Acta de la X Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación por el que se aprueba el Marco de Asociación País España-Colombia 2020-2024, hecha en Bogotá el 26 de febrero de 2021

Con corte a 31 de diciembre de 2020, el Registro Único de Víctimas tiene reconocidas 9.057.952 personas que individualmente han sido afectadas por algún hecho victimizante. De este número de víctimas, aproximadamente 2.428.990 de ellas están ubicadas en los 170 municipios PDET priorizados para la intervención de la implementación de la Política de Paz con Legalidad, casi la tercera parte de todas las víctimas registradas. De un universo total de 765 sujetos de reparación colectiva incluidos en el Registro Único de Víctimas, 398 sujetos se ubican en los municipios PDET. Es decir, el 52 % de los sujetos del Programa de Reparación Colectiva están en los 170 municipios priorizados. Frente a los planes de retornos y reubicaciones se cuenta con 101 planes aprobados en municipios PDET⁽²³⁾.

⁽²³⁾ https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394.

Las medidas de los planes de reparación colectiva y las de los planes de retornos y reubicaciones que contribuyan al desarrollo territorial quedan incorporadas dentro de la hoja de ruta de implementación de los 170 municipios PDET, lo que permitirá su implementación gradual y progresiva y coherente con el desarrollo de las regiones PDET. Así se ha previsto en el PND 2018-2022 y en la Política de Paz con Legalidad, sin embargo, el coste de estas medidas es demasiado elevado y los recursos del Estado resultan ser insuficientes, Por esta razón, para el Gobierno nacional es fundamental la convergencia de distintos apoyos financieros y técnicos como los de la cooperación internacional.

Con respecto a la restitución de tierras despojadas y a 30 de abril de 2020, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), encargada del proceso de tramitación administrativa de las reclamaciones habría recibido un total de 125.581 de las cuales, 104.724 son solicitudes habilitadas para la etapa administrativa, de ellas, 81.810 casos han finalizado esa etapa De las 22.914 solicitudes restantes, 19.986 están en trámite y 2.929 están suspendidas. Según las estadísticas de URT. Con corte 30 de octubre 2020, han sido restituidas 384.051has. de un total de 6.500.000 has. despojadas/ abandonadas, lo que representa el 5,9 %.

1.2.4.3 Afectación por Minas-Desminado Humanitario.

Se reportan a 31 de enero de 2021, 11.994 víctimas por minas antipersonales en Colombia. El grupo demográfico más afectado son los mayores de edad de sexo masculino (65 %); seguido de los menores de edad del sexo masculino (20 %) y luego las personas menores de edad del sexo femenino (8 %) y las menores de edad del sexo femenino (6 %). Los Departamentos con más víctimas fueron: Antioquia (1189), Nariño (661), Meta (421), Norte de Santander (285) y Cauca (276). En el periodo reciente, 2016 fue el año con más víctimas. En lo corrido del año 2021, se han presentado 8 víctimas. Los avances registrados a 31 de enero de 2021 incluyen 8.05 millones de metros cuadrados de área liberada; 7698 artefactos destruidos o neutralizados. 6 departamentos y 407 municipios habrían sido liberados de sospecha de minas mientras se estaría en intervención en otros 159 municipios⁽²⁴⁾.

1.2.5 Cultivos Ilícitos y Programas de Sustitución Voluntaria.

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), creado en 2017, se encontraba en 2018 en implementación en 53 municipios, integrando a 87.431 familias beneficiarias y habiéndose erradicado 30.265 Has, tanto de forma voluntaria como asistida por la Fuerza Pública. Se habría atendido a 29.552 familias con asistencia técnica integral. El 86 % de estas acciones se habría desarrollado en municipios PDET, en los que se concentra el 94 % de los cultivos de coca.

El último informe trimestral 2019 del Secretario General de NN. UU. a raíz de los hallazgos de la Misión de verificación, alude cifras de erradicación voluntaria brindadas por UNDOC que ascenderían a 40.506 has desde agosto de 2017. Según esa misma fuente, 38.525 familias habrían recibido un año completo de pagos provisionales, 60.842 habrían recibido asistencia técnica y 34.492 apoyo para proyectos relacionados con la seguridad alimentaria. 95 % de las familias estarían cumpliendo los compromisos voluntarios de erradicación. Alerta sobre el hecho de que personas y organizaciones sociales que participan en el Programa estén siendo objeto de amenazas, ataques y asesinatos y alude a la preocupación de algunas familias involucradas por las demoras en la implementación de proyectos productivos alternativos e inversiones en desarrollo local fundamentales para apoyar la transición hacia el abandono de las economías ilícitas. 46.687 personas víctimas están vinculadas al PNIS.

De acuerdo con el informe septiembre-diciembre 2020, el PNIS continúa implementándose en 56 municipios de 14 departamentos, que concentran el 65 % de los cultivos de coca del país. Participan 99.097 familias, el 36,5 % de las cuales están encabezadas por mujeres. Según UNODC, la tasa de cumplimiento de las familias participantes se sitúa en el 97 % y la tasa de resiembra es solo del 0,2 %, lo cual demuestra la eficacia de la erradicación voluntaria y su potencial para que las familias dejen de depender de los cultivos ilícitos, siempre y cuando esas comunidades dispongan más rápidamente de oportunidades de desarrollo sostenible.

El Gobierno de Colombia con corte al 31 de diciembre del 2020, informó que desde agosto de 2018 ha invertido en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) $923.406.621.687,18 (USD $243 M) a través del Fondo Colombia en Paz, beneficiando a 99.097 familias, de estas 35.353 son mujeres titulares de su núcleo familiar, adicionalmente el acumulado de hectáreas erradicadas durante la vigencia del Programa es de 43.067.

1.2.5.1 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Los PDET, previstos en el Acuerdo Final, son ejercicios ampliamente participativos de priorización de necesidades de desarrollo cuya implementación impactaría a 6,5 millones de personas (2,5 millones de víctimas), al 24 % de la población rural del país y al 57 % de la población rural afectada por pobreza multidimensional. Existen 16 PDET que agrupan 170 municipios, especialmente afectados por la violencia y condiciones de pobreza. En estos municipios se encuentra el 94 % de los cultivos de coca; la tasa de homicidios está 12 puntos por encima de la media nacional y la de secuestros es el doble de dicha media. La proporción de víctimas es 2,5 veces mayor y cerca del 50 % de las acciones armadas en 2017 ocurrieron en esos territorios. El 25,6 % del territorio que ocupan tiene conflictos por uso de suelo y su tasa de deforestación es el doble de la nacional, pese a contar una mayor proporción de territorio con áreas protegidas y concentrar el 40 % del área boscosa del país. Se trata de municipios con baja densidad poblacional y alto porcentaje de población residiendo fuera de las cabeceras.

Los PDET implican la ejecución de miles de proyectos estructurados en 8 pilares: 1) Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo. 2) Infraestructura y Adecuación de Tierras. 3) Salud. 4) Educación rural y primera infancia. 5) Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural. 6) Reactivación económica y producción agropecuaria. 7) Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación, y 8) Reconciliación, convivencia y construcción de paz.

La implementación del enfoque de género depende de la participación de las mujeres en los procesos de construcción y seguimiento de los PDET, por lo que resulta fundamental la formación y empoderamiento de las mujeres rurales en temas de participación. El enfoque de género se ha aplicado teniendo en cuenta a las organizaciones LGBTI visibilizadas en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, como un grupo de población especialmente vulnerada.

1.2.5.2 Reincorporación de excombatientes.

En Colombia, según el PND 2018-2022, a 31 de agosto de 2018, se habrían desmovilizado 60.193 personas de forma individual o colectiva. 22.278 personas habrían culminado el proceso de reincorporación a esa fecha y 8.763 seguirían involucradas en el mismo. Los procesos de reincorporación habrían facilitado la alfabetización de 41.773 personas, de las cuales 16.211 serían ahora bachilleres y 2.846 habrían adelantado estudios de educación superior. Por su parte, 29.297 personas se habrían vinculado a diferentes actos de reconciliación con sus comunidades.

Actualmente, la ARN adelanta la estrategia de transformación de los ETCR con la que se pretende facilitar y adquirir predios para excombatientes de las FARC-EP, con el fin de promover el acceso a la vivienda y a proyectos productivos como mecanismo de arraigo social y compromiso con la legalidad. Esto, a través de la coordinación con otras agencias del nivel nacional y gobiernos locales, para orientar los procesos de organización del territorio a través de acompañamientos en planeación y ordenamiento territorial que faciliten la adhesión y administración de los territorios de asentamiento de excombatientes y sus proyectos productivos.

De los 24 ETCR actuales 13 tendrían vocación de consolidación y 11 presentan barreras de distinta índole para la estabilización, lo que podría llevar a cambiarlos de ubicación. Los 13 primeros tendrían que transformarse en centros poblados integrándose a la estructura administrativo-territorial de las alcaldías en las que se encuentran ubicados. En lo que se aclara la situación de los ETCR, el gobierno compromete la continuidad de los apoyos en materia de renta básica, alimentos, proyectos productivos o atención en salud. El informe de la Comisión multipartidista del Legislativo de noviembre de 2019 alude con preocupación al Decreto 1629 de 2019, que dejaría en cabeza del Gobierno Nacional la definición de los lugares y términos para la continuidad de estos espacios.

El área de mayor preocupación sería la del acceso a proyectos productivos. Al 31 de diciembre del 2020 existían 86 proyectos colectivos aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), los cuales vinculan a 3.353 personas en proceso de reincorporación por un valor superior a $39.176.155.362 (USD 10,3M). De estos, 63 ya desembolsados vinculan a 2.683 personas en proceso de reincorporación, por un valor de $29.997.023.673 (USD 7,89M) de los cuales $21.464.000.000 (USD 5,64M) corresponden a aportes del Gobierno Nacional. Desde el punto de vista territorial, solo el 50 % de los ETCR contaría con algún proyecto productivo desembolsado. Lo anterior es especialmente grave si se tiene en cuenta la reducción de presupuestos de la Agencia para la Reincorporación y Normalización para 2020.

Sólo un 5,6 % de los excombatientes habría accedido a la reincorporación institucional, principalmente como funcionarios de la UNP, la ARN y el Ministerio del Deporte.

A 30 de abril de 2020, de las 13.510 personas acreditadas por la OACP, la ARN ha atendido a 12.767 personas en proceso de reincorporación y ha otorgado beneficios económicos (Asignación Única de Normalización, Renta Básica y Asignación Mensual) por valor de $180.308 millones (USD 45,08 M).

1.2.5.3 Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR).

Elemento sustantivo del Acuerdo Final con las FARC, engloba un conjunto de instancias y mecanismos judiciales y extrajudiciales destinados a satisfacer en lo posible los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en el mismo y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición del conflicto.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): Es el componente de justicia del Sistema Integral. Tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. Su existencia no podrá ser superior a veinte años. Podrá conocer de los delitos los cometidos por excombatientes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles, aunque sobre estos dos últimos, la Corte Constitucional aclaró que su participación sería voluntaria.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición: Su mandato es el de esclarecer y promover el reconocimiento de las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que tuvieron lugar con ocasión del conflicto. Igualmente, debe esclarecer y promover el reconocimiento de las responsabilidades colectivas por estas prácticas y hechos; el impacto humano y social del conflicto en la sociedad y en las diferentes poblaciones y grupos, el impacto de la violencia armada en el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia; el contexto histórico, los orígenes y causas; los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia de la violencia armada; el fenómeno del paramilitarismo o la relación entre la violencia armada y el narcotráfico, entre otros.

La Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el contexto y debido a la violencia armada: Tiene como objetivo dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y debido a la violencia. Son competencia de la UBPD las desapariciones ocurridas antes del 1 de diciembre de 2016, con la firma del Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y los exintegrantes FARC, sucedidas en el contexto y debido a la violencia armada, y que corresponden a cualquiera de las siguientes circunstancias: Desaparición forzada, Secuestro, Reclutamiento ilícito y Hostilidades, tanto para regulares (miembros de la Fuerza Pública) como irregulares (miembros de grupos armados al margen de la ley). Su mandato es de veinte años.

1.3 La Cooperación Española en Colombia.

1.3.1 Antecedentes.

Colombia se sitúa entre los países de desarrollo humano alto, con un IDH de 0,761, ocupando la posición 79 de 189 países. Sin embargo, siguen siendo preocupantes sus niveles de desigualdad. El IDH ajustado por la Desigualdad baja a 0,585, siendo el país más desigual de América Latina. El conflicto interno que ha venido sufriendo el país desde hace cinco décadas, ha sido el principal problema para su desarrollo y lo que justifica la importante presencia de la Cooperación Española en un país de Renta Media Alta. Desde la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre el gobierno y las FARC, en 2016, se han intensificado los esfuerzos para apoyar la implementación de su contenido. El alto nivel de desigualdad en el país es igualmente uno de los motivos para el trabajo de la Cooperación Española en el país.

Las relaciones de cooperación entre Colombia y España se sustentan en:

– Convenio Cultural, suscrito el 11 de abril de 1953.

– Convenio Básico de Cooperación Científica y Tecnológica suscrito el 27 de junio de 1979.

– Convenio Marco de Cooperación entre Colombia y España, que sustituye al Convenio básico de 1979. El Congreso de los Diputados y el Senado dieron en 2018 su autorización para que el Estado español pueda obligarse al Convenio. Pendiente de aprobación por la parte colombiana.

– Acuerdo Complementario General de Cooperación del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica, firmado el 31 de mayo de 1988.

– Tratado General de Cooperación y Amistad entre la República de Colombia y el Reino de España, firmado el día 29 de octubre de 1992.

En la IX Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación (24 de noviembre de 2015) se aprobó el Marco de Asociación País (MAP) 2015-2019, que tuvo como objetivo contribuir al fortalecimiento del Estado Social de Derecho para la construcción de una paz estable y duradera y la prevención de conflictos en Colombia, focalizando el trabajo en las siguientes orientaciones estratégicas: a) Consolidar los procesos democráticos y el Estado de Derecho, b) Promover oportunidades económicas para los más pobres, c) Cohesión social (agua y saneamiento), d) Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género y e) Acción Humanitaria. Las intervenciones se han desarrollado en los Departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Bolívar, la Guajira, y en Bogotá D.C.

1.3.2 AOD española a Colombia 2015-2019.

Según datos OCDE, España representó en 2017 – 2018 el octavo donante a Colombia, siendo los primeros Alemania, Estados Unidos, Francia y la Unión Europea. La AOD española bruta total a Colombia entre 2008 y 2018 ascendió a 472,9MUSD. Siendo esta AOD no reembolsable en el periodo del MAP 2015-2019 de 78 M€, superior a los 50 M€ previstos en el MAP (Documento adicional 1).

Tanto para la Administración General del Estado como para la cooperación descentralizada el 90 % de la AOD 2016-2019 se ha dirigido en el periodo a los cinco ODS siguientes: ODS16 Paz, justicia e instituciones sólidas 54 %, ODS5 Igualdad de género 20 %, ODS4 Educación 6 %, ODS1 Fin de la pobreza 5 %, y ODS2 Hambre cero 4 %. En Colombia hay una gran presencia de cooperación descentralizada, llegando en el periodo 2015-2019 al 49 % de la AOD española a Colombia.

Colombia es un país prioritario para la cooperación no gubernamental española. 36 organizaciones mantienen un trabajo permanente en el país con una alta representación permanente. El ámbito de actuación prioritario de las ONGD es la construcción de paz, los derechos humanos y derechos de las mujeres, seguidos por el desarrollo productivo.

La actuación a través de organismos multilaterales ha estado centrada en el periodo del MAP anterior en: Acción humanitaria (OCHA, ACNUR, CICR), Construcción de paz (PNUD, MAP-OEA, SNU con el Fondo Multidonante), desarrollo productivo (FIDA⁽²⁵⁾, PNUD) y género (ONUMUJERES).

⁽²⁵⁾ Las aportaciones a FIDA han sido anteriores a 2015, sin embargo, se están ejecutando durante el periodo.

1.3.3 Gobernanza del MAP.

La Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación del MAP, fue creada en 2015 como mecanismo de coordinación de alto nivel entre el Gobierno colombiano y la Cooperación Española. Dicha Comisión está conformada, por parte colombiana, por la Cancillería⁽²⁶⁾, la Agencia Presidencial de Cooperación (APC-Colombia) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y, por parte española, por la Embajada y su OTC. La Comisión se reúne periódicamente para realizar el seguimiento de la cooperación conjunta y tomar decisiones sobre la programación en el marco del MAP. En el seno de la Comisión se ha participado en la revisión final del MAP 2015-2019 y se ha lanzado la negociación de este MAP 2020-2024.

⁽²⁶⁾ Departamento correspondiente al Ministerio de Asuntos Exteriores en España

El Grupo Estable de Coordinación, funciona desde 2010 y tiene un carácter representativo dado que aglutina a todos los actores de la Cooperación Española en Colombia⁽²⁷⁾. Presidido por la Embajada, cuenta con la presencia de las Consejerías implicadas, la OTC, el Centro de Formación en Cartagena de Indias, las ONG, las empresas representadas por la Cámara de empresarios españoles en Colombia, la Cooperación Descentralizada y las Universidades representadas por el Agregado de Educación.

⁽²⁷⁾ Documento adicional 1: Resumen de AOD y trabajo de los actores de la Cooperación Española en Colombia 2015-2019.

En Sede, la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación convoca al Equipo País Ampliado, incluyendo a los Ministerios con competencias dentro de la Administración general del Estado, a la AECID con sus distintas unidades y a la Cooperación Descentralizada con mayor presencia en Colombia (País Vasco, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Valencia, ayuntamientos de Madrid, Vizcaya, Guipúzcoa, Barcelona), Fundación Carolina, FIIAPP, sector privado y ONGS.

1.4 Cooperación Internacional en Colombia.

En Colombia, la Cooperación Internacional para el Desarrollo vive un momento de transición, de nuevos escenarios y retos, donde la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el eje central, y frente al cual se debe buscar mejorar la eficacia de la cooperación.

Colombia es un país de Renta Media Alta, miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), lo que lo sitúa en un contexto de posible disminución de flujos de Cooperación Internacional no-reembolsable a futuro y obliga a toda la institucionalidad a trabajar de manera coordinada para lograr una efectiva articulación y optimización de los recursos de Ayuda Oficial al Desarrollo que contribuyan a avanzar en los actuales desafíos de desarrollo que tiene el país, promoviendo la consolidación de capacidades instaladas y sostenibles.

Colombia cuenta con varios instrumentos de referencia para orientar la cooperación que recibe el país, para que responda a sus prioridades de desarrollo y cree capacidad instalada, manteniendo el principio de apropiación y alineación de la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (GPEDC):

– El Plan Nacional de Desarrollo PND 2018-2022 es la hoja de ruta que permite conocer los retos en desarrollo y las metas del gobierno;

– Los planes de desarrollo territorial que permiten identificar las necesidades específicas a nivel local;

– La Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2019-2022, que indica cuáles son aquellas demandas priorizadas para las cuales se requiere apoyo de la cooperación internacional y que a su vez responde a las prioridades del Gobierno Nacional, enunciadas en el marco de los del PND.

Orientar la cooperación internacional a estos marcos institucionales, contribuye a que los recursos que reciba el país apoyen los esfuerzos del Estado en materia de desarrollo, al mismo tiempo que promueve la focalización, lo que conlleva a mayor eficiencia en el uso de estos recursos y sostenibilidad de las intervenciones a mediano y largo plazo.

En este contexto, el Grupo de Cooperantes (GRUC) es una instancia que fue creada por la comunidad internacional con presencia en Colombia desde 2010, para dar continuidad y profundizar la coordinación de la cooperación internacional, en el que tienen presencia los principales donantes del país. Al ser una instancia exclusivamente coordinada por donantes internacionales, el GRUC invita a sus sesiones de trabajo a distintas entidades del Gobierno para fortalecer la coordinación de las acciones y conocer las prioridades de desarrollo que tiene el país. Adicionalmente, existen espacios de coordinación en el GRUC en materia de DD. HH. Otros espacios de coordinación a nivel europeo abordan temas de Género y trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil. España asumió el liderazgo de dicho Grupo de Cooperantes en enero de 2012, durante un año. En 2020 Noruega lo preside.

Además, España participa en los principales espacios de coordinación en Acción Humanitaria: equipo humanitario país (liderado por NN. UU.) y Grupo de Donantes Humanitarios (liderado por ECHO). Con la situación derivada de la crisis en Venezuela, se abren espacios adicionales o se aprovechan los existentes para tratar esta problemática.

Cuadro 3. Espacios de coordinación de donantes en Colombia

Espacios de coordinación de donantes	Características o subgrupos de donantes en los que AECID participa
A. Grupo de Jefes de Cooperación de los Estados Miembros (EEMM) de la Unión Europea.	Jefes de Cooperación de los países miembros de la UE + DUE.
A. Grupo de Jefes de Cooperación de los Estados Miembros (EEMM) de la Unión Europea.	Grupo DDHH de la Unión Europea.
B.  Fondo Europeo para la Paz.	DUE, Países miembros de la UE y Gobierno de Colombia.
C. Grupo de Donantes en Colombia GRUC.	Espacio de coordinación de los/as jefes/as de Cooperación.
C. Grupo de Donantes en Colombia GRUC.	1. Construcción de Paz y Justicia Transicional.
C. Grupo de Donantes en Colombia GRUC.	2. Derechos Humanos y Gobernabilidad.
C. Grupo de Donantes en Colombia GRUC.	3. Mesa de género.
C. Grupo de Donantes en Colombia GRUC.	4. Desarrollo rural y económico.
C. Grupo de Donantes en Colombia GRUC.	5. Medio Ambiente.
C. Grupo de Donantes en Colombia GRUC.	6. Grupo de donantes humanitarios.
C. Grupo de Donantes en Colombia GRUC.	7. Subgrupo temas administrativos.
D. Mesa de Garantías.
E. Fondo Canasta MAPP-OEA.	OEA y países donantes al Fondo Canasta.
F. Equipo Humanitario País y Equipos Humanitarios Locales.

De acuerdo con cifras consolidadas por APC-Colombia, en 2019 se registraron USD $358,02 millones de cooperación internacional para apoyar diferentes iniciativas en todo el territorio colombiano, priorizando 3 de los 5 ejes temáticos de la ENCI: Paz y estabilización territorial (28 %), Fenómeno migratorio (26 %) y Desarrollo rural (21 %).

Aunque la cooperación internacional tiene presencia en todo el territorio nacional, existe priorización en departamentos como Caquetá, Meta, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Antioquia y La Guajira que coinciden en un alto porcentaje, con la priorización territorial definida en el MAP 2015-2019, especialmente en la Costa Pacífica.

Para el caso específico de los territorios priorizados por el MAP 2015-2019, a diciembre de 2019 y específicamente en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Norte de Santander y la Guajira, se encontraban en ejecución más de 1.200 proyectos apoyados por la cooperación internacional con aportes superiores a los USD $700 millones.

La principal fuente de financiación de estos 1.200 proyectos proviene de cooperantes como USAID, que aporta el 50 % de los recursos de cooperación presentes en estos territorios, seguido de Canadá con un 14 %, Alemania con un 7 %, Bélgica con un 6 %, España y Fondos para la paz con un 4 % y Países Bajos y Suiza 3 %.

En cuanto a alineación con ODS, un 40 % de los recursos en ejecución contribuyen al cumplimiento del ODS 16. Paz justicia e instituciones sólidas, seguido del ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico con un 20 % de los recursos en ejecución.

En relación con los Marcos de financiación nacionales integrados (INFF por sus siglas en inglés), Colombia presentó al fondo de ODS de NN. UU. una propuesta dirigida a una mejor cuantificación de los recursos necesarios para el cumplimiento de los ODS, se adjudicó en junio de este año por valor de un millón euros. En esta iniciativa que ejecutará NN. UU., participan varias de las agencias del Sistema, como el PNUD, ONUMUJERES, PNUMA, y por parte del Gobierno, el DNP y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La única propuesta aprobada para América Latina es la de Colombia.

En el seno de la Unión Europea (UE) existe un espacio de coordinación entre la Delegación y los Estados Miembros con presencia en Colombia. Es este un espacio de intercambio de información y reflexión sobre posicionamientos comunes en relación con las actuaciones de cooperación. Los temas de Derechos Humanos y Género son especialmente importantes en este ámbito. El Fondo Europeo para la Paz ha congregado el interés y esfuerzos de coordinación de los Estados miembros, la Delegación de la UE y el Gobierno de Colombia en los últimos años.

De cara a la programación a futuro 2021–2027, la UE está trabajando activamente con los Estados Miembros bajo el enfoque TEAM EUROPE en la formulación de una propuesta conjunta en dos ámbitos, la construcción de paz y la economía verde.

2. Resultados de Desarrollo Sostenible

2.1 Contribución a la Agenda 2030 Nacional.

Para la elaboración de este Marco de Asociación País, la Cooperación Española se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad. Asimismo, se ha tenido en cuenta la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) 2019-2022, así como los planes sectoriales, departamentales y municipales.

Tanto el Plan Nacional de Desarrollo como la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, están enmarcados en la Agenda 2030 y establecen su correspondencia con los ODS. Han adoptado un conjunto de objetivos estratégicos para el país que toma en consideración las dimensiones sociales, económicas y ambientales del desarrollo sostenible, con el objetivo de lograr la estabilización territorial, así como el desarrollo económico e inclusivo.

Los ODS y los objetivos de la Agenda 2030 se han incorporado en gran medida en la estrategia de desarrollo de Colombia. El Plan Nacional de Desarrollo agrupa sus compromisos en tres pactos principales: Pacto por la legalidad, Pacto por el emprendimiento y Pacto por la equidad, en los cuales los indicadores y metas están directamente relacionados con los correspondientes ODS. Adicionalmente, se presentan pactos transversales con énfasis en: Descentralización, Construcción de Paz, Equidad para las mujeres, Gestión pública efectiva, Calidad y eficiencia de servicios públicos, Protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la Economía Naranja, Equidad de oportunidades para grupos Indígenas, Negros, Afros, Raizales, Palenqueros y Rrom y Participación ciudadana. En relación con las 5P (por sus iniciales en inglés) de la Agenda 2030: Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas.

Siguiendo estos pilares y objetivos de la estrategia de desarrollo de Colombia, la Cooperación Española contribuirá, a través de los distintos instrumentos y modalidades de los que se dispone, a las diferentes metas y líneas de Acción de los ODS en Colombia, para apoyar en sus reformas estructurales, en el marco de las cinco dimensiones de la Agenda 2030: Personas, Prosperidad, Planeta, Paz, y Alianzas.

En relación con las personas, la pandemia de COVID-19 ha situado al país en una situación crítica en la que ha redoblado esfuerzos para la respuesta inmediata en el plano sanitario a las personas afectadas y para la respuesta a medio plazo a las personas en situación de vulnerabilidad así como para reforzar los apoyos a las iniciativas productivas. A nivel territorial las prioridades van dirigidas hacia la atención a los municipios más afectados por el conflicto (Municipios PDET) y en mayor situación de vulnerabilidad. Adicionalmente, la situación de la migración venezolana ha exigido un esfuerzo extraordinario para el Gobierno de Colombia en la respuesta inmediata a esta población así como en la búsqueda de oportunidades económicas para la población migrante con vocación de permanencia.

En relación con la prosperidad, el énfasis del Plan Nacional de Desarrollo, en su pacto por la equidad, va dirigido a la promoción del emprendimiento y a la incorporación de las regiones (Pactos regionales) en el desarrollo económico del país. Se prioriza la promoción del empleo y el apoyo a los pequeños y medianos productores.

Sobre el Planeta el PND 2018-2022 contiene un Pacto por la Sostenibilidad que apunta a producir conservando y conservar produciendo, armonizando la producción agropecuaria con la conservación y el uso eficiente de los recursos naturales. El Pacto por la Sostenibilidad busca un equilibrio entre el desarrollo productivo y la conservación del ambiente que potencie nuevas economías y asegure los recursos naturales para las futuras generaciones. Entre las metas que recoge el Pacto se encuentra la reducción de la deforestación en un 30 % y duplicar las hectáreas con sistemas productivos sostenibles.

El Pacto por la paz, parte del hecho de que los municipios más afectados por la violencia y economías ilícitas fueron dos veces más pobres que el resto del país (2017). Las metas se centran en la estabilización de los territorios más afectados por la violencia, en el apoyo a las víctimas y en la reincorporación de la población excombatiente.

Durante 2019, APC-Colombia lideró junto con Cancillería y DNP, la elaboración de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional-ENCI 2019-2022⁽²⁸⁾. 58 entidades del nivel nacional y 51 autoridades locales (Gobernaciones y Alcaldías de ciudades capitales) participaron en este ejercicio, brindando insumos sobre sus prioridades de demanda y oferta de cooperación internacional para el cuatrienio.

⁽²⁸⁾ https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/ENCI-2019-2022-FINAL.pdf.

Teniendo como ejes orientadores la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el PND 2018-2022, y los lineamientos de Política Exterior del país, la ENCI 2019-2022 tiene por objetivo general, dirigir la gestión de la cooperación internacional que otorga y recibe Colombia, hacia sus prioridades de desarrollo, respondiendo a los retos y oportunidades del país en el escenario internacional. Para lograrlo, se propone un trabajo conjunto y articulado con todos los actores de la cooperación (entidades nacionales, autoridades locales, cooperantes, sociedad civil y sector privado), buscando fortalecer el Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SNCI) y la focalización de esfuerzos en cinco ejes de acción que hacen parte del PND 2018-2022 y contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

2.2 Alcance territorial.

La Cooperación Española centrará sus actuaciones en el periodo 2020–2024 en la Zona del Pacífico. Con una actuación enfatizada en Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Bolívar, Guajira y Norte de Santander. En estos Departamentos se centrará la actuación en los municipios PDET. En concreto, se prevé continuar con Programas de Desarrollo Territorial en los departamentos de Nariño, Chocó y Cauca.

En los MAP anteriores, se realizó una importante focalización geográfica en esta zona pacífica, avanzando en el MAP 2015-2019 hacia un enfoque territorial especialmente en los departamentos de Chocó y Nariño.

En relación con las actuaciones de los actores de la Cooperación Española se ha logrado una buena complementariedad en estas zonas prioritarias que recogen actualmente el 80 % de las actuaciones concentradas en estos departamentos priorizados del MAP.

2.3 Marco de Resultados.

Se recogen a continuación los resultados intermedios priorizados por la Cooperación Española para el periodo, que contribuyen directamente a los resultados de desarrollo marcados por Colombia, y en última instancia a los ODS priorizados (anexo I. Marco de resultados).

ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

Debido al alto número de población migrante venezolana residente en Colombia de forma regular e irregular, el Gobierno Colombiano aprobó en 2018 la «Estrategia para la Atención de la Migración desde Venezuela» (CONPES 3950). Desde entonces la atención a la población migrante ha sido activa y en distintos frentes, atención a necesidades básicas, regularización, inserción productiva.

Por otra parte, y como consecuencia del recrudecimiento del conflicto armado, cuatro años después de la firma del Acuerdo de Paz, es necesario continuar con el esfuerzo de atención a las necesidades básicas de poblaciones especialmente vulnerables y más afectadas por la violencia, que, además, están actuando como comunidades de acogida de la población migrante venezolana. Asimismo, las consecuencias de la pandemia del COVID-19 han agravado estas crisis humanitarias superpuestas y que requieren de una atención especial.

En este MAP la Cooperación Española contribuirá a las siguientes Metas del ODS 1:

Meta 1.3. Implementar sistemas y medidas apropiadas de protección social.

Línea de Acción 1.3.A. Reforzar redes de contingencia para reducir la inseguridad frente a las crisis y evitar los riesgos de recaída en la pobreza.

Resultado Intermedio del MAP:

RI.1. Población migrante venezolana, población colombiana retornada y comunidades de acogida en mayor situación de vulnerabilidad, acceden a servicios de calidad de salud, seguridad alimentaria y nutricional, así como habitabilidad y transferencias monetarias para sus necesidades, en municipios y localidades priorizados por el Gobierno nacional.

La CE establece este Resultado Intermedio enfocando su actuación para los próximos años en la colaboración con el Ministerio de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, gobiernos departamentales y alcaldías, así como instituciones públicas competentes para garantizar la cobertura de necesidades básicas y especialmente centrados en la garantía del derecho a una protección efectiva, con un enfoque integral y multisectorial. Este enfoque permitirá impulsar la cobertura de toda la ruta de protección necesaria para colectivos especialmente vulnerables, complementando los esfuerzos de las instituciones públicas colombianas, para cubrir las necesidades básicas de atención a estos colectivos: inmigrantes venezolanos, comunidades de acogida, víctimas de conflicto interno, con una atención especial a mujeres, niñas/niños y adolescentes. Asimismo, se espera la complementariedad del trabajo con la sociedad civil, ONGD especializadas y agencias de Naciones Unidas con competencia en estos ámbitos.

Así, en esta línea quedarán enmarcadas las acciones en materia de cohesión y protección social, con especial atención a población vulnerable, como forma de habilitar la adecuada transición entre la acción humanitaria, centrada en el fenómeno migratorio y víctimas de conflicto interno, y la adecuada implementación de políticas públicas de desarrollo, ampliando el alcance de su cobertura en cuanto a personas beneficiarias que están desbordando el sistema de protección de población vulnerable (en ámbitos como el de salud o registro público), como en la necesidad de ampliar la capacitación y fortalecimiento institucional en la respuesta de diseño e implementación de rutas de protección para colectivos especialmente vulnerables. Se trata, por tanto, de apoyar al Estado colombiano en la construcción del nexo humanitario-desarrollo, para ofrecer sostenibilidad al sistema público de respuesta a la vulnerabilidad.

El alcance de este resultado se abordará desde el trabajo bilateral de la AECID, con instituciones competentes en la garantía de los servicios básicos referidos, en colaboración con las alcaldías, así como desde convocatorias de proyectos de la AECID y de cooperación descentralizada. También se trabajará por medio de cooperación multilateral en aquellos casos en que se estime aportan un valor añadido, dado su mandato en el país de atención a población migrante o especialmente vulnerable.

ODS 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

El sector rural colombiano, eminentemente agrícola, ha carecido de políticas de Estado de largo plazo por lo que en él se concentran los mayores índices de pobreza, inseguridad alimentaria, informalidad laboral, etc., y que conviven con dinámicas de violencia y economía ilícita.

El Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia de Cooperación Internacional de Colombia (ENCI) apuntan al Desarrollo rural destacando la mejora de la productividad de la Colombia rural, el aprovechamiento de mercados internacionales y la aceleración de la inclusión productiva (Pactos estructurales), todo ello de forma sostenible e incorporando tecnología e innovación para el desarrollo productivo (Pactos transversales).

Como se indica en el V Plan Director de la Cooperación Española, para abordar la lucha contra el hambre y la malnutrición es necesario trabajar desde múltiples dimensiones entre las que se encuentran la falta de acceso a recursos productivos de los pequeños productores y las carencias en las condiciones del empleo rural o el acceso a los alimentos, abordándolas a través de la producción inclusiva y el refuerzo de los sistemas agroalimentarios sostenibles.

Por eso, se prioriza el trabajo en:

Meta 2.3. Aumentar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos a pequeña escala, a través de dos líneas de acción:

L.A. 2.3.A. Fomentar que hogares y comunidades produzcan alimentos para su autoconsumo de manera sostenible y

L.A. 2.3.B. Apoyar a productores rurales a que aumenten de manera sostenible la producción y productividad de sus explotaciones agrarias.

Hay que destacar que el apoyo al desarrollo económico territorial es uno de los ámbitos de especialización de la Cooperación Española en Colombia en su propósito por aportar a la generación de condiciones de paz, especialmente en aquellos territorios y poblaciones más afectados por el conflicto. Por lo que, en el periodo de este MAP, la Cooperación Española en Colombia contribuirá al ODS 2 apuntando al siguiente resultado:

RI.2. La población rural estructura e implementa proyectos productivos sostenibles con enfoque de cadena y énfasis en actividades de agregación de valor (acopio y transformación) y comercialización en mercados internos y externos, que dinamicen la reactivación económica y la seguridad alimentaria, beneficiando sus emprendimientos y MiPymes rurales, en los territorios priorizados por el Gobierno Nacional y orientados especial y diferencialmente a mujeres, víctimas, personas en proceso de reincorporación y población étnica de los consejos comunitarios y resguardos indígenas con énfasis en las subregiones PDET.

A través de cooperación técnica y financiera se apoyarán proyectos de fortalecimiento de cadenas productivas agropecuarias, para hacerlas más inclusivas y competitivas, orientados a la mejora de la productividad y agregación de valor, al fortalecimiento organizativo y de gobernanza, así como a la mejora de la financiación pertinente y la conexión a mercados locales e internacionales.

Para ello, se tendrán en cuenta estrategias de cualificación de los recursos humanos y de investigación aplicada e innovación, partiendo del valor agregado que España tiene en este ámbito, y se promoverán alianzas con y entre el sector público, privado y productivo, así como con actores claves territoriales, en aras de garantizar la eficacia y sostenibilidad de las acciones. Partiendo de las políticas públicas sectoriales, se buscará apoyar la implementación de éstas en el ámbito territorial, con el necesario enfoque diferenciado de acuerdo a las particularidades de cada territorio y de los grupos poblacionales de focalización.

Tendrán una especial atención iniciativas en zonas PDET, donde se concentra un porcentaje importante de población víctima del conflicto, y de apoyo a la reincorporación socioeconómica de excombatientes de las FARC-EP. Estas últimas, con énfasis en propuestas colectivas, así como las orientadas a la inclusión y el empoderamiento económico de las mujeres y de la población étnica, a través de estrategias que parten del análisis de sus condiciones y necesidades particulares. Se tendrá en cuenta así mismo enmarcar estas iniciativas en estrategias de reactivación económica local, favoreciendo el acceso a medios de producción y circuitos cortos de suministro y comercialización.

Para estos propósitos, se articularán diversas modalidades e instrumentos de cooperación, teniendo en cuenta los más pertinentes y eficaces en cada caso. Se pondrán a disposición las herramientas de cooperación no reembolsable, canalizadas a través de socios colombianos (institucionales y de sociedad civil) así como de actores españoles en alianzas conjuntas de ambos países, fundamentalmente de sociedad civil y sector privado. Excepcionalmente, se considerará la cooperación multilateral para sumarse a propuestas en las que se identifique un claro valor agregado y se pondrán a disposición instrumentos de cooperación reembolsable que, en todo caso, buscarán apalancar y ser complementarios al resto de modalidades.

ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Colombia ha logrado avances importantes hacia la igualdad de género, principalmente en las leyes y los marcos de políticas públicas y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres y las niñas en las décadas recientes. No obstante, los cambios, visibles en distintos ámbitos, han sido lentos, desiguales e insuficientes y persisten importantes brechas de desigualdad. El Pacto de Equidad para las Mujeres (Pacto transversal del Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022) establece como Hoja de ruta al 2030 «Colombia será un país donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades y puedan desarrollar sus derechos en un ambiente libre de violencias y estereotipos». Reduciremos las inequidades entre mujeres y hombres asociadas al trabajo, al ingreso y a la participación. Para ello, se concretaron cinco objetivos y 10 estrategias de intervención.

Hay que destacar que la igualdad de género ha sido y sigue siendo, una seña de identidad de la Cooperación Española en Colombia. En este MAP, se continuará con el desarrollo de capacidades y empoderamiento de las mujeres como eje central de las intervenciones, así como con el impulso del enfoque de transversalización de equidad de género en relación a los otros ODS priorizados.

El Centro de Formación en Colombia colabora e impulsa procesos de diálogo de políticas y fortalecimiento de capacidades institucionales nacionales y locales en las áreas priorizadas y de interés mutuo. A través de los Proyectos de Conocimiento para el Desarrollo (PCD) desarrolla acciones de cooperación técnica de ámbito regional con un planteamiento de cooperación sur-sur y triangular. Así mismo, se articulan Laboratorios de Innovación Pública especializados en áreas temáticas prioritarias, entre las que se encuentra la igualdad de género, población afrodescendiente, gobernabilidad democrática y se impulsará alianzas con el fin de fortalecer las capacidades institucionales y el dialogo de políticas entre homólogos creando un espacio de dialogo iberoamericano compartido.

En el periodo 2020-2024, la Cooperación Española en Colombia contribuirá al ODS 5 mediante el acompañamiento a programas de protección, prevención y atención de mujeres víctimas de las Violencias Basadas en Género, el empoderamiento económico de las mujeres y el acceso a servicios y/o programas de salud sexual y reproductiva, destacando las siguientes metas y líneas de acción:

Meta 5.5. Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades.

L.A.5.5.C. Potenciar el acceso de las mujeres a recursos económicos (tierra, crédito, etc.).

Resultado Intermedio del MAP:

RI.3. Las mujeres fortalecen su capacidad de generar ingresos y recursos a partir del acceso al trabajo digno, remunerado y en condiciones de igualdad.

Los actores de la Cooperación Española contribuirán con este resultado mediante el incremento de la autonomía económica de las mujeres, el empoderamiento y la inserción laboral para reducir las brechas de género en Colombia. De acuerdo con las estrategias de reactivación económica para las mujeres urbanas y rurales, continuaremos apoyando con formación especializada, asistencia técnica en territorio, mejora de sus fuentes de ingresos y perfeccionamiento de sus conocimientos y prácticas de planificación, gestión, administración, agregación de valor y comercialización.

Este resultado se abordará desde el trabajo bilateral de la AECID y desde las convocatorias de la AECID y Cooperación Descentralizada para proyectos de ONGD españolas, tanto con instituciones públicas colombianas, como con organizaciones de mujeres y organizaciones feministas en el país.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.

L.5.2.a. Trabajar para que las mujeres víctimas de violencia de género están amparadas por marcos integrales que protegen eficazmente sus derechos.

Resultado Intermedio del MAP:

RI.4. Las mujeres víctimas de violencia de género acceden a servicios integrales de calidad, permitiéndoles disfrutar de entornos Libres de Violencia Basada en Género (VbG).

La prevención y atención de todas las formas de violencia contra las mujeres se encuentra incluida en las agendas del gobierno colombiano, tanto a nivel central como a nivel descentralizado. Asimismo, se cuenta con un Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, aprobado en 2012, así como con la voluntad política expresada en las metas de los planes de desarrollo departamental, municipales y nacional.

La Cooperación Española continuará acompañando al Gobierno y a las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas en intervenciones orientadas a promover respuestas integrarles para contribuir a una vida libre de violencias, a impulsar la coordinación interinstitucional, el intercambio de las lecciones aprendidas y el fortalecimiento de los servicios y medidas puestos en marcha para la protección de las mujeres y niñas víctimas de violencias basadas en género.

Este resultado se abordará tanto desde el trabajo bilateral de la AECID, como a través de las convocatorias de la AECID y Cooperación Descentralizada para proyectos de ONGD españolas. Se colaborará tanto con instituciones colombianas como con organizaciones de mujeres y organizaciones feministas en el país, así como desde los programas desarrollados por los organismos del Sistema de NN. UU.

Meta 5.6. Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.

Resultado Intermedio del MAP:

RI.5. Las mujeres acceden a servicios de salud sexual y reproductiva tales como planificación familiar, control del embarazo, parto seguro, apoyo en lactancia y atención postparto, con especial atención a mujeres migrantes y población de las comunidades de acogida.

El trabajo de la CE se centrará principalmente en acompañar al sistema de salud para impulsar una política pública integral de salud sexual y reproductiva, con enfoque de género y de diversidad cultural, que contribuya a disminuir las barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, apoyando el impulso de iniciativas para la reducción de la mortalidad materna, el uso de anticonceptivos, eliminación de violencias, eliminación de prácticas nocivas, mediante la asistencia técnica especializada a las institucionales, dotación de insumos y el fortalecimiento de las comunidades, con asistencia técnica y acciones de incidencia.

Este resultado se abordará tanto desde el trabajo bilateral de la AECID, como con las convocatorias de la AECID y Cooperación Descentralizada para proyectos de ONGD españolas. Se contribuirá al trabajo de las instituciones colombianas, además del de las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas en el país. Asimismo, se apoyará a los programas desarrollados por los organismos del Sistema de NN. UU. y se articulará tanto con instituciones colombianas como con organizaciones de mujeres y organizaciones feministas en el país.

ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos/as.

La falta de oportunidades de empleo e inserción laboral de la población del territorio constituye uno de los mayores riesgos de conflictividad y vinculación a economías ilícitas, por lo que, estimular la generación de empleo y fortalecer su capacidad de emprendimiento, innovación y diversificación productiva constituyen factores estratégicos de desarrollo y paz, como lo recoge el Plan Nacional de Desarrollo.

Siguiendo los establecido en el V Pan Director de la Cooperación Española, se prioriza lograr empleo digno y de calidad (Meta 8.5), además del fomento de políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales (Meta 8.9). Por otra parte, se especifica la importancia de la capacitación de las personas más vulnerables, en su formación técnica y profesional, para favorecer su empleabilidad. Asimismo, la Cooperación Española apuesta por la promoción de las competencias emprendedoras y el emprendimiento como estrategia de desarrollo y diversificación económica territorial en Colombia. Así, se apunta a las siguientes metas y líneas de acción:

Meta 8.5. Lograr empleo digno y de calidad.

L.8.5.a. Apoyar un marco regulatorio y de políticas que garantice unas condiciones laborales formalizadas y estables.

Resultado Intermedio del MAP:

RI.6. Las personas en condición de vulnerabilidad (con énfasis en jóvenes, mujeres, víctimas, personas en proceso de reincorporación y población rural en territorios PDET, incluyendo liderazgos de modelos de sustitución) acceden a formación ocupacional, servicios de empleabilidad e inserción laboral, con apoyo al desarrollo de iniciativas.

La formación ocupacional en oficios es una prioridad del gobierno colombiano para la inserción laboral. Una de las principales herramientas disponibles es la Estrategia de salvaguardia de los oficios tradicionales para la construcción de paz, siendo las Escuelas Taller una parte fundamental. Las Escuelas Taller son espacios para la inserción laboral, pero también para fomentar la tolerancia, la convivencia pacífica y la reconciliación, contribuyendo así a la construcción de una paz con justicia social, basada en la eliminación de la violencia estructural y en la construcción de la armonía social.

La Cooperación Española seguirá apoyando el Programa Nacional de Escuelas Taller, para generar mecanismos de desarrollo social que impulsen a las comunidades a mejorar su calidad de vida, al tiempo que se fortalecen el ecosistema de los oficios y saberes tradicionales en los territorios. En líneas generales se procurará la preservación del conocimiento ancestral y se incorporarán componentes que propicien la innovación y el emprendimiento. Se continuará impulsando la ampliación de la oferta formativa en sectores emergentes de la economía colombiana, relacionados con el medioambiente, turismo sostenible, habitabilidad básica y las industrias culturales y creativas, entre otros. La formación tendrá una dimensión integral aportando competencias para el desarrollo humano. En este sentido, se continuará apoyando la implementación de la caja de herramientas Cultura de Paz, como elemento fundamental del currículum formativo. Además, se contribuirá a la reducción de la brecha de género promoviendo la autonomía y la inserción laboral de las mujeres. Para una mayor incidencia en el ámbito rural, se apoyará la formación en talleres productivos, de manera coordinada con las escuelas taller. El fenómeno de la migración venezolana agudiza la crisis del desempleo por lo que se incluirá este sector entre la población beneficiaria.

Este resultado se abordará desde el trabajo bilateral de la Cooperación Española y se coordinará, fundamentalmente, con el Ministerio de Cultura, también se incluirán acciones de cooperación triangular que permitan compartir las lecciones aprendidas con otros países de la región.

Meta 8.9. Políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

L.8.9.a. Impulsar iniciativas de turismo rural como generador de empleo alternativo en las zonas rurales.

Resultado Intermedio del MAP:

RI.7. Las iniciativas de emprendimiento (turismo rural, vivencial y de naturaleza e industrias culturales y creativas, negocios verdes y otros sectores no agropecuarios) se impulsan como fuente de ingresos alternativos para inclusión económica y laboral en las zonas rurales, en alianza con el sector privado y aprovechando el uso de mecanismos innovadores de cooperación definidos en la ENCI.

Uno de los ámbitos del desarrollo económico con mayor impulso del gobierno colombiano se relaciona con las industrias creativas al fomentar el tejido social y humano, así como la identidad y equidad, siendo al tiempo generador de empleo de calidad y motor de desarrollo - Ley de Economía Naranja de 2017. Por otro lado, uno de los mayores sectores de potencial crecimiento en Colombia es el turismo, por lo que el Plan Nacional de desarrollo lo incorpora como una prioridad fundamental, siendo un ámbito en el que la Cooperación Española tiene un claro valor agregado.

Así, se continuará promoviendo la mejora de las condiciones de vida de las comunidades rurales apoyando la diversificación productiva desde el emprendimiento en sectores alternativos al agropecuario relacionados con las industrias creativas y culturales, especialmente el turismo sostenible, turismo comunitario y subsectores vinculados al mismo, así como otros sectores de acuerdo con las potencialidades endógenas territoriales (negocios verdes, etc.). El desarrollo turístico ordenado con criterios de sostenibilidad e inclusión puede favorecer las estrategias alternativas a las economías ilícitas, apoyar fuentes complementarias de ingresos a comunidades campesinas y étnicas, y favorecer la preservación de espacios naturales y territorios culturales. También se seguirá fortaleciendo las capacidades emprendedoras y de las entidades que constituyen el ecosistema de apoyo al emprendedor, con énfasis en el nivel territorial.

Este resultado se abordará desde el trabajo bilateral de la Cooperación Española, además con las convocatorias de proyectos de innovación y ONGD españolas. Se coordinará especialmente con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus entidades adscritas, como FONTUR, ProColombia, y el Ministerio de Agricultura, así como con las entidades territoriales y otros actores que constituyen los ecosistemas regionales de apoyo al emprendimiento (cámaras de comercio, universidades, etc.).

Debe hacerse especial referencia a la experiencia española en materia de desarrollo turístico, que podrá ser aprovechada por el proyecto mediante alianzas con empresas e instituciones especializadas que fortalezcan procesos de estructuración de productos turísticos, definición de estrategias de promoción y posicionamiento en los mercados, etc.

ODS 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

En el marco de este ODS, el PND 2018-2022 recoge como prioridades los pactos transversales de Paz, Descentralización, Gestión pública efectiva, Calidad y eficiencia de servicios públicos, Equidad de oportunidades para grupos Indígenas, Negros, Afros, Raizales, Palenqueros y Rrom. Es en dichas prioridades que se centrará el trabajo de la Cooperación Española.

Conforme a este contexto y a la experiencia previa, la Cooperación Española contribuirá a este ODS en las siguientes metas y líneas de acción:

Meta 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia.

Línea de Acción 16.1.A Acompañar procesos de establecimiento y consolidación de paz.

Resultado Intermedio del MAP:

RI.8. Se impulsa la implementación de las acciones del pilar de Reconciliación, Convivencia y Paz de los municipios PDET (Pilar 8), incluyendo las acciones priorizadas en la estructuración, ejecución y fortalecimiento de proyectos que respondan a medidas incluidas en Planes de Reparación Colectiva de víctimas-PIRC y/o de los Planes de Retorno y Reubicación, para garantizar que las víctimas obtengan una respuesta integral y eficaz por parte de las instituciones responsables.

La actuación de Cooperación Española en esta línea va dirigida a apoyar al Estado colombiano en las medidas necesarias para la consolidación de la paz efectiva en Colombia, tanto en los municipios PDET (donde el gobierno prioriza su intervención), como en aquellos otros con población más vulnerable y una mayor incidencia de violencia. La aceleración del ritmo de implementación del Acuerdo de Paz es una prioridad absoluta, buscando que se asegure que las principales medidas tengan concreción en las regiones, garantizando los enfoques transversales de Derechos Humanos, género, étnico, territorial, y se asegure la centralidad de las víctimas en la construcción de paz.

Las acciones que se establezcan van a privilegiar las medidas centradas en la prevención, la protección y el acceso a la justicia en los territorios; asimismo, deben mitigar la vulnerabilidad específica que sufren tanto los líderes/esas sociales y los grupos étnicos indígenas y afrocolombianos por el conflicto armado, la violencia y el desplazamiento forzado, así como el apoyo a las medidas necesarias para garantizar su derecho al autogobierno. Estos líderes son los principales aliados en territorio para avanzar en materia de construcción de paz y democracia y su protección es clave para el avance del fortalecimiento del Estado Social de Derecho en estos territorios.

Para todo ello se trabajará junto a instituciones públicas competentes en estos ámbitos de protección y promoción de derechos, con un enfoque territorial. Se hará de forma bilateral, con el refuerzo de sus capacidades y garantizando la extensión de su misión en los territorios de forma efectiva. También es importante fortalecer los diversos mecanismos preventivos de protección y seguridad, como el Sistema de Alerta y Reacción Temprana de la Defensoría del Pueblo o los mecanismos de protección colectiva comunitaria y étnico.

Por otra parte, también se facilitará y fortalecerá la participación política y ciudadana en la implementación del Acuerdo de Paz y en la construcción de una paz justa, con medidas especiales de protección o autoprotección. Para ello, es necesario fortalecer y consolidar los mecanismos de diálogo entre los diversos actores involucrados para consensuar estrategias de seguridad y protección. La colaboración entre ONGD españolas con instituciones públicas a nivel territorial, así como organizaciones de sociedad civil especializadas, aportan un valor añadido de conocimiento de comunidades especialmente vulnerables y acceso a ellas, y de trabajo conjunto con la institucionalidad en los departamentos priorizados por la Cooperación Española, que puede contribuir a poner en marcha acciones de prevención de la violencia y la consolidación de paz a través de los esfuerzos públicos y privados. Asimismo, la cooperación descentralizada española tiene una fuerte presencia en el ámbito de protección, y experiencia de años de trabajo consolidados en las regiones. Se prevé también la continuidad del trabajo con organizaciones internacionales cuya misión en el país es apoyar a las autoridades en su responsabilidad de protección de Derechos Humanos de manera efectiva; así como apoyar, en particular, la implementación de la política de Paz con Legalidad, en el marco del Acuerdo firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC.

Reconociendo la importancia de transformar los territorios más vulnerables y afectados por la violencia y la pobreza, se prevé seguir acompañando al sector privado a través de apoyos técnicos orientados a estrategias de impulso de su implementación y apropiación a nivel sectorial y territorial, el robustecimiento de su gobernanza, el fortalecimiento de capacidades para su gestión en entidades públicas y empresas, la facilitación de escenarios de diálogo o la generación de estudios, orientaciones y herramientas prácticas o la articulación de las agendas de empresas y derechos humanos.

Meta 16.3 Promover el Estado de Derecho y garantizar el acceso a la Justicia.

Línea de Acción 16.3.A Apoyar los sistemas judiciales sólidos e independientes para la protección integral de los Derechos Humanos.

Resultado Intermedio del MAP:

I.9. Se promueve la implementación y fortalecimiento de estrategias de acceso y goce efectivo de derechos por medio del acceso a y la presencia de las entidades del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, contribuyendo a la implementación de medidas de justicia transicional, la resolución de conflictos y al conocimiento integral de los derechos de los ciudadanos, impulsando a su vez el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones étnicas de gobierno propio y el trabajo de líderes sociales para la protección y defensa de los derechos fundamentales, con especial atención a la población más vulnerable.

La firma del Acuerdo de Paz recoge en su punto 5 «Acuerdo sobre las víctimas del conflicto», el establecimiento de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), constituido por tres instituciones: Comisión de la Verdad (CV), Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Unidad de búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Pese a que las tres instituciones están en funcionamiento y debe reconocerse como un paso importante hacia la garantía de una paz estable el establecimiento en Colombia de un sistema de justicia transicional, sigue siendo necesario protegerlo política y financieramente, su integralidad, y la centralidad de las víctimas en el proceso de construcción de paz en Colombia.

La Cooperación Española va a trabajar en el fortalecimiento de las garantías de las víctimas para que puedan participar en los procesos judiciales, avanzar de forma más robusta en los programas de reparación individual y colectiva y en la articulación y trabajo sinérgico entre las diversas instituciones de la justicia transicional. Se pretende, a su vez, fortalecer los mecanismos de defensa jurídica para los diversos actores que se han sometido a la JEP, y contribuir de forma decidida a la existencia del relato de la verdad, como garantía de no repetición, consensuado por las víctimas del conflicto especialmente y la sociedad colombiana en su conjunto.

Gran parte del éxito de actual proceso de paz reside además en que se generen garantías de no repetición. Esto sólo será posible si este sistema se respeta y se hace efectiva la implementación del resto del Acuerdo firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en 2016 y de otras políticas del Estado orientadas a garantizar, promover y proteger los Derechos Humanos.

Se trabajará, por tanto, de forma bilateral con las instituciones del sistema, contribuyendo al cumplimiento de su mandato, y se apoyará también a organizaciones de sociedad civil especializadas que aporten valor añadido a facilitar estos mandatos y garanticen de forma efectiva la participación tanto de las víctimas directamente como centro de estos procesos, como de la sociedad en su conjunto con medidas de incidencia y creación de redes o alianzas de apoyo. El apoyo de la Cooperación Española a la sociedad civil colombiana seguirá siendo uno de los valores añadidos de este MAP, contribuyendo a apoyar las iniciativas ciudadanas de defensa y promoción de los Derechos Humanos.

Meta 16.6. Crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

LA.16.6.A. Fortalecer los sistemas de gestión del sector público.

Resultado Intermedio del MAP:

RI.10. Las instituciones públicas locales priorizadas fortalecen sus capacidades de planeación territorial, sectorial para el cumplimiento de metas de desarrollo y uso eficiente de los recursos.

El esfuerzo de descentralización y democratización de la vida pública local ofrece un marco adecuado para el desarrollo de la gobernanza en municipios y departamentos, a pesar de la debilidad de los gobiernos locales frente a la territorialización de la paz.

La gobernanza local será, por tanto, uno de los grandes ejes del presente MAP. Específicamente se trabajará en las siguientes sublíneas de acción:

Se apoyará el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas locales, para lograr modelos eficaces y eficientes de desarrollo territorial, buscando la articulación entre actores. Se apoyará la mejora de los servicios públicos a la ciudadanía y la aplicación de políticas públicas participativas y que respondan a las demandas de la sociedad; así como los espacios formales y mecanismos habilitados por los gobiernos locales y entes étnicos territoriales mediante el acompañamiento a los procesos de descentralización, reforzamiento de entes étnico-territoriales como espacios para el pleno ejercicio de la participación ciudadana.

Se apoyará la implementación de los Planes de desarrollo territoriales, así como los Planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Se apoyarán las instancias institucionales claves en su implementación, así como los espacios de participación e impulso del desarrollo local (Consejos Ciudadanos, Consejos de desarrollo rural, etc.). Con población étnica, es especialmente pertinente el apoyo a los planes de vida y planes de etnodesarrollo.

Se apoyará la implementación de políticas públicas, alineadas con los compromisos internacionales de derechos humanos, así como en la gestión institucional, con entidades nacionales, territoriales y autoridades tradicionales que implementan mecanismos de planificación, inversión y gestión pública más participativos, inclusivos y/o transparentes. La formación especializada al personal funcionario y personal técnico de las instituciones públicas será una de las estrategias priorizadas.

En relación con la gestión del acceso universal y equitativo al agua potable por las autoridades locales, la Cooperación Española está contribuyendo, con cargo a la financiación de FONPRODE, diversos proyectos ligados al derecho humano al agua y saneamiento, cuya finalización se prevé durante el periodo de vigencia de este MAP. Como resultado de los mismos más de 1.000.000 de habitantes de las zonas más vulnerables del país tendrán garantizado un suministro de agua potable suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico, así como opciones de saneamiento seguros, higiénicos, aceptables social y culturalmente.