Ley 6/2025, de 23 de diciembre, de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas adictivas

Se prohíbe asociar el consumo de cannabis con comportamientos que expresen mejoras en el rendimiento físico y laboral o con beneficios para la salud, propiedades terapéuticas, efectos sedantes o estimulantes, y con la conducción de vehículos, manejo de armas u objetos peligrosos y, en términos generales, con actividades de riesgo.

Las tiendas que vendan cualquier producto relacionado con el cannabis o su consumo no podrán exponer en su escaparate o dirigir ninguna imagen al exterior de la planta Cannabis sativa o cualquier producto, componente o derivado de esta.

Se prohíbe regalar o vender cualquier tipo de merchandising con la imagen identificativa del cannabis a la población menor de edad.

Se prohíbe el acceso a las personas menores de edad a los lugares o establecimientos vinculados con la producción, distribución o consumo de cannabis y productos derivados, incluido el cannabidiol (en adelante, CBD).

Asimismo, se prohíbe el acceso a las personas menores de edad a las tiendas donde se vendan semillas, plantas de Cannabis sativa o cualquier otro producto relacionado, incluido el CBD.

Se prohíbe cualquier forma directa, indirecta o encubierta de publicidad, promoción o patrocinio de bebidas energéticas dirigida a las personas menores de edad.

Queda prohibida toda clase de publicidad de bebidas energéticas en los siguientes lugares y medios:

Asimismo, queda prohibida toda clase de publicidad de bebidas energéticas realizada a través de los siguientes medios:

Se prohíbe la promoción de bebidas energéticas, en establecimientos donde esté autorizado el consumo en el propio local, mediante prácticas que inciten al consumo excesivo o descontrolado.

Se prohíbe que cualquier bebida energética patrocine eventos dirigidos a personas menores. En el resto de actividades de patrocinio no podrán ofrecerse bebidas energéticas a personas menores de edad ni entregarse bienes o servicios relacionados con bebidas energéticas o que lleven marcas, símbolos o distintivos que puedan identificar una bebida energética.

Queda prohibido el consumo, transporte, tenencia o posesión de bebidas energéticas por personas menores de edad, salvo cuando el transporte, tenencia o posesión sea por motivos laborales.

Queda prohibida la venta y suministro de bebidas energéticas a personas menores de edad. Las personas titulares y empleadas de los establecimientos, así como cualquier otra persona que intervenga en la venta o suministro de bebidas energéticas, exigirán a todas las personas compradoras, salvo que sea evidente que son mayores de edad, acreditar dicha edad mediante documento de valor oficial.

Queda prohibida la venta y suministro de bebidas energéticas en los siguientes lugares:

A los efectos de lo regulado en la presente ley, incurrirán en responsabilidad las personas mayores de edad que induzcan a personas menores de edad al consumo de bebidas energéticas, así como que les vendan o suministren bebidas energéticas o las compren para ellas.

A los efectos de este artículo, no será causa de exoneración de responsabilidad para las personas suministradoras o vendedoras la autorización escrita o el consentimiento de venta, suministro o consumo de bebidas energéticas otorgado por padres, madres, tutores o tutoras o guardadores o guardadoras legales o de hecho a las personas menores de edad.

En los establecimientos comerciales donde se vendan bebidas energéticas pero no esté permitido consumirlas se habilitarán espacios claramente diferenciados para la ubicación de estas bebidas. Asimismo, habrán de estar separadas de los refrescos.

En todos los establecimientos en que esté autorizada la venta y suministro de bebidas energéticas, se instalarán en lugar visible carteles que, de acuerdo con las características que se determinen reglamentariamente por la consejería competente en materia de salud pública, informen, en gallego y castellano, de la prohibición de venta y suministro de bebidas energéticas a las personas menores de edad y adviertan sobre los perjuicios para la salud derivados de su uso. En estos establecimientos se exigirá a todas las personas compradoras, salvo que sea evidente que son mayores de edad, acreditar dicha edad mediante documento de valor oficial.

Los establecimientos de venta habrán de organizar los espacios separando de manera clara y diferenciada los productos en función de la edad recomendada de cada videojuego.

En todos los establecimientos en que esté autorizada la venta de videojuegos se instalarán en lugar visible carteles que, de acuerdo con las características que se determinen reglamentariamente por la consejería competente en materia de salud pública, informen, en gallego y castellano, de la existencia de sistemas de clasificación de contenidos de los videojuegos.

Los servicios sanitarios informarán y solicitarán la presencia de los y las progenitoras o las personas que ejerzan la tutoría o la guarda legal cuando atiendan a una persona menor de edad con motivo de una intoxicación provocada por el consumo de alguna sustancia psicoactiva en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de autonomía del o de la paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Asimismo, les proporcionarán asesoramiento sobre la situación y recursos de ayuda, tanto preventivos como asistenciales.

A las personas menores de edad atendidas por intoxicaciones provocadas por el consumo de alguna sustancia psicoactiva se les realizará una evaluación integral, implicando a sus progenitores o progenitoras, tutores o tutoras o guardadores o guardadoras legales. Esta valoración incluirá una anamnesis dirigida a la identificación de factores de riesgo psicosocial y una evaluación psicopatológica que garantice la continuidad de su atención en los dispositivos sanitarios, de estimarse necesario.

En el supuesto de que una persona menor de edad fuese atendida por segunda o sucesivas ocasiones con motivo de una intoxicación provocada por el consumo de alguna sustancia psicoactiva se le ofrecerá la posibilidad de su incorporación a un programa de ayuda, en el cual se recomendará la participación de la persona adulta responsable, entendiendo por tal al padre, la madre o la persona que ejerza la tutoría o la guarda legal. A los efectos de la presente ley, debe tenerse en cuenta que respecto a los niños, niñas y adolescentes con medida de protección los o las guardadoras legales son la familia acogedora y/o el director o la directora del centro en que resida la persona menor.

En el supuesto de sospecha de ser objeto de un intento de sumisión química, con o sin comisión de actos de violencia de género y/o sexo no consentido, se informará a las personas progenitoras o personas que ejerzan la tutoría o la guarda legal, proporcionándoseles asesoramiento sobre la situación y recursos de ayuda.

Asimismo, se activarán los mecanismos para la detección y subsanación de posibles situaciones de riesgo, dando traslado a los servicios sociales comunitarios competentes para evaluar estas situaciones, los cuales adoptarán las medidas necesarias para la protección de la persona menor de edad.

La consejería competente en materia de salud pública establecerá un sistema de información sobre el consumo de sustancias psicoactivas, que habrá de estar integrado en el sistema de información de salud de Galicia definido en el artículo 71 de la Ley 8/2008, de 10 de julio.

La gestión del sistema de información sobre el consumo de sustancias psicoactivas corresponderá al órgano directivo competente en materia de salud pública, con el apoyo de los departamentos territoriales de la consejería competente.

El sistema de información sobre el consumo de sustancias psicoactivas tendrá como finalidades:

Los órganos de la Administración local competentes para instruir y resolver los expedientes sancionadores por la comisión de infracciones contempladas en la presente ley habrán de informar semestralmente a los departamentos territoriales correspondientes de la consejería competente en materia de salud pública, y vía registro electrónico, de las inspecciones realizadas, las denuncias presentadas y los expedientes sancionadores incoados. Esta información incluirá, de cara a la correcta aplicación de los criterios de reincidencia y reiteración en la tipificación de las infracciones, los hechos que se imputen, las infracciones que tales hechos constituyan y las sanciones impuestas, o su sustitución en su caso, así como la fecha de firmeza de la resolución sancionadora.

La consejería competente en materia de salud pública habilitará un espacio específico en su página web corporativa a fin de facilitar las denuncias por parte de la población de aquellas entidades, centros, locales, establecimientos o actividades en que se cometa cualquiera de las infracciones especificadas en la presente ley.

El tratamiento de datos personales respetará lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así como por la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa vigente en la materia.

La información de la intervención asistencial en relación con el consumo de sustancias psicoactivas deberá estar disponible en los sistemas de información del Sistema gallego de salud, para el seguimiento del o de la paciente.

A través de los sistemas de información gestionados por el órgano directivo competente en materia de salud pública, se incluirán preguntas para conocer la incidencia y prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas y de las adicciones sin sustancia.

La información derivada del seguimiento de la normativa sobre los productos afectados por la presente ley se recogerá en los correspondientes planes anuales de inspección, que serán actualizados para incluir los espacios y consumos regulados en esta normativa.

Corresponde a la Administración general de la Comunidad Autónoma el ejercicio de las siguientes competencias:

Dentro de la estructura de la Administración general de la Comunidad Autónoma, corresponde a la consejería competente en materia de salud pública:

A los efectos de lo establecido en la presente ley, corresponde a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Galicia ejercer en su ámbito territorial las siguientes competencias:

Además de las señaladas en el número anterior, los ayuntamientos de más de veinte mil habitantes tendrán las siguientes competencias y responsabilidades mínimas:

Se crea la Comisión en materia de prevención de las adicciones de las personas menores de edad en Galicia como órgano colegiado para el estudio, coordinación y asesoramiento en materia de la prevención de las adicciones en personas menores de edad en Galicia.

Esta comisión, que estará adscrita al órgano directivo competente en materia de salud pública, se regirá por lo dispuesto en la legislación básica en materia de régimen jurídico del sector público, la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, la presente ley y su reglamento de régimen interior.

La Comisión en materia de prevención de las adicciones de las personas menores de edad en Galicia estará compuesta por una presidencia, una vicepresidencia y seis vocalías, nombradas por la persona titular de la consejería con competencias en materia de salud pública.

La presidencia corresponderá a la persona titular de la dirección general con competencias en materia de salud pública.

La vicepresidencia corresponderá a la persona titular del órgano administrativo, con nivel de subdirección general, que tenga atribuidas las competencias en materia de estilos de vida saludable.

Las vocalías estarán formadas por:

La secretaría de esta comisión será ejercida por un empleado o empleada pública de la consejería con competencias en materia de salud pública, designado o designada por la comisión, que actuará con voz y sin voto.

La composición de esta comisión respetará el principio de composición equilibrada de mujeres y hombres en los términos establecidos en la Ley 7/2023, de 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en Galicia.

La Administración autonómica fomentará y apoyará las iniciativas sociales y la colaboración con las organizaciones no gubernamentales y entidades sociales, considerando su importante papel en esta materia.

Serán ámbitos preferentes de actuación de las organizaciones no gubernamentales y entidades sociales:

La Administración autonómica y la local ejercerán funciones de inspección y control del cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley en el ámbito de sus respectivas competencias. El personal al servicio de estas administraciones que desarrolle actividades de inspección tendrá la condición de autoridad sanitaria en el desempeño de sus funciones y a los efectos de la presente ley.

El personal funcionario que actúe en ejercicio de las funciones de inspección previstas en la presente ley, acreditando su identidad, estará autorizado para:

En base al deber de colaboración entre las administraciones públicas y el principio de cooperación, la Administración autonómica y las administraciones locales podrán promover la adopción de acuerdos y convenios para optimizar el uso de recursos públicos y asegurar la coherencia de las actuaciones realizadas en materia de inspección.

De las diferentes infracciones será responsable su autor o autora, entendiendo por tal a la persona física o jurídica que cometa los hechos tipificados como tales.

En el caso de las infracciones tipificadas en la presente ley relativas al incumplimiento de las obligaciones de información sobre la prohibición de venta y suministro de bebidas alcohólicas, energéticas, tabaco, productos del tabaco y de DSLN y productos relacionados con el tabaco a personas menores de edad y sobre los perjuicios para la salud derivados de su consumo, serán responsables las personas titulares de los establecimientos en que se cometiese la infracción.

En el supuesto de venta y suministro de tales sustancias a menores de 18 años, así como en el supuesto de permitir su consumo en los lugares y establecimientos en que exista prohibición, responderá la persona titular del local, centro o establecimiento en que se cometiese la infracción, o, en su defecto, el empleado o la empleada de aquella que estuviera a cargo del establecimiento o centro en el momento de cometerse la infracción. Si la persona titular del local, centro o establecimiento fuese una administración pública, responderá dicha administración, sin perjuicio de que esta exija a sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hayan incurrido.

En caso de infracciones en materia de publicidad, será considerado responsable solidario, además de la empresa publicitaria, el beneficiario o beneficiaria de la publicidad, entendiendo por tal al titular de la marca o del producto anunciado, así como a la persona titular del establecimiento, medio de comunicación o espacio en que se emite el anuncio.

Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de ley correspondiese a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y fuese posible, se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable.

De las infracciones cometidas por menores de edad serán responsables subsidiarios sus padres y madres, los tutores o tutoras y los guardadores o guardadoras legales o de hecho, por este orden, en razón del incumplimiento de la obligación impuesta a ellos o ellas de prevenir la comisión de infracciones administrativas que se hubiesen imputado a las personas menores de edad. La responsabilidad subsidiaria vendrá referida a sufragar la cuantía pecuniaria de la multa impuesta.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de los padres y madres o tutores o tutoras por las acciones de las personas menores de edad que dependiesen de ellos o ellas, aquellos o aquellas serán también responsables directos y solidarios de las infracciones cometidas por las personas menores de edad, siempre que, por su parte, haya constado dolo, culpa o negligencia, incluida la simple inobservancia.

Asimismo, y en función de las distintas infracciones, también serán responsables de ellas las personas organizadoras de las actividades en que se cometa la infracción o, en su ausencia, el personal empleado que estuviese a su cargo.

Las infracciones tipificadas en la presente ley se sancionarán con multas con arreglo a la siguiente graduación:

Podrán superarse los límites fijados hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción.

La autoridad competente para imponer las sanciones leves y graves contempladas en la presente ley podrá decidir, cuando así fuese solicitado por la persona infractora o su representante legal, la sustitución de la sanción económica por la inclusión en programas preventivos o asistenciales o la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, preferentemente relacionados con la conducta infractora, de acuerdo con el régimen que se contemple reglamentariamente y que habrá de determinar el criterio de equivalencia que resulte aplicable y el procedimiento para hacer efectivos los trabajos o la realización de los programas impuestos, así como las condiciones para el desarrollo de estos.

La resolución sancionadora que se dicte recogerá expresamente la sanción económica que corresponde y la medida acordada en sustitución de aquella. En caso de que la persona infractora rechazase estas medidas, habrá de comunicarlo por escrito al órgano competente para resolver en el plazo de diez días hábiles, en cuyo caso se impondrá la sanción económica prevista para ese tipo de infracción. En caso de no efectuar dicha comunicación o no hacerla en plazo, se entenderá que acepta expresamente la medida sustitutoria impuesta.

Corresponde a los ayuntamientos la competencia para incoar, instruir y resolver los expedientes sancionadores por la comisión de las infracciones leves tipificadas en el artículo 51.

Corresponde a la Administración autonómica la competencia para incoar, instruir y resolver los expedientes sancionadores por las infracciones graves y muy graves tipificadas en los artículos 52 y 53, respectivamente.

Sin perjuicio de lo establecido en el número 1, los departamentos territoriales correspondientes de la consejería competente en materia de salud pública asumirán la incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores por las infracciones previstas en el número 1 en el supuesto de falta de actuaciones de los ayuntamientos ante las denuncias presentadas por la ciudadanía o derivadas de las actuaciones de inspección, una vez instados a actuar por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y transcurrido el plazo concedido, que en ningún caso podrá ser inferior a un mes desde la recepción del requerimiento sin que se haya producido la notificación al órgano competente de la Administración general de la Comunidad Autónoma de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador.

Las infracciones tipificadas en la presente ley como leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy graves a los cinco años.

Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por infracciones graves a los tres años y las impuestas por infracciones muy graves a los cinco años.

Con anterioridad a la iniciación del expediente sancionador que corresponda, el órgano autonómico o local competente podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, por razones de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, las medidas provisionales previas que resulten necesarias y proporcionadas cuando existiese riesgo grave o peligro inminente para la seguridad o la salud de las personas.

En caso de concurrir alguno de los supuestos previstos en el número anterior, los órganos competentes podrán adoptar alguna o algunas de las siguientes medidas:

Las medidas se adoptarán mediante resolución motivada, respetando siempre el principio de proporcionalidad y previa audiencia a las personas interesadas. El trámite de audiencia podrá omitirse en los casos de extraordinaria urgencia debidamente justificados en la resolución.

Las medidas provisionales adoptadas habrán de ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, que habrá de efectuarse dentro de los quince días siguientes a la adopción de aquellas.

En todo caso, estas medidas quedarán sin efecto si no se iniciase el procedimiento en el citado plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contuviera un pronunciamiento expreso sobre ellas.

La Administración competente para adoptar las medidas previstas en este artículo será la misma que tenga atribuida la competencia para la incoación del procedimiento sancionador que corresponda.

Teniendo en cuenta la afectación a las competencias autonómicas, la Administración autonómica podrá adoptar las medidas provisionales previas en supuestos de competencia de los ayuntamientos, de acuerdo con lo previsto en el número anterior, a costa y en sustitución de los mismos, en caso de inhibición de la entidad local, previo requerimiento a esta que no sea atendido en el plazo indicado al efecto, que en ningún caso podrá ser inferior a un mes. La no atención del requerimiento por parte de la entidad local exigirá la alegación de una causa justificada y debidamente motivada.

Una vez incoado el procedimiento sancionador, el órgano administrativo competente para resolverlo podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, en cualquier momento, mediante resolución motivada y previa audiencia a las personas interesadas, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera dictarse, así como para la salvaguarda de la salud, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

Las medidas provisionales deberán ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de las infracciones cometidas, pudiendo consistir en alguna de las previstas en el artículo 65 o cualquier otra que asegure la eficacia de la resolución que pudiera dictarse. No podrán adoptarse medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible subsanación a las personas interesadas o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

En caso de incumplimiento de alguna de las prohibiciones establecidas en la presente ley para las bebidas alcohólicas que conlleve un riesgo grave o peligro inminente para las personas y los bienes o la convivencia entre la ciudadanía, los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de oficio o a petición de los órganos competentes para incoar o resolver los correspondientes procedimientos sancionadores, del personal perteneciente a los cuerpos de inspección, o en virtud de denuncia pública, podrán adoptar de forma directa, previo requerimiento a las personas responsables y en caso de que aquel no fuese atendido, las siguientes medidas:

En caso de que los agentes adoptasen las medidas indicadas en el número anterior, habrán de comunicarlo inmediatamente al órgano competente para adoptar las medidas provisionales previas pertinentes, que deberá confirmarlas, modificarlas o levantarlas en el plazo de dos días hábiles desde la indicada comunicación. El incumplimiento de este plazo conlleva automáticamente el levantamiento de las medidas adoptadas.

Si el órgano indicado en el número anterior ratificase las medidas adoptadas, el régimen de confirmación, modificación o levantamiento posterior se regirá por lo que dispone el artículo 61.

Lo dispuesto en los números anteriores se entiende sin perjuicio de las medidas que pudieran adoptarse por la Administración general del Estado en ejercicio de sus competencias.

El plazo máximo en que debe notificarse la resolución del procedimiento sancionador será de un año desde la fecha del acuerdo de incoación. Transcurrido el plazo indicado sin que se haya notificado la correspondiente resolución, se producirá la caducidad del procedimiento en los términos y con los efectos previstos en la legislación del procedimiento administrativo común.

Si las conductas sancionadas causasen daños o perjuicios a la Administración, la resolución del procedimiento podrá imponer a la persona infractora la reposición a su estado originario de la situación alterada por la infracción, incluyendo la limpieza de la vía pública, y la indemnización por los daños y perjuicios causados.

Si la sanción viniese motivada por la falta de adecuación de la actividad o establecimiento a los requisitos establecidos por la normativa vigente, la resolución sancionadora incluirá un requerimiento para que la persona sancionada lleve a cabo las actuaciones necesarias para regularizar la situación de la actividad o establecimiento del que es titular.

La ejecución forzosa de las resoluciones sancionadoras, una vez que pongan fin a la vía administrativa, corresponderá al órgano competente para la incoación del procedimiento.

En los casos en que la resolución sancionadora incluyese un requerimiento para que la persona sancionada lleve a cabo las actuaciones necesarias para regularizar la situación de la actividad o establecimiento del que es titular, el órgano competente para la ejecución podrá imponer a aquella multas coercitivas de un 10 por ciento de la cuantía de la sanción máxima fijada para la infracción cometida por cada día que pase desde el vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento del requerimiento sin que se hayan realizado las actuaciones ordenadas.

Los procedimientos sancionadores iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley se regirán por la normativa vigente en el momento de su iniciación.

Los actos y resoluciones pendientes de ejecución que hubiesen sido dictados en el marco de procedimientos sancionadores iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley pendientes de ejecución a su entrada en vigor se regirán por la normativa vigente en el momento en que se dictaron.

Quedan derogadas las disposiciones que a continuación se citan, así como todas aquellas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la presente ley:

Mantienen su vigencia, en lo que no resulte incompatible con la presente ley: