Acta de la XI Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación por la que se aprueba el Marco de Asociación País España-Colombia 2025-2030, hecha en Madrid el 18 de noviembre de 2025

ACTA DE LA XI REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA HISPANO-COLOMBIANA DE COOPERACIÓN

Madrid, 18 de noviembre de 2025.

El día 18 de noviembre de 2025 se firmó en Madrid el Acta de la XI Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación, prevista en el marco del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica de 1979; en el Acuerdo Complementario General de Cooperación del Convenio Básico de Cooperación, suscrito 31 de mayo de 1988; en el Convenio Cultural de 1953 y finalmente, en el Tratado General de Cooperación y Amistad, suscrito en 1992.

En este contexto, ambas delegaciones acordaron trabajar conjuntamente en el desarrollo del programa de cooperación en áreas de interés común para el período 2025-2029, que se describen en el documento Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible con la República de Colombia.

La delegación del Reino de España estuvo presidida por el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y, don José Manuel Albares.

La delegación de la República de Colombia estuvo presidida por la Ministra de Relaciones Exteriores, doña Rosa Yolanda Villavicencio Mapy.

La relación completa de participantes de ambas delegaciones se incluye como anexo I a la presente acta.

Ambas delegaciones resaltaron las excelentes relaciones de amistad entre ambos países y manifestaron su acuerdo sobre los temas a tratar y la estructura del Acta, que contiene dos capítulos principales y dos anexos que forman parte integrante de la misma:

– Marco de actuación: Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-Colombia 2025-2029.

– Consideraciones finales.

– Anexos.

● Lista de las delegaciones oficiales de España y de Colombia (anexo I).

● Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-Colombia 2025-2029 (anexo II).

I. MARCO DE ACTUACIÓN: MARCO DE ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ESPAÑA-COLOMBIA

El Marco de Asociación País (MAP) España-Colombia 2020-2024 (prorrogado hasta la celebración de la presente reunión de la Comisión Mixta) y el Acta de la X Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación, de 26 de febrero de 2021, son los antecedentes más inmediatos de planificación estratégica de la cooperación hispano-colombiana para el desarrollo sostenible.

Finalizado el periodo de vigencia del MAP 2020-2024, y tras la evaluación del mismo, se elaboró el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-Colombia 2025-2029, anexo a la presente acta, que define la nueva estrategia compartida de cooperación, a ejecutar durante el periodo mencionado.

La elaboración del Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-Colombia ha sido liderada por dos grupos:

Por el Reino de España, el Equipo País para la Coordinación de la Cooperación Española en Colombia (EPCE), conformado por: el Embajador de España (que lo preside); la Oficina de Cooperación Española (OCE), con tres representantes, asumiendo la coordinación y el secretariado del Equipo; el Director del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias; un representante de la Oficina Económica y Comercial; la Consejería de Educación; la Consejería Cultural; la Consejería de Trabajo y Migraciones; la Directora Ejecutiva de la Fundación Carolina-Colombia; un representante de la Cámara Oficial Española de Comercio en Colombia; tres representantes de las ONGD españolas en Colombia; y la representante de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Por parte del Gobierno de Colombia, el proceso de diálogo que ha permitido el diseño del documento del Marco de Asociación estuvo coordinado por las entidades que hacen parte de la Comisión de Planificación y Seguimiento, integrada por la Dirección de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Presidencial de Cooperación (APC Colombia) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

La delegación española informó sobre las prioridades de la política española de cooperación internacional, con base a la Ley 1/2023, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y de Solidaridad Global, aprobada el 20 de febrero de 2023, e indicó que el 23 de julio de 2024 se aprobó por el Consejo de Ministros el Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027, donde se califica a Colombia como país prioritario. Este nuevo marco de la cooperación española busca responder a los nuevos retos globales, priorizando modelos económicos de desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, el hambre y las desigualdades, alineándose a la Agenda 2030. La nueva política de cooperación española se fundamenta en el enfoque de derechos humanos, feminista, de diversidad cultural, de sostenibilidad medioambiental y justicia climática y de construcción de paz, apostando por la promoción de un desarrollo inclusivo y sostenible que garantice la igualdad entre todos los seres humanos.

La delegación colombiana informó asimismo de las prioridades de cooperación enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, titulado «Colombia, potencia mundial de la vida» con sus líneas estratégicas asociadas a organización del territorio alrededor del agua, reforestación de la Amazonía, y paz; y en la Estrategia de Cooperación Internacional de Colombia (ENCI) 2023-2026, con 4 objetivos de política principales: 1) promover la lucha contra el cambio climático, la justicia ambiental y la transformación productiva; 2) contribuir a la lucha contra el hambre y la atención, protección e inclusión de la población migrante; 3) promover una cultura de paz, justicia y lucha contra la desigualdad; 4) fortalecer las capacidades institucionales para la gestión de la cooperación.

El Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-Colombia (2025-2029) es una estrategia compartida por ambos países hacia objetivos y visiones comunes de desarrollo humano sostenible, reducción de las desigualdades y construcción de paz. Integra a una diversidad de actores con potencial impacto sobre el desarrollo a través del diálogo, trabajo conjunto y coordinación entre gobierno, otros poderes del Estado, instituciones públicas y sociedad civil, así como otros socios bilaterales y multilaterales de desarrollo.

Ambas delegaciones hicieron referencia a la trascendencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 y a la conveniencia de integrar las actuaciones bilaterales en el marco de las metas y objetivos de la misma, ratificando adicionalmente su compromiso para avanzar en la calidad de la ayuda y la eficacia del desarrollo, de acuerdo con la Agenda Internacional de Eficacia.

Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-Colombia 2025-2029 y consideraciones para su adecuado cumplimiento.

El MA España-Colombia 2025-2029 pivota en torno a la construcción de una paz duradera y sostenible como objetivo principal. Asimismo, pone especial énfasis en el principio de apropiación por parte de las autoridades colombianas, alineándose con las prioridades nacionales de desarrollo identificadas por el Estado colombiano, dando así continuidad a la trayectoria desarrollada por la cooperación española en el país.

Diseñado bajo un enfoque orientado a la gestión por resultados de desarrollo, busca acompañar los desafíos multidimensionales que enfrenta Colombia en su camino hacia la construcción de la paz, el desarrollo sostenible y la mejora del bienestar de su población.

El MA concentra los esfuerzos de la Cooperación Española en torno a cuatro resultados de desarrollo principales:

1) Fortalecimiento de instituciones públicas y sociedad civil para la construcción de una paz estable y duradera, la prevención de conflictos y la protección de los derechos humanos. Se trabajará tanto a nivel nacional, apoyando a las instituciones con competencias en implementar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera de noviembre de 2016; como a nivel territorial, apoyando los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En este resultado se impulsarán también políticas culturales para el desarrollo sostenible relacionadas con la memoria histórica, la construcción de paz y la prevención de conflictos.

2) Impulso de la igualdad de género y la lucha contra toda forma de violencia de género, fomentando la participación política de mujeres en espacios de toma de decisión e incidencia política y reforzando el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos.

3) Fortalecer la resiliencia frente al cambio climático y el acceso a los derechos humanos al agua y al saneamiento básico, con especial atención al fortalecimiento institucional y comunitario y a la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento.

4) Fortalecer la capacidad productiva y de generación de ingresos de la población, especialmente en el marco del proceso de paz, impulsando la generación de ingresos, las cadenas de valor, el derecho humano a la alimentación y la formación para el empleo.

Las intervenciones para contribuir a los resultados de desarrollo se concentrarán en la población más vulnerable allá donde se encuentre, conforme al principio de «no dejar a nadie atrás».

Se estima que la AOD española destinada a Colombia se situará aproximadamente en los 167 millones de euros para el periodo 2025-2029, de los cuales 38,5 millones serán reembolsables, sin suponer estas cifras compromiso financiero por parte de España.

Como principales consideraciones para la correcta ejecución del Marco de Asociación, ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de:

1) Buscar mecanismos y procesos que agilicen y faciliten la ejecución en forma y plazo de las subvenciones españolas a instituciones públicas colombianas, en el marco de la ley.

2) Mejorar y hacer más eficaces los mecanismos de coordinación de actores de cooperación, especialmente para la cooperación descentralizada con las entidades colombianas correspondientes, tanto a nivel nacional como territorial.

La delegación española expresó su gran preocupación por la situación del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias –cuyo comodato con la Arquidiócesis de dicha ciudad vence en noviembre de 2027 y respecto del cual no se logró un acuerdo de renovación– y alerta de las graves consecuencias que tendría su clausura provocada por la decisión unilateral de la Arquidiócesis de no extender el comodato, al tiempo que reitera su mejor disposición para lograr un acuerdo que evite la clausura del Centro y poder continuar así su actividad en Colombia.

La delegación colombiana se solidarizó con la situación del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias y manifestó su apoyo a las soluciones que permitan que este importante epicentro de cultura y desarrollo permanezca en el país. Adicionalmente, resaltó la importancia de la contribución de la cooperación conjunta al desarrollo nacional, manifestando su agradecimiento a España por su compromiso y acompañamiento, especialmente en un contexto en el que la mayoría de donantes están reduciendo sus montos de cooperación con Colombia.

II. CONSIDERACIONES FINALES

Al término de la reunión, ambas delegaciones reiteraron su voluntad de continuar trabajando para fortalecer las acciones de cooperación de acuerdo con el alto nivel de sus relaciones bilaterales, basadas en los profundos lazos históricos, culturales y de amistad entre los Gobiernos y pueblos de España y Colombia.

La delegación colombiana agradeció a la Parte española su hospitalidad al acoger la celebración de la XI reunión de la Comisión Mixta hispano-colombiana de Cooperación al Desarrollo.

Y con la finalidad de consignar lo acordado durante la citada Comisión Mixta, suscriben el presente Acta en dos ejemplares en español, igualmente válidos, en la cuidad de Madrid, España, a día 18 de noviembre de 2025.

Por el Reino de España,	Por la República de Colombia,
José Manuel Albares Bueno, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación	Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, Ministra de Relaciones Exteriores

Anexos:

– Lista de las delegaciones oficiales de España y Colombia. (Anexo I).

– Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible España-Colombia 2025-2029. (Anexo II).

ANEXO I. Relación de integrantes de las Delegaciones Oficiales

Delegación española

– Excmo. Sr. José Manuel Albares. Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

– Excma. Sra. Eva María Granados Galiano. Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.

Delegación colombiana

– Excma. Sra. Rosa Yolanda Villavicencio Mapy. Ministra de Relaciones Exteriores.

– Sra. Laura Patricia García Mejía. Directora de Cooperación Internacional.

ANEXO II. Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible Colombia-España 2025-2029

Contenido:

1. Bases para la asociación.

1.1 Colombia: Análisis de contexto.

1.2 Análisis de la estrategia nacional con base en las 5P para no dejar a nadie atrás con base en la Agenda 2030.

1.2.1 Personas.

1.2.2 Planeta.

1.2.3 Prosperidad.

1.2.4 Paz.

1.3 La cooperación española en Colombia.

1.4 Cooperación internacional en Colombia.

2. Resultados de desarrollo sostenible.

2.1 Contribución a la Agenda 2030 Nacional.

2.2 Alcance territorial.

2.3 Marco de resultados.

2.3.1 Transición social.

2.3.2 Transición ecológica.

2.3.3 Transición económica.

3. Alianzas para la estrategia.

3.1 Red de alianzas.

3.2 Modalidades e instrumentos.

3.3 Recursos.

3.4 Riesgos.

4. Enfoques transversales.

5. Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

5.1 Seguimiento.

5.2 Evaluación.

5.3 Rendición mutua de cuentas y transparencia.

6. Anexos.

I. Siglas y abreviaturas.

II. Marco de resultados.

III. Matriz de riesgos.

IV. Red de alianzas.

V. Recursos financieros.

1. Bases para la Asociación

1.1 Colombia: Análisis de contexto.

Se estima que Colombia tiene una población de aproximadamente 52,7 millones de personas¹, de las que el 48,8 % son hombres y el 51,2 % mujeres. El 22,6 % de la población está entre 0 y 14 años, el 68,2 % entre 15 y 65 años y el 9,1 % de la población tiene 65 años o más².

¹ Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Censo Nacional de Población y Vivienda. Recuperado de: DANE-¿Cuántos somos? (Visitado el 21 de agosto de 2025).

² Oficina Económica y Comercial de España en Bogotá (2024). Guía País Colombia 2024. Recuperado de: https://www.icex.es/content/dam/es/icex/oficinas/020/documentos/2024/04/anexos/guia-pais-colombia-2024.pdf.

En el país conviven población blanca y mestiza, 87 etnias indígenas, 3 grupos diferenciados de población afrocolombiana y el pueblo rrom o gitano. La Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2023 (ECV) 2023³, publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), estima que alrededor de 3.976.000 personas se identifican como negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras en el país (el 7,6 % de la población nacional). Además, hay 710 resguardos indígenas titulados, ubicados en 27 departamentos, ocupando una extensión de 34 millones de hectáreas (el 29,8 % del territorio nacional) de las que muchas coinciden con parques naturales.

³ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2024). Resultados para población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2023. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECV/bol-NARP-ECV-2023.pdf.

Así, en Colombia existen múltiples especificidades étnicas y regionales que conllevan prácticas sociales, cosmovisiones y culturas distintas, todas ellas reconocidas y protegidas en el artículo I de la Constitución de 1991⁴: «Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria nacional, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general».

⁴ Función Pública. Gestor Normativo. Constitución Política 1/91. Recuperado de: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125.

Se trata, por tanto, de un país pluricultural y multilingüe. El castellano es reconocido como el idioma oficial de Colombia, pero en el país se hablan 64 lenguas amerindias, además del creole –lengua de raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina–, el palenquero –de las comunidades de San Basilio de Palenque– y el romaní o romanés (lengua rom). La Constitución reconoce que las lenguas indígenas son también oficiales en sus territorios.

La Constitución de 1991, de naturaleza garantista de los derechos humanos, reconoce también el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad, entre otros. Asimismo, en su artículo 22 afirma el derecho a la paz, como sigue: «La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento».

1.2 Análisis de la estrategia nacional con base en las 5P para no dejar a nadie atrás con base en la Agenda 2030.

1.2.1 Personas.

1.2.1.1 Fin de la pobreza: indicadores de pobreza y su distribución.

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2024⁵ estima que el 3,1 % de la población colombiana es de clase alta, el 32,4 % media, el 31,5 % vulnerable y el 33 % se encuentra en situación de pobreza extrema. En 2023, las estimaciones del Banco Mundial (BM)⁶ situaban la incidencia de pobreza multidimensional en el país en el 12,1 %. Esto implica una reducción de 7,5 puntos porcentuales en relación con 2018, cuando la tasa se ubicaba en el 19,6 % –últimas cifras recogidas en el Marco de Asociación País (MAP) con Colombia de la Cooperación Española 2020-2024–.

⁵ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025). Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH– 2024. Recuperado de: https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/819.

⁶ Banco Mundial. Índice de Gini-Colombia.

En cuanto a la distribución de la pobreza en los territorios, en las cabeceras la incidencia se ubica en el 8,3 %, mientras que en los centros poblados y rural disperso la cifra asciende a 25,1 %. Es decir, que el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en centros poblados y rural disperso triplica el de las cabeceras. Por regiones, las tasas de incidencia de pobreza multidimensional más altas se presentan en el Caribe, con un 20,1 %, y el Pacífico (sin incluir al Valle del Cauca), con un 19,4 %. En tercer lugar, se ubica la región Central, alcanzando el 11,2 %. Por el contrario, las tasas más bajas se encuentran en Bogotá, con un 3,6 %; seguida de Valle del Cauca, con un 7,2 %; y, finalmente, las regiones de Antioquia y Oriental, con un 9,5 % y un 11,1 % respectivamente⁷.

⁷ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2024). Boletín técnico. Pobreza multidimensional en Colombia. Año 2023. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/bol-PMultidimensional-2023.pdf.

Con respecto a los índices observados según pertenencia étnica, de acuerdo con el Boletín Técnico sobre Pobreza Monetaria y Pobreza Multidimensional de 2023⁸, se observó una incidencia del 36,9 % de pobreza multidimensional para la población indígena y del 29,5 % en la población que se reconoce como negra o afrocolombiana.

⁸ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2024). Boletín Técnico-Principales indicadores de pobreza de la población víctima 2023. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/bol-PM-PoblacionVictima-2023.pdf.

Por último, atendiendo a los datos desagregados por sexo, y debido a la disparidad en el acceso a recursos económicos existente entre hombres y mujeres, en 2023 el 37,7 % de las personas que pertenecían a un hogar cuya jefatura era femenina eran pobres y el 13,19 % extremadamente pobres. Sin embargo, estas cifras se reducen al 29,5 % y 9,5 % respectivamente, para las personas en hogares con jefatura masculina⁹.

⁹ Departamento Administrativo Nacional de Estadística, ONU Mujeres, Viceministerio de las Mujeres del Ministerio de Igualdad y Equidad. (2024). Mujeres y Hombres: Brechas de Género en Colombia. https://colombia.unwomen.org/sites/default/files/2024-11/resumen_ejecutivo_myh.pdf.

1.2.1.2 Seguridad alimentaria.

En Colombia, a partir de la información recopilada en la ECV (2023)¹⁰, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares del país cayó dos puntos porcentuales entre 2022 y 2023, al pasar de 28,1 % a 26,1 %. Es decir, mientras que, por falta de dinero u otros recursos, 28,1 de cada 100 hogares en 2022 disminuyeron la calidad, variedad y cantidad de alimentos a los que accedieron, al menos una vez durante los últimos 12 meses, la proporción bajó en 2023 a 26,1 de cada 100 hogares. No obstante, sigue contando con un 51 % de su población en situación de seguridad alimentaria marginal, lo que les hace susceptibles de caer en inseguridad alimentaria ante choques de diversa naturaleza.

¹⁰ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2024a). Boletín técnico Inseguridad alimentaria. Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2023. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/FIES/bol-FIES-2023.pdf.

Según datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA), en 2024 la inseguridad alimentaria afectó a 13 millones de personas a nivel nacional, de las que 1,6 millones se encontrarían en situación de inseguridad alimentaria severa.

El Ministerio de Salud y Protección Social¹¹ alerta de que la prevalencia de desnutrición aguda infantil aumentó del 0,24 % al 0,65 % entre 2017 y 2023. No obstante, la tasa de mortalidad infantil por desnutrición experimentó un descenso del 23 % entre 2022, año en el que se recoge el mayor impacto del periodo posterior a la pandemia COVID-19, y 2023.

¹¹ Ministerio de Salud y Protección Social (2024). Boletín técnico. Disminuye la mortalidad por desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco años en el país. Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Disminuye-la-mortalidad-por-desnutricion-aguda-en-ninos-y-ninas-menores-de-cinco-anos-en-el-pais.aspx.

Estas fuentes revelan brechas extremas en el consumo de alimentos y agotamiento de los medios de vida, una problemática que golpea especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad, como víctimas del conflicto, comunidades indígenas y afrodescendientes, trabajadores informales y migrantes. Además, cabe señalar que las cifras de inseguridad alimentaria de la población colombiana pueden verse agravadas por cuenta de factores como los confinamientos o las restricciones a la movilidad, generados por las dinámicas del conflicto armado.

1.2.1.3 Salud y bienestar.

Las estimaciones del Ministerio de Salud y Protección Social¹² en materia de afiliación proyectan una cobertura del Sistema de Salud del 98,45 % para junio de 2025, lo que dejaría al 1,25 % de la población nacional sin acceso a la cobertura sanitaria. De los casi 52,3 millones de afiliados, alrededor del 44 % se encontrarían en régimen contributivo, mientras que el 51 % serían subsidiados y el 4 % en regímenes especiales o de excepción.

¹² Ministerio de Salud y Protección Social. Cifras de afiliación en salud (Visitado el 21 de agosto de 2025).

No obstante, estas mismas estimaciones reflejan brechas en el acceso a la salud dentro del territorio colombiano, que se observan a nivel regional, departamental y municipal. Así, mientras en el Valle del Cauca la cobertura es del 93 %, en Nariño es del 86,4 %, en el Cauca del 85,4 % y en el Chocó no alcanza el 74 %, cayendo para algunos de sus municipios, como el Litoral de San Juan, al 37 %.

En la misma línea, el Índice de Salud Rural 2024¹³ advierte de las grandes desigualdades que se observan dentro del territorio colombiano en materia de atención a la salud. Se apunta a factores como la distribución irregular de médicos entre municipios, pues estos se concentran fundamentalmente en áreas urbanas, o a la escasa prestación de algunos servicios esenciales como telemedicina, salud mental o mamografías en las zonas rurales. Además, también se evidencian carencias en la atención psicosocial y, de manera generalizada, una falta de servicios de salud mental, que resulta en mayores afectaciones en aquellos territorios donde se concentran el conflicto armado y la violencia.

¹³ Así Vamos en Salud (2025). Índice de Salud Rural 2024 (ISR). Recuperado de: https://www.asivamosensalud.org/actualidad/indice-de-salud-rural-2024#:~:text=En%20zonas%20rurales%20de%20Colombia,supera%20el%2037%2C3%25.

1.2.1.4 Educación.

Atendiendo a los últimos datos disponibles publicados por el Ministerio de Educación Nacional¹⁴, la tasa de analfabetismo en Colombia registra una reducción significativa en los últimos años, pasando de 5,24 % en 2017 a 4,38 % en 2021. Asimismo, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)¹⁵, la proporción de jóvenes entre 25 y 34 años sin educación secundaria superior, disminuyó 9 puntos porcentuales entre 2016 y 2023, ubicándose en un 22 %.

¹⁴ Ministerio de Educación Nacional. (2022). Deserción escolar en Colombia: análisis, determinantes y política de acogida, bienestar y permanencia. Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-363488_recurso_34.pdf.

¹⁵ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. GPS Educativo-Colombia: Panorama General del sistema educativo. Recuperado de: https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=COL&treshold=5&topic=EO.

Al respecto, al interior del territorio colombiano se evidencian importantes desigualdades. El BM¹⁶ advierte de la prevalencia de una importante brecha regional en las tasas de analfabetismo, que es cinco veces mayor en el departamento de La Guajira que en Cundinamarca o tres veces mayor en Chocó que el promedio nacional.

¹⁶ Banco Mundial. (2021). Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia. Recuperado de: https://documents1.worldbank.org/curated/en/602591635220506529/pdf/Main-Report.pdf.

En lo que respecta al nivel de años de educación acumulados por la población colombiana en edad de estudiar, entre los 15 y 24 años, el promedio es de 10,2 (lo que equivale a la culminación de 10° grado de media), según la ECV 2023¹⁷. No obstante, del análisis de este indicador por área se desprenden diferencias importantes entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Así, mientras para Bogotá D.C. el promedio es de 11,3 años de educación, esta cifra desciende hasta 5,8 años en el caso de Vichada, 7,9 para Guainía u 8,5 en Chocó y la Guajira.

¹⁷ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2024). Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2023. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2023.

En cuanto a la cantidad de alumnos matriculados, en conjunto, seis departamentos (Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Bolívar) concentran aproximadamente el 49,8 % de la matricula a nivel nacional, lo que representa casi la mitad de la población estudiantil del país. Por su parte, Guainía o Amazonas no solo se encuentran a la cola en número de alumnos matriculados, sino que este dato ha experimentado una variación negativa del –4,8 % y –7,1 % respectivamente con respecto al informe anterior.

1.2.1.5 Igualdad de género.

De acuerdo con los datos publicados por la Defensoría del Pueblo¹⁸, entre enero y septiembre de 2024 se contabilizaron 745 feminicidios en el país. Sumados a los contabilizados por el Observatorio Colombiano de Feminicidios¹⁹ en años anteriores, 641 en 2023, 770 de 2022 y 951 de 2021, revelan una realidad preocupante. Respecto a violencias contra personas LGTBIQ+, en 2023 hubo 159 homicidios, lo que implica un aumento del 7,4 % respecto a 2022, sobre todo en relación con la violencia ejercida contra mujeres trans²⁰. En la actualidad, no existe un sistema de recogida de datos unificado, sino que distintas entidades territoriales, observatorios independientes y organizaciones feministas y de mujeres asumen la labor empleando diferentes criterios, generando variabilidad en las cifras y un importante subregistro.

¹⁸ Defensoría del Pueblo (2024). Diagnóstico de derechos humanos en Colombia. Recuperado de: https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/3046744/Diagno%CC%81stico+DDHH+10deDiciembre.pdf/22257d7c-68fa-b8eb-a90a-c26071f89044?t=1733862133975.

¹⁹ Observatorio Colombiano de Feminicidios. Feminicidios Colombia-Víctimas.

²⁰ Colombia Diversa (2023). La realidad de la discriminación. Boletín de homicidios contra personas LGTBIQ+ 2023. Recuperado de: Boletin-homicidios-LGBT.pdf.

La Defensoría del Pueblo²¹ también registró 26.605 hechos de violencia de pareja entre enero y septiembre de 2024, lo que supone un aumento del 26 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Además, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML-CF)²² reportó un total de 22.106 posibles agresiones sexuales, de las cuales 19.341 fueron contra mujeres y 17.653 contra niños, niñas y adolescentes (NNA). En cuanto al matrimonio infantil, en 2018 el Censo de Colombia reportó que el 1,8 % de las niñas entre 10 y 14 años y el 15 % de las adolescentes entre 14 y 19 años estaban casadas o en unión²³. En estos rangos de edad también se registraron 3.468 nacimientos en niñas y 79.287 en adolescentes.

²¹ Defensoría del Pueblo (2024). Diagnóstico de derechos humanos en Colombia. Recuperado de: https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/3046744/Diagno%CC%81stico+DDHH+10deDiciembre.pdf/22257d7c-68fa-b8eb-a90a-c26071f89044?t=1733862133975.

²² Subdirección de Estudios Forenses. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2024). Boletín estadístico mensual. Diciembre de 2024. Recuperado de: https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/1003294/Boletin_diciembre_2024.pdf.

²³ Dirección Nacional de Planeación (2019). Diagnóstico matrimonio infantil y uniones tempranas en Colombia-Subdirección de Género. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Social/Documentos/Diagnostico-Matrimonio-Infantil-Uniones-Tempranas.pdf.

Para romper los ciclos de violencia descritos, la autonomía económica de las mujeres se considera fundamental. Sin embargo, según un estudio elaborado por ONU Mujeres y el DANE²⁴ en 2023, las mujeres tienen una probabilidad casi tres veces mayor (30,4 %) que los hombres (11,7 %) de no contar con ingresos propios. Además, de acuerdo con este mismo informe, el ingreso laboral mensual promedio de las colombianas es un 6,6 % más bajo que el de sus contrapartes hombres.

²⁴ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ONU Mujeres, Viceministerio de las Mujeres del Ministerio de Igualdad y Equidad. (2024). Mujeres y Hombres: Brechas de Género en Colombia. https://colombia.unwomen.org/sites/default/files/2024-11/resumen_ejecutivo_myh.pdf.

En lo que respecta a su participación política, tras las elecciones de 2022, las mujeres pasaron a ocupar casi el 30 % de los escaños tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, lo que continúa posicionando a Colombia por debajo del promedio de América Latina (35,8 %), con una política pública que aún no es completamente paritaria²⁵.

²⁵ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ONU Mujeres, Viceministerio de las Mujeres del Ministerio de Igualdad y Equidad. (2024). Mujeres y Hombres: Brechas de Género en Colombia. https://colombia.unwomen.org/sites/default/files/2024-11/resumen_ejecutivo_myh.pdf.

Otros temas relevantes en materia de igualdad de género son la lucha contra las redes de trata y prostitución, la transformación de los roles y estereotipos de género que persisten en el ámbito sociocultural y la reducción de la brecha digital, la brecha pensional o la brecha en los tiempos dedicados a los cuidados y lo asistencial. A ello se añaden los riesgos diferenciales y las crecientes amenazas que enfrentan las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos.

1.2.1.6 Población migrante y refugiada venezolana, colombianos retornados y comunidades de acogida.

A pesar de los cambios experimentados en las rutas migratorias que atraviesan el país, la población proveniente de Venezuela representa el grupo de personas migrantes y refugiadas más importante en Colombia. Según los datos del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM)²⁶, actualizados en septiembre de 2024, casi 2,81 millones de venezolanos se encuentran residiendo en Colombia. De estos, 2,35 millones se encontraría en situación regular, 460.000 en proceso de regularización a través del Estatuto Temporal de Protección de migrantes venezolanos (EPTV), y aproximadamente 450.000 con estatus irregular, lo que refleja importantes logros en la política de acogida a migrantes establecida por el Estado Colombiano.

²⁶ Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. Cifras clave.

En lo que respecta a la población en tránsito, las personas venezolanas representan el 73 % de los movimientos registrados en la región de Urabá-Darién en 2024, lo que implica una disminución del 31 % con respecto a 2023²⁷. Este descenso se explica porque, pese a que, tradicionalmente, el flujo migratorio ha tenido a los países de Norteamérica como destino preferencial, y a la región del Darién como paso obligado, las medidas de restricción para migrantes implementadas por el gobierno de Estados Unidos, desde finales del año 2024, ha provocado un crecimiento importante en la migración inversa (desde los países del norte hacia el sur). De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se calcula que en promedio están ingresando 84 personas diarias a Colombia por la frontera con Panamá, de forma que «Colombia se enfrenta a una nueva dinámica migratoria, con un notable flujo inverso de personas que ahora ingresan al país a través de las zonas fronterizas»²⁸.

²⁷ Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos en Colombia. (2025). Análisis situacional. Situación de la población refugiada y migrante en la región de Urabá-Darién. https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-situacion-de-la-poblacion-refugiada-y-migrante-en-el-uraba-darien-diciembre.

²⁸ Defensoría del Pueblo (1 de marzo de 2025). Migración inversa en Colombia: Defensoría del Pueblo entrega recomendaciones para enfrentar nuevo flujo migratorio. Recuperado de: https://www.defensoria.gov.co/-/migracion-inversa-en-colombia-defensoria-del-pueblo-entrega-recomendaciones-para-enfrentar-nuevo-flujo-migratorio.

No puede olvidarse que la migración irregular incrementa la vulnerabilidad de las personas, sobre las que persisten riesgos de revictimización. Un informe que la Relatora Especial de NNUU para la trata de personas publicó tras visitar Colombia en 2023²⁹ informaba que los niños, las mujeres, las personas LGTBIQ+ y las personas con discapacidad corrían especial riesgo de sufrir violencia sexual y otras violaciones graves de los derechos humanos, incluida la trata de personas, durante su tránsito por el Tapón del Darién.

²⁹ Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas (2024). Visita a Colombia. Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Siobhán Mullally. Recuperado de: https://docs.un.org/es/A/HRC/56/60/Add.1.

1.2.1.7 Personas en situación de discapacidad.

En Colombia, la ECV 2021³⁰ reporta 2.847.000 personas con al menos una discapacidad, de las que aproximadamente el 54,9 % son mujeres y el 45,1 % son hombres. Las pirámides poblacionales por edad y sexo muestran el avance del proceso de envejecimiento en la población general, así como sus efectos sobre la estructura de la discapacidad, que también se muestra más envejecida para el año 2024.

³⁰ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2023). Nota estadística N°1 de 2023. El diamante del cuidado frente a la experiencia de la discapacidad en Colombia. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas-casen/abril-2023-DiscapCuidadores.pdf.

Según los datos publicados en la encuesta, el 79,5 % de la población con discapacidad se localiza en las cabeceras municipales, mientras que el 20,5 % está en centros poblados y rural disperso. Además, se advierte que, de las 2.847.000 personas con al menos una discapacidad, el 47,6 % presenta dificultades severas y requiere cuidados permanentes asumidos en un 75 % por alguna persona en el hogar. Se estima que aproximadamente el 2 % de los colombianos padecen alguna discapacidad motriz, con causas principales asociadas a accidentes de tránsito o al conflicto armado, que puede derivar en una o varias amputaciones.

Las brechas socioeconómicas, poblacionales y territoriales entre las personas con discapacidad y el resto de la población se manifiestan en el acceso a educación, trabajo, salud, tecnologías de información y exclusión en las decisiones de política pública, así como en participación política.

1.2.2 Planeta.

1.2.2.1 Agua y saneamiento.

El último reporte sobre Servicios Públicos Domiciliarios del DANE³¹ muestra coberturas generales elevadas en agua y saneamiento. En 2021, más de 46 millones de personas tenían acceso a soluciones adecuadas de agua potable, con un crecimiento del 7,6 % desde 2018. Ese mismo año, el 88,7 % de la población contaba con alcantarillado adecuado y el 82,5 % de los hogares con servicio de recolección de basuras, aunque con un leve descenso reciente.

³¹ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2023). Reporte Estadístico de Servicios Públicos Domiciliarios. Acueducto, alcantarillado y aseo 2023. https://www.sen.gov.co/sites/default/files/pagina-migraciones-files/2024-06/Reporte-estadisticos-sspp-AAA300524.pdf.

Persisten, sin embargo, amplias diferencias territoriales. Mientras en las ciudades la cobertura de agua y aseo es prácticamente universal, en las cabeceras municipales de los municipios PDET³² y el área rural dispersa persisten grandes brechas, particularmente en saneamiento (68,5 puntos porcentuales) y en acceso a acueducto (46,7 puntos porcentuales)³³.

³² Municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial del Acuerdo de Paz de 2016.

³³ https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECV/bol-PDET-ECV-2024.pdf.

1.2.2.2 Biodiversidad, deforestación y potencial de aprovechamiento de espacios naturales.

Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, pero enfrenta graves desafíos ambientales, principalmente la deforestación y degradación de ecosistemas. La gestión de estos desafíos es crucial para el futuro sostenible del país.

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible³⁴, el país cuenta con 59,3 millones ha de bosque natural, de las cuales el 65,5 % está en la Amazonía. Entre 2005 y 2021 se perdieron más de 2,5 millones ha, alcanzando un máximo histórico de 219.552 ha en 2017. En 2023, la deforestación nacional se redujo un 36 % respecto a 2022 y un 61 % frente a 2021³⁵; concretamente, en la Amazonía la tasa fue la más baja en 23 años (44.274 ha frente a 71.185 ha en 2022). Entre las principales causas se encuentran la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, la extracción ilegal de madera y minerales, y la praderización para acaparamiento de tierras.

³⁴ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2022). Informe Anual 2022. Actualización de cifras oficiales de monitoreo de bosque natural y deforestación en Colombia. Recuperado de: https://visionamazonia.minambiente.gov.co/content/uploads/2024/04/Cifra_Actualizacion_Deforestacion2022_julio2023rp_v4.pdf.

³⁵ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (8 de julio de 2024). Gobierno Petro logra la mayor reducción de la deforestación en la historia de Colombia. Recuperado de: https://www.minambiente.gov.co/gobierno-petro-logra-la-mayor-reduccion-de-la-deforestacion-en-la-historia-de-colombia/.

Aun con esta tendencia a la baja, el problema persiste en territorios étnicos: en 2024, más del 15 % de la deforestación nacional ocurrió en estas áreas. En los territorios colectivos de comunidades afrodescendientes se registró un aumento de 11.852 ha deforestadas en 2022 a 29.000 ha en 2021³⁶. Aquí confluyen factores complejos como la extracción ilícita de minerales y madera por empresas multinacionales y locales, así como la expansión de la frontera agrícola. Los grupos armados son actores centrales en el avance de este fenómeno.

³⁶ https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Paginas/Resultados-monitoreo-cultivos-2023-no-son-ajenos-a-presion-global-por-aumento-de-demanda.aspx.

La contaminación ambiental, especialmente de fuentes hídricas, es otro desafío. La minería ilegal de oro y el uso de mercurio afectan gravemente la salud y el bienestar de comunidades ribereñas.

La gestión de los 31 millones de ha del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) constituye un reto mayor: estas áreas son fundamentales para la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la adaptación climática, pero sufren presión debido a las actividades ilícitas. En 2024, el 48 % de los cultivos de coca se concentraba en Parques Nacionales, territorios colectivos y reservas forestales³⁷. Esta gestión se complica por la superposición de áreas protegidas con resguardos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes (33 %), donde habitan unas 25.000 familias en condiciones de vulnerabilidad. Es por ello necesario dotar de alternativas económicas y de desarrollo sostenible a estas comunidades para conseguir una protección efectiva y sostenible de estos espacios naturales.

³⁷ Ministerio de Justicia (19 de octubre de 2024). Resultados del monitoreo a cultivos de coca hecho en 2023 no son ajenos a la presión global por aumento de la demanda. Recuperado de: https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Paginas/Resultados-monitoreo-cultivos-2023-no-son-ajenos-a-presion-global-por-aumento-de-demanda.aspx.

1.2.2.3 Susceptibilidad a desastres naturales y cambio climático: adaptación y mitigación.

La posición geoestratégica de Colombia, en el trópico y entre los océanos Atlántico y Pacífico, la hace altamente susceptible a desastres hidrometeorológicos y fenómenos climáticos extremos. La intervención humana y concretamente la deforestación y la expansión de la frontera agrícola y ganadera, agrava esta situación, afectando de manera directa al desarrollo y bienestar de las comunidades, especialmente a aquellas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)³⁸, en el ejercicio de 2024 registró cerca de 9.000 fenómenos naturales extremos en todo el país. Las condiciones geológicas y climáticas provocan que la mayoría de los desastres que ocurren en el territorio sean de origen hidrometeorológico, lo que se ve acentuado por las intervenciones antrópicas, como el uso del suelo en actividades agrícolas, ganaderas y la deforestación. Así, se contabilizaron 6.293 incendios forestales y 644 inundaciones.

³⁸ Presidencia de Colombia (27 de diciembre de 2024). En 2024 se registraron más de 9.000 emergencias por fenómenos naturales, la mayoría incendios forestales. Recuperado de: https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/En-2024-se-registraron-mas-de-9000-emergencias-por-fenomenos-naturales-la-mayoria-incendios-forestales-241227.aspx.

En cuanto a las afectaciones humanas, el Registro Único de Damnificados (RUD)³⁹ reportó en 2024 un total de 482.533 personas y 137.489 viviendas afectadas en la temporada de lluvias (inundaciones, vendavales, movimientos en masa, erosión costera y torrenciales), y 178.343 personas y 20.752 viviendas en la temporada seca (sequías e incendios).

³⁹ Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Registro único de Damnificados.

El análisis de Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación al Cambio Climático del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC)⁴⁰ identifica como principales efectos el aumento de la inseguridad alimentaria, la pérdida acelerada de hábitat humano y la afectación de infraestructura. Se estima que para 2040 el 59 % de los municipios estará en riesgo entre «Medio» y «Muy Alto», y el 25 % en Riesgo Alto, siendo las regiones más expuestas la Andina, Amazónica y Pacífica.

⁴⁰ Sistema de Información Ambiental de Colombia. Vulnerabilidad, Riesgo y adaptación.

Ante este panorama, la adaptación y mitigación se consolidan como prioridades nacionales, con un sólido marco legal encabezado por la Ley 2169 de 2021 (Ley de Acción Climática), que fija metas de desarrollo resiliente y bajo en carbono. Este marco se complementa con el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y la NDC actualizada en 2020, que concretan los compromisos internacionales del país. En conjunto, estas iniciativas buscan reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia comunitaria, priorizando a las poblaciones en mayor riesgo.

1.2.3 Prosperidad.

1.2.3.1 Información macroeconómica.

Según datos de la ECV 2023⁴¹, para ese año, el PIB de Colombia fue de 1.572.458 miles de millones de pesos y la renta per cápita alcanzó los 6.964 dólares estadounidenses (US$). Así, la economía se encuentra retornando a su senda de crecimiento habitual, tras las elevadas tasas de crecimiento del 10,8 % y 7,3 % experimentadas en 2021 y 2022 respectivamente, como síntoma de recuperación tras la pandemia del COVID-19. Cabe recordar que, en 2020, se observó una contracción del PIB de 7,2 % que provocó una importante pérdida temporal de empleo y elevó la tasa de desempleo a niveles superiores al 20,0 % durante algunos meses.

⁴¹ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2024). PIB por departamento. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales.

Se espera que la economía continúe mejorando su desempeño y que la inflación regrese al objetivo de las autoridades monetarias. El crecimiento se proyecta en 2,7 % para 2025 y 3,0 % para 2026, apoyado por una política monetaria menos restrictiva, así como por la recuperación de la inversión pública y privada. Por su parte, la inflación se proyecta en 4,5 % en 2025 y 3,2 % en 2026, acercándose al objetivo de 3,0 % fijado por el Banco de la República. Sin embargo, este pronóstico está sujeto a riesgos a la baja relacionados con choques geopolíticos y tensiones comerciales que puedan afectar la actividad mundial.

1.2.3.2 Empleo.

Para el mes de enero de 2025, según determina el DANE⁴², la tasa de desocupación del total nacional fue 11,6 %. En cuanto a las tasas de informalidad, en el último trimestre de 2024, se reportó una proporción de personas ocupadas informales del 55,8 %.

⁴² Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE-Empleo y desempleo.

Atendiendo a los datos desagregados por sexo, un análisis del DANE sobre la GEIH 2024⁴³ muestra que, para el último trimestre de 2024, la tasa de desocupación se situó en el 11,2 % para las mujeres y del 7,1 % para los hombres. Además, las mujeres ocupadas en Colombia ganaron, en promedio, un 6,3 % menos al mes que los hombres durante 2024. Las brechas salariales más significativas se producen en mujeres con bajos niveles educativos, llegando al 39,3 % de diferencia en zonas rurales.

⁴³ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025). Boletín Técnico. Mercado laboral según sexo. Recuperado de: Boletín mercado laboral según sexo.

1.2.3.3 Economía y desarrollo rural.

Hasta julio de 2025, la Agencia Nacional de Tierras (ANT)⁴⁴ registraba 934 resguardos indígenas formalizados, que suman más de 35.069.072 ha –el equivalente al 30,7 % del área continental del país aproximadamente–. En cuanto a los Consejos Comunitarios Afrodescendientes con Titulación Colectiva de la propiedad, en 2024 se contabilizan 262, un total de 5.700.656 ha donde viven 418.440 personas. Además, existen 213 Consejos Comunitarios solicitantes de titulación que cumplen con los requisitos y que, en total, pretenden un total de 759.717 ha que albergarían a 115.259 personas más⁴⁵.

⁴⁴ Agencia Nacional de Tierras. Portal de Datos Abiertos-Resguardo Indígena Formalizado.

⁴⁵ Consejo Nacional Afrocolombiano (2024). Declaración Política Encuentro Nacional de Consejos Comunitarios del Pueblo Negro Afrocolombiano. Recuperado de: https://conpa.org.co/images/CONSEJOS_COMUNITARIOS/Declaracion_Politica_Encuentro_Nacional_de_Consejos_Comunitarios_abril_2024.pdf.

En relación con el empleo, los últimos datos del DANE⁴⁶ sobre indicadores del mercado laboral para la población campesina, estiman una TGP del 60,8 % en 2024, más de un 4 % menos que la población no campesina, y una tasa de ocupación del 55,7 %, casi el 3,5 % menos que la población no campesina. La rama de actividad con mayor participación de población campesina ocupada fue Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (42,8 %), seguida de Comercio y reparación de vehículos (12,1 %).

⁴⁶ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025). Mercado laboral de la población campesina. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHMLPC-oct-dic2024.pdf.

Entre otros indicadores relevantes, las subregiones rurales, remotas y cercanas a ciudades, presentan altos niveles de pobreza multidimensional, con importantes carencias asociadas a distintas variables. Entre ellas, el bajo logro educativo, rezago escolar, analfabetismo, informalidad del empleo, menor acceso a servicios de salud y servicios públicos domiciliarios, restricciones en la conectividad a internet (8,7 % a banda ancha), falta de infraestructuras, escasa y débil presencial estatal, insuficiente tecnificación de los procesos, falta de relevo generacional, etc.

Además de estos problemas, la actividad armada y la producción y tráfico de ilícitos desestructuran la asociatividad rural, laminan los liderazgos comunitarios, desplazan población a cabeceras municipales que no tienen capacidad de absorber esa mano de obra y generan despoblación en el campo y marginalidad e inseguridad en centros urbanos.

1.2.3.4 Economías ilícitas.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)⁴⁷ estima que el número de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos supera las 200.000, siendo el principal productor de cocaína del mundo. Nariño sigue siendo el departamento con mayor cantidad, a pesar de presentar una reducción del 8 % en el área sembrada con coca. Por su parte, Putumayo, Meta y Chocó también redujeron los cultivos de coca. Los mayores incrementos se han producido en Norte de Santander, con un 19 %; Bolívar, en un 39 %; y Cauca, con un 7 %.

⁴⁷ Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2024). Colombia. Monitoreo de Territorios con presencia de cultivos de coca 2023. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_informe_monitoreo_2023.pdf.

La minería ilegal es otro de los componentes relevantes de las economías ilegales. En el informe de la UNODC, se identifica que las áreas afectadas en el país por la extracción ilícita de oro pasan de 92.046 en 2020 a 98.028 en 2024 y que el 48 % de estas áreas se encuentran dentro de zonas de áreas naturales protegidas. Constituye un eje central en la financiación del conflicto armado y genera grandes efectos ambientales nocivos por el vertimiento de altos niveles mercurio en fuentes hídricas y fenómenos de deforestación.

Asimismo, entre otras economías ilícitas, destacan el contrabando, la falsificación y adulteración de productos, el lavado de activos o la trata a de personas. Según la DIAN⁴⁸, el contrabando en Colombia representó el 2 % del PIB nacional en 2023 y las bandas criminales reciben cada año por lavado de activos y financiación del terrorismo el equivalente al 1,3 % del PIB de Colombia.

⁴⁸ Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (8 de abril de 2025). En Cartagena, Director general DIAN anuncia meta de disminución del contrabando para 2026. Comunicado de Prensa N°035. Recuperado de: https://www.dian.gov.co/Prensa/Paginas/NG-Comunicado-de-Prensa-035-2025.aspx.

1.2.3.5 Principales problemas que afectan a instituciones y poderes públicos en Colombia.

Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2024, en el que Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100, ubican al país en el puesto 92 de 180, descendiendo 5 puestos en el ranking global⁴⁹. Según la Encuesta de Cultura Política (2023) del DANE⁵⁰, el 51,5 % de las personas adultas mayores de 18 años, al ser indagadas sobre cómo perciben el nivel de corrupción en el país, consideran que dicho nivel ha aumentado con respecto al resultado de 2021.

⁴⁹ Transparencia por Colombia (2025). Colombia no logra superar sensación de corrupción generalizada. Comunicado 1-2025. Recuperado de: https://transparenciacolombia.org.co/colombia-no-logra-superar-sensacion-de-corrupcion-generalizada/#:~:text=Bogot%C3%A1%2C%20febrero%2011%20de%202025,es%20percibido%20como%20muy%20corrupto.

⁵⁰ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2024). Boletín técnico-Encuesta de Cultura Política 2023. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECP/bol-ECP-2023.pdf.

Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND)⁵¹ identifica como problemas de las Administraciones Públicas los relacionados con duplicidad de funciones, insuficiente integración e interoperabilidad de sistemas de información, así como carencia de instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación. La planeación e inversión de proyectos del GNC, en el marco del PND 2022-2026, se realiza de forma coordinada con el nivel territorial, aunque los flujos de financiación de la descentralización son lentos e insuficientes.

⁵¹ Departamento Nacional de Planeación (2023). Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Recuperado de: https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026.

Además, la desactualización de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) a nivel municipal, sus deficiencias de información y la falta de incorporación en los mismos de estudios básicos sobre riesgos de desastres se relaciona, entre otras cuestiones, con la correspondiente desactualización de la cartografía y el catastro, que no interoperan con el registro de la propiedad ni con los demás sistemas de información territorial.

1.2.4 Paz.

1.2.4.1 Conflictividad y violencia en Colombia: fenómenos y contexto.

Después de más de 60 años de conflicto armado, y ocho años después de la firma, en noviembre de 2016, del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (AFP), el conflicto se ha transformado ante el fortalecimiento de otros grupos armados organizados y delictivos que se disputan el territorio antes controlado por las extintas FARC-EP, con una relación directa con la continuidad del negocio de las economías ilícitas. La necesidad de consolidación de presencia institucional en estos territorios, en términos de provisión de servicios básicos, es imperativa para evitar la expansión y el control social que ejercen los grupos armados.

El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)⁵² de 2023 señala que el 79 % de las personas encuestadas consideraban que el conflicto armado se había mantenido en sus comunidades o que podía reactivarse. Asimismo, ha aumentado la percepción de que las organizaciones criminales y los grupos armados son responsables de impartir justicia en los territorios, pasando del 8,8 % en 2021 al 22,4 % en 2023; mientras que la percepción de la ciudadanía sobre que es el Estado quien imparte justicia en el territorio descendió del 73,6 % en 2021 al 52,9 % en 2023.

⁵² Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Colombia. (s/f). Escuchar la Paz-Informe 2024. https://www.undp.org/es/colombia/paz-justicia-reconciliacion/escuchar-la-paz.

En 2024, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)⁵³ verificó 72 masacres⁵⁴, lo que implica una disminución del 27 % con respecto a las verificadas en 2023. Estas masacres dejaron 252 víctimas, 12 de ellas pertenecientes a pueblos étnicos.

⁵³ Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2025). Situación de los derechos humanos en Colombia-Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General. https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2025/02/02-24-2025-Final-Informe-Anual-Alto-Comisionado-Colombia-Castellano.pdf.

⁵⁴ Ejecución extrajudicial de tres o más personas en un mismo evento.

La violencia tiene consecuencias especialmente intensas en los territorios rurales y rurales dispersos, donde se contabilizan más de 260.000 muertos y 80.000 desaparecidos desde que comenzó el conflicto. Por regiones, la Defensoría del Pueblo⁵⁵ considera que Chocó, Cauca y Nariño, todos ellos en la región Pacífico, son los departamentos con mayor incidencia por el conflicto armado en 2024. En este sentido, es necesario poner el foco también en la emergencia que se ha desatado en el Catatumbo (Norte de Santander) durante el primer trimestre de 2025⁵⁶, afectando a más de 80.000 personas y disparando la cifra de desplazamientos forzados.

⁵⁵ Defensoría del Pueblo (2024). Diagnóstico de derechos humanos en Colombia. Recuperado de: https://www.defensoria.gov.co/documents/20123/3046744/Diagno%CC%81stico+DDHH+10deDiciembre.pdf/22257d7c-68fa-b8eb-a90a-c26071f89044?t=1733862133975.

⁵⁶ OCHA. (2025b). Colombia | Reporte de Situación No. 01: Impacto humanitario por desplazamiento masivo y confinamiento en Catatumbo (Norte de Santander). https://www.unocha.org/publications/report/colombia/colombia-reporte-de-situacion-no-01-impacto-humanitario-por-desplazamiento-masivo-y-confinamiento-en-catatumbo-norte-de-santander.

De la misma manera, el conflicto tiene impactos diferenciales para los grupos étnicos. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)⁵⁷ en 2024 fueron desplazadas 51.623 personas –un 18 % menos que en 2023– de las que al menos el 50 % pertenece a pueblos indígenas y afrodescendientes. Asimismo, se estima un total de 138.419 personas confinadas durante 2024, lo que supone un alarmante aumento del 58 % respecto al año anterior, y que eran en un 66 % de pueblos indígenas y afrodescendientes.

⁵⁷ OCHA. (2025). Cifras de desplazamiento forzado y medición de Superación de la Situación de Vulnerabilidad (SSV). https://www.unocha.org/publications/report/colombia/colombia-cifras-de-desplazamiento-forzado-y-medicion-de-superacion-de-la-situacion-de-vulnerabilidad-ssv.

Además, el ya citado informe de la Defensoría del Pueblo hace énfasis en los mayores riesgos que el conflicto armado supone para las mujeres y las niñas, incluyendo migrantes, indígenas, afrodescendientes, mujeres en condición de vulnerabilidad y lideresas. La OACNUDH refiere un aumento en el número de asesinatos y castigos contra las mujeres defensoras, así como en casos de violencia por razón de género, ejercidos como forma de control social y territorial por los actores armados, y de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Preocupa especialmente la incidencia de la violencia sexual ejercida contra mujeres indígenas y afrodescendientes, personas migrantes y NNA víctimas de reclutamiento, así como la trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas, incluyendo información sobre violaciones, uniones tempranas y anticoncepciones forzadas afectando a niñas reclutadas menores de edad. Asimismo, documentó casos de homicidios, amenazas, desplazamientos y lesiones contra personas por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género diversa.

Por último, entre las diferentes formas de violencia que se enfrentan en estos territorios destacan, por su gravedad y frecuencia, las amenazas, atentados y asesinatos de líderes y lideresas sociales, defensoras de derechos humanos, de la implementación del AFP, de la restitución de tierras, de la sustitución de cultivos, de la naturaleza, de los derechos LGTBIQ+ y/o de personas firmantes de paz El último informe del Secretario General de NNUU⁵⁸ sobre los hallazgos de la Misión de Verificación de Naciones Unidas (MVNU) informa que, en cuanto a la violencia contra excombatientes, la Misión registró el asesinato de 11 exmiembros de las FARC-EP en 2024. El número total de homicidios de excombatientes desde la firma del AFP es de 406 (incluidas 11 mujeres, 57 afrocolombianos y 49 indígenas).

⁵⁸ Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (26 de diciembre de 2023). Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. https://docs.un.org/es/S/2023/1033.

Desde 2022, en cumplimiento del numeral 6.1.1 del Acuerdo Final de Paz, el Gobierno llevó a cabo un proceso de revisión del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz (PMI). Esto permitió ajustar indicadores, mejorar su medición y reconfigurar la visión estratégica del AFP como política de Estado a corto, mediano y largo plazo, incluyendo elementos fundamentales pactados en el AFP que no fueron contemplados en la formulación inicial y estableciendo con mayor precisión las responsabilidades institucionales. Igualmente, esta revisión persigue incorporar los enfoques diferenciales y robustece los compromisos de la institucionalidad frente a los componentes de género y étnico.

Asimismo, continúa la implementación de la Reforma Rural Integral, del que trata el Punto 1 del Acuerdo Final de Paz, mediante la implementación de los 16 Planes Nacionales Sectoriales, los PDET, el catastro multipropósito y el acceso y formalización de tierras, ya que permite dar cuenta de prioridades para la aceleración en la implementación del AFP.

1.2.4.2 Víctimas.

Con corte a 31 de enero de 2025, el Registro Único de Víctimas (RUV)⁵⁹ tiene reconocidas 9.888.182 personas que individualmente han sido afectadas por algún hecho a raíz del conflicto. De estas, 7.717.477 son reconocidas como víctimas que cumplen los requisitos para acceder a las medidas de atención y reparación establecidas en la ley, mientras que las 2.170.705 restantes han resultado fallecidas, desaparecidas forzadas, víctimas de homicidio o no están activas para la reparación ofrecida.

⁵⁹ Registro Único de Víctimas. Registro Único de Víctimas (RUV) | Unidad para las Víctimas (Visitado el 05 de marzo de 2025).

Según cifras reportadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) ⁶⁰, hasta agosto de 2024 se incluyó un total de 1.183 sujetos en ruta de reparación colectiva. Con respecto a la restitución de tierras despojadas, la Unidad de Restitución de Tierras (URT)⁶¹, encargada del proceso de tramitación administrativa de las reclamaciones, ha recibido un total de 162.293 solicitudes de inscripción presentadas por 143.105 titulares, a 31 de enero de 2025. Hasta la fecha, se han restituido un total de 814.000 hectáreas del total de 6.500.000 que fueron abandonadas o despojadas, lo que equivale a un 12,5 %⁶². Al ritmo que se implementa esta política, y dado que su carácter transicional la extiende hasta 2031, se corre el riesgo de excluir de la restitución y/o reparación a la mayoría de las víctimas del país.

⁶⁰ https://www.unidadvictimas.gov.co/.

⁶¹ Unidad de Restitución de Tierras. Estadísticas de Restitución.

⁶² Fundación Forjando Futuros (febrero de 2025). Análisis de las restituciones en el país. Recuperado de: INFOGRAFIA-FEBRERO-2025.

1.2.4.3 Afectados por Minas Antipersona.

El incremento en la utilización de minas antipersona es una gran preocupación en el marco de las nuevas dinámicas del conflicto armado posterior a la firma de AP de 2016. La confrontación territorial entre grupos armados ha supuesto la «siembra» de nuevas minas en territorios, fundamentalmente en Nariño, Chocó, Norte de Santander, Bolívar, Antioquia y Cauca. Según las Estadísticas de Asistencia Integral a las Víctimas⁷¹, en 2024 se registraron un total de 104 víctimas, de las cuales 43 pertenecían a la fuerza pública y el resto eran civiles.

Se resalta el compromiso de Colombia en su lucha contra las minas antipersonal, este año solicitó una prórroga para extender el plazo de cumplimiento de sus compromisos ante la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal, la cual se encuentra en proceso de aprobación.

1.2.4.4 Reclutamiento y uso de niños, niñas, jóvenes y adolescentes (NNJA).

La Defensoría del Pueblo⁶³ ha alertado de un incremento del 49 % en las violaciones graves de los derechos humanos de NNJA en el marco del conflicto, siendo el reclutamiento forzado una de las problemáticas más alarmantes. De acuerdo con el informe, durante el 2024 se registraron al menos 463 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, con un 74 % de los casos concentrados en el Pacífico colombiano y la frontera con Venezuela.

⁶³ Acción Integral Contra Minas Antipersonal (2025). Estadísticas de Asistencia Integral a las Víctimas de MAP y MUSE [Data set]. Recuperado de: https://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/estadisticas-de-victimas.

De igual forma, el Grupo de Trabajo sobre los Niños y los Conflictos Armados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas⁶⁴ ha manifestado su preocupación por el aumento del reclutamiento y utilización de NNJA en el marco del conflicto. El informe hace un llamado explícito a fortalecer las acciones de prevención y protección de estos y exhorta a buscar soluciones duraderas para los NNA desplazados internos, prestando atención específicamente a la infancia indígena y afrodescendiente, y a la infancia refugiada y migrante.

⁶⁴ Grupo de Trabajo sobre los Niños y los Conflictos Armados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (6 de septiembre de 2024). Conclusiones sobre los niños y el conflicto armado en Colombia. Recuperado de: https://docs.un.org/es/S/AC.51/2024/4.

1.2.4.5 Trata de personas.

Según datos publicados por el Ministerio del Interior y la UNODC⁶⁵, en 2024 se reportaron en Colombia 416 casos de trata de personas. De ellos, en 352 casos, el 85 % del total, las víctimas fueron mujeres, de las que 28 eran niñas y adolescentes. En casi el 74 % de los casos, la finalidad del delito fue la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, seguida por trabajos o servicios forzados, con el 10,5 % de los casos.

⁶⁵ Ministerio del Interior, Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Visor Nacional de Información sobre Trata de Personas (Visitado el 22 de agosto de 2025).

Atendiendo a la serie histórica, entre 2008 y 2024 se han reportado más de 2.160 casos. No obstante, resulta particularmente preocupante el aumento progresivo y sostenido que viene experimentando este delito en el último lustro. El número de casos registrados se ha cuadriplicado desde 2020, cuando se reportaron 104 casos, y ha aumentado un 60 % con respecto a 2023, con 258 casos registrados.

Los principales países de destino se encuentran en América Latina, destacando, además de Colombia, México, Ecuador, Perú y República Dominicana. Fuera de la región, los dos países más frecuentes son China y España.

En el informe que la Relatora Especial de NNUU para la trata de personas, especialmente mujeres y niños, elaboró tras su visita a Colombia en 2023⁶⁶, manifestó expresamente su preocupación por la incidencia de la trata relacionada con el conflicto y la presencia de grupos armados que se dedican a la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Apuntó a los estereotipos de género y a la discriminación sistémica contra las mujeres y las niñas, así como a la persistente discriminación racial que afecta, en particular, a las comunidades indígenas y afrocolombianas, como factores que han contribuido a una normalización del fenómeno del reclutamiento de menores con fines de explotación sexual, matrimonio infantil y forzado y esclavitud sexual.

⁶⁶ Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas (2024). Visita a Colombia. Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Siobhán Mullally. Recuperado de: https://docs.un.org/es/A/HRC/56/60/Add.1.

1.2.4.6 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Los PDET, creados en el marco del AFP, son instrumentos de planeación y gestión para la priorización de necesidades de desarrollo en el territorio colombiano. En un ejercicio ampliamente participativo se impulsaron 16 PDET, que incluyen 170 municipios especialmente afectados por el conflicto armado y con índices elevados de pobreza.