Acta de la X Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación por el que se aprueba el Marco de Asociación País España-Colombia 2020-2024, hecha en Bogotá el 26 de febrero de 2021

ACTA DE LA X REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA HISPANO‐COLOMBIANA DE COOPERACIÓN 2020-2024

El día 26 de febrero de 2021 se firmó en Bogotá el Acta de la X Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación prevista, tanto en el Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica, suscrito el 27 de junio de 1979, como en el Acuerdo Complementario General de Cooperación del Convenio Básico de Cooperación, firmado el 31 de mayo de 1988, así como en el Convenio Cultural, suscrito el 11 de abril de 1953 y en el Tratado General de Cooperación y Amistad firmado el día 29 de octubre de 1992.

Igualmente, esta firma tuvo en cuenta el Acta de la IX reunión de la Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación (2015-2019) firmada el 24 de noviembre de 2015 en Cartagena de Indias y el Convenio Marco de Cooperación entre el Reino de España y la República de Colombia, ratificado por España en 2015, en proceso de ratificación por parte colombiana.

En este contexto, ambas partes acordaron trabajar conjuntamente en el desarrollo de un programa de cooperación en áreas de interés común para el periodo 2020-2024, que se describe en Marco de Asociación País Cooperación Española en Colombia anexo.

La Delegación del Reino de España estuvo presidida por la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Sra. Arancha González Laya.

La Delegación de la República de Colombia estuvo presidida por la Ministra de Relaciones Exteriores, Sra. Claudia Blum de Barberi.

La relación completa de participantes de ambas Delegaciones figura como anexo I de este acta.

Ambas Delegaciones manifestaron su acuerdo sobre los temas a tratar y la estructura del acta, que contiene dos capítulos principales y cuatro anexos, que forman parte integrante de la misma:

– Marco de actuación.

– Consideraciones finales.

– Anexos.

•  Relación de integrantes de las Delegaciones de Colombia y España (anexo I).

•  Marco de Asociación País Colombia-España 2020-2024 (anexo II).

1. Marco de actuación

El Marco de Asociación País 2015-2019 (MAP 2015-2019) y el Acta de la Reunión de la IX Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación (24 de noviembre 2015) son los antecedentes más inmediatos de planificación estratégica de la Cooperación Española en Colombia.

Finalizado el periodo de vigencia del MAP 2015-2019, se ha elaborado el Marco de Asociación País Colombia-España 2020-2024, anexo a la presente acta, que define la nueva estrategia compartida de cooperación para el desarrollo a implementarse durante el periodo mencionado.

La elaboración del nuevo Marco de Asociación País Colombia-España 2020-2024 ha sido liderada por dos grupos:

Por parte de España, el Grupo Estable de Coordinación (GEC), conformado de la siguiente manera: La Embajada de España, ostentando el Embajador de España la Presidencia del GEC; la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Colombia, que ha asumido la coordinación y la secretaría técnica del proceso; representantes de las Comunidades Autónomas con presencia en Colombia; las ONGD españolas con sede en Colombia y la Cámara de Comercio Hispano-Colombiana, en representación de las empresas españolas presentes en el país.

Por parte de Colombia, el proceso de diálogo que ha permitido el diseño del documento del Marco de Asociación País estuvo coordinado en la Comisión de Planificación, seguimiento y evaluación, constituida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y el Departamento Nacional de Planeación.

La Delegación Colombiana informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde, bajo la dirección del Presidente de la República, proponer, orientar, coordinar y ejecutar la política exterior de Colombia. La política de cooperación internacional responde a lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la Estrategia nacional de cooperación internacional (ENCI).

Asimismo, el Gobierno de Colombia creó, en noviembre de 2011, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia), como la entidad del Estado encargada de gestionar, orientar y coordinar toda la cooperación internacional pública, privada, técnica y financiera que reciba y otorgue el país. APC-Colombia actúa como interlocutor técnico entre la comunidad internacional y las instituciones colombianas en materia de coordinación y gestión de programas, proyectos e iniciativas de cooperación técnica internacional. Por su parte, la participación del Departamento Nacional de Planeación garantiza la articulación de la cooperación internacional que recibe el país con el Plan Nacional de Desarrollo vigente.

Por su parte, la Delegación Española informó sobre las prioridades de la política española de cooperación internacional al desarrollo, con base en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobada el 7 de julio de 1998, e indicó que, el 23 de marzo de 2018, se aprobó por Consejo de Ministros el V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021, en un momento de intensa transformación global que afecta todos los ámbitos y sitúa a la cooperación para el desarrollo en un contexto de grandes cambios, fijando como uno de sus resultados, la focalización de la cooperación española en aquellos países donde puede tener mayor incidencia e impacto, dando especial énfasis a la gestión por resultados, la rendición de cuentas y la transparencia.

En el V Plan Director Colombia recibe la consideración de país de asociación de renta media. La cooperación con estos países está enfocada, según su demanda y las capacidades de la cooperación española, a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y al fomento del crecimiento económico. Esto bajo una óptica general de transferencia del conocimiento y apoyo a la sociedad civil para promover que los avances en desarrollo sean inclusivos y equitativos y se realicen en un marco de mayor democracia y respeto a los derechos humanos.

Ambas Delegaciones hicieron referencia, a la trascendencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, y a la conveniencia de integrar las actuaciones bilaterales en el marco de metas y objetivos de la misma, ratificando adicionalmente su compromiso para avanzar en la calidad de ayuda y eficacia del desarrollo, de acuerdo con la Declaración de París, la Agenda de Acción de Accra y el IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda celebrado en Busan en 2011. A este respecto, señalaron la importancia de los compromisos que se han acordado en esta materia y que se encuentran reflejados en el Marco de Asociación País Colombia-España 2020-2024 y en la presente acta.

Asimismo, coincidieron en valorar la importante potencialidad de la cooperación triangular y sur-sur para transferir y recibir experiencias exitosas en la aplicación de políticas públicas y programas de desarrollo.

En este contexto, la Delegación Española ratificó su compromiso con el desarrollo de Colombia, sobre la base del potencial de este país socio. Ello supone que la República de Colombia seguirá siendo uno de los principales socios de España en materia de cooperación para el desarrollo en los próximos años.

El Marco de Asociación País Colombia-España 2020-2024 es una estrategia compartida por ambos países hacia objetivos y visiones comunes de desarrollo humano, reducción de desigualdades y construcción de paz. Integra a una multiplicidad de actores con potencial impacto sobre el desarrollo a través de un estrecho diálogo, trabajo conjunto y coordinado entre los Gobiernos, otros poderes del Estado, instituciones públicas y sociedad civil, así como con otros socios bilaterales y multilaterales de desarrollo.

1.1 Valoración del Marco de Asociación País.

Ambas Delegaciones revisaron los principales resultados previstos del MAP 2020-2024. En general se destaca la alineación con las prioridades del Gobierno de Colombia, permitiendo la concentración de recursos en los sectores priorizados y, por tanto, un mayor impacto en términos de estabilización y consolidación de la paz.

1.1.1 Principales recomendaciones de la revisión del MAP 2015-2019

La revisión del MAP 2015-2019 destacó la pertinencia del Marco, en relación con las prioridades de Política Pública, así como su alineamiento con los ODS y el Plan Director de la Cooperación Española. En cuanto a la concentración geográfica, se consideró igualmente pertinente.

En relación con las recomendaciones derivadas de la revisión del anterior MAP se sugirió priorizar temas en los que España tiene ventaja comparativa (descentralización, turismo rural, violencias contra las mujeres…), mantener la acción humanitaria, con esquemas flexibles de respuesta y movilización rápida de recursos, y apoyar y promover la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto.

Entre las recomendaciones sobre enfoque MAP se encuentran el profundizar en el concepto de desarrollo territorial, sostener y promover más propuestas integrales de intervención como los Proyectos de desarrollo territorial y otras, apoyar la integración de la institucionalidad regional/local/Organizaciones de sociedad civil.

También se recomienda reforzar el enfoque de sostenibilidad, otorgar mayor responsabilidad al gobierno colombiano en seguimiento y sostenibilidad MAP. Definir indicadores, metas y fuentes internas de medición y un sistema global de seguimiento y monitoreo. Incluir indicadores de impacto e incorporar de manera explícita el enfoque de género en todas las intervenciones.

En relación con los actores, y teniendo en cuenta que Colombia es un país de renta media alta, se recomienda reforzar la transferencia de conocimiento técnico, el trabajo con el sector privado español, el enfoque de redes con organizaciones de la sociedad civil, las estrategias de coordinación y complementariedad entre actores y potenciar el papel del Centro de Formación en Cartagena, como activo valioso para el intercambio y gestión de conocimiento.

1.1.2 Articulación entre actores de la Cooperación Española.

La Delegación Española resaltó el papel desempeñado por los principales actores del sistema de cooperación española en Colombia, destacando a la Agencia Española de Cooperación internacional AECID con la Oficina Técnica de Cooperación en Bogotá y el Centro de Formación en Cartagena de Indias. Otros organismos de la cooperación descentralizada, como Comunidades Autónomas y Entidades Locales, han cobrado una importancia creciente en su apoyo a la cooperación en Colombia. Así mismo de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, universidades, empresas y organizaciones empresariales, sindicatos, medios de comunicación social, asociaciones de derechos humanos, de inmigrantes y las diásporas, informando sobre el rol articulador de estos esfuerzos que se pretende impulsar a través del Grupo Estable de Coordinación (GEC) presidido por el Jefe de la Misión Diplomática.

Especial mención se realizó hacia el papel de las organizaciones de la sociedad civil españolas y colombianas en la implementación de los MAP Colombia-España y a la Hoja de Ruta con Organizaciones de la Sociedad Civil apoyada por la Delegación de la Unión Europea, en la que España ha participado activamente.

1.1.3 Relación con Organismos Multilaterales y Agencias Bilaterales de Cooperación.

Ambas delegaciones coincidieron en valorar el papel fundamental de los Organismos Multilaterales, tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano y revisaron las principales iniciativas que desarrollan y que cuentan con la financiación de la Cooperación Española, dedicando una especial atención a las relacionadas con ACNUR, OIM y con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP-OEA). La Delegación Colombiana manifestó la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos de identificación, formulación, seguimiento y evaluación de estas intervenciones.

Igualmente, la Delegación Colombiana destacó la aportación de España a la Unión Europea y la complementariedad de sus respectivas actuaciones. En este sentido, valoraron el desempeño del Fondo Europeo para la paz establecido por la Unión Europea para Colombia. Asimismo, conversaron sobre el aprovechamiento de oportunidades para apalancar recursos europeos (Facilidades Regionales de Inversión LAIF, cooperación delegada, etc.), en el marco del nuevo instrumento de cooperación para el desarrollo de la Comisión Europea y la Programación Conjunta de toda la cooperación de la UE en Colombia.

1.1.4 Cooperación Reembolsable, Cooperación Técnica, Innovación y Gestión del Conocimiento.

La Delegación Española manifestó la potencialidad que tiene el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) para atender las necesidades de desarrollo. A través de este instrumento pueden materializarse nuevas operaciones de carácter reembolsable, concesional y no ligado.

En el plano del fortalecimiento institucional, la Delegación Española destacó el Programa Latinoamericano de Cooperación Técnica (COOTEC), cuyo objetivo es el desarrollo de capacidades para el fortalecimiento institucional, la mejora de políticas y de servicios priorizando el trabajo con las instituciones públicas, aunque abierto igualmente a la participación de instituciones del sector privado o asociativo.

Finalmente, los laboratorios de innovación (LINCE) ejecutados por los Centros de Formación de la Cooperación Española, especialmente el Centro de Formación de Cartagena, proporcionará una herramienta clave para el fortalecimiento de capacidades.

1.2 Marco de Asociación País Colombia-España 2020-2024 y Consideraciones para su adecuado cumplimiento.

El Marco de Asociación País Colombia-España 2020-2024 ha puesto especial énfasis en el principio de apropiación por parte de las autoridades colombianas y en el alineamiento de la agenda y los ciclos de gestión de la cooperación española con las prioridades identificadas por el Gobierno de la República de Colombia, tanto en su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, como en la Estrategia Nacional de la Cooperación Internacional de la APC Colombia, en un ejercicio de transparencia y rendición mutua de cuentas.

El MAP ha hecho sustantiva la gestión por resultados, focalizando el trabajo en resultados concretos de desarrollo en lugar de sectores. Su propósito es contribuir a los esfuerzos del Estado Colombiano a través del fortalecimiento del Estado de Derecho, con desarrollo de políticas públicas inclusivas y con equidad de género, para la construcción de paz a través de la estabilización y consolidación de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza.

Ambas Delegaciones acordaron que la cooperación española debe focalizar su trabajo, durante la vigencia del Marco de Asociación País en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; ODS2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; ODS5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; ODS8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos/as; ODS16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Adicionalmente, se desarrollarán actuaciones en el ámbito de la acción humanitaria, cuando sea necesario.

Todas ellas tienen su correspondiente correlación con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y con la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional de APC Colombia. Las líneas de base se nutren de la información estadística nacional colombiana y los indicadores han sido convenientemente pactados.

Las intervenciones en las líneas antes citadas se desarrollarán, fundamentalmente, en los Departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte del Santander, Valle del Cauca y la Guajira, tratando de dar respuesta a las demandas ciudadanas y promoviendo la articulación de actuaciones en el territorio apoyadas por la cooperación española entre sí y con las de otros actores de cooperación, así como con las políticas públicas de carácter nacional y subnacional. Todo ello, con la finalidad de promover adecuadamente el Enfoque Territorial que Colombia desea aplicar.

Se estima un monto de nuevos fondos AOD de 120 M€ para el periodo MAP 2020-2024. Igualmente se estima que se ejecutarán 104 M€ de fondos asignados en el MAP anterior y que todavía están vigentes a la firma de este acta. En relación con la cooperación reembolsable la cooperación española podría disponer de hasta 50 M€ para operaciones en Colombia.

Ambas Delegaciones coincidieron en la necesidad de mejorar el trabajo en los siguientes aspectos:

1) Buscar mecanismos y procesos que faciliten la ejecución en forma y plazo de subvenciones españolas dirigidas a instancias públicas colombianas.

2) Profundizar en la aplicación de protocolos destinados a la transversalización de enfoques de género, derechos humanos, diversidad cultural y sostenibilidad ambiental en los resultados de desarrollo.

3) Mejorar los mecanismos de transparencia y mutua rendición de cuentas, así como en la visibilización de las contrapartidas aprobadas por los socios nacionales y locales colombianos.

4) Mejorar y hacer más efectivos los mecanismos de coordinación de los actores de cooperación, especialmente con la cooperación descentralizada, con las entidades colombianas correspondientes, tanto a nivel nacional como territorial.

5) Fortalecer los mecanismos de coordinación España-Colombia para la mejora de procesos de identificación, seguimiento, evaluación y elaboración de recomendaciones previstas en el MAP Colombia 2020-2024 a través de la Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación.

6) Priorizar el Centro de Formación de la cooperación española en Cartagena de Indias, para dar respuesta a las demandas de formación identificadas a través de las Administraciones Públicas latinoamericanas.

7) Ambas delegaciones expresaron su interés en seguir avanzando en la coherencia de políticas de desarrollo de ambos países.

La Delegación Colombiana resaltó la importancia de la contribución de la cooperación conjunta al desarrollo nacional y a la consolidación de la paz, manifestando su agradecimiento a España por su compromiso y acompañamiento.

2. Consideraciones finales

Ambas Delegaciones se comprometen a generar, de manera expedita, las comunicaciones que sean objeto del desarrollo y ejecución del presente acuerdo.

Ambas Delegaciones respetando el principio de la rendición mutua de cuentas, se comprometieron a realizar una evaluación final de la ejecución del MAP, por parte de un organismo independiente local acordado conjuntamente, y cuyos resultados serán difundidos y publicados tanto en Colombia como en España.

Al término de la reunión, ambas Delegaciones reiteraron la voluntad de continuar trabajando para fortalecer sus relaciones de cooperación, acorde con el alto nivel de sus relaciones, basadas en profundos lazos históricos, culturales y de amistad, entre los Gobiernos y pueblos de España y Colombia.

La Delegación Española agradeció a la República de Colombia su hospitalidad para la celebración de la presente Reunión de Comisión Mixta.

Celebrada y suscrita en la ciudad de Bogotá, en dos ejemplares originales en español, igualmente válidos, el día 26 del mes de febrero de 2021.

Por el Reino de España,	Por la República de Colombia,
La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación	La Ministra de Relaciones Exteriores
Sra. Arancha González Laya	Sra. Claudia Blum de Barberi

ANEXO 1

Composición de las Delegaciones

Delegación española

Acompañarán a la Sra. Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya:

1. Marcos Gómez Martínez, Embajador de España en Colombia.

2. Magdy Martínez Solimán, Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID.

3. Rafael Garranzo García, Director General para Iberoamérica y el Caribe, de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

4. Luis Oscar Moreno García- Cano, Director General de Diplomacia Económica, MAUC.

5. Mónica Prado Rodríguez, Directora General de Comunicación Pública y Redes, MAUC.

6. Alberto de la Calle García, Director Adjunto del Gabinete de la Ministra.

7. Vicente Ortega Cámara, Coordinador de la Cooperación Española en Colombia.

8. Sofía Mata, Directora del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de indias.

9. Mercedes Alonso Segoviano, Responsable de Programas AECID en Colombia.

Delegación colombiana

Acompañarán a la Sra. Ministra de Asuntos Exteriores, Claudia Blum Capurro:

1. Adriana Mejía, Viceministra de Asuntos Multilaterales.

2. Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

3. Ángela Ospina de Nicholls, Directora General Agencia Presidencial de Cooperación, APC Colombia.

4. Álvaro Calderón Ponce de León, Director de Cooperación Internacional.

5. Paulo Mina, Coordinador de Cooperación Bilateral y AOD, Cancillería.

6. Karen Mendoza, Directora de Demanda, Agencia Presidencial de Cooperación, APC Colombia.

7. Natalia Bargans, Subdirectora de Crédito del Departamento Nacional de Planeación.

8. Catalina Rojas, Jefe de Gabinete, Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

9. Daniela Ibarra, Asesora Cooperación Bilateral y AOD, Cancillería.

10. Mariana Londoño, Asesora Departamento Nacional de Planeación.

11. Carolina Rodríguez, Asesora de la Agencia Presidencial de Cooperación, APC Colombia.

12. Sara Rodríguez, Asesora Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

Marco de Asociación País Colombia-España 2020-2024

Contenido:

1. Bases para la asociación.

1.1 Colombia: Análisis de Contexto.

1.2 Análisis de la estrategia nacional en base a las 5P para no dejar a nadie atrás.

1.3 La Cooperación Española en Colombia.

1.4 Cooperación Internacional en Colombia.

2. Resultados de Desarrollo Sostenible.

2.1 Contribución a la Agenda 2030 Nacional.

2.2 Alcance Territorial.

2.3 Marco de Resultados.

3. Alianzas para la Estrategia.

3.1 Red de Alianzas.

3.2 Modalidades e Instrumentos.

3.3 Recursos.

3.4 Riesgos.

4. Enfoques Transversales.

5. Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas.

5.1 Seguimiento.

5.2 Evaluación.

5.3 Rendición Mutual De Cuentas Y Transparencia.

6. Anexos.

1. Bases para la Asociación

1.1 Colombia: Análisis de Contexto.

1.1.1 Datos generales geográficos y de población⁽¹⁾:

⁽¹⁾ Geografía: Ficha País Colombia MAUEC, Análisis de situación en salud Min salud 2018. Población: Fundamentalmente DANE-Censo de Población 2018 y PND 2018-2020).

Colombia tiene una población de 48,2 millones de personas, siendo el 51,2 % mujeres. El 77,1 % reside en cabeceras departamentales, el 7,1 % en otros centros poblados, siendo sólo el 15,8 % población rural dispersa. El 9,3 % de la población (4,67 millones de personas) se considera afrocolombiana, raizal o palenquera, concentrada mayoritariamente en la franja pacífica y zona caribe del país. La población indígena representaría el 4,4 % del total nacional (1,9 millones de personas), distribuida en 115 pueblos indígenas nativos, dispersos por buena parte del país, aunque la mayoría (66,9 %) se concentra en los Departamentos de Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba; Sucre y Chocó.

De los 14,243.223 hogares, 59,3 % tienen jefatura masculina y el 40,7 % femenina. En las jefaturas de hogar lideradas por mujeres, éstas deben asumir una triple jornada de trabajo (actividades productivas, asociadas al trabajo doméstico y al cuidado no remunerado).

El Informe de Desarrollo Humano lanzado en 2019 sitúa a Colombia en la posición número 79, dentro del grupo de países de Desarrollo Alto. No obstante, Colombia presenta el índice de desigualdad más alto de la región, y de la OCDE, con un índice de Gini de 0,47.

1.2 Análisis de la estrategia nacional con base en las 5P para no dejar a nadie atrás con base en la Agenda 2030.

1.2.1 Personas:

1.2.1.1 Fin de la Pobreza: Indicadores de Pobreza y su distribución⁽²⁾.

⁽²⁾ (DANE-PND 2018 -2022).

La Gran encuesta Integrada de Hogares 2020 estima que el 2,4 % de la población colombiana es clase alta, el 30,8 % media, el 39,8 % vulnerable y el 27 % pobre. Para 2019 se determinó que el porcentaje total de pobreza multidimensional a nivel nacional fue del 17,5 % que representan 1.6 puntos porcentuales menos que en el 2018 (19,6 %). Esta cifra se dúplica en departamentos como: Guainía (65 %); Vaupés (59,4 %); Vichada (55 %); La Guajira (51,4 %) y Chocó (45,1 %). Este leve aumento, se debe entre otros factores, al incremento de población migrante en el territorio colombiano. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el 2019 el número de hogares en condición de pobreza multidimensional con presencia de un migrante en el hogar es del 10,7 % comparado con 8,8 % en el 2018. Y las regiones con mayor participación de hogares con migrantes extranjeros en condición de pobreza multidimensional son Caribe y Oriental.

Para la población indígena, en 2016, el porcentaje de pobreza multidimensional era del 45,8 % y del 30.6 % en el 2018 para comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras frente a una media nacional del 17,8 %. A raíz de la pandemia las medidas preventivas y las limitaciones de movilidad han afectado la actividad económica y, por lo tanto, la capacidad de las personas para asegurar sus ingresos y medios de vida, lo que ha agravado la situación de millones de personas en condiciones de pobreza extrema.

En relación con la desigualdad Colombia presenta una de las mayores disparidades en la distribución del ingreso en América Latina con una variación en el índice de Gini del 0,517 en el 2018 al 0,526 en el 2019 superando el promedio de América Latina. La CEPAL estima que, a raíz de la pandemia, esta desigualdad podría aumentar aún más, con el coeficiente de Gini aumentando en 1.5-2.5 %.

1.2.1.2 Seguridad alimentaria⁽³⁾.

⁽³⁾ Eminentemente Análisis de situación de Salud 2018 para desnutrición y Plan Nacional de Desarrollo-DANE 2018-2022 para el resto.

En Colombia, la cifra de hogares en los que no se consumió alguna de las tres comidas la última semana es del 24,56 de julio del 2019 a julio del 2020. El porcentaje de población con subalimentación⁽⁴⁾ calculado por la FAO evidencia una importante disminución desde 1990-1992 (14,6 %) hasta el (4.8 %) en el 2018. La tasa de mortalidad infantil por desnutrición disminuyó de 8,2 en 2016. A 4.6 en el 2017. El 50.2 % de hogares indígenas y el 68,9 % de los hogares afrodescendientes presentan inseguridad alimentaria y nutricional, medida según el Instituto Nacional de Salud en el 2018.

⁽⁴⁾ Población que no consume la energía necesaria para llevar una vida saludable y activa.

Solo el 37,4 % de los hogares rurales tiene acceso a la tierra (DANE, 2011), y de éstos el 59 % presenta informalidad en la propiedad. Por cada 5 mujeres beneficiarias de los programas de acceso y gestión jurídica de tierras hay 8 hombres y sólo el 38 % de los baldíos adjudicados entre septiembre 2016 y agosto 2018 lo fueron a mujeres.

El COVID-19 ha situado a 3,3 millones de personas en Colombia en condiciones de inseguridad alimentaria grave y requieren asistencia urgente para salvar vidas. Además, 1,8 millones de migrantes venezolanos en Colombia se han encontrado en una posición aún más vulnerable, con una condición cada vez más profunda de inseguridad alimentaria. Se espera que la inseguridad alimentaria general aumente de 3.3 millones a 10 millones de personas, incluida la población migrante.

1.2.1.3 Salud y Bienestar⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ Fundamentalmente Análisis de situación en salud Minsalud 2018.

El DANE, en sus estimaciones 2019 sobre pobreza multidimensional, determinó un porcentaje de población sin aseguramiento de salud del 11.3 % a nivel nacional.

El IDH 2019 sitúa la esperanza de vida para 2018 en 77,1 años, siendo más alta en las mujeres. La mortalidad materna permanece relativamente alta en comparación con países desarrollados (51,01/ 100.000 nacidos vivos en 2020), aunque se ha reducido a la mitad desde el año 2000. En términos relativos y con respecto al promedio nacional, la razón de mortalidad materna es cuatro veces mayor en mujeres indígenas y dos veces mayor en mujeres afrocolombianas.

Según el DANE, en el 2018 el 19.1 % de las mujeres entre 20 y 24 años se había unido en matrimonio antes de los 18 años y el 3.6 % lo hizo antes de los 15. Asimismo, el 13,3 %⁽⁶⁾ de las mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años ya estaban casadas o unidas, (24.6 % en la zona rural), mientras que en hombres es de 2.9 %. El 55 % de las madres adolescentes habría sufrido algún tipo de violencia por su pareja antes de cumplir el primer año de unión.

⁽⁶⁾ Minsalud-Profamilia 2015.

La infección por VIH describe un comportamiento creciente a través del tiempo pasando de 82.856 casos durante el 2017 a 123.490 durante el 2020.

El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) ha elaborado un documento: «Lineamientos Generales para el Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI en el contexto de la pandemia de COVID-19». El objetivo es brindar orientaciones generales para la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y del servicio de vacunación en las modalidades intramural y extramural con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del coronavirus.

1.2.1.4 Educación⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Estudio OCDE Revisión de Recursos Escolares COLOMBIA, otras fuentes.

En 2018, el analfabetismo en la población de 15 años o más, se estimaba en el 4,68 % en mujeres y de 5,15 % en hombres.

Cobertura neta por nivel educativo y zona en 2018 en porcentaje

Nivel	Rural – Porcentaje	Urbana – Porcentaje	Total – Porcentaje	Brecha urbano-rural – Porcentaje
Transición.	47,67	60,98	56,84	13,30
Primaria.	74,77	84,87	81,77	10,10
Secundaria.	61,18	77,13	72,34	15,96
Media.	31,85	47,08	42,55	15,23
Básica.	79,20	88,17	85,44	8,97
Total.	78,31	87,74	84,88	9,44

Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2018, la tasa de analfabetismo en la población étnica de 15 años o más se ubicó en el 13 % duplicando la de la población sin pertenencia étnica. El 8,3 % de esta población étnica no cuenta con ningún nivel educativo y un 27,7 % apenas alcanzó la educación primaria.

Respecto a la deserción escolar, la misma encuesta describe que el 18,5 % de las adolescentes de 15 a 19 años no asisten a un establecimiento educativo porque deben encargarse de los oficios del hogar, y el 16,5 % no lo hacen por razones de embarazo. El COVID-19 ha agravado la situación y se cree que, de cada 100 alumnos que hoy adelantan el año lectivo 2020, doce dejarían las aulas en los planteles oficiales. Especialmente en las zonas rurales, la falta de computadoras para las clases virtuales, los problemas económicos, sumados a las dificultades habituales que se presentan en la vida académica de los estudiantes, serían las causas de esta deserción.

En lo que respecta a educación superior entre el periodo 2002-2018, la tasa de cobertura bruta aumentó del 23,7 % al 52,8 %, pasando el número de matriculados de 1 millón a 2,4 millones. Si bien esto ubica a Colombia por encima del promedio de los países de América Latina (48 %), aún dista mucho de otros países de la región como Chile y Argentina (superiores al 80 %) y también del promedio de países miembros de la OCDE, cercano al 72 %.

El confinamiento debido a la pandemia ha obligado a cerrar las escuelas y recurrir a la enseñanza en línea. Este es todo un reto para los escolares de familias con bajos ingresos, a diferencia de los que tienen facilidades económicas. El 62 % de los estudiantes en Colombia no tienen conexión a internet, y muchos menos tienen un computador en casa. A raíz del COVID-19, casi 11 millones de estudiantes no están teniendo clases como lo hacen normalmente. La educación remota implica grandes desafíos tanto para alumnos como para maestros.

1.2.1.5 Igualdad de Género⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ PND 2918.2022 y otros.

En relación con la participación, a nivel nacional y territorial, para 2018, el porcentaje de participación de la mujer en cargos decisorios de la Administración Pública era del 44 % en cargos del máximo nivel decisorio y del 48 % en otros niveles decisorios⁽⁹⁾. Sin embargo, en los cargos de elección popular, a pesar de la Ley 1475/2011⁽¹⁰⁾, los resultados de las últimas elecciones departamentales y municipales de octubre de 2019 siguen evidenciando la brecha en materia de presencia de mujeres e incluso involución con respecto a elecciones precedentes. De 1.101 municipios, Colombia eligió a 131 mujeres como alcaldesas (133 en 2015). En relación con las gobernaciones, dos mujeres lograron ganar las elecciones en los Departamentos de Atlántico y Valle del Cauca, (5 gobernadoras en 2015). Se está incrementando el número de Alcaldías y Gobernaciones que incluyen en su organigrama Secretarías de Mujer y/o que promulgan políticas públicas promotoras de la equidad de género. Sin embargo, son escasas aquéllas que cuentan con personal y presupuesto significativo para impulsar actuaciones consistentes.

⁽⁹⁾ La Ley 581/2000, impuso para la Administración Pública una cuota mínima de participación de la mujer en cargos decisorios del 30 %.

⁽¹⁰⁾ Establece una cuota para incrementar el número de mujeres candidatas.

En relación con las violencias basadas en género, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML-CF), contabilizó 630⁽¹¹⁾ feminicidios en 2020. Si bien esta cifra supone una disminución respecto a años anteriores, es necesario tener en cuenta que 2020 ha sido un año de confinamiento debido a la pandemia. Adicionalmente, se tuvo registro de 59.095 casos de lesiones en mujeres por violencia intrafamiliar (40.760 corresponden a violencia generada por la pareja) y 22.115 casos por posibles agresiones sexuales de los cuales 10.245 fueron contra niñas entre los 10 y los 14 años. Esta violencia basada en género ha visto incrementada la incidencia de una manera lamentable con la pandemia.

⁽¹¹⁾ Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Boletines estadísticos mensuales en https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/boletines-estadisticos-mensuales.

Las niñas y adolescentes son la población de mujeres que más sufren la violencia sexual. De los 5.398 casos registrados por el INML-CF de enero a abril de 2020, 4.560 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, el 84,47 % del total de mujeres agredidas. Dentro de este grupo, las niñas que tienen entre 10 y 14 años son las más afectadas con el 49,08 %, seguidas por las niñas que tienen entre 5 y 9 años, con el 25,09 % de los casos.

A fecha de mayo de 2020, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), hay 4.971 víctimas únicas auto reconocidas como LGBTI. Históricamente, el desplazamiento forzado ha sido el hecho de victimización más recurrente, seguido de la amenaza, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, los actos terroristas, atentados y combates. Los departamentos en donde han ocurrido el mayor número de eventos asociados a afectaciones de población LGBTI han sido en su orden: Antioquia, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca y Chocó. El pico más alto del número de eventos ocurridos contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas se dio en el 2014, con el 8 % del total de víctimas auto reconocidas, seguido del 2018 con el 6,7 %.

Otros temas relevantes para la igualdad de género son la existencia de redes de trata y prostitución, la persistencia sobre roles y estereotipos de género en el ámbito sociocultural, la brecha digital, la brecha pensional o la brecha en los tiempos dedicados a los cuidados y lo asistencial. Además de la terrible situación y riesgos diferenciales para las mujeres lideresas y defensoras de DDHH.

1.2.1.6 Población migrante y refugiada venezolana, colombianos retornados y comunidades de acogida⁽¹²⁾.

⁽¹²⁾ La crisis política, socioeconómica y de derechos humanos en Venezuela habría ocasionado un flujo de refugiados y migrantes estimado en octubre de 2019 en 4,5 Millones de personas (3,7 en la región). Se estima que a final de 2020 la población refugiada y migrante en la región podría ascender a los 5,5 millones de personas e incluso llegar a superar el fenómeno sirio.

Desde el 2015, más de 5 millones de personas venezolanas han migrado principalmente hacia los países vecinos de Sudamérica, huyendo de la grave situación humanitaria, política y económica al interior de Venezuela. A 31 de diciembre de 2020 Migración Colombia estimaba que la cifra de migrantes en el país era de 1,73 millones con vocación de permanencia (49,3 % mujeres y 50,7 % hombres). La migración irregular incrementa enormemente los riesgos y la vulnerabilidad de las personas (extorsión, incorporación a grupos armados, a actividades relacionadas con cultivos ilícitos y otras economías ilegales, situaciones de trata y abuso sexual, etc.).

A la misma fecha, 762.823 migrantes en Colombia contaban con un estatus regular. Por su parte, 966.714 personas se encontraban irregularmente en el país, bien por haber superado el tiempo de permanencia, o por haber ingresado sin autorización. A pesar de los continuados esfuerzos del Gobierno colombiano por facilitar la regularización a lo largo de los últimos años, la migración irregular presentaba una tendencia al alza progresiva. No obstante, en febrero de 2021 el Gobierno colombiano tomó la decisión de otorgar un estatus de protección temporal por los próximos diez años a toda la población migrante venezolana en el país, ofreciéndole una hoja de ruta para la regularización y una oportunidad para su integración socioeconómica efectiva en las comunidades de acogida colombianas.

La población venezolana se ha ido asentando a lo largo de toda la geografía nacional. En términos absolutos, a 31 de diciembre de 2020, los mayores números se encontraban en Bogotá (337.594); Norte de Santander (187.854), Atlántico (160.736), Antioquia (156.163), La Guajira (149.575), Santander (111.879), Cundinamarca (95.122), Valle del Cauca (88.850) y Magdalena (87.341), pero en términos relativos y en relación con la densidad poblacional posiblemente sean los departamentos fronterizos de La Guajira, Norte de Santander y Arauca los más afectados.

Desde 2018, la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial y su estructura de coordinación nacional, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), han construido los Planes Regionales de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP) en consulta permanente con el Gobierno colombiano. Estos documentos, elaborados anualmente, presentan una hoja de ruta sobre las acciones de los socios de la cooperación internacional para complementar la respuesta de los países de acogida al fenómeno migratorio en sus distintos sectores, incluyendo la respuesta humanitaria a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad y los esfuerzos para la integración socioeconómica de la población migrante en las comunidades de acogida. Asimismo, constituyen un llamamiento para la movilización de recursos de cooperación que financien este amplio conjunto de acciones y son, en consecuencia, el instrumento principal para la orientación de la cooperación frente al fenómeno migratorio en el país.

En el caso del Plan Regional de Respuesta para 2021, el requerimiento de financiación definido para Colombia es de USD$641 millones (aproximadamente EUR€530 millones) para atender hasta final de año a una población objetivo de aproximadamente 1,8 millones de personas entre venezolanos con vocación de permanencia, colombianos retornados, venezolanos en dinámicas pendulares en la frontera, venezolanos en tránsito hacia terceros países y las comunidades de acogida.

En septiembre de 2018, 11 Estados suscribieron la Declaración de Quito para promover el consenso y el diálogo entre países receptores sobre políticas nacionales y regionales de atención a la crisis. Desde entonces se han celebrado diferentes rondas que han dado lugar a un Plan de Acción y una Hoja de Ruta para tratar de armonizar mecanismos de respuesta.

1.2.2 Planeta:

1.2.2.1 Agua y Saneamiento⁽¹³⁾.

⁽¹³⁾ Fundamentalmente DANE-PND 2018-2022.

Si bien los datos globales de cobertura de estos servicios básicos son elevados (86,4 % con acueducto; 76,6 % con alcantarillado o 81,6 % con recolección de basuras), las disparidades son enormes entre las grandes ciudades del país, los departamentos periféricos, otros centros poblados y la zona rural dispersa.

Acceso a Servicios Básicos en centros poblados y zona rural dispersa de Colombia (sobre un total de 33 divisiones administrativo-políticas-DANE-Censo 2018)

Servicio	Cobertura <10 %	Cobertura 10,01-20 %	Cobertura 20,01-30 %	Cobertura 30,01-40 %	Cobertura 41 %-50 %	Cobertura 50,01-75 %
Servicio	Número de departamentos y porcentaje sobre el total	Número de departamentos y porcentaje sobre el total	Número de departamentos y porcentaje sobre el total	Número de departamentos y porcentaje sobre el total	Número de departamentos y porcentaje sobre el total	Número de departamentos y porcentaje sobre el total
Acueducto.	4 (12,12 %)	3 (9,09 %)	2 (6,06 %)	6 (18,18 %)	4 (12,12 %)	12 (36,36 %)
Alcantarillado.	14 (42,42 %)	9 (27,27 %)	6 (18,18 %)	2 (6,06 %)	1 (3,03 %)	1 (3,03 %)
Recolección basuras.	8 (24,24 %)	10 (30,30 %)	5 (15,15 %)	3 (9,09 %)	1 (13,03 %)	5 (15,15 %)

El indicador de acceso a fuente mejorada de agua utilizado por el DANE para ponderar la pobreza multidimensional en 2018 alude a privaciones mayores al 50 % en 5 departamentos del país: Putumayo (50,3 %); Chocó (67 %); Guainía (68 %); Vaupés (68,7 %) y Amazonas (73,1 %). Resalta a este respecto la gran brecha urbano-rural en la medida en que la media de hogares sin acceso a nivel nacional sería del 11,7 % pero con gran variabilidad entre cabeceras (2,8 %) y otros centros poblados y población rural dispersa (44,3 %). La brecha se evidencia igualmente en relación con los hogares étnicos, que en un 21,04 % de los casos no contarían con acceso a agua mejorada frente al 7,82 % de los hogares no étnicos (Encuesta de Calidad de Vida 2016).

El índice de riesgo para el consumo de agua potable en Colombia para 2018 se consideraba alto en 4 Departamentos y medio en 14. Alrededor de 3.800.000 personas aún reciben agua con algún nivel de riesgo (no apta para el consumo), lo cual representa el 11,56 % de la población total con servicio en el país (Min Vivienda, 2018). Por otro lado, entre 2012-2017 se pasó de tratar 33,1 % de aguas residuales urbanas al 42,6 %.

La sostenibilidad de la prestación de servicios de agua y saneamiento es un claro reto en pequeñas cabeceras municipales y en áreas rurales por la debilidad de los esquemas de prestación y de la cultura de pago, En las cuales la prestación sostenible, depende en gran medida del giro de subsidios por parte de las autoridades municipales.

1.2.2.2 Biodiversidad, deforestación y Potencial de aprovechamiento de espacios naturales⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁴⁾ PND 2018-2022.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), en el año 2019, la reducción de la deforestación fue del 19,2 %, mientras que en el año 2018 fue del 10 %, confirmando la tendencia de reducción de este flagelo en el país. La Amazonía pasó de representar el 70 % de la deforestación en el país a un 62 % en el 2019. Sin embargo, se deforestaron 158 mil hectáreas en el 2019. Entre 2005 y 2015 se perdieron 1,5 millones ha de bosque y en los dos años posteriores se deforestaron 178 mil y 219 mil ha respectivamente. En 2017, más del 15 % de la deforestación nacional tuvo lugar en territorios étnicos. Los territorios colectivos de comunidades negras están asistiendo, igualmente, a un incremento de la deforestación (29.000 ha en 2016 y 11.852 en 2017). Las motivaciones en estos casos son la extracción ilícita y de empresas multinacionales de minerales y madera, colonización y expansión de la frontera agropecuaria. Adicionalmente al problema de la deforestación, el problema de la contaminación es un problema grave especialmente de las fuentes hídricas provocada por la actividad minera.

La gestión de las áreas que conforman el SINAP⁽¹⁵⁾ (31 millones ha) constituye un reto para el país. En 2017 se identificaron 8.359 hectáreas de cultivos de uso ilícito en 17 parques nacionales naturales. Cerca de 25.000 familias habitaban en los mismos, muchas en condiciones de vulnerabilidad. A 2018, el 33 % de las 55 áreas entonces protegidas presentaba traslapes con territorios étnicos⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁵⁾ Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

⁽¹⁶⁾ Cortes (2018). Resguardos Indígenas en la conservación: territorios en traslape. Recuperado de https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/682/1/DHA-spa-2018-Resguardos_indigenas_en_la_conservacion_territorios_en_traslape.pdf.

1.2.2.3 Susceptibilidad a desastres naturales y cambio climático. Adaptación y mitigación⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁷⁾ PND 2018-2020.

La crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19, así como la temporada de huracanes de 2020, que ha roto los récords por ser prolífica en número de tormentas, demuestran la importancia de garantizar que la agenda del cambio climático esté integrada en los procesos de recuperación económica en el corto plazo, y en el proceso de desarrollo en el mediano y largo plazo.

Asumiendo el cambio climático como una prioridad nacional, Colombia aprobó en 2017 la Política Nacional de Cambio Climático y en 2018 la Ley de Cambio Climático, las cuales establecen las directrices para la gestión del cambio climático en el país. Tanto la ley como la política, buscan aprovechar sinergias y apalancar el marco regulatorio y los sistemas existentes, y estructuran el Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA) como eje primario de institucionalización e internalización del cambio climático entre actores e instrumentos.

En los últimos años, los instrumentos de planificación de Colombia para la acción climática se han consolidado y puesto en marcha. Esto se ha visto reflejado en la incorporación del cambio climático en los instrumentos formales de planificación sectorial y territorial, a través de la formulación de los Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático a nivel sectorial (PIGCCS) y territorial (PIGCCT)⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁸⁾ Actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia. Gobierno de Colombia. NDC) https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Colombia%20First/NDC%20actualizada%20de%20Colombia.pdf.

Las condiciones geológicas y climáticas de Colombia han hecho que en los últimos 19 años el 88 % de los desastres que ocurren en el territorio sean de origen hidrometeorológico (inundaciones, deslaves, sequías), lo cual se acentúa por las intervenciones antrópicas, como el uso del suelo en actividades agrícolas, ganaderas y la deforestación. El 29,0 % del territorio nacional tiene condiciones críticas de amenaza por fenómenos hidrometeorológicos que afectan anualmente a miles de personas. Así mismo el país es susceptible a afectaciones sísmicas. Cinco Departamentos con importante presencia de comunidades étnicas (San Andrés, Vaupés, Amazonas, Guainía y Chocó) fueron identificados como los de mayor vulnerabilidad al cambio climático. Adicionalmente, los departamentos de Guainía, Amazonas, Cauca, Vaupés, Vichada, Guajira, Chocó y Nariño presentan una alta vulnerabilidad al riesgo de desastres.

En términos de avances, se logró la formulación y adopción del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), con una ejecución a nivel sectorial del 74 % entre 2015 y 2018. A nivel territorial, el 85 % de los municipios y el 100 % de los departamentos disponen de instrumentos de gestión del riesgo; y entre 2016-2018, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) brindó asistencia técnica al 16 % de los municipios del país (UNGRD, 2017).

Frente al cambio climático, los logros se concentran en la expedición de la Ley 1931 de 2018 y la formulación, por parte de ocho ministerios y 20 departamentos de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) y Territoriales (PIGCCT), respectivamente.

La debilidad institucional, la desarticulación interinstitucional, los sistemas de información débiles y la falta de presencia del Estado en áreas ambientales estratégicas, han incrementado los conflictos socioambientales que se desarrollan principalmente en zonas rurales, relacionados con el uso, ocupación, tenencia y acceso a los recursos naturales. Los sectores que más eventos conflictivos presentan son: la minería (33 %), los combustibles fósiles (25 %), la extracción de biomasa (16 %) y la gestión del agua (12 %).

1.2.3 Prosperidad:

1.2.3.1 Información macroeconómica⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁹⁾ Informe Oficina Comercial Embajada de España y Banco Mundial.

El Banco Mundial proyecta que producto de la pandemia el PIB se contraiga un 7,2 % en el 2020 y estima un repunte en el crecimiento del para el 2021-2022. Para el tercer trimestre del 2020 el PIB fue de 55.966 millones de EUR. Según el Fondo Monetario Internacional PIB per cápita iba a caer desde los US$6.423 reportados para 2019 a los U$5.207 presupuestados para 2020 y, en consecuencia, un PIB per cápita para ese mismo año del aporte departamental al PIB es, sin embargo, enormemente desigual. Información preliminar del DANE relativa a 2019 revela que los aportes al PIB de Bogotá D.C., Antioquia y Valle del Cauca concentraron la mitad del PIB nacional; si se le suman las siguientes tres economías en participación (Santander, Cundinamarca y Atlántico), juntas representaron el 67 % del PIB de Colombia. l. El año 2019 cerró con un crecimiento económico estimado del 3,2-3,3 %, por encima del dato de 2018 (2,7 %).

El gobierno prevé un déficit fiscal de 8,9 % del PIB para 2020 y de 7,6 % para 2021 por la pandemia. Por su parte y según el Banco de la República, la deuda pública colombiana en 2020 llegó a USD $180.507 millones, cifra que representa 61 % del total del PIB nacional.

Debido a la pandemia y según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Colombia espera el peor descenso del PIB en la historia del país con una disminución del -5,5 % en 2020 y según la OCDE, el PIB de caerá entre el 6,1 % y el 7,9 %. El PNUD en Colombia estima que 1.7 millones adicionales de personas podrían descender a la pobreza extrema en un escenario moderado, 5.7 millones adicionales en un escenario pesimista y más de 15 millones de personas si la fuente de ingresos se reduce en un 75 % debido a las implicaciones directas e indirectas de la pandemia. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe estima que ya gran desigualdad para aumentar aún más (con el coeficiente de Gini aumentando en 1.5-2.5 %).

1.2.3.2 Comercio Exterior e inversión en Colombia.

Las exportaciones FOB colombianas entre los meses de enero a noviembre de 2019 ascendieron a 36.103 millones de dólares. De esta cantidad, casi 21.000 millones correspondieron al rubro de combustibles y productos de extractivas; 7.599 millones en manufacturas y 6.736 en productos agropecuarios, alimentos y bebidas. Los principales destinos de esas exportaciones fueron USA (28,5 %); China (11 %); Panamá (6,9 %); Ecuador (5 %); Brasil (3,7 %); México (3,6 %) y Países Bajos (3,2 %). Sin embargo, De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en diciembre de 2020 las ventas externas del país fueron US$3.029,0 millones FOB y presentaron una disminución de 9,0 % en relación con diciembre de 2019; este resultado se explicó principalmente por la caída de 36,1 % en las ventas externas del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas.

En ese mismo periodo, las importaciones CIF ascendieron a 48.624 millones de US $, concentrados en los mismos 3 rubros y procedentes de USA (25,3 %); China (20,6 %); México (7,4 %); Brasil (5,9 %); Alemania (4,2 %); Francia (2,8 %) y Japón (2,3 %). De la misma manera, de acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en noviembre de 2020, las importaciones fueron US$4.188,2 millones CIF y presentaron una disminución de 12,0 % con relación al mismo mes de 2019. Este comportamiento obedeció principalmente a la disminución de 60,3 % en el grupo de Combustibles.

Las cifras de inversión extranjera directa anual en Colombia presentan relevantes oscilaciones según los años, ascendiendo a más de 13.800 millones de USD $ en 2017 y a 11.010 millones en 2018. En el periodo 2000-2016, los principales países inversores en Colombia han sido USA (21,1 %); Reino Unido (12,2 %); España (8,8 %) y Suiza (6,1 %). España es un importante socio comercial de Colombia. Ocupa el puesto 7 como país de origen de las importaciones colombianas, con un 2 % del total (nov-2019). Las exportaciones españolas a Colombia están muy diversificadas. España se sitúa como el 14.º país de destino de las exportaciones colombianas, recibiendo el 1,3 % del total. Por su parte, en 2018 Colombia ha invertido 307,9 M$ en España, mejorando ampliamente la cifra de 2017, (18,7 millones) que supuso el dato más bajo la serie histórica.

1.2.3.3 Energía.

Durante 2017, la cobertura eléctrica en viviendas fue, a nivel nacional, del 97,02 %. La cobertura de gas combustible fue de 9,294 millones de usuarios conectados por redes de gas natural, 2,125 millones de usuarios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por cilindro y 90.000 usuarios conectados a GLP por red. Cabe destacar que actualmente cerca de 982.000 hogares cocinan con leña o carbón (CONPES 3934, 2018). Aunque la cobertura del servicio de electricidad es hoy superior al 97 % en el país, hay más de 400 000 viviendas sin servicio de energía eléctrica (431 137 en 2017, según el Plan Indicativo de Expansión de la Cobertura, PIEC (UPME, 2018).

1.2.3.4 Economía y desarrollo rural.

Las subregiones rurales remotas y cercanas a ciudades tienen altos niveles de pobreza multidimensional, con carencias asociadas a distintas variables: bajo logro educativo, rezago escolar, analfabetismo, informalidad del empleo, acceso a salud y servicios públicos domiciliarios, conectividad a internet (8,7 % a banda ancha), falta de infraestructuras, escasa y débil presencial estatal, insuficiente tecnificación de los procesos, falta de relevo generacional, etc.

En julio de 2018 existían, según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 772 resguardos indígenas legalizados (más de 32 millones de Has) así como 207 consejos comunitarios (5,7 millones de Has). La superficie total adjudicada equivale al 33 % de la continental del país.

En relación con el mercado laboral, apenas el 38,2 % de los ocupados en los municipios rurales y rurales dispersos desarrollan actividades no agropecuarias, pese a que estas generan el 85,3 % del valor agregado total (DANE, 2014).

Además de los problemas comentados, la actividad armada y la producción y tráfico de ilícitos desestructuran la asociatividad rural, laminan los liderazgos comunitarios, desplazan población a cabeceras municipales que no tienen capacidad de absorber esa mano de obra y generan despoblación en el campo y marginalidad e inseguridad en centros urbanos.

En la pandemia, los gobiernos locales se han visto obligados en primera instancia a la reorientación de recursos para atender la emergencia. De otra parte, han tenido una afectación en las finanzas públicas de que han visto reducidos en un 40 % sus ingresos propios al igual que han visto una disminución en recursos provenientes de transferencias o regalías. Muchos gobiernos locales están orientando sus estrategias hacia la recuperación económica local, con énfasis en estrategias orientadas a organizaciones de productores para facilitar su acceso a mercados y el abastecimiento local de alimentos.

1.2.3.5 Industria y Servicios.

La actividad industrial mantiene una tendencia histórica ligeramente descendente en cuanto a su aporte al PIB nacional (entorno del 27 %). La industria colombiana se ubica mayoritariamente en torno a las principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga). Sobresalen las industrias de alimentos y bebidas, las textiles, de productos químicos y de fabricación de papel, cartón y sus productos.

El sector servicios continúa su tendencia de aportación creciente al PIB nacional (54,50 % en 2017) destacando los sectores financieros y el comercio. El turismo registra igualmente un incremento progresivo de visitantes que afecta favorablemente a toda la industria conexa: hospedaje, restauración, transporte, etc., representando en torno al 2 % del PIB nacional. A pesar del enorme potencial de Colombia para el turismo interior, la situación de inseguridad en numerosas zonas del país y las deficiencias en materia de comunicación vial y las limitaciones en la oferta de hotelería y restauración lastran las posibilidades de un mayor crecimiento. El impacto de la pandemia y las medidas de confinamiento, restricciones a la movilidad aérea y otras medidas de bioseguridad asociadas, está siendo gravísimo, por ejemplo, en ciudades como Cartagena el 30 % de los empleos están asociados al turismo el cual se vio literalmente paralizado durante siete meses.

1.2.3.6 Empleo.

En abril de 2020, con el inicio de las medidas de prevención frente a la pandemia, la tasa de desempleo en Colombia llegó a 19,8 %. Por su parte, en diciembre de 2020 la tasa registró 13,4 % y en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 15,6 %. Se registró una clara diferencia por sexo (10,1 % hombres versus 17,9 % en mujeres). La población ocupada fue de 21,4 millones de personas (12,9 hombres y 8,5 mujeres). De esta cantidad total, 8,7 millones serían trabajadores por cuenta propia. La informalidad en diciembre de 2020 sería del 49,5 %. (Datos DANE). En el 2019, la brecha salarial general entre hombres y mujeres fue de 12,9 %. Las mujeres rurales tienden a desarrollar una actividad laboral más heterogénea que las de los hombres (éstos eminentemente vinculada al sector agropecuario). Así mismo las mujeres rurales dedican más tiempo que las urbanas a actividades de trabajo doméstico y cuidado no remunerado, lo que podría explicar en parte la menor tasa de participación femenina rural (42 %) en relación con la masculina (76 %) (DANE 2017).

Según el DANE, la tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 23,5 %, registrando un aumento de 6,0 p.p frente al trimestre móvil agosto-octubre 2019 (17,5 %).

Según DANE 2018, el trabajo no remunerado podría representar el 20,5 % del PIB colombiano y la provisión de servicios de cuidado representan una buena proporción de ese trabajo. En el caso de personas cuidadoras, el 22,6 % no reporta afiliación a la seguridad social, porcentaje que se eleva hasta el 81 % para las trabajadoras domésticas de los hogares. El 82 % de los hogares étnicos tiene al menos un miembro en la economía informal, mientras que ese porcentaje en hogares no étnicos es del 72 %. Los que logran acceder a empleo formal ocupan posiciones de menor cualificación y remuneración⁽²⁰⁾.

⁽²⁰⁾ Fundación Corono, Fundación ANDI, ACDIVOCA 2016).

Según ONU Mujeres-DANE 2020, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 20 % del PIB colombiano. En caso de personas cuidadoras, solo el 22 % de las mujeres cuentan con seguridad social, mientras que ese porcentaje en hombres es del 40 %.

El 70 % de las mujeres en Colombia están empleadas en sectores mayoritariamente afectados por esta crisis: comercio, turismo, hotelería y servicios. Estimaciones del Banco Mundial han identificado que de los 9.2 millones de mujeres ocupadas en el país, alrededor de 6 millones están en riesgo de perder sus empleos en el marco de la pandemia.

1.2.3.7 Economías Ilícitas.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estimaba a 31 de diciembre de 2017 que el número de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos era de 171.000. El Departamento de Estado de los Estados Unidos elevaba esta cifra hasta las 209.000 Has. Según informe UNODC 2018, Nariño sigue siendo el departamento con mayor afectación (41.903 ha), a pesar de presentar una reducción del 8 % en el área sembrada con coca. Por su parte, Putumayo, Meta y Chocó también redujeron los cultivos de coca. Los mayores incrementos se presentaron en Norte de Santander (19 %), Bolívar (39 %) y Cauca (7 %).

La minería ilegal es otro de los componentes relevantes de las economías ilegales. En informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC), la Embajada de los Estados Unidos y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, se identifica que las áreas afectadas en el país por la extracción ilícita de oro pasaron de 92.046 en 2018 a 98.028 en 2019 y que el 48 % de estas áreas se encuentran dentro de zonas de áreas naturales protegidas.

Asimismo, cabe destacar el contrabando, la falsificación y adulteración de productos, el lavado de activos o la trata de personas. Según DIAN y ANDI (2018), el contrabando en Colombia representó el 2 % del PIB nacional. El país se encuentra dentro del grupo de 10 en los que más se producen y comercializan medicamentos falsos. En cuanto a lavado de activos, según estimaciones del Banco Mundial (2017), «las bandas criminales reciben cada año por lavado de activos y financiación del terrorismo el equivalente al 1,3 % del PIB de Colombia, algo así como 7,3 billones de pesos⁽²¹⁾.

⁽²¹⁾ Recuperado de: https://www.laopinion.com.co/economia/lavado-de-activos-mueve-13-del-pib-unos-73-billones-136465#OP.

1.2.3.8 Principales problemas que afectan a instituciones y poderes públicos en Colombia.

Los resultados del Índice de percepción de la corrupción ubicaban a Colombia en el puesto 96 de 180 países. El índice de competitividad global (Foro Económico Mundial 2018) ubica a Colombia en el puesto 86 de 137 países en relación con su capacidad para garantizar condiciones para una política pública transparente.

El índice de Transparencia de Entidades Públicas⁽²²⁾ identificó 13 de las 32 gobernaciones del país en riesgo alto o muy alto de corrupción, así como a 16 de las 32 contralorías departamentales (encargadas de la vigilancia de la gestión fiscal) en esta misma situación. Las administraciones departamentales con riesgo alto o muy alto de corrupción administrativa tienden a presentar un índice de pobreza multidimensional superior al 60 % (DANE 2005). El PND 2018-2020 identifica como problemas de las Administraciones Públicas los relacionados con duplicidad y traslape de funciones; insuficiente integración e interoperabilidad de sistemas de información, así como carencia de instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación.

⁽²²⁾ Índice de Transparencia de Entidades Públicas - Transparencia por Colombia 2016.

A pesar de los esfuerzos frente a la planeación e inversión de proyectos del Gobierno nacional, se identifica la necesidad de continuar con el fortalecimiento de la coordinación y el diálogo a nivel territorial. Obstáculos operativos dificultan la concurrencia de fuentes de inversión en proyectos de impacto regional. La desactualización de los Planes de Ordenamiento Territorial a nivel municipal, sus deficiencias de información y la falta de incorporación en los mismos de estudios básicos sobre riesgo de desastres se relaciona, entre otras cuestiones, con la correspondiente desactualización de la cartografía y el catastro, que no interoperan con el registro de la propiedad ni con los demás sistemas de información territorial. El rezago en la actualización catastral está relacionado, entre otros factores, con la falta de recursos para su financiación. Las debilidades de planeación y gestión a nivel territorial podrían mejorar si existieran mayores incentivos a la asociatividad.

1.2.4 Paz.

1.2.4.1 Conflictividad y violencia, en Colombia: fenómenos y contexto.

Colombia ha fortalecido su institucionalidad y marco normativo para garantizar los derechos de las personas y prevenir su vulneración. En la Encuesta de Cultura Política del DANE 2019 sólo un 33.8 % considera que en Colombia se garantizan los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad. Según el Barómetro de las Américas (2016) el 76,6 % de los encuestados considera que el nivel de protección de los derechos humanos es muy bajo. Son los territorios más aislados y rurales de Colombia los que han aportado el volumen principal de muertos (más de 260.000) y desaparecidos (más de 80.000). Del total de cerca de 9 millones de víctimas, más de 7,8 lo han sido por desplazamiento forzado desde 1985 (ACNUR). De ellos, el 21 % sería población afrodescendiente y el 25,4 % población indígena, lo que manifiesta la especial afectación de estos grupos étnicos considerando su peso proporcional en la población total del país.

Las afectaciones humanitarias continúan en Colombia, dado que el Acuerdo Final con las FARC permitió la desmovilización de un grupo ilegal, pero persisten en los territorios otros tipos de violencia y grupos al margen de la ley. El PND 2018-2022 a pesar de señalar que las cifras de nuevos hechos victimizantes registrados en los años 2017 y 2018 han sido las más bajas de los últimos 23 años, no deja de reconocer que, entre septiembre de 2016 y septiembre de 2018, se registraron 160 desplazamientos masivos. ACNUR, a agosto de 2019, informa un total de 30.830 personas afectadas por desplazamiento masivo en 2018 y de 13.445 en la primera mitad de 2019 (43 eventos; 4.459 familias). De acuerdo con la oficina del Defensor del Pueblo, 3.333 víctimas de desplazamiento en 2019 serían indígenas y 2.929 afrocolombianos/as. Según OCHA, entre enero y julio de 2020, más de 18,600 personas fueron desplazadas en desplazamientos masivos. El 71 % fueron desplazadas en departamentos a lo largo de la costa del Pacífico. Solo en Nariño, NN. UU. ha contabilizado más de 8.000 personas desplazadas y/o confinadas.

Particularmente sensible es la conflictividad que afecta a grupos étnicos. Según el PND 2018-2022, el Ministerio del Interior reportaba un total de 191 conflictos en 59 municipios, de 22 departamentos del país. Algunas de las causas se relacionan con aspectos de gobernabilidad, representatividad, acceso a tierra y territorio, control de bienes naturales, gobiernos propios y justicia propia.

Uno de los fenómenos de violencia más graves, son las amenazas, atentados y asesinatos de líderes/as sociales, defensores/as de derechos humanos, defensores/as de la implementación del Acuerdo, de la restitución de tierras, de la sustitución de cultivos, de la naturaleza, LGTBIQ y desmovilizados/as de las FARC-EP. La OACNUDH informó en su último informe de febrero 2020, del asesinato de 108 líderes en 2019, y 56 denuncias de asesinatos en lo que va de 2020. El informe del Relator Especial de NN. UU., tras su visita a Colombia, a finales de 2018, identificaba los mayores riesgos en regiones más afectadas por el conflicto y zonas con presencia histórica de las FARC-EP en las que diversos grupos armados se disputaban el control del territorio y de las economías ilegales generando violencia y desplazamiento forzado (Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Chocó, Nariño y Putumayo, Córdoba, Meta y Caquetá).

El último informe trimestral 2020 del Secretario General de NN. UU. sobre los hallazgos de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, se informa 194 homicidios de exintegrantes de las FARC desde la firma del Acuerdo, más 13 desapariciones y 39 intentos de homicidio. Asimismo, señala las consecuencias devastadoras de la operación de grupos ilegales en territorios étnicos: reclutamientos, reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos, violencia sexual y ataques y amenazas contra autoridades y líderes y lideresas indígenas y afrocolombianos especialmente en el Pacífico colombiano (Chocó, Cauca y Nariño), con una respuesta institucional limitada a pesar de las repetidas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, tanto el Relator como la ACNUDH refieren un grave aumento de asesinatos en contra de las mujeres defensoras, con un incremento del 50 % de asesinatos en 2019, comparado con 2018. Además, la violencia contra las lideresas y mujeres activistas de derechos humanos tiene efectos diferenciados sobre éstas, manifestándose en mayores índices de violencia sexual previa al asesinato, que incluyen actos de tortura y enseñamiento, así como amenazas y homicidios a familiares como forma de castigo e intimidación.

Es importante mencionar que el Gobierno de Colombia ha procurado la articulación de más de 15 entidades estatales para lograr que la totalidad de la población en proceso de reincorporación estuviese cubierta por la política de seguridad, que incluye más de 52 medidas específicas de refuerzo a la seguridad en materia de prevención, protección, reacción frente a situaciones de inminencia, investigación y judicialización, y seguridad humana integral. Con la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización el 15 de agosto del 2017, se dio inicio con los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en estos espacios algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno de Colombia han sido 24 Unidades Básicas de Carabineros UBICAR, de la Policía Nacional-UNIPEP (Más de 800 efectivos de policía.), 72 Pelotones del Ejército Nacional y Armada Nacional, CCOET. (Más de 2200 efectivos de ejército) y 24 esquemas de protección colectivos-Unidad Nacional de Protección-MTSP.

1.2.4.2 Víctimas.