Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2021

Ciberespacio:

En términos de ciberseguridad, se requiere garantizar el uso seguro y fiable del ciberespacio, para proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos y promover el progreso socio económico. Para ello es importante incrementar las capacidades (tecnológicas, humanas y económicas) de la ciberseguridad nacional dirigidas a la prevención, detección, respuesta, recuperación, investigación y defensa activa.

La Carta de Derechos Digitales supone un paso adelante en la protección de los derechos de la ciudadanía en el entorno virtual actual. Esto incluye el reconocimiento del derecho a la igualdad en los ámbitos digitales, la no discriminación y la no exclusión.

En la Administración pública, es ineludible avanzar en el modelo de gobernanza de la ciberseguridad nacional, sobre la base de una mayor eficiencia en los recursos y la integración de las capacidades nacionales. En este sentido, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad permitirá, mediante la prestación de servicios horizontales, aumentar las capacidades de vigilancia, detección y respuesta ante ciberataques contra la Administración General del Estado y sus organismos públicos, así como contra las administraciones autonómicas y locales. Un aspecto relevante será el desarrollo de las infraestructuras de ciberseguridad en las Comunidades y Ciudades Autónomas.

Prioridades adicionales son la creación de un sistema de observación y medición de la situación de la ciberseguridad nacional y la puesta en marcha de una plataforma nacional de notificación y seguimiento de ciberincidentes que permita medir el intercambio de información entre organismos públicos y privados en tiempo real.

Por otro lado, será preciso implementar los nuevos requerimientos previstos en el marco de la Unión Europea en la Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Era Digital y en la adecuación de las nuevas propuestas normativas, que han de incluir la legislación necesaria para la protección de las redes y sistemas.

Espacio marítimo:

La Estrategia de Seguridad Marítima promueve un enfoque integral que potencie la actuación coordinada y cooperativa de las diferentes Administraciones; la adopción de medidas para fortalecer la capacidad de actuación del Estado en la mar y en su litoral; el impulso de la colaboración con el sector privado; y, por último, el fomento de la cooperación internacional, en particular a través de la aplicación de las iniciativas de la Organización Marítima Internacional, la Estrategia de Seguridad Marítima de la Unión Europea y la Estrategia Marítima de la OTAN.

Una de las prioridades en el ámbito marítimo es la seguridad de la flota mercante y pesquera española en aguas jurisdiccionales e internacionales.

Además, en el marco de la Seguridad Nacional, es indispensable una planificación preventiva que proporcione respuestas efectivas ante situaciones de complejidad que requieran una actuación concertada de los diversos organismos implicados en el dominio marítimo. Esto supone introducir tecnologías de Inteligencia Artificial en sistemas, plataformas y sensores de vigilancia marítima para la modernización de las capacidades marítimas.

Espacio aéreo y ultraterrestre:

Es esencial garantizar la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre en un marco compartido y orientado a prevenir los riesgos y amenazas que en ellos se desarrollan, así como neutralizar sus consecuencias, conforme a los principios de eficiencia y máxima coordinación, tanto en el empleo de las capacidades de análisis y evaluación como en las de respuesta ante los riesgos y las amenazas.

La seguridad frente a la amenaza de vehículos aéreos no tripulados precisa de acciones urgentes, dada su proliferación.

El sector espacial es clave para la Seguridad Nacional por los servicios que proporciona. Es preciso desarrollar una política de seguridad en el espacio ultraterrestre basada en la cooperación internacional, que tenga como eje la colaboración entre todos los actores implicados. En este sentido, España debe incorporarse a todas aquellas iniciativas internacionales orientadas a preservar el uso pacífico del espacio ultraterrestre, con especial atención a los programas espaciales de la Unión Europea.

Ante la evolución acelerada del sector, debe alcanzarse un reparto eficaz y eficiente de competencias espaciales entre los diversos organismos involucrados. La creación de una Agencia Espacial Española contribuirá a ordenar las competencias y establecer una política nacional que sirva de guía, tanto al sector público como al privado. Así, se podrá maximizar el rendimiento de las inversiones, fomentar espacios de colaboración públicos y privados, facilitar el uso dual de las capacidades espaciales y potenciar el sector de la industria espacial nacional de forma clara y coherente. Además, la Agencia representará internacionalmente a España en el sector espacial.

Para la seguridad de los espacios comunes globales:

En el ciberespacio:

L.A.17. Avanzar en la integración del modelo de gobernanza de la ciberseguridad en el marco del Sistema de Seguridad Nacional.

En el espacio marítimo:

L.A. 18. Elaborar escenarios de riesgo y planes de preparación y respuesta para aquellas situaciones que se consideren de especial interés para la Seguridad Nacional en el ámbito de la seguridad marítima.

En el espacio aéreo y ultraterrestre:

L.A. 19. Crear la Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la Seguridad Nacional, para dirigir el esfuerzo en materia espacial, coordinar de forma eficiente los distintos organismos nacionales con responsabilidades en el sector espacial y unificar la colaboración y coordinación internacional.

Estabilidad económica y financiera

Un contexto económico justo, estable y seguro es condición necesaria para el progreso y favorece la creación de empleo, así como la competitividad de las empresas y la industria española.

La estrategia económica para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia está recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este Plan traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo tras la crisis de la COVID-19, así como para responder a los retos de la próxima década.

Las medidas que se adopten han de ir acompañadas de una política fiscal robusta y progresiva de acuerdo con el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y que promueva medidas contra la evasión de impuestos, el blanqueo de capitales y la corrupción.

Asimismo, para ejecutar una política preventiva y anticipar posibles crisis, es importante monitorizar los riesgos sistémicos y la publicación de alertas sobre aspectos que puedan afectar a la estabilidad financiera.

Por otra parte, la sostenibilidad del crecimiento económico a medio plazo requiere impulsar la modernización y la productividad del ecosistema industrial español. Este aspecto cobra también sentido en relación a determinados activos estratégicos para la Seguridad Nacional que son objeto de inversión directa extranjera. La tecnología, la salud, el sector aeroespacial o las energías renovables, área esta última en la que España ocupa una posición de liderazgo, son sectores industriales estratégicos para la seguridad. Se han de potenciar, desde una economía abierta, en línea con el marco normativo europeo y el mecanismo de coordinación de la Unión Europea, pero también con vistas a asegurar la cadena de valor, contribuir a una mayor autonomía estratégica y, por tanto, a una mayor resiliencia en situaciones de crisis.

Para la estabilidad económica y financiera:

L.A. 20. Potenciar la modernización y la productividad del ecosistema español industrial, mediante el impulso de la competitividad de sectores estratégicos clave para la Seguridad Nacional, en línea con lo establecido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave

Las políticas públicas contra la criminalidad organizada y la delincuencia grave deben orientarse hacia la identificación temprana de la actividad delictiva, su prevención, persecución y represión efectivas. Para ello, se debe promover la actuación coordinada de los Servicios de Inteligencia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y autoridades fiscal y judicial. A la lucha directa contra la criminalidad desde las instituciones públicas, debe sumarse además la concienciación social sobre el fenómeno delictivo. En este sentido, en marzo de 2020 se aprobó el Plan Estratégico contra la Criminalidad.

Para neutralizar la economía del crimen organizado, se necesitan instrumentos que mejoren la inteligencia y la detección, además de nuevas capacidades de ciberseguridad. Para ello, hay que establecer un plan estratégico que incluya el blanqueo de capitales y la recuperación y localización de activos.

El desarrollo de un plan contra la trata y la explotación de seres humanos, especialmente de mujeres y niñas, contribuirá a hacer frente a las desigualdades sociales que genera la criminalidad y a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ciertos colectivos respecto a los delitos de odio.

Además, es indispensable establecer planes específicos de actuación contra el crimen organizado en las áreas geográficas especialmente proclives a su implantación, actuación y arraigo, como se ha hecho con el plan para el Estrecho de Gibraltar.

Por otro lado, se requiere impulsar nuevas vías de prevención, investigación y análisis de la vinculación entre el crimen organizado y el terrorismo.

Para la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave:

L.A. 21. Elaborar un plan estratégico de lucha contra el enriquecimiento ilícito de las organizaciones criminales y los delincuentes.

L.A. 22. Desarrollar un plan estratégico específico nacional contra la trata y la explotación de seres humanos.

Ordenación de flujos migratorios

La ordenación de los flujos migratorios y la lucha contra las redes de migración irregular y trata de seres humanos deben ser elementos de permanente atención por parte de las Administraciones Públicas, con la implicación del tercer sector y la sociedad civil.

La articulación de mecanismos que mejoren la eficiencia y la integración de todos los esfuerzos y las capacidades de las Administraciones Públicas redundará en una mayor eficacia y coherencia en la gestión migratoria.

Desde una perspectiva integral y preventiva, la colaboración con los países de origen y tránsito es un aspecto indispensable e insustituible para reducir los movimientos migratorios irregulares hacia España. Por ello, resulta esencial reforzar y aumentar los convenios de colaboración en el ámbito bilateral y en el marco de la Unión Europea, en especial en el Magreb, Sahel y África occidental. Además, establecer nuevas vías de migración regular y mejorar las existentes es una parte esencial del compromiso con los países africanos.

La vigilancia y el control de las fronteras es un elemento fundamental en este ámbito. Por un lado, es una responsabilidad compartida, incluidos los países de origen y tránsito, a los que se debe asistir para incrementar sus capacidades y medios. Por otro lado, en cuanto las fronteras exteriores de la Unión Europea, la inmigración irregular es una responsabilidad no solo de los países frontera de la Unión, sino que concierne a todos los socios europeos. Además de las rutas marítimas y terrestres, es imperativo atender a las llegadas aéreas, tanto desde África como desde otros continentes, a los movimientos secundarios hacia o desde España y a la prolongación ilegal de estancia que deriva en inmigración irregular.

Igualmente, es importante la identificación temprana de grupos vulnerables, así como de eventuales beneficiarios de protección internacional, y la mejora de los centros adecuados para su atención.

La optimización de las capacidades de salvamento y rescate en la mar, la atención humanitaria, la recepción y reseña y el tratamiento de los inmigrantes durante todo el ciclo migratorio, incluidos los procesos de determinación de estatus de los solicitantes de protección internacional, requieren actualizar la legislación nacional.

La inclusión de los migrantes es un vector fundamental para lograr una sociedad más próspera, cohesionada y resiliente. Para la consecución de este objetivo, es imprescindible mejorar la coordinación entre los tres niveles de la Administración General del Estado y establecer políticas públicas dirigidas a erradicar cualquier forma de discriminación, racismo o xenofobia.

Para la ordenación de flujos migratorios:

L.A. 23. Establecer un sistema integral y colaborativo de información a nivel de la Administración General del Estado, que permita conocer en tiempo oportuno la situación de los flujos de inmigración, los recursos comprometidos en su gestión, así como las necesidades identificadas.

L.A. 24. Fortalecer la relación y los acuerdos con los países de origen y tránsito para lograr una migración ordenada e impedir el tráfico de seres humanos.

Seguridad energética y transición ecológica

La transición energética hacia un modelo más sostenible, que incorpore un mayor porcentaje de energías renovables y contribuya a lograr la neutralidad climática y una mayor autonomía estratégica, introduce nuevas oportunidades y retos en el escenario energético, que se suman a la necesidad de garantizar la seguridad del abastecimiento y transporte de hidrocarburos en los próximos años.

Las energías renovables y las infraestructuras del sistema energético, en particular las redes eléctricas que las transportan, tienen repercusiones geopolíticas propias. Así, las tecnologías asociadas a la transición energética, las instalaciones y los nuevos materiales, como las tierras raras, están ganando protagonismo frente a recursos más tradicionales como el petróleo y el gas.

Los cambios en la matriz energética conllevan la incorporación de nuevas tecnologías y, en consecuencia, la ampliación y/o profundización de la dependencia de las mismas.

El nuevo paradigma energético obliga a una revisión de la Estrategia de Seguridad Energética Nacional 2015, para una adecuada actualización y encaje en este marco, donde además se han de tener en consideración el Pacto Verde Europeo y los Acuerdos de París de 2015.

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 es el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente entre departamentos ministeriales, Comunidades Autónomas y entes locales.

Para la seguridad energética y transición ecológica:

L.A. 25. Actualizar la Estrategia de Seguridad Energética Nacional para establecer objetivos y líneas de acción de acuerdo con el contexto de transición ecológica, energética y económica.

Tercer eje: Una España que participa en la preservación de la paz y seguridad internacional y defiende sus intereses estratégicos

España es firme defensora del respeto y cumplimiento del Derecho Internacional. Al mismo tiempo, reconoce la necesidad de algunas reformas del sistema internacional. En particular, aboga por una revisión del sistema de las Naciones Unidas, eje central de la acción multilateral concertada para la prevención de conflictos, la acción humanitaria y la consecución de la paz, para lograr una organización más ágil y eficaz, adaptada a los desafíos mundiales actuales.

Asimismo, los mecanismos de gobernanza global son oportunos para gestionar bienes públicos como la salud pública, la seguridad y sanidad alimentaria o el medioambiente.

Un enfoque preventivo y cooperativo de la seguridad es el principal criterio del compromiso de España con la comunidad internacional. Además, España promueve un enfoque integral en la resolución de conflictos en el exterior, basado en una cooperación multidimensional que fortalezca la gobernanza, la seguridad y el progreso.

España incorpora la igualdad de género como un elemento distintivo de su acción exterior, así como el cumplimiento de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, con el objetivo de avanzar hacia la igualdad real y efectiva en el plano internacional.

Multilateralismo reforzado

España es un país comprometido con la paz y seguridad internacional. Ningún país por sí solo puede hacer frente a amenazas globales del siglo XXI como la lucha contra las pandemias o contra los efectos del cambio climático. Una acción concertada sobre la base de un multilateralismo más fuerte resulta necesaria con la Organización de Naciones Unidas como principal referencia a nivel mundial. Las iniciativas orientadas a que la Organización Mundial de la Salud sea un instrumento más eficaz forman parte de la propuesta española. Además, se ha de impulsar un control de armamentos que responda al mundo multipolar e incorpore a China.

Para el multilateralismo reforzado:

L.A. 26. Potenciar la diplomacia preventiva y el papel de España como actor activo y comprometido en la mediación de conflictos en el exterior.

L.A. 27. Contribuir a la intensificación del apoyo al régimen internacional de no proliferación de armas de destrucción masiva y desarme, a través de la actualización de el régimen internacional de control, exportación y verificación.

L.A. 28. Impulsar la implementación de los objetivos del II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad de integrar la perspectiva de género y hacer realidad la participación significativa de las mujeres en la prevención, gestión y resolución de conflictos y la consolidación de la paz.

Autonomía estratégica europea

La autonomía estratégica implica un mayor peso geopolítico de la Unión Europea en la esfera mundial, que puede ser utilizado para equilibrar asimetrías de influencia entre grandes actores, promover una gobernanza justa frente a retos globales como el desarrollo tecnológico, el cambio climático o la lucha contra las pandemias y defender sus valores e intereses.

La autonomía estratégica trasciende el ámbito de la defensa. La construcción del marco europeo de la seguridad sanitaria, las acciones para aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro, el avance en la seguridad energética o el impulso hacia una soberanía tecnológica forman parte, entre otros, del amplio espectro de políticas tendentes al fortalecimiento de la seguridad europea y del papel de la Unión como actor global. En este sentido, es clave la reducción de las dependencias estratégicas de materias primas y componentes esenciales de las cadenas de valor industriales, a través de la diversificación de la producción y el suministro, el mantenimiento de reservas y el impulso a la producción e inversión en Europa.

Un pilar esencial de la seguridad europea es ahondar en la complementariedad entre la Unión Europea y la OTAN. Una Europa con mayores capacidades contribuye a una Alianza Atlántica más fuerte y viceversa. La asunción por parte de los aliados europeos de una mayor cuota de responsabilidad en materia de seguridad y defensa refuerza el compromiso asumido.

Otro aspecto relevante es el desarrollo de una mayor cooperación policial, militar, de inteligencia y judicial en la Unión Europea para luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia grave.

Para la autonomía estratégica europea:

L.A. 29. Promover un liderazgo decidido en la formulación y el desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa, en línea con las conclusiones que se obtengan del proceso de revisión de la seguridad europea.

L.A. 30. Contribuir a reforzar las capacidades estratégicas autónomas de la Unión Europea, incluida la construcción de la Europa de la Defensa y el desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas europeas.

Mayor protagonismo en la OTAN

La defensa colectiva es un elemento central para la Seguridad Nacional. El compromiso de España con el multilateralismo como mejor vía para proteger intereses y valores frente a las amenazas compartidas a la seguridad encuentra su mejor garantía en la participación española en la OTAN. Una visión integral de los riesgos y amenazas a la seguridad, que incorpore los desafíos que presenta el flanco sur, ha de tener su debido reflejo en la reflexión estratégica que está acometiendo la Organización.

Para un mayor protagonismo en la OTAN:

L.A. 31. Participar activamente en la revisión estratégica acometida por la OTAN de acuerdo a las siguientes acciones:

Preservación del medio ambiente, desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático

Los efectos del cambio climático son una de las amenazas más acuciantes para la Seguridad Nacional por su impacto transversal en ámbitos tan heterogéneos como la seguridad energética, las emergencias y catástrofes o los conflictos y desplazamientos de personas a consecuencia de la degradación medioambiental y los desastres naturales.

En particular, un importante nexo con la seguridad se encuentra en los posibles conflictos derivados de los efectos del cambio climático en los países más vulnerables. Por ello, en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se aboga por políticas preventivas de ayuda al desarrollo, que pongan el foco en la construcción de la resiliencia a través de la detección temprana. A tal fin resulta necesaria la identificación de los lugares más vulnerables al cambio climático para priorizar la acción.

Los compromisos adquiridos en los Acuerdos de París de 2015 y la Agenda 2030 encuentran en el Plan Nacional de Acción para la implementación de la Agenda 2030 la principal referencia para avanzar en la lucha contra la crisis climática.

Para la preservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático:

L.A. 32. Integrar la Agenda 2030 en las políticas de cooperación al desarrollo, para contribuir a reforzar las capacidades de los países más vulnerables a prepararse frente al cambio climático.

L.A. 33. Desarrollar los objetivos del área «paz, seguridad y cohesión social» del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 relacionados con la prevención de posibles conflictos mediante su detección temprana, con el fin de reconocer aquellas situaciones que puedan suponer amenazas para la paz y la seguridad internacional.

CAPÍTULO 5. El Sistema de Seguridad Nacional y la Gestión de Crisis

El quinto capítulo de la Estrategia presenta un modelo integrado para hacer frente a las situaciones de crisis de forma preventiva, ágil y eficaz en el marco del Sistema de Seguridad Nacional.

El Sistema de Seguridad Nacional es el conjunto de órganos, organismos, recursos y procedimientos que posibilitan la acción del Estado en el ejercicio de las funciones para proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, y contribuir junto a socios y aliados a la seguridad internacional.

El Consejo de Seguridad Nacional es la pieza angular del Sistema y es el órgano responsable de la dirección y la coordinación de las actuaciones para la gestión de situaciones de crisis. Estas actuaciones están dirigidas a:

– Detectar y valorar los riesgos y amenazas concretos para la Seguridad Nacional.

– Facilitar el proceso de toma de decisiones.

– Asegurar una respuesta óptima y coordinada de los recursos del Estado que sean necesarios.

Para llevarlas a cabo, el Consejo de Seguridad Nacional está asistido por un Comité Especializado de carácter único para el conjunto del Sistema: el Comité de Situación.

El Comité de Situación estará apoyado por el resto de comités especializados, en sus respectivos ámbitos sectoriales, en todo lo relacionado con la valoración de riesgos y amenazas, en el análisis de los posibles escenarios de crisis, en especial de aquellos susceptibles de derivar en una situación de interés para la Seguridad Nacional, y en la evaluación de los resultados.

Un modelo avanzado de Gestión de Crisis

En un entorno de seguridad caracterizado por su elevada complejidad y un ritmo acelerado de cambio, se incrementa la probabilidad de que se produzcan eventos de difícil previsión y de gran impacto para la seguridad. Su prevención y gestión demandan instrumentos de detección y alerta temprana capaces de integrar y analizar toda la información disponible.

Enfoque integral que garantice la resiliencia

Un enfoque integral basado en la resiliencia cubre todas las fases de la gestión de crisis, desde un estado de normalidad hasta la recuperación tras una situación de crisis. Esta aproximación implica implementar estructuras y procesos ágiles que permitan la adopción de políticas anticipatorias, con la ayuda de la digitalización del sistema.

Además, el concepto de resiliencia supone una integración multinivel en el modelo de gestión de crisis, que incorpora tanto la coordinación entre todas las Administraciones públicas (estatal, autonómica y local), como entre los ministerios, el sector privado y científico y la sociedad civil.

A estos fines, y alineado con desarrollos similares en la Unión Europea y la OTAN, el Comité de Situación garantizará, en el marco de la gestión de crisis, el enfoque integral gubernamental y social para aumentar la capacidad de resiliencia frente a todo el espectro de los riesgos y las amenazas a la Seguridad Nacional, con especial atención a las estrategias híbridas, dado el carácter multidimensional y coordinado de este tipo de amenazas, que persiguen atentar contra la estabilidad de los Estados y las instituciones.

Estructuras y procesos

En el marco del Sistema de Seguridad Nacional, la dirección y coordinación de la gestión de crisis es función del Consejo de Seguridad Nacional, asistido por el Comité de Situación.

El Departamento de Seguridad Nacional apoya al Comité de Situación mediante la integración y el análisis de información procedente de todas las autoridades y organismos, la alerta temprana, el seguimiento de la situación y el asesoramiento técnico preventivo y las acciones de respuesta. Este apoyo se materializará a través de los mecanismos de enlace y coordinación del Sistema de Seguridad Nacional, tanto de carácter permanente como de coordinación reforzada. Así, se podrá activar una célula de coordinación, formada por representantes de todos los ministerios y organismos implicados en la respuesta y conducción de la crisis.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional se constituye como punto de entrada y relación con los sistemas de gestión de crisis a nivel político-estratégico de la Unión Europea (Dispositivo de Respuesta Política Integrada a las Crisis) y de la OTAN, salvo en lo relativo a las implicaciones de la Defensa Nacional o en materia de Protección Civil.

A los efectos de una adecuada preparación y adiestramiento, conviene realizar ejercicios de gestión de crisis en el plano político-estratégico con carácter periódico. Estos ejercicios tendrán como objetivo general activar la estructura y los procedimientos del Sistema de Seguridad Nacional, ejercitando la gestión de crisis ante una situación de interés para la Seguridad Nacional.

Asimismo, los miembros del Sistema de Seguridad Nacional participarán en los ejercicios de las organizaciones internacionales cuando así sea preciso.

Desarrollo del Sistema

Para el desarrollo de capacidades nacionales para hacer frente a situaciones de crisis, se acometerán las siguientes iniciativas:

– Catálogo de recursos de la Seguridad Nacional. Se elaborará un catálogo dinámico de recursos de los sectores estratégicos del Estado que puedan ser puestos a disposición de las autoridades competentes. En su elaboración participará tanto el sector público como el privado.

A dichos efectos, las Comunidades Autónomas elaborarán sus catálogos específicos de recursos, que se integrarán en el estatal, sobre la base de sus propias competencias y la información facilitada por el Gobierno.

– Planes de preparación y disposición de recursos. Se elaborarán para aquellos escenarios aprobados por el Consejo de Seguridad Nacional que, en base al análisis de los riesgos y las amenazas, así lo aconsejen.

– Sistema de Alerta Temprana basado en indicadores. El modelo integrado para hacer frente a las situaciones de crisis, de forma preventiva, ágil y eficaz, está basado en un sistema que permita la toma de decisiones sobre la base de la información proporcionada por unos datos objetivos de determinación de impactos y la evidencia científica. A tales efectos, se desarrollará un sistema de indicadores críticos de los distintos ámbitos de la Seguridad Nacional, cuya monitorización y análisis permitan desplegar acciones preventivas y, llegado el caso, la ejecución de medidas de respuesta y conducción en tiempo oportuno.

– Integración de la información de Seguridad Nacional. Se adoptarán soluciones tecnológicas basadas en la gestión del conocimiento, y también, con técnicas de Inteligencia Artificial, para la evaluación de la situación de seguridad y el apoyo al análisis estratégico. Estos desarrollos permitirán la integración y el análisis de toda la información relevante, su distribución y puesta a disposición de todos los actores intervinientes en la gestión de la crisis, así como la interoperabilidad de los sistemas involucrados.

– Desarrollo de las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno. A través de las comunicaciones especiales, se establecerá un instrumento de gestión para el Sistema de Seguridad Nacional, que se configura como elemento de coordinación y para el intercambio de información clasificada en materia de gestión de crisis.

– Integración de las Comunidades y Ciudades Autónomas en el Sistema de Seguridad Nacional. Corresponde a la Conferencia Sectorial para asuntos de la Seguridad Nacional asumir las funciones como órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en aquellas cuestiones de interés común relacionadas con la Seguridad Nacional.

El acceso a las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno de todos los actores intervinientes en una situación de crisis es un requisito imprescindible para su integración efectiva en el Sistema de Seguridad Nacional. De esta forma, en los próximos cinco años se desarrollará un plan de extensión progresiva de esta red.