Real Decreto 174/2023, de 14 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a centros de innovación digital dentro del Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs (PADIH), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

I

Los Centros de Innovación Digital (CID) o «Digital Innovation Hubs» (DIH, por sus siglas en inglés) se conciben a modo de «ventanillas únicas» a través de las cuales ofrecer, sin ánimo de lucro, la información, los servicios, y las instalaciones de experimentación que precisan las empresas para abordar con éxito sus procesos de transformación digital. Por ese motivo, están llamados a jugar en los próximos años un papel muy relevante en la implementación de programas públicos de apoyo a la digitalización de esos colectivos tanto en el ámbito nacional como en el europeo.

Los CID pueden tener personalidad jurídica propia o ser consorcios de entidades, sin personalidad jurídica propia como tales CID, constituidos como agrupaciones de personas jurídicas, públicas y privadas, que se unen para la prestación, sin ánimo de lucro, de servicios de apoyo a la transformación digital, especialmente a las pymes, con el objetivo de impulsar su crecimiento, crear nuevos empleos y abrir nuevos modelos de negocio y oportunidades de innovación. Estos consorcios pueden llevar a cabo actividades objeto de subvención, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, debiendo contar con un acuerdo interno firmado por sus integrantes que regule su funcionamiento, y que detalle la identidad y los compromisos asumidos por cada uno de ellos, así como su estructura organizativa.

II

El Programa Europa Digital, regulado por el Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, prevé durante su primer año de vigencia la creación de una red inicial de centros europeos de innovación digital («European Digital Innovation Hubs», en adelante, EDIH) que ofrezcan una cobertura geográfica global y equilibrada en toda la Unión Europea.

Para alcanzar ese objetivo, en noviembre de 2021 la Comisión Europea lanzó la convocatoria «DIGITAL-2021-EDIH-01, European Digital Innovation Hubs» (en adelante, convocatoria DIGITAL-2021-EDIH-01), abierta hasta el 22 de febrero de 2022, de acuerdo con lo establecido en el programa de trabajo del Programa Europa Digital «Digital Europe-EDIH Work Programme 2021-2023».

Tras finalizar el proceso de evaluación de las candidaturas presentadas por los centros de innovación digital de todos los Estados miembros, las propuestas mejor puntuadas de cada país podrán recibir el montante del presupuesto de la convocatoria destinado al mismo (26.052.000 euros en treinta y seis meses, en caso de España), para sufragar hasta el 50 por ciento de los gastos subvencionables presentados por cada centro de innovación digital en su propuesta de actividades, siempre y cuando el 50 por ciento restante sea cofinanciado con cargo al presupuesto nacional, o al de otras fuentes (públicas o privadas).

Las propuestas que, habiendo resultado aptas en el proceso de evaluación, hayan quedado por debajo de los umbrales presupuestarios de sus Estados miembros y, por tanto, sin opción de financiación europea, podrán recibir un «sello de excelencia» que les permitirá utilizar la etiqueta «centro europeo de innovación digital» (EDIH) y ser miembro de pleno derecho de la red europea EDIH.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que comparte plenamente los objetivos del Programa Europa Digital, ha colaborado estrechamente con la Comisión Europea en las reuniones y tareas de preparación de la convocatoria DIGITAL-2021-EDIH-01, y continuará haciéndolo en el futuro con el propósito de facilitar e impulsar la participación del mayor número posible de centros de innovación nacionales en la red europea EDIH.

En línea con lo anterior el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (en adelante, Plan de Recuperación), contempla entre las medidas incluidas en la Inversión 3 del Componente 13 (C13.I3), el denominado «Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs» (en adelante, PADIH), con una dotación presupuestaria de 37.590.000 euros.

En efecto, el PADIH, promovido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, surge y se plantea en el marco del Programa Europa Digital con el objetivo de aprovechar la capacidad que tienen estos centros de innovación digital para dotar a las pymes de las herramientas necesarias para hacer frente a los retos que se derivan de la transición digital, un objetivo que, además, se pretende alcanzar potenciando las sinergias, complementariedades y retornos de los programas y fondos nacionales y europeos disponibles para ello.

Para implementar ese objetivo, el PADIH contempla dos instrumentos paralelos y complementarios, ambos integrados en el marco del Plan de Recuperación, destinados a asegurar la máxima participación de los centros de innovación digital españoles en la red europea EDIH, promovida por el Programa Europa Digital, siempre con el objetivo último de apoyar la transformación digital de las pymes que utilicen sus servicios.

Estos instrumentos son, en primer lugar, la Orden ICT/1296/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a pequeñas y medianas empresas dentro del Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa la primera convocatoria. Mediante las convocatorias que se articulen a través de esa orden se concederán a los beneficiarios directos de las mismas, las pymes, ayudas en especie consistentes en servicios que faciliten la adopción de soluciones de digitalización disruptivas. Estos servicios serán prestados por las entidades pertenecientes a un EDIH español seleccionado para formar parte de la red europea EDIH en el marco de la convocatoria DIGITAL-2021-EDIH-01 o similares, es decir, entidades pertenecientes tanto a los EDIH cofinanciados por la Comisión Europea, como a los EDIH con «sello de excelencia».

El segundo de los instrumentos que componen el PADIH lo constituye este real decreto, que tiene como beneficiarios de la concesión directa de las subvenciones que regula a los EDIH nacionales y las entidades pertenecientes a ellos que, además de haber sido seleccionados por la Comisión Europea para formar parte de la red europea EDIH, han suscrito un Acuerdo de Financiación («Grant Agreement») con la Comisión Europea en el marco de la convocatoria DIGITAL-2021-EDIH (en adelante Acuerdo de Financiación).

Las subvenciones que se otorgan a través de este segundo instrumento se destinan a financiar exclusivamente los gastos de gestión, coordinación e inversión de dichos EDIH nacionales para que puedan contar con las capacidades técnicas y humanas necesarias para transferir a las pymes el conocimiento que precisan en materias como la computación de alto rendimiento, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, y las habilidades digitales avanzadas, entre otras. Los EDIH españoles que ya cuentan con financiación de la Comisión Europea, deben ser reforzados y apoyados económicamente, teniendo en consideración la infraestructura de desarrollo e innovación y el equipo humano necesario, para que proporcionen el conjunto completo de servicios de un EDIH en una zona geográfica específica, cubriendo las necesidades de las pymes. Estas ayudas directas que reciben los EDIH se destinarán a prestar servicios a las pymes, en tanto que las pymes son los usuarios finales de los servicios que prestan los EDIH.

Los EDIH que han suscrito como consorcios un Acuerdo de Financiación con la Comisión Europea para la ejecución de un proyecto común en la convocatoria DIGITAL-2021-EDIH-01 constituyen agrupaciones de personas jurídicas, públicas y privadas, que, aun careciendo de personalidad jurídica como tales EDIH, pueden llevar a cabo las actividades objeto de las subvenciones de este real decreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En este sentido, siendo beneficiario el EDIH como agrupación de personas jurídicas, sus miembros tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

Las subvenciones reguladas a través de este real decreto computarán, junto con las que se otorguen a través de las convocatorias de la mencionada Orden ICT/1296/2022, de 22 de diciembre, como parte de la cofinanciación nacional, en este caso pública, necesaria para formar parte de la red europea EDIH y serán, por tanto, compatibles con las que se otorguen en la convocatoria DIGITAL-2021-EDIH-01.

Con la finalidad de evitar la doble financiación de las actuaciones del PADIH mediante los fondos nacionales del Plan de Recuperación y los europeos del Programa Europa Digital, se continuarán coordinando las actuaciones oportunas entre los equipos de gestores de ambos programas, la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Dirección General de Redes, Contenidos y Tecnología de las Comunicaciones (DGCNECT) de la Comisión Europea. Asimismo, se reforzarán los mecanismos ya existentes para el intercambio de información sobre el contenido, desarrollo y seguimiento de los resultados obtenidos por los instrumentos diseñados para la concesión de las ayudas, y se hará mención expresa a la coexistencia de ambas fuentes de financiación en los documentos relativos a la gestión y concesión de las mismas, tal y como puede comprobarse extensamente tanto en el preámbulo como en el propio articulado del presente real decreto.

III

De acuerdo con las definiciones del artículo 2 del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, los EDIH se consideran «agrupaciones empresariales innovadoras».

Las subvenciones que se otorgan a través de este real decreto se consideran ayudas de estado, se acogen al Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, y resultan compatibles con el mercado interior a tenor del artículo 107, apartado 3, del Tratado, quedando exentas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado, siempre que se cumplan las condiciones previstas, en concreto, en el capítulo I y en el artículo 27 de dicho reglamento.

A efectos de la aplicación del apartado 2 del artículo 27 del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, se considera que las entidades jurídicas que conforman un EDIH lo gestionan conjuntamente, teniendo cada una de ellas por tanto la consideración de beneficiarios, de conformidad con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La intensidad de las ayudas otorgadas por el presente real decreto no excederá en ningún caso el 50 por ciento de los costes subvencionables.

Los importes máximos de subvención no superarán en ningún caso el umbral máximo de 7,5 millones de euros por EDIH, de conformidad con el artículo 4.1.k) del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, para las ayudas a agrupaciones empresariales innovadoras.

IV

Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia de COVID-19, el 11 de marzo de 2020, los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para proteger la salud de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.

El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020 acordó un paquete de medidas de gran alcance, conocido como Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (Next Generation EU) por un importe de 750.000 millones de euros, compuesto por dos instrumentos: el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, y la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU).

Como consecuencia de esos acuerdos, la Unión Europea adoptó el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19, y el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Dicho Mecanismo, que tiene como objetivo general fomentar la cohesión económica, social y territorial de la Unión, tiene como objetivo específico proporcionar a los Estados miembros ayuda financiera para que alcancen los hitos y objetivos de las reformas e inversiones establecidos en sus Planes de Recuperación y Resiliencia.

En el contexto anterior, el Gobierno de España presentó a la Comisión Europea el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia «España Puede» (en adelante, Plan de Recuperación), aprobado el 13 de julio de 2021, mediante la Decisión de ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España [COM (2021) 322 final] (Decisión CID por sus siglas en inglés).

El Plan de Recuperación contempla diez políticas palanca y treinta componentes, recogiendo un conjunto coherente de inversiones y reformas orientadas a la recuperación y a impulsar un cambio de modelo económico, productivo y social para abordar de forma equilibrada los retos futuros: hacia una España más sostenible, digitalizada, en igualdad y con mayor cohesión social.

El componente 13 del Plan de Recuperación, «Impulso a la pyme», aborda los retos a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes) con el objetivo de impulsar la competitividad de la economía española y promover el crecimiento y el empleo.

Dentro de dicho componente, la Inversión 3, «Digitalización e innovación», tiene como objetivo dotar a las pymes de las capacidades y herramientas necesarias para contribuir a la transición digital y hacer frente a los retos que se derivan de ella. Para ello, la citada inversión se centra en una serie de acciones y medidas entre las cuales se encuentra, como proyecto 6, el «Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs» (PADIH).

Las subvenciones que se regulan en este real decreto se incardinan, por tanto, en la Inversión 3 del componente 13 del Plan de Recuperación, contribuyendo al cumplimiento del objetivo de la Decisión CID número 207 del mismo, de forma conjunta con las concedidas a través de las convocatorias que se efectúen en el marco de la Orden ICT/1296/2022, de 22 de diciembre. Específicamente, el objetivo CID 207 recoge que, el 31 de diciembre de 2023, se deberá haber comprometido un presupuesto de 37.590.000 euros en el marco del PADIH, incluyendo tanto las ayudas concedidas mediante este real decreto como las ayudas concedidas a través de la primera convocatoria de la orden de bases reguladoras para ayuda a pymes. Además, el objetivo 207 incluye que, el 31 de diciembre de 2023, se deberá haber apoyado a un total de 25 centros de innovación digital.

La Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (en adelante, SGIPYME), que actuará como entidad ejecutora del PADIH, verificará el cumplimiento de los objetivos CID con un documento resumen en el que se justifique debidamente este cumplimiento, incluyendo los elementos relevantes de cada objetivo, tal y como se enumeran en su descripción en el anexo del CID.

En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) y su documento anexo, así como en la Decisión sobre los Acuerdos Operativos (OA), las acciones que se deriven de esta norma deben cumplir de las condiciones específicas previstas en el Componente 13, Inversión C13.I3 en la que se enmarca, tanto en lo referido al principio DNSH («Do No Significant Harm»), como especialmente en lo que se refiere a las condiciones recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del componente del Plan, en la CID y el OA.

Los criterios de selección asegurarán el cumplimiento del acervo europeo y nacional en materia medioambiental, según el principio de la Guía Técnica (2021/C58/01) de «No daño significativo» al medioambiente, estableciendo un listado de actividades y activos excluidos de la financiación. Se requerirá la aplicación de los criterios de exclusión de entidades y activos excluidos de la financiación.

La inversión C13.I3, además, tiene asignado un etiquetado digital con la etiqueta 10, correspondiente a un porcentaje del 100 por ciento, que implica que las actividades financiadas deben corresponder a la categoría de «Digitalización de las pymes (incluyendo comercio electrónico, negocio electrónico y procesos empresariales en red, centros de innovación digital, laboratorios vivientes, emprendedores de la web y las nuevas empresas de TIC y el B2B)».

V

Conforme a lo señalado en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como entidad con dotación presupuestaria para el «Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs» (PADIH), es la entidad decisora de esta medida, siendo la SGIPYME la entidad ejecutora bajo los criterios y directrices de la entidad decisora.

Para la gestión de ayudas el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo contará con el apoyo de la Fundación EOI F.S.P. (en adelante, Fundación EOI) en calidad de entidad colaboradora de las referidas en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La Fundación EOI actuará como entidad colaboradora de la línea de ayudas regulada en este real decreto, como única entidad capacitada de llevar a cabo esas funciones a lo largo de todo el territorio, por tratarse de la entidad ejecutora de las convocatorias que se realicen para la concesión de ayudas a pequeñas y medianas empresas dentro del PADIH, siendo imprescindible una adecuada coordinación de ambos instrumentos que asegure su efectividad y eficacia, así como garantice que no se produce doble financiación en la aplicación de ambos instrumentos. Por ello, se cumplen los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación a los que se refiere el artículo 16.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Para llevar a cabo dicha colaboración, se suscribirá un convenio entre la SGIPYME y la Fundación EOI para colaboración de la Fundación EOI en la gestión de las subvenciones.

La Fundación EOI es una fundación del sector público estatal tutelada por la SGIPYME, conforme al artículo 6.6 del Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La Fundación EOI viene colaborando con la SGIPYME en el marco del Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 2022-2024, y tiene como finalidad general potenciar la formación y la realización y promoción de estudios e investigaciones científicas y técnicas, fundamentalmente en los ámbitos de la industria, el medio ambiente, la innovación, las nuevas tecnologías, la pequeña y mediana empresa, la propiedad industrial, la economía y la prospectiva sobre la evolución de la ciencia y la tecnología y su impacto e influencia en el sector productivo y en la sociedad.

La Fundación EOI, en línea con su ámbito de actuación general, tiene entre sus fines específicos «Impulsar activamente la iniciativa emprendedora para la creación y consolidación de las empresas, especialmente en el campo de las pequeñas y medianas empresas». Desarrolla desde el año 1996 actuaciones en beneficio de la formación de personas y en particular del impulso del emprendimiento como organismo intermedio de fondos europeos.

Dichas actuaciones, que recaen en el ámbito de su actividad ordinaria, consisten en la formación y asesoramiento de jóvenes desempleados, empresarios y directivos ante los retos de un mundo cada vez más competitivo, que se ha visto afectado por la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de COVID-19.

Desde 1996, la financiación de estas actuaciones se ha realizado por las asignaciones presupuestarias de la Comisión Europea a la Fundación EOI como organismo intermedio de fondos europeos en los diferentes períodos de programación y programas operativos, y por cofinanciaciones del Ministerio de adscripción canalizadas a través de convenios específicos para cada periodo de programación de fondos europeos.

En la ejecución de sus actuaciones la Fundación EOI aplicará su política de prevención y detección de delitos, con el fin de trasladar que la organización se compromete a alcanzar y respetar los estándares más altos de transparencia, ética y responsabilidad con el objetivo de prevenir la comisión de cualquier tipo de acto ilícito y promover la lucha contra la corrupción y el fraude.

Estas ayudas se incardinan en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 2022-2024, elaborado en un contexto condicionado por la crisis sanitaria y marcado desde el punto de vista presupuestario por la aprobación de la Ley 31/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, y por la aprobación del Reglamento (UE) núm. 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021. Dicha incardinación se efectúa a través de la primera de las cinco líneas estratégicas del Plan que tiene como objetivo fomentar la digitalización y la innovación en los sectores productivos competencia del Departamento.

VI

El ámbito de aplicación del «Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs» (PADIH) es todo el territorio nacional.

La competencia del Estado para dictar este real decreto se justifica en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Este título responde a la «necesaria coherencia de la política económica», que «exige decisiones unitarias que aseguren un tratamiento uniforme de determinados problemas en orden a la consecución de dichos objetivos [de política económica global o sectorial] y evite que, dada la interdependencia de las actuaciones llevadas a cabo en las distintas partes del territorio, se produzcan resultados disfuncionales y disgregadores» (STC 186/1988, FJ II; más recientemente, STC 141/2014, de 11 de septiembre, FJ 5). El título ampara todas aquellas normas y actuaciones, sea cual sea su naturaleza y forma de instrumentación, orientadas a garantizar la «unidad de mercado» (SSTC 118/1996, de 27 de junio, FJ 10, y 208/1999, de 11 de noviembre, FJ 6) o la «unidad económica» (SSTC 152/1988, de 20 de julio, FJ 2; 186/1988, de 17 de octubre, FJ 2; 96/1990, de 24 de mayo, FJ 3, y 146/1992, de 16 de octubre, FJ 2).

Específicamente, en el esquema de distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas en el ejercicio de la potestad subvencional, y de acuerdo con la consolidada jurisprudencia recogida por primera vez en la STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 8, cabe la posibilidad de que «no obstante tener las Comunidades Autónomas competencias exclusivas sobre la materia en que recaen las subvenciones, éstas pueden ser gestionadas, excepcionalmente, por un órgano de la Administración del Estado u organismo de ésta dependiente, con la consiguiente consignación centralizada de las partidas presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado». No obstante, eso solo es posible «cuando el Estado ostente algún título competencial, genérico o específico, sobre la materia y en las circunstancias ya señaladas en nuestra doctrina anterior, a saber: que resulte imprescindible para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, evitando al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector. Su procedencia en cada caso habrá de aparecer razonablemente justificada o deducirse sin esfuerzo de la naturaleza y contenido de la medida de fomento de que se trate».

La apreciación de la necesidad de esa centralización es, por otra parte, competencia del Estado, único competente para establecer los casos en los que concurren esas circunstancias y para valorar la participación en ese proceso de las comunidades autónomas (STC 31/10, FJ 62).

En este caso, el ámbito de aplicación es de carácter nacional, las actividades a realizar por los beneficiarios dependerán de los ecosistemas que se formen en torno a los EDIH, cuyo número, temática principal y distribución en el territorio no se puede prever a priori.

Por lo tanto, en beneficio de la efectividad y operatividad de este programa de ayudas y del cumplimiento de los objetivos CID, que son puntuales y no permanecen en el tiempo, es conveniente la concentración de fondos que financian esta línea de ayudas, ya que no es posible establecer a priori un esquema de distribución territorial del gasto.

VII

A través de esta norma se regula la concesión directa, con carácter extraordinario y por razones de interés público, social y económico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) y en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de ayudas a centros de innovación digital (CID) españoles para apoyar la digitalización de las pymes mediante la prestación de servicios tecnológicos que faciliten la adopción soluciones de digitalización disruptivas, siendo estos centros de innovación digital uno de los habilitadores clave para la prestación de nuevos servicios de digitalización y para facilitar la transformación digital y la transición ecológica de nuestra economía, con la iniciativa «Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs» (PADIH) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Las subvenciones reguladas en este real decreto tienen carácter singular en la medida en que la adopción de tecnologías de digitalización disruptivas por parte de la pyme es todavía muy escasa, existiendo muy pocas pymes que tengan acceso a este tipo de servicios. Es, por tanto, necesario impulsar la creación de un ecosistema de excelencia a partir de las infraestructuras y conocimientos de los centros de innovación digital para solventar este fallo de mercado y para que, de esta forma, pueda crearse un tejido de empresarial con pymes más competitivas a través de la mejora de sus procesos de negocio y productivos mediante el uso intensivo de las tecnologías digitales.

Las razones que acreditan el interés público, social y económico de la concesión de esta subvención se concretan en la finalidad última de aquélla, al contribuir a la creación de un ecosistema de innovación en torno a la adopción de tecnologías digitales disruptivas a favor de las pymes, fortaleciendo el tejido empresarial, impulsando la generación de empleo de alta calidad, mejorando el clima de inversión y atracción de talento, y situando a España como centro de excelencia en innovación digital para pymes.

En este sentido, los servicios prestados por los centros de innovación digital (CID) españoles tendrán en cuenta criterios de creación neta de empleo en España, de participación de pymes, micropymes, autónomos y «startups», y de cohesión territorial, así como la dimensión de género y consideraciones medioambientales, debiendo en todo caso respetarse el principio de no causar un perjuicio significativo (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm») a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. También tendrán en cuenta la mejora del impacto de género conforme a las recomendaciones contenidas en la Guía para las Administraciones Públicas para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones financiables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicada por el Ministerio de Igualdad.

De conformidad con el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, este real decreto contiene las especialidades de régimen jurídico y procedimiento aplicable a las subvenciones previstas en el mismo, siendo la norma especial reguladora de la misma, y aplicándose en lo no previsto por este real decreto expresamente, conforme al artículo 5.1 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, de derecho privado.

VIII

En la elaboración y tramitación de esta norma se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los principios de necesidad y eficacia de este real decreto se fundamentan, según se ha enunciado en los párrafos anteriores, en el objetivo pretendido por el Gobierno de España de hacer de España uno de los ecosistemas más desarrollado en la prestación de servicios de digitalización disruptivos para pymes coadyuvando así a la autonomía digital de Europa.

Así, se atiende a los principios de necesidad y eficacia, al estar la iniciativa normativa justificada en el impulso de la innovación y la adopción de tecnologías digitales disruptivas por parte de pymes de cualquier sector productivo, contribuyendo al desarrollo empresarial regional y al incremento de la competitividad y productividad, lo que repercutirá en beneficio de la sociedad. Al mismo tiempo, al financiar la prestación de servicios por parte de los «Digital Innovation Hubs», se apoya a estos contribuyendo a la inclusión de centros de innovación digital españoles en la red europea EDIH y garantizando con ello el máximo retorno de la financiación prevista para España en la convocatoria DIGITAL -2021-EDIH-01.

Con esta regulación, los centros de innovación digital beneficiarios quedarán sujetos a las obligaciones que se establezcan en el Plan de Recuperación en relación con la Inversión 3 y a los mecanismos de gestión y control establecidos en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE, así como a la normativa interna que se establezca para la gestión, seguimiento y control de este. En particular, será de aplicación lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como lo previsto en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El buen desarrollo del Plan de Recuperación se evalúa mediante la consecución de los hitos y objetivos asignados a cada inversión y componente, aprobados en el marco de este, lo que constituye condición indispensable para el libramiento de los correspondientes fondos a nuestro país. Por ello, los centros de innovación digital españoles beneficiarios de las ayudas deberán contribuir al cumplimiento de los hitos y objetivos asignados por la Componente 13 del Plan de Recuperación.

En cuanto al principio de proporcionalidad, este real decreto no contiene restricciones de derechos, conteniendo la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir. Por lo que afecta al principio de seguridad jurídica, el real decreto es coherente con el resto del ordenamiento jurídico y con los planes y normativa vigente en materia de digitalización de pymes y establece estímulos económicos que facilitarán su mejor cumplimiento. Además, la norma aborda los extremos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su reglamento de desarrollo, establece las previsiones necesarias y concreta el procedimiento para la concesión directa de las subvenciones.

La norma cumple asimismo con el principio de transparencia ya que define claramente sus objetivos, reflejados en esta exposición de motivos y en la memoria que acompaña a la norma.

Se ha prescindido de los trámites de consulta pública y audiencia debido al carácter singular y extraordinario de la disposición, que no afecta a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Además, teniendo en cuenta que el objeto de la norma es la aprobación de una ayuda directa, su naturaleza comprende un ámbito de decisión específicamente de carácter presupuestario, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Por último, el principio de eficiencia queda garantizado porque la norma no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

Igualmente, en la elaboración de este real decreto, se ha tenido en cuenta el alcance temporal de la prohibición para ser beneficiario de las subvenciones de importe superior a 30.000 euros, que establece el apartado 3 bis del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 3 de noviembre, introducido por el artículo 11 de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, referida a todo incumplimiento de los plazos de pago previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en la operaciones comerciales.

Asimismo, este real decreto se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la finalidad de acometer un proceso de modernización de la Administración Pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la ejecución del Plan y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público-privada entre las administraciones públicas y el sector privado.

De acuerdo con lo anterior, la tramitación de este real decreto se ha ajustado a lo establecido en los artículos 47 y 60 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, siéndole además de aplicación lo regulado en los artículos 61 y siguientes de dicho real decreto ley, relativos a las medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de marzo de 2023,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones a los centros de innovación digital nacionales seleccionados por la Comisión Europea para formar parte de la red europea de centros de innovación digital («European Digital Innovation Hubs», en adelante, EDIH) mediante la convocatoria «DIGITAL-2021-EDIH-01, European Digital Innovation Hubs» (en adelante, convocatoria DIGITAL-2021-EDIH-01), efectuada en el marco del Programa Europa Digital, y cuentan con un Acuerdo de Financiación para ello suscrito con la Comisión Europea (en adelante Acuerdo de Financiación).

2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con el artículo 28.2 y 3 de la misma ley, estas subvenciones se otorgan, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico, con una doble finalidad: (1) aprovechar la capacidad que tienen los centros de innovación digital para dotar a las pymes de las herramientas necesarias para hacer frente a los retos que se derivan de la transición digital y (2) potenciar las sinergias, complementariedades y retornos de los programas y fondos nacionales y europeos disponibles para ello.

3. Este real decreto contribuye a la ejecución parcial de la inversión 3, «Digitalización e innovación», del componente 13 «Impulso a la pyme» (C13.I3), del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, Plan de Recuperación), entre cuyas medidas se encuentra el denominado «Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs» (en adelante, PADIH) que tiene como objetivo dotar a las pymes de las capacidades y herramientas necesarias para contribuir a la transición digital y hacer frente a los retos que se derivan de ella.

4. Las subvenciones otorgadas mediante este real decreto serán consideradas «ayudas a las agrupaciones empresariales innovadoras» y serán compatibles con el mercado interior a tenor del artículo 107, apartado 3, del Tratado, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el artículo 27 y en el capítulo I del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.

1. Estas subvenciones se regirán por lo dispuesto en el presente real decreto, así como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Igualmente, será de aplicación el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y demás normativa tanto europea como nacional que sea de aplicación a la gestión, seguimiento, verificación, publicidad y control en el marco del Plan de Recuperación.

2. Será también de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que para la ejecución de los proyectos subvencionados se celebraran contratos que deban someterse a dicha ley de acuerdo con lo dispuesto en la misma.

3. En aplicación del principio de «no causar daño significativo» (principio «Do No Significant Harm», DNSH), de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, y por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, se respetará la normativa medioambiental aplicable, incluido el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, así como la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación de este principio de «no causar daño significativo». En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.

Artículo 3. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas por este real decreto los EDIH españoles que hayan sido seleccionados por la Comisión Europea en la convocatoria DIGITAL-2021-EDIH-01 para formar parte de la red europea EDIH y cuenten con un Acuerdo de Financiación suscrito para ello.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los miembros de dichos EDIH tendrán igualmente la consideración de beneficiarios.

3. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40 y 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los miembros del EDIH serán responsables solidariamente respecto del conjunto de actividades subvencionadas a desarrollar por el EDIH, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro y las responsabilidades por infracciones.

4. Los miembros de los EDIH beneficiarios deberán suscribir, con carácter previo a la formulación de la solicitud, un acuerdo interno que regule su funcionamiento y, que según lo estipulado en el artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, incluya al menos:

La eficacia de este acuerdo podrá condicionarse a que el EDIH sea declarado beneficiario de la ayuda por resolución de concesión definitiva.

5. No podrá disolverse el EDIH hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

6. Los EDIH no podrán tener la condición de beneficiarios si cualquiera de sus miembros incurre en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2, 13.3 y 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o cualquiera de sus miembros se encuentra sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado interior, ni aquellas empresas que se encuentren en crisis, a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.4.c) y 2.18 del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

7. Los EDIH beneficiarios de este real decreto y los importes de la financiación máxima a recibir se detallan en el anexo.

Artículo 4. Obligaciones de los beneficiarios.

1. Las subvenciones otorgadas por este real decreto están sujetas al cumplimiento, ejecución y realización de los objetivos y los hitos fijados en el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia para la inversión C13.I3 «Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs» (PADIH), del componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones generales que establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en particular, realizar las actividades subvencionables con el alcance que se determine en la resolución de concesión.

3. Adicionalmente a lo establecido en el apartado anterior, serán obligaciones de los beneficiarios:

En particular, los beneficiarios están obligados a crear en España todo el empleo necesario para la realización de las actividades objeto de la subvención, que se realizarán con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional.

Lo previsto en este apartado se entenderá sin perjuicio de la normativa especial aplicable, en su caso, a los beneficiarios. Estas obligaciones no serán exigibles si impidieran, dificultaran o retrasaran sobremanera la consecución del objeto establecido en el artículo 1.

Los beneficiarios deberán justificar el cumplimiento de dichas obligaciones o, en su caso, la concurrencia de las causas que exoneran del mismo, en una memoria que se adjuntará a la documentación establecida en el artículo 15.

4. Los beneficiarios deberán cumplir, además, con las obligaciones, europeas y nacionales aplicables al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:

En particular, quedan sujetos a la obligación de recabar la siguiente información en relación con la identificación de los contratistas y subcontratistas:

1.º NIF, nombre o razón social y domicilio fiscal del contratista o subcontratista.

2.º Aceptación de la cesión de datos entre las administraciones públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

3.º Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de Recuperación y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión.

4.º Los contratistas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o en el censo equivalente de cada Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de licitación.

1.º Los equipos utilizados cumplirán con los requisitos relacionados con la energía establecidos en la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico, aplicables a los productos relacionados con la energía para servidores y almacenamiento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas electrónicas.

2.º Los equipos utilizados no contendrán las sustancias restringidas enumeradas en el anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, excepto cuando los valores de concentración en peso en materiales homogéneos no superen los enumerados en dicho anexo.

3.º Al final de la vida útil de los equipos utilizados se someterán a una preparación para operaciones de reutilización, recuperación o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la eliminación de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el anexo VII de la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

4.º En caso de adquisiciones de equipos:

i. Asegurar la compra de equipos energéticamente eficientes, que sean absolutamente respetuosos con el Code of Conduct for ICT de la Comisión Europea, y tomar medidas para que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparación, de actualización y de reutilización de los productos, de los aparatos eléctricos y electrónicos implantados.

ii. Al finalizar la vida útil de la tecnología digital adquirida esta deberá ser tratada de acuerdo con la legislación vigente y no tendrá un impacto negativo sobre: el cambio climático, la adaptación al cambio climático, los recursos hídricos y marinos, la economía circular, la prevención y control de la contaminación ni la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.

5. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 17, los beneficiarios deberán dar publicidad de la subvención concedida y del órgano concedente en los contratos de servicios y laborales, así como en cualquier otro tipo de contrato relacionado con la ejecución de la actuación, incluida la subcontratación, en convenios, publicaciones, ponencias, equipos, material inventariable, actividades de difusión de resultados y otras análogas, incluyendo expresamente, el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU». Además, deberán publicar la concesión de la ayuda en su página web con mención expresa del órgano concedente. En caso de que la actuación esté cofinanciada, los medios de difusión de la ayuda concedida al amparo de este real decreto, así como su relevancia, deberán ser al menos análogos a los empleados respecto a otras fuentes de financiación. En particular, será de aplicación lo dispuesto a este respecto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, así como lo previsto en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.

6. Los beneficiarios garantizarán el pleno cumplimiento del principio de «no causar perjuicio significativo» (principio «Do No Significant Harm», DNSH), de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en todas las fases del diseño y ejecución de las actividades objeto de subvención, teniendo en cuenta la «Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01)» sobre la aplicación de este principio así como la «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente» publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. De acuerdo con lo anterior, los beneficiarios deberán prever mecanismos específicos de acreditación del cumplimiento del principio DNSH que aborden los riesgos específicos de la inversión, así como la obligatoriedad de presentar esa acreditación o tenerla a disposición de la Administración durante un plazo de cinco años.

7. Los beneficiarios garantizarán el cumplimiento de las obligaciones de etiquetado climático y digital, con un porcentaje del 0 por ciento y del 100 por ciento respectivamente, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como con lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. El etiquetado digital de la inversión C13.I3, etiqueta 10, implica que las actividades financiadas deben corresponder a la categoría de «Digitalización de las pymes (incluyendo comercio electrónico, negocio electrónico y procesos empresariales en red, centros de innovación digital, laboratorios vivientes, emprendedores de la web y las nuevas empresas de TIC y el B2B)».

8. Con objeto de que el órgano concedente, como órgano encargado de la gestión de los fondos relativos a las subvenciones aprobadas por este real decreto, en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pueda certificar o acreditar la debida ejecución de los mismos ante las autoridades competentes, los beneficiarios deberán, además de cumplir con las obligaciones de información y seguimiento previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, remitir cuanta información y documentos pudiera requerirles el órgano concedente para el seguimiento del programa, así como cumplir puntualmente con lo que pudiera disponerse por cualquier norma o reglamentación aplicable.

9. Los beneficiarios están obligados a cumplir las instrucciones que el órgano concedente como cualquier órgano o autoridad competente les dirija en aplicación de cualquier normativa, tanto europea como nacional, que pudiera aprobarse, particularmente la relativa a la ejecución o gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

10. Para subvenciones de importe superior a 30.000 euros, cuando los solicitantes sean únicamente sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, esta circunstancia se acreditará, por parte de las sociedades que, de acuerdo con la normativa contable, puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 del Reglamento de esta ley. Para las sociedades que, de acuerdo con la normativa contable, no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada se establece la necesidad de acreditar el cumplimiento de los plazos legales de pago mediante certificación, emitida por auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que atenderá al plazo efectivo de los pagos de la empresa cliente con independencia de cualquier financiación para el cobro anticipado de la empresa proveedora.

Artículo 5. Actuaciones objeto de las ayudas.

1. Las subvenciones otorgadas mediante este real decreto se destinarán a la financiación de las actividades incluidas en el Acuerdo de Financiación relativas a:

Las subvenciones también podrán destinarse a la realización de inversiones dirigidas a la mejora del EDIH. En este caso, serán costes subvencionables los costes de inversión en activos materiales e inmateriales incluidos en el Acuerdo de Financiación.

2. La fecha de inicio y la fecha de fin de las actuaciones será la que figure en la resolución de concesión, y estará coordinada con la que figure expresamente en el Acuerdo de Financiación. En cualquier caso, la fecha límite para la finalización de las actuaciones será el 31 de diciembre de 2025.

3. No serán subvencionables aquellas actuaciones que no respeten plenamente las normas y prioridades de la Unión Europea en materia climática y medioambiental y el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. A fin de garantizar que la medida se ajusta a lo dispuesto en la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18 de febrero de 2021, p. 1), se excluirán de la elegibilidad la siguiente lista de actividades y activos:

Asimismo, se exigirá que solo puedan seleccionarse aquellas actividades que cumplan con la legislación medioambiental nacional y europea pertinente.

Artículo 6. Gastos subvencionables.

1. Las subvenciones previstas en este real decreto se destinarán a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades para las que hayan sido concedidas, según se detalle en la Memoria de Actividades, y en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Los gastos subvencionables deberán realizarse antes del 31 de diciembre de 2025.

3. Serán elegibles los siguientes gastos en el concepto de costes directos de ejecución, siempre que se imputen dentro del período de ejecución de la Memoria de Actividades, estén directa y exclusivamente relacionados con la misma y pueda acreditarse dicha relación:

Los costes de comunicación para presentar las actividades en los sitios web de los beneficiarios o en las cuentas de las redes sociales son subvencionables.

Se podrá imputar adicionalmente un porcentaje del 7 por ciento de los costes directos subvencionables válidamente justificados en concepto de gastos generales asignados a la actuación, que por su naturaleza no pueden imputarse de forma directa.

4. En ningún caso se considerarán subvencionables los impuestos indirectos.

5. Cuando el beneficiario de la subvención sea una empresa, los gastos subvencionables en los que haya incurrido en sus operaciones comerciales deberán haber sido abonados en los plazos de pago previstos en la normativa sectorial que le sea de aplicación o, en su defecto, en los establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

6. La cuantía de la ayuda a percibir por cada beneficiario se determinará en cada caso en función del coste financiable real de la actuación.

7. La intensidad de las ayudas otorgadas por este real decreto no excederá en ningún caso el 50 por ciento de los costes subvencionables.

Artículo 7. Subcontratación.

1. A los efectos de este real decreto, se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

2. El beneficiario podrá subcontratar con terceros la realización de la actividad para la que se solicita la subvención, siempre y cuando se cumplan las disposiciones recogidas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

3. Se aplicará lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuando en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a dicha ley.

4. El coste global de la subcontratación por beneficiario sólo podrá ser superior al 50 por ciento del presupuesto total en caso de que se incluya de forma explícita en el Acuerdo de Financiación.

5. En ningún caso podrá fraccionarse el gasto correspondiente a un mismo gasto y a un mismo proveedor.

6. De conformidad con el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en caso de que la actividad subcontratada supere el 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, el contrato de subcontratación deberá celebrarse por escrito y autorizarse previamente por el órgano concedente. En este supuesto la solicitud irá acompañada de una memoria justificativa de la necesidad de la subcontratación para la consecución de los objetivos de la actuación objeto de subvención.

7. En caso de que la subcontratación se realice con entidades vinculadas al beneficiario, deberá solicitarse previa autorización al órgano concedente y acreditar que se realiza de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

8. Los beneficiarios preverán mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (DNSH).