Historial de reformas

##### ARTICULO 79.—

Desde el inicio de un proceso penal hasta su finalización,

ARTÍCULO 15.- Sustitúyese el artículo 80 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:

Artículo 80: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, la víctima del delito tendrá derecho:

a) A ser informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento;

b) A examinar documentos y actuaciones, y a ser informada sobre el estado del proceso y la situación del imputado;

c) A aportar información y pruebas durante la investigación;

d) A que en las causas en que se investiguen delitos contra la

propiedad, las pericias y diligencias sobre las cosas sustraídas sean

realizadas con la mayor celeridad posible, para el pronto reintegro de

los bienes sustraídos;

e) Cuando fuere menor o incapaz, el órgano judicial podrá autorizar que

durante los actos procesales en los cuales intervenga sea acompañado

por una persona de su confianza, siempre que ello no coloque en peligro

el interés de obtener la verdad de lo ocurrido;

f) A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o

suspensión de la acción penal, y de aquellas que dispongan medidas de

coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo

solicite expresamente;

g) A ser notificada de las resoluciones que puedan requerir su revisión;

h) A solicitar la revisión de la desestimación o el archivo, aún si no hubiera intervenido en el procedimiento como querellante.

ARTÍCULO 16.- Sustitúyese el artículo 81 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:

Artículo 81: Durante el proceso penal, el Estado garantizará a la

víctima del delito los derechos reconocidos en la Ley de Derechos y

Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. A tal fin, las

disposiciones procesales de este Código serán interpretadas y

ejecutadas del modo que mejor garantice los derechos reconocidos a la

víctima.

Los derechos reconocidos en este Capítulo deberán ser enunciados por el

órgano judicial competente, al momento de practicar la primera citación

de la víctima o del testigo.

ARTÍCULO 17.- Sustitúyese el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:

Derecho de querella

Artículo 82: Toda persona con capacidad civil particularmente ofendida

por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en parte

querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de

convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que en

este Código se establezcan.

Cuando se trate de un incapaz, actuará por él su representante legal.

Cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte o la

desaparición de una persona, podrán ejercer este derecho el cónyuge, el

conviviente, los padres, los hijos y los hermanos de la persona muerta

o desaparecida; si se tratare de un menor, sus tutores o guardadores, y

en el caso de un incapaz, su representante legal.

Si el querellante particular se constituyera a la vez en actor civil,

podrá así hacerlo en un solo acto, observando los requisitos para ambos

institutos.

ARTÍCULO 18.- Sustitúyese el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:

Denuncia ante el juez

Artículo 180: El juez que reciba una denuncia la transmitirá

inmediatamente al agente fiscal. Dentro del término de veinticuatro

(24) horas, salvo que por la urgencia del caso aquél fije uno menor, el

agente fiscal formulará requerimiento conforme al artículo 188 o pedirá

que la denuncia sea desestimada o remitida a otra jurisdicción.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el juez de

instrucción que reciba una denuncia podrá, dentro del término de

veinticuatro (24) horas, salvo que por la urgencia del caso fije uno

menor, hacer uso de la facultad que le acuerda el artículo 196, primer

párrafo, en cuyo caso el agente fiscal asumirá la dirección de la

investigación conforme a las reglas establecidas en el título II, del

libro II de este Código o pedirá que la denuncia sea desestimada o

remitida a otra jurisdicción.

La denuncia será desestimada cuando los hechos referidos en ella no

constituyan delito, o cuando no se pueda proceder. La resolución que

disponga la desestimación de la denuncia o su remisión a otra

jurisdicción, será apelable por la víctima o por quien pretendía ser

tenido por parte querellante.

ARTÍCULO 19.- Sustitúyese el artículo 293 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:

Suspensión del proceso a prueba

Artículo 293: En la oportunidad que la ley penal permita la suspensión

del proceso a prueba, el órgano judicial competente podrá conceder el

beneficio, en audiencia única, donde las partes tendrán derecho a

expresarse. Se citará a la víctima aún cuando no se hubiese presentado

como parte querellante.

Cuando así ocurra, el órgano judicial competente en la misma audiencia

especificará concretamente las instrucciones y reglas de conducta a las

que deba someterse el imputado y deberá comunicar inmediatamente al

juez de ejecución la resolución que somete al imputado a prueba.

ARTÍCULO 20.- Sustitúyese el artículo 496 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:

Salidas transitorias

Artículo 496: Sin que esto importe suspensión de la pena, el tribunal

de ejecución podrá autorizar las salidas transitorias permitidas por

Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad. La víctima, aun

cuando no se hubiese constituido en querellante, será informada de la

iniciación del trámite y sus necesidades deberán ser evaluadas.

Asimismo, el tribunal de ejecución podrá autorizar que el penado salga

del establecimiento carcelario en que se encuentre, por un plazo

prudencial, y sea trasladado, bajo debida custodia, para cumplir sus

deberes morales en caso de muerte o de grave enfermedad de un pariente

próximo. También gozarán de este beneficio los procesados privados de

su libertad.

ARTÍCULO 21.- Sustitúyese el artículo 505 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), por el siguiente:

Solicitud

Artículo 505: La solicitud de libertad condicional se cursará de

inmediato por intermedio de la dirección del establecimiento donde se

encuentre el condenado, quien podrá nombrar un defensor para que actúe

en el trámite. En todos los casos la víctima, aun cuando no se hubiese

constituido en querellante, deberá ser informada de la iniciación del

trámite, y ser oídas sus necesidades.

Capítulo V

Creación del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos

ARTÍCULO 22.- Créase en el ámbito de la Secretaría de Justicia del

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Centro de

Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID).

El CENAVID tendrá a su cargo la asistencia a las víctimas de delitos de

competencia de la justicia federal en todo el país, y en forma

coadyuvante, la asistencia a las víctimas de delitos de competencia de

la justicia ordinaria a requerimiento de las jurisdicciones locales.

ARTÍCULO 23.- Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que

ya cuenten con organismos o instituciones especializadas en la

asistencia a las víctimas de delitos de competencia local evaluarán su

situación y, si fuese el caso, adoptarán las medidas necesarias para

dotarlos de suficiente estructura, capacitación y financiación.

El CENAVID desarrollará las acciones a su alcance para colaborar en la

creación de tales organismos, en las provincias que no cuenten con

ellos.

ARTÍCULO 24.- El CENAVID tendrá las siguientes funciones:

a) Atender de inmediato a las víctimas que requieran su intervención. A

tal fin deberá implementar un servicio de urgencia que funcione fuera

del horario de atención de sus oficinas, que le permita garantizar la

asistencia de la víctima en los casos que requieran perentoria

intervención;

b) Adoptar los cursos de acción necesarios para garantizar la seguridad

de la víctima y de sus familiares, en los casos que correspondan. A tal

fin convendrá con los organismos a cargo de la seguridad pública

protocolos de actuación que permitan su rápida intervención;

c) Adoptar los cursos de acción necesarios para brindarle a la víctima

un hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia en los casos que

corresponda. A tal fin convendrá con los organismos e instituciones

capacitados para brindar los protocolos de actuación que permitan su

rápida intervención;

d) Adoptar los cursos de acción necesarios para la atención médica y

psicológica de la víctima, en los casos que correspondan. A tal fin

convendrá con las instituciones a cargo de la salud pública, protocolos

de actuación que permitan su rápida intervención;

e) Adoptar los cursos de acción necesarios para garantizar el

patrocinio y representación jurídica de la víctima, dándole

intervención al Ministerio Público de la Defensa cuando corresponda.

Asimismo acordará mecanismos de cooperación con colegios profesionales,

instituciones educativas o académicas u otras asociaciones y

organizaciones de la sociedad civil que se encuentren capacitados para

brindarlas.

ARTÍCULO 25.- Para el cumplimiento de sus obligaciones en territorios

provinciales, el CENAVID suscribirá acuerdos de colaboración con los

organismos o instituciones de atención a las víctimas que localmente se

hayan creado. Si fuese necesario, el CENAVID podrá crear sedes propias.

ARTÍCULO 26.- El CENAVID será dirigido por un director ejecutivo

designado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,

que deberá ser un profesional con reconocida trayectoria en la materia.

El director ejecutivo, en el plazo más breve posible, someterá a la

aprobación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el

organigrama de la organización del CENAVID y el programa de acuerdos de

colaboración y cooperación con organismos públicos, colegios

profesionales, instituciones educativas o académicas u otras

asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, que sean necesarios

para el cumplimiento de esta ley.

ARTÍCULO 27.- El director ejecutivo del CENAVID tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

a) Ejercer la dirección del personal, asignar sus tareas y controlar su cumplimiento;

b) Aprobar los protocolos de actuación internos del CENAVID y los que el CENAVID convenga con organismos e instituciones;

c) Promover la unificación de protocolos de actuación y criterios de

registro de información con los organismos locales de atención a las

víctimas;

d) Organizar actividades que propendan a la formación, capacitación

técnica y actualización normativa de las autoridades y el personal que

intervengan en la atención de víctimas de delitos;

e) Formular propuestas legislativas que permitan ampliar y profundizar los objetivos de esta ley.

ARTÍCULO 28.- Los gastos que demande la presente serán imputados a la

partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos de la Nación. El Poder Ejecutivo deberá afectar los

recursos materiales y humanos en cantidad y calificación necesarias

para el cumplimiento de la presente ley.

Capítulo VI

Del Defensor Público de Víctimas

ARTÍCULO 29.- Créanse veinticuatro (24) cargos de Defensor Público de

Víctimas, según se establece en el Anexo I de la presente ley.

ARTÍCULO 30.- Los actuales Secretarios Letrados del Ministerio Público

de la Defensa se transforman en Defensores Públicos Coadyuvantes, de

conformidad con lo previsto en el inciso b) del artículo 15 de la ley

27.149.

ARTÍCULO 31.- Los actuales Prosecretarios Letrados del Ministerio

Público de la Defensa se transforman en Defensores Públicos

Coadyuvantes, de conformidad con lo previsto en el inciso b) del

artículo 15 de la ley 27.149.

ARTÍCULO 32.- La transformación de los cargos dispuesta en los

artículos precedentes no implica un nuevo nombramiento, en los términos

del artículo 79 inciso a) de la ley de impuesto a las ganancias,

reformado por la ley 27.346.

ARTÍCULO 33.- Sustitúyese el artículo 11 de la ley 27.149, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 11: Asistencia y patrocinio jurídico a víctimas de delitos en

procesos penales. La Defensoría General de la Nación garantizará,

conforme los requisitos y asignaciones funcionales que determine la

reglamentación, y según lo previsto en los artículos 37 bis y 37 ter de

la presente ley, la asistencia técnica y patrocinio jurídico de las

víctimas de delitos, si por la limitación de sus recursos económicos o

vulnerabilidad resultara necesaria la intervención del Ministerio

Público de la Defensa, en atención a la especial gravedad de los hechos

investigados.

ARTÍCULO 34: Sustitúyese el artículo 15 de la ley 27.149, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 15: El Ministerio Público de la Defensa está integrado por:

a) Magistrados:

1. Defensor General de la Nación.

2. Defensores Generales Adjuntos.

3. Defensores Públicos Oficiales y Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante las Cámaras de Casación.

4. Defensores Públicos de Coordinación.

5. Defensores Públicos Oficiales de la Defensoría General de la Nación,

Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Nacional

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de

Instancia Única en lo Penal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal

Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos

Oficiales de Instancia Única en lo Penal de Menores de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia

Única en la Ejecución de la Pena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

y Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara Nacional de Apelaciones

en las Relaciones de Consumo.

6. Defensores Públicos de Menores e Incapaces de Instancia Única en lo

Penal Nacional y Federal y Defensores Públicos de Menores e Incapaces

ante los Tribunales de Segunda Instancia.

7. Defensores Públicos Oficiales ante los Tribunales Federales de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Defensores Públicos Oficiales

Federales del interior del país.

8. Defensores Públicos Oficiales Adjuntos de la Defensoría General de

la Nación, Defensores Públicos de Menores e Incapaces de Primera

Instancia, Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de

Apelaciones, Defensores Públicos Oficiales en las Relaciones de

Consumo, Defensores Públicos Oficiales ante los Juzgados Federales de

Ejecuciones Fiscales Tributarias y Defensores Públicos de Víctimas.

9. Defensores Públicos Tutores y Defensores Públicos Curadores.

10. Defensores Auxiliares de la Defensoría General de la Nación.

b) Defensores Públicos Coadyuvantes;

c) Otros funcionarios y empleados administrativos y de maestranza.

ARTÍCULO 35.- Incorpórase como artículo 37 bis a la ley 27.149 el siguiente:

Artículo 37 bis: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo

precedente, los Defensores Públicos Coadyuvantes colaboran con los

Defensores Públicos de Víctimas en el ejercicio de las funciones y bajo

las condiciones previstas en esta ley, cuando ello sea dispuesto por el

Defensor General de la Nación a fin de asegurar una efectiva prestación

del servicio.

ARTÍCULO 36.- Incorpórase como artículo 37 ter a la ley 27.149 el siguiente:

Defensores Públicos de Víctimas

Artículo 37 ter: Funciones. Los Defensores Públicos de Víctimas son los

magistrados de la Defensoría General de la Nación que, según los fueros

e instancias asignados, ejercen la asistencia técnica y patrocinio

jurídico de las víctimas de delitos en procesos penales, en atención a

la especial gravedad de los hechos investigados y siempre que la

limitación de recursos económicos o situación de vulnerabilidad

hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa.

Capítulo VII

Disposiciones finales

ARTÍCULO 37.- Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a readecuar su legislación procesal a efectos de

garantizar en sus jurisdicciones los derechos de las víctimas que se

reconocen en la presente ley.

ARTÍCULO 38.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de

los ciento veinte (120) días posteriores a su promulgación.

ARTÍCULO 39.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

— REGISTRADO BAJO EL Nº 27372 —

MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZÓ. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi.

ANEXO I

Cargos que se crean en el Ministerio Público de la Defensa de la Nación

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Buenos Aires1Defensor Público de Víctima con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Catamarca1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia del Chaco1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia del Chubut1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Córdoba1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Corrientes1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Entre Ríos1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Formosa1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Jujuy1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de La Pampa1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de La Rioja1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Mendoza1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Misiones1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia del Neuquén1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Río Negro1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Salta1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de San Juan1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de San Luis1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Santa Cruz1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Santa Fe1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Tucumán1Total24

Ciudad de Buenos Aires, 12 de Julio de 2017

En virtud de lo prescripto en el artículo 80 de la Constitución

Nacional, certifico que la Ley Nº 27.372

(IF-2017-14067897-APN-SST#SLYT) sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE

LA NACION el 21 de junio de 2017, ha quedado promulgada de hecho el día

11 de julio de 2017.

Dése para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial,

gírese copia al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION y, para su conocimiento

y demás efectos, remítase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Cumplido, archívese. — Pablo Clusellas.

e. 13/07/2017 N° 50220/17 v. 13/07/2017