Real Decreto 535/2025, de 24 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas a proyectos españoles por su participación en el esquema «Subasta como Servicio» del Banco Europeo del Hidrógeno, seleccionados por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), y se aprueba la primera convocatoria dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea -Next Generation EU

Rango Real Decreto
Publicación 2025-07-05
Última actualización 2026-02-26
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Departamento Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Fuente BOE
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1 acto modificador · 2026-02-26, Real Decreto 149/2026, de 25 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 535/2025,…

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I

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), tiene por objeto mitigar el impacto económico y social de la pandemia de coronavirus y hacer que las economías y sociedades europeas sean más sostenibles y resilientes y que estén mejor preparadas para los retos y las oportunidades de la doble transición ecológica y digital. En este sentido, el MRR constituye el eje central de las medidas extraordinarias de recuperación de la UE, defendiendo los objetivos y las modalidades de financiación de la Unión en el marco de los fondos europeos «Next Generation EU».

En aplicación del MRR, el Gobierno de España aprobó el 27 de abril de 2021, por Acuerdo de Consejo de Ministros, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (en adelante PRTR), aprobado por la Comisión Europea el 6 de julio de 2021. Este Plan permite llevar a cabo reformas estructurales en los próximos años mediante cambios regulatorios e inversiones, y, por lo tanto, generar un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía y una transformación hacia una estructura más resiliente e inclusiva, de especial relevancia para el interés público, social y económico.

El PRTR se estructura en cuatro ejes transversales que incluyen un total de diez políticas palanca que van a incidir directamente en aquellos sectores productivos con mayor capacidad de transformación del tejido económico y social. Los cuatro ejes transversales del Plan son la Transición ecológica, la Transformación digital, la Cohesión social y territorial y la Igualdad de género. El eje dedicado a la Transición Ecológica, refleja la apuesta de España por alcanzar una economía neutra en carbono, impulsando la «descarbonización», invirtiendo en tecnologías verdes y sostenibles, para avanzar desde un sistema dependiente de las energías fósiles hasta un sistema energético cien por cien renovable.

Este eje transversal encuentra su desarrollo, entre otras, en la política palanca 3: «una transición energética justa e inclusiva», que contiene el componente 9 bajo el título «Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial». Las inversiones específicas del componente 9 se articulan en torno a cuatro líneas: línea 1, dirigida a fomentar la cadena de valor industrial innovadora y conocimiento en hidrógeno renovable; línea 2, clústeres o valles de hidrógeno renovable para la integración sectorial a general escala; línea 3, proyectos singulares pioneros de hidrógeno renovable; y línea 4, orientada a las actuaciones de apoyo para integrar la cadena de valor nacional en la cadena de valor comunitaria de hidrógeno renovable. Dentro de esta componente, la C9.I1 es una medida que tiene como objetivo la inversión pública en un régimen que abarque ayudas para apoyar la producción y la adopción de hidrógeno renovable.

Además, con fecha 14 de diciembre de 2021, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobó el «Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE ERHA) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento», con intención de desarrollar tecnología, conocimiento, capacidades industriales y nuevos modelos de negocio que refuercen la posición del liderazgo del país en el campo de las energías limpias. El PERTE ERHA ordena y estructura las medidas y actuaciones incluidas en distintos componentes del PRTR en un total de 25 medidas transformadoras, articuladas como instrumentos específicos de inversión encaminados al impulso de las acciones y su implantación en el tejido productivo del país; 17 medidas facilitadoras en 4 áreas de actuación, que contribuyen a la generación de un entorno tecnológico o de capacidades humanas, así como al estímulo de las inversiones desde el lado de la demanda, que generen efecto tractor sobre las capacidades y cadena de valor que se pretenden desarrollar; y un sistema seguimiento, evaluación y puesta en valor de las capacidades, conocimientos y cadena de valor en transición energética, que permita cuantificar el impacto de las medidas del PERTE. Al respecto del hidrógeno renovable, el PERTE ERHA establece el objetivo de posicionar España como referente tecnológico en la producción y aprovechamiento del hidrógeno renovable, liderando un proyecto país hacia una economía descarbonizada, a través del impulso de la cadena de valor del hidrógeno y su integración en los procesos productivos, para lo que se dedican las actuaciones 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, establecidas en consonancia con las líneas definidas en el marco del componente 9 del PRTR.

Asimismo, el 6 de junio de 2023 se aprobó en Consejo de Ministros el documento final de la adenda de ampliación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (adenda), que fue aprobada por la Comisión Europea y el Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea el 2 y el 17 de octubre de 2023, respectivamente. Sobre la base de la experiencia de la primera fase del Plan de Recuperación en el periodo 2021-2023, la adenda permitirá consolidar la reindustrialización estratégica del país.

La adenda incluye la componente 31 (capítulo REPowerEU) claramente dirigida a los objetivos REPowerEU: la mejora de las infraestructuras energéticas, la descarbonización de la industria, el aumento de la producción y utilización de hidrógeno verde, el despliegue de las energías renovables, apoyo a la cadena de valor de estas tecnologías o la lucha contra la pobreza energética.

Así, la inversión 2 de la componente 31 (C31.I2) tiene como objetivo el desarrollo del hidrógeno renovable, al prever actuaciones para fomentar el desarrollo de la producción y uso del hidrógeno renovable, mediante líneas de apoyo para la aplicación de esta tecnología en diferentes sectores económicos, así como para la participación de empresas nacionales en proyectos y consorcios europeos, reforzando y suponiendo un incremento de ambición con respecto a las actuaciones ya previstas en la componente 9 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

II

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), proporciona el marco director del programa de inversiones y reformas para una transición energética y ambiental que desarrolle las capacidades estratégicas de la economía verde en nuestro país. El PRTR se articuló en consonancia con el PNIEC 2021-2030.

En este contexto, el Gobierno aprobó, el 6 de octubre de 2020, la Hoja de Ruta del Hidrógeno: Una apuesta por el Hidrógeno Renovable, que señala como una de las oportunidades del sector la eliminación de las emisiones de contaminantes y de gases de efecto invernadero al medio ambiente en sectores o procesos difícilmente descarbonizables para alcanzar los objetivos de una economía climáticamente neutra en 2050. En línea con esta condición, gracias al cumplimiento de los objetivos marcados en 2030 para el hidrógeno renovable, se prevé reducir las emisiones de 4,6 Mton de CO2eq a la atmósfera en el periodo 2020-2030.

Más recientemente, en cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria, en septiembre de 2024 España ha remitido la versión actualizada del PNIEC, para el horizonte temporal 2023-2030. En esta actualización, entre otras mejoras, se incorporan más palancas de apoyo para la descarbonización de la industria, fundamental para una industria sostenible, asegurando su competitividad a nivel global. La eficiencia energética, la innovación tecnológica, la electrificación, el autoconsumo o el hidrógeno verde son palancas clave para ello. Asimismo, se impulsan los gases renovables: en el caso del hidrógeno renovable, se prevén para 2030 cerca de 12 GW de electrolizadores para la producción de hidrógeno renovable, principalmente, para usos industriales. La publicación de la Hoja de Ruta del Hidrógeno en España y los instrumentos desplegados, las estrategias a nivel europeo y la creciente necesidad de descarbonizar la industria permiten trazar una senda en que este vector energético tenga una aportación sustancial a finales de la década. La senda de 12 GW supone también un incremento sobre las primeras estimaciones en la Hoja de Ruta del Hidrógeno.

Asimismo, cabe recordar que el hidrógeno renovable se incluye dentro de una de las acciones estratégicas «Clima, energía y movilidad» del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (PEICTI) 2021-2023, que es el principal instrumento de la Administración para el desarrollo y consecución de los objetivos de la «Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2021-2027». En esta acción estratégica se menciona como línea prioritaria de actuación la «Hoja de Ruta del Hidrógeno» cuya apuesta por el hidrógeno renovable está llamada a ser una herramienta clave para la integración de los diferentes sectores energéticos, favoreciendo la seguridad, disponibilidad y flexibilidad energética, situándose como una de las principales medidas destinadas a la descarbonización de la economía en 2050.

III

En el contexto de transición energética, el hidrógeno renovable es considerado un vector energético clave para la Unión Europea. En concreto, y a pesar del actual liderazgo mundial de Europa en tecnologías de electrólisis, el Plan Industrial del Pacto Verde para Europa establece la necesidad de mejorar aún más la autonomía estratégica abierta de la UE en áreas clave, e identifica como una de las principales vulnerabilidades de esa dependencia estratégica, en el ámbito del hidrógeno, la existencia de vacíos tecnológicos y regulatorios relacionados con la escalabilidad en la capacidad de fabricación de electrolizadores y la optimización de la cadena de suministro, o el almacenamiento de hidrógeno a alta presión para aplicaciones de transporte a bordo. Asimismo, pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la transición energética, desde la producción actual de hidrógeno gris hacia el hidrógeno renovable, así como en el uso más diversificado en sus aplicaciones actuales, clave para abordar los desafíos críticos relacionados con la descarbonización y la competitividad de la industria.

Más recientemente, como parte del paquete de respuesta a la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la Comunicación de la Comisión, COM (2022) 230 final, de 15 de mayo de 2022, sobre el Plan REPowerEU destaca el papel del hidrógeno en la eliminación progresiva de las importaciones de combustibles fósiles y en su contribución a la transición hacia el objetivo climático de la UE. Esta importancia se refleja en los ambiciosos objetivos establecidos para el uso de este vector energético, consistentes en duplicar las previsiones iniciales de hidrógeno renovable de la UE a 10 millones de toneladas de producción nacional anual, más otros 10 millones de toneladas de importaciones anuales para 2030.

Para contribuir al cumplimiento de estos objetivos, la Comisión Europea ha lanzado el Banco Europeo del Hidrógeno en su Comunicación COM/2023/156 final, que anunció los elementos clave del diseño de las subastas para la producción de hidrógeno renovable. Confirmó que la producción de hidrógeno renovable en la UE aún enfrenta una brecha de financiación y debería, entre otros instrumentos, ser apoyada a través de licitaciones competitivas (subastas) bajo el Fondo de Innovación. En consecuencia, se han activado subastas en el marco del Fondo de Innovación para el apoyo de producción de hidrógeno renovable en el territorio de la UE y el conjunto del Espacio Económico Europeo (EEE), de acuerdo con las reglas establecidas en la Directiva relativa al comercio de derechos de emisión.

En este marco, la Comisión ofrece a los Estados miembro un esquema denominado «Subastas-como-Servicio» («Auction-as-a-Service» o «AaaS» en inglés), que permite a los Estados miembros financiar con presupuesto propio proyectos ubicados en su territorio que hayan sido clasificados en el procedimiento competitivo de subastas financiadas con el Fondo de Innovación, pero para los cuales el presupuesto de este fondo sea insuficiente.

IV

En el marco del Banco Europeo del Hidrógeno, la Comisión ha activado mecanismos de subastas para el apoyo al hidrógeno renovable con presupuesto comunitario a cargo del Fondo de Innovación, con el fin de seleccionar proyectos para recibir un apoyo como una cuantía en euros por kilo de hidrógeno renovable verificado y certificado. En este contexto, la Comisión indica que este esquema, novedoso a nivel comunitario, contaría con varias ventajas como pueden ser la eficiencia de costes en la asignación del apoyo, capacidad para conectar demanda y oferta, desbloqueo de inversión privada y creación de señales de precios verificadas que pueden formar la base de la futura formación del mercado del hidrógeno renovable a nivel europeo. Asimismo, indica que este mecanismo puede resultar administrativamente más ágil que esquemas de subvención convencionales.

La ejecución de las subastas se lleva a cabo por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (en adelante, CINEA).

El esquema de «Subastas como servicio», en el que los Estados miembro pueden contribuir con presupuesto propio, pretende coordinar mecanismos de apoyo nacionales y europeos para potenciar estas ventajas. Así, la Comisión lanza una única subasta identificando primero los proyectos a los que asignar presupuesto del Fondo de Innovación y luego, en su caso, aquellos que puedan ser financiados con presupuesto nacional de los Estados miembro. De esta manera, el presupuesto del Fondo de Innovación se destina a los proyectos más competitivos a nivel europeo, otorgando así el volumen más alto posible en términos de producción de hidrógeno renovable. Este enfoque pretende mostrar las ventajas de un mercado y competencia a nivel de la UE, es decir, otorgar apoyo a los proyectos más competitivos en toda la Unión (por ejemplo, en regiones con mayor capacidad de energías renovables o en regiones que ya cuentan con clústeres industriales relevantes) con fondos de la Unión. Por otro lado, los recursos adicionales de los Estados miembros apoyan proyectos en ese Estado miembro específico.

La operativa del mecanismo se estructura en los siguientes pasos:

1. CINEA convoca la subasta a cargo del Fondo de Innovación en el portal de convocatorias y financiación de la Comisión Europea.

2. Los promotores de proyectos elegibles someten sus propuestas en el citado portal, donde indican asimismo si desean ser incluidos en un esquema nacional de Subastas como servicio si procede.

3. Las propuestas presentadas dentro de los plazos de la subasta son evaluadas, ordenadas y, en su caso, casadas, de acuerdo con los términos y condiciones de la correspondiente subasta previamente publicados. En este sentido, las ofertas que cumplen los criterios de cualificación y elegibilidad con menor precio son «casadas» con el presupuesto del Fondo de Innovación hasta que se agota este presupuesto. En este proceso, CINEA elabora asimismo una lista de reserva.

4. CINEA comunica a los Estados miembro que participen en el esquema de «Subastas como servicio» la lista de «proyectos nacionales seleccionados». Se trata de proyectos que han cumplido los criterios de cualificación y de elegibilidad, que no pueden ser financiados con el Fondo de Innovación por insuficiencia presupuestaria, y han decidido participar en el esquema de «Subastas como servicio» y pueden ser financiados con presupuesto nacional propio del Estado miembro correspondiente.

5. En caso de renuncia o no presentación de la documentación solicitada en la convocatoria de alguno de los proyectos nacionales seleccionados, CINEA podrá comunicar al Estado miembro nuevos proyectos nacionales seleccionados hasta el agotamiento del presupuesto nacional que se hubiera dotado para cada subasta.

6. Los Estados miembro deben conceder la ayuda dentro de sus respectivos presupuestos y hacer el seguimiento de los proyectos que entren en este marco.

Como ventajas de este esquema destacan la reducción de la fragmentación del mercado con diferentes esquemas de apoyo nacionales y las señales de precios resultantes; la existencia de un conjunto único de reglas para obtener una subvención en toda Europa, en lugar de tener que solicitar diferentes esquemas de financiación con procedimientos y plazos de solicitud variados; y el consecuente ahorro en costes administrativos al desarrollar varios esquemas de apoyo por parte de diferentes Estados miembros y llevar tales subvenciones al mercado más rápidamente cuando más se necesitan, esto es, en las actuales fases incipientes de este mercado.

Asimismo, al participar en este esquema, el Estado miembro debe respetar plenamente el resultado de la subasta gestionada por CINEA, esto es, tanto los criterios de cualificación y de elegibilidad verificados por ésta en el momento de la concurrencia a la subasta, como el ranking u orden de prelación que resulta de la misma.

Se cumple así con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, puesto que los proyectos son seleccionados por el citado organismo comunitario en base a unos criterios conocidos y publicados de antemano, aplicables de forma homogénea a empresas y proyectos del conjunto de la Unión Europea. Por otra parte, se facilita la eficacia en el cumplimiento de los objetivos establecidos y la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, al haberse acudido a un mecanismo de subasta que, por su alcance europeo puede maximizar la concurrencia, permitiendo así no solo seleccionar los proyectos en los mejores términos posibles por unidad de ayuda concedida, sino contribuyendo también a la reducción de la carga administrativa de un esquema de ayuda en el que la convocatoria, evaluación y selección se llevan a cabo en cada uno de los Estados miembro.

Adicionalmente, es preciso señalar que la ayuda concedida por los Estados miembro en este contexto constituye Ayuda de Estado. Así, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece en su artículo 107 que podrán considerarse compatibles con el mercado interior ayudas que cumplan determinadas condiciones. Las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022 (Comunicación de la Comisión 2022/C 80/01) ofrecen orientaciones sobre cómo evaluará la Comisión la compatibilidad de las medidas de ayuda en estos ámbitos, notificándose previamente por parte del Estado miembro el esquema de ayuda correspondiente a cada convocatoria con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado.

V

Previa notificación y declaración de compatibilidad correspondiente de la Comisión Europea, se aprobarán por el Consejo de Administración de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., las convocatorias relativas a las subastas del Banco Europeo del Hidrógeno y las participaciones a nivel nacional en su mecanismo «Subasta como servicio» que correspondan, de acuerdo con la dotación de presupuesto que pudiera haberse habilitado al respecto.

Sin perjuicio de lo anterior, se establece por la disposición adicional única de este real decreto la primera convocatoria correspondiente a la segunda subasta del Banco Europeo del Hidrógeno llevada a cabo del 3 de diciembre de 2024 al 20 de febrero de 2025, para la participación en el esquema «Subastas como servicio», para la que España ha recibido la autorización de un presupuesto máximo de hasta 400.000.000 euros mediante Decisión SA 116676 de fecha 15 de abril de 2025, según documento C(2025) 2240 final.

Se pretende que las actuaciones objeto de ayuda contribuyan sustancialmente a la mitigación del cambio climático según el artículo 10 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

Este real decreto está en línea con la finalidad que persiguen la inversión 1 de la componente 9 y la componente 31, medida C31.I2, orientada a favorecer un cambio en el modelo productivo de nuestro país, la generación de empleo y el impulso al crecimiento económico a través de la reducción de las importaciones de combustibles fósiles y la mejora de la competitividad de las empresas españolas.

El buen desarrollo del PRTR se evalúa mediante los hitos y objetivos asignados a cada reforma e inversión, aprobados en el marco del mismo. En particular, esta norma constituye un esquema de apoyo a proyectos de hidrógeno renovable y, por tanto, contribuye a los hitos y objetivos de la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (CID) números #133 y #134 de la componente 9, así como #480, #481 y #482 de la componente 31, en su alcance:

1. #133 (T4 2025), #134 (T3 2026). Régimen de apoyo al hidrógeno renovable: acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales o decisiones de adjudicación definitiva publicadas: las resoluciones de concesión que se dicten en cumplimiento de esta norma contribuirán, cuando el presupuesto comprometido en las mismas se financie con presupuesto de la inversión 1 de la componente 9, a estos dos objetivos.

2. #480 (T4 2024). Plan de apoyo para el hidrógeno renovable: creación del régimen. La entrada en vigor de esta norma contribuye en la parte correspondiente al cumplimiento de este hito.

3. #481 (T2 2025) y 482 (T3 2026). Plan de apoyo para el hidrógeno renovable: acuerdos jurídicos firmados con los beneficiarios finales o decisiones de adjudicación definitivas publicadas (I y II). Las resoluciones de concesión que se dicten en cumplimiento de esta norma contribuirán, cuando el presupuesto comprometido en las mismas se financie con presupuesto de la inversión 2 de la componente 31, a estos dos objetivos.

En cuanto a las actividades que se ejecutan en el marco de este real decreto, cuentan con una contribución del 100 % a los objetivos climáticos, y una contribución del 0 % al etiquetado digital, conforme a la metodología de seguimiento para la acción por el clima establecida en el anexo VI del Reglamento (UE) núm. 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

Además, se tiene en cuenta en todo momento el principio de «no causar un perjuicio significativo» (do no significant harm, en adelante DNSH) a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 a la hora de diseñar los requisitos de valoración y elegibilidad de las actuaciones.

En cumplimiento de la normativa europea y nacional en materia de prevención del fraude y gestión de conflictos de interés, IDAE cuenta con un Procedimiento de Gestión de Conflicto de Interés, aprobado el 15 de diciembre de 2023, en el que se recoge la obligación de suscribir las declaraciones de ausencia de conflicto de interés por parte de todos los intervinientes en los procedimientos, que además viene a sistematizar toda la normativa y obligaciones que ha de cumplir el Instituto referida a la gestión de los conflictos de interés.

Del mismo modo, se recoge en el anexo 15 del «Plan de Medidas Antifraude de IDAE, de 21 de diciembre de 2022, la declaración responsable que habrán de cumplimentar todos los solicitantes de ayudas en las diferentes líneas convocadas por IDAE, tanto en el momento de presentación de la solicitud, como en el momento previo al pago para el caso de los beneficiaros, referido tanto las ayudas solicitadas como concedidas para la misma finalidad, debiendo comunicarse cualquier variación de además de que en cuanto se produzca una variación de la situación de las mismas.

Se incluye también en la documentación que se pone a disposición de los solicitantes de todas las líneas de ayudas convocadas por IDAE el «Modelo de declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)».

VI

Las ayudas previstas en este real decreto revisten la forma de concesión directa de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que establece en su artículo 22, apartado 2, letra c), que podrán concederse de forma directa y «con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitaria, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública».

En primer lugar, el carácter singular de estas ayudas se enmarca en el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que podrán considerarse compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Asimismo, las actuaciones realizadas se ajustan a los criterios establecidos en la Comunicación de la Comisión (2022/C 80/01), como queda acreditado en la Decisión SA 116676 correspondiente a la primera convocatoria de las ayudas contempladas en este real decreto.

En segundo lugar, en línea con la Estrategia de Hidrógeno de la UE y el REPowerEU, se incentiva el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno renovable, impulsando la construcción de infraestructuras y el avance de las tecnologías del hidrógeno para su uso en múltiples sectores industriales. En particular, responde a las prioridades indicadas en la Comunicación de la Comisión COM (2023) 156 final sobre el Banco Europeo del Hidrógeno, que indica que el hidrógeno desempeñará un papel importante en la transición de la UE hacia la neutralidad climática de aquí a 2050 y en el objetivo de ser independiente de los combustibles fósiles rusos mucho antes de 2030, siendo éste además uno de los ámbitos estratégicos del nuevo modelo de industria de la Comisión, con un importante potencial a la hora de crear empleo de calidad. En esta comunicación, la Comisión también destaca el papel que jugarán las subastas competitivas en el marco del Fondo de Innovación para acelerar el despliegue de este vector energético de la forma más eficiente posible a nivel comunitario.

Desde el punto de vista de interés social, queda justificado con la creación de nuevos puestos de trabajo y el crecimiento a través de la formación de personal especializado en el sector, permitiendo la profesionalización del mismo.

En cuanto al interés económico, está ampliamente aceptado que los mercados competitivos tienden a producir resultados eficientes en términos de precios, producción y utilización de los recursos. No obstante, puede ser necesaria una intervención estatal para facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas que directamente no se desarrollarían, o no lo harían al mismo ritmo, o en las mismas condiciones. Por tanto, este real decreto que otorga subvenciones directas constituye una intervención estatal que contribuye a un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, en particular puesto que aprovecha la concurrencia competitiva (subasta) llevada a cabo en el marco comunitario.

Por último, el carácter singular de las ayudas reguladas en este real decreto, claves para el cumplimiento de los hitos y objetivos contemplados en el PRTR, exige que se instrumentalicen mediante un procedimiento de concesión directa, dado que sus beneficiarios sólo pueden ser las entidades promotoras de los proyectos seleccionados por CINEA en el marco de las subastas del Banco Europeo del Hidrógeno y las participaciones a nivel nacional en su mecanismo «Subasta como servicio» que correspondan, lo que garantiza la publicidad en todas las fases del procedimiento, y la concurrencia de los participantes. Asimismo, las ayudas tienen carácter singular en la medida en que el ecosistema de dichas entidades promotoras es muy reducido y especializado. La concesión de una ayuda directa se sustenta en el principio de eficiencia administrativa, toda vez que, a nivel nacional, no puede tramitarse un proceso de concurrencia competitiva al haber sido seleccionados los proyectos objeto de ayuda por CINEA.

Por tanto, el procedimiento de concesión directa es consecuencia de las características especiales que acompañan el marco de «Subastas como servicio», donde es la Comisión Europea la competente para la selección y aprobación de los proyectos participantes en la correspondiente subasta, siendo el Estado miembro finalmente el habilitado para articular el instrumento de concesión de la ayuda y su financiación en función del presupuesto que pudiera dotar al respecto.

Considerando las razones de interés social, público y económico detalladas anteriormente; el proceso previo de concurrencia y selección llevado a cabo cumpliendo con lo establecido en la Comunicación de la Comisión relativa al Banco Europeo del Hidrógeno; el compromiso de España con el impulso a nivel comunitario del hidrógeno renovable; la necesidad de cumplir con los hitos del PRTR así como la consecución de los objetivos fijados por el PNIEC 2023-2030; se hace preciso, por tanto, un real decreto que, de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, apruebe las normas especiales de las subvenciones reguladas en el citado artículo 22.2.c).

Adicionalmente, también resulta necesaria la modificación de la Orden TED/788/2024, de 24 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para las convocatorias de ayudas a proyectos de cadena de valor renovable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, para incluir dentro de las actuaciones subvencionables los captadores o paneles solares térmicos, así como la definición de los componentes esenciales asociados, con el objetivo de reforzar la cadena de valor industrial de la tecnología solar térmica que permita poner en marcha y maximizar las oportunidades para esta tecnología.

VII

Este real decreto se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la finalidad de acometer un proceso de modernización de la Administración Pública que le proporcione las herramientas necesarias para acometer la ejecución del PRTR y la mejor gestión de fondos, impulsando la colaboración público-privada entre las Administraciones Públicas y el sector privado; estableciendo una serie de medidas que van a permitir una gestión más ágil de las subvenciones financiadas con estos Fondos Europeos.

En la tramitación de este real decreto adoptado para la ejecución del PRTR, se han aplicado las previsiones de los artículos 47, 60 y 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, habiéndose recabado los informes de Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada a los que hace referencia el artículo 17.1, párrafo segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Del mismo modo, resulta conforme a los estándares exigidos por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta norma se adecúa a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

En este sentido, se garantizan los principios de necesidad y eficacia, puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que se persiguen, siendo el principal el impulso de grandes instalaciones de hidrógeno o que desarrollen tecnologías innovadoras y sostenibles para el uso del hidrógeno en diferentes sectores industriales, por conseguir una menor dependencia energética y unas menores emisiones de CO2. Asimismo, contribuye a la reducción de cargas administrativas a nivel comunitario al aprovechar un esquema de evaluación y selección de proyectos llevado a cabo a nivel europeo.

Este real decreto también se adecúa al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para lograr el objetivo de garantizar los fines perseguidos, imponiendo solo las condiciones que establece la normativa europea y la española.

Además, esta norma cumple con el principio de seguridad jurídica, por ser coherente con el derecho de la Unión Europea y el resto del ordenamiento jurídico, siguiendo los principios de claridad y de certidumbre.

Asimismo, se adecúa al principio de transparencia, al articularse las subvenciones en un real decreto cuya publicación en el «Boletín Oficial del Estado» permitirá su conocimiento a toda la ciudadanía y garantiza el acceso a los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Por último, respecto al principio de eficiencia, la iniciativa normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

El fundamento competencial de este real decreto se encuentra en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica. La Sentencia del Tribunal Constitucional 117/1992, de 16 de septiembre, conflicto positivo de competencia 793/1987, promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en relación con los artículos 3 y 7 de la Orden de 29 de enero de 1987, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se instrumentan las ayudas para la compra de mantequilla por instituciones y colectividades sin fines lucrativos, en su fundamento jurídico 2, aclara que en este precepto tienen cobijo normas básicas y previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación del sector. Además de lo dispuesto en la regla 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que actúa como título competencial prevalente, las acciones o medidas para promover la profundización y demostración de nuevos modelos de negocio y servicios e innovar en las opciones descarbonización sostenibles a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno renovable, encuentran también respaldo en el título competencial establecido en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Asimismo, aplica el artículo 149.1.25.ª, que establece las bases del régimen minero y energético.

Las ayudas reguladas por este real decreto tienen carácter singular y se adecúan a los principios de buena regulación debido a la singularidad de los proyectos objeto de las mismas, así como las específicas entidades que podrán ser receptoras de los fondos.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de junio de 2025,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

1. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa para el otorgamiento de ayudas a las entidades promotoras de los proyectos ubicados en España que sean seleccionados por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (en adelante, CINEA), en el marco de las subastas del Banco Europeo del Hidrógeno financiadas con su Fondo de Innovación, de acuerdo con la participación que, a nivel nacional, se establezca en el mecanismo «Subasta como servicio» para aquellos proyectos que, no siendo objeto de financiación con dicho fondo, puedan serlo a través del presupuesto nacional que pueda dotarse al respecto para cada subasta.

2. Estas entidades promotoras serán las encargadas de desarrollar los proyectos ubicados en España seleccionados en la subasta y comunicados por CINEA para su participación en el esquema «Subastas como servicio». La ayuda consistirá en un pago por unidad verificada y certificada de hidrógeno renovable producido. Estas entidades no alcanzarán la condición de beneficiarias hasta que no se produzca la resolución expresa del procedimiento incluido en este real decreto por parte del órgano concedente de las ayudas. Las denominaciones de cada una de estas entidades beneficiarias se incluirán en la correspondiente resolución de dicho procedimiento de concesión de ayudas, de acuerdo con la selección realizada por CINEA.

Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.

1. Estas ayudas se regirán, además de por lo dispuesto en este real decreto, las correspondientes convocatorias y las resoluciones de concesión, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia. También será de aplicación la Comunicación de la Comisión COM (2023) 156 final sobre el Banco Europeo del Hidrógeno así como los términos y condiciones y documentación que pudieran establecerse para cada subasta.

2. Estas ayudas cumplirán con lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en las demás normas que resulten de aplicación. Igualmente será de aplicación la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3. Asimismo será de aplicación el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

4. Las ayudas reguladas en este real decreto constituyen ayudas de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Con carácter previo a las convocatorias que se aprueben al amparo de este real decreto deberá efectuarse la correspondiente notificación a la Comisión Europea al amparo de la Comunicación de la Comisión «Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022» (2022/C 80/01) del 18 de febrero de 2022, así como aprobarse por parte de la Comisión Europea la Decisión de compatibilidad correspondiente.

Serán de aplicación asimismo las demás disposiciones de la Unión Europea que pudieran ser de aplicación, en especial las relativas a ayudas de Estado.

5. Del mismo modo, resulta aplicable la normativa en materia de prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y el conflicto de intereses:

a)

La Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer directivas de la Unión Europea en los ámbitos financieros y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional, que es la forma en la que se ha incorporado al ordenamiento jurídico nacional la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017.

b)

El Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de septiembre de 2024, sobre las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión europea, incluido lo relativo al artículo 61 (conflictos de intereses).

c)

El artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a los principios éticos; el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, relativo a la abstención, y el artículo 24 del mismo cuerpo legal, relativo a la recusación.

d)

El artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

e)

El artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

f)

Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

g)

Adicionalmente, será de aplicación el Plan de Medidas Antifraude en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el IDAE, así como el procedimiento de gestión de conflicto de interés del Instituto y cualquier procedimiento o instrucciones que en desarrollo y como complemento de los mismos se aprueben.

6. Será de aplicación lo contenido en el artículo 6.1 de la Ley 38/2003 que dispone que «Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas».

7. Finalmente, será de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a dicha ley.

8. En todo lo no previsto en el presente real decreto se atenderá a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en las leyes de presupuestos generales del Estado, así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.

Artículo 3. Fundamento, justificación y régimen de la concesión directa.

1. Se regula la concesión directa de las ayudas establecidas en este real decreto, en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por motivo de interés público y económico, así como debido a la singularidad de los proyectos objeto de las mismas y las específicas entidades que podrán ser receptoras de los fondos correspondientes.

2. El motivo que aconseja una concesión directa es que las entidades beneficiarias de las ayudas objeto de este real decreto sólo podrán ser aquellas que hayan resultado seleccionadas por CINEA en el marco del mecanismo «Subasta como servicio» del Banco Europeo del Hidrógeno lo que determina la improcedencia de efectuar convocatoria pública de un proceso de concurrencia, que ya se habrá tramitado por las autoridades europeas.

3. La concesión de las ayudas se efectuará, previa convocatoria, mediante resolución de la persona titular de la Presidencia de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, previa resolución del Consejo de Administración de acuerdo con lo dispuesto en las letras e) y g) del artículo 7.1 del Estatuto de IDAE, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero. La resolución de concesión se dictará previa presentación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.4, de la documentación exigible a los proyectos correspondientes al Estado español seleccionados por CINEA en el marco de las subastas del Banco Europeo del Hidrógeno, de acuerdo con la participación que, a nivel nacional, se establezca en su mecanismo «Subasta como servicio», por parte de las entidades promotoras de los mismos.

4. Las ayudas se conceden para la ejecución de proyectos concretos con el objeto descrito en el artículo 1, y no para el general funcionamiento de las empresas tal y como se describe éste en el anexo revisado de la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

Artículo 4. Convocatoria de las ayudas y procedimiento de concesión.

1. Sin perjuicio de la convocatoria establecida por la disposición adicional única de este real decreto, las convocatorias correspondientes se aprobarán por el IDAE, mediante resolución de su Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los apartados 6 y 7 del Estatuto del IDAE, aprobado por el Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, en relación con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima sexta de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que serán publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). Un extracto de las mismas será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

2. El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión de las ayudas reguladas por este real decreto, así como el responsable del seguimiento de las actuaciones subvencionadas, será la persona titular de la Dirección General del IDAE, en adelante, el órgano instructor. El órgano concedente será la persona titular de la Presidencia del IDAE.

3. Una vez publicada la convocatoria de ayudas, y resuelta por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (en adelante, CINEA) la subasta de apoyo a la producción de hidrógeno renovable del Fondo de Innovación en el marco del Banco Europeo del Hidrógeno, mediante acuerdo del órgano instructor, se publicará en la sede electrónica del IDAE la lista de los «proyectos nacionales seleccionados por CINEA», y ordenados entre aquellos válidamente presentados para su participación en las subastas del Fondo de Innovación que, habiendo cumplido los criterios de cualificación y elegibilidad:

a)

Hayan dado su consentimiento para su participación en el mecanismo «AaaS» en la solicitud remitida a CINEA.

b)

No hayan sido adjudicados en la correspondiente subasta del Fondo de Innovación por límite presupuestario.

c)

Se encuentren dentro del presupuesto dotado y establecido por España para la correspondiente subasta.

d)

Hayan sido evaluados favorablemente por CINEA de acuerdo con los términos y condiciones de la subasta correspondiente.

La selección y ordenación de los proyectos de las entidades promotoras beneficiarias de las ayudas objeto de este real decreto se llevará a cabo por CINEA en un procedimiento previo de concurrencia competitiva comunitaria, ajeno a la voluntad de los Estados miembros, entre aquellas entidades que no hayan resultado adjudicatarias en la correspondiente subasta del Fondo de Innovación.

La publicación del citado acuerdo del órgano instructor supondrá el comienzo del plazo para la presentación de la documentación establecida por la convocatoria correspondiente. El plazo máximo para la presentación de dicha documentación será así mismo establecido en la correspondiente convocatoria.

En caso de modificarse la lista de proyectos nacionales seleccionados por nuevas remisiones de proyectos por parte de CINEA, ante eventuales desistimientos, se publicará el correspondiente acuerdo de actualización del órgano instructor, que supondrá el comienzo del plazo para la presentación de la documentación establecida para las nuevos proyectos y entidades seleccionadas.

La selección de proyectos se llevará a cabo por expertos de CINEA, cumpliendo así con los requisitos en materia de selección de proyectos de la inversión C31.I2 y la inversión C9.I1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

4. El procedimiento de concesión de la subvención previsto en este real decreto se iniciará con la presentación de solicitud en el marco de la convocatoria correspondiente, por parte de las entidades promotoras de los proyectos nacionales seleccionados incluidos en el acuerdo recogido en el apartado 3 anterior y no estará sujeto a un procedimiento de concurrencia competitiva.

A tal efecto los solicitantes deberán aportar toda la documentación final ya proporcionada para la participación en la correspondiente subasta del Fondo de Innovación junto con la versión traducida al español, a efectos de poder realizar las tareas de verificación de las actuaciones, así como el correcto seguimiento de los proyectos.

Asimismo, se deberá aportar:

a)

Ficha resumen del proyecto.

b)

Identificación del titular o titulares reales de la entidad que concurre al procedimiento, con indicación de los siguientes datos identificativos:

1.º Nombre y apellidos.

2.º Fecha de nacimiento.

3.º Número de identificación.

4.º Tipo de identificación.

5.º País de expedición.

Para el caso en que tras el análisis ex ante a través de la aplicación de data mining de la AEAT el resultado sea una bandera negra, es decir, que la AEAT no disponga de la información de titularidades reales de la empresa objeto de consulta, se solicitará a los participantes la información de su titularidad real de acuerdo con la declaración que se contiene como anexo I para aportarse en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de información.

En caso de que no se aporte dicha declaración en el plazo requerido para ello se procederá a la exclusión del participante del procedimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7.3 de la Orden 55/HFP/55/2023, de 24 de enero.

c)

Copia de la tarjeta de identificación fiscal donde conste el NIF, así como copia del DNI, o documento equivalente que acredite la identidad, del representante de la entidad preseleccionada. No será necesaria su aportación si el interesado presta su consentimiento expreso para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados por el órgano instructor mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad. No obstante, conforme a lo establecido por el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se eximirá a los interesados de la presentación de documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración, o que haya sido ya aportada anteriormente por los mismos, siempre que el interesado no se oponga a que la administración actuante pueda consultar o recabar dichos documentos. Por su parte, la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, reconoce la potestad de verificación de las administraciones públicas, en relación con los datos personales que obren en su poder, para comprobar su exactitud.

d)

Documentación acreditativa de las facultades de representación de la persona que formule la solicitud de ayuda como representante, debidamente inscrita, en su caso, en los registros públicos correspondientes. La intervención por medio de representante de los solicitantes de las ayudas exige la acreditación de la representación necesaria para cada actuación, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

e)

Última escritura pública de estatutos disponible inscrita en el Registro Mercantil y/o documento equivalente certificado por persona que cuente con facultades suficientes para ello, que deberá contener como mínimo denominación, objeto, domicilio social, duración, socios y porcentajes de participación, designación del órgano de administración, en su caso, así como en los supuestos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el cumplimiento de lo previsto en el artículo 67 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.

f)

Documentación que acredite el alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la AEAT o equivalente. En su defecto se deberá autorizar expresamente al órgano administrativo concedente para que pueda consultar dicha información de forma directa con la AEAT o equivalente.

g)

Conforme al artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para subvenciones de importe superior a 30.000 euros, las personas físicas y jurídicas, distintas de las entidades de derecho público, con ánimo de lucro sujetas a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, los solicitantes deberán acreditar cumplir, en los términos dispuestos en el citado artículo 13.3 bis, los plazos de pago que se establecen en la citada ley para obtener la condición de beneficiario. La acreditación de dicho requisito se realizará siguiendo los procedimientos y criterios establecidos en el citado artículo 13.3 bis, teniendo en cuenta asimismo lo dispuesto en el artículo 22 bis del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Dada la naturaleza de estas subvenciones, dicha acreditación se realizará en el momento de la presentación de la solicitud de la ayuda.

h)

Documentación acreditativa de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, lo que deberá verificarse conforme a lo dispuesto en el artículo 22.4 del Reglamento que desarrolla la Ley General de Subvenciones, y teniendo presente lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización por los solicitantes para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de la circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso no deberán aportar las correspondientes certificaciones. No obstante, la entidad solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces las certificaciones correspondientes.

i)

Declaración responsable de aceptación de la cesión y tratamiento de datos entre las Administraciones Públicas implicadas en la ejecución del PRTR, para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación, así como a lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Esta aceptación expresa se manifestará con la firma de la Declaración cuyo modelo se pondrá a disposición de los interesados en la sede electrónica del IDAE, en la sección correspondiente de este programa.

j)

Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento en relación con la ejecución de actuaciones del PRTR. Se pondrá modelo a disposición de los interesados en la sede electrónica del IDAE, en la sección correspondiente de este programa.

k)

Declaración responsable de otras ayudas y compromiso de actualización de información. Se pondrá modelo a disposición de los interesados en la sede electrónica del IDAE, en la sección correspondiente de este programa.

l)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.3 Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, documentación que acredite que se encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente consignados para la gestión de estos fondos en los Presupuestos Generales del Estado. El centro gestor del gasto comprobará el cumplimiento de tales condiciones con anterioridad al pago de acuerdo con lo previsto en la citada norma.

m)

Asimismo, el beneficiario deberá declarar los anticipos y préstamos recibidos, su situación respecto al pago, así como un certificado del órgano concedente del préstamo o anticipo si fuera una Administración pública.

n)

Aceptación expresa de las condiciones de la subvención que se establecen en el presente real decreto.

ñ) Cuestionario de autoevaluación o declaración responsable, según corresponda por la tipología de instalación, del cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido establecido en el apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El plazo de presentación de la documentación anterior se indicará en cada una de las convocatorias.

La presentación del proyecto y de toda la documentación complementaria al mismo se realizará a través de la sede electrónica del IDAE (https://sede.idae.gob.es).

En caso de no cumplimentarse debidamente el trámite de presentación del proyecto así como su documentación complementaria, o de no reunirse alguno de los requisitos exigidos, el órgano instructor requerirá al interesado para que en el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de recepción del requerimiento, sin perjuicio de que en la convocatoria se puedan establecer plazos inferiores para acreditar determinados requisitos de conformidad con la normativa aplicable en cada caso, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.1 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5. El órgano instructor realizará la propuesta de resolución definitiva según lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios, para que en el plazo de diez días hábiles comuniquen su aceptación expresa.

El órgano concedente resolverá y notificará el procedimiento de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, previa resolución que dicte el Consejo de Administración según lo establecido en el artículo 7.6 del Estatuto de IDAE, aprobado por Real Decreto 18/2014, de 17 de enero, en el plazo máximo de seis meses, contado desde el comienzo del plazo de presentación de solicitudes establecido por la convocatoria correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaído resolución de concesión expresa se podrán entender desestimadas las solicitudes correspondientes.

6. El contenido de la resolución de concesión, que deberá respetar estrictamente el orden resultante de la subasta realizada por CINEA, salvo renuncia o no presentación de la documentación pertinente por parte de alguna de las entidades promotoras de los proyectos seleccionados, incluirá al menos la siguiente información, que deberá coincidir con la correspondiente a los respectivos proyectos nacionales seleccionados:

a)

Identificación del beneficiario.

b)

Título del proyecto y breve descripción.

c)

Localización donde se realizará la actuación (municipio/s).

d)

Potencia del electrolizador a instalar y producción anual nominal esperada de hidrógeno.

e)

Ayuda concedida máxima.

f)

Ayuda unitaria por hidrógeno renovable producido y forma de pago.

g)

Fecha límite para el cierre financiero.

h)

Fecha límite de ejecución o inicio de operación (fase constructiva) y fecha límite del periodo de implementación u operación de la instalación sujeto a ayuda.

i)

Hitos y objetivos CID y OA del PRTR a los que contribuye y breve explicación de su contribución.

j)

Otras condiciones de obligado cumplimiento relacionadas con la ejecución de las actuaciones correspondientes al proyecto objeto de ayuda que pudieran haberse requerido por la Decisión de compatibilidad, subasta o normativa de aplicación a la convocatoria correspondiente.

7. La ayuda otorgada será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

Artículo 5. Entidades beneficiarias y actuaciones objeto de ayuda.

1. Las entidades beneficiarias de las ayudas reguladas en el artículo 1.2 de este real decreto, serán las entidades promotoras de los proyectos ubicados en España seleccionados por CINEA por su participación en el esquema «Subastas como servicio» del Banco Europeo del Hidrógeno, que cumplan con lo recogido en este real decreto y en las convocatorias relativas a la correspondiente subasta.

2. Conforme al artículo 11.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se podrá aplicar la condición de entidad beneficiaria a aquellas compañías asociadas que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades objeto de la concesión de la ayuda en nombre y por cuenta de la entidad beneficiaria, en el supuesto de que se trate de una persona jurídica. Se consideran miembros asociados al beneficiario aquellos con los que se mantenga una relación o vínculo de carácter jurídico no contractual, que se encuentre recogido en sus estatutos, en escritura pública o en documento análogo de constitución. En estos casos, no tendrán la consideración de subcontrataciones, aplicándose la condición de entidad beneficiaria a estas compañías asociadas.

3. Será subvencionable el hidrógeno renovable producido por los proyectos recogidos en el artículo 1.2 de este real decreto, verificándose su producción de la forma en que se establezcan en los términos y condiciones de la correspondiente subasta, siempre que tanto el hidrógeno como la instalación utilizada para producirlo cumplan las condiciones establecidas en los términos y condiciones aplicables a la correspondiente subasta. La producción de hidrógeno renovable será objeto de subvención durante un periodo máximo de 10 años desde el inicio de operación o, en su defecto, hasta el momento en que se devengue la ayuda máxima otorgada en caso de que ello ocurra antes, y, en todo caso, hasta el importe de la ayuda máxima concedida.

Artículo 6. Plazo de ejecución y modificación de la resolución de concesión.

1. Los proyectos que produzcan el hidrógeno renovable objeto de ayudas deben corresponderse con nueva capacidad de producción, esto es, proyectos que no se hayan iniciado a la fecha de presentación de la oferta en la correspondiente subasta. El hito que marcará el inicio de los trabajos para las personas jurídicas públicas será la publicación de los pliegos de licitación y en el caso de personas jurídicas privadas, la fecha del primer compromiso en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haga irreversible la inversión.

2. Los proyectos con ayuda concedida deberán ejecutarse en el tiempo y forma señalados en la convocatoria correspondiente y en resolución de concesión. En todo caso:

a)

En el plazo establecido en la correspondiente convocatoria, deberán aportar la decisión final de inversión en el proyecto correspondiente para la producción de hidrógeno subvencionada (i.e. Final Investment Decision), emitida por el correspondiente órgano de gobierno de la entidad solicitante de acuerdo con sus estatutos (ej.: Consejo de Administración o equivalente), con competencia para ello.

b)

En el plazo establecido en la correspondiente convocatoria, deberá llevarse a cabo el inicio de explotación (inicio o entrada de operación) de los proyectos susceptibles de producir el hidrógeno renovable objeto de ayuda, que deberá justificarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.

c)

Durante la fase de explotación (vida útil de la instalación) será elegible el hidrógeno renovable producido durante un período máximo de diez años desde el inicio de la operación con los límites establecidos en este real decreto y en la correspondiente convocatoria vinculada a dicha subasta. La justificación deberá realizarse conforme a lo previsto en el artículo 15.

El proyecto podrá continuar su operación con posterioridad a este plazo, si bien la producción de hidrógeno renovable dejará de ser objeto de ayuda al amparo de este real decreto.

3. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que, excepcionalmente, alteren sustancialmente de forma objetiva las condiciones técnicas o económicas consideradas para la concesión de la ayuda, y previa solicitud por parte de la entidad beneficiaria, el órgano concedente a propuesta del órgano instructor, resolverá sobre el alcance de la modificación de la resolución de concesión de ayuda que proceda, previa la autorización por parte de la Comisión Europea en caso de ser necesaria.

En este contexto, para la realización de cualquier cambio en el proyecto que conlleve dicha modificación de la resolución de concesión, se requerirá el cumplimiento simultáneo de las siguientes condiciones:

a)

Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales, incluyendo el cumplimiento del principio DNSH, ni perjudique derechos de terceros.

b)

Que la modificación sea compatible con la Decisión de la Comisión correspondiente a cada convocatoria así como con el resto de normativa aplicable.

c)

En caso de que el cambio se deba a una reprogramación de los hitos intermedios y demás información de seguimiento incluida en el artículo 7.2, que esta reprogramación se realice justificadamente y con la misma se asegure el cumplimiento del objeto de la subvención.

d)

Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas y excepcionales, que no pudieron preverse en el momento de la solicitud o razones de fuerza mayor.

e)

Que no suponga un incremento de la subvención concedida por este real decreto.

f)

Que la solicitud de la modificación se realice antes de la finalización del plazo de ejecución del proyecto, y sea aceptada expresamente por el titular del órgano que dictó la resolución de concesión.

g)

Que, en su caso, no altere o comprometa sustancialmente el cumplimiento de los hitos y objetivos o requisitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

h)

Que no sobrepase los límites que hayan sido establecidos por las respectivas Decisiones de compatibilidad de las correspondientes convocatorias de cada subasta, así como que no contravenga sus términos y condiciones aplicables.

No se considerará una modificación que afecte a la determinación de la entidad beneficiaria las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles tales como fusión, absorción, o compraventa de acciones o participaciones sociales de la empresa inicialmente beneficiaria, conforme a la normativa vigente.

La solicitud de modificación del proyecto y de la resolución de concesión, se acompañará de una memoria en la que se expondrán los motivos de los cambios y se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones definidas en la resolución de concesión o el beneficio que supondrá para la ejecución del proyecto, y el cumplimiento de los requisitos previstos.

4. El órgano responsable para resolver las solicitudes de modificación del proyecto será el órgano que dictó la resolución de concesión, quien, en su caso, deberá dictar resolución de concesión modificada.

5. En el caso de que la solicitud de modificación se deba a una ampliación del plazo de ejecución, únicamente se podrá autorizar, siempre que se permita según los términos y condiciones de la correspondiente subasta, cuando obedezca a circunstancias imprevisibles, debidamente justificadas, que hagan imposible en el plazo previamente establecido la ejecución del proyecto objeto de la ayuda otorgada, pese a haberse adoptado por parte de las entidades beneficiarias las medidas técnicas y de planificación mínima que les resultaban exigibles, cumpliéndose en todo caso las condiciones establecidas en este artículo.

Artículo 7. Seguimiento de las actuaciones subvencionadas.

1. Hasta el inicio de operación de los proyectos, durante el periodo que se establezca por la convocatoria correspondiente, se deberá presentar al órgano instructor una memoria técnica de actuación con indicación del grado de avance de las actuaciones y de los resultados obtenidos.

Como complemento, el órgano instructor podrá requerir cualquier otra documentación para el seguimiento de las actuaciones, solicitar reuniones de control y realizar visitas al emplazamiento según estime oportuno. Asimismo, podrá requerir toda aquella documentación que sea necesaria para acreditar el cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente, como complemento a la documentación presentada a la Comisión Europea a este respecto durante el proceso de selección.

2. Además, las correspondientes convocatorias podrían establecer el cumplimiento de ciertos hitos intermedios que deberán ser respetados por los beneficiarios.

3. Una vez iniciada la vida útil de la instalación, los beneficiarios deberán informar en las solicitudes de pago y en base a la frecuencia de pagos que se establezca en los términos y condiciones de la subasta correspondiente de las cantidades producidas de hidrógeno renovable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de este real decreto.

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