Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita

Mensualmente, los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Procuradores de los Tribunales de España, así como las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, remitirán, por separado, al Ministerio de Justicia una certificación que contenga el número de expedientes tramitados por cada Colegio de Abogados y de Procuradores que han tenido entrada en las respectivas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita en el mes anterior. La certificación mensual presentada por los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Procuradores de los Tribunales de España, deberá incluir, en un formato que permita su tratamiento automatizado, la información requerida en el artículo 49, apartado c).

Con base en las certificaciones mensuales que remitan los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Procuradores de los Tribunales de España, así como las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y, previa revisión de las mismas, el Ministerio de Justicia efectuará los libramientos mensuales que correspondan, con cargo a sus dotaciones presupuestarias. Por las circunstancias que, en su caso, puedan concurrir en el calendario de cierre presupuestario de cada ejercicio, los libramientos correspondientes a los tres últimos meses del año podrán ser objeto de pago en el ejercicio inmediatamente siguiente.

Para subvencionar el coste que generen, al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España, sus actuaciones en materia de asistencia jurídica gratuita, los citados Consejos percibirán mensualmente una cantidad igual a la resultante de aplicar el 11,5 por ciento al importe que corresponda a los colegios por los expedientes tramitados en dicho periodo, según lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo.

Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de Procuradores de los Tribunales de España distribuirán, entre sus respectivos colegios, el importe de la subvención que corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas y acreditadas por estos ante los citados Consejos Generales, así como de los expedientes tramitados, durante el mes inmediatamente anterior al de cada libramiento.

Los Consejos Generales y los Colegios, en cuanto entidades colaboradoras para la gestión de la subvención, estarán sujetos a las reglas y obligaciones establecidas para dichos sujetos por la Ley General Presupuestaria.

Basándose en dichas certificaciones y, previa revisión de las mismas, el Ministerio de Justicia efectuará, a continuación, los libramientos mensuales que correspondan, sin perjuicio de las posteriores regularizaciones que procedan, una vez cumplimentada en su totalidad la justificación anual regulada en los artículos siguientes. Por las circunstancias que, en su caso, puedan concurrir en el calendario de cierre presupuestario de cada ejercicio, los libramientos correspondientes a los tres últimos meses del año podrán ser objeto de pago en el ejercicio inmediatamente siguiente.

La justificación anual de la aplicación de los fondos percibidos, a que se refiere el artículo anterior, deberá ser coherente con las certificaciones mensuales realizadas, según lo dispuesto en el artículo 47. Dicha justificación, de igual forma que las certificaciones mensuales, deberá ser presentada en un formato que permita su tratamiento automatizado.

La justificación anual, que deberá presentar el Consejo General de la Abogacía Española, comprenderá los siguientes extremos:

La justificación anual que deberá presentar el Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España, comprenderá los extremos señalados en los apartados b), c), d) y e) del apartado anterior.

El abono de los honorarios devengados por los profesionales a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 6.6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, correrá a cargo del Ministerio de Justicia, excepto en los siguientes casos:

En el supuesto de que en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita, quedará éste obligado a abonar las peritaciones realizadas por técnicos privados, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniese a mejor fortuna. Para hacer efectiva dicha obligación, será de aplicación el procedimiento al que hace referencia el artículo 21.

Antes de la realización de la prueba pericial, el técnico privado designado conforme a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 6.6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, remitirá a la Gerencia del Ministerio de Justicia competente por razón del territorio, para su aprobación, una previsión del coste económico de aquella, que incluirá necesariamente los extremos siguientes:

La minuta de honorarios se ajustará a la previsión del coste económico, aprobada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior. Para su devengo, el profesional aportará, además, documentos que acrediten el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita de quien instó la prueba pericial y pronunciamiento del órgano judicial sobre las costas generadas por el proceso.

Se crea el Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, como órgano colegiado, con el fin de impulsar una adecuada coordinación en la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita entre todas las administraciones públicas con competencias en materia de Administración de Justicia, así como con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España.

El Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita se adscribe al Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia.

El Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita tendrá la siguiente composición:

Junto al vocal titular de la Comisión, se podrá designar un suplente, por cada uno de los citados órganos, para las distintas reuniones que se vayan celebrando. A tal efecto, se tendrá que comunicar a la Secretaría del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, con la suficiente antelación, el número y la identidad de los asistentes.

Asimismo, la Presidencia del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita, podrá invitar a participar a sus reuniones, a iniciativa del Ministerio de Justicia o de las dos terceras partes de sus miembros, a representantes de otras instituciones, expertos o cualquier persona cuando, en atención a las materias a tratar, así se considere oportuno. Estos representantes actuarán con voz, pero sin voto.

El Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita se regirá, en cuanto a su organización y funcionamiento, por lo establecido en la Ley reguladora de Régimen Jurídico del sector público. Los acuerdos requerirán para ser adoptados el voto favorable de las dos terceras partes de los vocales asistentes a la reunión.

El Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita se reunirá, al menos, dos veces al año. No obstante, la Presidencia podrá convocar reuniones extraordinarias, por iniciativa propia o a instancia de al menos dos terceras partes de sus Vocales, cuando resultare necesario abordar algún asunto con carácter urgente o si así se estimara oportuno. Asimismo, se podrán celebrar las reuniones del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita con carácter presencial o por medios telemáticos.

Con el fin de garantizar la operatividad en el cumplimiento de los fines del Consejo Estatal, se podrán crear, a propuesta de su Presidencia, grupos de trabajo, de acuerdo con las áreas de estudio, debate o diálogo que resulten de interés.

La Secretaría del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita remitirá la convocatoria, junto con la propuesta de orden del día, a través de medios electrónicos, a los vocales del Consejo Estatal, con al menos, dos semanas de antelación a la fecha de su celebración. Asimismo, los Vocales podrán proponer, hasta una semana antes de la fecha prevista de celebración de la reunión, a la Secretaría del Consejo Estatal otros asuntos, para su inclusión en el orden del día.

La Secretaría del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita recogerá en un acta lo tratado en cada reunión. A los efectos de la elaboración de las actas, las reuniones podrán ser grabadas, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El acta, cualquiera que sea el formato en que se recoja, se hará llegar a los vocales para su conocimiento con posterioridad a la reunión y será sometida a aprobación del Consejo Estatal en la siguiente reunión.

Los vocales del Consejo Estatal de Asistencia Jurídica Gratuita y los asistentes que no ostenten esa condición no percibirán retribución alguna por su participación en las reuniones.

Un 70 por 100.

El restante 30 por 100 de los asuntos procedentes, a la presentación de la copia de la sentencia o resolución que ponga fin a la instancia.

En las transacciones extrajudiciales e informe de insostenibilidad de la pretensión, se devengará la totalidad de la indemnización correspondiente a la presentación de documento suscrito por el interesado o del informe de insostenibilidad.

En las salidas a centros de prisión, se devengarán la totalidad de la indemnización a la presentación de certificación expedida por el centro penitenciario, acreditativa de la actuación realizada.

En la vía administrativa previa (extranjería y asilo), se devengará la totalidad de la indemnización a la presentación de la copia de la resolución o acto administrativo que suponga la finalización del procedimiento.