Acta de la XI Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación por la que se aprueba el Marco de Asociación País España-Colombia 2025-2030, hecha en Madrid el 18 de noviembre de 2025

En total, con su implementación se espera impactar a 6,6 millones de personas, de las que 2,5 millones son víctimas del conflicto armado, y que suponen el 24 % de la población rural del país⁶⁷. De acuerdo con el DANE⁶⁸, en 2024, el 24,4 % de la población de los municipios priorizados por estos programas se encontraba en situación de pobreza multidimensional.

⁶⁷ Agencia Nacional de Renovación del Territorio. Todo sobre el PDET (Visitado el 20 de agosto de 2025).

⁶⁸ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (julio de 2025). Boletín técnico. Pobreza multidimensional en los municipios PDET 2024. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/bol-PMPDET-2024.pdf.

De acuerdo con el índice de Incidencia del Conflicto Armado 2023, elaborado por la DNP⁶⁹, en 2023 el 61,7 % de los municipios PDET presentaba Alta o Muy Alta incidencia del conflicto armado Según el último informe de seguimiento a los PDET, publicado por la Agencia de Renovación del Territorio (ART)⁷⁰, el 94 % del total de ha de coca reportadas en el país en 2023 se encontraba en los municipios priorizados, observando un incremento del 35,3 % de ha desde 2018. Otro dato alarmante es la tasa de secuestros que, situándose en los 3,3 por cada 100.000 habitantes, indica una tendencia al alza y significativamente más alta que en el resto del territorio nacional.

⁶⁹ Subdirección de Derechos Humanos y Paz. Actualización IICA 2017-2023. Recuperado de: Mediciones, seguimiento y evaluaciones.

⁷⁰ Agencia de Renovación del Territorio (2023). Informe de implementación de los PDET 2023. Recuperado de: https://centralpdet.renovacionterritorio.gov.co/documentos/informe-de-seguimiento-a-la-implementacion-de-los-pdet-2023/.

Los PDET incluyen 33.007 iniciativas para transformar los territorios, formuladas por la comunidad en procesos participativos, que se agrupan en 8 ejes temáticos, denominados pilares: 1) Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo; 2) Infraestructura y adecuación de tierras; 3) Salud rural; 4) Educación rural y primera infancia; 5) Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural; 6) Reactivación económica y producción agropecuaria; 7) Garantía progresiva del derecho a la alimentación; y 8) Reconciliación, convivencia y construcción de paz.

El AFP establece el enfoque de género como un componente transversal, lo que implica un reconocimiento de las afectaciones diferenciadas del conflicto sobre las mujeres y personas LGBTIQ+. Su implementación y alcance en los territorios implica la participación de las mujeres en los procesos de construcción y seguimiento de los PDET, por lo que resulta fundamental la formación y empoderamiento de las mujeres rurales en temas de participación.

1.2.4.7 Reincorporación de excombatientes.

Según el último informe de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN)⁷¹, a principios de 2025 se contabilizan un total de 77.005 personas desmovilizadas, de las cuales 65.375 son hombres y 11.630 mujeres. Un total de 29.599 personas habrían culminado el proceso de reintegración y 1.193 la reintegración especial, mientras que 11.831 personas continuarían en proceso de reincorporación. Asimismo, un total de 6.003 proyectos de emprendimiento han sido aprobados para la consolidación de fuentes de ingresos sostenibles en el mediano y largo plazo, con un total de 11.066 excombatientes beneficiarios.

⁷¹ Agencia de Reincorporación y Normalización. Páginas-La Reintegración en cifras.

En la actualidad, el gobierno avanza en la constitución del Sistema Nacional de Reincorporación, instancia a través de la cual se coordinará y articulará la oferta institucional necesaria para implementar el Programa de Reincorporación Integral, que busca generar capacidades y condiciones para el acceso y goce efectivo de los derechos de los sujetos en reincorporación.

No obstante, cabe destacar que la MVNU⁷² ha alertado del goteo constante en los asesinatos de excombatientes de las antiguas FARC-EP y firmantes del AP. Con los 33 reportados en 2023, suman un total 406 excombatientes asesinados desde que se firmó el acuerdo.

⁷² Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (26 de diciembre de 2023). Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Informe del Secretario General. Recuperado de: https://docs.un.org/es/S/2023/1033.

1.2.4.8 Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR).

El SIVJRNR, elemento sustantivo del AFP, engloba un conjunto de instancias y mecanismos judiciales y extrajudiciales destinados a garantizar la reparación de los derechos de las víctimas y la no repetición, asegurando la rendición de cuentas y la seguridad jurídica de quienes participen en el proceso.

En primer lugar, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), creada para esclarecer las violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que ocurrieron en el marco del conflicto. Culminó su labor y presentó su Informe final en junio de 2022, que apunta a las transformaciones estructurales necesarias para la no repetición del conflicto, y es un documento fundamental para el trabajo de la Cooperación Internacional en Colombia. Para avanzar en la implementación de las recomendaciones de la CEV se crea el Comité de Seguimiento y Monitoreo, instancia que ha avanzado en la articulación con las entidades del Gobierno nacional para garantizar la coordinación institucional.

En segundo lugar, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. Su existencia no podrá ser superior a 20 años y es competente para conocer de los delitos los cometidos por excombatientes de las antiguas FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles.

Por último, la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) tiene como objetivo dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y debido al conflicto armado. De igual manera, tiene competencia sobre las desapariciones ocurridas antes de 2016 y su mandato es de 20 años.

1.3 La Cooperación Española en Colombia.

1.3.1 Antecedentes.

El conflicto armado que sufre Colombia desde hace seis décadas ha sido el principal obstáculo para su desarrollo y lo que justifica la dimensión de la importante presencia de la Cooperación Española. Desde la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en 2016, se han intensificado los esfuerzos para apoyar la implementación de su contenido y la lucha contra las desigualdades estructurales. Las relaciones de cooperación entre Colombia y España se sustentan en:

– Convenio Cultural, suscrito el 11 de abril de 1953.

– Convenio Básico de Cooperación Científica y Tecnológica suscrito el 27 de junio de 1979.

– Convenio Marco de Cooperación entre Colombia y España, que sustituye al Convenio básico de 1979. El Congreso de los Diputados y el Senado dieron en 2018 su autorización para que el Estado español pueda obligarse al Convenio. Pendiente de aprobación por la parte colombiana.

– Acuerdo Complementario General de Cooperación del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica, firmado el 31 de mayo de 1988.

– Tratado General de Cooperación y Amistad entre la República de Colombia y el Reino de España, firmado el día 29 de octubre de 1992.

Si bien la Cooperación Española tiene una trayectoria de más de 35 años en Colombia, es a partir de 2016 cuando se incrementa el esfuerzo presupuestario y se empieza a concentrar en la construcción de paz (78,5 millones de euros para este objetivo entre 2020-2024), como consecuencia de la firma del Acuerdo Final de Paz. Colombia es el país de América Latina que recibe mayor volumen de fondos de la Cooperación Española, con una importante presencia de cooperación descentralizada y múltiples organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) españolas.

En la X Comisión Mixta Hispano-Colombiana de Cooperación, celebrada en febrero de 2021, se aprobó el MAP para el período 2020-2024, que mantiene el enfoque centrado en construcción de paz y feminismo, además de atender al impacto del éxodo venezolano, alineándose plenamente con los ejes prioritarios de la acción del gobierno colombiano y el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. La previsión de Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) de toda la Cooperación Española para Colombia recogida en el MAP 2020-2024 fue de 120M € (70M € cooperación no reembolsable y 50M € reembolsable); aunque los cálculos hasta 2024 han superado esas cifras, llegando a 237M €. Colombia fue en 2023 el primer receptor de AOD española según el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. Estos datos engloban tanto los desembolsos realizados en Colombia, a través de los instrumentos y mecanismos de cooperación en Colombia, como los desembolsos realizados en territorio español en el marco de los programas de asilo y refugio de protección internacional. Esta dimensión interna de la AOD a Colombia en España es relevante, ya que Colombia es el segundo país de origen de las personas que solicitaron protección internacional en España. 2022 fue un año récord, con 36.012 solicitudes (sólo superado por el número de peticiones de población venezolana, crisis migratoria que se solapa en Colombia).

La cooperación entre España y Colombia se caracteriza por la presencia de multiplicidad de actores. En la Administración General del Estado española destacan el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y su Agencia Española Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), así como el Ministerio de Sanidad, el Ministerio del Interior o el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y en cuanto a la cooperación descentralizada, 14 Comunidades Autónomas –destacando las aportaciones del País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura–, 10 diputaciones y 35 ayuntamientos, con importantes desembolsos de Barcelona, Madrid y Vitoria-Gasteiz. Por último, están activas en Colombia con proyectos de cooperación hasta 28 universidades españolas. España fue el sexto donante del país en 2024, aunque la salida de la cooperación estadounidense podría haber alterado esta posición.

Desde la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en 2016, los esfuerzos por acompañar el proceso de paz han sido el principal foco de trabajo. Además, como cooperación feminista, se han apoyado las políticas públicas de género a nivel nacional y local, impulsado la participación política y social de las mujeres, el nuevo Sistema Nacional de Cuidados y, sobre todo, la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres y las personas LGTBIQ+. El apoyo al desarrollo económico territorial es otro de los ámbitos de especialización, con el propósito de la reducción de las brechas de desigualdad; especialmente en aquellos territorios y poblaciones más afectados por el conflicto. El apoyo al proceso de paz cuenta con importantes aportes al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Comisión de la Verdad, Jurisdicción Especial para la Paz y Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas), para la implementación de los diferentes capítulos del acuerdo de paz, incluyendo el apoyo a la reincorporación e inclusión económica de los excombatientes de las antiguas FARC-EP. La elaboración del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado tanto en Colombia como en España en junio de 2022, fue apoyada por la AECID, además de contribuir técnica y financieramente al trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Asimismo, se apoya el trabajo de la Unidad para las Víctimas (UARIV), para las inversiones en reparación colectiva, además del Centro Nacional de la Memoria Histórica (CNMH), en la consolidación de las casas de la memoria en la región del Pacífico, con un esfuerzo participativo y con la sociedad civil víctima del conflicto. Es importante mencionar que, en la actualidad, la AECID está apoyando el proceso de diálogo con el ELN como parte del Grupo de Países de Acompañamiento, Apoyo y Cooperación a la Mesa de Diálogos (GPAAC), con 1M de euros desembolsados en el fondo conjunto con Alemania, Suecia y Suiza.

Por otro lado, cabe destacar que la AECID ha apoyado al Ministerio de Igualdad y Equidad desde su creación con aportes específicos a sus estrategias, en especial para el nuevo Sistema Nacional de Cuidados. Asimismo, también impulsa la participación política y social de las mujeres, con programas de autonomía económica, y fomenta la lucha contra todas las formas de violencia hacia mujeres y niñas, mediante el fortalecimiento de los servicios de prevención, atención y protección. Además, la DUE firmó a finales de 2023 una nueva operación de cooperación delegada liderada por AECID y ejecutada en conjunto con Francia, con el apoyo de Alemania, para el refuerzo institucional y social en los procesos de lucha contra la violencia hacia las mujeres en Colombia; con una contribución de 5,5M de euros (3,8 de la UE y 1,7 de la AECID).

El apoyo al desarrollo económico territorial es otro de los ámbitos de especialización de la Cooperación Española en Colombia. A este fin, la AECID ha impulsado alianzas público-privadas para el desarrollo (APPD) orientadas al fortalecimiento de cadenas productivas en varios territorios a través de la articulación de empresas, ONGD españolas y socios locales. Actualmente se encuentran en ejecución la APPD Café, Mujeres, Paz y Desarrollo, con la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca, TECNICAFÉ y la empresa española Supracafé; y la APPD para el desarrollo de la cadena de valor del camarón en San Andrés de Tumaco, Nariño. Destacan, además, los proyectos de desarrollo integral para los departamentos de Nariño, Chocó y Cauca, que apoyan los Planes Regionales de Desarrollo para los municipios afectados por el conflicto, mediante el fortalecimiento de las instituciones locales y de la sociedad civil. A estos proyectos se le ha sumado un nuevo programa de apoyo al municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

Asimismo, para el presupuesto de 2025 se prevé un crédito concesional del Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES) de 35M €, con 2M de donación, para trabajar conjuntamente con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en un programa de desarrollo rural con el Ministerio de Agricultura para el nuevo programa «Ruralidad para la vida». Este programa se lleva a cabo en el marco del apoyo a la Reforma Rural Integral que se establece en el primer capítulo del Acuerdo Final de Paz. Además, como continuidad y para la consolidación del trabajo productivo de la reincorporación de los firmantes del acuerdo de paz, se apoya a la Federación de las Cooperativas del Común (ECOMÚN) con un nuevo proyecto en coordinación con la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN) que se va a completar con un crédito concesional de 10M de euros del FEDES, a través de la cooperativa financiera CONFIAR.

La intervención en los Departamentos de Chocó, Nariño y Cauca, además del municipio de Buenaventura, con la ejecución de Proyectos de Desarrollo Territorial desde 2017, aborda múltiples necesidades relacionadas con el refuerzo institucional y la construcción de paz. Se busca promover el enfoque territorial mediante el desarrollo de una acción multisectorial, con gobernabilidad local, feminismo, desarrollo económico, agua y saneamiento. La AECID ha gestionado el proyecto de construcción de paz en Nariño con 8,5M € cofinanciado con el Fondo Europeo para la Paz en Colombia, y cuya continuidad acaba de ser aprobada con 2M € de fondos únicamente españoles. Para los proyectos del Chocó, Cauca y Buenaventura los montos comprometidos por la AECID son de 4.750.000 euros apoyando los planes departamentales de desarrollo y varios planes municipales de desarrollo. En estos momentos se está identificando un programa de desarrollo territorial para La Guajira y otro con el Norte de Santander (con especial foco en el Catatumbo).

También es necesario mencionar los apoyos de la Cooperación Española en el ámbito medioambiental, agua y saneamiento. La AECID ha canalizado, en el marco del programa Euroclima+, fondos delegados de la Unión Europea para un proyecto de apoyo al diseño e implementación de soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la resiliencia en los socio-ecosistemas marinos costeros de Colombia. Asimismo, Colombia es el país de América Latina y Caribe que cuenta con un mayor número de programas del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), con varios proyectos cerrados en 2024 y otros por iniciar en 2026.

Por otro lado, la Cooperación Española en Colombia se materializa a través de programas destinados a atender a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad. Dichos esfuerzos se concretan en el Programa Indígena, el Programa de Cooperación con Afrodescendientes y las Escuelas Taller (para la formación para el empleo de jóvenes en riesgo de exclusión social, y que hasta 2024 ha supuesto un desembolso de más de 15M €). Asimismo, la atención a la migración venezolana y el apoyo a los esfuerzos institucionales para la integración de las personas migrantes se han convertido en una de las líneas centrales del trabajo de la Cooperación Española, con contribuciones a Migración Colombia (para el registro y documentación), al Ministerio de Salud (para la atención pública en la Seguridad Social colombiana), al Ministerio del Interior (para la lucha contra la trata) y con apoyo a la atención a menores no acompañadas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (con reagrupación familiar en Venezuela). El proyecto con el Ministerio de Salud, cofinanciado por la UE con 15M €, se ha convertido en un aporte fundamental para el enfoque de universalización del derecho a la salud, sobre todo en lo que respecta a la salud sexual y reproductiva, con resultados de impacto para mujeres en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, Colombia ha sido una prioridad constante de la acción humanitaria de la Cooperación Española y actualmente es uno de los contextos priorizados en la Estrategia de Acción Humanitaria para la región de 2024-2025. Tradicionalmente, la acción humanitaria en Colombia (25M € entre 2021 y 2024), ha estado dirigida a aliviar las consecuencias de décadas de conflicto armado, y sigue siendo necesaria para paliar la situación de creciente violencia a la que está expuesta la población en las zonas rurales. Por este motivo, se siguen apoyando los esfuerzos por atender las necesidades de víctimas de desplazamientos masivos y ataques de grupos armados, así como de desastres naturales. Este apoyo se lleva a cabo mediante la financiación del trabajo del CICR, ACNUR y la coordinación del sistema humanitario por parte de OCHA, además del trabajo con organizaciones colombianas como la Cruz Roja, el Foro Interétnico de Solidaridad del Chocó, o Humanicemos Desminado Humanitario, como ejemplos de apoyo al triple nexo: humanitario, paz y desarrollo. Fortalecer el aterrizaje del triple nexo desde el contexto colombiano resulta un punto de alto interés para la Cooperación Española, entendiendo esta como el eje articulador de procesos de estabilidad, desarrollo y bienestar para los territorios y sus pobladores.

El triple nexo constituye la aspiración de articular los distintos ámbitos de actuación en humanitaria, paz y desarrollo donde la Cooperación Española ha jugado un papel importante, ampliando el impacto social y generando diálogo y sinergias entre distintos actores. Este esfuerzo por avanzar en la operativización del triple nexo en Colombia constituye no solo un aporte en sí mismo, sino que también genera valiosas lecciones y aprendizajes para otros contextos; gracias a proyectos como el Mecanismo Intersectorial de Respuesta a Emergencias (MIRE+) cofinanciado por la UE (ECHO) y Suiza, donde se apoyan procesos de atención a emergencias y recuperación temprana, claves para la garantía de un desarrollo sostenible.

1.3.2 AOD española a Colombia 2020-2024.

Según datos OCDE, España representó en 2024 el sexto donante a Colombia, después de Alemania, Estados Unidos, Francia, Suiza y la Unión Europea. La AOD española bruta total a Colombia entre 2020 y 2023 ascendió a 338M €, con contribuciones no reembolsables en el periodo del MAP 2020-2024 de 108M €, superior a los 70 M€ previstos. Tanto para la Administración General del Estado como para la cooperación descentralizada, el 90 % de la AOD 2020-2023 se ha dirigido a los ODS10 Reducción de las Desigualdades (40 %), ODS3 Salud y Bienestar (23 %), ODS16 Paz, justicia e instituciones sólidas (13 %), ODS5 Igualdad de género (7 %), ODS1 Fin de la pobreza (5 %), y ODS2 Hambre cero (4,5 %).

En Colombia hay una gran presencia de cooperación descentralizada, llegando en el periodo 2020-2023 al 19 % de la AOD española en el territorio. Además, teniendo en cuenta que Colombia es un país prioritario para la CE, cabe destacar que hay 32 organizaciones no gubernamentales que trabajan con representación permanente en el país. El ámbito de actuación prioritario de las ONGD es la ayuda humanitaria, la construcción de paz, los derechos humanos y derechos de las mujeres, seguidos por el desarrollo productivo.

1.3.3 Gobernanza del MA.

La Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación del MAP fue creada en 2015 como mecanismo de coordinación de alto nivel entre el Gobierno colombiano y la Cooperación Española. Dicha Comisión está conformada por la Cancillería, la Agencia Presidencial de Cooperación (APC-Colombia) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), por la parte colombiana y, por la Embajada y su OCE, por la parte española. La Comisión se reúne periódicamente para realizar un seguimiento conjunto de los programas de cooperación y tomar decisiones sobre la programación en el marco del MAP. En el seno de la Comisión se participó en la revisión final del MAP 2020-2024 y se comenzó la negociación de este MA 2025-2028, en noviembre de 2024.

El Grupo Estable de Coordinación funciona desde 2010 y tiene un carácter representativo, dado que aglutina a todos los actores de la Cooperación Española en Colombia. Está presidido por el Embajador y cuenta con la presencia de las Consejerías implicadas, el Centro de Formación en Cartagena de Indias, las ONGD, las empresas representadas por la Cámara de Empresarios españoles en Colombia, las agencias de cooperación descentralizada y las universidades representadas por la Agregaduría de Educación. Para la negociación de este nuevo Marco de Asociación, el Grupo Estable pasa a denominarse Equipo País, manteniendo un formato similar.

En servicios centrales, la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación convoca al Equipo País Ampliado, incluyendo a los ministerios con competencias dentro de la Administración general del Estado, la AECID, la cooperación descentralizada con mayor presencia en Colombia (País Vasco, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, y Ayuntamientos de Madrid, Vizcaya, Guipúzcoa, Barcelona), además de la Fundación Carolina, FIAP, universidades, el sector privado y las ONGD.

1.4 Cooperación Internacional en Colombia.

En Colombia, la Cooperación Internacional para el Desarrollo vive un momento de transición, nuevos escenarios y retos, donde la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el eje central, y frente al cual se debe buscar mejorar la eficacia de la cooperación.

Colombia es un país de Renta Media Alta, miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Esto le sitúa en un contexto de posible disminución de flujos de Cooperación Internacional no-reembolsable y obliga a toda la institucionalidad a trabajar de manera coordinada, para lograr una efectiva articulación y optimización de los recursos de Ayuda Oficial al Desarrollo de manera que contribuyan a avanzar en los actuales desafíos de desarrollo del país, promoviendo la consolidación de capacidades instaladas y sostenibles.

Colombia cuenta con varios instrumentos de referencia para orientar la cooperación que recibe el país, manteniendo el principio de apropiación y alineación:

– El Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia (SNCIC); principal mecanismo de articulación para la planificación, gestión y coordinación de la cooperación internacional no reembolsable en el país.

– La Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) 2022-2026, que indica los temas estratégicos priorizados por el Gobierno y susceptibles de apoyo de la Cooperación Internacional, y que responden a las líneas y metas de desarrollo nacional.

– Las mesas sectoriales y territoriales del Sistema Nacional de Cooperación, que integran las apuestas estratégicas intersectoriales y territoriales para la gestión entré institucionalidad, cooperación y aliados multiactor a través de planes de trabajo y portafolio de proyectos.

– El Plan Marco de Implementación (PMI), como principal instrumento de planeación estratégica para cumplir el Acuerdo Final de Paz de 2016.

– Los 16 Planes Naciones Sectoriales de la Reforma Rural Integral del Punto 1 del Acuerdo Final de Paz, creados para garantizar el cierre de brechas entre las zonas rurales y urbanas, así como la transformación territorial.

– Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creados en el marco del Acuerdo Final de Paz, y diseñados para transformar los territorios más afectados por el conflicto.

– Los Planes de Desarrollo Nacional, Departamentales y Municipales, que permiten identificar las necesidades específicas en el ámbito local.

– La Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) 2022-2026, que indica cuáles son aquellas solicitudes priorizadas por el Gobierno para el apoyo de la Cooperación Internacional, y que responden a las líneas y metas de desarrollo nacional.

Orientar la cooperación internacional a estos marcos institucionales, contribuye a que los recursos que reciba el país apoyen los esfuerzos del Estado en materia de desarrollo y construcción de paz, lo que conlleva una mayor eficiencia en el uso de estos recursos y sostenibilidad de las intervenciones a medio y largo plazo.

En este contexto, el Grupo de Cooperantes Internacionales (GRUC) es una instancia creada por la comunidad internacional en 2010 y con presencia de los principales donantes del país, para dar continuidad y profundizar la coordinación de la cooperación internacional. Al ser una instancia exclusivamente coordinada por donantes internacionales, el GRUC invita a sus sesiones de trabajo a distintas entidades del Gobierno, de manera que se fortalezca la coordinación de las acciones y se conozcan las prioridades de desarrollo que tiene el país. Adicionalmente, existen espacios de coordinación en el GRUC en materia de DDHH. Otros espacios de coordinación a nivel europeo abordan temas de género y trabajo con organizaciones de la sociedad civil. España asumió el liderazgo de dicho Grupo de Cooperantes en 2012 y en 2022, aportando un enfoque de trabajo coordinado con visión cercana a los territorios más afectados por el conflicto armado. Además, la Cooperación Española copreside el Subgrupo de Paz, Justicia Transicional y Derechos Humanos.

Asimismo, España participa en los principales espacios de coordinación en acción humanitaria: Equipo Humanitario País (liderado por NNUU) y Grupo de Donantes Humanitarios (liderado por ECHO).

Cuadro 3. Espacios de coordinación de donantes en Colombia

De acuerdo con cifras consolidadas por APC-Colombia, en 2023 se registraron 887,2M de dólares de cooperación internacional no reembolsable en 425 proyectos, para apoyar diferentes iniciativas en todo el territorio colombiano y priorizando los sectores de la ENCI: Cultura de Paz y Justicia; lucha contra las desigualdades; y construcción de paz e implementación del Acuerdo Final de Paz, con aportes cercanos a los 416 millones de dólares. De los recursos totales de ayuda no reembolsable recibidos en 2023, la Agencia Presidencial de Cooperación contabiliza que Estados Unidos aportaba el 73,2 % (509 millones), seguido de la Unión Europea con un 9,4 % (65 millones), Suecia un 4 % (28 millones) y España, en cuarto lugar, con un 3,1 % (22 millones), por encima de Alemania, Canadá, Suiza, Noruega e Italia. En cuanto a la alineación con los ODS, un 30 % de los recursos en ejecución contribuyen al cumplimiento del ODS 16, Paz, justicia e instituciones sólidas.

No obstante, se constata una disminución del 37 % de AOD con respecto a 2022, donde se contribuyó con más de 1.400M en Colombia, como reflejo de los cambios de las prioridades globales que también afectan a la cooperación de la UE. Además, con la desaparición de USAID en 2024, se prevé un recorte a la mitad de toda la cooperación internacional, con consecuencias graves en programas relacionados con la lucha contra las desigualdades en los territorios más afectados por el conflicto.

En el seno de la Unión Europea existe un espacio de coordinación entre la Delegación y los Estados Miembros con presencia en Colombia, que ha ido evolucionando de un enfoque de Programación Conjunta en el marco del Fondo Europeo para la Paz, pasando por las Iniciativas Equipo Europa (TEI, por sus siglas en inglés), hasta el «Global Gateway», que busca impulsar conexiones inteligentes, limpias y seguras en los sectores digital, energético y del transporte, así como fortalecer los sistemas de salud, educación e investigación, con una fuerte apuesta por la involucración del sector privado.

2. Resultados de desarrollo sostenible

2.1 Contribución a la Agenda 2030 Nacional.

Para la elaboración de este Marco de Asociación, la Cooperación Española se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 «Colombia Potencia Mundial de la Vida». Asimismo, se ha tenido en cuenta la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) 2022-2026, así como los planes sectoriales, departamentales y municipales. El Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia (SNCIC) coordina las acciones de todas las instituciones involucradas, especialmente con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), a través de los planes de trabajo de las mesas intersectoriales y territoriales, así como del portafolio de proyectos.

Tanto el Plan Nacional de Desarrollo como la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, que están enmarcados en la Agenda 2030 y establecen su correspondencia con los ODS, han adoptado un conjunto de objetivos estratégicos para el país, que toman en consideración las dimensiones sociales, económicas y ambientales del desarrollo sostenible y feminista, y cuentan con el objetivo de lograr la construcción de paz en los territorios más afectados por el conflicto armado, además de un desarrollo económico inclusivo.

Siguiendo esta estrategia de desarrollo de Colombia, la Cooperación Española contribuirá, a través de los distintos instrumentos y modalidades de los que dispone, a las diferentes metas y líneas de acción de los ODS en Colombia, para apoyar en sus reformas estructurales en el marco de las cinco dimensiones de la Agenda 2030: Personas, Prosperidad, Planeta, Paz, y Alianzas. Además, se tienen cuenta las prioridades de la triple transición (social, ecológica y económica) del Plan Director de la Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global 2024-2027.

2.2 Alcance territorial.

En el periodo 2025-2028, la Cooperación Española centrará sus actuaciones en la zona del Pacífico, (departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, así como en la región del Urabá); en el Caribe, especialmente en los Departamentos de Bolívar (incluyendo la región de los Montes de María) y La Guajira; y en la frontera con Venezuela, en el departamento de Norte de Santander, y en la región del Catatumbo. Dentro de esos departamentos y regiones, los proyectos se centrarán en los municipios PDET. En concreto, se prevé continuar con Programas de Desarrollo Territorial para la construcción de Paz en los departamentos de Nariño, Chocó, Cauca, La Guajira, Norte de Santander y el Catatumbo, además del compromiso con el municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

En relación con las actuaciones de los actores de la Cooperación Española, en el periodo anterior del MAP 2020-2024 se logró una buena complementariedad en estas zonas prioritarias, que recogen actualmente el 80 % de las actuaciones concentradas en estos departamentos priorizados.

Además de estos departamentos, y buscando aprovechar el valor añadido sectorial y territorial de todos los actores de la Cooperación Española en Colombia (ONGD, empresas y universidades), se podrán realizar acciones puntuales en otras zonas y especialmente en ciudades grandes como Bogotá, Barranquilla y Soacha.

2.3 Marco de resultados.

Se recogen a continuación los sectores y resultados intermedios priorizados por la Cooperación Española para el periodo, que contribuyen directamente a los resultados de desarrollo marcados por Colombia, se enmarcan en las prioridades estratégicas del Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027, y se alinea con los Indicadores de Rendición de Cuentas de la Cooperación Española (anexo II).

Además de la priorización sectorial, se tendrán en cuenta los enfoques transversales del Plan Director: 1) enfoque de derechos humanos, con especial atención al ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas, de las personas afrodescendientes, personas con discapacidad, derechos de la infancia, y derechos de las personas LGTBIQ+; 2) enfoque feminista y de género; 3) enfoque de lucha contra la pobreza y las desigualdades; 4) enfoque de justicia climática y sostenibilidad medioambiental; 5) enfoque de diversidad cultural; y 6) enfoque de construcción de paz.

2.3.1 Transición social.

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

Desde la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto entre el Gobierno y las antiguas FARC-EP, en noviembre de 2016, la Cooperación Española con una trayectoria de más de 35 años en Colombia, ha incrementado el esfuerzo presupuestario que se concentra en acompañar al país en la tarea de la construcción de una paz estable y duradera (78,5 millones de euros para este objetivo entre 2020-2024). Sin embargo, después de más de 60 años de conflicto armado, y ocho años después de la firma del Acuerdo Final de Paz, el conflicto interno y la violencia se han transformado ante el fortalecimiento de otros grupos armados organizados y delictivos que se disputan el territorio antes controlado por las extintas FARC-EP, dando continuidad al desarrollo de economías ilícitas.

En este escenario y en base a una visión compartida, los gobiernos de Colombia y España acuerdan seguir colaborando en el MA 2025-2028 con la prioridad de fortalecer las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil colombianas dedicadas a la construcción de paz, prevención de conflictos y protección de los derechos humanos, en base a los buenos resultados de los últimos años.

Esta voluntad se recoge en un resultado de desarrollo que se alcanzará a través de tres resultados intermedios.

El primer resultado de desarrollo, plenamente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, se inserta en el sector de gobernanza democrática del PD 24-27, específicamente en las líneas encaminadas a «promover procesos de construcción de paz y estabilidad democrática» y «promover la protección de las personas defensoras de los derechos humanos». Así mismo aporta al ODS 16, especialmente en las metas 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia (LA 16.1.A Acompañar procesos de establecimiento y consolidación de paz) y a la meta 16.3 Promover el Estado de Derecho y garantizar el acceso a la justicia.

Por tanto, la CE en Colombia a través del RI 1.1, pretende contribuir a acelerar la implementación del Acuerdo Final de Paz, garantizando los enfoques transversales de derechos humanos, género, étnico, territorial, y la centralidad de las víctimas en la construcción de paz, y apoyar el avance de los procesos de los nuevos diálogos de paz. La primera acción es continuar con un apoyo decidido al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) creado tras la firma en 2016. Específicamente se pretende, fortalecer los mecanismos de defensa jurídica para los diversos actores que se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para contribuir al relato de la verdad, como garantía de no repetición, consensuado fundamentalmente por las víctimas del conflicto, pero también con la sociedad colombiana en su conjunto. Se prioriza el acompañamiento para el fortalecimiento de las garantías de las víctimas para que puedan participar en los procesos judiciales, avanzar de forma más robusta en los programas de reparación individual y colectiva y en la articulación y trabajo sinérgico entre las diversas instituciones de la justicia transicional. Además, se continuará colaborando con Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y Unidad para las Víctimas (UARIV) para la reparación colectiva, en base a las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Es importante destacar el apoyo a la Instancia de Mujeres y a la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos, IEANPE, además de la contribución a la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI) a través de los 16 Planes Nacionales Sectoriales (PNS).

La intervención contribuirá a la implementación de la Reforma Rural Integral y se articulará con los objetivos de desarrollo territorial y reactivación económica del PND, reforzando la generación de ingresos y empleo digno, el fortalecimiento de capacidades locales, la inclusión social de poblaciones históricamente excluidas y la transición hacia una economía más sostenible, resiliente y justa. De esta manera, la Cooperación Española, en el marco del MA 2025-2029, trabajará de manera conjunta con las instituciones colombianas y las comunidades rurales en la construcción de paz y la transformación territorial, contribuyendo al cierre de brechas, a la reducción de la pobreza y a la consolidación de un desarrollo más justo, inclusivo y sostenible.

Las amenazas y asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de Derechos Humanos constituyen una de las mayores preocupaciones en este trabajo conjunto con el Estado colombiano. Dichas violaciones tienen mayor visibilidad gracias a los esfuerzos del Gobierno y de la Defensoría del Pueblo, siendo objeto de estrecho seguimiento por plataformas sociales público-privadas de múltiples países, incluido España, y suscitan gran preocupación y constantes declaraciones y manifiestos por parte de la comunidad internacional y las instancias especializadas del sistema multilateral.

En respuesta a esta realidad, las acciones que se establezcan van a centrarse en la prevención, la protección y el acceso a la justicia en los territorios; asimismo, deben mitigar la vulnerabilidad específica que sufren tanto las lideresas sociales y los grupos étnicos indígenas y afrocolombianos por el conflicto armado, el confinamiento y el desplazamiento forzado; así como el apoyo a las medidas necesarias para garantizar su derecho al autogobierno. Esos liderazgos son los principales aliados en territorio para avanzar en materia de construcción de paz y democracia, y su protección es clave para el avance del fortalecimiento del Estado Social de Derecho en estos territorios. Para todo ello se trabajará junto a instituciones públicas competentes en estos ámbitos de protección y promoción de derechos, con un enfoque territorial. Se hará de forma bilateral, con el refuerzo de sus capacidades y garantizando la extensión de su misión en los territorios de forma efectiva.

Es trascendental resaltar la especial atención que se dará para mitigar el impacto desproporcionado que sufren mujeres y niñas a causa del conflicto armado, en el marco del cumplimiento de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con medidas especiales de protección o autoprotección. Para ello, se propone acompañar los procesos que permitan fortalecer y consolidar los mecanismos de diálogo entre los diversos actores involucrados para consensuar estrategias de seguridad y protección. Otra línea de trabajo que se mantiene y refuerza es el compromiso con los firmantes de Paz, mujeres y hombres que abandonaron la lucha armada y trabajan por su reincorporación a la sociedad civil con apoyo de las instituciones públicas y privadas, y que a pesar de los grandes avances, siguen siendo víctimas de represalias.

La Cooperación Española continuará con el apoyo al mandato del Alto Comisionado de NNUU para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Colombia, además de apoyar a ONG colombianas y españolas defensoras de los derechos humanos en su labor de incidencia y protección de las comunidades, destacando el trabajo con desplazados y la prevención y protección de la infancia ante el aumento de reclutamiento de menores por los grupos armados, así como la promoción de espacios seguros (escuelas). Se prevé también la continuidad del trabajo con otras organizaciones internacionales cuya misión en el país es apoyar a las autoridades en su responsabilidad de protección de derechos humanos de manera efectiva; así como apoyar, en particular, la implementación de la política de construcción de paz, en el marco del Acuerdo Final de Paz a través de aportaciones a fondos canasta como a la OEA, Misión de Acompañamiento del Proceso de Paz (MAPP) y al Grupo de Países de Acompañamiento, Apoyo y Cooperación a la Mesa de Diálogos (GPAAC).

También se continuará trabajando con el enfoque del nexo acción humanitaria-desarrollo-paz (o triple nexo) con las poblaciones afectadas por crisis a fin de reducir sus necesidades humanitarias, a la vez que aborda las causas profundas clave para minimizar los riesgos y las vulnerabilidades a los que hacen frente.

El apoyo de la Cooperación Española a la sociedad civil colombiana seguirá siendo uno de los valores añadidos de este MA, apoyando las iniciativas ciudadanas de defensa y promoción de los derechos humanos. En este sentido, se destaca la labor de colaboración entre ONGD españolas con instituciones territoriales, así como organizaciones de sociedad civil especializadas, que aportan un valor agregado de conocimiento de comunidades especialmente vulnerables y acceso a ellas, y de trabajo conjunto con la institucionalidad en los departamentos priorizados por la Cooperación Española. Asimismo, la cooperación descentralizada española tiene una fuerte presencia en el ámbito y experiencia de años de trabajo consolidados en las regiones.

En este sector primordial se utilizarán todas las modalidades e instrumentos de la CE, tanto cooperación no reembolsable (destacando, en la acción de la AECID, el Programa Democracia) como reembolsable; incluyendo la financiación de la cooperación descentralizada y financiación a ONGD españolas, e impulsando también la cooperación técnica, la formación especializada enmarcada en los programas del MAUC y de la Fundación Carolina, entre otros, y la cooperación triangular para el intercambio de conocimientos con otros países.

La segunda estrategia que se acuerda en este MA (RI 1.2) se focaliza en la necesidad de acompañar la consolidación de presencia institucional (en términos de provisión de servicios básicos y de fortalecimiento del acceso efectivo a derechos) en los territorios, para evitar la expansión y el control social que ejercen los grupos armados (antiguos y nuevos). Se busca contribuir a promover y fortalecer sistemas de gobernanza incluyentes y representativos que gestionen servicios públicos de calidad y transparentes, fomentando la cohesión social.

La principal temática en ese trabajo de refuerzo departamental, municipal y territorial es el trabajo en construcción de paz, que es la razón de ser del amplio compromiso de la Cooperación Española con Colombia. El esfuerzo de fortalecimiento y democratización de la vida pública local ofrece un marco adecuado para el desarrollo de la gobernanza en municipios y departamentos, a pesar de la debilidad de los gobiernos locales frente a la territorialización de la paz. En esa línea, la coordinación con las autoridades territoriales, indígenas en los cabildos y resguardos, además de con los consejos comunitarios afrodescendientes, es esencial para la eficacia de las políticas públicas de construcción de paz territorial. Estas iniciativas aportan a la meta 16.6 de contribuir a crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas y la LA.16.6. A. Fortalecer los sistemas de gestión del sector público.

La estrategia acordada en este MA se enfoca en la reducción de las brechas de desigualdad porque sin duda es uno de los factores estructurales de la persistencia de la violencia. Con esta visión compartida, se da continuidad a la colaboración con el Gobierno colombiano apoyando las medidas necesarias para la construcción de la paz efectiva en Colombia en los municipios ubicados en los territorios rurales más afectados por el conflicto armado, la pobreza y las economías ilícitas, priorizados en el marco del Acuerdo Final de Paz de Colombia por los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), con un liderazgo del SNCIC (Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia). Por ello, se apostará por una construcción de la paz con enfoque territorial, incorporando la localización de los ODS y fomentando las alianzas multinivel y multiactor.

Se acuerda por tanto en este MA que en base a la experiencia y presencia de la CE en los territorios se continuará trabajando con proyectos de desarrollo territorial para la construcción de paz con gobiernos departamentales y locales de los territorios priorizados, en los sectores de fortalecimiento de capacidades institucionales en materia de igualdad, desarrollo económico y protección de los derechos humanos.

En este ámbito el trabajo, también se contribuye al efectivo cumplimiento de los derechos de la población indígena y afrodescendiente, con el fortalecimiento de estructuras propias de organización y gobierno, el apoyo a procesos de planificación autóctonos (planes de vida y etnodesarrollo) o a instrumentos y protocolos para relacionarse con terceros (consulta previa). Asimismo, se promueve la formación de liderazgos partiendo de costumbres y cosmovisión propia (Escuelas de Derecho propio), tanto en cabildos y resguardos indígenas (Awá, Pastos, Quillasingas, Misak, Nasa, Totoróez, Embera, Waounan y Wayúu, entre otros, además de con la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC), como en los Consejos Comunitarios afrodescendientes (con un apoyo especial a la Juntanza del pueblo afrocolombiano, a través del Consejo Nacional de Paz Afrodescendiente, CONPA).

Por último, el Resultado Intermedio 1.3 se acuerda continuar la cooperación cultural entre Colombia y España como una de las señas de identidad de esta alianza. Se mantendrá como principal eje articulador de sus intervenciones la construcción de la paz, mediante al apoyo a iniciativas relacionadas con la cultura de paz, la memoria y reconciliación, apoyando los centros de Memoria Histórica en la defensa de los derechos humanos y la atención a colectivos afectados por el conflicto.

Colombia es un país de una fabulosa diversidad cultural, como reconoce el PND 2022-2026, que prioriza la garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz, otorgando a la Política de Paz una dimensión artística y cultural, apoyada en el reconocimiento, salvaguardia y fomento de la memoria viva, el patrimonio, las culturas y los saberes y promoviendo la gobernanza cultural. Partiendo del convencimiento de que la cultura es un elemento esencial para lograr la paz y el desarrollo de los pueblos, se propone el fortalecimiento de políticas culturales públicas en coordinación con los distintos estamentos del estado, promocionando la gestión sostenible del patrimonio cultural en clave de preservación y autosostenibilidad. Esta línea de trabajo se integrará en los planes de desarrollo territorial, proyectando la cultura como un vector desarrollo y, aportando una visión integradora del patrimonio cultural y natural, con enfoque innovador que vincula cultura y desarrollo sostenible.

Este resultado se abordará desde el trabajo bilateral de la Cooperación Española, en especial con el Programa de Patrimonio, el Programa Acerca y la labor cultural del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena, además con las convocatorias de proyectos de innovación y ONGD españolas. Se coordinará especialmente con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus entidades adscritas, como FONTUR, ProColombia, y otras entidades como Artesanías de Colombia, Universidades y organizaciones de la sociedad civil. Adicionalmente, se impulsará la puesta en marcha del Centro Cultural de España (CCE) en Bogotá.

ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Colombia ha logrado avances importantes hacia la igualdad de género, principalmente en las leyes y los marcos de políticas públicas y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas en las décadas recientes. No obstante, persisten importantes brechas de desigualdad, sobre todo en las regiones donde trabaja la Cooperación Española.

Hay que destacar que tanto la igualdad de género como el apoyo a los procesos feministas son una seña de identidad de la Cooperación Española en Colombia. Por tanto, en este MA se continuará con el trabajo ya realizado para lograr alcanzar sociedades igualitarias y respetuosas con las mujeres, adolescentes, niñas y personas LGBTIQ+.

Para ello se plantean los siguientes resultados de desarrollo y resultados intermedios:

Sin duda, una de las prioridades de la CE en Colombia es la eliminación de las múltiples violencias que sufren las mujeres, adolescentes y niñas, garantizando la incorporación de los enfoques étnico, diferencial e interseccional, de modo que se realicen intervenciones multidimensionales, respetuosas e inclusivas con mujeres en toda su diversidad y desde una perspectiva feminista. La contribución de la CE a través del RI.2.1 no solo se centrará en la prevención de las violencias y la mejora de la calidad y dignificación de los mecanismos de atención y protección de las víctimas, sino también en la reparación del daño, incluyendo así acciones para el fortalecimiento del acceso a la justicia propia y ordinaria, y fomentando que tanto los titulares de obligaciones como los de responsabilidades cuenten con herramientas para contribuir a este objetivo. Asimismo, se promoverá el trabajo con hombres entendiendo que no se puede conseguir una verdadera igualdad de género sin un reforzamiento del compromiso y responsabilidad de los hombres jóvenes, adultos y niños trabajar por alcanzar una sociedad igualitaria, justa y libre de violencias para las mujeres, adolescentes y niñas. En este sentido, se entiende que los hombres pueden convertirse en potenciales aliados en los procesos de equidad para las mujeres.

Esta línea de trabajo contribuye directamente a las metas 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo; la 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, haciendo especial hincapié en el abordaje de la violencia sexual, física, psicoemocional y digital, además de los diferentes tipos de agresión y abuso; y la 5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina, en este último caso con perspectiva de derechos humanos y utilizando un enfoque étnico y situado, que no solo fomente la reducción de la práctica sino también el debate sobre la autonomía corporal de las mujeres, adolescentes y niñas.

Además, también se contribuye indirectamente al ODS10 sobre reducción de las desigualdades con la Meta 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. Asimismo, se aporta al ODS16 mediante la Meta 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo, haciendo especial hincapié en la disminución de feminicidios y transfeminicidios; la Meta 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños, particularmente las niñas; y la Meta 16.3. Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, fomentando el acceso a la justicia de las mujeres indígenas y rurales. Cabe destacar que este RI contribuye a la línea de actuación sobre la lucha contra todas las formas de violencia de género y el desarrollo de marcos legislativos para garantizar los derechos de mujeres, niñas y adolescentes.

Una de las prioridades de este MA es el trabajo sobre la Meta 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública; a través del RI2.1. Este enfoque se realiza entendiendo que: el uso del espacio público, material e inmaterial, es un derecho humano; que no es posible alcanzar sociedades equitativas sin la plena participación de las mujeres, las adolescentes y las niñas en toda su diversidad y en todos los ámbitos; que las mujeres han de tener poder en la toma de decisiones, no solo para reducir todas las formas de discriminación que sufren, sino también para lograr otros modelos de vida propuestos desde diferentes perspectivas feministas; y que su autonomía económica es fundamental para poder participar de manera equitativa y digna.

Esta línea de acción también incluye el acompañamiento de agendas feministas y contribuye al ODS 10 para la reducción de las desigualdades, mediante la Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición; al igual que al ODS5 en su Meta 5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país; ya que no es posible garantizar una participación equitativa de las mujeres en la esfera pública si no hay una redistribución igualitaria del trabajo reproductivo y de cuidados, y si no se vela por la garantía de la conciliación entre la vida privada y la pública. Por todo esto, para incrementar la participación real y efectiva de las mujeres se fomentará el trabajo tanto con titulares de obligaciones, para garantizar un marco de participación digno, equitativo y seguro, como con titulares de responsabilidades y derechos para que las mujeres dispongan de información, formación y recursos suficientes para la demanda de sus derechos en todos los ámbitos. En el marco del Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027, este resultado contribuye de forma directa a dos líneas de actuación: promover los derechos civiles y políticos de las mujeres y su participación real y efectiva; y avanzar en el logro de sociedades, políticas y economía de los cuidados, fomentando los derechos económicos y laborales de las mujeres para un desarrollo sostenible.

Para el resultado RI 2.3. la CE también busca contribuir a que todas las personas tengan plena libertad para tomar decisiones informadas sobre su cuerpo, sexualidad y reproducción, en entornos seguros y libres de violencias y coacción, desde un enfoque de derechos humanos. De forma concreta, este MA hace hincapié en servicios de planificación familiar, parto y postparto seguro, trabajando particularmente con parteras tradicionales desde un enfoque étnico y garantizando el derecho a acceder a servicios de salud pública, así como el acceso a información para la prevención de embarazos no deseados. Asimismo, entendiendo que la orientación e identidades sexuales de género son un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido, se fomentará el acceso de las personas LGBTIQ+ a servicios de salud sexual y reproductiva de forma equitativa y digna, y se contribuirá al impulso de políticas públicas que garanticen el pleno reconocimiento de los derechos de este colectivo y de otros grupos de personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad.

Esta línea de acción contribuye directamente a la Meta 5.6 del ODS5: Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen; e indirectamente al ODS3 sobre Salud y Bienestar, mediante la Meta 3.1: Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos; la Meta 3.2: Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos; y la Meta 3.7: Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Asimismo, cabe destacar que el RI 2.3 contribuye a la línea de acción del Plan Director 2024-2027 para fomentar y proteger los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, niñas y adolescentes y luchar contra las prácticas nocivas.

Además de las modalidades de cooperación no reembolsable comunes para la CE, este resultado también cuenta con la contribución de instrumentos especializados como Ellas+, Salud+, Democracia+ y los Programas Afrodescendientes e Indígena.

2.3.2 Transición ecológica.

La Cooperación Española en Colombia orientará su acción hacia una transición ecológica justa que integre la gestión climática, la justicia ambiental y la transformación productiva sostenible, como parte de un esfuerzo integral por acompañar las prioridades nacionales en materia de desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático.

Para ello se plantean los siguientes resultados de desarrollo y resultados intermedios:

RD.3 Reforzada la resiliencia frente al cambio climático y los derechos humanos al agua y al saneamiento. A través de este resultado directo, la Cooperación Española busca apoyar los esfuerzos de Colombia para consolidar una respuesta integral frente a la crisis climática, que combine la protección ambiental, la resiliencia socioeconómica y la garantía progresiva de derechos. Este enfoque fortalecerá la resiliencia de las comunidades y las instituciones, asegurando su capacidad para comprender anticipar, responder y adaptarse a los impactos del cambio climático. De manera complementaria, se promoverá la gestión integral y sostenible de los recursos hídricos, garantizando la provisión de servicios esenciales y la seguridad hídrica a largo plazo.

Asimismo, se promoverán modelos de articulación multinivel entre gobiernos locales, autoridades nacionales, prestadores y comunidades, de manera que las respuestas climáticas y de agua y saneamiento se planifiquen de forma integrada y coordinada. El énfasis estará en generar beneficios sostenibles que contribuyan a la reducción de desigualdades, la mejora de la salud pública y la consolidación de territorios más seguros, resilientes e inclusivos. Este resultado refleja, en definitiva, el compromiso de la Cooperación Española con la construcción de un futuro en el que la resiliencia climática y los derechos humanos al agua y al saneamiento se refuercen mutuamente como pilares del desarrollo sostenible.

Esta estrategia de trabajo impulsará procesos inclusivos que reconozcan la diversidad cultural y social del país, asegurando la participación efectiva de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Desde un enfoque de derechos, género e interculturalidad, se fortalecerá la institucionalidad y empoderará a los actores locales en la gestión de los ecosistemas y en la toma de decisiones que afectan directamente a sus territorios y bienestar.

Para ello será clave la construcción de alianzas estratégicas multiactor, como mecanismo que permitirá el intercambio de experiencias, la transferencia de conocimientos y la creación de sinergias y confianza entre instituciones, gobiernos locales, sociedad civil y sector privado. De esta forma, se impulsará un modelo de gobernanza ambiental y del desarrollo que ampliará las capacidades institucionales y generará escenarios propicios para la innovación, la transparencia y la rendición de cuentas.

En conjunto, estas acciones contribuirán a consolidar la transición ecológica en Colombia como un proceso estrechamente vinculado al desarrollo humano. No se trata únicamente de responder a los desafíos ambientales actuales, sino de generar oportunidades para una vida digna, equitativa y sostenible, donde la protección de los ecosistemas y la resiliencia climática vayan de la mano con la reducción de desigualdades, la cohesión social y el fortalecimiento de capacidades locales. De esta manera, la transición ecológica se convertirá en un pilar estratégico del desarrollo inclusivo y resiliente a largo plazo.

RI.3.1 Incrementado el acceso a servicios de agua potable, saneamiento e higiene, garantizando su sostenibilidad con unas instituciones y gobernanza fortalecidas. Este resultado intermedio se implementará mediante un enfoque centrado en el fortalecimiento institucional y la formalización de los prestadores municipales, empresas públicas, acueductos comunitarios y otros esquemas diferenciales, acompañado de la mejora de la planificación y la gestión de los servicios, la gestión de activos y la operación segura. Todas estas acciones se desarrollarán con mecanismos de participación y transparencia vinculantes, y se articularán con los instrumentos nacionales y territoriales pertinentes, en particular los PDAS (Plan Departamental de Agua y Saneamiento) / PNAR (Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural) y los PUEAA (Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua), así como con los lineamientos regulatorios nacionales y con enfoques diferenciales para territorios PDET y étnicos.

Con este resultado intermedio se pretende que más personas y hogares dispongan de un acceso seguro, continuo, asequible y de calidad al agua potable, al saneamiento y adquieran cultura de autocuidado enmarcada en los servicios de higiene, reduciendo los tiempos de acarreo y la exposición a enfermedades de origen hídrico, y cerrando brechas urbano‑rurales y étnicas. Asimismo, se busca consolidar la participación efectiva de mujeres, niñas, colectivos vulnerables y comunidades étnicas en la gobernanza del servicio, junto con la sostenibilidad financiera y operativa de los prestadores mediante estructuras tarifarias justas, subsidios focalizados y una gestión adecuada de la operación y el mantenimiento.

RI.3.2 Implementadas acciones que faciliten la mitigación y adaptación al cambio climático de la población en situación de vulnerabilidad y la protección y gestión sostenible de ecosistemas estratégicos. Este resultado intermedio se centra en apoyar las prioridades nacionales de gestión ambiental y climática, incluyendo la protección de las áreas protegidas, la restauración ecológica y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en territorios vulnerables.