Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia

1. Sin perjuicio de la utilización de los instrumentos de ordenación urbanística y de los establecidos en la legislación sectorial que rige las diversas actividades con impacto territorial, la ordenación del territorio de Galicia se realizará a través de los siguientes instrumentos:

1.º Planes territoriales integrados.

2.º Planes territoriales especiales.

2. En aplicación de los principios de cooperación y colaboración, los organismos públicos prestarán su apoyo a la redacción de los instrumentos de ordenación del territorio, facilitando, al efecto, a las personas encargadas de su redacción los documentos e información necesarios.

3. La redacción de los instrumentos de ordenación del territorio se efectuará por facultativos o facultativas con la correspondiente titulación universitaria, en función de la materia objeto de regulación.

Los instrumentos de ordenación del territorio que impliquen la transformación urbanística del suelo habrán de redactarse por personas o equipos multidisciplinares, en los cuales al menos uno de sus miembros deberá ser arquitecto o arquitecta o ingeniero o ingeniera de caminos, canales y puertos, o, en su caso, disponer de titulación equivalente que habilite para el ejercicio de dichas profesiones.

La identidad y titulación de los distintos profesionales que intervienen en la redacción de los instrumentos de ordenación del territorio ha de constar en los documentos que elaboren.

Artículo 20. Vinculación de las determinaciones de los instrumentos de ordenación del territorio.

1. Los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos conforman un sistema integrado que se articula según los principios de competencia, especialidad y coordinación.

En todo caso, las competencias en materia de ordenación del territorio habrán de ejercerse sin perjuicio de las que se deriven de las diferentes normativas sectoriales que resulten de aplicación.

2. Los instrumentos de ordenación del territorio habrán de redactarse de forma que quede garantizada la coherencia entre todos ellos, teniendo en cuenta el alcance y grado de vinculación de sus determinaciones, que pueden ser las siguientes:

3. Los instrumentos de ordenación del territorio, en congruencia con su escala territorial y con los fines perseguidos, podrán modificar, justificadamente, el régimen de usos y condiciones de la edificación previstos en la normativa urbanística vigente para el suelo rústico.

4. En los supuestos previstos en la presente ley y con pleno respeto a la autonomía municipal, a fin de garantizar la eficacia de las determinaciones contempladas en los instrumentos de ordenación del territorio y los principios de celeridad, eficacia, simplificación administrativa y seguridad jurídica, se tramitarán simultáneamente, mediante uno de los procedimientos contemplados en el capítulo III de la presente ley, la aprobación del instrumento de ordenación del territorio y la modificación del planeamiento urbanístico, en los extremos estrictamente afectados por las determinaciones del instrumento de ordenación territorial y para garantizar su efectividad.

Artículo 21. Suspensión cautelar motivada por la formulación de un instrumento de ordenación del territorio.

1. Acordada la iniciación del procedimiento de elaboración de cualquiera de los instrumentos de ordenación del territorio contemplados en el artículo 19.1 de la presente ley, la persona titular de la consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, de forma motivada, podrá suspender cautelarmente los procedimientos de aprobación del planeamiento urbanístico y de los instrumentos de gestión o ejecución del planeamiento, así como el procedimiento de otorgamiento de licencias y la presentación de otros títulos habilitantes municipales de naturaleza urbanística para ámbitos determinados, con la finalidad de salvaguardar las competencias autonómicas de ordenación del territorio.

El acuerdo de suspensión, en el que habrán de identificarse gráficamente las áreas o zonas afectadas por la misma, no afectará a las siguientes actuaciones:

2. Con carácter previo a la adopción del acuerdo de suspensión, se dará audiencia al ayuntamiento o ayuntamientos afectados por plazo de un mes. Durante dicha audiencia, los ayuntamientos habrán de informar de las licencias solicitadas que se verían afectadas por la suspensión.

3. El acuerdo de suspensión y sus eventuales modificaciones deberán publicarse en el «Diario Oficial de Galicia». Igualmente, se notificará de forma individualizada a las personas peticionarias de licencias pendientes de otorgamiento que pudieran resultar afectadas, relacionadas en el informe o informes referidos en el número anterior, que tendrán derecho a ser indemnizadas del coste oficial de los proyectos y a la devolución, en su caso, de las cantidades correspondientes a los tributos municipales, en los términos señalados en el artículo 47 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

4. Durante el procedimiento de aprobación del instrumento de ordenación del territorio podrán modificarse los ámbitos territoriales y materiales de la suspensión acordada, sin que tal circunstancia altere la duración máxima prevista en el número siguiente.

5. La suspensión se extinguirá con la aprobación definitiva del instrumento de ordenación del territorio que motivó su adopción y, en todo caso, por el transcurso del plazo de dos años, a contar desde la fecha del acuerdo de suspensión.

6. Extinguidos los efectos de la suspensión con arreglo a lo dispuesto en este artículo, no podrán acordarse nuevas suspensiones en el mismo ámbito y por idéntica finalidad en el plazo de cuatro años.

Artículo 22. Evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación del territorio.

1. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria los siguientes instrumentos de ordenación del territorio, así como sus modificaciones:

2. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada:

3. En todo caso, en el supuesto de proyectos de interés autonómico que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos, estos proyectos habrán de someterse al procedimiento de declaración de impacto ambiental, pudiendo adoptarse, a favor del principio de eficacia, la incorporación de trámites y actos administrativos del procedimiento de evaluación ambiental estratégica en otros procedimientos de evaluación ambiental, en los términos previstos en el artículo 13.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

CAPÍTULO II. Instrumentos de ordenación del territorio

Sección 1.ª Las Directrices de ordenación del territorio

Artículo 23. Objeto, ámbito y funciones de las Directrices de ordenación del territorio.

1. Las Directrices de ordenación del territorio son el instrumento de ordenación estructural que sirve para proteger, dirigir y coordinar los fines y objetivos de la política territorial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, constituyendo el principal elemento de planificación territorial y la base del desarrollo de las actuaciones con incidencia en el territorio que hayan de producirse en la Comunidad Autónoma, dentro del necesario respeto a las competencias de las distintas administraciones públicas.

En el marco de la presente ley, las Directrices de ordenación del territorio son el instrumento que ofrece una visión global de la ordenación territorial de Galicia y sirve de referencia para la formulación de los restantes instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos, que habrán de justificar su coherencia y conformidad con sus determinaciones, así como para las actuaciones con incidencia en el territorio que se desarrollen por las personas particulares y las administraciones públicas, con pleno respeto, en este último caso, a las competencias respectivas.

2. El ámbito de las Directrices de ordenación del territorio será la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

3. Corresponden a las Directrices de ordenación del territorio las siguientes funciones:

Artículo 24. Contenido de las Directrices de ordenación del territorio.

1. Las Directrices de ordenación del territorio contendrán las siguientes determinaciones:

Igualmente, las Directrices de ordenación del territorio identificarán la Estrategia gallega de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas que se elabore por la Comunidad Autónoma de Galicia como sistema de espacios que garanticen la conectividad ecológica y la provisión de servicios ecosistémicos a escala regional, contemplando las determinaciones que resulten necesarias para su correcta gestión y ordenación.

ñ) Señalamiento de las causas y supuestos que vayan a determinar la modificación sustancial o no de las Directrices de ordenación del territorio, en función de la aparición de necesidades no previstas en las mismas o de los cambios introducidos en la política económica o social a desarrollar por las administraciones públicas implicadas.

A tal efecto, las Directrices contendrán los indicadores y criterios para el análisis de la evolución territorial de la Comunidad Autónoma.

2. Las determinaciones previstas en el número anterior tienen carácter enunciativo y no limitativo, por lo que las Directrices de ordenación del territorio podrán contemplar cuantas otras sean congruentes con las funciones previstas en el artículo anterior.

En todo caso, las Directrices de ordenación del territorio respetarán la autonomía de las administraciones locales para la gestión de sus intereses propios, así como las competencias estatales.

Artículo 25. Documentación de las Directrices de ordenación del territorio.

1. Las Directrices de ordenación del territorio contendrán los documentos gráficos y escritos que reflejen adecuadamente los contenidos expuestos en el artículo anterior, con el grado de precisión apropiado a sus funciones, y, como mínimo, los siguientes:

2. Para su difusión pública, se elaborará un documento resumen no técnico de las Directrices de ordenación del territorio, que facilite el conocimiento de los aspectos esenciales de su contenido.

Artículo 26. Borrador de las Directrices de ordenación del territorio.

1. Corresponde al Consello de la Xunta de Galicia acordar la iniciación del procedimiento de elaboración de las Directrices de ordenación del territorio. El acuerdo, que habrá de ser publicado en el «Diario Oficial de Galicia», será motivado, señalará las causas que lo justifiquen y determinará el plazo de formulación del correspondiente borrador de las Directrices de ordenación del territorio.

2. Corresponden a la consejería competente en materia de ordenación del territorio la tramitación e impulso del procedimiento de elaboración de las Directrices de ordenación del territorio y la preparación del borrador de las Directrices de ordenación del territorio. Las consejerías con competencias con proyección territorial formularán las previsiones y determinaciones que les correspondan respecto a los contenidos sectoriales de las Directrices, a los efectos de su integración efectiva en el borrador. Dicha formulación se hará en el plazo de tres meses, a contar desde su petición por la consejería tramitadora del procedimiento.

Con la misma finalidad, se solicitará de la Administración del Estado y de las administraciones locales la formulación de propuestas en las materias de su competencia, que emitirán en igual plazo al expresado en el párrafo anterior.

3. En cualquier caso, para la elaboración del borrador de directrices, la consejería tramitadora del procedimiento recabará de los órganos y entidades mencionados cuantos datos e informaciones sean necesarios para la más correcta redacción de dicho documento, que habrán de ser aportados en el plazo de dos meses a partir del momento en que les sean solicitados. Igualmente, dichos órganos y entidades podrán aportar cuantas informaciones y sugerencias estimasen convenientes para los mismos fines.

4. El borrador de las Directrices se remitirá a las administraciones y órganos citados en los números anteriores y a las entidades públicas y privadas que se consideren interesadas, para que en el plazo de tres meses aporten cuantas observaciones, propuestas y alternativas estimen oportunas. Asimismo, será remitido al Parlamento de Galicia para su conocimiento y valoración.

5. Una vez realizados los trámites señalados en este artículo, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 54.

Artículo 27. Eficacia de las Directrices de ordenación del territorio.

1. Las determinaciones contenidas en las Directrices de ordenación del territorio tendrán, en todo caso, la eficacia que sea congruente con su función de instrumento directriz. A este efecto, expresarán de forma clara e inequívoca el alcance concreto con que habrán de operar todas y cada una de sus determinaciones, según lo previsto en el artículo 20.

2. Las Directrices de ordenación del territorio no podrán clasificar suelo ni sustituir en ningún caso el planeamiento urbanístico en las funciones que le son propias, de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

Artículo 28. Control parlamentario de las Directrices de ordenación del territorio.

1. Se determinará por decreto del Consello de la Xunta de Galicia el procedimiento que regule el seguimiento de los objetivos y determinaciones de las Directrices de ordenación del territorio de Galicia y el seguimiento de los efectos sobre el medioambiente de la aplicación o ejecución de dichas directrices.

2. La Administración autonómica remitirá al Parlamento de Galicia, cada tres años, una memoria de seguimiento del grado de desarrollo de los objetivos y determinaciones de las Directrices de ordenación del territorio de Galicia.

Sección 2.ª Los planes territoriales

Subsección 1.ª Planes territoriales integrados

Artículo 29. Objeto, ámbito y funciones de los planes territoriales integrados.

1. Los planes territoriales integrados son instrumentos dirigidos a la organización de áreas geográficas supramunicipales que, bien por presentar características homogéneas, bien por su tamaño y relaciones funcionales, demanden una planificación de los usos del suelo, actividades productivas, infraestructuras y equipamientos de tipo comarcal y de carácter integrado.

2. Como norma general, el ámbito de un plan territorial integrado será una de las áreas geográficas supramunicipales definidas en las Directrices de ordenación del territorio.

3. Cuando circunstancias no previstas en las Directrices de ordenación del territorio lo aconsejasen por darse los requisitos previstos en el número 1, el Consello de la Xunta de Galicia podrá acordar la elaboración de un plan territorial integrado, señalando su ámbito territorial y los objetivos a alcanzar, a propuesta de la persona titular de la consejería competente por razón del objeto y en función de la materia sobre la que verse dicho instrumento, y previo informe de la consejería competente en materia de ordenación del territorio.

El acuerdo, que habrá de ser publicado en el «Diario Oficial de Galicia» y notificado a los ayuntamientos y diputaciones provinciales afectados, será motivado, señalará las causas que lo justifiquen y determinará la consejería competente para la tramitación del procedimiento de elaboración del plan, así como aquellos otros órganos que tengan que participar en el mismo.

4. Los planes territoriales integrados solo podrán promoverse por la iniciativa pública, entendiendo por tal, a efectos de lo establecido en la presente ley, las administraciones públicas, las entidades de derecho público dependientes de las mismas, las sociedades en cuyo capital social sea total o mayoritaria la participación directa o indirecta de dichas administraciones y entidades y los consorcios con participación de alguna de las anteriores administraciones públicas y entidades de derecho público dependientes.

5. Son funciones de los planes territoriales integrados, entre otras:

Artículo 30. Contenido de los planes territoriales integrados.

Los planes territoriales integrados contendrán, como mínimo, las siguientes determinaciones:

ñ) Propuesta de posibles medidas de apoyo encaminadas a incentivar actuaciones que favorezcan la consecución de los objetivos fijados en las Directrices de ordenación del territorio y en el propio plan, y que contribuyan a alcanzar un desarrollo territorial eficiente y racional.

Artículo 31. Documentación de los planes territoriales integrados.

Los planes territoriales integrados contendrán los documentos gráficos y escritos que reflejen adecuadamente las determinaciones expuestas en el artículo anterior, con el grado de precisión apropiado a sus funciones, y, como mínimo, los siguientes:

1.º Justificación de la coherencia y oportunidad para su formulación.

2.º Descripción del ámbito territorial objeto de la actuación.

3.º Identificación y explicación de los objetivos, fortalezas, debilidades y conflictos territoriales, así como las medidas propuestas, los criterios y las opciones previstas.

4.º Anexos en que se detallen los estudios elaborados.

En los supuestos de tramitación simultánea, en el mismo procedimiento, del plan territorial integrado y de la modificación del planeamiento urbanístico municipal vigente, de conformidad con lo previsto en el número 4 del artículo 20, se elaborará la documentación de carácter técnico y normativo necesaria para la tramitación de la modificación del instrumento de planeamiento urbanístico.

En este caso, el plan territorial integrado habrá de contemplar, respecto a la clase o categoría de suelo que defina, las determinaciones que resulten exigibles con arreglo a la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

En todo caso, la previsión, por el plan territorial integrado que proceda a la clasificación y categorización del suelo, de protección especial para determinados suelos o la modificación de la protección especial que los mismos tuvieran reconocida exigirá informe favorable del órgano sectorial competente y el cumplimiento de los restantes requisitos exigibles.

Subsección 2.ª Planes territoriales especiales

Artículo 32. Objeto, ámbito y funciones de los planes territoriales especiales.

1. Los planes territoriales especiales tienen por objeto desarrollar las Directrices de ordenación del territorio en los ámbitos en que aquellas lo estimen necesario, en función de sus características morfológicas, agrícolas, ganaderas, forestales, etnográficas, productivas, patrimoniales, paisajísticas o ecológicas diferenciadas, que exijan una consideración y tratamiento unitarios en ese ámbito.

2. Cuando circunstancias no previstas en las Directrices de ordenación del territorio lo aconsejasen, por concurrir los requisitos previstos en el número 1, el Consello de la Xunta podrá acordar la elaboración de un plan territorial especial para la protección de determinados espacios o la ordenación de áreas singulares, señalando su ámbito territorial y los principales objetivos a alcanzar, a propuesta de la persona titular de la consejería competente por razón del objeto y en función de la materia sobre la que verse dicho instrumento, y previo informe de la consejería competente en materia de ordenación del territorio.

El acuerdo, que habrá de ser publicado en el «Diario Oficial de Galicia» y notificado a los ayuntamientos y diputaciones provinciales afectados, será motivado, señalará las causas que lo justifiquen y determinará la consejería competente para la tramitación del procedimiento de elaboración del plan, así como aquellos otros órganos que tengan que participar en el mismo.

3. Los planes territoriales especiales solo podrán promoverse por la iniciativa pública, en los términos señalados en el número 4 del artículo 29.

Artículo 33. Contenido y documentación de los planes territoriales especiales.

1. Los planes territoriales especiales contendrán cuantas determinaciones resultasen precisas en función de su objeto y, como mínimo, las siguientes:

2. Los planes territoriales especiales contendrán los documentos gráficos y escritos necesarios para reflejar el contenido de sus determinaciones y, en todo caso, los siguientes:

En los supuestos de tramitación simultánea, en el mismo procedimiento, del plan territorial especial y de la modificación del planeamiento urbanístico municipal vigente, de conformidad con lo previsto en el número 4 del artículo 20, se elaborará la documentación de carácter técnico y normativo necesaria para la tramitación de la modificación del instrumento de planeamiento urbanístico.

En este caso, el plan territorial especial habrá de contemplar, respecto a la clase o categoría de suelo que defina, las determinaciones que en cada caso resulten exigibles con arreglo a la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

En todo caso, la previsión, por el plan territorial especial que proceda a la clasificación y categorización del suelo, de protección especial para determinados suelos o la modificación de la protección especial que los mismos tuvieran reconocida exigirá informe favorable del órgano sectorial competente y el cumplimiento de los restantes requisitos exigibles.

Subsección 3.ª Eficacia de los planes territoriales

Artículo 34. Eficacia de los planes territoriales.

1. Las determinaciones de los planes territoriales tendrán, en todo caso, la eficacia que sea congruente con su funcionalidad, expresando de forma clara e inequívoca el alcance con que habrán de operar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.

2. Cuando los planes territoriales contengan determinaciones de aplicación directa o vinculantes para el planeamiento urbanístico existente, el decreto de aprobación definitiva de los mismos precisará, necesaria y respectivamente, los puntos concretos en que sus determinaciones prevalecerán sobre las previsiones del planeamiento o el momento o los plazos en que los ayuntamientos habrán de adaptarse a dichas determinaciones.

A tal efecto, los planes territoriales podrán establecer la clasificación y categorización del suelo de los ámbitos delimitados, cuando sea condición misma para su efectividad.

3. En los supuestos de tramitación simultánea, en el mismo procedimiento, del plan territorial y de la modificación del planeamiento urbanístico municipal vigente, de conformidad con lo previsto en el número 4 del artículo 20, el decreto de aprobación definitiva del mismo tendrá por objeto también la aprobación definitiva de la modificación del instrumento de planeamiento urbanístico.

Sección 3.ª Los planes sectoriales

Artículo 35. Objeto, ámbito y funciones de los planes sectoriales.

1. Los planes sectoriales son instrumentos de ordenación del territorio que tienen por objeto ordenar y regular la implantación territorial de las actividades sectoriales que se señalan en el número 2, estableciendo, en su caso, las condiciones generales para las futuras actuaciones que desarrollen dichos planes y definiendo los criterios de diseño y las características funcionales y de emplazamiento que garanticen su accesibilidad y coherente distribución territorial, según su naturaleza.

2. A los efectos de lo señalado en el número anterior, podrán formularse planes sectoriales referidos a los siguientes ámbitos o sectores:

3. La formulación de un plan sectorial tendrá carácter integrador, refiriéndose, por tanto, al conjunto de actuaciones que, por su función o destino, requieran de una planificación u ordenación conjunta.

A tal efecto, el ámbito territorial de los planes sectoriales será la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, salvo que por su especificidad sea preciso delimitar un ámbito menor.

4. Los planes sectoriales solo podrán promoverse por la iniciativa pública, entendiendo por tal las administraciones y entidades descritas en el artículo 29.4.

5. Los planes sectoriales se desarrollarán por medio de proyectos de interés autonómico.

6. Son funciones de los planes sectoriales, entre otras:

Artículo 36. Contenido de los planes sectoriales.

Los planes sectoriales contendrán las siguientes determinaciones:

A tal efecto, el plan sectorial podrá establecer la clasificación y categorización del suelo de dichos ámbitos delimitados, cuando fuese condición misma para su efectividad.

En este caso, el plan sectorial habrá de contemplar, respecto a la clase o categoría de suelo que defina, las determinaciones que en cada caso resulten exigibles con arreglo a la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

En todo caso, la previsión, por el plan sectorial que proceda a la clasificación y categorización del suelo, de protección especial para determinados suelos o la modificación de la protección especial que los mismos tuvieran reconocida exigirá informe favorable del órgano sectorial competente y el cumplimiento de los restantes requisitos exigibles.

ñ) Pautas y directrices para una eficaz coordinación, colaboración y cooperación administrativa.

Artículo 37. Documentación de los planes sectoriales.

Los planes sectoriales contendrán, al menos, los siguientes documentos:

1.º Justificación de la coherencia y oportunidad para su formulación.

2.º Descripción de las características del ámbito territorial objeto de la actuación.

3.º Análisis y diagnóstico del área o sector de actividad sujeto a ordenación, referido al desarrollo de las determinaciones contenidas en el artículo anterior.

4.º Justificación de la ordenación y de sus alternativas, en su caso, definiendo objetivos y criterios para su posterior desarrollo.

5.º Justificación de la idoneidad de los emplazamientos elegidos para futuras actuaciones de desarrollo, en su caso.

6.º Definición de las características técnicas de las posibles actuaciones que desarrollen el plan.

7.º Estudio de la incidencia territorial del plan, especialmente sobre los núcleos de población, usos del suelo, infraestructuras, equipamientos y servicios, protecciones y afecciones urbanísticas y ambientales, con previsión de los medios adecuados de corrección o minimización de impactos.

8.º Anexos en que se detallen los estudios elaborados.

En los supuestos de tramitación simultánea, en el mismo procedimiento, del plan sectorial y de la modificación del planeamiento urbanístico municipal vigente, de conformidad con lo previsto en el número 4 del artículo 20, se elaborará la documentación de carácter técnico y normativo necesaria para la tramitación de la modificación del instrumento de planeamiento urbanístico.

Artículo 38. Eficacia de los planes sectoriales.

1. Las determinaciones de los planes sectoriales tendrán, en todo caso, la eficacia que sea congruente con su funcionalidad, expresando de forma clara e inequívoca el alcance con que habrán de operar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.

2. Cuando los planes sectoriales contengan determinaciones de aplicación directa o vinculantes para el planeamiento urbanístico existente, el decreto de aprobación definitiva de los mismos precisará, necesaria y respectivamente, los puntos concretos en que las determinaciones del plan prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico o el momento o los plazos en que los ayuntamientos habrán de adaptarse a dichas determinaciones.

3. En los supuestos de tramitación simultánea, en el mismo procedimiento, del plan sectorial y de la modificación del planeamiento urbanístico municipal vigente, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, el decreto de aprobación definitiva del mismo tendrá por objeto también la aprobación definitiva de la modificación del instrumento de planeamiento urbanístico.

Artículo 39. Carácter limitativo de los planes sectoriales.

1. Cuando se apruebe un plan sectorial solo podrán formularse, dentro del objeto y del ámbito delimitados por el mismo, los proyectos de interés autonómico que desarrollen dicho plan sectorial.

2. Como consecuencia de lo anterior, la realización, dentro del objeto y del ámbito delimitados por un plan sectorial, de una actuación no prevista en el mismo requerirá de su modificación.

Sección 4.ª Los proyectos de interés autonómico

Subsección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 40. Objeto, ámbito y funciones de los proyectos de interés autonómico.

1. Los proyectos de interés autonómico son los instrumentos de intervención directa en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma que tienen por objeto planificar y proyectar las siguientes actuaciones, siempre que trasciendan el ámbito municipal por su incidencia territorial, económica, social o cultural, su magnitud o sus singulares características que las hagan portadoras de un interés supramunicipal cualificado:

2. De acuerdo con lo establecido en el número anterior, se consideran:

3. En función de su objeto, se diferencian los siguientes tipos:

En este caso, el proyecto habrá de ajustarse a los criterios y objetivos generales que establezcan las Directrices de ordenación del territorio, debiendo ser congruente y ajustarse al contenido de los instrumentos de ordenación del territorio vigentes con que pudiera concurrir por el ámbito territorial o el contenido del proyecto.

4. Una vez aprobado un plan sectorial, no podrán aprobarse, dentro del objeto y del ámbito delimitados por dicho plan, proyectos de interés autonómico no previstos que planifiquen y proyecten la implantación de actuaciones diferentes de las previstas en dicho plan sectorial, debiendo procederse, en su caso, a la modificación del mismo.

5. Los proyectos de interés autonómico podrán promoverse y desarrollarse por iniciativa pública o privada.

6. En el caso de proyectos de iniciativa privada que impliquen la transformación urbanística del suelo, la persona promotora habrá de acreditar la aceptación por las personas propietarias que representen más del 50 % de la superficie total del ámbito de actuación del proyecto.

7. Los proyectos de interés autonómico definirán los criterios de diseño, las características funcionales y el emplazamiento de las actuaciones objeto del proyecto que garanticen la accesibilidad y la sostenibilidad ambiental de tales actuaciones.

Igualmente, garantizarán la adecuada inserción en el territorio de las actuaciones que constituyan su objeto, su conexión con las redes y con los servicios correspondientes sin menoscabo de la funcionalidad de los existentes mediante la realización de cuantas obras fueran precisas, su adaptación al entorno en que se ubiquen y su articulación con las determinaciones del planeamiento urbanístico y territorial vigente.

8. Todas las obras, servicios públicos, infraestructuras e instalaciones previstas en el proyecto se ajustarán a las dimensiones y características exigidas por la legislación sectorial que les sea de aplicación.

Artículo 41. Declaración de interés autonómico.

1. En el caso de proyectos de interés autonómico no previstos, será necesaria, como requisito previo al inicio del procedimiento de aprobación, la declaración de interés autonómico de la actuación que constituya su objeto.

2. A los efectos de lo señalado en el número anterior, las personas o las entidades promotoras de la actuación solicitarán a la consejería competente por razón de la materia la declaración de interés autonómico, para lo cual habrán de aportar una propuesta de actuación en la cual se indiquen, al menos, los siguientes extremos:

1.º Que las actuaciones previstas trasciendan el ámbito municipal por su incidencia territorial, económica, social o cultural, su magnitud o sus singulares características, que las hagan portadoras de un interés supramunicipal cualificado, sin que sea suficiente justificación su emplazamiento en terrenos de varios términos municipales.

2.º Que las actuaciones previstas posean una función vertebradora y estructurante del territorio, de impulso y de dinamización demográfica, o que sirvan para desarrollar, implantar o ejecutar políticas sectoriales previstas en la legislación sectorial, o que la declaración de interés autonómico es necesaria para garantizar la adecuada inserción en el territorio de las actuaciones que constituyen su objeto, su conexión con las redes y servicios correspondientes sin menoscabo de la funcionalidad de los existentes o su adaptación al entorno en que se ubiquen.

Artículo 42. Procedimiento de declaración de interés autonómico.

1. El procedimiento de declaración de interés autonómico podrá iniciarse de oficio, por acuerdo de la consejería competente por razón de la materia relacionada con la actuación, en el cual habrá de motivarse expresamente la procedencia de la declaración, o a solicitud de las personas o entidades promotoras, en los términos previstos en el artículo anterior.

En el supuesto de inicio a solicitud de la persona interesada, la consejería competente por razón de la materia habrá de emitir informe sobre la procedencia de la declaración solicitada en el plazo de dos meses.

Tanto en el caso de iniciación del procedimiento de oficio como a solicitud de persona interesada se solicitará informe a la consejería competente en materia de ordenación del territorio sobre la coherencia de la propuesta de actuación con las determinaciones de las Directrices de ordenación del territorio y de los restantes instrumentos de ordenación del territorio vigentes que afecten al ámbito del proyecto, que habrá de ser emitido en el plazo de dos meses.

2. Una vez cumplimentados los trámites anteriores, se dará audiencia por plazo de dos meses a los ayuntamientos y demás administraciones públicas cuyas funciones pudieran resultar afectadas por la actuación.

3. A la vista del resultado de las actuaciones señaladas, la consejería competente por razón de la materia formulará una propuesta de resolución, remitiéndola, junto con el resto del expediente, al Consello de la Xunta para que este proceda, en su caso, a la declaración del interés autonómico, así como a la determinación de la consejería competente para la tramitación del procedimiento de aprobación del proyecto y de aquellas que, en su caso, hayan de colaborar en dicha tramitación.

4. El acuerdo del Consello de la Xunta por el que se apruebe la declaración de interés autonómico se publicará en el «Diario Oficial de Galicia» y en el boletín oficial de la provincia correspondiente.

5. La declaración de interés autonómico no condicionará en caso alguno la resolución que ponga fin al procedimiento de aprobación del proyecto.

Artículo 43. Caducidad de la declaración de interés autonómico.

1. Acordada la declaración de interés autonómico, la persona promotora dispondrá de un plazo de un año para la presentación de la documentación necesaria para iniciar la tramitación del procedimiento de aprobación del proyecto. El mismo plazo resultará de aplicación para el supuesto de inicio del procedimiento de aprobación del proyecto de oficio. Si no se iniciase el procedimiento en dicho plazo, la declaración de interés autonómico quedará sin efectos, declarándose su caducidad, previa audiencia a la persona promotora.

2. Transcurridos tres años desde la aprobación de la declaración sin que se hubiera publicado en el «Diario Oficial de Galicia» el acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de interés autonómico, se producirá la caducidad de aquella, salvo que en dicho tiempo hubiera recaído acuerdo de aprobación inicial del proyecto.

3. Si transcurriesen tres años desde el acuerdo de aprobación inicial del proyecto sin que se hubiera publicado en el «Diario Oficial de Galicia» el acuerdo de su aprobación definitiva, se producirá la caducidad de la declaración de interés autonómico, salvo que antes de finalizar el plazo señalado se hubiera acordado una prórroga por un periodo no superior a dos años. En este último caso, se producirá la caducidad de la declaración si, transcurrida la prórroga, no se hubiera publicado en el «Diario Oficial de Galicia» el acuerdo de aprobación definitiva del proyecto.

4. En los supuestos previstos en los números anteriores la caducidad se declarará por acuerdo del Consello de la Xunta, que se publicará en el «Diario Oficial de Galicia».

Artículo 44. Contenido de los proyectos de interés autonómico.

1. Los proyectos de interés autonómico detallarán las determinaciones del plan sectorial que desarrollen, en su caso, contemplando, como mínimo, las siguientes determinaciones:

En el caso de proyectos de interés autonómico previstos en un plan sectorial, el proyecto podrá, justificadamente, reajustar el ámbito delimitado por el plan, siempre que no suponga una alteración superior al 10 % del mismo, incluso cuando el reajuste afecte a la clasificación urbanística del suelo, salvo que en el propio plan sectorial se exima de tal limitación. En todo caso, en el procedimiento de aprobación del proyecto deberá darse audiencia a las personas propietarias afectadas.

A tal efecto, la persona promotora deberá depositar una fianza equivalente al 5 % del coste de las obras e infraestructuras necesarias para la implantación de las actuaciones previstas en el proyecto o, en su caso, la establecida expresamente por la normativa sectorial correspondiente.

2. Cuando, por razón de su objeto, la inclusión de alguno de los anteriores extremos resulte imposible o innecesaria para el proyecto de interés autonómico de que se trate, habrá de justificarse debidamente dicha circunstancia.

Se modifica el apartado 1.b) por el art. 10.1 de la Ley 18/2021, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2022-3415

Artículo 45. Documentación de los proyectos de interés autonómico.

1. Los proyectos de interés autonómico incluirán las determinaciones expuestas en el artículo anterior, conteniendo, como mínimo, los siguientes documentos:

1.º Justificación de la coherencia y oportunidad para su formulación y del interés público y utilidad social de la actuación.

2.º Justificación de la idoneidad del emplazamiento elegido en el caso de proyectos de interés autonómico no previstos o de acomodo al plan sectorial que desarrolla el proyecto.

En el caso de proyectos de interés autonómico no previstos se incluirá un análisis de compatibilidad estratégica para garantizar la coherencia de la planificación en cascada y la consideración de la prevención y minimización de los posibles efectos adversos que el proyecto pudiera generar en el medioambiente.

3.º Descripción de las características técnicas de las actuaciones objeto del plan, así como del ámbito territorial afectado.

4.º Estudio de la incidencia territorial de la actuación prevista, especialmente sobre los núcleos de población, protecciones y afecciones urbanísticas y ambientales y medios de corrección o de minimización de impactos.

5.º Justificación del cumplimiento de las normas de aplicación directa contenidas en los artículos 91 y 92 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, y, en su caso, de los estándares urbanísticos correspondientes a las clases de suelo que resulten de la nueva ordenación.

6.º Análisis de la relación del contenido del proyecto de interés autonómico con el planeamiento urbanístico vigente.

1.º Planos de información expresivos de las características naturales, físicas y topográficas actuales de los terrenos afectados por el proyecto, así como de la estructura de la propiedad y de la clasificación y calificación urbanística de acuerdo con el planeamiento vigente, incluyendo la red de infraestructuras viarias y demás servicios urbanísticos existentes.