Ley 13/2025, de 29 de diciembre, de los derechos de las personas LGBTI y la erradicación de la LGBTI-fobia

Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deben garantizar la necesaria coordinación con las entidades públicas o privadas representativas del ámbito de la gestión del ocio para llevar a cabo acciones y campañas de sensibilización y establecer protocolos contra el acoso y las violencias sexuales en espacios de ocio nocturno.

El derecho de admisión en los establecimientos y espacios abiertos al público debe regirse por la regulación establecida por la normativa sobre igualdad de trato y no discriminación o cualquier otra normativa que le sea aplicable, con el fin de preservar la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

El Gobierno, en los ejes de las políticas de cooperación y fomento de la paz y de los derechos humanos que lleve a cabo, debe reconocer la lucha por los derechos de las personas LGBTI y sus experiencias, problemáticas y denuncias en todo el mundo, especialmente en los territorios en los que son objeto de persecución o discriminación o en los que no se reconocen derechos básicos como los derechos a la vida, a la salud y a la integridad moral, física y sexual.

El Gobierno, mediante el departamento competente en materia de acción exterior, debe impulsar proyectos de cooperación que apoyen a las personas LGBTI y defiendan y reconozcan sus derechos humanos.

La Administración de justicia, en el ámbito de las competencias propias de la Generalitat, o, en su caso, de las administraciones locales, debe respetar en sus actuaciones el derecho a la igualdad de trato y evitar toda forma de discriminación.

El Gobierno, mediante el departamento competente en materia de justicia, debe establecer programas de sensibilización y formación especializada sobre el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en el ámbito LGBTI desde una perspectiva interseccional e integral para todas las personas que integran la Administración de justicia, para garantizar una adecuada sensibilización, una correcta actuación en prevención e intervención en todas las actuaciones y procesos, evitar la victimización secundaria y cumplir con eficacia, eficiencia y respeto los principios recogidos en la Carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia.

El Gobierno, mediante el departamento competente en materia de justicia, debe velar por que el personal de los registros civiles de Cataluña disponga de la información y la formación necesarias para actuar de conformidad con la legislación vigente, y debe garantizar una correcta coordinación entre los distintos departamentos y otros registros a fin de evitar situaciones de revictimización o no ajustadas al marco legal vigente.

Los medios de comunicación, tanto públicos como privados, deben velar por la protección del derecho a la intimidad, la dignidad y el honor de las víctimas y de sus familias. Con este objetivo, deben evitar siempre proporcionar detalles de las agresiones, especialmente los de carácter morboso, o informaciones sobre datos personales de las víctimas y de sus familiares que las hagan identificables u otros datos de carácter personal, y no pueden difundir pruebas que estén en curso de investigación judicial.

Los medios de comunicación no pueden reproducir contenido audiovisual de ningún tipo que vulnere el derecho a la intimidad, la dignidad y el honor de las víctimas de LGBTI-fobia. El incumplimiento de estas obligaciones, que implica el ejercicio de la revictimización y contraviene los principios de la profesión periodística, comporta sanciones administrativas.

Los medios de comunicación deben velar por la realización de un abordaje estructural de la violencia LGBTI-fóbica, deben citar fuentes expertas, deben proporcionar los teléfonos de atención a las víctimas y deben evitar los mensajes que directa o indirectamente responsabilicen a la víctima de la violencia que ha sufrido.

Los datos personales de las personas LGBTI deben ser tratados de forma lícita, leal y transparente y teniendo en cuenta que constituyen categorías especiales de datos personales, de acuerdo con la normativa de protección de datos personales.

Es necesario el consentimiento expreso de la persona para el tratamiento de los datos personales para una o varias finalidades específicas, salvo que en virtud de esta norma o del resto del ordenamiento jurídico se requiera el tratamiento de datos para el cumplimiento de una obligación legal, una misión realizada en interés público, el ejercicio de poderes públicos o la protección de intereses vitales de la persona interesada o de otra persona.

En los casos de discriminación y violencia LGBTI-fóbicas, la presente ley habilita el tratamiento de datos personales, especialmente la comunicación y la cesión de los datos entre las administraciones públicas, las autoridades y los órganos competentes en prevención, detección, atención, recuperación y reparación de las violencias LGBTI-fóbicas, para que puedan ejercer las respectivas funciones en relación con cada caso de discriminación o violencia LGBTI-fóbica con la máxima agilidad y eficiencia. El tratamiento de los datos personales debe limitarse, en cualquier caso, a los mínimos necesarios para cumplir esta finalidad legal.

La comunicación y la cesión a las que se refiere el apartado 3 deben limitarse a los datos de carácter identificativo y a los que vinculan a la persona con los organismos y servicios, así como a los relacionados con la tipología de la intervención realizada que sean relevantes y necesarios en cada caso, según la finalidad y el objetivo legítimos a los cuales quiere darse cumplimiento y los requisitos y las condiciones del servicio o la prestación de que se trate. Las administraciones públicas, las autoridades y los órganos administrativos implicados deben elaborar un protocolo que recoja las finalidades, las funciones, los ámbitos funcionales y los datos concretos de esta comunicación o cesión, que deben ser los mínimos necesarios.

El departamento competente en materia de políticas de igualdad debe coordinar los elementos técnicos de la comunicación y gestión de los datos personales, sin perjuicio de las responsabilidades sobre tratamiento de datos personales de cada departamento u órgano implicado.

Los organismos y servicios que realicen las comunicaciones deben aplicar las medidas técnicas y organizativas correspondientes al tratamiento de categorías especiales de datos personales y deben garantizar y verificar periódicamente la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, la disponibilidad y la autenticidad de los datos.

El personal de las administraciones públicas que realice tratamiento de datos personales tiene una obligación profesional de secreto sobre la información a la que tenga acceso, incluso una vez extinguida la vinculación con la entidad en la que presta servicios.

La Autoridad Catalana de Protección de Datos es el ente garante de la protección de datos de las personas LGBTI y, a tal efecto, debe habilitar las medidas administrativas y técnicas necesarias para facilitar la recepción de quejas en este ámbito y debe establecer instrucciones específicas para formar y sensibilizar en relación con las infracciones que afecten a estas personas.

La Autoridad Catalana de Protección de Datos, en el ámbito de las administraciones públicas de Cataluña, debe garantizar la protección específica de los datos personales de las víctimas de discriminación o violencia LGBTI-fóbicas.

La Autoridad Catalana de Protección de Datos, en caso de que detecte o le sea comunicado un tratamiento ilícito de los datos a los que se refiere el apartado 2, especialmente la divulgación no consentida de dichos datos –incluida la imagen–, debe iniciar el procedimiento sancionador pertinente y activar, si procede, las correspondientes medidas provisionales.

La tutela judicial y administrativa ante las conculcaciones del derecho a la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGBTI debe comprender, según el caso, la adopción de todas las medidas necesarias destinadas al cese inmediato de la discriminación, la adopción de medidas cautelares para prevenir violaciones inminentes o ulteriores, la indemnización de los daños y perjuicios causados, el restablecimiento de la persona perjudicada en el pleno ejercicio de sus derechos y el establecimiento de garantías de no repetición.

Se presume la existencia de daño moral si la discriminación está acreditada. El daño debe valorarse atendiendo a las circunstancias del caso y la gravedad de la lesión efectivamente producida.

Tienen la consideración de personas interesadas en el procedimiento administrativo objeto de la presente ley las asociaciones y organizaciones representativas de la defensa de los derechos humanos y todas las personas físicas o jurídicas que tienen legalmente reconocido este derecho, siempre que dispongan del consentimiento de las personas afectadas. Este consentimiento no es preceptivo si las personas afectadas son una pluralidad indeterminada o de difícil determinación.

De acuerdo con lo establecido por las leyes procesales, las asociaciones y organizaciones a las que se refiere el apartado 1 están legitimadas para defender los derechos e intereses de los afiliados o asociados que así lo deseen en procesos judiciales civiles, contencioso-administrativos y sociales.

Las administraciones públicas deben garantizar a las personas LGBTI que sufren o se encuentran en riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia o discriminación el derecho a recibir de forma inmediata una protección y una atención integrales, reales y efectivas.

Las administraciones públicas deben proteger a las víctimas de cualquiera de las discriminaciones o formas de violencia a las que se refiere la presente ley y garantizarles el acompañamiento legal y psicosocial, la reparación del daño y las garantías de no repetición.

Las administraciones locales deben adscribirse a la Red de Servicios de Atención Integral LGBTI, en la medida de lo posible, para poder ofrecer un servicio de calidad que garantice el derecho regulado por este artículo.

Las administraciones públicas deben establecer los mecanismos necesarios para garantizar el derecho de las personas LGBTI a recibir toda la información y la asistencia jurídica especializada en relación con la discriminación y las diversas formas de violencia LGBTI-fóbica.

En los procedimientos vinculados a la violencia en el ámbito de la pareja o la expareja y a la violencia sexual, el Gobierno, mediante los correspondientes mecanismos y convenios, debe garantizar el acceso a la justicia gratuita.

De acuerdo con lo establecido por las leyes procesales y reguladoras de los procedimientos administrativos, cuando la parte actora o la persona interesada aleguen discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales y aporten indicios fundamentados, corresponde a la parte demandada, o a quien se impute la situación discriminatoria, la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Los hechos o los indicios por los que puede presumirse la existencia de discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales pueden ser probados por cualquier prueba admitida en derecho, sin perjuicio de los procedimientos que se tramiten y de las medidas adoptadas al amparo de las normas de organización, convivencia o disciplina de las instituciones y de los servicios públicos. También pueden tenerse en cuenta pruebas estadísticas y tests de situación. Deben establecerse por reglamento las condiciones y garantías aplicables.

El órgano administrativo o sancionador, de oficio o a instancia de parte, puede solicitar informes o dictámenes a los órganos competentes en materia de igualdad.

Son infracciones administrativas en el ámbito de los derechos de las personas LGBTI las acciones u omisiones tipificadas por la presente ley, siempre que no constituyan delito o infracción laboral.

No se considera discriminación la diferencia de trato basada en alguna de las causas establecidas por la presente ley derivada de una disposición, una conducta, un acto, un criterio o una práctica que pueda justificarse objetivamente por una finalidad legítima y como medio adecuado, necesario y proporcionado para alcanzarla.

Cualquier discriminación por razón de la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género o las características sexuales que se produzca en el ámbito laboral, tanto en la selección o la promoción de personal como en el desarrollo de las tareas –incluido el acoso–, constituye una infracción y debe ser objeto de investigación y, en su caso, de sanción, de acuerdo con el procedimiento y la tipificación establecidos por la legislación laboral.

Son responsables de las infracciones tipificadas por la presente ley las personas físicas de más de catorce años o las personas jurídicas, públicas o privadas, que, por acción u omisión, incurren en los supuestos de infracción.

Si el responsable de cualquiera de las infracciones tipificadas por la presente ley tiene entre catorce y dieciocho años, responden solidariamente de la sanción y de la reparación sus representantes legales.

Si el responsable de cualquiera de las infracciones tipificadas por la presente ley es una persona física menor de edad, independientemente de que se le tenga que imponer una multa, el órgano competente debe adoptar medidas de interés social y valor educativo que tengan la finalidad de concienciar a la persona que ha cometido la infracción –y, en su caso, a su entorno familiar y comunitario– en materia de igualdad de trato y no discriminación, especialmente respecto de las personas LGBTI.

Si tanto el responsable de la infracción como la víctima son menores de edad, el órgano competente debe valorar, como opción preferente, la posibilidad de reparar los daños con una mediación específica en el ámbito de la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGBTI, con el fin de sensibilizar y formar en el ámbito LGBTI como medida sustitutoria del procedimiento administrativo sancionador, siempre que no se dé una relación de asimetría, de influencia coercitiva o de dependencia entre las partes implicadas.

En los casos en que se aporte al expediente sancionador un principio de prueba del cual se infiera que la responsabilidad de la acción puede recaer sobre una autoridad o un cargo público o sobre personal al servicio de las administraciones públicas, el órgano competente en materia sancionadora y reparadora de los daños a las víctimas de discriminación, tan pronto tenga conocimiento de ello, debe adoptar las medidas provisionales pertinentes para poner fin a la situación de discriminación.

En el supuesto al que se refiere el apartado 1, el órgano competente en materia sancionadora y reparadora de los daños a las víctimas de discriminación, además de instruir el procedimiento sancionador que proceda, debe ponerlo en conocimiento del órgano competente con el fin de iniciar el correspondiente procedimiento disciplinario, de acuerdo con la legislación específica aplicable, respecto a los presuntos responsables de la infracción que tengan la condición de personal al servicio de las administraciones públicas.

Si la resolución de un procedimiento sancionador instruido en virtud de la presente ley imputa la responsabilidad de la infracción a una autoridad o un cargo público o a personal al servicio de las administraciones públicas, los hechos declarados probados en la resolución vinculan a la Administración en el procedimiento de responsabilidad patrimonial que deberá instruirse para determinar la indemnización que pueda proceder por los daños y perjuicios causados a la víctima de la discriminación.

No pueden sancionarse los hechos que ya hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los supuestos en que se aprecie identidad de sujeto, hechos y fundamento.

La Administración debe poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o del órgano judicial competente los casos en que considere que las infracciones pueden ser constitutivas de ilícito penal, y debe suspender el procedimiento administrativo sancionador hasta que exista sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento, o hasta que el Ministerio Fiscal comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones.

Cuando el procedimiento judicial esté en curso, la Administración puede adoptar, de forma motivada, medidas cautelares destinadas a evitar un perjuicio mayor. En caso de que el órgano judicial acuerde el sobreseimiento de la causa o el archivo de las actuaciones de forma previa a dictar sentencia o bien si la sentencia no es condenatoria, debe notificarlo al órgano administrativo correspondiente y este, en su caso, debe solicitar al órgano judicial correspondiente la deducción del testimonio de las actuaciones judiciales para levantar la suspensión, si procede, y continuar la tramitación del procedimiento administrativo.

Los órganos competentes para iniciar, instruir y resolver los expedientes sancionadores deben aplicar la normativa de procedimiento sancionador aplicable a los ámbitos de competencia de la Administración de la Generalitat, de acuerdo con los principios de legalidad, competencia, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y prohibición de doble sanción.

Si el órgano competente considera, durante la fase de instrucción, que la potestad sancionadora con relación a la presunta conducta infractora corresponde a otra administración pública, debe poner este hecho en su conocimiento y debe remitirle el expediente correspondiente.

Corresponden al órgano competente en materia sancionadora y reparadora de los daños a las víctimas de discriminación las siguientes potestades:

El Síndic de Greuges puede proponer al órgano competente en materia sancionadora y reparadora de los daños a las víctimas de discriminación incoar los procedimientos por incumplimiento de la presente ley por causa de acción u omisión de las administraciones públicas.

Las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves de acuerdo con lo establecido por la presente ley, siempre que no sean constitutivas de delito o de infracción laboral.

Las infracciones no pueden ser objeto de sanción sin la previa instrucción del correspondiente procedimiento legal.

Son infracciones leves:

Son infracciones graves:

Son infracciones muy graves:

Las infracciones tipificadas por la presente ley se sancionan con las siguientes multas:

En caso de que una discriminación se produzca por el funcionamiento de una administración pública o por el personal contratado en el ejercicio de sus funciones o en medios de comunicación públicos, incluidas las plataformas virtuales, la persona o el grupo responsables deben realizar una manifestación pública de desagravio, en el mismo espacio o mediante los mismos canales, para reparar el daño a la dignidad de la persona objeto de la discriminación.

Por la comisión de infracciones graves, el órgano que resuelva el expediente sancionador debe imponer, además de la multa correspondiente, una de las siguientes sanciones accesorias, o más de una:

Por la comisión de infracciones muy graves, el órgano que resuelva el expediente sancionador debe imponer, además de la multa correspondiente, una de las siguientes sanciones accesorias, o más de una:

Las autoridades competentes, a la hora de imponer sanciones y, en su caso, de determinar la cuantía de las multas o la duración de las sanciones temporales, deben garantizar que sean proporcionales a la gravedad de la infracción, teniendo en cuenta el perjuicio causado, el número de personas afectadas, la entidad del derecho afectado y la naturaleza del deber concernido según la legislación vigente. Deben considerarse especialmente los siguientes criterios:

La sanción debe tener por objetivo la prevención, disuasión, reparación y corrección de los perjuicios que haya causado o pueda causar la discriminación.

Las sanciones impuestas en virtud de la presente ley tienen el objetivo de prevenir, disuadir, reparar y corregir los perjuicios que haya causado o pueda causar la discriminación, y deben graduarse manteniendo la proporción adecuada con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción.

El importe de la multa debe fijarse de forma que no resulte más beneficioso abonar la multa que cometer la infracción.

Las sanciones deben aplicarse en grado mínimo, medio o máximo teniendo en cuenta los siguientes factores:

Si de la comisión de una infracción deriva necesariamente la comisión de otra, debe imponerse la sanción correspondiente a la infracción más grave.

Si la infracción es cometida por personal al servicio de la Administración pública en el ejercicio del cargo, la sanción se aplica en grado máximo.

La discriminación múltiple o interseccional, la victimización secundaria y la situación de especial vulnerabilidad de la víctima incrementan en un grado, respecto a cada una de las causas que concurren, el tipo de infracción tipificado por la presente ley.

Las víctimas de cualquiera de las conductas constitutivas de infracción tipificadas por la presente ley tienen derecho a una reparación integral del daño sufrido, mediante medidas de reparación pecuniarias, sustitutorias, accesorias o simbólicas. Pueden aplicarse varias medidas complementarias entre sí.

La reparación pecuniaria del daño corre a cargo de la persona responsable de la infracción, sin perjuicio de la sanción impuesta. Si la infracción ha sido cometida por personal de las administraciones públicas, ya sea funcionario o laboral, la administración correspondiente es la responsable civil subsidiaria.

La reparación adoptada por las administraciones públicas debe incluir medidas simbólicas, como actos de conmemoración, de reconocimiento público o de rechazo, y garantías de no repetición, aunque la resolución del procedimiento sancionador sea desfavorable por falta de responsable conocido.

Si la resolución de un procedimiento sancionador instruido en virtud de la presente ley imputa la responsabilidad de la infracción a personal funcionario o laboral al servicio de las administraciones públicas en ejercicio de sus funciones, la responsabilidad de la persona y de la Administración es complementaria, y la Administración debe promover las medidas de reparación más adecuadas en atención a las circunstancias del caso.

El órgano que resuelva el expediente sancionador por la comisión de una infracción leve o de una infracción grave puede establecer, con el consentimiento de la persona sancionada, una medida accesoria o sustitutoria consistente en la cooperación no retribuida en actividades de utilidad pública con interés social y valor educativo o en tareas de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas de discriminación o violencia LGBTI-fóbicas; la asistencia a cursos de formación o sesiones individualizadas, o cualquier otra medida alternativa que tenga la finalidad de concienciar a la persona responsable en materia de igualdad de trato y no discriminación de personas LGBTI y de reparar el daño moral causado a las víctimas.

La víctima de la infracción, en su caso, debe manifestar su acuerdo o desacuerdo respecto de la medida accesoria o sustitutoria de la sanción, sin que su desacuerdo comporte necesariamente la inaplicación de la medida.

El órgano competente en materia sancionadora y reparadora de los daños a las víctimas de discriminación debe informar al responsable y a la víctima sobre la posibilidad de iniciar un proceso de mediación antes de incoar, con carácter alternativo y subsidiario, el procedimiento sancionador correspondiente, salvo los casos con contenido penal o laboral y los casos de violencia LGBTI-fóbica.

El proceso de mediación no excluye las medidas de reparación establecidas por la presente ley.

La mediación solamente puede aplicarse si no se da una relación de asimetría, de influencia coercitiva o de dependencia entre las partes implicadas.

Las infracciones que la presente ley tipifica como leves prescriben al año; las que tipifica como graves, a los tres años; y las que tipifica como muy graves, a los cuatro años.

Las sanciones establecidas por la presente ley prescriben al año si son impuestas por la comisión de infracciones tipificadas como leves; a los cuatro años por la comisión de infracciones tipificadas como graves, y a los cinco años por la comisión de infracciones tipificadas como muy graves.

El Síndic de Greuges, de acuerdo con las atribuciones que le asignan el Estatuto de autonomía y la Ley 24/2009, de 23 de diciembre, del Síndic de Greuges, ejerce las funciones relativas a la defensa de derechos y libertades en materia de no discriminación de las personas LGBTI que puedan haber sido vulnerados por la actuación de instituciones, tanto públicas como privadas.

El Gobierno debe cooperar, en el ámbito de la no discriminación de las personas LGBTI, con los organismos y órganos competentes en la defensa de derechos y libertades, ofrecerles toda la información de la que disponga y darles el apoyo necesario en sus actuaciones.

El Gobierno, mediante el departamento competente en materia de políticas de igualdad, debe proponer –o, en su caso, actualizar– un convenio de colaboración con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal, los registros civiles en Cataluña, los Mossos d’Esquadra, el Síndic de Greuges y las demás administraciones o instituciones que sea necesario para aplicar lo dispuesto por la presente ley.

El órgano competente en materia sancionadora y reparadora de los daños a las víctimas de discriminación es el Organismo de Protección y Promoción de la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

El Organismo de Protección y Promoción de la Igualdad de Trato y la No Discriminación debe garantizar el derecho de las víctimas de LGBTI-fobia a la reparación del daño, ejercer la potestad sancionadora y constituirse, con el consentimiento expreso de las partes, en organismo de mediación o conciliación entre ellas con relación a casos de violación del derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación, salvo en los casos con contenido penal o laboral y en los casos de violencia machista.

El Organismo de Protección y Promoción de la Igualdad de Trato y la No Discriminación aplica preferentemente esta ley en materia de LGBTI-fobia, dada su especialización.

El Organismo de Protección y Promoción de la Igualdad de Trato y la No Discriminación debe garantizar los derechos de las víctimas en el procedimiento sancionador poniendo a la víctima en el centro del proceso en todo momento.

Se añaden seis letras, la 2 bis, la 2 ter, la 2 quater, la 2 quinquies, la 2 sexies y la 2 septies, al artículo 92 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, con el siguiente texto:

Se suprime el apartado 7 (sic) del artículo 92 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

La Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación, es de aplicación supletoria en lo que se refiere al procedimiento sancionador de la presente ley.

Son aplicables a la presente ley las modificaciones relativas al procedimiento administrativo sancionador y de reparación a las víctimas que se realicen en la Ley 19/2020.