LegalizeLey 5/2022, de 19 de diciembre, de la renta canaria de ciudadanía
Las pensiones no contributivas en su modalidad de invalidez del sistema de la Seguridad Social.
Las pensiones contributivas en su modalidad de invalidez, hasta el límite de las cuantías establecidas para las pensiones no contributivas con complemento retributivo de tercera persona.
Las pensiones derivadas del pago de alimentos reconocidas por sentencia judicial o convenio regulador, hasta el límite de la cuantía mensual de la renta de ciudadanía que les correspondiera por unidad de convivencia.
Las pensiones compensatorias reconocidas por sentencia judicial y que se abonen de forma efectiva, hasta el límite de la cuantía mensual de la renta de ciudadanía que les correspondiera por unidad de convivencia.
Las prestaciones por acogimiento familiar, hasta el límite que le pudiera corresponder por unidad de convivencia.
Las pensiones de orfandad del sistema de la Seguridad Social hasta el límite que les pudiera corresponder por unidad de convivencia.
Las ayudas a jóvenes que provengan del sistema de protección hasta el límite que les pudiera corresponder por unidad de convivencia.
El importe procedente de los rendimientos del trabajo en la cuantía que se establezca reglamentariamente conforme a lo establecido en el artículo 21 de esta ley.
Los derivados del ingreso mínimo vital, únicamente durante el periodo que va de la solicitud de esa prestación estatal a su resolución.
ñ) Las pensiones de jubilación, contributivas y no contributivas, del sistema de la Seguridad Social o de otro régimen público de protección social, así como las pensiones de viudedad, hasta el límite que les pudiera corresponder por unidad de convivencia.
Se añade la letra ñ) por la disposición final 1.1 del Decreto-ley 2/2023, de 23 de febrero. Ref. BOE-A-2023-12085
Sección 3.ª Importe, estímulos al empleo y pago
Artículo 20. Importe de la renta de ciudadanía.
La cuantía base de la renta de ciudadanía será la que se determina como renta garantizada por la legislación reguladora del ingreso mínimo vital, en función de la condición de la persona beneficiaria individual o de las características de la unidad de convivencia.
La cuantía mensual de la renta de ciudadanía vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía base señalada en el apartado anterior y el conjunto de todas las rentas, prestaciones e ingresos de las personas beneficiarias.
Artículo 21. Estímulos al empleo.
Con el fin de reforzar el estímulo al empleo, a efectos de determinar el derecho y la cuantía de la renta de ciudadanía, quedarán excluidos del cómputo de los recursos disponibles una parte de los rendimientos de las actividades laborales que se determinará reglamentariamente.
Tanto la cuantía de los ingresos provenientes del trabajo que se excluyan de los recursos para determinar la correspondiente renta de ciudadanía como el tiempo durante el cual serán deducidos serán objeto de desarrollo reglamentario.
En todo caso, la parte de los ingresos provenientes del trabajo que se excluya del cómputo de los recursos disponibles para calcular la cuantía de la renta de ciudadanía será mayor en el caso de las unidades de convivencia formadas por un progenitor (madre o padre) y una o varias personas menores de edad a su cargo.
A efectos de la determinación de los ingresos de la unidad de convivencia, la exclusión de esos ingresos provenientes de las actividades laborales se tendrán en cuenta, no solamente cuando la actividad laboral se realice una vez se es persona beneficiaria de la prestación económica, sino también en el momento de la solicitud.
Si en el caso de estar percibiendo la renta de ciudadanía se recibieran ingresos procedentes de actividades laborales por parte de cualquier miembro de la unidad de convivencia, estos se valorarán y afectarán a la cuantía percibida, de conformidad con el procedimiento que se establezca reglamentariamente.
En los casos de contratos laborales subvencionados públicamente mediante programas de fomento del empleo o de inserción sociolaboral, no serán de aplicación los estímulos previstos en los puntos anteriores. Para estos casos se establecerá reglamentariamente un sistema específico de incentivos al empleo.
Artículo 22. Devengo y pago.
En el caso de resolución expresa estimatoria, la renta de ciudadanía se devengará a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de dicha resolución.
Su pago se efectuará por mensualidades vencidas a la persona titular de la prestación.
Sección 4.ª Procedimiento de acceso a la renta de ciudadanía
Artículo 23. Solicitud.
El acceso a la renta de ciudadanía contemplada en la presente ley, en cualquiera de sus modalidades y, en el caso en que fueran necesarios, también los programas y servicios orientados a la inclusión social y/o inserción laboral, se tramitarán a través de la presentación de una solicitud.
La solicitud se presentará, como norma general, de manera telemática, ajustada al modelo específico que se ponga a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica por la consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias. No obstante, además de la vía prevista en el apartado 3 de este artículo se podrán habilitar otros canales de comunicación, presenciales o a distancia, telemáticos o telefónicos, que permitan presentar la solicitud.
En todo caso, la presentación de la solicitud expresará el consentimiento expreso de las personas integrantes de la unidad de convivencia, para que los ayuntamientos y la consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias accedan a los datos de carácter personal en los términos establecidos legalmente. Dicho consentimiento deberá ser recabado en la propia solicitud.
En el supuesto de que la persona interesada no disponga de los medios electrónicos necesarios para realizar la presentación telemática, concurran en ella otras circunstancias que dificulten su accesibilidad, o bien requiera de apoyo y orientación para la presentación de la solicitud, podrá ser asistida en dicho trámite por los servicios sociales del ayuntamiento del municipio donde la persona tenga su empadronamiento y/o residencia efectiva.
Además, la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias podrá de manera complementaria hacer uso de la habilitación recogida en el artículo 5.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o norma que la sustituya.
Los servicios sociales de los ayuntamientos ayudarán a la identificación e información a las posibles personas beneficiarias de la prestación sobre los requisitos, documentación a presentar, cuantía y procedimiento para efectuar las solicitudes.
Artículo 24. Comprobación de los requisitos.
Una vez la solicitud con el expediente completo tenga entrada en el aplicativo habilitado al efecto, el centro directivo de la consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias comprobará los datos aportados por las personas solicitantes y el cumplimiento de los requisitos de la persona titular y demás miembros de sus unidades de convivencia, recabando la información obrante en otros órganos del Gobierno de Canarias u otras administraciones públicas, a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
La identificación de la persona titular y la autenticación de la información proporcionada se llevará a cabo mediante la verificación de los datos aportados por la misma a través del sistema de intermediación de datos, siempre que se cuente con el oportuno consentimiento expreso de la persona interesada.
Para ello, la Administración consultará los datos, salvo oposición expresa acreditada en el formulario de solicitud. En caso de que la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias no pueda obtener el dato, bien por no estar disponible la consulta telemática, bien por oposición o porque la persona interesada no concede la autorización expresa, según los casos, será necesario que los acredite la persona titular en el momento de presentar su solicitud de la prestación.
La consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias podrá solicitar a la Administración municipal o a otra Administración la documentación necesaria que avale el cumplimiento de los requisitos a la unidad de convivencia, especialmente aquellas situaciones que deban ser justificadas mediante informe social, debiendo ceñirse exclusivamente a las que resulten necesarias para el alcance de los objetivos de la presente ley. No se requerirá a la persona titular la presentación de documentos que ya se encuentren en poder de la Administración o que sean generados por la propia Administración municipal o autonómica.
La consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias podrá solicitar de otros organismos públicos, en el marco del principio de cooperación administrativa, cuantos datos e informes sean necesarios para comprobar la veracidad de la documentación presentada por la persona titular y su adecuación a los requisitos establecidos en la presente ley y en sus normas de desarrollo.
Artículo 25. Subsanación.
En el supuesto de detectarse errores o contradicciones en la documentación presentada o cuando se considere que la documentación aportada necesita ser complementada para acreditar los requisitos exigidos, la consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias requerirá a la persona solicitante para que subsane el defecto o acompañe los documentos solicitados, en los términos que disponga la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, salvo que por causa justificada comunicada por la persona interesada y debidamente estimada por el órgano competente se prorrogue dicho plazo por otros cinco días más.
Si en la comprobación efectuada por la consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias se constata el falseamiento de la declaración de ingresos, cualquier otra información de la unidad de convivencia o cualquier otra actuación fraudulenta, se le concederá audiencia para formular alegaciones, en los términos que disponga la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.
Artículo 26. Resolución, plazo para resolver, notificación y silencio administrativo.
La consejería competente en materia de derechos sociales dictará y notificará la resolución de concesión o denegación de la renta de ciudadanía en el plazo máximo de tres meses desde la entrada de la solicitud en dicha consejería del Gobierno de Canarias, de conformidad con lo establecido en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.
Dicho plazo regirá, salvo que el procedimiento hubiese quedado suspendido por alguna de las causas previstas en la legislación del procedimiento administrativo común. Si quedara interrumpido por causa imputable a la persona titular, se hará advertencia a la persona interesada por parte de la consejería competente en materia de derechos sociales en la que constará que, transcurrido el plazo máximo establecido desde su paralización, se entenderá desistida su petición, de acuerdo con lo previsto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.
No se entenderá como causa imputable de la persona titular el retraso en la expedición de certificados por parte de administraciones públicas u organismos que resulten necesarios para acreditar cualquier extremo del procedimiento, siempre y cuando la persona solicitante acredite haber cursado la solicitud o la cita previa para obtener dicho certificado. No obstante, la Administración deberá facilitar a la persona interesada todos aquellos trámites que pueda realizar por sí misma a través de sus propios cauces de comunicación y auxilio interno.
Cuando la resolución sea estimatoria de la solicitud de la prestación, deberá establecer, entre otros aspectos, la cuantía de la prestación, la relación de derechos y obligaciones que correspondan a las personas destinatarias y la fecha a partir de la cual la prestación tendrá efectos económicos, teniendo en cuenta lo dispuesto en la presente ley en relación con el devengo y el pago de la misma.
Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar establecido en el apartado 1 de este artículo, se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio del deber que tiene la Administración de dictar resolución expresa en el procedimiento.
Una vez resuelto el procedimiento, se notificará a la persona titular en los términos establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común. Igualmente, se dará traslado de la resolución tanto si es favorable como desfavorable, incluyendo sus motivos, a los servicios sociales de atención primaria del ayuntamiento correspondiente y en su caso, a los servicios sociales especializados, mediante el acceso al programa informático correspondiente para, en el caso de ser favorable, la realización del plan de intervención así como el seguimiento de la unidad de convivencia según lo recogido en el artículo 59 de la presente ley.
La desestimación de la solicitud que venga fundamentada en alguna carencia de documentación deberá recoger detalladamente y con claridad qué documentos habrán de ser necesarios para la buena consecución de la ayuda, con constancia de notificación expresa a las personas interesadas, a los efectos de minimizar los casos de denegación así como para facilitar la absoluta claridad para quien solicita.
Artículo 27. Tramitación simplificada.
Cuando así se acuerde, a solicitud de persona interesada o de oficio, se seguirá el procedimiento de la tramitación simplificada en los términos dispuestos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de la posibilidad de acordar la tramitación de urgencia del procedimiento consistente en la reducción a la mitad de los plazos establecidos, cuando las personas solicitantes acrediten mediante los documentos señalados en el artículo 12 de esta ley hallarse en alguna de las siguientes situaciones:
Víctimas de violencia de género o de explotación sexual o de trata.
Personas sin hogar o que carezcan de espacio habitacional.
Personas en situación de urgencia o emergencia social conforme a lo establecido en el artículo 41 de esta ley.
Personas trans o intersexuales, en riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia o discriminación.
Artículo 28. Recursos.
Contra las resoluciones administrativas de concesión, reanudación, denegación, modificación, suspensión o extinción del derecho a la renta de ciudadanía que pongan fin a la vía administrativa, en cualquiera de sus modalidades, se podrán interponer cuantos recursos administrativos y jurisdiccionales se contemplen en la legislación aplicable. En el caso de los recursos administrativos se deberá dar respuesta en el plazo máximo de tres meses.
Artículo 29. Confidencialidad y protección de datos.
Las administraciones públicas canarias garantizarán la confidencialidad de los datos obtenidos en la tramitación de los expedientes por parte de los organismos competentes, en los términos previstos en la normativa general de protección de datos.
El traspaso de información en relación con los datos de carácter personal que se deba efectuar a la Administración municipal o a la consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias para la gestión de esta prestación, no requerirá el consentimiento previo de la persona interesada ni de las personas que formen parte de la unidad de convivencia, por ser un tratamiento de datos necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a quien sea responsable del tratamiento, en los términos que disponga la normativa general de protección de datos.
Sección 5.ª Revisión, duración, modificación, suspensión y extinción
Artículo 30. Revisión.
La consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias realizará periódicamente una revisión de los expedientes sobre el cumplimiento de los requisitos para la continuidad y permanencia de la prestación, mediante consultas telemáticas a través de sus redes corporativas o mediante consultas a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto; dichas revisiones podrán llevarse a cabo mediante técnicas de muestreo.
A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, la consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias podrá recabar, del resto de administraciones públicas y entidades que colaboren en la renta de ciudadanía, los datos e informes que resulten necesarios para el correcto ejercicio de comprobación y remisión a la consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias para las funciones de revisión y supervisión. El Gobierno de Canarias adecuará y garantizará los recursos humanos necesarios en la consejería de derechos sociales para el cumplimiento de tal fin.
Artículo 31. Duración del derecho.
Se reconoce el derecho a la renta de ciudadanía en todas sus modalidades mientras subsistan las causas que motivaron su concesión y se cumplan las obligaciones previstas en la presente ley, sin perjuicio de su suspensión o extinción por las causas contempladas en ella y en sus normas de desarrollo.
Artículo 32. Modificación.
Será causa de modificación de la cuantía de la renta de ciudadanía en cualquiera de sus modalidades la variación del número de miembros de la unidad de convivencia o de los recursos que hayan servido de base para el cálculo de la prestación.
No obstante, en el caso de la renta complementaria de ingresos de trabajo, los cambios observados en los recursos que hayan servido de base para el cálculo de la cuantía de la prestación no se tendrán en cuenta cuando no superen un porcentaje máximo que se establecerá reglamentariamente, con respecto a la cuantía inicialmente establecida.
El procedimiento para la modificación de la cuantía de la prestación se puede iniciar de oficio o a solicitud de persona interesada.
El procedimiento iniciado de oficio, cuando derive de una comprobación por el propio ayuntamiento o por el órgano competente para resolver, se tendrá que comunicar a la persona titular, la cual dispondrá de un plazo de diez días para hacer las alegaciones o aportar la documentación que estime conveniente.
El procedimiento para la modificación de la cuantía de la prestación se determinará reglamentariamente. Los efectos de la modificación tendrán lugar desde la fecha en la que se hubiera producido el hecho causante y se aplicarán a partir del primer día del mes siguiente al de su aprobación, sin perjuicio de que, en su caso, proceda la reclamación de las cantidades indebidamente percibidas.
En el supuesto de sobrevenir cualquier hecho que imposibilite a la persona titular de la renta de ciudadanía cumplir las obligaciones derivadas de su concesión, deberá proponerse la designación de una nueva persona titular integrante de la misma unidad de convivencia, que cumpla los requisitos establecidos en la presente ley. En la propuesta de resolución de la modificación constarán, en su caso, las variaciones relativas a la realización de las actividades de inserción y al importe de la renta de ciudadanía a percibir, sin que sea necesario incoar un nuevo expediente. Esta resolución será notificada a la nueva persona titular y comunicada a los servicios sociales del ayuntamiento.
Artículo 33. Silencio administrativo de los procedimientos de modificación.
Una vez transcurrido el plazo máximo del procedimiento para su resolución y notificación, se entenderán estimadas las solicitudes de modificación, sin perjuicio del deber que tiene la Administración de dictar resolución expresa en el procedimiento.
Artículo 34. Suspensión.
El derecho a la renta de ciudadanía se suspenderá por las siguientes causas:
Pérdida temporal de los requisitos exigidos para su reconocimiento.
Incumplimiento temporal por parte de la persona titular o de alguna persona miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la prestación, en particular:
1.ª Negarse a negociar o suscribir un convenio de inserción laboral cuando este se estime necesario por parte del servicio social correspondiente.
2.ª No cumplir los compromisos asumidos en el marco del convenio de inserción laboral que se encuentre en vigor.
3.ª Cuando le sea de aplicación, no estar disponible para una contratación adecuada, rechazarla o no permanecer inscrita como demandante de empleo.
4.ª No participar en las estrategias de mejora de la empleabilidad que el servicio público de empleo ponga en marcha.
5.ª Salvo causas justificadas, cesar voluntariamente su actividad laboral, causar baja voluntaria en un puesto de trabajo, ser despedido por causa disciplinaria o acogerse a una excedencia voluntaria o reducción de jornada.
6.ª Cuando le sea de aplicación, rechazar modificaciones en las condiciones de empleo que conllevarían una mejora en el nivel de ingresos.
Ausencia del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias por un tiempo superior de treinta días y hasta los noventa días naturales por cada año natural de la persona titular de la prestación, o, en su caso, de cualquier miembro de la unidad de convivencia. En todo caso, se deberá comunicar previamente a la Administración municipal sus salidas del domicilio para traslados fuera de Canarias, cuando la ausencia prevista supere los treinta días naturales.
De forma excepcional, quedarán exentos de suspensión, aquellos expedientes que, estando vinculados a alguna de estas causas, la persona profesional de trabajo social motive la no suspensión, previo informe social.
La suspensión del derecho a la renta de ciudadanía implicará la suspensión del pago de la prestación a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de suspensión y se mantendrá mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma, aunque, en ningún caso, por un periodo continuado superior a doce meses, transcurrido el cual el derecho a la prestación se extinguirá.
Cuando cesen las causas que motivaron la suspensión del derecho a la renta de ciudadanía, la persona interesada deberá demostrar que, nuevamente, concurren los requisitos para el devengo de la prestación. En este caso, el organismo competente establecerá su cuantía y la prestación se devengará a partir del día siguiente al de la fecha en que hubieran cesado las causas que motivaron la suspensión.
La suspensión será motivada mediante la correspondiente resolución, previa audiencia a la persona titular de la prestación, por plazo de diez días.
Artículo 35. Extinción.
El derecho a la renta de ciudadanía, en cualquiera de sus modalidades, se extinguirá por las siguientes causas:
Fallecimiento de la persona titular, cuando se trate de unidades de convivencia unipersonales.
Pérdida definitiva de los requisitos exigidos para su reconocimiento o incumplimiento de las obligaciones establecidas.
Mantenimiento de una situación de suspensión por periodo continuado superior a doce meses.
Existencia de dos suspensiones por incumplimiento en un periodo de tres años.
Renuncia a la prestación por parte de la persona titular y del resto de los miembros de la unidad de convivencia.
Por traslado de domicilio fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias de la persona titular otro de otra persona que forme parte de la unidad de convivencia o por ausencia del mismo por un plazo superior a los noventa días naturales en un año natural.
Resolución firme dictada en un procedimiento sancionador incoado de conformidad con la presente ley.
Cuando sea de aplicación, rechazar en una ocasión, sin causa justificada, un empleo adecuado según la legislación vigente, o una mejora en las condiciones de trabajo que pudiera conllevar un aumento del nivel de ingresos, siempre y cuando este aumento sea igual o mayor que las cuantías que reciben de las prestaciones.
Por la aprobación para la misma persona titular y unidad de convivencia del ingreso mínimo vital con posterioridad a la resolución de concesión de la prestación, si no cumpliera los requisitos para percibir esta, una vez aplicadas las deducciones correspondientes.
Falseamiento en la declaración de ingresos, o cualquier otra actuación fraudulenta para la concesión de la renta de ciudadanía o el mantenimiento de la misma.
Excepto en los supuestos contemplados en las letras a) y g) de este apartado, en los demás casos, la resolución de extinción deberá ser motivada, previa audiencia a la persona titular de la prestación, por un plazo de diez días.
En el caso de fallecimiento de la persona titular de la prestación, cuando las unidades de convivencia no sean unipersonales, conforme a lo establecido en el artículo 32.5 de la presente ley, no se extinguirá el derecho a la misma, sino que su cónyuge o persona unida a ella por relación permanente análoga a la conyugal se subrogará en la titularidad de la prestación económica, sin necesidad de incoar nuevo expediente. En su defecto, se concederá la titularidad de la prestación a la persona de la unidad de convivencia que el centro directivo competente de la consejería del Gobierno de Canarias considere más adecuada, previo informe motivado de los servicios sociales de atención primaria.
Se tramitará con carácter de urgencia y prioritariamente el acceso a la prestación, en un plazo que, en ningún caso, podrá ser superior a un mes, en los supuestos en los que la extinción o el mantenimiento del derecho a la renta de ciudadanía correspondiente a la persona que hasta entonces fuera titular implique perjuicios manifiestos al resto de miembros de su núcleo de convivencia según las situaciones contempladas en el artículo 41.1 de la presente ley, relativas a la urgencia social.
Si se extinguiera la prestación por causas asociadas al incumplimiento de obligaciones o a la comisión de infracciones, la persona titular no tendrá la posibilidad de volver a solicitar la renta de ciudadanía, en cualquiera de sus modalidades, por un periodo de un año, a contar desde que adquiera firmeza la resolución administrativa de cese del derecho.
Artículo 36. Efectos de la suspensión y extinción.
La suspensión y extinción de la resolución administrativa de concesión de la prestación surtirá efectos desde el primer día del mes siguiente al que se adopte la misma.
La suspensión derivada de la pérdida de los requisitos exigidos en la presente ley supondrá la suspensión de su abono, previa resolución administrativa motivada. En este supuesto, siempre y cuando no haya transcurrido un plazo de doce meses desde la percepción de la última mensualidad, la persona titular podrá solicitar ante la consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias, y dentro del mes siguiente a aquel en el que hubieran cesado las causas que motivaron la suspensión, la reanudación del abono de la prestación.
La solicitud de reanudación deberá acompañarse de los documentos acreditativos de la recuperación de los requisitos exigidos. En ese caso, la renta de ciudadanía por reanudación se devengará desde el día primero del mes siguiente a la fecha de su solicitud.
En el plazo máximo de un mes desde la fecha de entrada de la solicitud de reanudación en el centro directivo correspondiente de la consejería competente en materia de derechos sociales del Gobierno de Canarias, se dictará y notificará la resolución de concesión o denegación de esta. Este plazo quedará interrumpido en los casos previstos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución y notificación expresa, se entenderá estimada la solicitud, sin perjuicio del deber que tiene dicha Administración de dictar resolución expresa en el procedimiento.
Se tramitará con carácter de urgencia y prioritariamente, en un plazo que en ningún caso podrá ser superior a un mes, el acceso a la prestación en los supuestos en que la extinción o el mantenimiento del derecho a la renta de ciudadanía correspondiente a la persona que hasta entonces fuera la titular implique perjuicios manifiestos al resto de los miembros de su unidad de convivencia según las situaciones contempladas en el artículo 41.1 de la presente ley relativas a la urgencia social.
Artículo 37. Obligación de reintegro.
Procederá el reintegro por la persona titular de las cantidades percibidas en concepto de renta de ciudadanía en el caso de haber obtenido la condición de personas beneficiarias o de las unidades de convivencia perceptoras falseando las condiciones requeridas para acceder a la misma u ocultando aquellas que lo hubieran impedido, así como por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 39 de esta ley.
La obligación de reintegro del importe de la prestación indebidamente percibida prescribirá a los cuatro años, contados a partir del momento en que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público de carácter no tributario y a estos no les será de aplicación el cálculo del interés de demora cuando la persona requerida se halle dentro del ámbito de aplicación de esta ley.
La duración, suspensión o extinción de la renta de ciudadanía no conlleva el mismo efecto respecto de los programas y servicios de inserción previstos en el título II. Las personas destinatarias de estas últimas podrán seguir beneficiándose de ellos, siempre que existan las situaciones de necesidad que motivaron la concesión de la prestación.
Sección 6.ª Derechos y obligaciones de las personas beneficiarias
Artículo 38. Derechos.
Las personas beneficiarias de la renta de ciudadanía en los términos de lo dispuesto por el artículo 6 de la presente ley, tendrán los siguientes derechos:
Percibir la renta de ciudadanía, una vez se haya dictado la correspondiente resolución de concesión.
Recibir una atención directa y adecuada a sus necesidades, mediante un plan de atención personalizado, teniendo en cuenta la perspectiva de género, y a disponer de dicho plan por escrito, en un lenguaje claro y comprensible.
Tener asignada una persona profesional del trabajo social, que procure la coherencia, el carácter integral y la continuidad del proceso de intervención en el ámbito de los servicios sociales del ayuntamiento.
Recibir y obtener las prestaciones y servicios de calidad que les sean adscritos dentro de su plan de intervención personalizado en vigor, en los términos previstos en esta ley y en su normativa de desarrollo.
Disponer de información suficiente, veraz y fácilmente comprensible, así como de recibirla de manera transparente y de forma accesible al público.
Participar en el proceso de toma de decisiones sobre su situación personal y familiar, así como dar o denegar su consentimiento en relación con una determinada intervención.
Garantía de la confidencialidad de su expediente y datos personales.
Artículo 39. Obligaciones.
La persona titular de la renta de ciudadanía, cualquiera que sea la modalidad de prestación a la que acceda, asumirá las siguientes obligaciones:
Comunicar, durante todo el periodo de percepción de la prestación, todo derecho a prestación de contenido económico que pudiera corresponder tanto a la persona titular como a cualquier otro miembro de la unidad de convivencia.
En el caso de estar en edad laboral, estar disponible para las ofertas de empleo adecuado y aceptarlas cuando se materialicen, salvo cuando se trate de personas que, a juicio de los servicios públicos que se establezcan reglamentariamente, no se encuentren en situación de incorporarse al mercado laboral ni a un empleo protegido.
A efectos de la consideración de empleo adecuado se estará a lo dispuesto en la normativa de la Seguridad Social.
Solo para las modalidades de renta de ciudadanía a que se refieren las letras a) y b) del artículo 15 de la presente ley, estar inscrita como demandante de empleo o en situación de mejora de empleo, en las oficinas del Servicio Canario de Empleo, durante todo el período en el que se encuentre recibiendo la renta de ciudadanía y participar activamente en las acciones para la mejora de su empleabilidad y de búsqueda activa de empleo que se determinen en el itinerario de inclusión personalizado de empleo previsto en el artículo 29 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, o norma que lo sustituya, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente.
Comunicar cualquier cambio en las circunstancias de la unidad de convivencia perceptora que se hayan tenido en cuenta para la concesión de la renta de ciudadanía en el plazo de treinta días hábiles desde que se produzcan tales cambios. El incumplimiento de esta obligación en el plazo establecido, puede derivar en la suspensión, y en su caso, extinción de la prestación, salvo en las circunstancias excepcionales que se determinarán reglamentariamente.
Comunicar cualquier cambio de domicilio habitual de la unidad de convivencia perceptora en el plazo de quince días hábiles desde que se produzca el hecho que, de acuerdo con la presente ley, pudiera dar lugar a modificaciones, suspensiones o extinciones de la prestación. Se incluye en esta obligación la comunicación de cambio de domicilio, de vivienda o alojamiento de cualquier miembro de la unidad de convivencia, así como las salidas fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias por periodos de entre treinta y noventa días naturales.
Reintegrar los abonos percibidos indebidamente.
Destinar la renta de ciudadanía a cubrir las necesidades básicas de la vida, de conformidad con el objeto, alcance y naturaleza de la prestación.
Garantizar la asistencia a la educación obligatoria de las personas menores de edad escolarizadas que formen parte de la unidad de convivencia.
Comparecer ante la Administración cuando sea requerida para facilitar la labor de las personas que participen en la consecución de los fines de la prestación.
Asimismo, será obligación de la totalidad de las personas que formen parte de la unidad de convivencia:
Residir de forma efectiva y continuada en Canarias durante todo el periodo de percepción de la prestación. La salida del territorio de la comunidad autónoma de toda la unidad de convivencia durante un periodo, continuado o no superior a noventa días naturales al año, será causa de extinción de la prestación.
Participar en las actividades de inclusión social y/o inserción laboral de los servicios sociales de los ayuntamientos, servicios sociales especializados o servicios de empleo que se les propongan.
Sin perjuicio de cumplir con los deberes de comunicación previstos para la persona titular en la letra d) del apartado anterior de este artículo, la salida del territorio de la comunidad autónoma de algún miembro de la unidad de convivencia, y siempre que la ausencia haya superado los noventa días naturales al año, deberá ser comunicada a la Administración municipal al objeto de restar del número de personas integrantes de la unidad de convivencia a aquella persona que hubiera salido de Canarias.
Sección 7.ª Ejercicio conjunto de los derechos a la prestación económica y a la inclusión social y/o inserción laboral
Artículo 40. Disposiciones generales.
Las unidades de trabajo social de los municipios informarán, orientarán y asistirán en la cumplimentación y registro de la solicitud de las unidades de convivencia solicitantes por primera vez de la renta de ciudadanía, para que puedan ejercer el derecho a un proceso personalizado de inclusión social en los términos establecidos por esta ley desde la misma fecha de la solicitud. En todo caso, las personas titulares de la renta de ciudadanía darán su conformidad a las obligaciones contraídas por su percepción.
En el caso de que la unidad de convivencia haya sido receptora de la renta de ciudadanía por un periodo superior a un año ininterrumpido y que no haya habido ninguna modificación de la renta percibida por razón de cambio en su situación económica, se deberá llevar a cabo el proceso personalizado de inclusión social y/o inserción laboral, en el caso de que no se hubiera iniciado anteriormente, con la finalidad de incentivar y promover su inclusión activa. Los servicios sociales del ayuntamiento competente iniciarán el procedimiento en los términos fijados en esta ley y, por su parte, las personas implicadas quedarán obligadas al cumplimiento del plan de atención personalizado libremente convenido entre ambas partes.
En el caso de que la unidad de convivencia haya sido perceptora de la renta de ciudadanía por un periodo continuo de al menos veinticuatro meses, la Administración pública correspondiente priorizará al menos la posibilidad de participar en un programa de empleo social protegido u otra opción de empleo y/o formación, cuando fuera posible, salvo que, a juicio de los servicios de empleo correspondientes que se establezcan reglamentariamente, en coordinación con los servicios sociales del ayuntamiento competente, sus miembros no se encuentren en condiciones de incorporarse al mismo. Esta oferta deberá constar en el plan de atención personalizado, así como las obligaciones derivadas de ello.
En todo caso, el diagnóstico social y plan de atención personalizado de inclusión social y/o inserción laboral incluirá el sistema de seguimiento que contemplará las revisiones de la situación en periodos de, al menos, doce meses.
Artículo 41. Personas en situación de urgencia o emergencia social.
Excepcionalmente, aun no reuniendo los requisitos que dan derecho a la renta de ciudadanía, esta se podrá conceder a las personas y unidades de convivencia en situación de urgencia o emergencia social, cuando concurran circunstancias objetivas que las coloquen en situación de necesidad.
Se entenderá que existen tales circunstancias cuando en el diagnóstico social al que se hace referencia en el artículo 46 de esta ley se muestren indicadores de exclusión en los ámbitos laboral, de habitabilidad, educativo, de salud física y/o mental y relacional social o familiar, que indiquen la existencia de exclusión social grave, o se den alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 29 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, o norma que la sustituya.
En todo caso, se considera urgencia social las siguientes:
Encontrarse en proceso de desahucio de la vivienda habitual o situación en la que se haya producido una ejecución hipotecaria, o lanzamiento por impago de renta o de hipoteca de la vivienda habitual, u otras circunstancias excepcionales y extraordinarias que provoquen la perdida de la vivienda habitual.
Que alguna persona integrante de la unidad de convivencia padezca una enfermedad grave que impida el desarrollo de la vida cotidiana y la inserción laboral.
La pérdida de la vivienda habitual por incendio, derrumbe u otra catástrofe similar, que obligue al desalojo de la misma a la unidad de convivencia.
Que alguna o algunas de las personas de la unidad de convivencia o la propia unidad sean víctimas de un accidente grave que impida el desarrollo de la vida cotidiana y la inserción laboral.
Que ninguna persona miembro de la unidad de convivencia esté dado de alta en la Seguridad Social ni perciba ningún tipo de prestación.
Cualquier otra situación que se establezca reglamentariamente.
Los servicios sociales de atención primaria del municipio correspondiente o, en su caso, los servicios especializados llevarán a cabo el acompañamiento social adecuado al caso.
Tanto las causas y circunstancias, como el procedimiento a que se refieren los párrafos anteriores, serán determinados reglamentariamente.
Las personas que, como consecuencia del ejercicio del derecho a la inclusión social y/o inserción laboral, estén residiendo permanentemente en alguno de los recursos residenciales a los que se refiere el artículo 18.3 de esta ley no tendrán derecho a la renta de ciudadanía, por entenderse que sus necesidades básicas están cubiertas.
Las personas que, como consecuencia del ejercicio del derecho a la inclusión social y/o inserción laboral, estén residiendo en alguno de los recursos de acogida temporal de servicios sociales o sociosanitarios, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7.3 y 8.3 de esta ley, aun teniendo cubiertas sus necesidades básicas, tendrán derecho a la renta de ciudadanía en los términos previstos en esta ley y en su desarrollo reglamentario, para favorecer su proceso de desinstitucionalización y/o de funcionamiento autónomo. Igual consideración tendrán las personas que se encuentren en el tercer grado penitenciario y que participen en un programa específico de incorporación social.
CAPÍTULO II. Complementos de vivienda, de educación y a las pensiones no contributivas
Artículo 42. Complementos de vivienda y de educación.
Los complementos de vivienda y de educación son prestaciones económicas de carácter periódico y finalista, excluidos de la normativa general de subvenciones, que deben destinarse únicamente al objeto para el que se concede y acreditarse el desembolso. Dichos complementos son de carácter intransferible, complementarios de los ingresos que pudieran tener las personas integrantes de la unidad de convivencia, y no condicionados a la realización de actividades de inclusión social o inserción laboral. Tampoco serán sustitutivos de las redes correspondientes de vivienda y educación y tendrán el carácter de crédito ampliable, en los términos que establezca la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tanto el complemento de vivienda como el complemento de educación podrán ser solicitados por aquellas unidades de convivencia que, siendo titulares de la renta de ciudadanía o del ingreso mínimo vital, cumplan el resto de los requisitos establecidos reglamentariamente. En todo caso, transcurrido el plazo máximo de seis meses desde la fecha de solicitud de dichos complementos sin que se hubiera producido resolución expresa, se entenderá denegada la solicitud por silencio administrativo.
Por los servicios sociales de atención primaria, a las personas solicitantes de la renta de ciudadanía se les informará, en el momento de realización de la solicitud, de la posibilidad de solicitar dichos complementos.
La solicitud del complemento de vivienda y de educación se realizará en el modelo normalizado que se ponga a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según el procedimiento previsto en los artículos 23 y siguientes de la presente ley.
Los requisitos de las personas beneficiarias, las cuantías, y demás aspectos necesarios para su correcta regulación, se establecerán de manera reglamentaria. En el caso del complemento de educación, se tendrá en especial consideración en la fijación de las cuantías las necesidades de quienes deban desplazarse para estudiar en otras islas del archipiélago.
Artículo 43. Complemento a las pensiones no contributivas.
El complemento a las pensiones no contributivas tiene como objeto elevar el nivel de vida de las personas que perciben una pensión no contributiva de la Seguridad Social y está dirigido a aquellas unidades de convivencia con mayor necesidad de protección social.
El complemento a las pensiones no contributivas es una prestación económica de carácter periódico y finalista, excluida de la normativa general de subvenciones, de carácter personal, nominativa e intransferible, complementaria de los ingresos que pudieran tener las personas integrantes de la unidad de convivencia y no condicionada a la realización de actividades de inclusión social o inserción laboral. Dicho complemento tendrá el carácter de crédito ampliable, en los términos que establezca la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Para ser persona beneficiaria de este complemento, se deberá tener reconocida la pensión, ser residente en la Comunidad Autónoma de Canarias y seguir cumpliendo con los requisitos para su obtención de acuerdo con la normativa reguladora de la Seguridad Social.
El cálculo del complemento a las pensiones no contributivas será objeto del correspondiente desarrollo reglamentario.
TÍTULO II. Derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral
Artículo 44. Personas titulares del derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral.
Con carácter general tendrán derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o laboral todas las personas empadronadas o con residencia efectiva debidamente acreditada en la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentren en situación de pobreza, vulnerabilidad social o exclusión social, perciban o no una renta de ciudadanía.
Artículo 45. Programas y servicios.
Es responsabilidad de las administraciones públicas canarias garantizar el derecho de las personas a ser apoyadas en su proceso de inclusión social y/o inserción laboral, según un plan de atención personalizado diseñado de forma que se tengan en cuenta sus recursos, capacidades y potencialidades y los diferentes resultados entre mujeres y hombres.
Las personas podrán ejercer este derecho libre y voluntariamente a través de los programas y servicios garantizados incluidos en el Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias.
También podrán ejercer este derecho a través de los programas y servicios de incorporación laboral, competencia del Servicio Canario de Empleo, que en todo caso actuará coordinadamente con el Sistema de Servicios Sociales de Canarias.
Igualmente se podrá poner en práctica el plan personalizado a través de programas y servicios no garantizados por el Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias, para lo cual las administraciones públicas canarias procurarán estos recursos, o bien mediante medios propios, o bien en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil especializadas en este ámbito de actuación.
En todo caso, las administraciones públicas canarias actuarán bajo los principios de complementariedad y coordinación tanto interadministrativa como intraadministrativa.
Artículo 46. Acceso a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral.
Se iniciará el acceso a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral mediante un diagnóstico social por parte de los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente, sobre la situación personal y familiar, y con la participación activa de la persona interesada y, en su caso, de la unidad de convivencia. Seguidamente, se elaborará una propuesta de acompañamiento social, fijando un plan de atención personalizado para su proceso de inclusión social en todas sus dimensiones.
El plan de atención personalizado incluirá un convenio de inclusión social y/o inserción laboral en el que se fijen su duración, objetivos, compromisos adquiridos por las personas participantes y resultados previstos. Igualmente, incluirá los servicios y programas que prestarán las administraciones públicas canarias para acompañar la ejecución del itinerario de inclusión y, en su caso, los prestados por las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la intervención social y sociolaboral, que actuarán siempre en coordinación con los servicios sociales del ayuntamiento competente. Se incluirá también el sistema de seguimiento y reorientación de las actuaciones acordadas.
Las partes intervinientes en el convenio de inclusión serán, por un lado, los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente y, por otro, la persona titular, y, si procede, otras personas integrantes de la unidad de convivencia.
Se determinará reglamentariamente tanto el procedimiento de diagnóstico social como el de elaboración, desarrollo y finalización del plan de atención personalizado.
Artículo 47. Plan de atención personalizado.
El plan de atención personalizado, que se formulará en función de los resultados del diagnóstico de vulnerabilidad, es el instrumento técnico que incluye los objetivos, indicadores, intervenciones y acciones específicas, tanto de carácter individual como, en su caso, para el conjunto de la unidad de convivencia, dirigidos a prevenir o corregir la situación o el riesgo de exclusión social y a promover la inclusión social y laboral de las personas beneficiarias de la renta de ciudadanía.
El plan deberá ajustarse en lo posible a las preferencias, capacidades y circunstancias de las personas a quienes se dirige y adecuarse a un modelo integral de intervención, los objetivos de inserción, tanto desde el ámbito de los servicios sociales, como, en su caso, de los de empleo y formación, educación, vivienda, salud, participación social, deporte y cultura. A estos efectos, el plan expresará la necesidad, posibilidad y conveniencia de realizar cada intervención, o bien si existen motivos que justifiquen la exoneración de realizar el plan de atención personalizado a juicio de las personas profesionales que lo elaboren.
En todo caso, el plan de atención personalizado se entenderá como un proceso dinámico, revisable y susceptible de modificación en función del cumplimiento de objetivos, de nuevos itinerarios o de aparición de nuevas necesidades, así como de la valoración conjunta de los resultados de la persona supervisora responsable y, en su caso, de las acciones de las políticas activas de la inserción laboral desarrolladas por los servicios públicos de empleo a través de personal orientador o similar de los servicios de empleo.
Artículo 48. Itinerarios de inclusión.
El itinerario de inclusión es el conjunto de actuaciones, instrumentos y procedimientos técnicos que articulan el plan de atención personalizado de las personas beneficiarias de la renta de ciudadanía. Dentro de un mismo plan de atención personalizado se podrán establecer varios itinerarios de inclusión, singulares o complementarios entre sí, tanto individuales como para más miembros o el conjunto de la unidad de convivencia.
El diseño del itinerario tendrá en cuenta la necesidad de que su desarrollo se produzca de manera simultánea con otros sistemas de protección social, incluido el sistema público de educación, sanidad, servicios sociales, empleo, entre otros, con la finalidad de conseguir una mejora integral en las condiciones de la calidad de vida de las personas beneficiarias.
Las actuaciones del itinerario se formalizarán en un modelo de inclusión social que será firmado por la persona titular y por la persona profesional del trabajo social. En dicho documento se establecerán las acciones específicas que deberán realizar las partes intervinientes en el proceso de inserción social y laboral, en la forma en que se determine reglamentariamente. Excepcionalmente, se podrá prever la exoneración temporal o definitiva del cumplimiento de alguna de las acciones incluidas en el itinerario de inclusión o posponer su realización, en los supuestos que reglamentariamente se determinen.
Los ayuntamientos podrán solicitar la colaboración y apoyo del personal de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la intervención social y sociolaboral para la elaboración de los itinerarios de inclusión.
TÍTULO III. Infracciones y sanciones
Artículo 49. Sujetos responsables.
A los efectos previstos en la presente ley, serán responsables las personas titulares de las prestaciones que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en los artículos siguientes.
Artículo 50. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
No realizar, cuando proceda, las actividades de inserción de los planes de atención personalizados o el incumplimiento injustificado de las medidas establecidas en estos.
No comunicar cualquier variación personal o familiar, económica o patrimonial que, de acuerdo con la presente ley, pudiera dar lugar a modificaciones, suspensiones o extinciones de la prestación, en el plazo máximo de un mes desde que se produzca, después de haber sido informado y asesorado por los servicios sociales de atención primaria o por los servicios sociales especializados. Se incluyen en esta obligación la comunicación de cambio de domicilio, de vivienda o alojamiento de cualquier miembro de la unidad de convivencia.
No solicitar el ingreso mínimo vital siempre que se cumpla con los requisitos y aquellas otras prestaciones y pensiones del régimen de la Seguridad Social o de cualquier otro régimen de derecho público a las que pudieran tener derecho, después de haber sido informado y asesorado por los servicios sociales de atención primaria o por los servicios sociales especializados.
No reclamar cualquier derecho económico que pueda corresponderles por cualquier título y ejercer las correspondientes acciones para hacerlo efectivo después de haber sido informado y asesorado por los servicios sociales de atención primaria o por los servicios sociales especializados.
No inscribirse como demandantes de empleo o como demandantes de mejora del que tuvieran, si tienen edad legal para trabajar, o rechazar oferta de empleo adecuado que garantice la consecución de los objetivos del programa de inserción, salvo en el supuesto de que se esté imposibilitado para hacerlo.
No garantizar la escolarización de las personas menores en edad escolar que formen parte de la unidad de convivencia.
No comparecer ante la Administración cuando sea requerido, para facilitar la labor de las personas que participen en la consecución de los fines de la prestación.
No reintegrar la prestación económica indebidamente percibida tras haber sido requerido para ello.
Artículo 51. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
No destinar la prestación económica a cubrir las necesidades básicas de la vida, de conformidad con el objeto, alcance y naturaleza de la prestación.
La negativa reiterada e injustificada a someterse a las actividades de inclusión establecidas en el plan de atención individualizado o el reiterado incumplimiento injustificado de las medidas que se establecen en este.
La negativa injustificada y reiterada a inscribirse como demandante de empleo o como demandante de mejora del que, en su caso, tuviera.
La reiteración de cualquier infracción leve.
No cumplir con la obligación de comunicar con carácter previo el desplazamiento fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias de cualquier miembro de la unidad de convivencia, cuando este sea por tiempo superior a treinta días e inferior a noventa días naturales al año.
Artículo 52. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
El falseamiento de los datos o cualquier otra maquinación fraudulenta para obtener, conservar o aumentar el importe de las prestaciones.
La reiteración de cualquier infracción grave.
El desplazamiento fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias de cualquier miembro de la unidad de convivencia, por tiempo superior a noventa días naturales al año sin haber comunicado ni justificado con carácter previo su salida de Canarias.
Artículo 53. Sanciones.
Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento escrito a la persona que las ha cometido, advirtiéndose además que, en caso de reiteración, podrá incurrir en infracción grave o muy grave.
Las infracciones graves se sancionarán con el cese en el derecho a seguir obteniendo la renta de ciudadanía, que no podrá ser solicitada de nuevo hasta transcurrido un periodo de un año desde que adquiera firmeza la resolución administrativa de cese del derecho, sin perjuicio de que se pueda continuar con las actividades de inserción.
Las infracciones muy graves se sancionarán con el cese en el derecho a seguir obteniendo la renta de ciudadanía, que no podrá ser solicitada de nuevo hasta transcurrido un periodo de dos años desde que adquiera firmeza la resolución administrativa de cese del derecho, sin perjuicio de que se pueda continuar con las actividades de inserción.
La imposición de las sanciones se hará sin perjuicio de la obligación de reintegro del importe de las prestaciones en los términos establecidos en el artículo 37 de esta ley.
Artículo 54. Graduación de las sanciones.
En la imposición de sanciones se tendrá en cuenta la graduación de estas. A tal fin, además de las circunstancias incluidas en la legislación reguladora del procedimiento sancionador, se considerarán las siguientes:
Negligencia e intencionalidad de la persona infractora.
Capacidad de juicio o apreciación de la persona infractora.
Cuantía económica de la renta de ciudadanía indebidamente percibida.
Las circunstancias personales, económicas y sociales de la unidad de convivencia.
Artículo 55. Prescripciones.
Las infracciones muy graves tipificadas en esta ley prescribirán a los veinticuatro meses, las graves a los doce meses y las leves a los seis meses, contados desde la fecha en que la infracción se hubiese cometido.
Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los veinticuatro meses, las graves a los doce meses y las leves a los seis meses, plazos contados de acuerdo con lo previsto en la legislación reguladora del régimen jurídico del sector público para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 56. Procedimiento sancionador.
El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora previsto en esta ley se establecerá reglamentariamente, dentro del marco establecido en la legislación del procedimiento administrativo común y en la legislación de régimen jurídico del sector público.
Los procedimientos sancionadores incoados en virtud de infracciones cometidas en el ámbito de la aplicación de la presente ley deberán resolverse y notificarse en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de incoación del procedimiento.
El procedimiento sancionador caducará si no se hubiese notificado la resolución definitiva, transcurrido el plazo máximo de seis meses desde la incoación del expediente. Sin embargo, se tendrán en cuenta en su cómputo, las posibles interrupciones por causas imputables a las personas interesadas o por alguna de las causas previstas de suspensión del procedimiento.
Artículo 57. Administración competente en el procedimiento sancionador.
La iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores corresponderán a la consejería competente en materia de derechos sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
No podrán atribuirse a un mismo órgano administrativo las fases de instrucción y resolución del procedimiento.
TÍTULO IV. Competencias y financiación de la renta de ciudadanía
CAPÍTULO I. Competencias administrativas
Artículo 58. Competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Corresponde a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la consejería competente en materia de derechos sociales, las siguientes competencias:
Proponer al Gobierno la aprobación de las normas de desarrollo de la presente ley.
La tramitación administrativa de la renta de ciudadanía en sus fases de instrucción, resolución y revisión, así como la planificación, el control y la evaluación general de las medidas establecidas en la presente ley, teniendo en cuenta la perspectiva de género.
La comprobación del cumplimiento de los requisitos a través de la interoperabilidad con otros sistemas de información de la Administración autonómica, del Estado o de la Administración local.
La concesión, denegación, modificación, suspensión, extinción y financiación de la renta de ciudadanía.
El control general de las medidas contempladas en la presente ley.
La comprobación de la veracidad de los hechos y documentos contenidos en el expediente y de las medidas de integración propuestas en los programas específicos a las necesidades de las personas usuarias.
El ejercicio de la potestad sancionadora.
La comprobación de la idoneidad de los programas de inserción y su seguimiento, sin perjuicio de las funciones que esta ley atribuye a los municipios.
La coordinación y cooperación con las administraciones municipales para determinar los criterios de uniformidad en la tramitación de los expedientes.
La coordinación con las consejerías del Gobierno de Canarias implicadas en la renta de ciudadanía a través de los oportunos protocolos de actuación, que promoverán la aplicación eficiente de las medidas contempladas. A tal fin, se establecerán sistemas informatizados que permitan intercambios de información entre estas consejerías, que garanticen, además, la confidencialidad de los datos que se manejen, de acuerdo con la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
La dotación de fondos suficientes en las aplicaciones presupuestarias de los diferentes departamentos con competencias en materias relacionadas con la aplicación de la presente ley, destinados al sostenimiento de los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de las acciones previstas.
El impulso y difusión de las iniciativas contempladas en la presente ley y sus normas de desarrollo.
La consideración de las circunstancias personales particulares que concurran en las personas beneficiarias de la renta de ciudadanía en las contrataciones vinculadas a los programas de empleo, en los cuales participe la Comunidad Autónoma de Canarias.
La fiscalización y control de la ejecución efectiva de la financiación destinada a los ayuntamientos para el fin desarrollado en esta normativa, en los términos previstos por el artículo 60 de la presente ley.
Artículo 59. Competencias de los ayuntamientos.
Corresponde a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio de las siguientes competencias:
La detección y diagnóstico social de las necesidades y potencialidades de las personas en situación o riesgo de exclusión y la puesta en marcha de las acciones necesarias que posibiliten su inserción social, a través de los servicios sociales de atención primaria.
La asistencia en el trámite de presentación de la solicitud, en los términos señalados en el artículo 23.3 de esta ley.
La elaboración de los informes sociales y la elaboración del documento que contenga los planes de atención personalizados de actividades de inserción dirigidos a la unidad de convivencia o, en su caso, a alguna de las personas que la integren, siempre teniendo en cuenta la perspectiva de género.
La intervención y el seguimiento de la situación de las personas beneficiarias de la renta de ciudadanía y el control del cumplimiento de las obligaciones y requisitos exigidos en la presente ley, a efectos de la comunicación del cambio de circunstancias y del procedimiento de revisión, y en particular, el seguimiento de la participación de las personas incluidas en los planes de atención personalizados, dirigidos a la unidad de convivencia.
La cooperación con la Administración autonómica en la tramitación de los expedientes, así como en la aplicación de las medidas contempladas en la presente ley y, en su caso, en sus normas de desarrollo.
CAPÍTULO II. Financiación de la renta de ciudadanía
Artículo 60. Financiación.
El Gobierno de Canarias sufragará la plena financiación de la renta de ciudadanía en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, actualizando anualmente la financiación del sistema en las sucesivas leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Las asignaciones presupuestarias que en cada ejercicio económico se destinen a la renta de ciudadanía tendrán el carácter de crédito ampliable, en los términos que establezca la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, de modo que se garantice la cobertura económica de este derecho a todas las personas solicitantes que reúnan los requisitos establecidos en esta ley.
La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma incluirá un programa presupuestario destinado a la ejecución de los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral de la comunidad autónoma establecidos en esta ley.
La comunidad autónoma contribuirá al desarrollo de las competencias municipales establecidas en el artículo 59 de la presente ley, en los términos que reglamentariamente se determinen. En todo caso, para calcular la financiación a distribuir en el conjunto de municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias se tendrán en cuenta los siguientes criterios de reparto:
Población empadronada en el municipio. Para esta variable se utilizarán las cifras anuales de las revisiones de los padrones municipales de habitantes aprobados para el año al que se refiera el cálculo objeto de distribución. Este criterio se valora con el 50% de forma directamente proporcional a la población municipal.
Media mensual de personas demandantes de empleo inscritas, sin prestación económica y residentes en el municipio en los tres años anteriores al cálculo objeto de distribución. Para esta variable se utilizarán las cifras publicadas por el Servicio Canario de Empleo. Este criterio se valora en un 40 % en forma directamente proporcional a la media mensual de demandantes de empleo de cada municipio.
Índice medio mensual de personas perceptoras de la renta de ciudadanía o prestación equivalente reconocida en los últimos años en el municipio objeto de distribución. Para esta variable se utilizarán el número de resoluciones de reconocimiento de las prestaciones aprobadas por la consejería competente en servicios sociales por municipio. Para este criterio se valora el 10% en forma directamente proporcional al número de resoluciones aprobadas en cada municipio.
Se garantizará a cada municipio el coste de, como mínimo, un profesional del trabajo social con competencias exclusivas para prestar los servicios específicos de la renta de ciudadanía. A través del desarrollo reglamentario de la presente ley se garantizará que, en base a la población y/o número de demandantes, se incremente de forma proporcional el número de profesionales de trabajo social administrativo o de apoyo a las actividades de inserción social.
Artículo 61. Convenios y conciertos sociales.
El Gobierno y los ayuntamientos de Canarias, a través de la consejería o concejalías competentes en materia de derechos sociales, podrán suscribir convenios con otras entidades de derecho público o privado, así como conciertos sociales con personas o entidades proveedoras de servicios sociales u otras fórmulas jurídicas previstas en la legislación en los términos que disponga su normativa específica, al objeto de completar sus actuaciones en los itinerarios formativos y programas de inserción efectiva de las personas beneficiarias de la renta de ciudadanía a que se refiere el título II de esta ley, o para el logro de cualquier otro de los objetivos previstos en la misma.
Disposición adicional primera. Actualización del valor del importe.
La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias actualizará las cuantías de la renta de ciudadanía, como mínimo, en función de la variación interanual del índice de precios al consumo del ámbito canario u otros indicadores propios que se establezcan reglamentariamente.
Disposición adicional segunda. Intercambio de información y protección de datos.
A los efectos de lograr la mayor agilidad administrativa, el conjunto de las administraciones públicas facilitará a los órganos competentes en materia de renta de ciudadanía los datos necesarios de las personas titulares y beneficiarias de las prestaciones económicas reguladas en la presente ley para el desarrollo de su actividad, tanto en los procedimientos de reconocimiento de las prestaciones como en los procesos de control y seguimiento.
La cesión a la Administración de la Seguridad Social de los datos de carácter personal de las personas que sean solicitantes del ingreso mínimo vital y los recibidos por la consejería competente en derechos sociales del Gobierno de Canarias para la obtención de la renta de ciudadanía no requerirán el consentimiento previo de la persona interesada ni de las personas que formen parte de la unidad de convivencia, por ser un tratamiento de datos necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a quien sea el responsable del tratamiento, en los términos que disponga la normativa general de protección de datos.
Las administraciones públicas implicadas tomarán las medidas oportunas para que, en el curso del procedimiento administrativo, quede garantizada la confidencialidad de los datos suministrados por las personas solicitantes para la gestión de la prestación de la Seguridad Social y estarán obligadas a cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos.
Disposición adicional tercera. Uso de aplicaciones para la gestión.
La recepción, registro, valoración y resolución del procedimiento para la obtención de la renta de ciudadanía se realizarán a través de una aplicación informática puesta a disposición de las administraciones competentes en el plazo de tres meses, que permita la gestión electrónica a los ayuntamientos y al centro directivo competente en su tramitación y resolución.
Disposición adicional cuarta. Colaboración de los cabildos insulares en la gestión de la renta de ciudadanía.
A través de los oportunos convenios de colaboración podrán participar los cabildos insulares con el Gobierno de Canarias y /o con los ayuntamientos de las islas para la consecución de los objetivos y fines comprendidos dentro de la presente ley.
Disposición adicional quinta. Evaluación.
La consejería competente en materia de derechos sociales evaluará cada año el grado de cumplimiento de los objetivos de inserción contemplados en la presente ley. De esta evaluación dará cuenta al Gobierno de Canarias, que a su vez informará sobre ella al Parlamento de Canarias y a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Disposición adicional sexta. Bonificaciones por la contratación laboral de personas beneficiarias de la renta de ciudadanía.
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