Ley 12/2019, de 12 de marzo, de consultas populares y procesos participativos

La consulta por iniciativa ciudadana se inicia mediante un escrito firmado por la persona apoderada por la comisión promotora, debidamente identificada, que contendrá el texto exacto de la pregunta, que debe poder ser respondida con un sí o un no, y la relación de miembros de la comisión promotora, debidamente identificados con todos sus datos personales. La solicitud irá acompañada de los pertinentes apoderamientos de los miembros de la comisión promotora.

Las consultas de ámbito autonómico se dirigirán a la Presidencia del Gobierno de las Illes Balears; las de ámbito insular, a la Presidencia del consejo insular; y las de ámbito municipal, a la Presidencia de la corporación municipal. En el caso de Formentera, el escrito se dirigirá a la persona que, a la vez, ostenta la Presidencia del consejo y la Alcaldía del ayuntamiento.

La comisión promotora es el instrumento para impulsar un proceso participativo de consulta ciudadana por iniciativa popular, formada por un mínimo de diez personas, mayores de edad, inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana, específicamente en la subsección cuya materia sea objeto de la consulta, y no privadas de sus derechos políticos.

No pueden ser miembros de la comisión promotora las personas que ejerzan cargos electos en el ámbito territorial concreto en que se quiera llevar a cabo la consulta.

Las personas que forman la comisión promotora designarán y apoderarán, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, a uno de sus miembros, que será la persona que se dirigirá a la administración y la que recibirá las notificaciones y comunicaciones en nombre de la comisión promotora.

La comisión promotora queda disuelta de forma automática en el momento en que se formalice la presentación del pliego de firmas.

Son competentes, para el examen de la petición y resolución, en el ámbito autonómico, el Consejo de Gobierno de las Illes Balears, y en los ámbitos insular y municipal, los correspondientes plenarios de las corporaciones.

En el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud a que hace referencia el artículo anterior se examinará y se declarará si es admisible o no lo es. Son causas de inadmisión:

En el supuesto de que la solicitud tenga algún defecto que sea subsanable, se concederá un plazo de un mes a los proponentes para corregir las deficiencias. Se considera defecto subsanable la presentación de una pregunta con una redacción poco clara o comprensible, lo cual, si sucediera, posibilitará la reformulación de la pregunta. En el caso específico de Formentera, en caso de que el defecto consista en una cuestión de competencia, por el hecho de que la consulta trate sobre una materia de competencia insular y el escrito se haya dirigido a la Presidencia del ayuntamiento, o por el hecho de que la consulta trate sobre una materia de competencia municipal y el escrito se haya dirigido a la Presidencia del consejo, este defecto será subsanado de oficio, de tal manera que la decisión sea tomada por el órgano competente en razón de la materia a consultar.

La decisión se notificará a la persona que actúe en representación de la comisión, indicando, en caso de admisión, que se puede iniciar el proceso de recogida de firmas. También se pondrá en conocimiento:

El transcurso de un mes desde la presentación de la petición sin que se haya adoptado acuerdo de admisión o inadmisión tiene efectos de admisión. A petición de las personas solicitantes, el secretario o secretaria de la corporación, en los casos municipal e insular, y el secretario general de la consejería competente en materia de participación, en caso autonómico, entregarán un certificado a tal efecto, que se pondrá en conocimiento en la forma establecida en el apartado anterior.

Una vez recibida la notificación de admisión de inicio del proceso de recogida de firmas, la comisión promotora puede iniciar el proceso, que tendrá una duración máxima de cuatro meses, a contar desde la fecha de notificación de la resolución. El plazo previsto para la recogida de firmas es de caducidad.

Las firmas serán autenticadas por notario o notaria, por los secretarios o secretarias de las corporaciones insulares o municipales, por las personas en las cuales los anteriores hayan delegado la función, o por fedatarios especiales designados por la comisión promotora.

Pueden adquirir la condición de fedatarios especiales las personas que, estando inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana, específicamente en la subsección cuya materia sea objeto de la consulta, declaren responsablemente dar fe de la autenticidad de las firmas de los signatarios de la propuesta, ante el secretario o secretaria de la corporación municipal, insular o la persona titular de la Secretaría General de la consejería competente en materia de participación del Gobierno de las Illes Balears, dependiendo del ámbito territorial en que se quiera llevar a cabo la consulta.

Para hacer constar la autenticación, se indicarán la fecha y el nombre de la persona fedataria, que estampará la firma. Y si la autenticación es colectiva, pliego por pliego, también se consignará el número de firmas contenidas en el pliego.

Una vez que la comisión promotora haya presentado los pliegos, debidamente cumplimentados y con las firmas autenticadas, se realizarán su comprobación y recuento. Si el ámbito de la consulta ciudadana es municipal, estas tareas corresponden a la Secretaría de la corporación. Si es insular corresponden a la Secretaría del consejo. Y si es de ámbito autonómico, a la Secretaría General de la consejería competente en materia de participación del Gobierno de las Illes Balears.

Se declararán no válidas las firmas que no reúnan los requisitos exigidos en esta ley y no se computarán.

En caso de que se supere el número de firmas válidas establecido en esta ley, el secretario o secretaria tiene que enviar un informe a la Presidencia de la corporación o a la Presidencia del Gobierno con una explicación del proceso y poniendo de relieve que se ha superado el número de firmas válidas, adjuntando el expediente administrativo completo, excepto los pliegos de firmas, que serán destruidos, sin que se pueda conservar ningún tipo de información personal de estos con el objeto de asegurar el secreto y el sentido de la votación.

La convocatoria de una consulta ciudadana, o diversas conjuntamente, corresponde, mediante decreto, a la Presidencia del Gobierno de las Illes Balears, del consejo o del ayuntamiento. La convocatoria será acordada previamente por el Consejo de Gobierno o por el pleno del consejo o del ayuntamiento, siempre que las solicitudes cumplan los requisitos establecidos por esta ley y de acuerdo con lo que disponga la normativa específica de ámbito local.

La consulta ciudadana será convocada en el plazo de cinco días y se llevará a cabo en un plazo de tres meses, a contar desde la recepción de la petición por parte de la Presidencia o de la validación de las firmas, en caso de iniciativa ciudadana.

La celebración de una consulta ciudadana, con una o más cuestiones a responder, se llevará a cabo en domingo o día festivo en el ámbito territorial en el cual se circunscriba, para facilitar la participación y la constitución de las mesas de consulta.

El decreto de convocatoria de la consulta debe hacer referencia a:

El decreto de convocatoria se publicará en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears», como mínimo con dos meses de antelación a la fecha prevista para la votación. Además, se publicará en el web de la institución convocante, y se difundirá a través de los tablones de anuncios de las oficinas de atención al público y a través de todas las redes sociales que, de manera ordinaria, utilice la institución.

El sistema de administración, control y seguimiento de la consulta tiene como objetivo asegurar la fiabilidad, la transparencia, la neutralidad y la objetividad del proceso de consulta, así como también el cumplimiento del régimen jurídico que le es aplicable.

El sistema está integrado por la autoridad convocante, un consejo de participación regulado en los artículos 89 a 95 de esta ley y las mesas de consulta.

Las mesas de consulta ciudadana son los órganos ante los cuales se efectúa la votación en sus modalidades de votación presencial ordinaria o de votación electrónica presencial.

La administración convocante es la responsable de determinar el número de mesas de consulta. La relación de estas se tiene que publicar en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» y en el web institucional.

Cada mesa de consulta está formada por un presidente o presidenta y dos vocales, designados a través de sorteo público por la dirección general competente en materia de participación ciudadana, de entre las personas inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana, específicamente en la subsección cuya materia sea objeto de la consulta, y residentes en el municipio donde se tenga que instalar la mesa de consulta.

En el mismo sorteo también se eligen y designan un suplente primero, un suplente segundo y un suplente tercero.

Los sorteos para designar a los miembros de las mesas de consulta se celebrarán en el plazo máximo de un mes desde la convocatoria.

Las designaciones se notificarán, junto con el decreto de convocatoria, a las personas interesadas y al Consejo de Participación para la consulta ciudadana, designado a tal efecto.

Las personas escogidas por sorteo como miembros de las mesas de consulta, tanto titulares como suplentes, pueden renunciar a formar parte en el plazo de dos días a contar desde la notificación. La renuncia se comunicará mediante un escrito dirigido a la dirección general competente en materia de participación ciudadana, que, en el plazo de 24 horas, designará a otro miembro, por sorteo público, que pasará a ocupar el lugar de la persona renunciante.

En el supuesto de que en el momento de la constitución de la mesa no haya personas suficientes, entre titulares y suplentes, para constituirla, se comunicará la cuestión al Consejo de Participación y este decidirá lo que considere conveniente para que se pueda llevar a cabo la consulta.

Los miembros de las mesas tienen derecho a ser indemnizados económicamente por su tarea, de acuerdo con lo que se establezca en la normativa de desarrollo.

Las mesas de consulta tienen las funciones siguientes:

El presidente o presidenta de la mesa de consulta tiene la condición de máxima autoridad pública dentro de su ámbito de actuación.

El Consejo de Participación aprobará con un mes de antelación, como mínimo, el modelo de papeletas, así como el de las actas de las mesas de consulta que dan fe del desarrollo de la jornada.

En cualquier caso, en la papeleta figurará impresa la pregunta o preguntas que se formulen. En la papeleta constará también la indicación de los monosílabos «sí» y «no» con una casilla al lado, para que el votante pueda expresar su decisión marcando la casilla que considere oportuna o dejando en blanco el espacio reservado a este efecto.

La autoridad convocante es la responsable de la impresión de las papeletas y modelos de acta. También se asegurará la entrega en número suficiente a las mesas de consulta, al menos una hora antes del momento en que se tenga que iniciar la votación.

Las papeletas impresas por la autoridad convocante son las únicas válidas para emitir el voto.

La autoridad convocante pondrá a disposición del Consejo de Participación y de las mesas de consulta los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones. A este efecto puede solicitar la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de las otras administraciones, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.

Corresponde también a la autoridad convocante hacerse cargo de los gastos necesarios para el desarrollo del proceso y poner a disposición de los miembros del Consejo de Participación los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones, siempre de acuerdo con la regulación y los mecanismos de autorización de gastos y de rendición de cuentas que establece la legislación.

La autoridad convocante puede fijar en el decreto de convocatoria indemnizaciones económicas para las personas participantes en las mesas y en el Consejo de Participación.

Todos los partidos políticos y, en su caso, los promotores de la consulta tienen derecho a los espacios gratuitos de información.

La autoridad convocante, en colaboración con las otras administraciones, reservará lugares gratuitos para la colocación de la información y facilitará locales oficiales o lugares públicos, también gratuitos, para actos de la campaña, que serán comunicados al Consejo de Participación.

El Consejo de Participación, en cumplimiento de los principios de pluralismo y de igualdad de oportunidades, distribuirá los espacios y lugares gratuitos de una manera equitativa y procurando atender a las preferencias de los grupos políticos con representación municipal, insular o en el Parlamento –dependiendo del ámbito de la consulta–, y proporcionalmente al número de votos obtenidos por estos. En caso de que la consulta haya sido promovida por iniciativa popular, se tendrán en cuenta, en primer lugar, las preferencias manifestadas por la persona representante de la comisión promotora, a la cual corresponderá el 30% de los espacios y lugares gratuitos para hacer la campaña informativa; y a continuación, las de los grupos políticos, según los criterios señalados anteriormente, a los cuales corresponderá el 70% restante de los espacios y lugares para hacer campaña.

Desde el momento de la convocatoria y hasta la finalización de la campaña de información, la autoridad convocante de la consulta realizará una campaña de carácter institucional con el objeto de informar sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar, los requisitos y trámites del voto anticipado y el texto de la pregunta o preguntas objeto de la consulta, sin que, en ningún caso, se pueda influir sobre la orientación del voto.

Durante el periodo de consulta, los medios de comunicación de titularidad pública respetarán los principios de pluralismo político y social, neutralidad e igualdad de oportunidades con respecto a las posiciones defendidas sobre la consulta. Contra las decisiones de los órganos de administración de estos medios se puede recorrer ante el Consejo de Participación.

La participación en las consultas ciudadanas se puede llevar a cabo a través de votación telemática o presencial.

La votación presencial puede ser de dos tipos: anticipada y ordinaria.

Todas las personas que, estando inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana, en la subsección pertinente a la materia objeto de consulta, estén interesadas en participar pueden emitir el voto con carácter presencial anticipado en la Secretaría del ayuntamiento de la residencia habitual del participante. La Secretaría facilitará a la persona interesada la documentación necesaria para emitir el voto. Si la emisión del voto es en papel, quedará custodiado en la Secretaría de la corporación, bajo la responsabilidad de su secretario o secretaria, en la forma que decida, dentro de un sobre cerrado por el mismo elector, hasta el día de la votación. Si el voto es electrónico, la Secretaría facilitará el pertinente aparato de votación.

Una vez emitido el voto anticipado, se anotará en la relación de personas participantes.

Para emitir el voto presencial anticipado, no es necesaria la alegación de ninguna razón o excusa.

El voto presencial anticipado se puede emitir a partir de un mes después de la publicación del decreto de convocatoria en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» hasta el segundo día previo al de la votación.

Todos los votos emitidos en papel de una manera anticipada, junto con la relación de personas que hayan elegido esta forma de participación, se entregarán a la Presidencia de la mesa de consulta correspondiente, antes del inicio de la votación, para evitar el sufragio duplicado.

De conformidad con esta ley se entiende por voto presencial ordinario por medios electrónicos el voto emitido por un participante en una consulta ciudadana, de una manera presencial y el día previsto para la consulta, a través del dispositivo informático o electrónico situado en el mismo local de consultas y bajo el control y la custodia de la mesa de consulta.

Para garantizar el secreto del voto, la mesa identificará al participante, haciendo las anotaciones pertinentes en la documentación de la consulta y, seguidamente, permitirá la emisión del voto a través del dispositivo electrónico, en el cual no constará, en ningún caso, la identificación del participante.

La identificación del participante y la emisión del voto son dos procesos totalmente independientes.

La mesa no puede hacer constar, en ningún caso, la hora ni el orden en que han acudido a votar los y las participantes.

Los miembros de la mesa de consulta se reunirán a las 9.00 horas del día fijado para la votación en el local correspondiente.

Seguidamente, anotarán en la lista de personas con derecho a votar las que lo hayan hecho de una manera anticipada.

A las 10.00 horas se iniciará la votación, que se llevará a cabo sin interrupción hasta las 19.00 horas del mismo día.

El derecho a participar en la consulta ciudadana de una manera presencial se acreditará mediante la exhibición de cualquier documento oficial en el que conste el nombre, los apellidos, el número de DNI, NIF, NIE o pasaporte y una fotografía.

Si la persona interesada está incluida en la lista extraída del Registro Único de Participación Ciudadana que consta en la mesa de consulta, o bien si aporta un certificado expedido por la dirección general competente en materia de participación ciudadana acreditativo de estar incluido en este registro en la fecha de la convocatoria, puede emitir el voto.

Si la mesa dispone de urna virtual, el participante emitirá el voto en la forma en que esté reglamentariamente determinada. Si la mesa no dispone de urna virtual, el participante emitirá el voto depositando la papeleta dentro de la urna, con uno o –como máximo– dos pliegues y sin sobre, previa autorización del presidente o presidenta de la mesa.

Una vez cerrada la mesa de consulta para el voto presencial, se procesarán los votos emitidos anticipadamente, si han sido emitidos con papeleta. Este acto es público.

En caso de que la mesa disponga únicamente de una urna física, para garantizar el secreto del voto anticipado, el presidente o presidenta de la mesa introducirá las papeletas de los votos emitidos anticipadamente y, seguidamente, introducirán el voto, si quieren, los miembros de la mesa. A continuación, se abrirá y se mezclarán los votos que haya depositados y, después, se desplegarán, de una en una, las papeletas que haya.

Tanto la emisión del voto presencial como la del telemático estarán presididas por los principios siguientes:

Sólo se pondrán en marcha los tipos de votación telemática y electrónica si se aseguran los principios indicados anteriormente.

El recuento del escrutinio de los votos efectuados por medios electrónicos, sea de forma presencial o telemática, lo llevará a cabo la misma plataforma tecnológica, que garantizará, en el diseño y en la implementación, la veracidad de los recuentos de manera fiable e inequívoca.

La autoridad convocante, una vez cerradas las mesas de consulta, tan pronto como sea posible, informará del resultado de la votación telemática, como mínimo a través del web institucional.

A medida que vayan llegando los resultados provisionales de voto presencial desde las distintas mesas de consulta, se irá también informando a través del web institucional, como mínimo.

El Consejo de Participación es el encargado de llevar a cabo el recuento definitivo. Este tendrá lugar en un acto público, al día siguiente de haber finalizado el escrutinio provisional. En primer lugar, se contabilizarán los votos presenciales y se revisarán las actas y los sobres cerrados con las papeletas de cada mesa. En segundo lugar, se accederá a la plataforma tecnológica de participación ciudadana para contabilizar los votos telemáticos.

Al día siguiente, los partidos políticos y, en su caso, la comisión promotora de la consulta pueden formular reclamaciones contra este escrutinio definitivo ante el Consejo de Participación, que resolverá sobre estas en el plazo de 72 horas.

Una vez resueltas las eventuales reclamaciones planteadas, el Consejo de Participación llevará a cabo la proclamación del recuento final con el resultado de la consulta, y remitirá una copia del acta de proclamación a la autoridad convocante para que tome conocimiento, ordene su publicación en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» y la haga pública, también, a través de todas las redes sociales que habitualmente utilice la autoridad convocante, a través del web institucional, en todos los tablones de anuncios de todas las oficinas de la autoridad convocante, así como mediante cualquier otra forma que esta considere oportuna.

Después de haber proclamado el resultado, se destruirán de una manera segura y respetuosa con el medio ambiente y con la normativa de protección de datos todas las papeletas de votos y los archivos de datos que contengan los votos electrónicos y telemáticos, para que nunca, y en ningún caso, puedan volver a ser revisados, y se procesará y archivará, de la manera que reglamentariamente se determine, la documentación generada en la consulta ciudadana.

El Consejo de Participación está compuesto por cinco miembros que son elegidos mediante un sorteo por la dirección general competente en materia de participación ciudadana, de entre las personas inscritas en la subsección pertinente del Registro Único de Participación Ciudadana, relativa a la materia objeto de la consulta, y, al mismo tiempo, en la sección del Consejo de Participación, residentes en el ámbito territorial de la consulta.

La elección de los miembros del Consejo de Participación se llevará a cabo al día siguiente al de la publicación del decreto de la convocatoria de la consulta ciudadana.

Su mandato se corresponde con la duración del proceso de la consulta. Sus tareas se inician en el momento en que son nombrados y finalizan una vez que han proclamado el recuento final.

A través del web institucional de la autoridad convocante de la consulta se hará pública la composición del Consejo de Participación, con identificación de sus miembros.

La dirección general competente en materia de participación ciudadana comunicará a las personas que hayan resultado elegidas para formar parte del Consejo de Participación el resultado de la elección, para que, en los cinco días hábiles siguientes, se reúnan en sesión constitutiva. Esta comunicación incluirá:

La tarea del Consejo de Participación se inicia en el momento de la sesión constitutiva, en la cual designará, por mayoría simple, a la persona que tiene que ejercer la Presidencia y a la que tiene que ejercer la Secretaría. En caso de que no haya acuerdo, la Presidencia corresponde a la persona de más edad y la Secretaría a la de menos edad.

El Consejo de Participación es competente para resolver las cuestiones que se vayan planteando en relación con el proceso de la consulta ciudadana. Para cada una de las cuestiones se abrirá un expediente, numerado por orden de entrada, en el que se archivarán la consulta presentada, que en el caso de haberse planteado de manera oral se transcribirá, los documentos aportados y la decisión fundamentada que finalmente se adopte.

Las decisiones se comunicarán el mismo día a la persona interesada y a la autoridad convocante de la consulta.

Las decisiones del Consejo se toman por mayoría simple de los miembros que lo componen. En caso de empate, porque en la sesión haya faltado alguno de sus miembros, el voto del presidente o presidenta es de calidad, de manera que tendrá la capacidad de deshacer el empate.

Una vez acabado el proceso participativo de consulta ciudadana y acabadas las tareas encomendadas al Consejo de Participación, sus miembros elaborarán un informe en el cual describirán de una manera sucinta la tarea desarrollada, así como las incidencias a que han tenido que hacer frente. Si lo consideran oportuno, también pueden sugerir a la autoridad convocante propuestas para la mejora del sistema para futuras consultas.

El informe se hará público en el web institucional de la administración convocante de la consulta.

La audiencia pública ciudadana es el instrumento de participación por medio del cual la autoridad y la ciudadanía debaten de una manera pública, previa convocatoria, los temas de interés general que, debidamente propuestos y después de seguir los trámites que regulan los artículos siguientes, hayan sido elegidos por las personas inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana.

Se pueden proponer audiencias públicas al presidente o presidenta de la comunidad autónoma, al presidente o presidenta de cualquiera de los consejos insulares y a los alcaldes o alcaldesas de los ayuntamientos de las Illes Balears.

El proceso de audiencia pública ciudadana se iniciará a solicitud de cualquier persona o entidad ciudadana inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana.

La petición de audiencia pública ciudadana hará mención del asunto a tratar con una breve explicación de la cuestión.

En los webs del Gobierno de las Illes Balears, de los consejos insulares y de los ayuntamientos habrá un espacio específico, visible para terceros, para dirigir la petición.

En el plazo de siete días hábiles, la administración valorará si el objeto de la solicitud es competencia de la institución que ha recibido la petición.

En caso de que se entienda que la petición está dirigida a la autoridad competente, se publicará en el web pertinente, para que las personas inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana puedan expresar su apoyo.

En el supuesto de que se reciban varias peticiones de personas diferentes que coincidan en el objeto o que este sea parecido, la autoridad las publicará de manera conjunta, a fin de que el apoyo que reciban sea de manera conjunta, y no se divida indebidamente el voto.

Si la materia objeto de la solicitud no es competencia de la autoridad a la cual se dirige el escrito, esta comunicará tal circunstancia, en el plazo de siete días hábiles, a la persona solicitante, y remitirá, en el mismo plazo, la solicitud a la autoridad competente, la cual, una vez recibida la comunicación, actuará de acuerdo con lo que dispone el artículo anterior.

Cada autoridad competente convocará, como mínimo, dos audiencias públicas al año, con el objeto de debatir, al menos, las tres propuestas que hayan recibido más apoyo ciudadano. En el caso de Formentera, la persona que ostente, al mismo tiempo, la Presidencia del consejo y la Alcaldía del municipio podrá decidir si celebrar, de manera conjunta o separada, con convocatoria independiente, las audiencias públicas relativas a la materia de competencia insular y las que son materia de competencia municipal.

Se comunicarán personalmente a la persona solicitante, por escrito y, siempre que sea posible, por vía telemática, la convocatoria, el día, la hora y el lugar de la realización de la audiencia.

En caso de que corresponda llevar a cabo una audiencia pública de una cuestión sobre la cual se habían recibido varias propuestas, la comunicación a la que se refiere el apartado anterior se realizará a todos los proponentes y la audiencia pública ciudadana se celebrará de manera conjunta, con todas las propuestas coincidentes.

En el web de la autoridad convocante se publicarán las convocatorias de audiencia ciudadana con indicación sucinta de los temas a tratar.

La audiencia pública se llevará a cabo de manera oral y en una sola jornada.

La autoridad convocante, después de haber escuchado los planteamientos y las peticiones de las personas asistentes a la audiencia, debe exponer:

Cuando la naturaleza del asunto lo permita, la autoridad convocante, si así lo considera oportuno, instrumentará lo necesario para resolver de una manera inmediata el asunto planteado. Con la misma finalidad, en la misma audiencia pública ciudadana se designará el órgano responsable para impulsar la ejecución de las acciones decididas, de acuerdo con sus atribuciones.

De cada audiencia pública, se extenderá un acta, donde consten el desarrollo de toda la sesión así como las propuestas o los compromisos adoptados por la autoridad.

Estas actas se publicarán en el web institucional en el plazo máximo de siete días.

Siempre que se disponga de los medios técnicos necesarios, las sesiones se grabarán y se publicarán en el mismo web.

Los foros de participación ciudadana son los espacios de discusión y análisis formados, a instancia de la autoridad convocante, por personas físicas, que pueden actuar en nombre propio o como representantes de entidades ciudadanas, con la función de obtener opiniones, propuestas o críticas en relación con los temas que resulten objeto de debate, así como analizar y evaluar el resultado de una actuación pública concreta ya ejecutada o llevada a cabo por la administración convocante.

Los foros pueden ser abiertos a todas las personas y entidades inscritas en la sección pertinente del Registro de Participación Ciudadana o estar dirigidos, en razón de su objeto o ámbito territorial, a un determinado o a unos determinados colectivos de personas, también inscritas en la subsección pertinente del Registro.

Los foros de participación ciudadana están compuestos por cinco, siete o nueve personas, que actúan en nombre propio o en representación de entidades ciudadanas que forman parte del sector o colectivo directamente afectados por la iniciativa o política pública, seleccionadas por sorteo por la dirección general competente en materia de participación ciudadana.

No es necesario ser el representante legal de una entidad ciudadana para participar en nombre de esta en un foro ciudadano.

Tanto las personas físicas, individualmente consideradas, como las entidades ciudadanas, para poder participar en estos foros, tienen que estar inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana, sección de los foros de participación ciudadana, igual que las personas que las entidades envíen al foro en su representación.

El órgano convocante, de oficio o a petición de la mayoría de los miembros del foro, puede invitar a participar a personas expertas en la materia para que aporten sus conocimientos y enriquezcan el debate. No se requiere que estas personas estén inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana.

La convocatoria de los foros dirigidos a colectivos específicos determinará con precisión el colectivo o colectivos llamados a participar y se velará especialmente por la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación, tanto en la selección de los colectivos llamados en función del objeto del proceso como en los mismos colectivos.

La convocatoria del foro ciudadano incluirá toda la información necesaria en relación con:

La convocatoria y la información a que hace referencia el apartado anterior se comunicarán, en primer lugar, a las personas y al colectivo o colectivos invitados a participar, preferentemente por vía telemática. Simultáneamente, se difundirán públicamente de una manera clara y fácilmente inteligible y serán también accesibles por medio del web institucional correspondiente y, en su caso, del portal de participación de la administración autonómica, sin perjuicio de hacer difusión a través de otros medios.

La administración competente convocará a los miembros elegidos para formar el foro de participación ciudadana para que, en el plazo que considere oportuno, inicien el debate sobre la cuestión, teniendo en cuenta toda la información que se les haya puesto al alcance y toda la que, por cuenta propia o con ayuda de terceros, hayan recopilado. Con esta finalidad, el foro podrá solicitar informes o documentación relativa a la actuación pública que se analice en el órgano que corresponda.

Una vez acabada la fase de debate, los miembros del foro emitirán un informe en el que describirán el proceso y sus fases, las relacionarán y explicarán de una manera breve cada una de las iniciativas y propuestas, las distintas visiones y opiniones de los miembros, se valorarán las propuestas y se concretarán cuáles de estas consideran oportuno tomar en consideración y son elegidas, así como la manera como se tendría que concretar la actuación de la administración; y en caso de tratarse de una actuación pública ya llevada a cabo, la conclusión o las conclusiones alcanzadas y las alternativas que se proponen. Respecto a cada decisión, se indicará si ha tenido el apoyo mayoritario o por unanimidad de los miembros del foro.

El informe, que en ningún caso será vinculante para la autoridad convocante, se hará público en el web institucional de la administración convocante y en el portal de participación de la administración autonómica, sin perjuicio de la difusión que se pueda hacer a través de otros medios.

Cuando la autoridad municipal o insular establezca que una parte de su presupuesto tiene que ser decidida a través de un proceso participativo, fijará, en relación con los recursos propios, qué partida o partidas se destinarán a presupuestos participativos y concretará la cuantía y el concepto o la materia sobre los cuales la ciudadanía puede hacer propuestas y decidir el destino de estas partidas.

El Gobierno de las Illes Balears destinará a presupuestos participativos una parte de los recursos propios estableciendo la cuantía y el concepto o la materia sobre los cuales la ciudadanía puede hacer propuestas y decidir el destino de estas partidas para los presupuestos generales de la comunidad autónoma del año siguiente.

La resolución que determine los apartados anteriores también indicará los plazos de cada una de las fases que se relacionan en los artículos siguientes, a fin de que sea posible su incorporación a los presupuestos del año siguiente.

Todas las consejerías del Gobierno de las Illes Balears, así como los ayuntamientos y consejos que hayan decidido permitir a la ciudadanía participar en la elaboración de los presupuestos anuales, informarán a todas las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana sobre qué partida o partidas se destinarán a presupuestos participativos y concretarán la cuantía y el concepto o la materia sobre los cuales pueden hacer propuestas y presentar proyectos y los plazos para presentarlos.

En los ámbitos insular y municipal, estas informaciones se harán públicas en los webs institucionales respectivos. La información de las consejerías se hará pública a través del portal de participación del Gobierno de las Illes Balears.

Las propuestas o proyectos se presentarán en todo caso a través de cualquiera de las personas o entidades ciudadanas inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana.

Toda propuesta o proyecto debe contener:

Las propuestas o los proyectos presentados serán sometidos a un control inicial por parte de la autoridad competente, consistente en determinar si se ajustan a los requisitos de la convocatoria de presupuestos participativos. Quedan automáticamente excluidos:

La autoridad competente unificará las propuestas o proyectos que sean esencialmente parecidos, de manera que sólo aparezca un proyecto o una propuesta para ser votado.

Las propuestas o los proyectos que cumplan los requisitos legalmente establecidos se publicarán en el portal de participación ciudadana de la autoridad correspondiente.

En relación con los presupuestos participativos en los ámbitos municipal e insular, pueden votar los proyectos o las propuestas todas las personas físicas empadronadas en el municipio o en la isla y entidades que estén inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana y que tengan fijado el domicilio habitual en el municipio y la isla en cuestión.

En relación con los presupuestos participativos en el ámbito autonómico, pueden votar a favor de los proyectos o las propuestas todas las personas y entidades inscritas en el Registro Único de Participación Ciudadana.

La autoridad competente determinará, en la convocatoria, si se permite el voto múltiple a favor de más de un proyecto o si sólo es posible votar a favor de un proyecto.

El Gobierno de la comunidad autónoma creará el Observatorio de la Participación Ciudadana de las Illes Balears, que tendrá formato electrónico, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley.

Su contenido mínimo –que deberá actualizarse permanentemente– será el siguiente: