Real Decreto 469/2026, de 10 de junio, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación IMEC Spain para la realización de un proyecto de investigación y desarrollo destinado a impulsar el sector estratégico de la microelectrónica y los semiconductores en España, programa «UNICO I+D-IMEC Spain», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión Europea- Next Generation EU

I

Los chips, también conocidos como semiconductores, son el componente básico de todos los productos electrónicos. Desempeñan un papel central en la economía moderna y en nuestra vida cotidiana. Los chips sustentan la transformación digital y son esenciales para todas las industrias, como la industria automotriz, las comunicaciones, el procesamiento de datos, el espacio, la defensa, los dispositivos inteligentes y los juegos, entre muchas otras. En los últimos años, distintas crisis de suministro de chips han provocado escasez de productos que van desde automóviles hasta dispositivos médicos y, en algunos casos, incluso han obligado a cerrar fábricas. El impacto ha sido especialmente acusado en Europa, debido a la concentración geográfica de la manufactura de estos productos en el sudeste asiático.

Para reducir la dependencia de la economía europea de la importación de estos productos, la Comisión Europea elaboró un paquete medidas para reforzar el ecosistema de semiconductores de la UE. Entre estas medidas, destaca el Reglamento (UE) 2023/1781 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de septiembre de 2023 por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/694 (en adelante, la «Chips Act») en vigor desde el 21 de septiembre de 2023. La Chips Act tiene como objetivo reforzar el ecosistema de semiconductores en la UE, garantizar la resiliencia de las cadenas de suministro y reducir las dependencias externas. Es un paso clave para la soberanía tecnológica de la UE.

Por su parte, a nivel español, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (también conocido como «PERTE Chip») fue aprobado en Consejo de Ministros el 24 de mayo de 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, PRTR). El PERTE Chip tiene como objetivo reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España desde una perspectiva integral y favorecer la autonomía estratégica nacional y de la UE en este sector, en línea con lo previsto en la Chips Act. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de la inversión 8 de su componente 15 (C15.I8) contempla la financiación del PERTE Chip, en concreto, la financiación del fortalecimiento del ecosistema científico y tecnológico e incremento de las capacidades de diseño.

En este marco, España apuesta por el desarrollo de un ecosistema dinámico de I+D+i en semiconductores, que permita transitar hacia un nuevo paradigma en el que la innovación y la transferencia tecnológica se financie de manera autosostenida por el sector privado, tomando como referencia el modelo del centro belga IMEC VZW, líder mundial en investigación en nanoelectrónica y tecnologías avanzadas. IMEC VZW destaca por ser una entidad sin ánimo de lucro, por tener su sede en la UE, por su colaboración con más de 600 empresas globales, su modelo de cooperación precompetitiva con la industria y su capacidad para generar propiedad intelectual compartida y atraer inversión privada. Su infraestructura de I+D de primer nivel y su neutralidad institucional lo convierten en un socio estratégico clave donde desarrollar la innovación tecnológica.

IMEC VZW fomenta un entorno colaborativo en el que universidades, centros de investigación, start-ups e industrias hacen uso de los resultados de la investigación, adaptándolos a sus necesidades y particularidades. Las universidades y centros de investigación se enfocan en el desarrollo de talento y en proyectos conjuntos, mientras que la industria accede a soluciones específicas adaptadas a su perfil.

Con el objetivo de replicar este modelo en nuestro país la Fundación IMEC Spain, constituida en 2026 por la entidad belga IMEC International, tiene como fin declarado llevar a cabo una investigación estratégica pionera en nanotecnología y tecnología digital para desarrollar los componentes básicos que contribuyan a una vida mejor en una sociedad sostenible, así como introducir nuevos avances en el mercado mediante asociaciones o start-ups y ayudar a empresas y universidades a acceder a estas nuevas tecnologías. De este modo, la Fundación IMEC Spain se encarga de gestionar y ejecutar actividades de I+D contribuyendo a cimentar un ecosistema nacional sólido.

El proyecto de desarrollo experimental del programa «UNICO I+D-IMEC Spain» objeto de la subvención que se regula en el presente real decreto tiene como objeto desarrollar tecnologías clave de óptica plana con materiales disruptivos en los ámbitos de aplicación de sistemas escalables de detección, percepción y hardware de IA (seguro).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1.1 del Marco sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2022/C 414/01), no se aplicará lo establecido en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, por lo tanto, no tendrán la consideración de ayudas de Estado, las subvenciones que se otorguen a organismos de investigación para actividades no económicas.

II

Entre los objetivos generales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado mediante la Decisión de Ejecución del Consejo de 13 de julio de 2021 (por sus siglas en inglés, «CID» o Council Implementing Decision) modificado posteriormente mediante tres adendas, la primera de ellas aprobada por la Comisión Europea el 2 de octubre de 2023 y ratificada su decisión por el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea el 17 de octubre de 2023; la segunda de ellas aprobada por la Comisión Europea el 19 de septiembre de 2025 y ratificada su decisión por el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea el 10 de octubre de 2025; y la tercera aprobada por la Comisión Europea el 17 de diciembre de 2025 y ratificada su decisión por el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea el 20 de enero de 2026, figuran el impulso a la transformación digital y el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, incluyendo actuaciones dirigidas a impulsar la I+D+i, que es un factor crítico para incrementar la productividad y competitividad del país. Dentro de su Política Palanca V: «Modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, recuperación del turismo e impulso a una España Nación Emprendedora» se encuentra el componente 15, entre cuyos objetivos figura el de impulsar la conectividad digital. En concreto, a través del Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales, se busca convertir a España en el hub de la conectividad digital del sur de Europa y en un polo de infraestructuras digitales de interconexión transfronterizas.

El cumplimiento del PRTR, se mide a través de los indicadores (cualitativos o cuantitativos), que determinan el avance de los Hitos y Objetivos CID. En concreto, las actuaciones que se beneficiarán de la ayuda objeto del presente real decreto contribuirá al hito CID#455, dentro de la Inversión 8 (I8) de la Componente 15 (C5).

Al tratarse de fondos provenientes del PRTR, el proyecto de la entidad beneficiaria deberá respetar el principio de no causar un perjuicio significativo (por sus siglas en inglés, Do No Significant Harm o DNSH) a ninguno de los objetivos medioambientales establecidos en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. De acuerdo con lo previsto en el PRTR y el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en adelante Reglamento MRR, las entidades beneficiarias garantizarán el pleno cumplimiento de dicho principio en todas las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual para cada actuación, especialmente en aquellas que requieran de construcción, adaptación o modificación de instalaciones, así como en cualquier infraestructura requerida.

También tendrán en cuenta la mejora del impacto de género conforme a las recomendaciones contenidas en la Guía para las Administraciones Públicas para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones financiables en el marco del PRTR, publicada por el Ministerio de Igualdad.

La inversión C15.I8 tiene asociada etiquetado digital (100 %). El campo de intervención que determina las etiquetas asociadas al proyecto de la entidad beneficiaria es el 21 quater: «Inversión en tecnologías avanzadas tales como: informática de alto rendimiento y capacidades de computación cuántica/capacidades de comunicación cuántica (incluido el cifrado cuántico); diseño, producción e integración de sistemas microelectrónicos; próxima generación de capacidades de datos, de nube y de vanguardia europeas (infraestructuras, plataformas y servicios); realidad virtual y aumentada, tecnología profunda y otras tecnologías digitales avanzadas. Inversión destinada a garantizar la seguridad de la cadena de suministro digital».

Finalmente, con esta regulación, la entidad beneficiaria de la subvención quedará sujeta a las obligaciones que se establezcan en el PRTR en relación con la Inversión (I8) del Componente 15 y a los mecanismos de gestión y control establecidos en el Reglamento del MRR, así como a la normativa interna que se establezca para la gestión, seguimiento y control del mismo. En particular, será de aplicación lo previsto en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, además de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

III

El presente real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico, conforme al artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de una subvención a la Fundación IMEC Spain para la ejecución de un proyecto de desarrollo experimental destinado, por una parte, a investigar y validar materiales disruptivos aplicados a tecnologías de óptica plana de banda ancha en el espectro visible, orientadas a mejorar la eficiencia óptica, integración, miniaturización y rendimiento de sistemas avanzados de sensado y percepción y, por otra parte, a la investigación de tecnologías de integración a nivel de panel orientadas a incrementar la escalabilidad, eficiencia energética, heterogeneidad funcional y capacidad de fabricación avanzada de sistemas microelectrónicos de próxima generación. Asimismo, se pretende validar estos desarrollos en sistemas escalables de detección, percepción y hardware de IA seguro.

Las razones de interés público, económico y social que justifican la concesión directa de la subvención hacen referencia a la promoción de un ecosistema dinámico de I+D+i de semiconductores en España que pretende reforzarla soberanía digital promoviendo la innovación, el desarrollo de habilidades y la autonomía estratégica apostando por la microelectrónica y los chips, pieza clave para el futuro digital de España.

La presente norma se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que comprenden necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

La adecuación a los principios de necesidad y eficacia se justifica por razones de interés general, al basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y resultar el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de sus objetivos. Así mismo, es conforme con el principio de proporcionalidad, dado que no contiene restricciones de derechos ni impone nuevas obligaciones relevantes a sus destinatarias, salvo las derivadas de la concesión de la subvención previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Asimismo, esta norma contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, e igualmente se adecua al principio de seguridad jurídica, en la medida en que la iniciativa normativa se ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.

El real decreto cumple con el principio de transparencia, al definir claramente sus objetivos, reflejados en esta exposición de motivos y en la memoria que lo acompaña, y al articularse la subvención en un real decreto cuya publicación en el «Boletín Oficial del Estado» permitirá su conocimiento a toda la ciudadanía y garantizará el acceso a los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Asimismo, se encuentra acreditado el principio de eficiencia, porque la iniciativa normativa no impone cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

También se tiene en cuenta lo establecido en los artículos 60 y siguientes del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR, relativos a las medidas de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos.

Igualmente, se han implementado los mecanismos necesarios para reducir el riesgo de fraude y corrupción contemplados en el Plan de Medidas Antifraude del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y para resolver los conflictos de interés que pudieran plantearse, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable al PRTR.

En la tramitación del presente real decreto se ha obtenido el informe de la Abogacía del Estado, así como el informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y se ha elaborado la memoria justificativa de la elegibilidad del gasto conforme al MRR.

El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1. 13.ª, 15.ª y 21.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica, en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, así como en telecomunicaciones, respectivamente.

En su virtud, a propuesta del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de junio de 2026,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público, económico y social, de una subvención a la Fundación IMEC Spain, para la ejecución del proyecto de investigación y desarrollo «Materiales disruptivos y tecnologías de óptica plana y de integración a nivel panel para sistemas escalables de detección, percepción y hardware de IA seguro».

2. La concesión directa de esta subvención en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 de su artículo 28, así como en el artículo 67 de su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se justifica en la concurrencia de razones de interés público, económico y social al fomentar el desarrollo de un ecosistema dinámico de I+D+i de semiconductores en España, promoviendo un nuevo paradigma de innovación y transferencia tecnológica basado en la atracción de talento y el acceso de la industria a soluciones específicas. El carácter singular de la subvención, derivado de la propia singularidad estratégica que proporciona el contar con una infraestructura de I+D única y pionera, dificulta su convocatoria pública.

3. La actuación que se lleve a cabo con cargo a la subvención otorgada por el presente real decreto, programa «UNICO I+D-IMEC Spain», contribuirá a la ejecución parcial de la inversión 8 del componente 15 (C15.I8), en particular al hito CID #455 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.

Artículo 2. Entidad beneficiaria y actuación objeto de la ayuda.

1. La entidad beneficiaria de esta ayuda es la Fundación IMEC Spain, con NIF G24810889.

2. No podrá obtener la condición de entidad beneficiaria si concurren alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La entidad beneficiaria deberá cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de dicha ley, y las concordantes de su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

3. No podrá obtener la condición de entidad beneficiaria si está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, o las empresas que se encuentren en situación de crisis con arreglo a lo que establecen las directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis, Comunicación de la Comisión 2014/C 249/01, de 31 de julio de 2014, prorrogadas por la Comunicación de la Comisión 2020/C 224/02, de 8 de julio de 2020.

4. La actividad para cuya ejecución se concede la ayuda regulada por el presente real decreto consiste en la ejecución de un proyecto de investigación y desarrollo, concebido como un proyecto de desarrollo experimental destinado, por una parte, a investigar y validar materiales disruptivos aplicados a tecnologías de óptica plana de banda ancha en el espectro visible(orientadas a mejorar la eficiencia óptica, integración, miniaturización y rendimiento de sistemas avanzados de sensado y percepción) y, por otra parte, al desarrollo de tecnologías de integración a nivel de panel orientadas a incrementar la escalabilidad, eficiencia energética, heterogeneidad funcional y capacidad de fabricación avanzada de sistemas microelectrónicos de próxima generación. Asimismo, el proyecto tiene como objetivo validar estos desarrollos en sistemas escalables de detección, percepción y hardware de IA seguro.

5. Toda la actividad subvencionada tiene carácter no económico en los términos del apartado 2.1 del Marco sobre Ayudas Estatales de I+D+i y del apartado 3.3 de la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda. La actividad no se realiza por encargo de ninguna empresa ni a cambio de contraprestación de mercado. Cualquier actividad que durante la ejecución del proyecto adquiriese carácter económico deberá excluirse del ámbito de esta subvención y sufragarse con recursos distintos de los regulados en este real decreto.

Artículo 3. Fundamento y régimen jurídico aplicable.

1. La concesión directa de esta subvención se fundamenta en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con lo establecido en el artículo 28.2 y 3 de dicha ley y en el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por concurrir razones de interés público, social y económico.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1.1 de la Comunicación de la Comisión sobre el Marco sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2022/C 414/01), publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» C 414, de 28 de octubre de 2022, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, TFUE) a la ayuda prevista en este real decreto. Solo se financiarán actividades no económicas.

En particular, resulta de aplicación la definición de desarrollo experimental recogida en la letra k), apartado 1.3. definiciones, de la mencionada Comunicación.

A efectos de este apartado, se entiende por «actividad no económica» aquella que, conforme al apartado 2.1 del Marco sobre Ayudas Estatales de I+D+i y a los apartados 3.1 y 3.3 de la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal, no consiste en ofrecer bienes o servicios en un mercado y cuyos resultados se difunden ampliamente mediante publicaciones científicas, repositorios de acceso abierto u otros medios equivalentes, sin que el organismo beneficiario o terceros vinculados al mismo obtengan un acceso preferencial o exclusivo a dichos resultados. En particular, queda comprendida en este concepto la investigación fundamental, la investigación industrial y el desarrollo experimental, siempre que se realicen de forma independiente y no por encargo de empresa o cliente que abone una contraprestación económica por los resultados obtenidos.

3. La ayuda estará sometida, entre otras, a la siguiente normativa:

Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta ley.

Igualmente, será de aplicación lo previsto en las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.

4. Será también de aplicación la normativa correspondiente a la gestión, seguimiento y control de las actuaciones incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Reglamento Delegado (UE) 2021/2106 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, mediante el establecimiento de los indicadores comunes y los elementos detallados del cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia.

Lo anterior, sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de la ejecución y gestión de los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y el PRTR.

5. En aplicación del principio de «no causar daño significativo» (principio do no significant harm-DNSH), de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, y por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, se respetará la normativa medioambiental aplicable, incluido el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, así como la Guía Técnica DNSH (C/2023/111) de 11 de octubre de 2023 sobre la aplicación de este principio de «no causar daño significativo». En todo caso, se respetarán los procedimientos de evaluación ambiental, cuando sean de aplicación, conforme a la legislación vigente, así como otras evaluaciones de repercusiones que pudieran resultar de aplicación en virtud de la legislación medioambiental.

6. Será igualmente de aplicación la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

7. Con respecto al etiquetado digital, conforme con el anexo VII del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la actuación regulada, englobada en la inversión I8 del componente C15, contribuye en un 100 por ciento a la consecución del objetivo global para la transición digital del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al estar enmarcado en el campo de intervención 021 quarter.

8. La realización de las actuaciones objeto de la ayuda prevista deberá atenerse a lo establecido en los principios internacionales y en la normativa vigente que les resulte de aplicación de acuerdo con el ámbito de conocimiento y actuación en el que se desarrolle.

Artículo 4. Duración de las actuaciones subvencionables.

La fecha de finalización de las actuaciones subvencionables se establecerá en la resolución de concesión, sin que en ningún caso pueda ser más tarde del 31 de diciembre de 2030.

Artículo 5. Órganos competentes para ordenar, instruir y resolver el procedimiento.

1. El órgano competente para ordenar e instruir el procedimiento de concesión de la subvención es la Subdirección General de Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de la Secretaría General de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital.

2. El órgano concedente es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

3. El órgano encargado del seguimiento es la División de Seguimiento y Supervisión de Ayudas de la Secretaría General de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital.

4. La Subdirección General de Coordinación y Ejecución de Programas de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales será la encargada de la gestión económica-presupuestaria de los gastos e ingresos correspondientes a los créditos presupuestarios destinados a la financiación del programa y del seguimiento de las obligaciones financieras contraídas por la entidad beneficiaria de la ayuda.

5. De conformidad con lo dispuesto en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, el órgano concedente será responsable de la aplicación del análisis sistemático y automatizado del riesgo de conflicto de interés respecto de los empleados y empleadas públicas y demás personal a su servicio, en los términos establecidos en la citada orden.

Artículo 6. Financiación, presupuesto e intensidad de ayuda del procedimiento de concesión directa.

1. La financiación de la subvención regulada se realizará con cargo al crédito que al efecto se habilite en el capítulo 7, del Programa 46OH, del Servicio 50 de la sección 33 del presupuesto de gastos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 2026, se trata de presupuestos prorrogados; y siempre que haya disponibilidad presupuestaria que posibilite la concesión y el libramiento de la ayuda antes del cumplimiento del hito CID #455.

2. La cuantía máxima destinada a financiar esta subvención será de 8.000.000 euros.

3. La intensidad de ayuda será del 100% de los gastos subvencionables.

Artículo 7. Gastos subvencionables.

1. La ayuda se destinará a cubrir los costes relacionados con el desarrollo y ejecución de las actividades para las que hayan sido concedidas, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo de ejecución que quedará establecido en la resolución de concesión. Asimismo, se considera gasto realizado el que ha sido devengado dentro del período de ejecución del proyecto y efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación. En detalle, serán subvencionables los siguientes costes:

3. En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos ni los impuestos personales sobre la renta.

4. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

5. De acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para el contrato menor, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes entidades proveedoras, con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, en cuyo caso se deberá aportar una acreditación de tal hecho; o salvo que el gasto se hubiese realizado con anterioridad a la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la fase de justificación de las inversiones, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en la memoria económica de la cuenta justificativa la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

6. Las instrucciones sobre la imputación de los gastos de personal se establecen a continuación:

1.º Personal que tenga una relación funcionarial, estatutaria, laboral o cualquier otro vínculo profesional con la entidad solicitante o con otra entidad, siempre que esta le autorice expresamente a participar en la solicitud presentada por la entidad solicitante. Cuando el personal esté vinculado a una entidad distinta de la solicitante, deberá existir una declaración, firmada por la persona que ostente la representación legal de dicha entidad, en la que se le autorice a participar en el proyecto. La firma electrónica de la solicitud presentada por la persona que ostente la representación legal de la entidad solicitante implicará la veracidad del requisito de vinculación durante el periodo de ejecución del proyecto. La entidad solicitante deberá contar con dicha declaración, quedando como depositaria de la misma, pero no se presentará con la solicitud.

2.º Personal autónomo económicamente dependiente, según lo establecido en la ley 20/2007 de 11 de julio del Estatuto del trabajo autónomo. Es aquel que realiza su actividad económica o profesional para una empresa o cliente del que percibe al menos el 75 por ciento de sus ingresos anuales.

3.º Personal investigador prestando servicios para la entidad beneficiaria en cualquiera de las formas de contratación legalmente establecidas, siendo subvencionable exclusivamente el coste realmente soportado por la entidad beneficiaria. Se excluye el coste de investigadores incluidos Programas de financiación para movilidad y carrera investigadora donde se incluyen expresamente:

i. Gastos de incentivación de la contratación estable de personal investigador por los organismos de investigación, incluyendo los costes salariales y la cuota patronal del personal incorporado con carácter estable.

ii. Becas de colaboración para estudiantes de Grado, Máster, Doctorado y estudios equivalentes.

7. Gastos asociados al informe de auditoría elaborado por una persona auditora con inscripción vigente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), hasta un máximo de 15.000 euros.

8. Para el cálculo de los costes indirectos se aplicará un tipo fijo de hasta el 15 por ciento de los costes directos de personal subvencionable. Se incluyen expresamente en este concepto los suministros generales de funcionamiento (electricidad, agua, climatización, etc.) en la medida que son imputables a la ejecución del proyecto.

Artículo 8. Subcontratación.

1. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se entiende que una entidad beneficiaria subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tengan que incurrir la entidad beneficiaria para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

2. La entidad beneficiaria podrá subcontratar con terceros la realización de la actividad para la que se solicita la subvención, siempre y cuando se cumplan las disposiciones recogidas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 68 del reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. Para asegurar que la subcontratación se realiza con transparencia y a precios de mercado, para las subcontrataciones que supongan un importe superior al establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para el contrato menor, se deberán adjuntar las tres ofertas de diferentes entidades proveedoras solicitadas con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio, según lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. En ningún caso podrá fraccionarse el gasto correspondiente a un mismo concepto y a un mismo proveedor.

5. El contrato de subcontratación deberá celebrarse por escrito y autorizarse previamente por el órgano concedente en los supuestos recogidos en el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Adicionalmente, en ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas en los supuestos recogidos en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, salvo que concurran las circunstancias señaladas en su letra d).

6. En aquellas subcontrataciones que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.3 y 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, requieran de autorización previa, la entidad beneficiaria deberá presentar la siguiente documentación:

1.º Información sobre la entidad que realiza la oferta: NIF, razón social y datos de contacto. La entidad deberá tener capacidad para desarrollar las tareas solicitadas.

2.º Fecha en la que se realiza la oferta y firma de la empresa.

3.º Presupuesto ofertado.

4.º Detalle del alcance de la oferta presentada en consonancia con el proyecto.

5.º Justificación de la oferta seleccionada, bien la económicamente más ventajosa, o, en caso contrario, memoria justificativa con la motivación y los criterios seguidos en dicha elección, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En todo caso los presupuestos de las subcontrataciones deberán ajustarse a precios de mercado.

No obstante, la entidad subcontratista podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación en los términos previstos en los apartados anteriores.

7. No se autorizará ninguna subcontratación en la que concurra alguna de las siguientes circunstancias, además de las establecidas en el apartado 5:

8. Las entidades subcontratistas no podrán subcontratar ninguno de los trabajos que hayan sido contratados.

9. La entidad beneficiaria preverá mecanismos para asegurar que las entidades subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» (DNSH). A tal fin, proporcionará a la entidad subcontratista la información necesaria para que este pueda recabar la documentación relativa a la acreditación del cumplimento del principio DNSH, que deberá entregar a la entidad beneficiaria, quien será la responsable de acreditarlo.

10. En el caso de subcontratación se establecen las siguientes obligaciones en relación con la identificación de las entidades contratistas o subcontratistas, de acuerdo con el artículo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR:

11. El plazo para resolver y notificar la resolución sobre solicitud de autorización de subcontratación será de treinta días hábiles desde que la solicitud haya tenido entrada en el Registro electrónico de la Administración competente para su tramitación. El vencimiento del plazo señalado sin haberse notificado la resolución legitima a la entidad interesada para entender estimada la solicitud.

Artículo 9. Tramitación electrónica.

1. La tramitación del procedimiento de concesión será electrónica en todas sus fases, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las comunicaciones de todas las actuaciones que se realicen por los órganos competentes en los procedimientos de gestión de esta subvención, incluyendo las relativas al proceso de justificación y los eventuales procedimientos de reintegro que se puedan iniciar, se llevarán a cabo a través de medios electrónicos.

2. La utilización de los medios electrónicos establecidos será obligatoria también para la presentación de cualquier tipo de documentación y comunicaciones por la entidad beneficiaria.

Artículo 10. Plazo y forma de presentación de solicitudes.

1. El procedimiento se iniciará de oficio desde el momento de la entrada en vigor del real decreto, ese día dará inicio del plazo para presentar las solicitudes que concluirá el quinto día posterior.

A efectos de cómputo de plazos, se tomará como referencia la fecha y hora oficial que consten en la sede electrónica, conforme a lo previsto en el artículo 31.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. La solicitud se presentará por la persona que ostente la representación de la entidad en la sede electrónica asociada del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y deberá ir firmada electrónicamente, mediante alguno de los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Así mismo, se estará a lo dispuesto en el reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, cuyo artículo 32 regula la acreditación en la actuación por medio de la persona representante. A los efectos de acreditar la debida representación en el momento de la presentación de la solicitud, el representante debe figurar debidamente inscrito en el Registro Electrónico de Apoderamientos; o aportar copia auténtica del poder notarial en el que se confiera expresamente la citada representación, pudiendo ser copia autorizada electrónica notarial con CSV, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

3. El formulario electrónico contendrá, además de los datos identificativos de la actuación, de la entidad beneficiaria (NIF, nombre o razón social y domicilio fiscal), del programa internacional en el que se enmarca la solicitud, acrónimo, título en inglés y duración, el importe máximo en costes directos a financiar, así como su desglose según los gastos del artículo 7 y el porcentaje de costes indirectos a aplicar, la siguiente información:

4. La presentación de la solicitud conlleva que la entidad solicitante afirma que cumple, durante el procedimiento de concesión y ejecución de la actividad, con todos los requisitos y circunstancias siguientes:

Asimismo, la entidad solicitante declara que los resultados del proyecto subvencionado serán difundidos ampliamente a través de publicaciones científicas, congresos, repositorios de acceso abierto u otros medios equivalentes, de conformidad con el apartado 2.1.1 del Marco I+D+i, y que no cederá ni licenciará derechos de propiedad intelectual o industrial derivados del proyecto en términos que otorguen a ninguna empresa o entidad privada un acceso preferencial o exclusivo a dichos resultados que no sea el reflejo de condiciones de mercado; y que en el supuesto de que se genere propiedad intelectual susceptible de explotación comercial, la gestión de la misma se realizará de forma colectiva, no discriminatoria y a precios de mercado, reinvirtiendo los ingresos obtenidos exclusivamente en las actividades no económicas de la entidad, conforme al apartado 2.1.2 del Marco I+D+i.

5. La entidad beneficiaria deberá acreditar estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La presentación de la solicitud conllevará la autorización de la beneficiaria para que el órgano gestor pueda comprobar de forma directa el cumplimiento de dichas circunstancias a través de certificados telemáticos. No obstante, la solicitante podrá denegar este consentimiento, debiendo aportar entonces los certificados correspondientes.

La entidad solicitante podrá autorizar en el formulario de solicitud que presente, al órgano concedente/tramitador a recabar documentos o consultar los datos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, y que se consideren relevantes o pertinentes para la tramitación del procedimiento de concesión de las ayudas, su justificación o seguimiento, siempre que el órgano instructor pueda consultarlos en las plataformas y registros públicos habilitados. Si la persona interesada se opusiera a ello deberá aportar la información o documentación que se le solicite.

6. Si la solicitud o la documentación no reuniera los requisitos establecidos en esta norma, el órgano competente requerirá a la entidad solicitante para que la subsane en el plazo máximo e de diez días, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, indicándole que, si no subsana o acompaña los documentos preceptivos en el plazo indicado, se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 11. Propuesta de resolución.

1. Una vez recibida en tiempo y forma la solicitud, el órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2. A continuación, en un plazo máximo de cinco días hábiles, el órgano instructor formulará propuesta de resolución provisional, en la que se indicarán las actuaciones y la cuantía de la financiación propuesta, así como las condiciones y la duración de éstas.

3. Una vez notificada la propuesta de resolución provisional, la interesada dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para formular alegaciones o para aceptar esta resolución provisional.

4. En el caso de haber presentado alegaciones, una vez examinadas las mismas, se formulará propuesta de resolución definitiva que se notificará a la entidad interesada, para que comunique su aceptación o desistimiento de la ayuda en un plazo de dos días hábiles. En el caso de haber aceptado la propuesta de resolución, ésta pasará a ser propuesta de resolución definitiva. Las notificaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.5 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado mediante Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, se efectuarán a través de Dirección Electrónica Habilitada Única, sin perjuicio de que se pueda notificar en la sede electrónica asociada del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de forma complementaria.

5. La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria propuesta frente a la Administración, mientras no le haya sido notificada la resolución de concesión.

6. Finalmente, el órgano instructor elevará al órgano competente para resolver la propuesta de resolución definitiva, a fin de que se dicte la resolución de concesión de la ayuda.

Artículo 12. Resolución de concesión.

1. La resolución de concesión mencionará expresamente la entidad beneficiaria de la ayuda, el importe de la subvención, el título de la actuación y su período de ejecución.

2. Frente a la resolución de concesión, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación a la entidad beneficiaria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9.1.c) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso‐administrativa. Cuando la resolución del procedimiento de concesión se haya recurrido en reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que el recurso de reposición haya sido resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio administrativo.

3. La concesión de la subvención será objeto de publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en los términos dispuestos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

4. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación será de seis meses a contar desde la entrada en vigor del presente real decreto, de acuerdo con el artículo 25.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a la entidad solicitante para entender desestimada la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 13. Obligaciones de la entidad beneficiaria.

1. La entidad beneficiaria deberá cumplir las obligaciones generales que establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las que sean de aplicación de su reglamento de desarrollo, así como las contenidas en este real decreto, las que figuren en la resolución de concesión de la ayuda y en las instrucciones específicas que dicte el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.

2. Adicionalmente a lo establecido en el punto anterior, serán obligaciones de la entidad beneficiaria:

En particular, quedan sujetos al cumplimiento de lo establecido en el artículo 8, además de aportar datos sobre la titularidad real de la entidad, tal y como se establece en el artículo 7 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero. Esta información deberá aportarse en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de información.

Dicha contabilidad separada garantizará, en todo caso, que los fondos públicos recibidos al amparo del presente real decreto financian únicamente actividades no económicas, e impedirá en todo momento la subvención cruzada de actividades económicas con cargo a esta subvención. A tales efectos, la entidad beneficiaria deberá identificar, para cada gasto imputado, la actividad concreta a la que se adscribe y acreditar su carácter no económico. Los gastos comunes a actividades económicas y no económicas solo serán subvencionables en la proporción que corresponda a la actividad no económica, calculada con arreglo a criterios objetivos y verificables, que deberán describirse en la memoria económica de la solicitud y justificarse en la cuenta justificativa final.

1.º Todos los documentos justificativos estarán disponibles durante un plazo de diez años a contar desde la fecha de finalización del plazo para la ejecución de las actuaciones, o en su caso, el plazo que determine la normativa nacional y europea de aplicación.

2.º Los documentos justificativos de la ayuda se conservarán en una forma que permita la identificación de las entidades interesadas durante un período no superior al necesario para los fines para los que se recogieron los datos o para los que se traten ulteriormente y, en todo caso, en tanto no prescriba el derecho de la Administración a exigir el reintegro.

Artículo 14. Pago de la ayuda y constitución de garantías.

1. El pago de la ayuda se librará de forma anticipada, con carácter general, de acuerdo con el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y conforme a los términos que se especifiquen en la resolución de concesión.

2. El importe de la subvención se librará sin necesidad de constituir garantías.

3. Con carácter previo a la ordenación del pago, deberá quedar acreditado que la entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, con la aportación de las certificaciones con anterioridad al libramiento. Asimismo, la entidad beneficiaria deberá declarar que no es deudora por resolución de procedencia de reintegro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En caso de que se hubiesen aportado certificaciones para acreditar el cumplimiento de las obligaciones indicadas, no será necesario aportar nuevas certificaciones si las aportadas con carácter previo a la adopción de la resolución, no han rebasado el plazo de seis meses de validez de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. De acuerdo con el artículo 21 del reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los pagos estarán condicionados, asimismo, a que la entidad beneficiaria acredite encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones de reembolso de cualesquiera préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

5. En el caso de que no esté acreditado el cumplimiento de alguna de estas condiciones, se le requerirá para que, en el plazo máximo de cinco días hábiles desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, aporte los oportunos certificados. La no aportación o aportación fuera de plazo de los mismos, conllevará la pérdida del derecho al cobro de la ayuda. La pérdida del derecho a dicho cobro implicará la pérdida del derecho a la ayuda.

6. Para poder realizarse el pago de la ayuda es necesario que la entidad beneficiaria haya dado de alta previamente, ante la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la cuenta bancaria en la que desee recibirlo.

7. Los pagos se considerarán efectuados en la fecha en que sean efectivos en la cuenta bancaria indicada por la entidad beneficiaria.

Artículo 15. Modificación de la resolución de concesión.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 64 y 86 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y siempre que no se dañen derechos de tercero, se podrá autorizar una modificación de la resolución de concesión cuando concurran las siguientes circunstancias:

2. Para solicitar autorización previa de una modificación al órgano concedente, la entidad beneficiaria deberá presentar la correspondiente solicitud a través de la sede electrónica asociada del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que se acompañará de una memoria, en la que se expondrá la motivación del cambio y el cumplimiento de los requisitos expuestos en el apartado 1. Dicha memoria deberá incluir, al menos, una relación de los paquetes de trabajo y las actividades afectadas, el gasto financiable implicado y un análisis de impacto y viabilidad sobre los objetivos y resultados de la memoria del proyecto. La solicitud deberá presentarse, al menos, tres meses antes de que finalice el plazo de cumplimiento de la actuación subvencionable.

3. La modificación de la resolución de concesión se dictará por el titular del órgano concedente. Esta modificación no podrá suponer en ningún caso la asunción de compromisos financieros superiores a los alcanzados en la resolución inicial.

4. El plazo máximo de resolución y notificación de la modificación de concesión será de tres meses, sin que se pueda rebasar la fecha de finalización del plazo vigente de ejecución del proyecto objeto de la ayuda. Transcurridos los tres meses previstos para resolver, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, la entidad interesada queda legitimada para entender desestimada presuntamente su solicitud de modificación de la resolución de concesión. Dicho plazo se computará desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico, conforme a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 16. Justificación final.

1. La justificación final de la ayuda deberá realizarse en el plazo máximo de tres meses contados a partir de la fecha en que expire el plazo máximo otorgado para la ejecución de la actuación objeto de ayuda en la resolución de concesión. Se realizará en la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título II, capítulo II, de su Reglamento de desarrollo, en la normativa aplicable del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. El plazo máximo para la ejecución de la actuación quedará establecido en la resolución de concesión.

2. La justificación final constará de la siguiente documentación:

3. La cuenta justificativa incorporará los siguientes aspectos: