Por el cual se autoriza la publicación de un Informe

• 3º El día del asalto, o el inmediatamente siguiente, la Sala Constitucional debía estudiar la ponencia referente a la exequibilidad del Tratado de Extradición suscrito entre Colombia y los Estados Unidos.

• 4º Los terroristas se dirigieron, precisamente, al cuarto piso de la edificación donde se encontraban las oficinas de la Sala Constitucional y Penal de la Corte Suprema, las ocuparon e hicieron rehenes a sus Magistrados.

• 5º En el "MANIFIESTO"entregado por el M 19 se hacía mención expresa de su rechazo al Tratado de Extradición.

• 6º En el momento del asalto se encontraban pendientes, para decisión del Gobierno, ocho resoluciones de extradición, cuya suerte depende de lo que la Corte dijera sobre la constitucionalidad del Tratado».

El sumario, se repite, en su estado actual, no presenta respaldo probatorio para las afirmaciones que se dejan transcritas.

Los seis "indicios" se refieren a uno sólo: la identidad de concepto entre narcotraficantes y guerrilleros en contra de la extradición. Así: las declaraciones de Iván Marino Ospina en ciudad de Méjico (hecho 1º) que apoyaba el asesinato de ciudadanos amenazados, las amenazas de los "extraditables" a los Magistrados (hecho 2º), la coincidencia entre el asalto y la reunión de la Sala Constitucional para estudiar una de las muchas demandas de inexequibilidad de la ley aprobatoria del Tratado (hecho 3º), la referencia al Tratado en el Manifiesto (hecho 5º) y la existencia de ocho resoluciones de extradición pendientes (hecho 6º), son aspectos diferentes de un mismo asunto, aunque algunos de ellos no sirvan para hacer la inferencia que es la razón probatoria del indicio.

Por el contrario, en algunas de las afirmaciones se nota que tal inferencia es la contraria de la que pretende sacar la constancia transcrita, otra no tiene sustentación de hecho y, finalmente la del hecho 3º se puede afirmar categóricamente que era desconocido para los asaltantes.

Es evidente para los autores de este informe que a los narcotraficantes, interesados en el pronunciamiento de la honorable Corte sobre las demandas de inexequibilidad, no les interesaba la realización de las amenazas de muerte que ellos mismos habían pronunciado, porque el objetivo perseguido, precisamente, consistía en que los Magistrados amenazados cedieran a la violencia que se cernía sobre ellos y declararon la inexequibilidad que demandaban. Sólo para la hipótesis contraria, esto es, una decisión desfavorable a sus tesis, habían prometido tomar mortales represalias y es evidente que la honorable Corte no había hecho pronunciamiento alguno después de las amenazas.

Muertos los Magistrados o colocados en la imposibilidad de fallar, los extraditables nada ganarían porque el Tratado y la ley aprobatoria mantendrían su vigencia y el Gobierno podría continuar expidiendo resoluciones de extradición en consonancia con sus disposiciones hasta tanto no se produjera decisión de inconstitucionalidad.

El hecho 3º no podía ser conocido de los asaltantes, porque el expediente da cuenta de la resolución del Magistrado Patiño Roselli, Presidente de la Sala Constitucional, según la cual se había reservado exclusivamente la atribución de elaborar el orden del día de las sesiones, sin dar cuenta de él a sus colegas ni al personal de secretaría para evitar filtraciones que llegaran a los amenazantes. Sólo él, pues, sabía lo que se iba a discutir. Esto elimina la deducción indiciaria. Además, un plan preparado con dos meses de anticipación mal podría prever, como fecha de su ejecución, la de una reunión de la Sala Constitucional que tuviera l a finalidad de estudiar una providencia en uno de los casos de acusación de la ley aprobatoria del Tratado.

La afirmación del hecho cuarto se encuentra en contradicción con el plan general de la toma del Palacio, en el cual, si bien es cierto que se dispone la ocupación del 4º piso y la toma y custodia de los rehenes, no lo es menos que idénticas órdenes se dieron respecto de los restantes pisos y del personal todo que laboraba en el edificio. La toma del 4º piso fue parte de la operación, pero no objetivo único como podría concluirse de lo sostenido en esta parte de la constancia.

Por último, la inclusión del Tratado de Extradición, en el Manifiesto como hecho vituperable para los guerrilleros, al lado de los acuerdos de Monitoría del Fondo Monetario Internacional, no son sino expresiones de una posición política que pretende manifestar su nacionalismo rechazando toda forma de lo que ellos califican como injerencia extranjera indebida.

La sospecha de que esa supuesta conexión narcoguerrillera se diera desde el punto de vista de la financiación de la operación, como lo dice la constancia, tampoco ha sido confirmada dentro de la investigación. Queda en ese terreno de la simple sospecha por la identidad de opiniones en ese tema concreto de la extradición.

En conclusión, no hay evidencia de participación de movimientos guerrilleros distintos al M-19, en el planeamiento y ejecución de los hechos del Palacio de Justicia, materia de investigación. Tampoco aparece prueba que vincule estos hechos con las graves y mortales amenazas inferidas a los Magistrados por los narcotraficantes, como ya se estudió en otro capítulo de este informe.

El Tribunal considera pertinente transcribir la declaración del señor Ministro de Gobierno, doctor Jaime Castro, sobre este particular:

«Esas conversaciones las sostuve una vez en mi Despacho con loa doctores Alfonso Patiño Roselli y Ricardo Medina Moyano y otra en el Club Militar con los mismos Magistrados y los doctores Alfonso Reyes Echandía, Manuel Gaona Cruz y Carlos Medellín Forero, a más de los señores Ministros de Justicia y Defensa, el Jefe del DAS y el Director de la Policía Nacional. En ellas se trató lo relacionado con las amenazas que "los extraditables" hacían contra los señores Magistrados si no declaraban inexequible el Tratado de Extradición y con las medidas que el DAS y la Policía adoptaron en forma inmediata para brindarles protección y seguridad. Sobre el particular existen las cartas cruzadas entre los señores Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Ministro de Justicia y posiblemente otras comunicaciones o constancias escritas en el DAS y en la Policía Nacional], documentos todos que seguramente ya hacen parte de la investigación. Ni los miembros de la Corte ni los del Gobierno, trataron sobre el presunto o posible ataque guerrillero o terrorista al Palacio de Justicia o a otros edificios públicos. La preocupación era el atentado personal, individual, que se pudiera cometer contra los Magistrados o sus familiares más cercanos. Pienso que así ocurrió porque nadie en ese momento tenía información cierta, dudosa o remota de hechos de naturaleza distinta.

Si traigo a cuenta estas conversaciones, es porque durante el 6 y el 7 de noviembre y después de ocurridos los luctuosos hechos de esos días, funcionarios del Gobierno y de la Rama Jurisdiccional, entre otros, encontraron indicios que les permitieron hablar de una vinculación entre esas amenazas y el asalto terrorista.

Nunca tuve informaciones generales o particulares sobre un posible asalto al Palacio de Justicia. . . ».

Finalmente, es de interés copiar la declaración del señor Presidente de la Comisión de Paz, doctor John Agudelo Ríos, sobre este punto:

No he tenido como Presidente de la Comisión de Paz o como ciudadano, conocimiento de vinculación alguna entre el M-19 y el narcotráfico. No niego con esto alguna posibilidad, simplemente afirmo que en la doble condición que he señalado, carezco de conocimiento. . . »

PARTICIPACION DE EXTRANJEROS

Sólo hay evidencia de la participación de un extranjero. Se trata de Diógenes Benavides Martinelli, natural de Sona (República de Panamá), nacido el 3 de agosto de 1942 (cédula de identidad personal número 9-57-16), quien también portaba licencia de conductor, expedida por la Guardia Nacional de Panamá, carné de identificación del asegurado, expedido por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, bajo el número 12708, en su condición de "Responsable de Departamento" del Ministerio del Trabajo dentro del Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua, como reza la correspondiente tarjeta de identidad. Todos estos documentos hacen parte de la investigación y, en lo posible, fueron comprobados en la República de Panamá sin que para hacer lo mismo en Nicaragua se hubiese dado idénticas facilidades.

La presencia de Benavides Martinelli dentro del Palacio de Justicia fue acreditada suficientemente. De los testimonios que al respecto se produjeron, merece destacarse el del abogado Gabriel Salom (Auxiliar de un Consejero de Estado), quien identificó a Benavides Martinelli, por las fotografías de los documentos mencionados y por la foto del cadáver que aparece en las gráficas 117313, 117314, 117316 y 117318, correspondientes al acta de levantamiento número 1113 que, inicialmente, se hizo figurar como correspondiente a Mario García Restrepo a cuyo nombre portaba el occiso una cédula de ciudadanía colombiana que luego se probó había sido falsificada.

ARMAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

En la relación que el Oficial B3 rindió al Comandante de la XIII Brigada, sobre incautación de material de guerra en la recuperación del Palacio de Justicia, aparecen las siguientes armas:

• a) Fusiles ametralladoras (Galil) 2

• b) Fusiles automáticos (Galil) 6

Fusiles automáticos (M-16) 4

Fusiles automáticos FAL M-63 4

• c) Fusiles semiautomáticos COLT AR-15 8

• d) Subametralladoras automáticas UZI 4

Subametralladoras automáticas MADSEN 1

Subametralladoras Thomson 1

• e) Subametralladoras automáticas INGRAN 1

• f) Escopetas, revólveres, pistolas, etc.

De estas merecen especial mención las siguientes:

• a) Dos fusiles FAL, de fabricación belga (números de serie 39260 y 39597) que hicieron parte de un lote de armas enviado a los sandinistas nicaragüenses por el Gobierno venezolano en 1979. Tienen un escudo de Venezuela y la leyenda "Fuerzas Armadas de Venezuela";

• b) De los cuatro fusiles automáticos M-16, dos fueron vendidos por la compañía fabricante al Gobierno nicaragüense en 1976;

• c) El fusil número 9199140, corresponde a un lote de 4.000 armas vendidas por el fabricante a la Guardia Nacional de Nicaragua, el 30 de noviembre de 1976;

• d) El fusil número 9123669, corresponde a un lote de 1.000 vendidos por la misma compañía a la Guardia Nacional de Nicaragua, el 2 de noviembre de 1976;

• e) Los seis fusiles Galil en dos de las cuales es legible la marca EEBI, que corresponde a la "Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería", unidad militar nicaragüense durante el Gobierno de Somoza.

La presencia de estas armas en la dotación del grupo guerrillero que realizó la toma del Palacio, dio lugar a la nota que el Canciller colombiano dirigió al Ministro del Exterior de Nicaragua el 2 de enero del corriente año, en la cual solicitaba al "Gobierno de Nicaragua una explicación pronta y satisfactoria sobre los mismos hechos". (Folio 71, cuaderno 3º, Juzgado 77 de Instrucción Criminal).

No habían transcurrido 24 horas cuando el Ministro nicaragüense dio la explicación solicitada:

En referencia a los fusiles de fabricación belga, que de acuerdo a su nota, fueron encontrados en el Palacio y cuya procedencia se hace derivar de un tercer país, durante la lucha contra la dictadura somocista, debo informar a Vuestra Excelencia que del total de las armas destinadas a la liberación de Nicaragua, sólo una tercera parte de las mismas llegó a poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El Gobierno de Nicaragua ignora, hasta esta fecha el paradero del resto del material bélico que supuestamente debía llegar a manos de nuestros combatientes, dada la participación de distintos intermediarios.

En cuanto a los fusiles de asalto F-16, Fal y Galil, supuestamente pertenecientes a la antigua guardia somocista, debo informar a Vuestra Excelencia que, en los momentos en que se dio el triunfo de la revolución sandinista, miles de guardias somocistas huyeron hacia Honduras, llevándose consigo sus equipos, incluyendo sus armas de reglamento». (Folio 76, ibídem).

Se desprende de las afirmaciones del alto funcionario nicaragüense que el armamento destinado a los guerrilleros, en la época de la lucha armada contra el régimen somocista, no llegó, al menos en su totalidad, a su destinatario, el "Frente Sandinista de Liberación Nacional" y que ningún esfuerzo ha hecho su Gobierno por indagar sobre el extravío de los fusiles belgas.

En cuanto a las restantes armas, se llega a la deducción de que los miembros de la guardia somocista huyeron a Honduras con ellas y que posteriormente llegaron al M-19.

Para el Tribunal no es aceptable la explicación porque se limita a señalar bases para hacer conjeturas, siendo la más discutible, la de una posible vinculación entre el M-19 y los agentes del Dictador Somoza.

Es de destacar que el Gobierno de Nicaragua respondió rápidamente, dando la impresión de que el problema no había dado lugar siquiera a una simple investigación.

En todo caso el Canciller Ramírez Ocampo contesto, el 8 del mismo mes y en su nota informó a su colega que,

«Mi Gobierno ha tomado atenta nota y agradece las informaciones consignadas en la comunicación mencionada, que se relacionan con la procedencia de algunas armas utilizadas en la toma del Palacio de Justicia de Bogotá». (Folio 79, ibídem).

Así el Gobierno dio por cancelado el incidente. Las reglas de la diplomacia y las de la justicia son diferentes. Para este Tribunal no son convincentes las razones del Ministro nicaragüense.

Como la existencia de armamento de procedencia extranjera podía mirarse como una arma de cooperación de movimiento, o gobiernos de otros países, el Tribunal hizo todos los esfuerzos en orden a saber si además de la información suministrada por el Ministerio nicaragüense a nuestra Cancillería, de la cual ya se ha hablado, los organismos de inteligencia y seguridad del Estado habían hecho averiguaciones en el exterior, particularmente para establecer los fundamentos que tuvo el Gobierno de los Estados Unidos para que tanto su Presidente, señor Ronald Reagan, como el Secretario de Estado, señor George Shultz se hubiesen permitido declarar ante la opinión internacional que en los acontecimientos del Palacio de Justicia, había mediado cooperación de los gobernantes de Nicaragua.

El proceso espera, en sus etapas futuras, contar con respuestas que despejen estos interrogantes.

PERSONAL DE LA GUERRILLA, DESTACADO EN EL INTERIOR DEL PALACIO

Multitud de versiones se propalaron en medios respetables de nuestro periodismo, sobre la complicidad de servidores oficiales y de proveedores particulares, (restaurante, cafetería), en los actos consumativos del asalto.

Hubo una noticia, presumiblemente de muy buena fuente, según la cual el restaurante se había constituido en la despensa de los guerrilleros. Se habló, inclusive, de que en sus bodegas se habían encontrado provisiones en cantidades exageradas, para atender a la manutención de los ocupantes del palacio, durante largo tiempo. Hasta cifras se mencionaron. Se afirmó que se habían encontrado en los refrigeradores del restaurante, unos 1.500 pollos, sin reparar en la capacidad que solo da Cabida a un máximo de 100 unidades. También se alcanzó a mencionar la existencia de grandes reservas de leche en el mismo establecimiento.

Todas estas informaciones resultaron falsas, producto alegre de la imaginación. Nos detenemos en el examen del tema porque interesa restablecer la buena opinión que merecen gentes honorables y correctas que se encontraban al servicio del restaurante, quienes no tuvieron vinculación alguna con los guerrilleros del M-19 y en nada pueden verse comprometidas en los acontecimientos criminales que horrorizaron al país. Por el contrario, todas ellas resultaron víctimas inocentes de los dolorosos hechos.

Sin embargo, los guerrilleros destacaron personal muy especial dentro del palacio, desde las primeras horas del 6 de noviembre. En el plan general no se hace figurar este necesario ingrediente de la acción porque el número reducido, la calidad muy alta de los encargados de esta misión y la función tan concreta, no hacían necesario su inclusión.

La primera mención de este hecho aparece en la declaración del doctor Fernando González (Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado) quien encontró en la oficina de su colega, la doctora Mercedes Mendoza, a dos personas charlando con esta, personas que en últimas resultaron ser Alfonso Jacquin y Doris (posteriormente) identificada como una de las guerrilleras. (Folio 18 del cuaderno 1 del expediente levantado por el Juzgado 30 de Instrucción Criminal).

La doctora Mercedes Mendoza Maldonado (folio 34 del mismo cuaderno), corfirma la versión anterior y la amplía para informar que una amiga suya, de nombre Dora Jimenez, se presentó en la oficina de la declarante el día 15 de noviembre y le anunció que el siguiente traería un amigo abogado, quien se interesaba en la consecución de providencias del Consejo de Estado sobre fallas del servicio. El día 6, llamó telefónicamente para confirmar la cita y, efectivamente, se presentó con quien, a la postre, resultó ser Alfonso Jacquin. Dora o Doris y Jacquin tuvieron luego destacada actuación en el asalto.

Ella se ubicó en la cafetería (folio 36), mientras Jacquin y un tercero que se le agregó en la Secretaría de la Sección Tercera (oficina 115), esperaron allí la iniciación de los acontecimientos para dar cumplimiento al plan en las funciones asignadas al primer pelotón sobre concentración de rehenes en dicha oficina.

Simultáneamente, en la oficina 117, se hicieron presentes dos mujeres, luego conocidas como Mariana y Natalia, diciéndose estudiantes de derecho, interesadas en el examen de un expediente electoral, el cual les fue suministrado por el empleado Gilberto Sánchez (notificador). Al iniciarse el abaleo, las falsas estudiantes se identificaron como integrantes del M-19 y esgrimiendo sendos revólveres, se apoderaron de la oficina a tiempo que gritaban "presente y combatiendo", y proferían llamados a otros guerrilleros, a quienes identificaban como Aldo y Roque.

(Véase Hilda Díaz de Agudelo, folio 149 del cuaderno levantado por el Juzgado 30 de Instrucción Criminal) . Ana Lucía Bermúdez de Sánchez (auxiliar del doctor Nemesio Camacho) vio una guerrillera que disparaba desde la Secretaría del Consejo de Estado. (Folio 303 del cuaderno 5, Juzgado 30 de Instrucción Criminal).

LA SEGURIDAD DEL PALACIO EL 6 DE NOVIEMBRE

EL Palacio de Justicia habitualmente ha sido custodiado por vigilantes particulares, en virtud de contratos celebrados por firmas privadas, especializadas en la prestación de este servicio, con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, entidad a la cual corresponde su administración.

El servicio privado, como es lógico suponer, venía ofreciendo problemas a causa de que las personas que lo prestaban no estaban investidas de autoridad alguna, presentándose con frecuencia situaciones realmente inconvenientes, desde el punto de vista de la seguridad efectiva de los Magistrados, Consejeros y en general de toda la planta de colaboradores de la honorable Corte Suprema de Justicia y del honorable Consejo de Estado, que tenían un asiento en tal edificación.

La situación aludida se hizo crítica a raíz de las amenazas que venían haciendo los narcotraficantes a los Magistrados y por las versiones de prensa sobre un posible ataque del M-19 al Palacio, de lo cual se ha hecho referencia en otro capítulo de este mismo informe, con el resultado de que por orden del señor Ministro de Defensa, impartida el 16 de octubre de 1985, se ordenó en forma inmediata la vigilancia y protección por la fuerza pública. Se reforzó el servicio por un contingente compuesto por un oficial, un suboficial y 20 agentes, que permaneció en sitios estratégicos del Palacio hasta el 4 de noviembre de 1985, inclusive.

Aspecto especial de la investigación ha sido el establecer las circunstancias que dieron lugar al retiro de la fuerza armada, pues se considera en algunos medios que la falta de protección adecuada facilitó la acción de los subversivos, que solo encontraron en su camino a los vigilantes particulares y a las escoltas personales de algunos Magistrados (Presidente de la Corte y Consejo, Sala Constitucional y Consejero Jaime Betancur Cuartas).

Por otra parte, el episodio del levantamiento del servicio de seguridad ha dado lugar a indignadas rectificaciones y aun a denuncias penales. El fundamento para éstas se hace radicar en los informes rendidos por los señores Teniente Coronel Pedro Antonio Herrera (Comandante el Primer Distrito de Bogotá) y Teniente Coronel Gabriel Arbeláez Muñoz (Comandante Operativo de Bogotá), en los cuales se da cuenta de que el Presidente de la Corte Suprema, Magistrado Alfonso Reyes Echandía, "exigió el retiro", exigencia que en el texto del mismo informe dirigido al Ministro de Defensa por el Comandante de la Policía de Bogotá, se califica de "orden" del Magistrado.

Los hijos del Presidente de la Corte, sus compañeros de Magistratura, el Vicepresidente, Magistrado Aldana Rozo, el Presidente del Consejo de Estado, afirman que esa orden no fue dada, que la exigencia no se planteó.

Razonan de varias maneras: Inicialmente, como imposibilidad física, porque en la fecha en que se dice fue formulada, el Magistrado se encontraba en la ciudad de Bucaramanga, hecho acreditado en el expediente. Luego, por expresas manifestaciones en contrario, hechas días antes del asalto.

Al respecto conviene citar el texto íntegro de la constancia aprobada por la Sala Plena de la Corte, celebrada el 4 de diciembre de 1985:

«La Corte Suprema de Justicia, ante algunas manifestaciones hechas en diversos medios de comunicación, afirma categóricamente que ni su Presidente, doctor Alfonso Reyes Echandía, ni ninguno de los señores Magistrados integrantes de la Corporación, solicitó la suspensión de los servicios de vigilancia que efímeramente se prestaron en el Palacio de Justicia.

Justamente en las reuniones de la Sala Plena llevadas a cabo los días 24 y 31 de octubre y en las Salas de Gobierno, verificadas en la Corte, poco antes de los sucesos del 6 y 7 de noviembre, se insistió en la necesidad de que dicho servicio fuera mantenido ante las propias recomendaciones del Consejo de Seguridad que daban cuenta de las serias amenazas que se habían hecho a las personas de los Magistrados el propósito anunciado de la toma violenta del Palacio de Justicia.

Por el contrario, el doctor Reyes Echandía, fue siempre enfático, tanto en público como en privado, en la necesidad de que tanto a la Corte Suprema de Justicia como al Consejo de Estado, se les brindara adecuada protección. Además, como en el Palacio de Justicia funcionaban las dos citadas Corporaciones, ninguna determinación sobre esta materia podía ser tomada en forma unilateral».

El entonces Presidente del Consejo de Estado, doctor Carlos Betancur Jaramillo, en ampliación de su testimonio, al dar cuenta de la posición asumida por el Magistrado Reyes Echandía, hizo pormenorizada referencia a la forma como se administraba el edificio, al cogobierno establecido entre las dos Corporaciones que tenían allí su sede, al sistema como operaba la seguridad y los controles internos y en general hizo alusión a importantes aspectos que facilitan el esclarecimiento del complejo problema suscitado por la suspensión, durante los días 5 y 6 de noviembre del servicio de seguridad que los 22 hombres de la Policía Nacional venían prestando. Expresó el doctor Betancur Jaramillo:

«...Antes que todo debo hacer unas precisiones sobre el manejo administrativo del Palacio de Justicia, para la mejor comprensión de lo que voy a declarar. Si bien es cierto, el Palacio tenía un administrador nombrado por el Ministro de Justicia, éste era un funcionario de menor categoría, cuyas funciones, en la práctica, eran más bien secundarias.

Las labores administrativas, propiamente tales, eran cumplidas por los Presidentes de la Corte y del Consejo de Estado, porque no existen en nuestra organización jurisdiccional otros funcionarias que las cumplan. En el mes de octubre las Salas de Gobierno de la Corte y del Consejo de Estado tuvieron una reunión en los altos de la Relatoría de esta última Corporación, con unos oficiales de la Policía (entre estos, el Coronel Herrera de la 4º Estación), para discutir el plan que las fuerzas militares habían elaborado para la seguridad de los Magistrados y de la edificación misma. Aclaro que fue en octubre de mil novecientos ochenta y cinco, a mediados del mes. En esa reunión nos informaron que ante las amenazas de los organismos guerrilleros y de los narcotraficantes, el Gobierno pensaba adoptar unas medidas especiales de seguridad. El plan presentado fue bastante ambicioso y completo.

Durante esa reunión los miembros del Consejo de Estado, con extrañeza, notamos que los militares, parece que por falta de información, creían que los únicos que merecían protección especial eran los Magistrados de la Corte y no los del Consejo e hicimos notar esta circunstancia.

Intervine en mi carácter de Presidente del Consejo de Estado y le dije al Capitán, creo que apellido Naranjo, que nos estaba dando el plan, que me daba la impresión de que ellos no sabían quiénes laboraban dentro del edificio, puesto que casi todas las medidas hablaban sólo de los Magistrados de la Corte. Le hice esta advertencia muy comedidamente y le recalqué que mantenían magníficas relaciones.

Que hacía esa advertencia porque cualquier medida que tocara con la seguridad del Palacio, con la seguridad de los funcionarios que allí laboraban, tenía que tomarse por fuerza, de común acuerdo entre las dos Corporaciones; que ese era un fuero que yo no pensaba renunciar y que estaba seguro no iba a renunciar el doctor Reyes Echandía. A continuación tomó la palabra éste y manifestó que compartía todo lo que yo acababa de decir; que efectivamente era una edificación con dos dueños de igual categoría constitucional y que el manejo de su seguridad debía ser de consuno. Recuerdo que en esa misma reunión, el doctor Jorge Valencia Arango, en forma airada, protestó por la forma torpe como la Policía estaba ejerciendo el control de ingreso, al Palacio. Se nos informó en esa reunión que las fuerzas militares habían detectado un plan terrorista orientado a la toma del Palacio por el M-19 y que a eso se debían las medidas que con urgencia había que tomar para la seguridad del Palacio. Se nos dijo que ese plan terrorista de la toma del Palacio se quería hacer coincidir con la llegada del Presidente Mitterand.

Las medidas propuestas eran unas de fácil cumplimiento y otras más complejas y costosas, como los circuitos cerrados de televisión.

Recuerdo que allí dije, al felicitar al Capitán por el estudio que nos había presentado, que yo era supremamente pesimista sobre la adopción de las medidas propuestas, dado el estado de quiebra permanente del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia. A la salida de la reunión y a solas con el doctor Alfonso Reyes llegamos a la conclusión que las únicas medidas que iban a poder seguir eran las relacionadas con el aumento del pie de fuerza que se había iniciado desde principios del mes, ya que las otras, las torres de seguridad, el circuito cerrado de televisión, los vidrios de seguridad, costaran un dineral. Efectivamente con anterioridad a la venida del Presidente francés se aumentó el número de formularios de la Policía, agentes y oficiales, y se controló el ingreso al Palacio hasta dos o tres días antes de los sucesos tráficos. El martes cinco de noviembre, después del festivo del cuatro, el Palacio amaneció sólo con la poca vigilancia privada que teníamos en los últimos cuatro o cinco meses. Este vigilancia privada se prestaba con muy poco personal y muy mal armada. Aunque carezco de conocimiento a este respecto, sí puedo afirmar que las armas de dotación eran de un sólo tiro y parecían más bien escopetas de cacería; creo que de calibre 16. Algunos vigilantes ni siquiera portaban un revólver... Yo no tuve ninguna información sobre el retiro de la fuerza pública, ni por parte de los militares ni por parte del señor Presidente de la Corte.

Quiero recalcar que en ninguno de esos días anteriores, me refiero a los hábiles de trabajo, falté a mi oficina. Siempre he sido madrugador, llegaba cerca de las siete y media de la mañana y me iba a las seis y media o siete de la noche. Esto lo hice durante todo el año, porque en esa forma creía cumplir mis labores como Presidente. No recibí llamadas de ningún organismo militar en ese período, ni de la Policía a este respecto y no dejé ninguna llamada telefónica pendiente. Mientras duró la vigilancia policiva tuve oportunidad de comentar con el doctor Reyes las molestias que el servicio en esa forma prestado producía. Pero los dos estuvimos de acuerdo que en eso no se podía ahorrar ninguna medida, por molesta que fuera. Alfonso Reyes me llegó a decir que nadie podía dudar que eso era muy molesto, pero que eran gajes del oficio que no había más remedio que tolerar ante las amenazas que tenían los Magistrados. Estimo que parte de las molestias radicaba en la forma como se prestaba el servicio, por personal no bien informado sobre las labores que allí se cumplían y la clase y categoría de los funcionarios. Era un problema de ignorancia de los agentes que estaban prestando el servicio; ignorancia que llegó al punto de atajar a los Consejeros de Estado porque no eran Magistrados de la Corte y porque la orden estaba dirigida a la protección sólo de éstos. Precisamente por ese motivo el doctor Jorge Valencia Arango tuvo un incidente con un agente que no lo quería dejar seguir. El doctor Jorge Valencia, insistió en entrar y le dijo: "Dispáreme si quiere, pero voy a entrar"... Yo le advertí en varias ocasiones a don Gonzalo Viracachá, el guardaespaldas de la Presidencia, que ayudara en la coordinación y en la mejor prestación del servicio de vigilancia, dado que él conocía el personal que trabajaba dentro del Palacio. para suavizar así los excesos que pudieran presentarse. En mi opinión el servicio policivo no se suspendió por petición de algún miembro de la Corte o del Consejo. Considero que esto se debió a que ya el Presidente Mitterrand se había ido y que la Corte y el Consejo podían seguir siendo los organismos de siempre, abandonados a su suerte. Cuando se aumentó la vigilancia policiva días antes de la llegada del Presidente de Francia, yo no fui consultado previamente ni tengo informe de que lo haya sido el doctor Reyes Echandía. Un día de octubre, cuya fecha no puedo precisar, don Gonzalo Viracachá llegó con un oficial, no sé si del Ejército o de la policía, y me informaron que estaban tomando posiciones dentro del Palacio, inclusive hasta en las azoteas, como seguridad por la venida del Presidente francés. Yo les manifesté que consideraba excelente cualquiera de esas medidas, dada la importancia del ilustre visitante. Tampoco recibí ningún oficio sobre lo que acabo de informar. Quiero también manifestar que ante las amenazas que existían, la vigilancia no podía depender de lo que quisieran los Magistrados.

Estimo que se hacía necesaria esa vigilancia aun contra la voluntad de los miembros del Consejo de Estado y de la Corte. El deber de protección que tienen las autoridades, máxime ante amenazas reiteradas y conocidas de todos, nunca puede depender de una petición de parte. Me refiero a la protección debida a las personas, las que al ostentar el carácter de funcionarios y más si son del Poder Judicial, requieren una más celosa vigilancia. Cuando hablo de que en casos como los que estamos narrando, la vigilancia debe prestarse aun contra el querer del funcionario, lo hago por el convencimiento que tengo del real alcance del artículo 16 de la Constitución. Y con esto quiero. en cierto sentido, contradecir la afirmación que se oye de que la vigilancia se quitó porque alguien lo pidió así. Ni yo lo hice, verbalmente o por escrito; y me atrevo a decir que tampoco el doctor Alfonso Reyes Echandía impartió tal orden. Ningún otro Magistrado o Consejero tenía poder para ello».

Herminda Narváez de Tello, Secretaria del Magistrado Reyes Echandía, declaró sobre el particular al folio 270 del cuaderno VIII B. (Juzgado 77 de Instrucción Criminal):

«En primer término no me enteré personalmente de que el doctor Reyes Echandía hubiera dado esa orden ni por escrito, ni telefónicamente, desde la oficina. Si lo hizo, debió haber sido desde la residencia de él. En segundo lugar, me atrevo a asegurar que esa versión es absolutamente falsa porque si había alguna persona interesada en la seguridad del Palacio y de todos los integrantes de la Corte, era el mismo doctor Reyes Echandía; tan interesado estaba él en la seguridad de todos los Magistrados, que hasta había ordenado poner cortinas en los vidrios del fondo de las oficinas. . ., para que desde la calle no se tuviera ninguna visibilidad a los Despachos. Por otra parte, yo personalmente lo observé sobre todo en los últimos días, extremadamente nervioso y tan nervioso estaría que había aceptado que le pusieran escolta, ya que él, en un principio, estuvo renuente a aceptarla. Hay un hecho muy diciente y es el siguiente: el día martes 5 de noviembre, cuando el doctor llegó, como todos habíamos observado la falta de policía o de vigilancia en el Palacio, con Yanneth, la Secretaria de la Presidencia, le preguntamos al Sargento de escolta del doctor, no sé el nombre, que qué había pasado con la vigilancia, con la policía, que por qué no había un solo policía en el Palacio y él nos contestó que la policía estaba de fiesta o de aniversario. Entonces, si el doctor hubiera dado esa orden y yo no me hubiera enterado, Yanneth sí debía saberlo, puesto que ella era la que tramitaba absolutamente todo lo de Presidencia y ella al hacerle yo esa pregunta, al Sargento escolta, no me dijo tampoco que estuviera enterada de esa orden del doctor Reyes».

Más adelante se le formuló concretamente una pregunta:

«Se afirma también en estas diligencias, que el 31 de octubre de este año, fue llamado el Coronel Pedro Herrera Miranda, al Despacho del doctor Reyes Echandía, para manifestarle que retirara el personal de la Policía que portaba carabina, el cual se podía emplear únicamente cuando hubiera sesiones plenarias. Contestó: No sé si el doctor lo llamaría, pero lo que sí puedo asegurar es que dicho Coronel Herrera o Rodríguez, que fue a quien yo me referí en el comienzo de mi declaración, ya que no sabía exactamente cómo era el apellido, no estuvo en la oficina ese día, a no ser que se hubiera encontrado con el doctor en otro piso de la Corte, no estuvo ese Coronel Herrera, ni ese jueves ni el viernes, por lo menos en la oficina».

La Secretaria de la Corte, doctora Inés Galvis de Benavides, declaró sobre el mismo punto:

«... A mí no se me llamó para la reunión por la que se me pregunta, por consiguiente no es cierto que yo hubiese asistido o presenciado los hechos expuestos por el Coronel Herrera y jamás oí al doctor Reyes Echandía solicitar el retiro de la vigilancia por parte del personal armado en el Palacio de Justicia, y menos se me tomó parecer para ver si compartía el criterio de la fuerza pública; de otra parte, me parece absurdo que de conformidad con lo expuesto en la pregunta, el doctor Reyes, dizque el doctor Reyes (sic) al no lograr comunicación con algún Consejero, hubiera resuelto llamar a la Secretaría de la Corte para tomar decisión sobre el retiro de la fuerza pública del Palacio de Justicia. Ahora, telefónicamente el doctor Alfonso Reyes Echandía, jamás me expuso tal situación, ni me hizo comentario sobre el deseo de solicitar el retiro de la fuerza pública del Palacio de Justicia>>. (Folios 57, 58, Tercer cuaderno formado por el Juzgado 77 de Instrucción Criminal Ambulante).

El Magistrado de la Sala Penal, doctor Luis Enrique Aldana Rozo, al ser interrogado sobre si tenía conocimiento del motivo de la suspensión de la vigilancia de la Policía, declaró:

«Se suspendieron en forma realmente inexplicable. Después de ocurridos los hechos, he visto informaciones periodísticas, según las cuales la propia Corte, a través de su Presidente, habría solicitado que se suspendieran dichas medidas. Esta afirmación es absolutamente falsa, por cuanto la Corte en Pleno en una de sus reuniones de Sala Plena, verificada pocos días antes de los hechos del seis y siete de noviembre había destacado la necesidad de que tales medidas se mantuvieran. En forma unánime, los Magistrados que estuvieron presentes en esa sesión, insistieron en la necesidad de que la vigilancia fuera rigurosa y permanente. El señor Presidente de la Corte, Reyes Echandía, cuya claridad mental y respeto por la voluntad de sus compañeros de la Corte está más allá de toda duda, no podría dar ninguna orden en sentido contrario; es más, yo me precio de haber tenido una muy cercana amistad con el doctor Reyes Echandía y diariamente dialogábamos sobre distintos temas, relacionados con la Corte y puedo afirmar categóricamente que ni siquiera remotamente pasó por la mente del doctor Reyes Echandía, insinuar que se retirara una vigilancia que él, mismo había pedido encarecidamente a la Policía Nacional».

Por su parte, el actual Presidente de la Corte, doctor Fernando Uribe Restrepo, rindió testimonio sobre el mismo particular, así:

«Nunca supe que la Corte en pleno hubiera manifestado inconformidad con el hecho de ser vigilada o protegida. Por el contrario, en los últimos meses antes de noviembre, en repetidas ocasiones se habló en Sala Plena, de la necesidad de esa protección, y de la conveniencia de aumentarla, racionalizarla y tecnificarla. Conocí algunas manifestaciones individuales de inconformidad con el modo en que tal vigilancia de prestaba, en determinados momentos, concretamente de parte del Magistrado Juan Hernández Sáenz, cuando un día se le exigió identificarse, y de parte del Magistrado Gustavo Gómez Velázquez, cuando otro día tuvo dificultades para entrar en automóvil, acompañado de un amigo».

Más adelante agregó:

«Que yo sepa, nunca el Presidente de la Corte, doctor Alfonso Reyes Echandía, pidió suspensión de la vigilancia o de las medidas de protección. Además, tampoco considero verosímil que tal solicitud se hubiera producido, por las razones que se expresan en las declaraciones o comunicados de la Sala Plena de la Corte al respecto, cuyo texto auténtico adjunto a la presente declaración juramentada».

Las declaraciones anteriores y las demás que obran en el proceso, y que aluden a la suspensión de la vigilancia del Palacio y concretamente a que tal medida fue ordenada por el Presidente de la honorable Corte, doctor Reyes Echandía, no concuerdan con las aseveraciones de los oficiales de la Policía, que dicen haber recibido tal solicitud, en los documentos que a continuación se compulsan para suministrar todos los elementos de juicio sobre el particular:

• a) Informe del Teniente Coronel Herrera Miranda:

«Asunto: Informe sobre una conversación: al señor Brigadier General, Comandante del Departamento de Policía de Bogotá.

Comedidamente me permito informar a mi General, que en desarrollo del numeral 12 del informe que ese Comando dirigió al señor Director de la Policía Nacional, por los acontecimientos de la toma a sangre y fuego de la Corte, los siguientes hechos:

El día 31-10-85 requerido por la señora Janneth, Secretaria de la Presidencia de la Corte, a que hablara con el honorable Magistrado Alfonso Reyes Echandía, un asunto especial. 2º De inmediato me dirigí a su Despacho, fui recibido por la citada Secretaria y se me hizo pasar al despacho del doctor Reyes Echandía, quien me manifestó:

• a) En vista de las múltiples protestas de Magistrados y Abogados debía retirar la vigilancia del personal armado en la Corte;

• b) Este servicio en lo posible, se lo debería prestar durante las Plenarias, las cuales se realizaban por lo general los jueves, pero que será bueno consultar con el Consejo de Estado para saber si compartían ese criterio; como no se logró la comunicación con ningún Consejero, se procedió a llamar a la doctora Inés, Secretaria General de la Corte, que compartió la idea expuesta por el honorable Magistrado Reyes Echandía; como esa determinación no despendía de mí, pues era competencia del señor Teniente Coronel Arbeláez Muñoz, Comandante del Departamento, le rogué al doctor Reyes se comunicara con el citado Oficial para el retiro del servicio, pues yo tenía conocimiento que la orden la había impartido el comando del Departamento, de mantener hasta nueva orden el servicio citado. Atentamente, Teniente Coronel Pedro Antonio Herrera Miranda, Comandante del Primer Distrito de Bogotá».

• b) Informe del Teniente Coronel Gabriel Arbeláez Muñoz:

«Asunto: Informe al señor Brigadier General, Comandante del Departamento de Policía de Bogotá.

Respetuosamente me permito informar a mi General" que el día 01-11-85, la Secretaria Privada del doctor Reyes Echandía, me estuvo localizando para una charla conmigo, de parte del señor doctor; ésta se efectuó solicitándome que por favor le retirara el servicio del personal que se encontraba de la Fuerza Disponible a la entrada del Palacio de Justicia, ya que ese alto organismo, signo de democracia, estaba para atender a todo el público que deseara hacer su ingreso; le hice varias observaciones, pero con su espíritu civilista continuaba manifestando el retiro del personal y que sólo se prestara con el servicio normal, por lo cual accedí sin antes dejarle en claro la situación de peligro que se venía y la amenaza que estaba recibiendo. Me manifestó que lo anterior se había hablado con el señor Teniente Coronel Herrera Miranda, a quien le expuso la misma situación, por lo anterior se ordenó el retiro del personal y se continuo por parte de la Cuarta Estación la vigilancia normal. Todo esto se debió a las continuas quejas que recibía por parte de los abogados litigantes y miembros de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, quienes vean con extrañeza y por demás perjudicial, las medidas extremas que se estaban tomando en el Palacio de la Corte. En cuanto a la seguridad personal, expresó que no había ningún problema, por cuanto siempre tenía a mano un personal del, F-2 como escolta.

Atentamente, Teniente Coronel Gabriel Arbelaez Muñoz, Comandante Operativo de Bogotá. (Página 63 del folleto "Las Fuerzas Armadas de Colombia y la Defensa de las Instituciones Democráticas").

Hechos de tanta trascendencia como los relatados por los dos oficiales en los informes transcritos, al parecer no fueron oportunamente comunicados al alto Gobierno. Por eso, cuando el señor Ministro de Justicia, doctor Parejo González, en reunión del Consejo de Ministro, se mostró sorprendido por la falta de protección al Palacio, encomendada a 22 miembros de la Policía, y pidió iniciar severa investigación sobre el particular el señor Ministro de Defensa, General Vega Uribe, ninguna información suministró, limitándose a compartir la conveniencia de llevar a cabo tal investigación.

Veamos al efecto la declaración del señor Ministro, Parejo González, rendida el 14 de abril pasado, mediante comunicación certificada numero 0001/047, dirigida a este Tribunal, en acatamiento a una solicitud nuestra. Es este el texto en lo atinente al punto que nos ocupa:

«A mediados de octubre transcendió, a través de la prensa escrita, la existencia de un plan de las guerrillas para tomarse el Palacio de justicia. Por esa misma época, la Policía Nacional dispuso un servicio especial al de agentes uniformados, para vigilar la citada edificación, en número de 22. Además, el 25 de octubre, una vez elaborado por el DAS y la policía, los Presidentes de la Corte, doctor Alfonso Reyes Echandía y del Consejo de Estado, doctor Carlos Betancur Jaramillo, me entregaron en mi Despacho el Plan de Seguridad, que comprendía trabajo que debía ejecutar el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, razón por la cual invité a esa reunión al Director de este organismo, doctor Manuel Buenahora, y al Jefe de la División Operativa del mismo, doctor Antonio Munévar, quienes se comprometieron a iniciar. los trabajos de inmediato. Desafortunadamente la toma del Palacio de Justicia ocurrió 7 días hábiles después, y el Fondo Rotario apenas tuvo tiempo de iniciar los trámites de contratación.

El Ministro de Justicia se interesó en grado sumo porque el Palacio de Justicia y los Magistrados, contaran con protección de la Policía Nacional. Tuve conocimiento de que tal protección se estaba prestando por información de la propia Policía y de los Presidentes de la Corte y del Consejo de Estado. El Ministro de Justicia vino a saber que esa protección había sido retirada solamente el día 6 de noviembre, después de la toma del Palacio de Justicia, porque se lo contó el Presidente del Consejo de Estado, en las horas del mediodía, en la primera conversación telefónica que logró con ese funcionario, quien le manifestó que en las horas de la mañana de ese día, entraba con el Consejero Gaspar Caballero y, al darse cuenta de que no había un sólo agente de la Policía, a manera de chiste, le había dicho a éste:

"Mira Gaspar, hoy se pueden tomar el Palacio porque ya la Policía nos ha retirado la vigilancia".

Ignoro las razones que tuvo la Policía para suspender la vigilancia del Palacio de Justicia. En la reunión con el doctor Reyes, el día 25 de octubre, él me expresó que algunos Magistrados se sentían molestos por las medidas de seguridad tomadas, pero me exteriorizó su confianza de que terminarían aceptándolas, en vista de que se habían establecido, precisamente para proteger su propia vida».

Al señor Ministro de Defensa Nacional, también se le informó que el servicio de vigilancia y protección de la Policía, sólo se había previsto para el día 17 de octubre de 1985 y unos pocos días más y que los Comandantes de dicha fuerza en Bogotá habían resuelto extenderlo hasta principios de noviembre (1985), por un criterio de elemental prudencia. A esta versión se refiere el Ministro de Justicia, que da cuenta en su testimonio de la consigna de prestar el servicio policivo con carácter permanente.

Si había amenazas ciertas de 108 narcotraficantes, insistentes y reiteradas, que generaron un ambiente de incertidumbre y terror, mal podría hablarse de la temporalidad de la protección o considerarse tan sólo justificado por rumores de un ataque al Palacio de Justicia, desvirtuados como antes se vio por autorizado vocero del Ministro de Defensa.

Hay que entender que la protección recomendada por el Consejo Nacional de Seguridad, en reunión a la cual asistió el Ministro de Defensa, mencionada en otra parte de este informe, se anticipó, el 16 de octubre, por acertada decisión del General Vega Uribe, al enterarse del anónimo que anunciaba el asalto.

Así aparece en la declaración del Ministro:

«Informé y ordené inmediatamente al Director de la Policía Nacional: Póngame en forma inmediata servicio de seguridad en el Palacio de Justicia>>. (Folleto citado, página 57).

No existe constancia alguna de que el propio señor Ministro de Defensa hubiese dado una orden temporal o cancelara su decisión de proteger a la Corte. Y mal habría sido dejarla desprotegida a la suerte de desconocidos criminales que exigían la inexequibilidad de la ley que aprobó el Tratado de Extradición con los Estados Unidos, en providencias que estaban próximas a poner fin a las varias demandas presentadas con tal pretensión.

No encuentra el Tribunal, acreditada en el proceso la intervención del Presidente de la Corte, ante los Coroneles Pedro Antonio Herrera Miranda y Gabriel Arbeláez Muñoz y estima injusto, que después de su muerte, se trate de atribuirle la orden del retiro de la fuerza pública que protegía y vigilaba el Palacio.

De existir suficiente fuerza armada, a juicio de los investigadores, el ataque posiblemente no se habría cometido, o de realizarse habría tenido otras consecuencias.

No comparte el Tribunal los puntos de vista del máximo jefe del M-19 Alvaro Fayad, traídos en cita por el señor Ministro de Gobierno, en el testimonio que rindió en comunicación del 21 de abril próximo pasado, distinguido con el número 0260, en la cual se lee lo siguiente:

«Tal vez no sobra agregar en este aparte que en un documento que distribuyó el M-19, titulado "Convergencia, Unidad y Paz para una Nación que quiere nacer - Entrevista a Alvaro Fayad. Cordillera Central, diciembre 1985", se puede leer lo siguiente:

"Pregunta: ¿Y también estaba anunciada la toma Los liberados ahora acusan al Gobierno de haberla facilitado, quitando la vigilancia del Palacio.

Respuesta: No, esos son argumentos de poco peso. Con o sin vigilancia, nosotros nos habríamos tomado el Palacio de Justicia. Y no nos tomamos el Congreso porque tuviera vigilancia, sino porque se trataba de plantear una demanda y de plantearla ante un poder respetable"».

Todo lo anterior sirve de fundamento para deducir que el Ministro de Defensa Nacional, General Vega Uribe, estuvo mal e insuficientemente informado por quienes le hicieron saber que las medidas de seguridad para el Palacio y los Magistrados, se habían tomado por un breve término y que la protección había desaparecido por orden del Presidente de la Corte, doctor Alfonso Reyes Echandía.

Es procedente que por parte de los Jueces competentes se adelante investigación conducente a establecer si los informantes incurrieron o no en infracción penal. Con tal fin, se deben enviar las copias correspondientes a la Justicia Penal Militar.

Finalmente, el Tribunal hace propicia la oportunidad para recomendar la adopción inmediata de las medidas de seguridad y protección de las personas encargadas de administrar justicia en todo el territorio nacional dando prioridad a las que se encuentran amenazadas por el cumplimiento de sus deberes. Estima que es urgente, poner en marcha las medidas prospectadas para defensa de la Corte y el Consejo de Estado, que por desventura no alcanzaron a tener aplicación antes de los dolorosos hechos del 6 y 7 de noviembre que nunca dejarán de lamentarse.

Considera, además, que es hora de pensar en una adecuada infraestructura que permita a la Rama Judicial del Poder Público, manejar racionalmente los recursos presupuestales que se le deben asignar para asegurar la mayor efectividad de su función, como existe en otros países. Es oportuno, inclusive, contemplar la posibilidad de organizar un cuerpo debidamente equipado, bajo las órdenes exclusivas y directas del Presidente de la Corte o del Consejo de Estado, según el caso, o la de especializar contingentes de la Policía Judicial, que bajo la misma dirección y mando, puedan cumplir la misión de protección y seguridad que el Estado debe brindar a Magistrados y demás funcionarios.

La contratación de vigilantes particulares, pobremente armados, probó ser ineficaz, a pesar de que los integrantes de ese cuerpo dieron sobradas muestras de valor y del sentido del deber. Pero nada podían sus medios paupérrimos e inadecuados contra las ametralladoras, fusiles, pistolas, bombas, granadas, etc..., utilizados por los asaltantes.

ATAQUE Y OCUPACION DEL PALACIO DE JUSTICIA - EJECUCION DEL PLAN

Todas las actividades de la honorable Corte Suprema y del honorable Consejo de Estado, en la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985, transcurrían normalmente. Nada hacía esperar hechos que pudieran trastornar el ambiente de trabajo de Magistrados, Consejeros, Fiscales, colaboradores y auxiliares, y en general, de las personas que frecuentan sus oficinas con el fin de ventilar asuntos sujetos a decisión de las dos altas Corporaciones de justicia. La presencia de guerrilleros del M-19, en el lugar, no despertó sospecha ni extrañeza, pues ellos tuvieron un comportamiento normal. Simple y llanamente, justificaron su presencia con el manifiesto interés de conocer jurisprudencias sobre aspectos contencioso administrativos, en las Secretarías del Consejo de Estado y de la Sección Tercera y, desde luego, ocultando su condición de tales.

Sorpresivamente, ante la ausencia de la fuerza pública, se dio comienzo al violento asalto y a la ocupación sangrienta del Palacio de Justicia. En efecto, a eso de las 11:30 de la mañana, un fuerte y estremecedor golpe de un camión reventó el separador metálico de la portería del parqueadero que da frente a la carrera 8º, seguido de otros dos vehículos, llenos de guerrilleros bien equipados, portando armas de largo alcance, de uso privativo de las fuerzas militares, dando lugar a una tremenda balacera que sembró el terror entre los presentes. Víctimas del primer ataque resultaron Eulogio Blanco y Gerardo Díaz Arbeláez, empleados de la firma Cobasec Ltda., contratista de la vigilancia, quienes no alcanzaron a utilizar sus revólveres que se les había entregado para el cumplimiento de su misión. Las gentes corrían despavoridas en las zonas aledañas al edificio, mientras los guerrilleros que habían ingresado, como ya se dijo, desde tempranas horas al primer piso, tomaron las armas, situándose en lugares estratégicos, obligando a quienes allí se encontraban a refugiarse en las diferentes oficinas en espera de que se clarificara la situación. Con el bloqueo de las dos únicas entradas al Palacio y el control armado del interior, automáticamente quedaron secuestradas y en calidad de rehenes todas las personas que se encontraban en el edificio. Jorge Tadeo Mayo Castro, administrador del mismo, fue eliminado cuando, afanosamente, trató de escapar.

Es de anotar que ningún peligro representaba para los atacantes, por no portar armas ni haber asumido actitud beligerante.

Algunos testimonios que, fragmentariamente, se reproducen, constituyen vivo recuerdo de aquellos desgraciados momentos.

El empleado del DAS Ananías Bohórquez Triviño declaró:

«...Soy o estaba asignado como escolta del doctor Jaime Betancur Cuartas el día de los hechos, o sea el 6; aproximadamente a las once y cuarenta del día me encontraba en el primer sótano del Palacio de Justicia dentro de la camioneta asignada y que pertenece al DAS, la cual se encontraba estacionada frente a la puerta de entrada por la carrera 8º, pero al fondo del edificio del sótano-parqueadero, a la hora antes dicha oí que entró un carro acelerado y tiró la talanquera o lámina que hay ahí para el control de la entrada de los carros, la tiró violentamente, voltié a mirar, vi que era un carro que entraba, seguidamente se oyó una explosión lo cual oscureció un poco el sitio y seguidamente un traqueteo de armas de fuego bastante intensivo, no me acuerdo qué marca era el carro, era como un camioncito, yo pensé que era la guerrilla. En seguida me despojé del revólver que era de mi propiedad y una billetera. . ., luego me salí de la camioneta y me tiré debajo de la misma. No hacía un minuto de estar debajo de la camioneta, cuando una mujer que portaba al parecer una ametralladora punto 30, al ver que era una mujer le dije: señorita no estoy armado y ella me dijo salga que si no tiene armas no le pasa nada; luego esa mujer me requisó y me condujo hacia el frente de los ascensores del costado norte del sótano, me dijo acuéstate boca abajo y luego se fue hacia donde estaba otro conductor debajo de un carro... Era una muchacha joven, como de dieciocho años, no muy gorda, regular, de 1.55 más o menos de estatura, vestía un uniforme como verdecito, de armas solamente la vi la que dije antes. . . ».

El periodista Alvaro Alberto Almanza Góngora manifestó:

«...Yo entré al Palacio de Justicia el día 6 de noviembre, en compañía del periodista Omar Vargas, de Europa Press, entre las once y media y faltando veinte minutos para las doce, notamos que no había la seguridad que había existido la semana anterior... Cuando nos devolvimos, que nos encontrábamos nuevamente a pocos metros de la puerta principal que da hacia la Plaza de Bolívar, escuchamos el ruido de los disparos en el sótano y creo, según lo que oí, que los disparos siguieron por todas las escaleras. Omar Vargas salió corriendo y yo me recosté contra el muro, cerca donde quedaba la recepción, saqué la grabadora de mi maletín y me puse a grabar la balacera; la señorita que estaba en la recepción se salió del Palacio y ella pertenecía a la compañía de vigilancia privada que estaba ahí, y los otros dos celadores se preguntaban por dónde serían los tiros y desenfundaron sus armas y comenzaron a disparar también. No sé si fue antes o después de lo que estoy narrando vi al administrador del Palacio de Justicia, a Jorge Tadeo Lozano que venía del lado donde quedaba la cafetería, abrió una de las puertas de vidrio que da a la plazoleta central del Palacio y continuó corriendo; después, cuando salí, supe que lo habían matado. Cuando estaban en medio de la balacera, eso fue fracción de segundos, yo saqué la cabeza porque pensé trotar hasta la Secretaría de la Sala Penal, pero cuando vi el humo que daba la pólvora de los disparos, me hice de para atrás, continué grabando y los celadores que estaban ahí me decían: 'Echese para atrás' y fue así como ellos salieron disparando y a la vez me sacaron del Palacio...».

(Folio 234, segundo cuaderno del Juzgado 77 de Instrucción Criminal).

El señor José Cornelio Gaitán Basto, de la escolta del Consejero de Estado doctor Jaime Betancur Cuartas, dijo:

<<...Yo estaba frente a la oficina del doctor Jaime Betancur en el pasillo del segundo piso, cuando escuché una detonación en el sótano, la detonación fue de ametralladora o de fusil y al instante vi en el primer piso a un guerrillero que disparaba el arma que portaba en posición de cuclillas y al momento otros dos guerrilleros que seguían disparando en forma continua y en diferentes direcciones, quise desde el momento dispararle con el revólver de dotación, pero al ver que eran tres los que vi, me abstuve pensando que voltearían el arma hacia mí y como únicamente me protegía el antepecho de madera que circunda los pasillos, me abstuve de hacerlo. El compañero Carlos Julio Ortegón Garzón se encontraba a unos 20 metros en el mismo pasillo distante de mí, quien salió de inmediato al pie mío con sub ametralladora MP5, quien también intentó hacer uso del arma, pero yo lo contuve, puesto que ya en ese momento no se veía a nadie y le advertí que munición no se podía desperdiciar... El compañero inmediatamente se dirigió a la oficina a pedirle al doctor Jaime Betancur que se tendiera al piso, quien hasta ese momento permanecía sentado en su escritorio. Al momento me entré a la misma oficina y al momento de penetrar dispararon una ráfaga que hizo blanco en los vidrios del frente de la misma oficina, que por escasos centímetros me favorecí, permanecimos tendidos sobre el piso más o menos unos quince minutos, cuando me vino el pensamiento de trasladarnos a otra oficina y le dije al compañero Ortegón que avanzara adelante habiendo antes llamado por teléfono para que nos abrieran la puerta y le dije al doctor Jaime Betancur por favor sígame y en posición de arrastra (sic) salimos de la oficina cruzando parte del pasillo en posición de arrastra hasta llegar a la otra oficina. Allí entramos y situamos al doctor en la oficina del fondo, advirtiéndole que permaneciera tendido junto con la doctora Elizabeth y su Secretaria...». (Folio 16, primer cuaderno, del Juzgado Ochenta y Dos de Instrucción Criminal).

Por su parte, el señor Carlos Julio Ortegón Garzón, perteneciente a la misma escolta del doctor Betancur, declaró:

<<...Me encontraba a unos quince metros de la oficina del doctor Jaime Betancur, aproximadamente a las once y cuarenta de la mañana, cuando escuché ráfagas de disparos que venían del sótano y el primer piso, entonces salí corriendo hacia la oficina del doctor Jaime Betancur y le eché mano a la sub ametralladora y me preparé para hacer frente a los guerrilleros, pero en ese momento el Jefe de la Escolta, señor Gaitán, me dijo: Hay que proteger y sacar al doctor Jaime, entonces regresamos a la oficina y procedimos a tirar al doctor al piso en su despacho... procedimos a formar una trinchera con unas sillas en la puerta, luego cada uno tomamos un ángulo diferente esperando el momento del ataque . . . ». (Folio 24 del mismo cuaderno).

El señor Rafael Antonio Lancheros Peña, del servicio de vigilancia privada, manifestó:

<<...Yo estaba en la portería por el lado de la Plaza de Bolívar estaba de servicio, por ahí serían las once y cuarenta y cinco minutos, oímos una ráfaga de ametralladora, ahí estábamos yo, Ordóñez y Mateus y dijimos "se entraron los guerrilleros", eso sabíamos nosotros porque el señor Jefe del DAS, Gonzalo Viracachá, nos había dado unas explicaciones: que mucho cuidado porque estaban muy amenazados los Magistrados y nos mostró los sufragios que le habían traído a los Magistrados, nosotros estamos pendientes de todo, revisando, esculcando todo, por esa puerta no entraron los guerrilleros. Oímos la ráfaga de ametralladora, sacamos los revólveres y nos fuimos hacia adentro y nos tomamos posición en las columnas del centro, luego por la escalera del norte nos hicieron una ráfaga por dentro de los vidrios, el cual yo hice un tiro hacia el lado de la escalera, nos hicieron otros disparos por el lado de la cafetería, luego nos agachamos y salimos entonces gatiando yo y Mateus, a Ordóñez lo encerraron a plomo, salimos y duramos en la puerta unos cinco minutos, luego llegó un guardia de la Presidencia ahí, tomó posesión ahí. Desde que comenzó por ahí nadie (sic) entró y salió, de ahí nos fuimos, eso fue lo que vi ese día...». (Folio 16, primer cuaderno, del Juzgado Veintitrés de Instrucción Criminal).

El señor José Vicente Ordóñez Vargas, del mismo servicio de vigilancia privada, se refirió así a los acontecimientos:

«...A eso de las once y cuarenta y cinco, fue cuando escuchamos los primeros disparos que provenían del sótano, al escuchar eso, entonces yo avancé con uno de mis compañeros hasta el pasillo, con el compañero Rafael Lancheros, que nos encontrábamos en la puerta principal, pues ahí nos pertenecía prestar turno. Al llegar a una columna de las que sostienen al segundo piso, nosotros íbamos por el primer piso y ya nos hicieron una ráfaga, no se de qué arma sería, probablemente de un fusil, entonces yo me atrincheré contra el muro y comencé también a disparar con mi revólver, cuando en ese momento un guerrillero que venía por el lado de la cafetería me hizo un disparo, ese guerrillero traía un fusil galil y entonces yo le disparé, ese guerrillero me hizo el disparo como a una distancia de unos veinte metros. Cuando yo me quedé sin balas en el tambor del revólver, alcancé a sacar el extractor para botar las vainillas del tambor y le alcancé a meter tres tiros nuevamente al revólver, que fue los últimos que disparé al guerrillero que me venía por la cafetería, el cual me había (sic) avanzado más; cuando disparé esos tres tiros, pegué la carrera al segundo piso, pero no subí propiamente al segundo piso, sino que me quedé donde hace descanso la escalera y entré a un cuarto del aseo que estaba abierto y con la luz prendida y cerré la puerta y volví a cargar el revólver nuevamente, me quedaban ocho tiros, seis le puse al tambor y dos dejé en mi mano; después apagué la luz y permanecí a un lado de la puerta esperando qué sucedía, si era que me iban a matar ahí o qué Ahí permanecí hasta las cinco y treinta de la tarde en que me rescataron un agente de la Policía...»>>. (Folio 19, del primer cuaderno, Juzgado Veintitrés de Instrucción Criminal).

El señor Marco Tulio Mateus Fontecha, del mismo servicio privado de vigilancia, declaró:

«... Yo era el recorredor del cuarto al primer piso, en breves momentos yo estaba en el cuarto piso, tomé el ascensor, le dije a la ascensorista que bajara al sótano y al abrir el ascensor, salí y vi que había una camioneta o camión de color azul, ya iban de la barrera en adelante hacia el sótano y se escuchaba la balacera, pero en ese momento yo no vi a nadie por esos sitios. Yo me regresé hacia atrás, le dije a la ascensorista que me subiera al primer piso, porque era como sospechoso ese camión y yo era con el fin de avisarle a mis compañeros que se encontraban en el primer piso y que cubriéramos las escaleras cuando abrió el ascensor en el primer piso, ya vi a los dos compañeros en órbita, a Rafael y Vicente Ordóñez, pero no veía a ningún extraño; ya empezaban a disparar por parte de las escaleras norte, pero yo no veía nadie, no veía a dónde salía ese plomo; (sic) yo me escolté sobre una columna durante unos tres o cinco minutos; yo miraba hacia lado y lado, en esas vi que salía el administrador del edificio de la parte de la cafetería que hay en el servicio al público, que queda en el primer piso, él siguió por todo el pasillo, tomó una puerta que había hacia la plazoleta y siguió como hasta el centro; luego dio la media vuelta a la derecha, para dirigirse hacia el fondo del edificio. llegó hacia una columna, se recostó por la parte de la espalda y lo vi que bajó lentamente, como sentado; los vidrios se seguían partiendo de la plomacera; luego yo tomé la pared hacia la salida de la puerta de la plaza principal; no me di cuenta que quedaron los dos compañeros míos. Al salir afuera, estaba Rafael Lancheros y un periodista que estaba tomando el ruido de las bombas con un aparatico pequeñito....». (Folio 28 del mismo cuaderno) .

La doctora Margarita Cecilia Dawson Rodríguez, abogada de profesión, declaró:

«...Llegué al Palacio de Justicia aproximadamente a las once de la mañana, por cuanto tengo un negocio proceso contra la Nación y concretamente contra el Ejército Nacional, entré a la Secretaría Sección Tercera, primer piso, mano izquierda, y solicité el negocio para mirar una providencia que había salido recientemente, solicité el expediente y me senté a analizarlo. Como a eso de las once y veinticinco de la mañana entró a la Secretaría un señor alto, moreno, de aproximadamente 40 años, medio canoso, en compañía de una señora de una edad aproximadamente de unos cuarenta años, saludaron y la señora que entró con él y que se decía ser abogada, lo presentó a las demás personas como el abogado que venía a ver el negocio de Quebrada Blanca, el señor hablaba en tono costeño, pausado, saludó y pidió prestado el teléfono; al pie mío estaba una abogada joven mirando otro negocio y me preguntó la hora y eran en ese momento las once y media, después entró un muchacho joven que no vi, simplemente oí que saludó al doctor que describí anteriormente, muy familiarmente le preguntó por su suegra, señora y niños y el muchacho le dijo que estaban en la finca, fue en ese momento cuando sonó un primer impacto de algo, fue tan duro que creo que fue una bomba, fue una explosión con rotura de vidrios que estremeció; asombrados todos nos miramos a ver qué pasaba, e inmediatamente en los corredores comenzó a verse circulación de varias personas, pero no alcancé a precisar si eran guerrilleros o personas armadas inmediatamente me levanté de donde me encontraba y corrí hacia el baño de la oficina y observé que el señor abogado que relato cerró la puerta del despacho y se quedó por dentro; yo me metí al baño y no supe después qué pasó más, pero sí me llamó la atención de que ese señor cerrara la puerta ante el inmenso tiroteo que se desplegaba en ese momento, era una balacera impresionante. Yo cerré la puerta, entraron conmigo cuatro mujeres más, entre ellas la abogada joven, la secretaria de la Secretaría...Ahí en esa oficina había diez personas, hombres y mujeres, hombres cinco y mujeres cinco, las mujeres únicamente entramos al baño, la señora de edad desapareció. Yo, cuando abrí la puerta del baño, me llamó la atención de la pareja de abogados que describí que entraron hasta hablando duro, el señor era muy bien vestido, de buena presencia; ella, un vestido común y corriente, falda, chaqueta, tacones, y el muchacho era informal, iba como con un suéter, pero no le vi la cara, sólo escuchaba, él no tenía tono costeño. La abogada que me pidió la hora es joven, de aproximadamente unos veintitrés años, delgada, morena, morenita, de facciones muy finas, la cara muy delgadita, bajita, en caso de volverla a ver lo mismo que a la pareja de abogados los reconocería, después comprobé que era Jacquin, porque se lo describí a la policía y ella me dijo que era Jacquin.>>. (Folio 377 del primer cuaderno, del Juzgado cuarenta y Uno de Instrucción Criminal).

El doctor Félix Arturo Mora Villate, Secretario de la Sección Tercera del Consejo de Estado, expuso: