Real Decreto 1062/2024, de 15 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo y gestión del proyecto Espacio de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU

PREÁMBULO

I

Los datos se han convertido en un recurso esencial para el crecimiento económico, la creación de empleo y el progreso social, siendo un elemento clave en la digitalización de la sociedad y en la digitalización de las empresas. El análisis de datos facilita la optimización de procesos y decisiones, la innovación y la predicción de eventos futuros. Esta tendencia global tiene un enorme potencial en varios campos, desde la salud, el medio ambiente, la seguridad alimentaria, el clima y la eficiencia de los recursos, hasta la energía y los sistemas de transporte y ciudades inteligentes.

La Comisión Europea (CE), en la Comunicación sobre la construcción de una economía de datos europea, publicada en enero de 2017, caracteriza la economía de datos como un ecosistema de diferentes tipos de actores del mercado, como fabricantes, investigadores y proveedores de infraestructura, que colaboran para garantizar que los mismos sean accesibles y utilizables, lo que permite a estos actores del mercado extraer valor de estos datos mediante la creación de una variedad de aplicaciones con un gran potencial para mejorar la vida diaria de las personas.

El valor de la economía de datos de la Unión Europea (UE) se estimó en 257.000 millones de euros en 2014 y se estima que dicho valor alcance los 829.000 millones de euros en 2025.

Asimismo, se espera un aumento del 530 % en el volumen mundial de datos y un total de 10,9 millones de profesionales de los datos en la Unión Europea para ese mismo año, frente a los 5,7 millones de profesionales existentes en 2018.

Para aprovechar esta oportunidad, la Estrategia Europea de Datos, publicada en febrero de 2020, tiene como objetivo principal la creación de un mercado común de datos que garantice el liderazgo de la Unión Europea en la economía global de los datos, mediante el libre flujo de estos en beneficio de empresas, investigadores y administraciones públicas. En este sentido, la Estrategia Europea de Datos recoge la importancia del desarrollo de los espacios europeos de datos, entendidos estos como ecosistemas donde materializar la compartición voluntaria de los datos de sus participantes dentro de un entorno de soberanía, confianza y seguridad, establecido mediante mecanismos integrados de gobernanza, organizativos, normativos y técnicos.

La Estrategia se desarrolla mediante diferentes instrumentos jurídicos y de financiación. Uno de ellos es el Programa Europa Digital (DIGITAL), un nuevo instrumento de financiación de la UE dotado de 7.588 millones de euros entre 2021 y 2027, cuyo objetivo es llevar la tecnología digital a las empresas, los ciudadanos y las Administraciones Públicas. Este Programa Europa Digital actuará en cinco grandes ámbitos: ciberseguridad, informática de alto rendimiento, competencias digitales avanzadas, buen uso de las nuevas tecnologías, datos, nube e inteligencia artificial. En dicho programa se están financiando el desarrollo de Espacios de Datos en sectores estratégicos y de interés público, como el European Green Deal, la movilidad, la industria, la agricultura, el patrimonio cultural, la salud, el sector financiero, el audiovisual, el lenguaje, el turismo o las Administraciones públicas, entre otros.

Otro instrumento es la Ley de Gobernanza de Datos (Reglamento (UE) 2022/868 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2022, relativo a la gobernanza europea de datos y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1724 (Reglamento de Gobernanza de Datos), que establece unos mecanismos sólidos que facilitarán la reutilización de determinadas categorías de datos protegidos del sector público, aumentarán la confianza en los servicios de intermediación de datos y fomentarán la cesión altruista de datos en toda la Unión Europea. Esta ley también apoyará la creación y el desarrollo de espacios de datos europeos comunes en dominios estratégicos, que involucren a actores públicos y privados, en sectores como salud, medio ambiente, energía, agricultura, movilidad, finanzas, manufactura, administración pública y habilidades digitales. La ley entró en vigor el 23 de junio de 2022 y es de aplicación desde septiembre de 2023.

El objetivo de este Reglamento Europeo de Gobernanza de Datos es facilitar el acceso a los datos y su intercambio entre sectores y países de la UE con el fin de aprovechar su potencial en beneficio de los ciudadanos y del tejido empresarial europeo. Todo ello, acompañado del impulso al desarrollo de sistemas fiables de intercambio de datos a través de mecanismos que faciliten la reutilización de los que obren en manos del sector público y que no puedan ponerse a disposición como datos abiertos, la puesta en marcha de espacios comunes europeos de datos o medidas para facilitar a ciudadanos y empresas la puesta a disposición de sus datos en beneficio de la sociedad.

Con esta ley, la intención de la Comisión Europea es ofrecer más datos para su uso y establecer normas sobre quién puede acceder a qué datos y para qué fines puede utilizarlos en todos los sectores económicos de la Unión Europea. Se prevé que las nuevas normas generen 270.000 millones de euros de PIB adicional para los Estados Miembros de la Unión Europea de aquí a 2028 abordando los aspectos jurídicos, económicos y técnicos que provocan la infrautilización de los mismos.

II

La apuesta por la economía del dato es también un eje prioritario de la Agenda España Digital 2025, actualizada a su versión de 2026, como la hoja de ruta para guiar la acción en este terreno.

La Agenda España Digital 2026 tiene como objetivo impulsar la transformación digital de España como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad, y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan estas nuevas tecnologías.

Al ser la digitalización un elemento transversal y política de Estado que permea a todo el territorio, a todos los sectores económicos y a todas las dimensiones sociales, desde la Agenda España Digital 2026 se ha reforzado el objetivo de que la misma actúe como dique de contención contra la desigualdad, contribuyendo a cerrar las diferentes brechas existentes. A través de ella se pretende dar respuesta a los grandes cambios sociales, económicos y políticos acaecidos por la mayor dependencia de las tecnologías digitales, lo que la convierte en una excepcional hoja de ruta para impulsar el proceso de transformación digital del país y como pilar estratégico para la recuperación de la crisis generada por la pandemia y vector de modernización y prosperidad a medio plazo.

Para que la transformación digital sea una realidad en todo el territorio, es necesario impulsar todas las potencialidades apoyándose, sobre todo, en las fortalezas de nuestros sectores productivos y las empresas que los conforman. En este sentido, la Agenda España Digital 2026 contempla, en materia de Economía de datos, convertir a España en un referente en la transformación hacia este nuevo modelo de economía, transformación que necesita:

– Una gestión responsable que favorezca el fuerte compromiso del sector público para continuar incrementando la apertura de los datos públicos.

– La creación de mecanismos de colaboración fuerte entre el sector público y el privado.

– El impulso público a la compartición de datos y al desarrollo de proyectos faro para usar los datos tanto públicos como privados para el bien común.

– La existencia de empresas con gran experiencia y voluntad para desarrollar experiencias de colaboración público-privadas en este ámbito, como instrumentos decisivos para alcanzar el objetivo propuesto.

En esta línea, a través de su eje 4, «Economía del Dato e Inteligencia Artificial», se está propiciando la aceleración de los procesos de digitalización del tejido productivo a través de proyectos tractores de digitalización sectorial y el empleo masivo de datos, especialmente en la pyme, buscando, al mismo tiempo, que los sectores económicos se beneficien lo máximo posible de la Estrategia Europea de Datos.

En este sentido, los espacios de datos son esenciales para el desarrollo de estos proyectos tractores, especialmente en sectores económicos clave y estratégicos para el país, como el agroalimentario, movilidad, salud, turismo, industria, comercio o energía.

Igualmente, a través de este eje y con vistas al objetivo de la Unión Europea de desarrollar un mercado único de datos que permita su acceso y reutilización en todos los Estados Miembros, como una de las grandes prioridades contenidas tanto en la Comunicación sobre la Década Digital como en la Estrategia Europea del Dato, se avanzará en la financiación y desarrollo de casos de uso, demostradores y pilotos, y de ecosistemas sectoriales público-privados de innovación, a través de los cuales poder impulsar la creación de estos grandes espacios de datos sectoriales. Iniciativa global también recogida e impulsada desde el eje 3, «Desarrollar plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas para dar soporte a la inteligencia artificial», de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), por medio de su medida 13, «Creación de espacios compartidos de datos sectoriales e industriales y repositorios descentralizados y accesibles que faciliten la creación de servicios de valor añadido basados en infraestructuras de datos».

III

Con fecha 13 de julio de 2021, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN), aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante Plan) de España a través de la Decisión de Ejecución del Consejo (COM (2021) 322 final). Con ello se ayudó a trazar la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos de la próxima década. Este Plan conforma el instrumento de despliegue de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU y está estructurado en torno a las cuatro transformaciones estructurales claves de nuestro tiempo, en línea con las directrices de la Unión Europea: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. El Plan detalla las inversiones y reformas, agrupadas en 30 componentes, para el periodo 2021-2026, movilizando alrededor de 70.000 millones de euros de transferencias no reembolsables del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con el fin de impulsar la recuperación y lograr el máximo impacto económico y social.

El Plan incorpora importantes reformas e inversiones en varios de sus componentes. El programa «Espacios de Datos Sectoriales» está recogido en la inversión 1 (Espacios de datos sectoriales) del componente 12 (Política Industrial España 2030) del Plan, y está alineado con la Estrategia Europea del Dato y las actuaciones que la desarrollan, en particular el Reglamento Europeo de Gobernanza de Datos y la EU Cloud Federation, entre otras. Este Programa tiene como objetivo financiar el desarrollo de espacios de datos y el fomento de la innovación disruptiva en sectores estratégicos de la economía.

Conforme a lo establecido en el anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo (CID, por sus siglas en inglés) por la que se modifica la Decisión de Ejecución del Consejo (UE) (ST 10150/2021; ST 10150/2021 ADD 1 REV 1) de 13 de julio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España COM(2023) 576 final, el objetivo CID asociado a estas medidas del componente C12 es el siguiente:

– C12.I1. Objetivo CID 180 (Plazo de vencimiento el 30 de junio de 2026):

«Grandes espacios de datos sectoriales e interoperables de alto valor creados en sectores estratégicos. Al menos cuatro en el sector agroalimentario, el sector de la movilidad sostenible, el sector salud y el sector comercio, de conformidad con la Guía Técnica sobre la aplicación del principio de «No causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18 de febrero de 2021, p. 1), mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la Unión Europea y nacional. La ejecución presupuestaria movilizada con este fin ascenderá, como mínimo, a 400.000.000 EUR.»

El objetivo CID 180 tiene a su vez establecido el siguiente mecanismo de verificación:

«Documento resumen que justifique debidamente cómo se cumplió satisfactoriamente el objetivo (incluidos los elementos relevantes del objetivo, tal como se enumeran en la descripción del objetivo y de la medida correspondiente en el anexo CID). Este documento deberá incluir como anexo las siguientes pruebas documentales y elementos:

– Una lista de los espacios de datos creados, incluyendo para cada uno:

El programa «Espacios de Datos Sectoriales» se está implementando mediante un conjunto de iniciativas que conjuntamente vienen a contribuir al cumplimiento del objetivo CID 180. Entre las iniciativas se contemplan convocatorias de ayudas para el desarrollo de demostradores y casos de uso de espacios de datos. España inició en la Agenda 2013 un ambicioso plan de transformación digital de las ciudades, que fue materializado poniendo en marcha el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (PNCI) y posteriormente el Plan Nacional de Territorios inteligentes (PNTI), los cuales están contribuyendo al desarrollo económico y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos maximizando el impacto de las políticas públicas TIC para mejorar la productividad y la competitividad; y ayudando a transformar y modernizar la economía y la sociedad española mediante un uso eficaz e intensivo de las TIC por la ciudadanía, empresas y administraciones.

Como resultado de los esfuerzos de dichos Planes, España se ha posicionado como referente europeo y mundial en el ámbito de las Smart Cities, tal y como lo indica el portal oficial de datos europeos en su informe «Open Data Maturity Report» de 2021, donde España está clasificada como el tercer país europeo con mejores prácticas de datos abiertos, así como el informe de Juniper Research «Smart Cities»: Key Technologies, «Environmental Impact & Market Forecasts 2022-2026» en el cual algunas ciudades españolas están situadas entre las mejores ciudades inteligentes a nivel mundial.

Con la finalidad de consolidar los excelentes resultados obtenidos con los planes anteriores y aprovechar la oportunidad del Programa de «Espacios de Datos Sectoriales» para poner en valor de manera colectiva los datos recogidos por las ciudades y territorios y ponerlos a disposición de los sectores productivos a través de los espacios de datos, se considera estratégico la creación de infraestructuras y aplicaciones que permitan su puesta en común. Para ello se ha diseñado una iniciativa para el desarrollo de los Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes (en adelante, EDINT), que incluye la creación de un espacio de datos multisectorial que agrupe toda la información recogida por las ciudades inteligentes. Este espacio de datos será capaz de recoger datos de los distintos ámbitos de las ciudades procedentes de algunos de los sectores considerados estratégicos en la inversión 1 del componente 12 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: movilidad sostenible, comercio o turismo, y ofrecerlos e intercambiarlos tanto con otras ciudades/territorios, como con el tejido empresarial de cada uno de los sectores estratégicos de la economía, así como con otros espacios de datos interoperables, entre ellos los financiados en el programa.

Los datos intercambiados mediante esta cooperación público-privada ayudarán a las empresas a mejorar sus productos y servicios, y a las entidades locales en la toma de decisiones sobre el funcionamiento de las ciudades. Este proyecto contribuirá igualmente a poner en valor la economía del dato, apoyando a la generación de un intercambio de datos entre las entidades locales y las empresas privadas de los sectores estratégicos. Los datos consumidos por las empresas privadas podrán ser transformados por las mismas y puestos nuevamente a disposición de los participantes del Espacio de datos, ayudando a crear nuevos modelos de negocio, así como una economía circular en torno al dato proporcionado por las entidades locales. También servirá para facilitar el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre empresas y entidades locales de distintos territorios, sirviendo como altavoz de las iniciativas españolas y como receptor de las prácticas desarrolladas en otros países de la Unión Europea.

Con la implantación de este proyecto, España continuará consolidando su puesto como referente en Smart Cities, sirviendo como proyecto país tractor y dando continuidad a los esfuerzos realizados en los planes nacionales anteriormente mencionados, siendo todos estos motivos los que justifican el interés público de este proyecto. En efecto, la finalidad del real decreto no es otra que impulsar la generación de una economía del dato por medio del Proyecto EDINT, el cual generará un impacto de ámbito nacional. En este sentido, este proyecto servirá de escenario de pruebas de desarrollos de inteligencia artificial, contribuyendo, por un lado, al desarrollo de una economía basada en la toma decisiones estratégicas teniendo en cuenta el análisis de datos e interpretación (data driven) en especial para las entidades locales, y fomentará el desarrollo de un tejido empresarial innovador en la explotación de los datos que genera productos y servicios de alto valor añadido y, por otro, contribuirá al objetivo de modernizar las pymes de los sectores estratégicos de movilidad y comercio, en primer término, pero con importantes ramificaciones en la cadena de valor del resto de sectores estratégicos.

Si bien el Proyecto EDINT es un incentivo para la transformación digital de las pymes y comercios, reforzando su peso en las economías locales y permitiendo un crecimiento de las mismas, también es un elemento clave a la hora de medir y favorecer políticas para una gestión eficiente de agua, residuos y energía en la industria, las ciudades y los territorios, así como para focalizar, en torno a las municipalidades, el desarrollo del empleo local de alta cualificación, un mayor atractivo de las ciudades y territorios para la inversión exterior y una mayor riqueza y cohesión social.

En definitiva, mediante la iniciativa EDINT se pondrá en valor el conjunto de datos de las actuaciones de digitalización de municipios, diputaciones y territorios desarrolladas hasta la fecha en distintos planes (Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (PNCI), Plan Nacional de Territorios Inteligentes (PNTI), Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), etc.) y estrategias municipales y territoriales de éxito, y convertirlos en activos para el desarrollo de la economía del dato, contribuyendo:

– A la transformación digital de las pymes y comercios, reforzando su peso en las economías locales y permitiendo el crecimiento de las mismas.

– A la mejora de las políticas públicas para una gestión eficiente de agua, residuos y energía en la industria, las ciudades y los territorios.

– A focalizar, en torno a las municipalidades, el desarrollo de empleo local de alta cualificación, un mayor atractivo de las ciudades y territorios para la inversión exterior y una mayor riqueza y cohesión social.

– A favorecer la atracción de talento y su conservación, siendo ello esencial para que las empresas transformen sus procesos de negocio orientándose a los datos, para el desarrollo de una industria de los datos y para el impulso de una economía y sociedad, para la toma de decisiones basada en el análisis y la interpretación de los datos almacenados a partir de fuentes digitales (data driven).

– A la generación de un ecosistema de valor en torno a los datos que ponga en conexión a empresas y entidades locales con start-ups (empresas de nueva creación) de base tecnológica, Academia y Red de Centros Tecnológicos, de manera que desafíos y mercado se den la mano desarrollando innovaciones que sirvan para acelerar el uso de los datos y la generación de una economía orientada al dato.

IV

Para el desarrollo del Proyecto EDINT se ha identificado a la Federación Española de Municipios y Provincias como la entidad que se encuentra en mejores condiciones para abordar el proyecto por su singularidad, carácter neutral y de confianza en relación con los sectores productivos, así como una legitimidad en la representación de los interesas comunes de las entidades locales participantes, asegurando que los beneficios se ponen a disposición de toda la economía y la sociedad y, por tanto, el interés público.

La Federación Española de Municipios y Provincias es una asociación con personalidad jurídica propia carente de ánimo de lucro y reconocida legalmente como de utilidad pública, por acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 1985, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Su condición singular viene dada además de su cercanía y proximidad a los ciudadanos y empresas locales, porque tiene un papel fundamental en la promoción del desarrollo económico y social de la mayoría de los municipios y provincias de España. Es la entidad representativa de las entidades locales españolas y, por lo tanto, tiene un conocimiento profundo y cercano de las necesidades y retos que enfrentan los municipios y provincias en el ámbito de la gestión de los datos. Cuenta con una amplia experiencia en la promoción de la colaboración y el trabajo conjunto entre los diferentes niveles de la Administración pública, así como con el sector privado y la sociedad civil, lo que permite que esta federación pueda liderar este proyecto, marcado por un profundo carácter colaborativo y multiactor para la creación y gestión de espacios de datos industriales, radicando su importancia y singularidad, por tanto, en la capacidad de esta para proporcionar a todos los agentes implicados en el Proyecto EDINT, la suficiente confianza y seguridad a la hora de compartir sus datos.

De esta manera, la Federación Española de Municipios y Provincias sería adecuada para alentar a las empresas privadas, al sector público, y a otras partes interesadas a compartir sus datos, debido a su condición de asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación en todo el territorio, así como por su capacidad para la prestación de toda clase de servicios a las corporaciones locales o a los entes dependientes de éstas, directamente o a través de sociedades o de entidades. Así mismo, constituye la Sección Española del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, y tal condición favorece la implementación para la consecución de los hitos y objetivos de la Estrategia Europea del Dato.

La Federación Española de Municipios y Provincias tendrá un papel fundamental, encargándose de orquestar el funcionamiento del Proyecto EDINT, una vez finalizado, estableciendo los esquemas de gobernanza que regulan el funcionamiento del proyecto, gestionando la compleja red de actores interesados como son empresas, instituciones académicas y organizaciones gubernamentales, actuando de nexo de los sectores estratégicos con las ciudades, proporcionando servicios digitales de alto valor añadido a los municipios y territorios y a los espacios de datos sectoriales, permitiendo reducir las asimetrías de información y los costes asociados a las labores de prospección de datos y, sobre todo, ofreciendo su enorme capilaridad y presencia territorial, pudiendo llevar la extensión del Proyecto EDINT por todos los municipios asociados a ella.

El ámbito de actuación de la FEMP alcanza a más del 95 % de la población española en los más de 7.239 municipios, 39 diputaciones y 10 consejos y cabildos insulares que agrupa, por lo que resulta un instrumento de utilidad pública indubitada para desarrollar, operar y explotar el Espacio de Datos de Inteligencia Urbana.

Dada la singularidad de la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo del Proyecto EDINT se justifica la imposibilidad o dificultad de optar por la concurrencia competitiva ya que pondrían en riesgo el impacto y neutralidad que debe tener la iniciativa para la consecución de los objetivos establecidos. En su lugar, se opta por la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la implementación del Proyecto EDINT y que se regula en este real decreto.

V

De acuerdo con lo expuesto ut supra, este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la regla 15.ª del artículo 149, apartado 1, de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, por cuanto el proyecto subvencionado ayudará a vencer las reticencias y las barreras de entrada a la creación de una economía del dato en sectores clave como el comercio y la movilidad, la salud y la cadena agroalimentaria, contribuyendo a la transformación digital de las pymes y a la aparición de start-ups (empresas de nueva creación) y scale-ups (empresas consolidadas y en crecimiento) de fuerte raíz tecnológica y demandantes de perfiles intensivos en conocimiento y ligados por lo general a puestos de trabajo de alta remuneración. Al mismo tiempo, permite romper los silos y utilizar los datos compartidos para desarrollar aplicaciones y servicios conjuntos y avanzados que supongan un retorno para las empresas y la sociedad en general.

La competencia estatal para la concesión de esta subvención se justifica en la necesidad última de generar e impulsar el desarrollo de un modelo económico y social para la toma de decisiones basada en el análisis y la interpretación de los datos almacenados a partir de fuentes digitales, a fin de conseguir la transformación de las empresas a través de la implementación de un modelo como este y la creación de una industria de los datos en España de manera homogénea. Ello supondrá una mayor homogeneización y coherencia de los futuros proyectos del mismo ámbito, así como un mayor y mejor alcance territorial y empresarial, gracias al papel que en el mismo desarrollará la Federación Española de Municipios y Provincias, como entidad encargada del desarrollo y posterior gestión del funcionamiento del Proyecto EDINT.

Supondrá, además, mayor eficiencia en la generación de conocimiento, pues la colaboración entre diferentes actores puede permitir el acceso a un volumen mayor y más diverso de datos, lo que puede llevar a una mayor innovación y creación de valor para la sociedad, así como a una mayor competitividad y rentabilidad para las empresas; también el desarrollo de protocolos y políticas de protección de datos transferibles, lo que ayudaría a garantizar que los datos se utilicen de manera responsable y respetando la privacidad y los derechos de las personas, pudiendo con ello mejorar la confianza de la sociedad en el uso de los datos y reducir los riesgos asociados a su mal uso, lo que a su vez puede aumentar la reputación y la credibilidad de las empresas; y por último, un impulso de la innovación y el emprendimiento, sobre todo en territorios con mayores necesidades y/o vulnerabilidades, lo que a su vez puede generar empleo y crecimiento económico y permitir el acceso a recursos y conocimientos que favorezcan la creación de nuevas empresas y la innovación en diferentes sectores, lo que puede aumentar la competitividad y la rentabilidad de las empresas existentes y generar nuevas oportunidades de negocio.

De conformidad con el Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, corresponde al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de telecomunicaciones, sociedad de la información, transformación digital y el desarrollo y fomento de la inteligencia artificial, en las que se enmarca el desarrollo de los espacios de datos sectoriales como instrumento para la transformación digital de la economía basada en la compartición de datos y a la que este proyecto EDIT viene a contribuir facilitando a las empresas el acceso a los datos de las ciudades inteligentes.

VI

Esta subvención se encuentra enmarcada dentro del Plan de Recuperación, en su componente 12, inversión 1, objetivo CID 180, Grandes Espacios de Datos Sectoriales e interoperables de alto valor creados en sectores estratégicos. Al menos cuatro en el sector agroalimentario, el sector de la movilidad sostenible, el sector salud y el sector comercio, de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18 de febrero de 2021, p. 1), mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la UE y nacional, con fecha prevista de cumplimiento en el segundo trimestre de 2026; también dentro de la Agenda España Digital 2026; y alineado con las prioridades del Plan, ya que lleva aparejada la colaboración público-privada, contribuye a la transformación digital, tiene un impacto a largo plazo y contribuye a la vertebración económica y social.

El proyecto deberá garantizar el cumplimiento de los principios recogidos en las Órdenes Ministeriales HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021, ambas de 29 de septiembre, que regulan, respectivamente, el sistema de gestión del Plan de Recuperación y el suministro de información sobre el cumplimiento de sus hitos y objetivos.

También la norma atiende a la obligación del Reglamento (UE), n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, de evitar el fraude, la corrupción, el conflicto de intereses y la doble financiación.

El beneficiario de esta subvención deberá cumplir la normativa europea y nacional que les resulte de aplicación, y en particular, las obligaciones que se derivan del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en concreto, se respetará el denominado «principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (DNSH, Do No Significant Harm), así como las condiciones específicas vinculadas a este principio. Se respetarán también los requisitos de publicidad vinculados al Mecanismo y el cumplimiento de contribución al objetivo climático y/o digital consignado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De igual modo, deberá cumplir con el coeficiente de etiquetado verde y digital asignado, según los anexos VI y VII del Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Esta ayuda se incorporará en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

VII

El artículo 22, apartado 2 letra c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establecen que podrán concederse de forma directa y «con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario».

En virtud de lo anteriormente señalado, y teniendo en cuenta que el Estado, siguiendo la estela de la Comisión Europea, tiene la clara convicción de la importancia de desarrollar espacios comunes de datos en sectores económicos estratégicos y en ámbitos de interés público en los que el uso de datos puede tener un impacto sistémico en todo el ecosistema y en los ciudadanos, las actividades a financiar que se incluyen en este real decreto, son esenciales para conseguir materializar una economía ágil en el manejo de los datos evitando la fragmentación perjudicial del mercado a través de acciones incoherentes entre sectores, en la medida en que, además, el papel de la Federación Española de Municipios y Provincias, como entidad singular representativa de la mayor parte de los municipios y provincias, es fundamental por su labor como ente neutral o de confianza consiguiendo facilitar la gestión y el intercambio de datos de manera justa y equitativa, estableciendo el marco normativo y técnico adecuado y todas aquellas condiciones necesarias que proporcionan confianza y seguridad a las empresas para que apuesten por este nuevo modelo de negocio. Todo ello conlleva que, efectuar una convocatoria pública dificultaría llegar a los fines anteriormente mencionados y, por su interés público, social y científico, se justifica la concesión directa de la correspondiente subvención.

Así mismo, el presente real decreto cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En cuanto a los principios de necesidad y eficacia, la norma queda plenamente justificada por una razón de interés general, tal y como se ha expuesto anteriormente, constituyendo este real decreto el instrumento más adecuado para su consecución. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, se ha optado por una regulación que recoge las obligaciones propias de las subvenciones de concesión directa con el detalle suficiente en los mecanismos de seguimiento y control, sin imponer nuevas obligaciones a los destinatarios. La seguridad jurídica del real decreto se ve garantizada por la coherencia de su redacción con la legislación que resulta aplicable y que se detalla en el articulado. En aplicación del principio de transparencia, se ha definido claramente el alcance y objetivo de esta norma. Así mismo, la disposición atiende al principio de eficiencia, pues no supone cargas administrativas innecesarias y contribuye a la gestión racional de los recursos públicos. La subvención que se regula en este real decreto no tiene carácter de ayuda de estado a los efectos de la aplicación de los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, teniendo en cuenta el tipo y características de la entidad beneficiaria y el objeto de la misma, como asociación con personalidad jurídica propia carente de ánimo de lucro y reconocida legalmente como de utilidad pública, por acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 1985, que no tiene consideración de empresa conforme a la definición establecida en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado; y según el apartado 2 de la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea correspondiente al concepto de empresa y actividad económica.

Igualmente, este real decreto, se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la finalidad de acometer un proceso de modernización de la Administración Pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la ejecución del Plan y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público-privada entre las administraciones públicas y el sector privado.

De acuerdo con lo anterior, la tramitación de este real decreto se ha acomodado a lo establecido en los artículos 47 y 60 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, siéndole además de aplicación lo establecido en los artículos 60 y siguientes de dicho real decreto-ley, relativos a las medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos.

Constatada la existencia de numerosas razones de interés público, social y económico y la dificultad de concurrencia pública se justifica la concesión de la subvención de forma directa, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 22, apartado 2, letra c), y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En su virtud, a propuesta del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de octubre de 2024,

DISPONGO:

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y actividades.

1. Este real decreto tiene por objeto regular, con carácter de bases reguladoras, la concesión directa de una subvención, con carácter excepcional, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para financiar, desarrollar y gestionar el Proyecto Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes (EDINT) y las actuaciones que lo conforman.

2. La subvención tiene como finalidad el desarrollo y explotación del Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes (EDINT) por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Mediante este proyecto se creará un espacio de datos multisectorial que agrupe toda la información recogida por las distintas ciudades e intercambiarlos tanto con otras ciudades, como con el tejido empresarial de cada uno de los sectores estratégicos de la economía, en especial en el sector de la movilidad sostenible. EDINT actuará como nodo neutro de referencia o punto único neutro de acceso a la información de las ciudades inteligentes para el sector empresarial y de conexión para otros espacios de datos sectoriales. Los anexos I y II al presente real decreto describen las actividades y los casos de uso que forman parte del proyecto.

3. La Federación Española de Municipios y Provincias, como entidad receptora de los fondos, será responsable de la operación del espacio de datos, asegurando así su continuidad y sostenibilidad a largo plazo. Desarrollará los componentes comunes y establecerá los estándares de funcionamiento, siguiendo los estándares establecidos para las ciudades inteligentes. Será igualmente la encargada de asegurar la conexión de las plataformas de las ciudades inteligentes con el espacio de datos, así como de establecer los esquemas de gobernanza que regulen su funcionamiento y su relación con otros espacios de datos sectoriales, asegurando la interoperabilidad.

4. Este proyecto es una actuación prevista en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que se deben cumplir los hitos y objetivos del proyecto, en línea con el cumplimiento de los hitos y objetivos fijados en la Decisión de Ejecución del Consejo (CID, Council Implementing Decision), de carácter vinculante y con la orientación a objetivos de este Plan.

5. El Proyecto subvencionado contribuirá y asegurará el cumplimiento del objetivo CID 180: «Grandes Espacios de Datos Sectoriales e Interoperables de Alto Valor creados en Sectores Estratégicos. Al menos cuatro en el sector agroalimentario, el sector de la movilidad sostenible, el sector salud y el sector comercio, de conformidad con la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18 de febrero de 2021, p. 1) mediante el uso de una lista de exclusión y el requisito de cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente de la Unión Europea y nacional».

Artículo 2. Fundamento y justificación de la concesión directa.

1. Se regula la concesión directa de esta subvención en aplicación de lo previsto en el artículo 22, apartado 2 letra c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con lo establecido en el artículo 28, apartado 2 y 3 de dicha ley y en el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por concurrir razones de interés público, social, económico y científico que impiden la convocatoria pública de la misma.

2. EDINT va a permitir poner en valor los datos de las ciudades inteligentes de forma agregada y centralizada, creando un espacio de datos como nodo neutro de referencia o punto neutro único de acceso a los datos, accesible para todas las ciudades y municipios, para todo el tejido empresarial de cualquier sector económico, y además facilitando la conexión con otros espacios de datos sectoriales. Este carácter único y central de acceso universal convierte a EDINT en infraestructura común singular para todos los municipios españoles y para cualquier empresa de cualquier sector económico, y para otros espacios de datos sectoriales.

3. A través de EDINT, como punto neutro único se facilitará el uso de los datos para la mejora de los procesos y la eficiencia de la actividad de las empresas. También se facilitará el acceso a los datos a empresas y organismo de investigación con el objeto de acelerar los procesos de innovación tecnológica en productos y servicios para ciudades inteligentes. De este modo, las empresas y organismos de investigación interesados podrán acceder a todos los datos mediante un único acceso común, con mayor rapidez, calidad del dato y menores costes que si tuviera que realizar múltiples accesos individualizados con cada uno de los municipios para disponer de los datos. La finalidad de EDINT, la centralización del acceso y la reducción de costes para disponer de datos por las empresas y organismos de investigación son razones que justifican el interés público y económico de la subvención.

4. La selección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como entidad beneficiaria de la ayuda y responsable del desarrollo, implementación y explotación de la infraestructura común singular del Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes (EDINT), como punto neutro único, tiene su fundamento en que es la única entidad que representa a todos los municipios de España y tiene un papel aglutinador de sus intereses. La FEMP tiene legitimidad y condiciones únicas para establecer los esquemas de gobernanza entre los municipios para la gestión de los datos en esta infraestructura común, además desempeña un papel neutral y de confianza con todos los sectores económicos, garantizando el acceso en igualdad de oportunidades y de forma transparente. El ámbito de actuación de la FEMP alcanza a más del 95 % de la población española en los más de 7.239 Municipios, 39 Diputaciones y 10 Consejos y Cabildos Insulares que agrupa, por lo que resulta un instrumento de utilidad pública indubitada para desarrollar, operar y explotar el EDINT. Por último, la FEMP tiene constituida ya una Red de Española de Ciudades Inteligentes (RECI) que se constituye en red de compartición de experiencias y de innovación en el campo de las ciudades inteligentes.

5. Por el interés público, social, económico y científico de EDINT para convertirse en la infraestructura común de datos de las ciudades inteligentes en España, y siendo la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) la única entidad neutral y aglutinadora de los intereses de municipios y empresas que reúne condiciones para poner en marcha y operar esta infraestructura, como titular de la misma, y formando parte de los nuevos servicios que va a ofrecer a municipios y empresas, se justifica la concesión directa de esta subvención frente a la concurrencia pública.

Artículo 3. Régimen jurídico aplicable.

Esta subvención se regirá, además de por lo particularmente dispuesto en este real decreto y en la resolución de concesión, por lo previsto en:

Artículo 4. Entidad beneficiaria, objetivos y actividades subvencionables.

1. Será beneficiaria de la correspondiente subvención la Federación Española de Municipios y Provincias, asociación con personalidad jurídica propia carente de ánimo de lucro y reconocida legalmente como de utilidad pública, por acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 1985.

2. Para obtener la condición de beneficiaria la Federación Española de Municipios y Provincias deberá cumplir con los requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. La Federación Española de Municipios y Provincias deberá destinar el importe de la subvención al cumplimiento de los objetivos del proyecto y al desarrollo de las actividades y casos de uso que se indican en los anexos I y II.

Artículo 5. Gastos subvencionables.

1. Se entenderán como gastos subvencionables todos aquellos que se destinen a alcanzar el objetivo del proyecto, previa presentación del presupuesto de gastos asignados a la FEMP para cada actividad, y que serán aprobados por la resolución de concesión de la subvención. A los efectos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se considerarán gastos subvencionables, según su artículo 31, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo de ejecución.

Asimismo, y salvo la amortización de materiales o instrumentales especiales y el informe de auditor ROAC, se considera gasto realizado el que haya sido devengado con posterioridad a la publicación del presente real decreto y cuyo devengo se encuentre dentro del plazo de ejecución establecido en el artículo 7 de este real decreto, y que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación, sin perjuicio de ampliaciones de plazo que pudieran ser solicitadas y eventualmente admitidas, con las restricciones que, en su caso, se puedan indicar en la resolución de concesión.

Deberá haber constancia documental sobre la realización de los gastos subvencionables, de modo que pueda ser verificable y se requerirá que las acciones ejecutadas hayan alcanzado la funcionalidad dentro del periodo de justificación, estando plenamente operativas y adscritas al uso o a la prestación de aquellos servicios acordes a su naturaleza.

2. Se consideran gastos subvencionables:

1.º Los costes de personal se financian en la medida que se dedican a actividades directamente relacionadas con la ejecución del proyecto.

2.º El personal podrá ser personal propio, así como contratado bajo cualquier modalidad de contratación acorde con la legislación vigente y con las normas a las que esté sometido el beneficiario, en la medida en que esté dedicado al proyecto.

La imputación de gastos de equipamiento está limitada a los costes de amortización de equipamiento nuevo que es necesario para la ejecución del proyecto.

1.º Los gastos de inversión destinados a la creación o adquisición de bienes que se utilizan para la producción de otros bienes de consumo o de inversión y que se deprecian en el proceso de fabricación. Por ejemplo, instalaciones, maquinarias, herramientas, etc.

2.º Los gastos destinados en la adquisición de bienes de naturaleza de índole inventariable que sean necesarios para el buen funcionamiento operativo de los servicios.

3.º Otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable, siempre que respondan a la naturaleza de los fines subvencionados.

Gastos de subcontratación exclusivamente derivados del proyecto, así como la adquisición de patentes que contribuyan a la ejecución del proyecto.

Se incluirá como subcontratación la realización por terceros de servicios para la realización de actividades que constituyan el objeto de la subvención, como servicios de consultoría, desarrollo de software, oficinas de proyecto, etc. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos otros gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

Gastos no recurrentes y estrictamente relacionados con la ejecución del proyecto, incluyendo, entre otros:

1.º Obras de acondicionamiento necesarias para la puesta en marcha de equipamiento adquirido con cargo al proyecto.

2.º Costes de material no inventariable necesario para la ejecución del proyecto. Se excluye de este concepto el material de oficina por estar integrado en los costes indirectos.

3.º Gastos derivados de servicios de TIC (Internet, servicios e infraestructuras cloud y equivalentes) necesarios para la ejecución del proyecto.

Gastos no recurrentes y estrictamente relacionados con la ejecución del proyecto incluyendo, entre otros:

1.º Costes indirectos, de hasta un quince por ciento (15 %) de la suma de los costes de personal del proyecto debidamente justificados. Los costes indirectos no precisan de justificantes de gasto, pues corresponden a aquellos gastos del proyecto, que por su naturaleza no se pueden imputar de forma directa al no poder individualizarse para la actividad objeto de la subvención (material de oficina, consumos de luz, gas, telefonía, comunicaciones, etc.).

Los gastos derivados de viajes del personal que imputa horas de trabajo al proyecto no pueden imputarse de forma separada, ya que se consideran incluidos dentro del concepto de costes indirectos.

2.º Gastos de capacitación profesional del personal imputado al proyecto en tecnologías asociadas al desarrollo.

3.º Gastos destinados a la protección mediante propiedad industrial de los activos intangibles obtenidos durante el desarrollo del proyecto.

3. Las acciones que se encuentren financiadas estarán sujetas a las condiciones de durabilidad que se pudieran determinar en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o, en su defecto, a las que se prevén en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

5. No se consideran costes subvencionables los derivados de cualesquiera autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, tasas, impuestos o tributos.

6. En ningún caso se considerarán gastos financiables con cargo al MRR los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. Serán gastos subvencionables, aunque no con cargo al MRR, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y, en su caso, al impuesto general indirecto canario (IGIC) e Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación de Ceuta y Melilla (IPSI).

7. En el caso de las entidades públicas, no serán subvencionables los gastos recurrentes, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

8. Tampoco serán subvencionables los gastos que a continuación se relacionan:

– Los descuentos efectuados.

– Los pagos efectuados por el contratista a la Administración en concepto de control de calidad o cualesquiera otros conceptos que supongan ingresos o descuentos que se deriven de la ejecución del contrato.

Artículo 6. Subcontratación.

1. La entidad beneficiaria podrá subcontratar con terceros la ejecución de la actividad que constituye el objeto de la subvención.

2. Toda subcontratación que se realice para el desarrollo del proyecto estará sujeta a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. El beneficiario podrá subcontratar hasta el 98 por ciento de la actuación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.

4. Conforme a lo establecido en el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, «cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: a) que el contrato se celebre por escrito y b) que la celebración del contrato ha de autorizarse previamente por la entidad concedente de la subvención».

5. En el supuesto del artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el solicitante deberá presentar el contrato para autorización con carácter previo a la resolución de concesión, en cuyo caso la autorización se entenderá concedida si en dicha resolución es declarado beneficiario. En el caso de que no sea posible presentar el contrato con carácter previo a la resolución de concesión, el beneficiario solicitará la autorización previa al órgano concedente, que resolverá sobre la misma en el plazo de diez días. En el caso de que el órgano concedente no resuelva en ese plazo, la solicitud podrá entenderse desestimada.

6. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 29, apartado 7, letra d), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, solo se podrá concertar por la beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con personas o entidades vinculadas con la beneficiaria cuando concurran las siguientes circunstancias:

7. La solicitud de autorización de los supuestos previstos en el artículo 29.3 y 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deberá ser remitida antes del inicio previsto de la actividad a subcontratar, aportándose junto con la misma la documentación que se indica en el anexo VI.

8. La solicitud de autorización deberá incluir la documentación referida en el anexo VI, así como el borrador del contrato. A los efectos de la autorización, se podrá requerir documentación adicional. No se autorizará ninguna subcontratación en la que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

9. El concepto de vinculación se regula según lo establecido en la siguiente normativa:

10. Cualquier entidad subcontratada estará sometida a las obligaciones derivadas de la normativa europea y nacional aplicable a las medidas financiadas con cargo al Reglamento (UE) 2021/241 del parlamento europeo y del consejo de 12 de febrero de 2021.

Además, se considera de aplicación a los perceptores de fondos, incluyéndose a la entidad beneficiaria, contratistas y a las subcontratistas, las Órdenes Ministeriales HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, que regulan, respectivamente, el sistema de gestión del PRTR y el suministro de información sobre el cumplimiento de sus hitos y objetivos. En este respecto será de aplicación el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

11. La entidad beneficiaria de la ayuda habrá de prever mecanismos para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medioambiente» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

12. Se aplicará, en caso de que la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta ley, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

13. La entidad beneficiaria también podrá realizar actividades objeto de la subvención mediante convenios con otras entidades, de acuerdo a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 7. Plazo de ejecución y de prestación de la actividad.

El plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables, objeto de este real decreto, será el comprendido entre la fecha de publicación del presente real decreto y el 31 de mayo de 2026.

El beneficiario deberá asegurar la continuidad de la prestación del servicio disponible y accesible hasta dos años desde la presentación de la última justificación, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 8. Obligaciones de la entidad beneficiaria.

1. La entidad beneficiaria deberá cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 18, 19, 21 y 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. En el caso de no poder realizar la actuación para la cual se concedió la ayuda o no poder cumplir con la parte correspondiente del objetivo CID#180 del PRTR asumido, comunicar la renuncia al expediente solicitado en el momento en que se produzca la certeza de la no ejecución y, en todo caso, en el plazo máximo de seis meses desde la resolución de concesión, procediendo a la devolución voluntaria conforme con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

3. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:

ñ) Cumplir con las obligaciones de publicidad e información previstas en este real decreto, o con cualquier otra obligación que en este sentido se establezca en la resolución de concesión.