nacionales, planes e intervenciones gubernamentales; y se encuentran en concordancia con las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030.
(11) Decreto Supremo N° 056-2018-PCM. 23 de mayo de 2018.
Las Políticas Nacionales se concretan en los planes estratégicos sectoriales multianuales (PESEM) en el caso de las sectoriales y los planes estratégicos multisectoriales (PEM). Por su parte, los gobiernos regionales y locales formulan políticas regionales y locales, en sus respectivos ámbitos territoriales, en concordancia con las políticas nacionales y conforme a lo dispuesto en sus Leyes Orgánicas. Se concretan en los Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC).
En relación con la Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Perú cuenta con una Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI), aprobada en enero de 2019, que recoge la reflexión sobre la eficacia de la ayuda y está alineada con la Agenda 2030, el Plan Bicentenario, la Política General del Gobierno al 2021, el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM). El objetivo afianzar la contribución de la CTI al desarrollo sostenible, acorde al rol dual del país y a la Política Exterior y los compromisos del Perú ante la OCDE: Desarrollo Inclusivo; Gobernanza; Conservación y sostenibilidad ambiental y; competitividad. Los lineamientos, orientados a contribuir a este objetivo, se enfocan en reforzar la eficacia de la CTI, fortalecer la Cooperación Sur-Sur (específicamente la oferta nacional de cooperación técnica) y Triangular, fortalecer la participación del Perú en mecanismos y espacios de integración y diálogo regional y foros internacionales en materia de CTI, fortalecer espacios de diálogo y coordinación de la CTI, impulsar la gestión descentralizada de la CTI, impulsar el diálogo y coordinación entre diversos actores, las Alianzas Multiactor, propiciar un entorno favorable de relacionamiento con las organizaciones de la sociedad civil y la gestión del conocimiento.
c. Diálogo de la Cooperación Española
Con el Gobierno de Perú.
El diálogo de políticas se ha establecido en distintos niveles, desde el nacional al sectorial, en el que destaca el mecanismo establecido por AECID para el proceso de seguimiento anual del MAP, en el que participan instituciones contrapartes, ONGD españolas, organizaciones de la sociedad civil peruanas y sus redes, aliados estratégicos, y otros donantes.
Hay que destacar también la participación de la CE en los diferentes espacios y grupos de coordinación sectoriales con otros donantes. En algunos casos, cuentan también con la participación del Gobierno de Perú, y en todos los casos mantienen una estrecha y directa vinculación con las instituciones rectoras respectivas. Destacan entre estos espacios, la participación de la CE en el subgrupo de Democracia y Derechos Humanos, MESAGEN, la Mesa Verde, el Grupo Agua, y el Grupo de Descentralización y Modernización del Estado.
El diálogo de la CE con el gobierno se ha sustentado en la interacción directa con los responsables públicos y otros actores internacionales, el acompañamiento de procesos, y el establecimiento de relaciones de confianza, y continuidad para promover cambios o políticas de desarrollo. El diálogo de políticas se ha apoyado también en estudios e investigaciones para suministrar y difundir conocimiento y en campañas públicas.
Con la Sociedad Civil.
Con respecto al diálogo con la sociedad civil, cabe destacar la participación de la CE en la Comisión de Seguimiento de la Hoja de Ruta (HdR) del compromiso de la Unión Europea con la Sociedad Civil peruana, firmada en julio de 2014 tras de un proceso de coordinación entre los Estados Miembros (EEMM) y la participación de diversos representantes de la sociedad civil. En la Comisión, además de los EEMM participan también representantes de plataformas de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC): ONGD, gremios, grupos mixtos, etc. El principal logro de esta HR 2014-2017, según las mismas plataformas y redes de sociedad civil ha sido el fortalecimiento de su articulación a través de procesos colectivos que han requerido el trabajo conjunto, la priorización colectiva de temas y la construcción de posiciones y opiniones compartidas.
d. Alineamiento de la Cooperación Española con el país
Entre los compromisos de la cooperación internacional para mejorar el impacto y la eficacia de la ayuda, en el marco de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), se establece la voluntad de: a) utilizar los sistemas nacionales adecuados a la labor que desempeñan en el manejo y gestión de programas y proyectos; b) la no creación de nuevas unidades ejecutoras paralelas a las ya existentes en el aparato público del país socio; c) el empleo del diagnóstico sobre situación macroeconómica y sobre gestión de las finanzas públicas del país socio; d) el empleo de los sistemas y procedimientos nacionales de licitación.
Tal y como se acordó en abril de 2013, en la reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Hispano-Peruana, teniendo en cuenta el desarrollo de los sistemas nacionales peruanos y en cumplimiento de los compromisos en materia de eficacia de la ayuda, en 2016 se completó el proceso de disolución y liquidación de la Asociación Fondo de Cooperación Hispano Peruano (FONCHIP). De este modo, en el periodo de ejecución del anterior MAP, se ha incrementado el uso de sistemas nacionales por parte de la Cooperación Española bilateral.
3. Estrategia de desarrollo sostenible
La Agenda 2030 se fundamenta en la integralidad, interconectividad e indivisibilidad de los 17 ODS, todos ellos imprescindibles y prioritarios en la misma medida. La CE en Perú contribuirá por medio de sus diferentes instrumentos y actores, y en diferentes grados a los ODS en Perú, de forma interrelacionada entre sí, sin dejar a nadie atrás, generando alianzas entre diferentes actores y bajo el enfoque de los derechos humanos.
El espíritu de la Agenda 2030 nos insta a contribuir al desarrollo de Perú de forma abierta, sin constricción geográfica o sectorial, buscando la apropiación por parte del estado peruano, así como de la sociedad civil y el sector privado, el alineamiento a las políticas públicas y la armonización de la CE.
Por medio de la implementación de la Agenda 2030, la CE contribuirá apoyar al Estado Peruano en su responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin hacer distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad o cualquier otra condición, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
A través de los distintos instrumentos y modalidades de la CE y de sus diferentes actores, (AECID, resto de la AGE, la Cooperación Descentralizada, Entidades Locales, Universidades y ONGDs, Fundaciones y sector privado) se contribuirá las siguientes Metas y Líneas de Acción de los 17 ODS en Perú, agrupadas según las 5 dimensiones de la Agenda 2030: Las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas.
Las personas
El Gobierno peruano se ha comprometido en el marco de la Agenda 2030 a que todas las personas en el 2030 puedan realizar su potencial. A pesar de que entre 2006 y 2016 más de 7 millones de peruanos y peruanas dejaron la pobreza, en 2016 aún subsistían alrededor de seis millones de personas que no pudieron alcanzar un nivel de gasto suficiente para cubrir la canasta básica de consumo por persona. En este sentido la CE contribuirá a la Política General del Gobierno peruano, aprobada en mayo de 2018 que establece entre sus 5 ejes el «desarrollo social y el bienestar de la población» a través del cual se compromete a: a)reducir la anemia infantil en niños y niñas; b) brindar servicios de salud de calidad con enfoque territorial; c) mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes d) aumentar la cobertura de agua y saneamiento; e) mejorar la seguridad ciudadana; y d) promover la igualdad y la no discriminación.
Entre las líneas de trabajo que se realizarán en el periodo, tendrá una especial incidencia la contribución de la CE a los esfuerzos de las instituciones y sociedad civil peruana en la prevención de la violencia de género para lo cual también se trabajará en la salud sexual reproductiva. Además, se invertirá en mejorar el sistema de prevención y gestión de riesgos, se contribuirá a la lucha contra la desnutrición infantil y la anemia, se invertirá en innovación en la medicina en lugares aislados de la Amazonía, se apoyará la inserción laboral de jóvenes, se fomentará la cultura como factor del desarrollo y se continuará aumentando la cobertura de agua potable y saneamiento.
Todas las acciones y proyectos que se realicen tendrán el enfoque de derechos, sin dejar a nadie atrás, buscando la igualdad entre hombres y mujeres, con especial atención a los colectivos más vulnerables del país, integrando a las personas con discapacidad, y velando por los derechos de la población indígena y afrodescendiente.
En esta dimensión de la Agenda 2030 se contribuirá específicamente a los ODS 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si bien este último ODS 6 (agua potable y saneamiento) está íntimamente relacionado con la dimensión planeta:
ODS 1: Fin de la pobreza
Debido a que Perú está ubicado al borde del Cinturón de Fuego del Océano Pacífico, asentado sobre dos placas tectónicas en pugna (Nazca y Sudamericana) y atravesado por la Corriente de Humboldt; El país está expuesto a diversos desastres de origen natural como sismos, deslizamientos, derrumbes, erosiones, inundaciones y sequías, así como a variaciones climáticas extremas debidas al Fenómeno del Niño y de la Niña. Dichas condiciones afectan por desigual a hombres y mujeres, así como a las poblaciones más vulnerables, impidiendo que éstas superen los niveles de pobreza.
Como contribución al ODS 1 el trabajo de la CE se concentrará en contribuir a la siguiente meta y Linea de Acción (L.A.) del vigente Plan Director de la CE:
Meta 1.5 Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables. L.A. 1.5.A. Apoyar a las Administraciones Públicas para garantizar una prevención y respuesta efectiva ante desastres.
En el periodo 2019-2022 la CE contribuirá a fortalecer el Sistema nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- SINAGERD, con especial atención en incrementar las capacidades de prevención, preparación y respuesta frente a sequías e inundaciones en contexto de variabilidad y cambio climático, de entidades públicas con competencias sectoriales, en los tres niveles de gobierno. Para favorecer la gobernanza en la GRD, se promoverá la conformación de mecanismos de coordinación interinstitucionales; el diseño de sistemas de alerta temprana funcionales y se mejorarán las capacidades para el monitoreo conjunto y la provisión de servicios climáticos.
Con apoyo del Ministerio de Interior de España a través de la Dirección General de Protección Civil (DGPC), se facilitará a INDECI y CENEPRED la articulación con la Escuela Nacional de Protección Civil y se contribuirá en el diseño y revisión de protocolos de actuación ante emergencia y desastres. Adicionalmente, el Ministerio de Defensa de España podrá apoyar al Ministerio de Defensa del Perú en la gestión de emergencias, a través de asesoramiento, formación y capacitación especializada.
ODS 2: Hambre cero
A pesar de los avances de los últimos años Perú todavía afronta grandes retos en materia de desnutrición y anemia en algunas regiones del país. Según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2017) la prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses es de 43,6% y del 12,9% en desnutrición crónica infantil. Si bien en los últimos años Perú ha reducido la incidencia de la anemia en algo más de trece puntos porcentuales, desde 2011 muestra un ligero ritmo de aumento promedio anual. Por otra parte, la tasa de anemia también esconde grandes diferencias según regiones del país y entre zonas urbanas o rurales.
La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013 - 2021 (ENSAN 2013-2021), contiene las líneas de acción que guían la intervención del Estado con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población peruana en el marco de las cinco dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional: disponibilidad, acceso, utilización, estabilidad e institucionalidad.
Meta 2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición L.A. 2.2.A. Fomentar intervenciones que permitan que las personas en riesgo de inseguridad alimentaria tengan acceso físico local a alimentos nutritivos.
Por medio del trabajo de las ONGDs españolas se apoyarán programas de asistencia o ayuda alimentaria para asegurar que la población accede a alimentos y nutrientes adecuados y en cantidad suficiente que complementen nutricionalmente su dieta habitual, focalizados especialmente en la población infantil y mujeres embarazadas.
ODS 3: Salud y bienestar
Si bien, el sector salud fue considerado un sector de salida en el MAP 2013-2018, la CE en Perú se focalizará en apoyar a al país en el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de acceso a la salud sexual y reproductiva. Además, la CE contribuirá a fortalecer la atención primaria en áreas aisladas de la Amazonía mediante experiencias piloto de innovación en la telemedicina. Por otra parte, las intervenciones del Fondo del Agua contribuirán no sólo a ampliar la cobertura sino también a mejorar la calidad de los servicios de saneamiento, con una repercusión directa sobre la disminución de las enfermedades de trasmisión hídrica, en particular se contribuirá a la siguiente meta del ODS 3:
Meta 3.8 Contribuir a la cobertura sanitaria universal L.A. 3.8.A. Mejorar la calidad de los Servicios sanitarios Nacionales de Salud en áreas aisladas de la Amazonía por medio del uso de modalidades que utilicen innovación tecnológica.
L.A. 3.8.B Reforzar el acceso a la salud sexual y reproductiva. La CE trabajará para brindar a la población, especialmente a mujeres y niñas, la atención a las necesidades específicas en la defensa y promoción de sus derechos y salud sexuales y reproductivos mediante la prevención de la violencia sexual y del embarazo en adolescentes.
ODS 4: Educación de calidad
La CE tiene una amplia y relevante trayectoria de trabajo en el sector educación con enfoque de género en Perú, no sólo por el trabajo de AECID sino también por el de otras organizaciones y fundaciones españolas que han realizado y realizan importantes contribuciones para la mejora de la calidad y el acceso a la educación de la población más vulnerable. El mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes, con énfasis en los grupos con mayores brechas, constituye uno de los lineamientos prioritarios de la Política General de Gobierno al 2021 en el marco del eje de Desarrollo social y bienestar de la población.
Por otra parte, la CE también ha focalizado su trabajo en las Escuelas Taller del Programa Patrimonio para el Desarrollo, y desde el año 1992 ha impulsado la creación de varias escuelas de las que tres continúan en funcionamiento. En este ámbito también se sitúa parte importante del trabajo de fundaciones empresariales y acciones de responsabilidad social de empresas españolas con presencia en el país que contribuirán a las siguientes metas y líneas de acción del ODS 4:
Meta 4.4 Aumentar la población con las competencias técnicas y profesionales para acceder al empleo L.A. 4.4.A. Capacitar a los más vulnerables en su formación técnica y profesional para favorecer su empleabilidad.
La CE trabajará para fomentar la inclusión social y laboral de jóvenes y otros colectivos en situación de vulnerabilidad, incluyendo las personas con discapacidad y buscando igualmente eliminar la desigualdad de género. Para ello, se potenciará el Programa de Escuelas Taller, elevando el programa a la categoría de política pública bajo el liderazgo del Ministerio de Trabajo de Perú. Para ello se contará con el apoyo técnico y la contribución financiera del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España, además de la AECID.
Meta 4.7 Asegurar la adquisición de conocimientos necesarios para promover el desarrollo sostenible en todas sus variantes L.A. 4.7.B. Fomentar las actividades culturales alternativas.
A través del programa de actividades desarrollado por el Centro Cultural de España en Lima así como otros actores de la cooperación española se fomentará el acceso a la cultura a colectivos vulnerables, la participación ciudadana, la capacitación y la creación, mediante procesos vinculados con la innovación social y con enfoque de género, contribuyendo así al fortalecimiento del sector cultural peruano, la integración del espacio cultural iberoamericano y la creación de ciudadanía y cultura de paz.
ODS 5: Igualdad de género
La violencia de género es una manifestación extrema de la discriminación contra la mujer basada en las desiguales relaciones de poder y arraigados prejuicios y estereotipos socioculturales que la legitiman y perpetúan. Perú enfrenta altos niveles de violencia basada en género contra las mujeres y una alta tolerancia social a esta grave situación. Hasta ahora la respuesta del Estado se ha focalizado en la atención, siendo un desafío el desarrollo de una estrategia de prevención nacional que revierta la situación, bajo el marco de referencia de las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará. En este contexto, la CE contribuirá a las siguientes metas del ODS 5:
Meta 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas L.A. 5.2.A. Trabajar para garantizar que las mujeres víctimas de violencia de género están amparadas por marcos integrales que protegen eficazmente sus derechos.
La CE en Perú se focalizará en apoyar al gobierno y particularmente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para fortalecer su rol rector en materia de prevención de las múltiples formas de violencia de género reconocidas en el país y que afectan a las mujeres en su diversidad desde las niñas, adolescentes, las mujeres con discapacidad, mujeres indígenas y afrodescendientes o las mujeres lesbianas, bisexuales o trans o migrantes.
El rol rector incluye además la articulación con los otros sectores e instituciones del estado y no estatales que tienen responsabilidades en materia de prevención y cuyo desempeño y resultados deben ser fortalecidos para un mejor funcionamiento del sistema nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. En este sentido se fortalecerán capacidades de instituciones y operadores públicos que tienen obligaciones en materia de prevención incluidos los gobiernos regionales y locales. Para ello se contará con la asistencia técnica -entre otros- de la Delegación de Gobierno para la Lucha contra la Violencia y del Ministerio de Interior de España. Tendrán especial relevancia los dos convenios con consorcios de ONGDs firmados en 2018 así como los proyectos financiados a ONGDs españolas por Comunidades Autónomas.
Meta 5.5 Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades L.A. 5.5.A. Apoyar un marco jurídico e institucional propicio para la incorporación de la igualdad de género en las políticas públicas y en la sociedad.
Para ello se fortalecerá no solamente al Estado para cumplir con sus obligaciones de respetar proteger y cumplir el derecho a la vida libre de violencia sino también a la sociedad civil y a la ciudadanía en sus capacidades de articulación, vigilancia, exigencia, propuesta y colaboración para el desarrollo de las políticas de prevención. En este sentido se realizaran procesos de desarrollo de capacidades a líderes de organizaciones de la sociedad civil (mujeres, feministas, defensoras de derechos humanos, victimas, LGTB, niños, niñas y adolescentes, mujeres con discapacidad, indígenas, derechos humanos, etc.) para la exigibilidad del derecho a una vida libre de violencia de género, la participación en espacios de articulación y propuesta para la prevención a nivel nacional y local, agentes con habilidades de comunicación, comunidades educativas y ciudadanos en general.
Además, la CE fortalecerá las capacidades del estado para contar con una estrategia nacional de prevención de las diferentes violencias de género que articule a los diferentes actores implicados, con lineamientos y herramientas para la prevención de la violencia en los ámbitos nacionales y subnacionales en el marco del Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
ODS 6: Agua limpia y saneamiento
Pese al crecimiento sostenido de los últimos años, aún persisten en Perú importantes brechas para alcanzar la cobertura total de agua potable y saneamiento digno. Según datos del INEI de 2016, la estimación de cobertura alcanza al 94,5% de la población en el ámbito urbano en agua potable, y al 88.3% con servicio de alcantarillado. En el ámbito rural en cambio la cobertura es de 71.2% en agua potable y 24.6% en alcantarillado u otra forma de disposición de excretas, lo que significa que aproximadamente 3,4 y 8,3 millones de personas aún carecen en Perú de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento respectivamente. Estas cifras esconden, a su vez, importantes diferencias según regiones, aunque el mayor porcentaje de población sin acceso agua potable y saneamiento se sitúa en la región de Lima (el 28.9% y 25.3% del total de la población carente de dichos servicios). El aumentar la cobertura sostenible de los servicios de agua y saneamiento es uno de los lineamientos prioritarios de la Política General de Gobierno al 2021, siendo el compromiso asumido el cerrar las brechas de cobertura en el área urbana en el año 2021 y en el 2030 para el área rural y, de esta manera, cumplir con la Meta 6 de los ODS para el cual la CE se compromete a contribuir a las siguientes metas:
Metas 6.1 y 6.2 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable L.A. 6.1.A y B Ampliar la cobertura del servicio de agua potable y saneamiento.
El Fondo de Cooperación para Agua Potable y Saneamiento (FCAS) de la Cooperación Española, cuenta con presencia en el país desde 2011 a través de dos Programas bilaterales y uno Multilateral (PROCOES), todos ellos encaminados a cerrar brechas en el área rural. Por su magnitud, destaca este último administrado por el Banco Interamericano de desarrollo (BID) y ejecutado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú (MVCS) que finalizado en 2018 ha beneficiado a 335 localidades rurales y seis pequeñas ciudades de cinco regiones de la sierra sur del país (Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cuzco y Puno) y con cerca de 35.000 conexiones domiciliarias. En el siguiente período, FCAS continuará la ejecución de proyectos en las regiones de Cuzco y Apurímac, por intermedio del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del MVCS, para ampliar la cobertura en agua y saneamiento en área rural con perspectiva de género y un enfoque de derechos. A esto hay que añadir el trabajo de ONGD españolas especializadas en este ámbito que ejecutan proyectos con recursos de la cooperación descentralizada.
La Prosperidad
Si bien la economía peruana se encuentra en proceso de crecimiento gracias a su política de contención del déficit y la deuda externa, así como a la promoción de la inversión extranjera y la explotación de bienes primarios. Sin embargo, tiene grandes retos que afrontar entre los que se encuentran la baja presión fiscal y el alto nivel de informalidad de la economía, lo que impacta directamente en la calidad del empleo y en la desigualdad entre hombres y mujeres. Además, cuenta con una distribución muy desigual de la riqueza entre regiones del país y una baja diversificación de la economía. Por otro lado, enfrenta grandes retos asociados a la falta de ordenamiento territorial, la urbanización informal y la migración interna.
Para afrontar dichos retos, el Gobierno Peruano ha establecido entre una de sus 5 prioridades de su Política General del Gobierno el «Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible», para lo cual se ha comprometido a: a) Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas; b) Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible; c) Reducir la pobreza y la pobreza extrema; d) Acelerar el proceso de la reconstrucción con cambios con cambios; e) Fomentar la competitividad y la generación de empleo.
Alineado con estas prioridades, la CE en Perú invertirá sus esfuerzos en aumentar el acceso a la energía eléctrica en comunidades aisladas de la Amazonía mediante sistemas de energía fotovoltaica; promoverá el empleo digno y de calidad con enfoque de género mediante la asistencia técnica; fomentará el turismo sostenible mediante el intercambio de experiencias con España; promoverá el acceso a los microcréditos mediante cooperación reembolsable; y apoyará a las PYMES y la competitividad a nivel regional por medio de la innovación en alianza con la Unión Europea y Alemania. Además, la CE apoyará al Estado Peruano y las organizaciones de la sociedad civil en afrontar la crisis migratoria debido a la situación en Venezuela. Por último, se continuará trabajando en apoyar el ordenamiento territorial y el planeamiento urbano, así como la conservación del patrimonio cultural y los centros históricos.
Para ello se contribuirá a los ODS 7, 8, 9, 10, y 11, en las siguientes Líneas de Acción:
ODS 7: Energía asequible y no contaminante
Perú tradicionalmente produce energía hidroeléctrica y pertenece a los países con una alta tasa de energías renovables. En general, la mitad de la electricidad generada proviene del agua y la otra de hidrocarburos (principalmente gas). El diésel solamente tiene cierta importancia en zonas que no están conectadas a la red del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) donde se produce la energía eléctrica localmente. La generación de energía de fuentes renovables no tradicionales alcanzó en 2016 el 2,56% (2.17% de fuentes eólicas y 0.51% de fuentes solares). Esta participación aumentará con la puesta en marcha de los nuevos parques eólicos y solares en los años 2018-2019.
El reto actual de Perú no es tanto el aumentar la capacidad de producción, sino mejorar la distribución de energía a las vastas áreas del territorio nacional sin cobertura, así como la mejora de la calidad del suministro (estabilizar la red, reducir pérdidas, evitar apagones en zonas periféricas, etc.). La política energética de Perú 2010-2040, tiene como objetivos, entre otros, contar con una matriz energética diversificada con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética; el acceso universal al suministro energético, y desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono.
La CE apoyará la política energética mediante su contribución a la siguiente meta del ODS 7:
Meta 7.2 Aumentar la proporción de energías renovables L.A. 7.2.A. Fomentar el uso de fuentes renovables de energía.
La CE está apoyando el trabajo de una fundación empresarial en Cajamarca (desde 2009) y en Loreto (desde 2014). A partir de 2018 se espera extender y escalar la implementación del modelo de provisión de servicio eléctrico con energía solar para comunidades de la Amazonía peruana. De esta manera se contribuirá a reducir las desigualdades entre los entornos urbano y rural de Perú. En particular en el caso de la Amazonía peruana, con un alto porcentaje de población rural (33% en el departamento de Loreto) y diferentes grupos indígenas, que viven en un entorno básicamente fluvial lo que dificulta su comunicación y acceso a servicios e infraestructuras básicos.
ODS 8: Trabajo digno y crecimiento económico
Perú se caracteriza por tener una alta tasa de informalidad, por ello, su principal reto en materia laboral tiene por objetivo impulsar políticas públicas encaminadas a extender la cobertura de seguridad social al conjunto de los trabajadores y promover con ello la formalización de la fuerza laboral del país.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el marco del dialogo social y en el seno del Consejo Nacional del Trabajo y la Promoción del Empleo impulsa un «Plan de acción contra la informalidad». Se pretende generalizar el trabajo digno y apoyar cambios que contribuyan a lograr un crecimiento económico estable y sostenido en el marco de la incorporación de Perú como miembro a la OCDE para lo que la CE contribuirá a las siguientes metas del ODS 8:
Meta 8.5 Lograr empleo digno y de calidad L.A. 8.5.A. Apoyar un marco regulatorio y de políticas que garantice unas condiciones laborales formalizadas y estables.
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España fortalecerá en el próximo periodo a la Administración laboral peruana, mediante el programa de Asistencias Técnicas que permite que expertos de la Administración laboral española realicen asesorías en los diferentes ámbitos de competencia de los Ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo, y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y en sus distintos organismos dependientes.
Meta 8.9 Políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales L.A. 8.9.A. Impulsar iniciativas de turismo rural como generador de empleo alternativo en las zonas rurales.
Para la consecución de esta meta se tendrá en cuenta para la contribución a esta meta el Memorando de Entendimiento en materia turística que España y Perú suscribieron en Madrid (España) el 18 de enero del 2012. La CE apoyará en la puesta en marcha de proyectos piloto con participación de los sectores turismo y cultura, para la conservación y desarrollo turístico de pueblos con valor patrimonial como estrategia integral de desarrollo local a través del patrimonio y del turismo.
Meta 8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.
La CE seguirá apoyando a las instituciones financieras peruanas, a través de la cooperación financiera reembolsable, buscando ampliar la oferta financiera ya existente en el país, ampliar la cobertura geográfica del Fondo para la Promoción del Desarrollo y apoyar a expansión de los servicios hacia zonas rurales.
ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
Perú tiene la firme voluntad de ingresar en los próximos años en la OCDE. Para tal propósito, se ha propuesto mejorar sus índices de competitividad y productividad económica, siendo la innovación y la tecnología una de las estrategias priorizadas. En este contexto, el Estado peruano ha previsto diseñar Estrategias de Desarrollo Económico Regional en cada uno de los departamentos del país, siendo la metodología RI3 la seleccionada para determinar las potencialidades económicas de cada territorio a efectos que tanto actores públicos como privados, junto con la academia y la sociedad civil, determinen conjuntamente las prioridades a la par que suman esfuerzos. La CE apoyará el desarrollo de esta visión y contribuirá al desarrollo de la base de la pirámide con enfoque de género mediante su contribución a las siguientes metas y líneas de acción del ODS 9:
Meta 9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias a los servicios financieros y su integración en las cadenas de valor en los mercados L.A. 9.3.A. Apoyar la elaboración de un marco favorable para el desarrollo de actividades económicas.
Se trabajará el desarrollo de un conjunto de medidas y políticas públicas, económicas y sociales, para promover el crecimiento económico sostenible con enfoque de género, con un impacto especial en las zonas rurales para el fomento de la infraestructura productiva y de apoyo a producción y desarrollo local, sistemas y programas de crédito e impulso a la innovación.
Todo esto se abordará, por un lado, fortaleciendo a las pymes, así como mediante proyectos de innovación que mejoren la inserción en los mercados nacionales o internacionales. Por otro lado, se contribuirá a mejorar las capacidades existentes en Perú en materia de innovación, impulsando procesos de transferencia tecnológica. En esta línea se desarrollarán acciones de asistencia técnica, intercambio, pasantías entre entidades, universidades o centros de investigaciones de ambos países.
Por último, se potenciarán las iniciativas de innovación social y con enfoque de género que mejoren las condiciones de vida de la población y sus derechos, potenciando el trabajo en redes y alianzas, con un rol destacado del sector privado empresarial español en Perú y sus aliados.
ODS 10 Reducción de las desigualdades
El crecimiento con igualdad, la integración entre las regiones, así como la migración, son temas prioritarios para Perú. La inmigración proveniente de Venezuela se ha incrementado considerablemente en los dos últimos años. Según las cifras oficiales, al mes de octubre de 2018, han ingresado a Perú más de 456 mil venezolanos y venezolanas. Este flujo migratorio, fenómeno complejo, que ha rebasado los procedimientos administrativos formales, dificulta que las entidades públicas nacionales generen mecanismos adecuados de respuesta y atención a la población migrante. Por ello la CE contribuirá con acciones en el marco de la siguiente meta del ODS 10:
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