Orden PJC/89/2026, de 10 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional de 16 de diciembre de 2025, por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Esa magnitud depende no solo de las características de la amenaza en sí, de la vulnerabilidad o el grado de exposición, sino que existen unos factores, en ocasiones exógenos sobre los que es difícil actuar, estos factores o circunstancias condicionan la existencia o características de la amenaza y deben ser atendidos incluso cuando sea poco probable actuar sobre ellos, al menos desde el ámbito de esta estrategia. Por ello cuando se plantean los objetivos y las líneas de acción es necesario considerar las sinergias con otras estrategias de seguridad, como las estrategias nacionales Contra el Terrorismo o Contra la Delincuencia Grave, la Estrategia de Acción Exterior de España o las directivas de Defensa Nacional y de Política de la Defensa, entre otras.

Entre estas circunstancias encontramos algunas que afectarán directamente a la situación del régimen internacional de no proliferación tales como la situación geopolítica global y su consecuente incidencia en la geoestrategia de todos los actores implicados, las actitudes más o menos agresivas de estados proliferadores o las propias debilidades del régimen internacional.

Por otra parte, y enfocando a la parte más cercana a factores de contraproliferación de esta estrategia, las circunstancias de mayor incidencia son la propia voluntad de grupos no gubernamentales de utilizar este tipo de armas o su propia capacidad para conseguirlas.

Potenciadores del riesgo

La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 identifica unos vectores de transformación que inciden sobre la evolución ámbitos clásicos de la Seguridad Nacional. Alguno de los elementos que la ESN21 identifica como componentes de esos vectores tienen una especial incidencia transversal en la dimensión de los riesgos provocados por la proliferación de ADM.

De entre esos elementos, cabe destacar a las tecnologías disruptivas, las estrategias híbridas y el uso de campañas de desinformación, con las intersecciones existentes entre todos ellos.

Desarrollo científico y tecnológico. Tecnologías disruptivas

El ritmo de desarrollo científico y tecnológico se ha venido acelerando en los últimos años. Si bien este desarrollo puede proporcionar herramientas para hacer más efectiva la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, también plantea nuevos retos.

Estos retos derivan de varios factores, entre los que se pueden destacar los siguientes.

Por un lado, en el ámbito de las nuevas tecnologías sensibles, la distinción entre usos militares y usos civiles se difumina, a lo cual contribuyen también políticas como el programa de fusión civil – militar de China. Ante esta situación no existe suficiente concienciación en la comunidad científica sobre los retos de seguridad nacional derivados de la investigación, y especialmente en el ámbito de programas de colaboración internacional, ello a pesar de que el Reglamento de la UE 2021/821 sobre el control de exportaciones de los bienes de doble uso se dirige también a los científicos y académicos como «exportadores» de bienes de doble uso, en tanto que pueden transferir conocimientos estratégicos.

Los regímenes de control de exportaciones existentes no disponen de las herramientas necesarias para actualizar sus listas de control a nuevas tecnologías, lo que se ve agravado por la situación política de cuasi – bloqueo en la que se encuentran en la actualidad. Los sistemas de control de exportaciones tradicionales siguen enfrentándose a dificultades, además, para controlar las transferencias intangibles de tecnología.

En un plano interno, resulta necesario mantener actualizados los marcos normativos de seguridad y realizar los controles necesarios según la normativa nacional e internacional, con especial atención a las tecnologías de doble uso.

En una lista no exhaustiva de tecnologías sensibles que pueden plantear retos para la lucha contra la proliferación, destacan las siguientes:

– El desarrollo tecnológico en el ámbito del espacio puede implicar la aparición de nuevos riesgos de proliferación. Cada vez son más los países que poseen una industria aeroespacial capaz de realizar lanzamientos de satélites. La tecnología desarrollada para ello podría llegar a adaptarse para el lanzamiento de misiles intercontinentales, posibles vectores de ADM.

– El uso de vehículos autónomos no tripulados (UAV), no solo por estados proliferadores, también por grupos armados no estatales, supone un grave riesgo para la seguridad, pues los UAV pueden adaptarse y ser usados como vectores para el empleo de distintos tipos de ADM. Los grupos no estatales están explotando principalmente fuentes comerciales legales para acceder a los UAV o traficando ilícitamente con ellos.

– Los desarrollos en materia de computación cuántica, inteligencia artificial, impresión 3D o el desarrollo de semiconductores pueden facilitar, entre otros, la creación de centrifugadoras de gas o reducir las barreras de diseño, síntesis y despliegue de armas químicas.

– Estas tecnologías también podrían facilitar las aplicaciones de doble uso, en las que la investigación legítima se reutiliza con fines maliciosos. Además, los sistemas de IA pueden exacerbar las amenazas asimétricas al dotar a los actores no estatales de mayores capacidades de producción y difusión.

– Los avances de la biotecnología, especialmente los avances de la informática aplicados a la biología, permiten diseñar procesos, formas o protocolos para los análisis y el manejo de los datos, ello ha conllevado, entre otros elementos, una evolución más rápida de lo previsible de las técnicas de ingeniería genética, pudiendo ya hoy en día realizar la edición de microorganismos de manera que se consigue que estos realicen nuevas funciones para las que no estaban diseñados, incluso, crear microorganismos sintéticos. Esta realidad científica y tecnológica se solapa con un mayor intercambio de información muy generalizado entre científicos, técnicos o incluso estudiantes o personas interesadas en estos temas.

Son numerosas las tecnologías relacionadas con la biología susceptibles de su mal uso. Las herramientas de edición genética, la bioinformática, las técnicas de bioprospección o la biología sintética son algunas de ellas.

El manejo de los posibles organismos modificados genéticamente o el de patógenos naturales peligrosos, se realiza, al menos cuando se hace bajo control de Estados, en los laboratorios de máxima seguridad, los laboratorios de nivel de contención 4 (BSL-4). Recientemente, este tipo de laboratorios ha aumentado de manera considerable en países como China, India O Malasia. Si bien nunca se debe presuponer ninguna actividad incorrecta sin elementos que justifiquen esa suposición, también es cierto que la proliferación de estos laboratorios implica un aumento de la exposición a la amenaza de su mala utilización por elementos no controlados.

– Transferencias intangibles de tecnología.

La utilización de medios electrónicos para el tratamiento y la transferencia de la información técnica o los distintos softwares que soportan tecnologías son métodos universales de trabajo que, independientemente los muchos beneficios de su uso, suponen una enorme dificultad para el control de las transferencias. En el caso de material de defensa, o de doble uso, esta dificultad de control es un gran problema para las autoridades competentes y esta dificultad acarrea un mayor nivel de riesgo si esos intangibles están relacionados con tecnologías NRBQ, sometidas a controles internacionales. Un caso de especial interés es la obtención de tecnologías a través de ingeniería inversa, aprovechando lagunas o escollos jurídicos en países proveedores o terceros. En definitiva, la propagación de contenidos teóricos necesarios para desarrollar una tecnología es uno de los grandes retos y su control debe encontrar un equilibrio entre los intereses comerciales o la libertad académica y las inquietudes legítimas en materia de seguridad.

Estrategias híbridas

Estrategia híbrida es un término que puede englobar todo tipo de actuaciones coordinadas y sincronizadas, dirigidas a explotar las vulnerabilidades de los Estados y sus instituciones mediante acciones que tienden a fomentar la desestabilización política de las instituciones nacionales o internacionales.

Las estrategias híbridas podrían incluir acciones cometidas con material NRBQ, o utilizando algún tipo de amenaza de su uso, tanto en el plano global, que afecten a España o sus socios o aliados, como las cometidas en el marco nacional. Pueden ser actos relacionados con cualquiera de las amenazas referidas en esta estrategia. El hecho diferencial es la voluntad que un actor estatal o no estatal le imprime a los hechos, normalmente buscando explotar las vulnerabilidades del estado víctima para influir en la toma de decisiones o alcanzar posiciones de ventaja política o estratégica.

Las estrategias híbridas NRBQ pueden tomar múltiples formas. Por ejemplo, pueden implicar el despliegue de agentes NRBQ, actos de sabotaje, uso malicioso del ciberespacio o campañas de desinformación para manipular la opinión pública, desacreditar a las autoridades e influir en el comportamiento social. En general, la complicación de la atribución de responsabilidades en muchos tipos de incidentes NRBQ hacen que estos materiales sean elementos de interés para cualquier actor malintencionado, incluso en escenarios grises previos a una guerra híbrida.

Los asesinatos selectivos patrocinados por algún estado que utilizan agentes NRBQ o las campañas más sutiles de desinformación en el contexto de la pandemia de COVID-19 muestran muy gráficamente la complejidad de contrarrestar las estrategias híbridas.

Las capacidades industriales de España, su potente sector químico, el aumento de laboratorios de investigación biológica y la presencia de numerosas instalaciones radiológicas y de centrales de energía nuclear, unido a la amenaza específica proveniente de grupos terroristas, hacen que estas estrategias híbridas supongan un aumento tangible de la amenaza.

Campañas de desinformación

Aunque las campañas de desinformación pueden y suelen formar parte de estrategias hibridas, en el caso de las ADM tienen unas perspectivas especiales, haciendo aumentar el riesgo de las amenazas en distintos frentes:

En primer lugar, pueden construirse campañas entorno al uso de estas armas para generar pánico en una sociedad, especialmente cuando buscan condicionar el comportamiento en situaciones de especial sensibilidad, como un proceso electoral o una crisis en curso.

En segundo, las teorías de la conspiración sobre amenazas químicas o biológicas pueden mermar la cohesión social y la confianza en las instituciones nacionales y científicas y, además, puede motivar la radicalización violenta o tratar de crear mayores brechas en el contexto geopolítico internacional, tal y como se observó durante la pandemia del SARS-CoV-2.

Por último, las campañas de desinformación desplegadas tras un eventual uso de estas armas o simplemente de un incumplimiento flagrante de los acuerdos internacionales, no solo pueden mermar el apoyo a una efectiva sanción de estas actividades, sino que, además, suponen un importante riesgo para el compromiso con la vigencia de los acuerdos y leyes internacionales para la prohibición y control de las mismas.

Frente a estos riesgos, es necesario potenciar los mecanismos de detección de campañas de desinformación, desarrollar estrategias de comunicación efectivas para limitar o contrarrestar sus efectos y promover la formación y la concienciación sobre la desinformación y sobre las armas de destrucción masiva y las organizaciones y normativas que las regulan.

Amenazas procedentes de actores estatales

Dados los requerimientos económicos y tecnológicos para el desarrollo de programas de destrucción masiva, el mayor riesgo de proliferación horizontal deriva de actores estatales.

Como se ha mencionado, la falta de resolución de las crisis de proliferación en Corea del Norte e Irán, así como el uso de armas químicas por el anterior régimen sirio siguen contribuyendo al desgaste de la estabilidad internacional. Adicionalmente, esta situación tiene el potencial de desencadenar carreras de armamentos en las respectivas regiones, contribuyendo aún más a la inestabilidad internacional.

Esta situación requiere reforzar los instrumentos internacionales de detección de programas no declarados de armas de destrucción masiva.

La ausencia de régimen de verificación en el ámbito de la CABT

En el ámbito biológico, aunque la CABT puede considerarse un éxito de la comunidad internacional al intentar poner fin a la proliferación de armas biológicas y complementar el Protocolo de Ginebra de 1925, lo cierto es que se trata de un tratado que adolece de la falta de una organización encargada de verificar el cumplimiento de la Convención por parte de los países que la han ratificado. Quizá la desconfianza reinante durante la Guerra Fría no permitió dejar anclado un tema tan importante y que ha sido, desde entonces, motivo de gran controversia entre los Estados parte.

A pesar de que los Estados parte tienen la obligación de desarmarse, destruyendo o desviando hacia fines pacíficos todos los agentes biológicos, toxinas, armas, equipos y vectores, no existía ni existe ninguna entidad que vele por el progreso de este objetivo. Los Estados parte no están obligados a declarar los agentes biológicos o las toxinas empleadas en actividades no prohibidas. Tampoco están obligadas a declarar todos los laboratorios que se ocupan de la investigación y del desarrollo de sustancias que podrían ser utilizadas como agentes de guerra.

En 2001 el borrador del protocolo de verificación, como se le conoce dentro del ámbito de la CABT, consiguió aunar un conjunto de medidas recopiladas desde las primeras conferencias de revisión con el objetivo primero de fortalecer el cumplimiento de esta Convención. Desafortunadamente, no se alcanzó un consenso. Sucesivos intentos en posteriores conferencias de examen han tratado propuestas para abordar el tema de manera más constructiva y trasladar el debate a un territorio nuevo, más productivo y con visión de futuro.

A falta de un mecanismo de verificación, el sistema de medidas de fomento de la confianza (CBM) ha contribuido a aumentar la transparencia de las actividades de los Estados parte. Este sistema se introdujo en 1987 tras una decisión de la segunda conferencia de revisión de la CAB en 1986.

El objetivo de las CBM es prevenir o reducir la ocurrencia de ambigüedades, dudas y sospechas y mejorar la cooperación internacional en el campo de las actividades biológicas pacíficas. Los Estados parte de la convención sobre armas biológicas deben presentar sus informes nacionales sobre medidas de fomento de la confianza a más tardar el 15 de abril de cada año a la unidad de apoyo a la implementación de la convención sobre armas biológicas.

Sin embargo, su utilidad ha sido cuestionada por la falta de uniformidad de las medidas presentadas por los Estados parte y el distinto nivel de implicación de los mismos.

La universalización pendiente del Protocolo Adicional como estándar de verificación del OIEA

Aunque el régimen de salvaguardias totales reforzado con el Protocolo Adicional pretendía convertirse en el estándar internacional de verificación, el proceso de universalización se ha estancado. En la actualidad tienen el Protocolo Adicional en vigor 117 Estados, y otros 22 Estados ya lo han firmado. Sin embargo, países importantes por sus actividades nucleares como Brasil y Argentina o con ambiciosos programas nucleares civiles incipientes como Arabia Saudí no lo han firmado. Aunque se trate de casos muy diferentes, ciertos países de preocupación −como Irán, Siria o la República Democrática Popular de Corea− no lo han firmado o no lo han ratificado y, por lo tanto, no lo aplican.

Esta falta de universalización del Protocolo Adicional eleva el riesgo de que países potencialmente proliferadores puedan desarrollar programas nucleares militares, utilizando instalaciones no declaradas y, por tanto, fuera del ámbito de verificación del OIEA.

La necesaria renovación del Sistema Internacional de Vigilancia del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares

Aunque el Tratado no ha entrado en vigor, el trabajo de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE) es fundamental para prevenir la proliferación nuclear. Al disponer la prohibición total de los ensayos nucleares, el Tratado trata de limitar el perfeccionamiento cualitativo de las armas nucleares y poner fin al desarrollo de tipos nuevos de esas armas.

Por ello es preciso contribuir a reforzar su régimen de verificación, que permite detectar cualquier explosión nuclear.

El régimen de verificación del TPCE está por compuesto por tres elementos centrales. En primer lugar, la base del sistema es el Sistema Internacional de Vigilancia (SIV): red mundial de instalaciones cuyo fin es detectar posibles explosiones nucleares y obtener pruebas de que se han producido. Se sirve de técnicas sismológicas, hidroacústicas, de infrasonidos y de radionúclidos. Una vez finalizada su instalación, el SIV constará de 321 estaciones de vigilancia y 16 laboratorios de radionúclidos en todo el mundo, instalados en los emplazamientos previstos en el Tratado. En la actualidad el SIV cuenta con cerca del 90% de sus instalaciones homologadas. Ahora bien, las necesidades financieras para el mantenimiento del SIV son muy elevadas, por lo que será preciso que los Estados Signatarios se planteen la necesidad de reforzar la financiación del sistema.

Los otros dos elementos son el Centro Internacional de Datos (CID), que se encarga del funcionamiento del SIV y de la Infraestructura Mundial de Comunicaciones (IMC) y las Inspecciones in Situ (IIS) que empezarán a realizarse tras la entrada en vigor del Tratado.

Amenazas procedentes de actores no estatales: proliferadora, terrorista o proveniente del crimen organizado

Aunque las amenazas de mayor impacto potencial global, asociadas a la proliferación de armas de destrucción masiva, vienen derivadas de acciones proliferadoras estatales, la actividad de grupos no gubernamentales, o incluso individuos aislados, es también un riesgo real. Las actividades proliferadoras de estos grupos, especialmente terroristas, podrían llegar a llevarse a cabo dentro de las fronteras de cualquier estado, independientemente de sus posicionamientos dentro del régimen internacional de no proliferación.

Esta amenaza ha supuesto, y sigue suponiendo, un riesgo importante que preocupa a la comunidad internacional. En múltiples ocasiones ha sido abordada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través de su Resolución 1373 (2001), en la que reconoce la conexión entre el terrorismo internacional y la circulación ilícita de materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares; de la Resolución 1540 (2004), en la que se afirma que la proliferación de ADM y sus sistemas vectores y su posible uso por actores no estatales constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y obliga a controlar los materiales conexos para evitarla. Más recientemente, la Resolución 2325 (2016) exhorta a los estados a fortalecer sus regímenes nacionales aplicando la previa Resolución 1540.

En España, los mapas de riesgos dan a esta amenaza un nivel de impacto considerable, pero un nivel de probabilidad bajo. Esto es consecuencia de que la utilización de elementos NRBQ requiere de la conjunción de varios elementos como son: la presencia de agentes con intención de utilizarlos (voluntad), las capacidades técnicas necesarias para su manipulación, la posibilidad de hacerse con los elementos necesarios para su confección y posterior dispersión y, finalmente, la oportunidad para hacerlo.

A pesar de que ha habido grupos terroristas que han expresado su voluntad de utilizar elementos NRBQ en sus acciones, por el momento no sería el modus operandi más congruente con la actividad proveniente de cualquier otro extremismo radical violento o terrorista asociado a ideologías políticas, que puede buscar crear una alarma puntual pero no desvirtuar sus reivindicaciones con una afectación masiva de ciudadanos, contraria a sus intereses. A pesar de ello, existen manuales que «invitan» a obtener y utilizar armas NRBQ a actores solitarios, alguno de ellos diseñado por autores asociados a ideologías extremas no religiosas.

En lo referente al crimen organizado no terrorista, su implicación en acciones con materiales NRBQ o sus precursores pueden tener más relación con tráficos ilegales de determinados materiales, en muchos casos de doble uso, que con la intención directa de utilizarlos para sus fines delincuenciales. Un caso distinto sería que la acción de los delincuentes fuera promovida, como parte de una guerra híbrida, por algún Estado con el fin de desestabilizar a otro Estado o alguna región.

Amenaza química de grupos no estatales

La posibilidad de un ataque químico por un grupo terrorista, incluso por un «lobo solitario», no es descartable, aunque es limitada, especialmente en el supuesto de ataques a gran escala.

No obstante, dado que en muchos casos estos productos químicos tóxicos industriales (TIC por sus siglas en inglés) potencialmente peligrosos, son necesarios para el normal funcionamiento de la industria (material de doble uso) y, por tanto, circulan, se manipulan y forman parte del comercio legítimo en todo el mundo, grupos terroristas o criminales podrían intentar conseguirlos para realizar ataques de pequeña o mediana intensidad.

Especial atención merecen los productos considerados precursores de armas químicas, también presentes en la industria y el comercio, pues no siendo directamente utilizables como agente agresivo, pueden llegar a serlo a partir de su manipulación o combinación.

El riesgo de la amenaza y la utilización industrial y comercial, bajo supervisión, de los TIC, hacen necesario cuidar especialmente el equilibrio entre el ágil funcionamiento de la industria y el control adecuado que evite que puedan caer en manos de agentes terroristas.

También se debe tener en cuenta la posibilidad de ataques que pretendan la liberación sin control de TIC que se encuentren en vagones de tren, camiones cisterna o instalaciones fijas que grupos terroristas lleguen a considerar «objetivos posibles».

Finalmente, resulta muy complicado que puedan realizarse acciones terroristas con agentes químicos de guerra (CWA, por sus siglas en inglés) por la gran dificultad que supone su obtención. La posibilidad de ataques con estos elementos solo podría provenir del retorno de combatientes extranjeros de zonas de conflicto en las que hubieran podido tener acceso a ellos.

Amenaza biológica de grupos no estatales

Si la probabilidad de que un grupo terrorista utilice armas químicas, existiendo, es baja, la de utilización de material biológico a gran escala es aún menor, principalmente por la mayor dificultad para conseguir y, sobre todo, manejar los elementos patógenos necesarios. En el caso de agentes biológicos no solo es necesaria la obtención del propio agente, ya de por sí complicada, sino que resulta necesario su procesamiento o cultivo y el desarrollo de un método de dispersión eficaz que permita la estabilidad en el tiempo.

No obstante, la posibilidad existe y los efectos de la pandemia han podido ser un escaparate atractivo que ha mostrado las posibilidades de un ataque biológico. Las consecuencias de un ataque biológico son aún más peligrosas que las que podría causar un ataque químico, especialmente por el tiempo necesario para su identificación, la dificultad de aislar el agente y la forma de expansión de enfermedades víricas o bacterianas, cuya actividad es difícil de perimetrar y controlar.

Además, los avances de la biotecnología, especialmente la capacidad para la modificación genética de agentes biológicos en laboratorio, abren la puerta a un tipo de terrorismo biológico extremadamente peligroso en el futuro. A ello se une la proliferación de centros y laboratorios a nivel mundial.

El tipo de organización para la que el empleo de armas biológicas pudiera ser interesante es similar al mencionado para el resto de ADM, es decir, especialmente –sin descartar otras posibilidades– terrorismo de origen religioso radical, incluso exponiéndose a resultar contagiados en la acción.

Sin embargo, en el caso de los elementos biológicos existen dos posibilidades novedosas, que serían: la acción de individuos con profundos resentimientos y problemas de salud mental, contrarios a la evolución de la biotecnología y la de grupos, sectas o células apocalípticas.

Amenaza nuclear y radiológica de grupos no estatales

El uso de materiales nucleares u otros materiales radiológicos con fines terroristas abarcan una gama de posibilidades muy amplia, desde el ataque a una central nuclear, la posibilidad de que se pueda acceder a un arma nuclear o a materiales para su preparación, hasta el uso directo de materiales radioactivos.

Si para los casos de terrorismo químico o biológico el nivel de probabilidad de la amenaza es bajo, mucho más bajo aún lo es para la amenaza de uso de armas nucleares. Sin embargo, el nivel de impacto en caso de que esta pequeña probabilidad llegara a convertirse en una amenaza inminente sería más alto que en el resto de ADM. Sería el caso de que elementos terroristas pudieran tener acceso a armas nucleares, armas que no solo se encuentran en los Estados a los que el TNP autoriza su posesión, sino también en Estados como India, Pakistán o Corea del Norte, posiblemente, entre otros.

Desde este enfoque, el elemento más positivo es que, a pesar de la actual situación del régimen internacional y los problemas del multilateralismo, que han provocado una parada o retroceso en la mayor parte de los diálogos de desarme y control de armamentos, las grandes potencias mantienen un nivel de cooperación muy importante en la lucha contra el terrorismo nuclear. En 2023 la Iniciativa Global para la Lucha Contra el Terrorismo Nuclear (GICTN) celebró su reunión plenaria bajo la copresidencia de Rusia y EE.UU., que dejaron clara su intención de seguir colaborando en este ámbito.

La acción terrorista menos improbable, en este ámbito, sería la que se realizara mediante la utilización de un artefacto o dispositivo de dispersión radiológica (RDD), que solo requiere de una fuente radiológica y un explosivo convencional, incluso de pequeña magnitud.

Según hoja informativa publicada en 2024 el OIEA, desde 1993 se han notificado un total de 4243 incidentes de actividades ilegales o no autorizadas relacionadas con material nuclear y otros materiales radiactivos. En 2023, 31 Estados notificaron 168 incidentes, seis de los ellos estaban relacionados con el tráfico o el uso doloso. Esta recurrencia confirma la necesidad de mantener la vigilancia y la mejora continua de la supervisión para controlar, proteger y eliminar adecuadamente el material radiactivo.

Agroterrorismo

Una atención especial merece la posibilidad de que pueda producirse un ataque NRBQ dirigido a animales, plantas o ecosistemas.

Si bien la propagación malintencionada de agentes biológicos patógenos puede suponer un riesgo directo para la salud de las personas, también puede dirigirse, utilizando patógenos específicos, contra las cabañas ganaderas, la producción agrícola o forestal de un territorio o ecosistemas de especial interés. Las consecuencias podrían llegar a ser importantes, no solo por atacar a la salud entendida como un todo –la salud humana es imposible sin la salud de animales y ecosistemas (concepto conocido como One Health)– sino que también podría crear situaciones que afectaran a la cohesión social, incidiendo en grandes extensiones, superficies o especies de especial protección o en partes importantes de la cabaña ganadera, todo ello puede afectar a sectores de la población especialmente sensibles e incidir en el desarrollo económico y situación ambiental.

Un ataque de este tipo podría realizarse en las distintas fases de la producción y, aunque, como el resto de las posibilidades de ataques biológicos, tendría que enfrentar dificultades en la dispersión de los patógenos, pero también es cierto que se vería potenciado por la globalización, que supone una mayor movilidad internacional de personas, animales y mercancías, lo que facilitaría una expansión incontrolada del daño.

Algunas posibilidades con factores de riesgo importante podrían ser la utilización de enfermedades de alta patogenicidad para cabañas ganaderas estratégicas en nuestro país, como la gripe aviar (influenza aviar) o la peste porcina africana (PPA).

CAPÍTULO 3. Objetivos y líneas de acción

Objetivos

Los objetivos propuestos para afrontar las amenazas detectadas deben responder a los conceptos predefinidos sobre los que trata la estrategia, por una parte la no proliferación y, por tanto, dirigirse a la posibilidad de actuar dentro del régimen internacional, por otra las que conciernen a un concepto cercano a la contra-proliferación, y apuntan en mayor medida a actuaciones que eviten las acciones proliferadoras disuadiendo o deteniendo programas ilícitos.

La Estrategia, de acuerdo a estos dos planos de la amenaza, busca:

– Proyectar el interés nacional por la seguridad global, a través de una acción coordinada de todos los órganos de la Administración General del Estado (AGE) mediante el fortalecimiento de las posiciones y los acuerdos en los que España participa de forma bilateral o en unión con sus socios y aliados, contribuyendo a reforzar la cooperación y el régimen internacional de no proliferación de ADM.

– Fortalecer y preparar a las administraciones y la sociedad civil para prevenir e impedir acciones proliferadoras en nuestro territorio, o que puedan perjudicar la seguridad o los intereses españoles en cualquier escenario proliferante, especialmente por parte de grupos no estatales.

Objetivo 1. Proyectar los intereses de España. Contribuir a reforzar la cooperación internacional y el régimen internacional de no proliferación de ADM.

L.A.1. Garantizar la participación activa de España en los principales foros e instrumentos internacionales de no proliferación de ADM.

España debe jugar un papel activo para contribuir a los esfuerzos internacionales de no proliferación como muestra de su compromiso con el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Los instrumentos para implementar esta línea de trabajo serán los siguientes:

– Se reforzará la participación de España en los ciclos de revisión del Tratado de No Proliferación, la Convención de Armas Químicas y la Convención de Armas Biológicas y Toxínicas. Para garantizar esa participación, el Comité Especializado de No Proliferación (CENP) creará grupos de trabajo ad hoc, con responsables de los ministerios competentes para coordinar la participación de España.

– El CENP elaborará cada año un calendario indicativo de reuniones y foros para priorizar aquellos en los que España puede asumir la presidencia y participación en mesas y órganos de gobierno. En el caso de que España asuma dichas responsabilidades se crearán Grupos de Trabajo ad hoc para apoyar a la presidencia española.

– Se propondrá la organización de seminarios internacionales y eventos paralelos durante Conferencias Internacionales que permitan visibilizar las contribuciones de España a la lucha contra la no proliferación. En estas actividades se dará prioridad a aquellas organizadas en colaboración con otros países y destinadas a reforzar las capacidades de países en desarrollo.

– Se racionalizará y dotará de previsibilidad al apoyo financiero de España a las organizaciones internacionales en el ámbito de la no proliferación. Se identificarán los programas prioritarios para recibir el apoyo financiero de España, como el Fondo de Cooperación Técnica del OIEA.

– Bajo la coordinación de la Unidad de Funcionarios Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, se hará una previsión de las vacantes relevantes para España en las OOII de no proliferación, y se elaborará una base de datos de expertos españoles con el perfil necesario para aspirar a dichas vacantes.

L.A.2. Establecer alianzas inclusivas con otros países para reforzar la arquitectura internacional.

– España debe contribuir a crear puntos de encuentro entre las distintas visiones y posiciones sobre no proliferación, con el objetivo de revertir la fragmentación y polarización existentes en los foros internacionales de no proliferación.

– Se intensificará la contribución de España a grupos informales en los que ya viene participando como la Iniciativa de Estocolmo o la Iniciativa Global contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

– Se identificarán temáticas en las que España pueda liderar, siempre en colaboración con otros países, iniciativas de lucha contra la proliferación.

– Se priorizarán las actividades de divulgación y asistencia técnica con los países en desarrollo con el objetivo de reforzar las capacidades de sus sistemas internos de lucha contra la proliferación.

– Se favorecerán los contactos de las instituciones nacionales responsables para la implementación de los Tratados con sus contrapartes internacionales.

L.A.3. Fortalecimiento de la Verificación, Transparencia y Lucha contra la Impunidad.

El papel de organizaciones como el OIEA, OPAQ o la Comisión Preparatoria de la OTCPE es fundamental para mantener el régimen internacional de verificación y transparencia, por lo que España debe apoyar su trabajo, contribuir a su actualización constante y reforzar las capacidades de implementación nacional por los Estados.

– Promover la adhesión universal a los tratados de no proliferación y desarme.

– Contribuir a reforzar política y financieramente los distintos sistemas de verificación, en especial en las organizaciones mencionadas.

– Promover la creación de un mecanismo de verificación en el ámbito de la CABT.

– Contribuir a iniciativas, de las OOII, que permitan reforzar las capacidades internacionales y nacionales de verificación, como el Programa de Apoyo a las Salvaguardias del OIEA.

– Dentro de las actividades de asistencia técnica con otros países, priorizar aquellas que tengan como objetivo reforzar el régimen internacional de verificación.

Objetivo 2. Fortalecer las capacidades nacionales contra la proliferación.

L.A.4. Fomentar una actuación coordinada de todas las Administraciones públicas y departamentos con competencias en este ámbito.

– Fortalecer la actividad del Comité Especializado de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva como órgano coordinación y de intercambio de información relevante, mediante su actividad directa y con la creación de los grupos de trabajo necesarios. Se deberá crear un Grupo de Trabajo General, que se reunirá trimestralmente para dar continuidad al trabajo del Comité.

– Fortalecer la comunicación de JIMDDU y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) con el Comité Especializado de No Proliferación, mediante la inclusión regular de puntos de interés común en las agendas respectivas.

– Mejorar la gestión de información relacionada con la lucha contra la proliferación y el control de exportaciones, estudiando, entre otras, la creación de bases de datos centralizadas y la posibilidad de mejorar los accesos a bases de datos de los órganos que justifiquen esta necesidad, especialmente policiales.

L.A.5. Fortalecer las capacidades y la gestión del conocimiento de los organismos e instituciones nacionales con competencias en estos ámbitos.

– Formación específica de aquellos funcionarios con responsabilidades en la materia, mediante la organización de seminarios para el conjunto de la Administración o a través de acuerdo con Universidades y centros de pensamiento.

– Acuerdos con centros de pensamiento especializados para desarrollar publicaciones y materiales formativos.

– Sensibilizar a aquellas instituciones cuyas actividades tienen implicación en la lucha contra la proliferación, en especial en el ámbito científico y tecnológico.

– Fortalecer la labor de la JIMDDU. Mantener actualizados los recursos y medios suficientes, con especial atención a las vacantes y relevos de puestos claves.

– Fortalecer los controles de exportación de tecnología intangible.

– Coordinación con otros sectores, así como con el sector privado, para la implementación de las resoluciones, medidas, sanciones o embargos de ONU o UE en el ámbito de la proliferación.

L.A.6. Fomentar la participación del sector privado y la colaboración público-privada.

– Apoyar la divulgación de cuestiones relativas a no proliferación al sector privado, a través de seminarios sobre control de exportaciones y sobre doble uso, especialmente en sectores como el bioquímico y microbiológico y el de las nuevas tecnologías.

– Establecer colaboraciones y alianzas con la industria y el sector privado, y la academia para promover la innovación en tecnologías y enfoques de no proliferación. Facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias para desarrollar soluciones conjuntas que aborden los retos tecnológicos emergentes y de seguridad.

– Fomentar para el sector privado agro-ganadero, que trabaja con agentes biológicos, incluidos en el listado de interés, el conocimiento de los riesgos de exportar y vender tecnologías de doble uso, así como intangibles que puedan ser usados de forma malintencionada.

– Redactar guías de buenas prácticas.

L.A.7. Divulgar al mundo académico la política de no proliferación de ADM.

– Incluir propuestas tendentes a concienciar al mundo académico sobre los riesgos de proliferación derivados de sus actividades de investigación, así como del valor que pueden tener sus contribuciones a la lucha contra la proliferación de ADM.

– Crear programas de acercamiento a las universidades para impulsar la realización de estudios de postgrado y másteres en materias de interés.

L.A.8. Impulsar la aprobación e implementación de planes y normas, o la creación de órganos, que fortalezcan las capacidades nacionales.

– Actualizar con mayor frecuencia y periódicamente el seguimiento de el Plan nacional de Acción para la Implementación de la UNSCR 1540.

– Designación de una Autoridad Nacional Competente para la Coordinación de los trabajos relativos a la Financiación de la Proliferación.

– Modificar la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

– Estudiar posibles modificaciones normativas como la Ley de Contrabando (valorar posibles incrementos en las penas), tipificación del delito de financiación de la proliferación en el código penal.

– Estudiar una posible redefinición de los conceptos exportación expedición, importación. Introducción en la ley orgánica 12/1995, ley 53/2007 y otra normativa relacionada para abordar la problemática relacionada con transferencias intangibles de tecnología y software.

– Creación de la Comisión Nacional de Biocustodia.

– Redactar un Plan de Seguridad Química.

– Estudiar la creación de una Red de Laboratorios de Alertas Químicas (RELAQ) que preste apoyo operativo al Sistema de Seguridad Nacional ante riesgos y amenazas por agentes químicos.

– Impulsar la identificación de una red de laboratorios con capacidad forense nuclear para material nuclear y radiológico utilizado en un atentado terrorista, así como los protocolos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCS) con los respectivos laboratorios.

– Revisar los Planes de Protección Física de las instalaciones nucleares y radiactivas y actualizar la Amenaza Base de Diseño que sirva como referencia para el diseño de los sistemas de protección física de las centrales nucleares y de aquellas instalaciones nucleares y fuentes radiactivas que se considere necesario.

– Fortalecimiento de la Ciberseguridad en colaboración con las estructuras establecidas en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

– Impulsar el desarrollo de medidas frente a ataques biológicos en el marco de un Plan de Acción en repuesta a la evaluación de las capacidades de preparación y respuesta frente a emergencias de salud pública (ECDC Public Health Emergency Preparedness Assessment for Spain, 2024) en virtud del Reglamento 2022/2371 sobre amenazas transfronterizas graves para la salud.

– Adecuar el sistema nacional de salud, al menos en lo que pueda tener relación con posibles amenazas biológicas, a la entrada en vigor del Reglamento Sanitario Internacional. En el momento de aprobación de esta estrategia se encuentra en fase de aprobación y a la adopción del Acuerdo sobre Pandemias, que será adoptado por los estados en la próxima Asamblea Mundial de la Salud.

– Desarrollar protocolos específicos de actuación ante noticias falsas o desinformación en las que se utilice como elemento de alarma algún arma NRBQ.

L.A.9. Gestión Integral de Riesgos en sectores relacionados con tecnologías NRBQ y misiles, así como tecnologías de doble Uso y relacionadas.

– Desarrollar y aplicar medidas de gestión de riesgos en los sectores de doble uso, como la industria, la sanidad, la agricultura, la investigación, el transporte y el comercio nacional e internacional. Estas medidas tendrán como objetivo prevenir el desvío o mal uso de elementos, sustancias NRBQ y material susceptible de ser utilizado con fines criminales o terroristas, fortaleciendo así la seguridad y evitando la proliferación de ADM.

L.A.10. Protección de infraestructuras.

– Determinación, localización y sistematización de aquellas infraestructuras que, pudiendo o no haber sido consideradas infraestructuras críticas, puedan poseer por su tipo de actividad un alto potencial de impacto en la Seguridad Nacional desde la perspectiva de la proliferación de ADM.

– En su caso, definición de un marco de seguridad reforzada que minimice las amenazas asociadas a su actividad y funcionamiento.

CAPÍTULO 4. Gestión de crisis¹ en el marco del Sistema de Seguridad Nacional

¹ En el presente documento se utiliza el término crisis con diferentes acepciones que, aunque próximas en su significado, son diferentes en cuanto al sujeto pasivo de las mismas: crisis geopolíticas, crisis de proliferación, crisis del régimen internacional de lucha contra la proliferación o crisis de Seguridad Nacional. Esto es así porque es la forma habitual de referirse a estos fenómenos en el ámbito internacional. Sin embargo, esta sección se refiere exclusivamente a las crisis de Seguridad Nacional tal y como están definidas en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional.

Una crisis cuyo origen se sitúe en un ámbito particular de la Seguridad Nacional, como es la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, dejará de ser sectorial cuando por la intensidad y expansión de sus efectos o por dimensión internacional, requiera una respuesta en consonancia a la magnitud del riesgo planteado.

Trascendida una respuesta sectorial, la gestión de crisis se realizará con arreglo a lo dispuesto en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que reserva esa función al Consejo de Seguridad Nacional apoyado por el Comité de Situación, único órgano con competencia para asistir al Consejo en la preparación y respuesta a una situación de crisis de Seguridad Nacional.

El Comité Especializado de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva realizará, en apoyo del Comité Especializado de Situación, la valoración de los riesgos asociados a la amenaza, analizar los posibles escenarios de crisis, en el ámbito de la no proliferación de armas de destrucción masiva –en especial de aquéllos susceptibles de derivar en una situación de interés para la Seguridad Nacional–, y evaluar los resultados de su ejecución, todo ello en coordinación con los órganos y autoridades directamente competentes y con el Comité de Situación.

Consejo de Seguridad Nacional.

– Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional.

Comité de Situación.

– Órgano responsable de apoyar al Consejo de Seguridad Nacional en la dirección y coordinación de las actuaciones de gestión de situaciones de crisis.

Célula de Coordinación.

– Para el cumplimiento de sus funciones de apoyo al Comité de Situación, el DSN podrá ser reforzado por personal especializado proveniente de los departamentos ministeriales u organismos competentes, los cuales conformarán la Célula de Coordinación específica.

Comité Especializado de No Proliferación.

– Órgano de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional que tiene como finalidad asistir al Presidente del Gobierno en la dirección de la Política de Seguridad Nacional en materia de No Proliferación.

Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

– Secretaría Técnica y órgano de trabajo permanente.

El Sistema de Seguridad Nacional integra todos los niveles de las Administraciones públicas y proporciona comunicaciones especiales como elemento de coordinación. Con ello, permite la adecuada integración de la información, la alerta temprana y seguimiento de situaciones susceptibles de generar una crisis de Seguridad Nacional, así como la preparación de la respuesta mediante la catalogación de recursos y la elaboración de planes de respuesta y disposición de recursos.

Este esquema de actuación permite adoptar una respuesta única, incardinada en los principios whole of government y whole of nation y alineada con los mecanismos de respuesta de crisis previstos por organizaciones internacionales de las que España forma parte.

En concordancia con la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, para el desarrollo de capacidades nacionales de gestión de crisis en el ámbito de la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, se acometerán las siguientes iniciativas:

– Catálogo de recursos para la Seguridad Nacional.

– Planes de preparación y disposición de recursos.

– Sistema de alerta temprana basada en indicadores.

– Ejercicios de preparación y adiestramiento.

– Centros de Situación.

Catálogo de recursos de la Seguridad Nacional.

Los órganos competentes en materia de lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva identificarán y catalogarán los recursos humanos y medios materiales que puedan ser puestos a disposición para la gestión de crisis en caso de declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional.

Planes de preparación y disposición de recursos.

El Comité especializado de no proliferación de armas de destrucción masiva, en apoyo del Comité de Situación, analizará los escenarios aprobados por el Consejo de Seguridad Nacional que, en base al análisis de riesgos y amenazas, aconsejen la elaboración de los planes de preparación y disposición de recursos.

Sistema de alerta temprana basada en indicadores.

Los órganos competentes en materia de lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva desarrollarán un sistema de indicadores de alerta temprana de carácter sectorial que permita detectar y valorar los riesgos y amenazas concretos para este ámbito de la Seguridad Nacional. Estos sistemas de alerta temprana sectoriales se integrarán en el sistema de indicadores del marco de gestión de crisis del Sistema de Seguridad Nacional.

Ejercicios de preparación y adiestramiento.

Con la finalidad de activar la estructura y los procedimientos del Sistema de Seguridad Nacional, se realizarán ejercicios de preparación y adiestramiento frente a eventuales situaciones de crisis, en los que participarán las autoridades concernidas, los centros de situación o de crisis, así como los órganos de las comunidades autónomas que pudieran verse implicados.

Centros de situación.

Con el objetivo de materializar una contribución efectiva al Sistema de Seguridad Nacional, los ministerios con competencias relacionadas con cada uno de los ámbitos que contempla la Estrategia de Seguridad Nacional, incluida la proliferación de armas de destrucción masiva, dispondrán de un centro de situación o crisis.