Real Decreto 1155/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos en materia de crecimiento azul en el sector pesquero y de la acuicultura, y se convocan para 2022 y 2023

6. Todo ello es sin perjuicio del aporte de documentación complementaria a la solicitud que sea de interés aportar por parte de la persona designada como representante legal de la agrupación constituida a efectos de la mejor acreditación de las condiciones exigidas en las bases reguladoras de estas subvenciones.

La presentación de la solicitud implica:

7. Si el documento oficial de solicitud o el resto de documentos que la acompañen no reunieran los requisitos establecidos en el presente real decreto, el órgano instructor requerirá al interesado para que, en el plazo máximo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciere, se le tendrá por desistido en la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21, en relación con el artículo 68, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

8. El órgano instructor podrá solicitar todos los documentos y los informes que considere necesarios de acuerdo con el artículo 24.3.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

9. Habrá de cumplirse con las declaraciones acreditativas del cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

10. La presentación de la solicitud supondrá la autorización para el acceso a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales previsto en la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, y la cesión de información al Sistema de Fondos Europeos, a efectos de cumplir con lo previsto en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y de su inclusión en una base de datos única a efectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El órgano gestor deberá suministrar la información que sea solicitada para dar cumplimiento al adecuado sistema de gestión y seguimiento del PRTR, informando de lo que sea preciso para alimentar dicho sistema y las aplicaciones informáticas que la normativa nacional o europea prevea para la gestión, el seguimiento y control de la financiación y los objetivos previstas en este real decreto y la normativa nacional y europea respectiva.

11. Asimismo, la presentación de la solicitud supondrá el compromiso expreso del solicitante, en caso de ser beneficiario final de la ayuda, de conceder los derechos y accesos necesarios para garantizar que los organismos europeos ejerzan sus competencias, de conformidad con el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

Artículo 8. Instrucción y ordenación.

1. La instrucción y ordenación del procedimiento, corresponderá a la Subdirección General de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, que realizará todas las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales haya de formularse la propuesta de resolución.

2. Asimismo, el órgano instructor podrá comprobar de oficio las condiciones y requisitos exigibles para la obtención de la ayuda.

3. Durante todas las fases del procedimiento se deberán aplicar mecanismos suficientes para reducir, prevenir, detectar y corregir el riesgo de fraude, la corrupción y los conflictos de intereses (tal como la abstención y recusación), de acuerdo con las instrucciones aplicables a la gestión del PRTR. Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de cualquiera de las convocatorias para la concesión de ayudas objeto de estas bases, podrá poner dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto por dicho Servicio en la dirección web https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx en los términos establecidos en la Comunicación 1/2007, de 3 de abril, del citado Servicio.

Artículo 9. Evaluación de las solicitudes.

La evaluación se realizará por el instructor, previo informe de la Comisión de evaluación de estas ayudas, sobre el conjunto de las solicitudes presentadas por las agrupaciones, a las que se aplicarán los criterios de evaluación establecidos para las dos fases de que consta el proceso de evaluación, tal y como se especifica en los artículos 11 y 12.

Artículo 10. Comisión de evaluación.

1. El examen y valoración de las solicitudes y de la documentación que la acompañen se llevará a cabo por una Comisión de valoración constituida por los siguientes miembros:

2. La persona titular de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura nombrará los miembros de la comisión de valoración, así como a quienes pudieran ser sus suplentes, en caso de necesidad, y que tendrán el mismo rango que el de los miembros titulares.

3. El funcionamiento de la comisión de evaluación será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura y ajustará su funcionamiento a las previsiones establecidas para los órganos colegiados en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar Ley 40/2015, de 1 de octubre.

4. La comisión de valoración podrá contar con la asistencia de personas expertas externas en determinados ámbitos si así lo considera oportuno.

5. De acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, los miembros de la comisión reforzarán su implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses.

Artículo 11. Primera fase de evaluación.

1. En esta fase, la comisión de evaluación estudiará el contenido de las propuestas técnicas (anexo V) presentadas en las solicitudes, así como los elementos para la valoración (anexo VII) con base en los siguientes criterios:

1.ª Contribución a la sostenibilidad económica, ambiental y social de la economía pesquera y acuícola, incluyendo la transformación y comercialización de sus productos. Para la valoración de este criterio se puntuará la propuesta de 0 a 10 puntos, en función de si los beneficios que aporta el proyecto a la sostenibilidad son significativos (de 7,1 a 10 puntos), razonables (de 4,1 a 7 puntos) o deficientes (de 0 a 4 puntos).

2.ª Contribución a los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía pesquera y acuícola, incluyendo la transformación y comercialización de sus productos. Para la valoración de este criterio se puntuará la propuesta de 0 a 10 puntos, en función de si la contribución del proyecto a dichos objetivos es significativa (de 7,1 a 10 puntos), razonable (de 4,1 a 7 puntos) o deficiente (de 0 a 4 puntos).

1.ª Evaluación económica del proyecto (máximo 4 puntos). Se valorará a través de la media aritmética de los siguientes parámetros:

i. Mejora esperada en la sostenibilidad económica, valorándose la diferencia entre los beneficios esperados en la situación actual y los beneficios esperados una vez se haya puesto en práctica el producto, equipo, proceso, técnica o sistema de gestión u organización objeto del proyecto, expresado como porcentaje sobre la inversión total

Siendo la «diferencia de beneficios» el número resultante de restar los beneficios esperados si se ejecuta el proyecto (calculados sobre la base de las mejoras que éste introduciría) menos los beneficios esperados en la situación actual (calculados sobre la base de los de ejercicios anteriores). Y la «inversión total», el montante económico total del proyecto, conforme se establezca en la propuesta técnica.

ii. Financiación propia, valorándose la proporción de recursos propios que financiarían el proyecto, primando aquéllos que cuenten con mayor implicación económica de los miembros de la agrupación.

Siendo los «recursos propios aportados» aquellos generados por la actividad de la entidad, no siendo aportados por terceros.

2.ª Aspectos sociales (máximo 4 puntos): Valorándose la generación de empleo cuando el solicitante contrate a personal para la realización del proyecto, por lo menos durante la mitad de su duración (hasta 2 puntos), y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y de jóvenes, cuando al menos parte de las personas contratadas sea mujer (hasta 1 punto) o sea menor de 40 años (hasta 1 punto). En todo caso, las personas contratadas no podrán tener vinculación previa con ninguna de las entidades que conforman la agrupación solicitante en los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud.

3.ª Aspectos ambientales (máximo 4 puntos): Valorándose el cumplimiento de objetivos ambientales establecidos en los ámbitos internacional, europeo, nacional, autonómico o local, junto con la existencia de resultados ambientales cuantificables.

2. Quedarán eliminadas las solicitudes cuyas propuestas técnicas no alcancen al menos el 50% del valor máximo de cada uno de los criterios establecidos en este artículo.

3. El resultado de la evaluación de la primera fase se publicará, a través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tanto a las agrupaciones cuyas solicitudes superen esta primera fase de evaluación como a aquéllas que queden eliminadas. Sólo podrán acceder a la segunda fase de evaluación las propuestas que hayan superado la primera fase de evaluación.

Artículo 12. Segunda fase de evaluación de las solicitudes.

1. En la segunda fase de evaluación, la comisión de evaluación concretará el resultado de la evaluación de la memoria técnica del proyecto (anexo VI) mencionada en el artículo 7.5.f, así como los elementos para la valoración (anexo VII) con base en los siguientes criterios:

1.ª Definición, contenido, calidad, originalidad y adecuación de las actividades a los objetivos propuestos (máximo 5 puntos). Valorándose la definición, contenido, calidad, originalidad y adecuación de las actividades contenidas en el proyecto a los objetivos propuestos para el mismo.

2.ª Planificación, disponibilidad de recursos, cronograma establecido, indicadores de ejecución y de evaluación, presupuesto detallado y desglosado y costes ajustados (máximo 5 puntos). Valorándose la planificación, la disponibilidad de recursos, la adecuación al cronograma establecido, la existencia de indicadores de ejecución y de evaluación de resultados, el presupuesto detallado y desglosado y que los costes estén ajustados al mismo.

1.ª Competencia y adecuación del equipo de trabajo, complementariedad entre equipos (máximo 7 puntos). Valorándose la competencia y la adecuación de los componentes del equipo o equipos que participen en el proyecto, así como la complementariedad entre equipos, si es el caso.

2.ª Proyectos desarrollados por los miembros del equipo o equipos en el mismo sector, y resultados previos que se encuadren en la misma área temática (máximo 3 puntos).

2. Quedarán eliminadas las solicitudes cuyas propuestas técnicas no alcancen al menos el 50% del valor máximo de cada uno de los criterios establecidos en este artículo.

3. Para cada propuesta se calculará la puntuación resultante de la suma de las puntuaciones obtenidas para las dos fases, de forma que se seleccionarán los proyectos por orden de puntuación hasta que la suma de sus cuantías subvencionables superen el crédito disponible.

4. La diferencia entre la suma de todas las cuantías subvencionables de los proyectos seleccionados y el crédito disponible podrá prorratearse, reduciéndose proporcionalmente cada una de las cuantías finalmente subvencionadas a cada proyecto para igualar ambos importes.

Artículo 13. Resultados e informe de evaluación.

1. La comisión de evaluación, con arreglo a los criterios establecidos en los artículos 11 y 12 anteriores, emitirá un informe motivado en que se concrete el resultado de la evaluación de ambas fases, que justifique la puntuación obtenida por cada solicitud, ordenándolas en función de la puntuación obtenida, y remitirá al órgano instructor la lista de solicitudes que merezcan ser financiadas, al objeto de que éste formule propuesta de resolución provisional.

2. En los casos de solicitudes con igualdad de puntuación, se tendrá en cuenta, a efectos de resolver el empate, la puntuación obtenida en los criterios establecidos para la segunda fase de la evaluación, empezando por el primero hasta que se produzca el desempate. En caso de haber agotado los criterios y mantenerse el empate, este será resuelto por la comisión de evaluación.

3. Los documentos, informes y certificados que sirvan para la evaluación de las solicitudes formarán parte del expediente correspondiente.

Artículo 14. Gastos subvencionables.

1. Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades para las que hayan sido concedidos, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, teniendo las características recogidas en los siguientes apartados. Asimismo, no deberá existir una relación laboral entre la Administración General del Estado y el personal dedicado a la realización de las actuaciones subvencionables.

2. Podrán ser elegibles los siguientes gastos:

– Se financiarán los gastos del personal contratado por las entidades beneficiarias exclusivamente para la realización del proyecto, incluyendo la correspondiente Seguridad Social.

– Se financiarán las becas asociadas al proyecto, siendo elegibles las horas de dedicación exclusiva al proyecto.

– Se podrán financiar hasta el 40% de los costes de personal propio dedicado a la realización del proyecto, incluida la Seguridad Social.

– Para determinar el coste de personal, la tarifa por hora aplicable se calculará dividiendo el salario bruto anual entre 1.720 horas.

– En todo caso, los costes elegibles de personal sólo serán subvencionables hasta el límite de las retribuciones fijadas para los correspondientes profesionales en el Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

– En el caso de las entidades públicas, no serán subvencionables los gastos recurrentes, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

– Serán financiables los costes derivados de la compra de aparatos, equipos o instrumentos, siempre que se destinen al proyecto. No se financiará la adquisición de dispositivos informáticos de uso genérico, como PC, ordenadores portátiles o impresoras. Los equipos serán energéticamente eficientes, absolutamente respetuosos con el Código de Conducta para Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Comisión Europea

– Se financiarán los gastos de material fungible, suministros y consumibles directamente derivados del proyecto, incluido el material de oficina y los consumibles informáticos.

– La adquisición de un equipo o un suministro realizada por cualquier entidad adjudicataria que tenga el carácter de poder adjudicador de acuerdo con los requisitos establecidos en artículo 3.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se habrá de tramitar conforme a lo dispuesto en dicha ley para la celebración de contratos del sector público.

Se tomarán medidas para que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparación, de actualización y de reutilización de los productos, de los aparatos eléctricos y electrónicos implantados. Se aplicarán los requisitos de diseño ecológico que facilitan la reutilización y el tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) establecidos en el marco de la Directiva 2009/125/CE, hasta el final de su vida útil aplicando las directrices que marca el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Artículo 15. Subcontratación.

1. Podrán ser objeto de subcontratación aquellas actividades del proyecto que forman parte de la actuación subvencionada pero que no puedan ser realizadas por las entidades beneficiarias por sí mismas, extremo que habrá de acreditarse en la memoria técnica del proyecto, indicando la actividad objeto de subcontratación, el importe aproximado y el procedimiento previsto para la adjudicación.

2. Las empresas o personas subcontratadas deberán residir o poseer una sede válidamente constituida en España.

3. La subcontratación realizada por cualquier entidad adjudicataria que tenga el carácter de poder adjudicador de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 3.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se habrá de tramitar conforme a lo dispuesto en dicha ley para la celebración de contratos del sector público.

4. El presupuesto global de la actividad subcontratada por participante no podrá ser superior al 50 % del presupuesto de dicho participante y la subcontratación estará condicionada a que el contrato se celebre por escrito, sea enviado y previamente autorizado por el órgano de concesión.

5. No podrá subcontratarse con las mismas entidades beneficiarias que forman parte de la agrupación, ni en ninguno de los casos especificados en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

6. La subcontratación habrá de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con todos los principios transversales del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y, en concreto, el principio de «no causar daño significativo», de conformidad con lo establecido en el artículo 25 y con el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de diciembre, cuyo contenido les será de aplicación, al igual que a las entidades beneficiarias de las subvenciones.

Artículo 16. Propuesta de resolución provisional y definitiva.

1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Evaluación, emitirá una propuesta de resolución provisional debidamente motivada en la que se expresará la relación de entidades solicitantes, los criterios de evaluación y el resultado de la misma, la cuantía de ayuda que cada beneficiario pueda percibir y las condiciones y obligaciones derivadas de la concesión. Dicha propuesta de resolución provisional será objeto de publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, surtiendo la misma los efectos de la notificación conforme al artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, concediéndose un plazo de diez días, desde su publicación, para presentar alegaciones. De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá carácter de definitiva.

2. Excepcionalmente, se podrá prescindir del orden de prelación entre las beneficiarias por aplicación de los criterios de valoración para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

Artículo 17. Resolución.

1. Corresponderá a la persona titular del Departamento, o el órgano en quien delegue, resolver la concesión de las subvenciones.

2. La resolución del procedimiento de concesión será objeto de publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, surtiendo la misma los efectos de la notificación conforme al artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, a computar desde la publicación del extracto de la resolución de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que la convocatoria posponga sus efectos a una fecha posterior de acuerdo con el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.

4. La resolución estará debidamente motivada, con referencias al presente real decreto, a los informes del órgano instructor así como al proceso de evaluación. La resolución de concesión deberá contener, al menos:

5. En caso de renuncia a la subvención, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguna de las entidades beneficiarias se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes desestimadas. El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los interesados que procedan por orden de puntuación, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta por parte de las entidades solicitantes, el órgano concedente dictará acto de concesión y procederá a su publicación.

6. Contra la resolución que se dicte, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este acto, según lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 18. Modificación de la resolución.

1. Las actuaciones contenidas en el proyecto deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se determine en la resolución de concesión.

2. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, se podrá solicitar, por la entidad coordinadora de la agrupación, la modificación de la resolución de concesión, antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad objeto del proyecto presentado, conforme a las siguientes reglas, que deberán cumplirse conjuntamente:

La solicitud de modificación se acompañará de una memoria en la que se expondrán los motivos de los cambios y se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones impuestas en la resolución de concesión y el cumplimiento de los requisitos expuestos en la letra a) del apartado anterior.

3. Se podrán autorizar prórrogas del plazo de ejecución del proyecto por un plazo máximo igual a la mitad del periodo de ejecución del proyecto establecido en la resolución de concesión y siempre que la causa no sea imputable a las beneficiarias, que exista crédito suficiente y adecuado en el ejercicio o ejercicios posteriores a que hubiera de imputarse esos pagos y siempre y cuando dicho plazo no supere el 31 de octubre de 2023.

4. Se autorizan de forma genérica para todas las entidades beneficiarias, los incrementos que no superen un determinado porcentaje que, en su caso, se establezca en la convocatoria, que no podrá superar el 20 %, en los subconceptos susceptibles de ayuda que figuren en la resolución de concesión, siempre que se compensen con disminuciones de otros, y siempre que no se altere el importe total de la ayuda, y que el beneficiario justifique adecuadamente el cambio en la documentación de seguimiento o de justificación.

5. No se aceptarán las solicitudes de modificación de resolución referidas a una disminución del importe de la ayuda cuando éstas se presenten con posterioridad a la concesión de un pago anticipado.

6. No se admitirán trasvases de los conceptos de costes directos a costes indirectos reflejados en la resolución de concesión.

Artículo 19. Pago.

1. Cada convocatoria determinará si el pago se realizará en forma de pago único, previa justificación, pago anticipado o pago fraccionado, teniendo en cuenta la duración del proyecto por el que se solicita la subvención.

2. Los pagos quedan condicionados a:

3. La subvención se podrá abonar con carácter de anticipo, en los términos que establezca la convocatoria, que se entregará previo a la justificación y no podrá ser superior al 50 por ciento del total de la subvención concedida. Una vez consumido y justificado el anticipo la entidad adjudicataria podrá solicitar un nuevo anticipo por el 50 por ciento del presupuesto restante.

4. Con posterioridad a la concesión del anticipo no se aceptarán modificaciones de la resolución que supongan una disminución del importe de la ayuda.

5. La utilización de la figura del pago anticipado se ajustará al principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos contemplado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

6. El pago de la ayuda se realizará de forma íntegra a la entidad coordinadora de la agrupación solicitante de la subvención. Esta entidad se encargará del reparto de las cantidades correspondientes a cada una de las entidades participantes en cada proyecto, conforme al Acuerdo de agrupación del artículo 2.3.e)

Artículo 20. Justificación de las subvenciones.

1. Los gastos justificados deberán guardar coherencia con el objetivo de la ayuda, ajustándose estrictamente al objetivo y las actividades expuestos en la memoria del proyecto y de acuerdo con la tipología de gastos subvencionables establecida en el artículo 14.

Las entidades beneficiarias deberán custodiar todas las facturas y demás documentos que acrediten los gastos y pagos objeto de la subvención en que hayan incurrido, y tenerlos a disposición del órgano concedente y de los órganos de comprobación y control que podrán requerirlos para su comprobación. Esta documentación deberá conservarse durante un periodo de 3 años a partir del 31 de diciembre del año en el que se presenten las cuentas del gasto que se justifique en tanto no prescriba el derecho de la Administración a realizar actuaciones de comprobación y control.

2. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación. El plazo o plazos para la justificación se establecerán en la correspondiente convocatoria o en la resolución de la subvención, atendiendo a las circunstancias específicas de cada convocatoria, siendo en todo caso anual cuanto menos. En caso de que la convocatoria prevea el pago fraccionado de la subvención, el plazo para la justificación del último pago finalizará en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización del período de ejecución del proyecto.

3. No obstante los plazos obligatorios de justificación, la entidad adjudicataria podrá voluntariamente realizar justificaciones parciales adelantadas o periódicas durante todo el periodo de ejecución, por menor importe, con el fin de facilitar el control y verificación final, de forma que se agilice la liquidación de la ayuda.

4. La justificación económica se realizará siguiendo la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, incluyendo una memoria de actuaciones y una memoria económica, según lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 72 de su Reglamento de desarrollo. Además, se tendrán en cuenta las especialidades recogidas en el artículo 63, del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre y, en su caso, en la normativa aplicable de la Unión Europea. Ambas memorias se firmarán por la persona designada como representante legal de la agrupación.

5. La memoria económica incluirá:

6. Se incluirán los mecanismos de verificación para el objetivo CID 58 previstos en el anexo I de las disposiciones operativas del artículo 20.6 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que contempla como documentación acreditativa una lista de proyectos de I+D+i que incluya para cada uno:

7. Las actividades a las que se refieran los justificantes presentados deberán haber sido realizadas y estar efectivamente pagadas antes de que finalice el correspondiente plazo para la justificación de la ayuda.

8. En el caso de inversiones en activos intangibles deberá acreditarse que:

9. La forma de justificación deberá realizarse por medios electrónicos. Toda la documentación original se presentará igualmente digitalizada. Asimismo, en cuanto a la presentación de la documentación original, de acuerdo con lo señalado por el artículo 28.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando excepcionalmente, y de acuerdo con lo previsto en dicha Ley, la Administración solicitara al interesado la presentación de un documento original y éste estuviera en formato papel, el interesado deberá obtener una copia auténtica, según los requisitos establecidos en el artículo 27, con carácter previo a su presentación electrónica. La copia electrónica resultante reflejará expresamente esta circunstancia.

10. A efectos de la justificación de las subvenciones, la persona representante de la agrupación será la responsable de presentar la documentación requerida para la justificación de las subvenciones, actuando como interlocutor único con la Administración.

11. Para la justificación de estas subvenciones, se tendrán en cuenta las especialidades recogidas en el artículo 63, del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.

Artículo 21. Seguimiento de las actuaciones.

1. El órgano instructor llevará a cabo el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la actuación.

2. Asimismo, la convocatoria correspondiente deberá establecer la frecuencia y el procedimiento de seguimiento durante la ejecución de las actuaciones y también una vez finalizada la misma (evaluación ex post).

3. El seguimiento respetará los plazos y las exigencias de contenido que se recogen en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, y deberá ser eficaz, transparente y basado en la calidad y el impacto de las actuaciones financiadas, para lo cual, podrán prever la creación de cuantas comisiones estimen necesario.

4. El seguimiento deberá basarse en la documentación o información que se solicite al beneficiario, así como en presentaciones presenciales y públicas con quien determine el órgano instructor.

5. En el caso de que el interesado no realice el 100% de la actividad objeto de la ayuda, solo percibirá la parte proporcional correspondiente a la actividad realizada.

Artículo 22. Actuaciones de comprobación y control.

1. El beneficiario estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como a las de control por la Intervención General de la Administración del Estado y por el Tribunal de Cuentas.

2. El órgano concedente podrá realizar las acciones de comprobación necesarias para verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas al beneficiario y la realización por parte de las entidades beneficiarias de la actuación objeto de ayuda.

3. La comprobación formal para la liquidación de la ayuda se realizará sobre las cuentas justificativas presentadas. Las facturas o documentos de valor probatorio análogo serán objeto de comprobación en los cuatro años siguientes, a cuyo fin el órgano gestor podrá requerir a las entidades beneficiarias la remisión de los justificantes, así como realizar los controles recogidos en cada uno de los planes anuales de actuación mencionados en el artículo 85 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. Las entidades beneficiarias deberán disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable al beneficiario, así como de las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Este conjunto de documentos constituye el soporte justificativo de la ayuda concedida, y garantiza su adecuado reflejo en la contabilidad del beneficiario.

5. De conformidad con lo que se señala la letra d) del artículo 22.2 el Reglamento (UE) n.º 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, se incorporarán los datos de los destinatarios de estas subvenciones en la base de datos única que se creará con este fin.

6. Se establece como objetivo final de las ayudas hacer del sector pesquero y acuícola un sector más sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y social mediante dos líneas de actuación, incluyéndose el presente real decreto en una de ellas: la creación de partenariados público-privados para impulsar el crecimiento azul en el sector, con el fin de poner en marcha proyectos que sirvan de catalizadores de procesos de economía azul. La medida prevé la finalización de al menos veinte proyectos de I+D+i para la adopción de nuevas tecnologías que favorezcan la resiliencia y la sostenibilidad del sector pesquero y acuícola. La implantación de la inversión concluirá a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

Artículo 23. Publicidad de las subvenciones.

1. La publicidad de las subvenciones se realizará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el Reglamento (UE) n.º 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

2. Asimismo, las entidades beneficiarias deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

3. La aceptación de la ayuda supone la aceptación de su inclusión en la lista de entidades beneficiarias, publicada por vía electrónica, en la que figuren los nombres de las operaciones y el importe de la financiación pública asignada a las operaciones, de acuerdo con el sistema nacional de publicidad de subvenciones.

4. Las entidades beneficiarias harán constar en las actuaciones, incluyendo cualquier documentación o publicación de cualquier índole y soporte, actuación de comunicación o visibilidad, premios y publicidad, que son financiadas por la Unión Europea-Next Generation EU, según el Plan presentado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Artículo 24. Incumplimiento y reintegro.

1. Procederá el reintegro de la ayuda percibida, así como en su caso los intereses de demora correspondientes, en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y éste se regirá por lo dispuesto en el título II de la misma, y en el título III de su Reglamento de desarrollo, previo el oportuno expediente de incumplimiento. El reintegro de fondos se ajustará a lo previsto en el artículo 7. Séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

2. Asimismo, procederá al reintegro de la ayuda así como los intereses de demora, que será el interés legal del dinero incrementado en la cuantía que indique la ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio correspondiente, si concurren uno o varios de los siguientes incumplimientos:

No obstante, y sin perjuicio de las sanciones que en su caso puedan imponerse, si se produjera el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta letra, y si fuera aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, o pudieran realizarse acciones correctoras de la falta de publicidad, el órgano concedente requerirá al beneficiario para que adopte las medidas de difusión pertinentes en un plazo no superior a quince días hábiles, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 25. Cumplimiento del principio de no causar daño significativo y del etiquetado climático y digital.

1. Se asegurará, por un lado, que las entidades beneficiarias de las subvenciones garanticen el pleno cumplimiento del principio de no causar daño significativo en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos de que se trate y, de manera individual, para cada una de las actuaciones dentro de los mismos, y, por otro lado, el cumplimiento del objetivo asumido para la inversión C3.I8, en su conjunto, en lo relativo al etiquetado climático y digital en el campo de intervención «Procesos de investigación e innovación, transferencia de tecnología y cooperación entre empresas, con especial hincapié en la economía circular» con un coeficiente para el cálculo de la ayuda del 100% en los objetivos medio ambientales y del 40% en los climáticos y digital, todo ello de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021, y conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, y también en la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de no causar daño significativo.

2. Durante la realización del proyecto se respetará la normativa ambiental aplicable. En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación ambiental.

3. En ningún caso podrán incluirse en el proyecto las siguientes actividades:

4. La solicitud incluye una declaración responsable del cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo», tal y como se establece en la letra a) del artículo 7.5.

5. En caso de subcontratar parte o toda la actividad objeto de este contrato, en los términos previstos en el artículo 15, habrán de preverse los mecanismos necesarios para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio DNSH.

Disposición adicional única. Convocatoria de las ayudas para la puesta en marcha de proyectos en materia de crecimiento azul en el sector pesquero y de la acuicultura.

Primero. Objeto.

Se convoca, para los años 2022 y 2023, las ayudas a los proyectos en materia de crecimiento azul en el sector pesquero y de la acuicultura, en el marco de lo establecido por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De conformidad con el artículo 1.2, estas subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva

Segundo. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de estas ayudas se establecen en el presente real decreto.

Tercero. Entidades beneficiarias, agrupaciones y requisitos exigibles a los mismas.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades mencionadas en el artículo 2, que cumplan con los requisitos, condiciones y obligaciones establecidos en el mismo.

Las entidades beneficiarias deberán constituirse en agrupaciones, en los términos que establece dicho artículo 2. Sólo la agrupación resultante podrá concurrir a estas ayudas.

Cuarto. Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 3.

Cada una de las entidades pertenecientes a la agrupación adjudicataria de una subvención, deberá informar, antes de comenzar la ejecución de los trabajos, del cumplimiento del principio DNSH mediante el cuestionario que al efecto le será facilitado.

Igualmente habrán de cumplimentar la declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos del PRTR y, en el caso que desarrollen actividades económicas, acreditarán la inscripción en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, tal como se expresa en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021 por la que se configura el sistema de gestión del PRTR.

Quinto. Requisitos aplicables a los proyectos subvencionables.

Los proyectos susceptibles de percibir las ayudas reguladas por la presente convocatoria se circunscriben a las actividades de mejora sostenible para el conjunto de los sectores pesquero y acuícola siendo la modernización, actualización y mejora de toda la cadena de pesca y acuicultura el eje central y principal de los proyectos que se planteen como objeto de subvención, y se estructuran en las líneas recogidas en el anexo II. Además, cumplirán con los requisitos que fija el artículo 4 del presente real decreto.

El presupuesto de cada proyecto oscilará entre un mínimo de 100.000 euros y un máximo de 300.000 euros, incluyendo los costes elegibles establecidos en el artículo 14, y de acuerdo con el régimen de subcontratación previsto en el artículo 15. No obstante, con carácter extraordinario, en el caso de proyectos de mayor importancia o significación, el presupuesto máximo podrá ampliarse al máximo de 500.000 euros siempre que se justifique debidamente.

La concesión y el pago de la ayuda se efectuarán a la entidad que representa a la agrupación solicitante de la subvención, y ésta deberá repartirla posteriormente en proporción a la parte de los gastos que les correspondan realizar en el proyecto, conforme al Acuerdo de agrupación presentado.

Sexto. Financiación y cuantía de la ayuda.

Las ayudas se financiarán de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, con cargo 100% al Instrumento Europeo de Recuperación, a través de las partidas presupuestarias 21.50.410F.774, 21.50.410F.744, 21.50.410F.754 de los ejercicios 2022 y 2023 o las que las substituyan.

El importe total máximo a subvencionar asciende a 2.000.000 euros, que, en función de las partidas presupuestarias correspondientes, se distribuirán en las siguientes anualidades:

1.000.000 euros en 2022:

– 400.000 euros a través de la partida presupuestaria 21.50.410F.774.

– 300.000 euros a través de la partida presupuestaria 21.50.410F.744.

– 300.000 euros a través de la partida presupuestaria 21.50.410F.754.

1.000.000 euros en 2023:

– 400.000 euros a través de la partida presupuestaria 21.50.410F.774.

– 300.000 euros a través de la partida presupuestaria 21.50.410F.744.

– 300.000 euros a través de la partida presupuestaria 21.50.410F.754.

Esta distribución entre las distintas aplicaciones tiene carácter estimativo.

La concesión de estas ayudas estará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.

Séptimo. Iniciación del procedimiento, presentación de las solicitudes y del resto de documentación a lo largo del proceso de evaluación.

La iniciación del procedimiento, presentación de las solicitudes y del resto de documentación a lo largo del proceso de evaluación, se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 7.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir de la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Octavo. Instrucción y ordenación.

La instrucción y ordenación del procedimiento corresponderá a la Subdirección General de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales, en los términos establecidos en el artículo 8.

Noveno. Evaluación de las solicitudes, comisión de evaluación, criterios de evaluación.

La evaluación de las solicitudes, en sus dos fases, se llevará a cabo por la comisión de evaluación y sus resultados se plasmarán en un informe de evaluación, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 9 a 13.

Décimo. Gastos subvencionables.

Serán subvencionables los costes que recoge el artículo 14.

Undécimo. Subcontratación.

La subcontratación se realizará de acuerdo a lo que establece el artículo 15.

Duodécimo. Propuesta de resolución provisional y definitiva, resolución y modificación de la resolución.

Tendrán lugar conforme a lo establecido en los artículos 16 a 18.

Contra la resolución que se dicte, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este acto, según lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Decimotercero. Publicación de la resolución.

La resolución del procedimiento de concesión será objeto de publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica asociada https://sede.mapa.gob.es/, surtiendo la misma los efectos de la notificación conforme al artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento no podrá exceder de los seis meses, a computar desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Transcurrido dicho plazo sin haberse publicado resolución expresa, los interesados estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.

Decimocuarto. Pago.

El pago se realizará según establece el artículo 19.

Los pagos se realizarán en los siguientes plazos y formas:

– Tras la concesión de la subvención, ya en 2022, se podrá efectuar un pago en concepto de anticipo de hasta el 50 por cien de la primera anualidad de la subvención concedida. Una vez justificado el anticipo anterior, se podrá solicitar un nuevo anticipo por el 50% del presupuesto anual restante.

– La liquidación de la anualidad del presupuesto correspondiente a 2022 quedará condicionada a la presentación y evaluación satisfactoria de la memoria de justificación económica e informe técnico indicados en los dispositivos decimosegundo y decimotercero de esta disposición, que se presentarán como muy tarde el 31 de marzo del 2023.

– Si el proyecto tiene dotación para el año 2023, y una vez justificado el presupuesto de 2022, se podrá anticipar también el 50 por cien de dicha dotación, a petición razonada del concesionario y en un plazo no superior a un mes desde dicha justificación. En el año 2023 no cabe la posibilidad de segundo anticipo.

– Tras la finalización del proyecto, y en todo caso antes del 31 de diciembre de 2023, se efectuará el último pago, correspondiente a la liquidación de la subvención concedida. Dicho pago quedará condicionado a la presentación y evaluación satisfactoria de la memoria de justificación económica e informe técnico de la totalidad del proyecto indicados en los dispositivos decimosegundo y decimotercero de esta disposición.

Decimoquinto. Justificación económica de la ayuda.

La justificación económica de la ayuda se realizará en conformidad con el artículo 20 de este real decreto.

El órgano instructor llevará a cabo el seguimiento de las actividades en lo referente a la justificación económica, recabando informes de justificación económica de seguimiento y finales.

Para el seguimiento económico de las actividades, las entidades beneficiarias, a través del representante de la agrupación, deberán presentar:

– Una memoria económica justificativa correspondiente a cada uno de los anticipos, cuyo plazo de presentación se indicará en la resolución de concesión.

– Una memoria económica justificativa correspondiente a cada anualidad, cuyo plazo de presentación se indicará en la resolución de concesión.

– Una memoria económica justificativa, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización del período de ejecución del proyecto, correspondiente al último pago.

La memoria económica justificativa, incluirá el contenido recogido en el artículo 20.4.

La memoria económica se presentará de forma conjunta con la memoria técnica descrita en el dispositivo decimotercero de la presente disposición.

En cualquier caso, las entidades beneficiarias deberán custodiar todas las facturas y demás documentos que acrediten los gastos y pagos objeto de la ayuda en que hayan incurrido, y tenerlos a disposición del órgano concedente y de los órganos de comprobación y control que podrán requerirlos para su comprobación. Esta documentación deberá conservarse durante un periodo de 3 años a partir del 31 de diciembre del año en el que se presenten las cuentas del gasto que se justifique.

Las memorias económicas serán aportadas por la persona designada como representante de la agrupación, debiéndose diferenciar, para cada una de las entidades participantes, la información indicada en el artículo 20.5.

En conformidad con el artículo 20.4, se tendrán en cuenta en la justificación de las subvenciones las especialidades recogidas en el artículo 63, del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.

Decimosexto. Seguimiento técnico de las ayudas.

El órgano instructor llevará a cabo el seguimiento del cumplimiento de los objetivos técnicos de los proyectos, recabando para ello informes de seguimiento y finales.

Para el seguimiento técnico de las actividades se deberá presentar, para cada proyecto:

– Un informe de seguimiento semestral, cuyo plazo de presentación se establecerá en la resolución de concesión.

– Un informe final en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización del período de ejecución del proyecto.

Los informes de justificación técnica deberán contener, al menos, la siguiente información:

– Desarrollo de las actividades, cumplimiento de los objetivos propuestos en la actuación, así como el impacto de los resultados obtenidos evidenciados y, en su caso, las acciones de transferencia, patentes, llevadas a cabo.

– Cualquier cambio respecto a los gastos contemplados en el presupuesto incluido en la solicitud inicial del proyecto, justificando adecuadamente su necesidad para la consecución de los objetivos técnicos del proyecto subvencionado.

– Cualquier modificación en la composición y dedicación del equipo de investigación, siempre que haya sido autorizada por el órgano instructor.

– Cualquier modificación de la composición del equipo de trabajo respecto al inicialmente previsto en la memoria técnica del proyecto.

Los informes técnicos de seguimiento y final serán elaborados por la coordinadora o coordinador técnico del proyecto, debiéndose incluir la información indicada en el apartado anterior, tanto para el conjunto del proyecto como para cada una de las entidades participantes.

Decimoséptimo. Evaluación ex post.

A la finalización del proyecto, y en base a la memoria técnica final presentada y a cuantas presentaciones presenciales o visitas in situ se determinen, o se hayan realizado a lo largo del proyecto, se realizará una valoración técnica del mismo, que determinará si se han alcanzado los objetivos que éste planteaba y por los que le fue concedida la ayuda. Esta evaluación será llevada a cabo por el órgano instructor, pudiendo para ello solicitar informes a personas expertas externas.

En el caso que esta valoración concluya que dichos objetivos no se han alcanzado total o parcialmente, se procederá a iniciar el procedimiento de reintegro total o parcial sobre toda la ayuda concedida al proyecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.

Si por causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la concesión, el proyecto no pudiese ejecutarse en su totalidad y se produjese la renuncia expresa de todos los miembros del consorcio a una o varias de las anualidades, deberá presentarse una memoria técnica acreditativa de los logros obtenidos y justificativa de las causas que han impedido la total ejecución del mismo. La evaluación de dicha memoria determinará si se inicia el procedimiento de reintegro total de la ayuda concedida.

La renuncia por cualquier causa no sobrevenida conllevará el reintegro total de la ayuda concedida.

Decimoctavo. Comprobación de la documentación justificativa y control.

La comprobación económica en las actividades se efectuará a través de las actuaciones de comprobación y control establecidas en el artículo 22, y se verificará que el gasto declarado es real, que los bienes se han entregado o los servicios se han prestado de conformidad con la resolución de concesión, que las justificaciones del beneficiario son correctas y que las operaciones y gastos cumplen las normas comunitarias y nacionales aplicables, así como que el beneficiario no incurra en el supuesto de doble financiación.

Las comprobaciones incluirán los procedimientos siguientes:

El alcance mínimo de dicha comprobación es el siguiente:

a. Correspondencia del gasto al período de ejecución de la actuación.

b. Correspondencia del gasto con la actuación aprobada.

c. Cumplimiento de las condiciones de la convocatoria.

d. Cumplimiento de las normas de subvencionabilidad.

e. Adecuación de los justificantes y la existencia de una pista de auditoría adecuada.

f. Conformidad con la normativa aplicable.

g. Verificación del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras pertinentes, en su caso.

a. Realidad de la actuación.

b. Entrega del producto o servicio de manera acorde con las condiciones pactadas.

c. Verificación documental y física de activos inventariables.

d. Observancia de la normativa en materia de publicidad.

e. Plena conformidad de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.

Las entidades beneficiarias estarán sujetos a las actuaciones de control que lleven a cabo las instituciones facultadas para ello por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a facilitar cuanta información les sea requerida por la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, la Comisión Europea y las autoridades de gestión, certificación y auditoria del FEMP, en su caso.

Decimonoveno. Incumplimientos.

La entidad beneficiaria deberá cumplir con los objetivos, actividades y comportamientos que fundamenten la concesión de la ayuda. De no ser así, perderá el derecho a su cobro o, en su caso, procederá el reintegro de la ayuda más los intereses de demora devengados desde el momento del pago. Los criterios de graduación de incumplimientos se regirán por lo establecido en el artículo 24 de este real decreto

Vigésimo. Publicidad.