Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid

Las infracciones previstas en esta Ley prescribirán en los siguientes plazos:

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiese cometido.

La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al interesado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, la prescripción de las infracciones no afecta a la obligación de solicitar las autorizaciones, licencias o concesiones necesarias para la ejecución del proyecto, obra o actividad.

Por la comisión de las infracciones muy graves podrá imponerse una o varias de las siguientes sanciones:

Por la comisión de las infracciones graves podrá imponerse alguna de las siguientes sanciones:

Por la comisión de las infracciones leves podrá imponerse alguna de las siguientes sanciones:

La sanción de multa será compatible con el resto de las sanciones previstas en los apartados anteriores.

En ningún caso la multa correspondiente será igual o inferior al beneficio que resulte de la comisión de la infracción, pudiendo incrementarse su cuantía hasta el doble del mismo, aunque ello suponga superar las sanciones máximas previstas en los párrafos precedentes.

Las personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por faltas graves o muy graves derivadas del incumplimiento de la normativa en materia de medio ambiente no podrán obtener subvenciones ni otro tipo de ayudas de la Comunidad de Madrid hasta que hayan transcurrido dos años desde que se haya cumplido íntegramente la sanción y, en su caso, ejecutado las medidas correctoras pertinentes en su totalidad.

Por razones de ejemplaridad y siempre que concurra alguna de las circunstancias de riesgo o daño efectivo para el medio ambiente, reincidencia o intencionalidad acreditada, el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador dará publicidad a las sanciones impuestas, una vez firmes en vía administrativa, mediante la publicación del nombre de las personas físicas o jurídicas responsables, con indicación expresa de las infracciones cometidas. La publicidad se efectuará en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en los medios de comunicación social que se consideren adecuados para la prevención de futuras conductas infractoras.

Las sanciones deberán guardar la debida proporcionalidad con la gravedad de la acción u omisión constitutiva de la infracción.

Las sanciones se graduarán atendiendo, especialmente, a los siguientes criterios:

Cuando la sanción consista en el cierre temporal del establecimiento o la suspensión de la actividad, se incluirá en el cómputo de la duración de la sanción el tiempo que el establecimiento hubiera estado cerrado o la actividad suspendida como medida provisional o cautelar.

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por infracciones graves a los tres años y las impuestas por infracciones leves al año.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución de la sanción, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

Cuando la misma conducta resulte sancionable con arreglo a esta Ley y a otras normas de protección ambiental, se impondrá únicamente la sanción más grave de las que resulten aplicables, o a igual gravedad, la de superior cuantía, salvo que en ambas normas se tipifique la misma infracción, en cuyo caso, prevalecerá la norma especial.

El apartado anterior no será de aplicación a las acciones u omisiones que infrinjan normas de protección ambiental y normas de índole sectorial encaminadas a la protección de bienes o valores distintos, o se funden en el incumplimiento de diferentes obligaciones formales.

Sin perjuicio de las sanciones que se impongan, los infractores a la normativa de medio ambiente estarán obligados a reparar el daño causado, con objeto de restaurar el medio ambiente y reponer los bienes a su estado anterior a la comisión de la infracción.

La resolución sancionadora deberá reflejar expresamente esta obligación del infractor, determinando el contenido de la misma y el plazo para hacerla efectiva.

Si el infractor no reparase el daño en el plazo que se haya fijado en la resolución o no lo hiciese en la forma en ella establecida, el órgano competente podrá imponerle multas coercitivas, que serán reiteradas por lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo ordenado. Estas multas serán independientes y compatibles con las sanciones que se hubieran impuesto por la infracción cometida y con las sanciones que pudieran imponerse por el incumplimiento de la obligación de reparación.

Si el infractor no cumpliera su obligación de restauración del medio ambiente, el órgano sancionador podrá, igualmente, ordenar la ejecución subsidiaria conforme a lo previsto en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El responsable de las infracciones en materia de medio ambiente deberá indemnizar por los daños y perjuicios causados. La valoración de los mismos se hará por la Administración, previa tasación contradictoria cuando el responsable no prestara su conformidad a la valoración realizada.

Cuando, con carácter previo a la incoación del expediente sancionador, se haya acordado alguna de las medidas provisionales previstas en el artículo 53, el titular del órgano ambiental, deberá acordar en el plazo máximo de quince días, previa audiencia al interesado, el cese, mantenimiento o modificación de dichas medidas durante el tiempo que considere necesario.

Iniciado el procedimiento sancionador, en cualquier momento del mismo, el titular del órgano ambiental competente, por propia iniciativa o a propuesta del instructor, podrá adoptar las medidas cautelares que estime necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y evitar el mantenimiento de los daños ambientales. Estas medidas se adoptarán por el titular del órgano ambiental de la Comunidad de Madrid en aquellos casos en que la competencia para tramitar el expediente sancionador corresponda a distinta Administración de la que sea competente para su resolución.

Las medidas cautelares deberán ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de las infracciones cometidas. Estas medidas podrán consistir en:

Cuando el órgano competente estime que los hechos objeto de la infracción pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo comunicará al órgano jurisdiccional competente o al Ministerio Fiscal.

Cuando existiere identidad de sujeto, hechos y fundamento entre la infracción administrativa y la penal, el órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador acordará su suspensión hasta que recaiga resolución judicial.

En caso de que la resolución judicial no estime la existencia de delito o falta, el órgano competente podrá continuar la tramitación del procedimiento sancionador. En todo caso, los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme vincularán a la Administración.

La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta Ley se realizará mediante la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador sujeto a lo dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en las normas de desarrollo dictadas por la Comunidad de Madrid.

La resolución que ponga fin al procedimiento, que será motivada, resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente. La resolución deberá dictarse en el plazo máximo de un año desde la incoación del procedimiento.

La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa. En ella se adoptarán, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.

La potestad sancionadora en el ámbito de aplicación de esta Ley corresponderá a la Comunidad de Madrid cuando las infracciones se produzcan en relación con los procedimientos de Análisis Ambiental de Planes y Programas y de Evaluación de Impacto Ambiental o se trate de actividades de carácter supramunicipal.

Dicha potestad sancionadora corresponderá a los Municipios cuando las infracciones se produzcan en relación con el procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades que no tengan carácter supramunicipal.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de evaluación ambiental en la Comunidad de Madrid será el previsto en la normativa estatal y lo dispuesto en el presente artículo.

Además de las infracciones previstas en la normativa estatal, es infracción grave en la Comunidad de Madrid la obstrucción a las labores de inspección, vigilancia y control de la administración y la negativa a permitir el acceso de los agentes de la autoridad, así como de los asesores técnicos especificado en el artículo 50.4, cuando actúen en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

Tendrán, además, la consideración de infracciones graves en la Comunidad de Madrid:

Cuando el ejercicio de la potestad sancionadora por las infracciones en materia de evaluación ambiental sea competencia de los municipios, la resolución de los procedimientos sancionadores corresponderá a los órganos que determinen sus normas de organización.

Cuando el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de medio ambiente, agricultura, ganadería, desarrollo rural, vías pecuarias, animales domésticos y protección, bienestar y sanidad animal y vegetal sea competencia de la Comunidad de Madrid, la resolución de los procedimientos sancionadores corresponderá:

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de los procedimientos sancionadores por las infracciones en materia de medio ambiente, agricultura, ganadería, desarrollo rural, vías pecuarias, animales domésticos y protección, bienestar y sanidad animal y vegetal será de un año.

El órgano ambiental de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, podrá acordar la tramitación simultánea del procedimiento de evaluación ambiental estratégica de un plan o programa y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los proyectos que lo desarrollen, siempre y cuando el promotor sea único para ambos procedimientos y sean tramitados por el mismo órgano sustantivo. Para ello, de manera previa, el promotor deberá presentar solicitud de tramitación simultánea ante el órgano sustantivo, que deberá mostrar previamente su conformidad, pronunciándose sobre las cuestiones de procedimiento objeto de su competencia.

Sin perjuicio de la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 27.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se establece en la Comunidad de Madrid un plazo máximo de vigencia de las declaraciones ambientales estratégicas de cinco años. En caso de que el promotor solicite la prórroga de la vigencia de la declaración ambiental estratégica prevista en el mismo artículo, a tal prórroga, en su caso, aplicará el plazo adicional de treinta meses, a los efectos del mismo artículo.

En el supuesto previsto en el artículo 31.2.b) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el "Boletín Oficial del Estado" o diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la aprobación del plan o programa en el plazo máximo de cinco años desde su publicación. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del plan o programa.

La declaración de impacto ambiental de un proyecto o actividad en la Comunidad de Madrid perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cinco años. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental en los términos previstos en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

En caso de solicitud de prórroga de la declaración de impacto ambiental, la ampliación del plazo de vigencia que acuerde el órgano ambiental será de treinta meses adicionales a los efectos del mismo artículo.

En el supuesto previsto en el artículo 47.2.b) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid", no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cinco años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental en los términos previstos en el mismo artículo.

En caso de solicitud de prórroga del informe de impacto ambiental, la ampliación del plazo de vigencia que acuerde el órgano ambiental será de treinta meses adicionales a los efectos del mismo artículo.

Los Proyectos de Ordenación y Planes Técnicos de los montes, así como sus revisiones, se aprobarán por el órgano competente de la Consejería de la que dependa la Administración forestal de la Comunidad de Madrid.

Planes y programas que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos a los que sea de aplicación esta Ley y que se elaboren con respecto a:

Planes y programas no contemplados en el epígrafe anterior que se desarrollen fuera de zonas urbanas en espacios incluidos en el anexo sexto y que no tengan relación directa con la gestión de dichas áreas.

Primeras repoblaciones forestales de más de 50 hectáreas, o de cualquier superficie si se llevan a cabo en espacios incluidos en el anexo sexto, cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas.

Cortas o arranque de arbolado con el propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo, cuando no esté sometida a planes de ordenación y afecte a una superficie mayor de 20 hectáreas. No se incluye en este apartado la corta de cultivos arbóreos explotados a turno inferior a cincuenta años.

Construcción de nuevas pistas forestales cuya longitud supere 1 km y su trazado se vea afectado en más del 15 por 100, por alguna de las siguientes circunstancias:

Vías de saca para la extracción de madera de longitud continua igual o superior a 5 Km.

Cortafuegos de más de 50 metros de ancho y 250 metros de longitud.

Proyectos para destinar terrenos incultos o áreas seminaturales a la explotación agrícola intensiva, que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 50 hectáreas, o mayor de 10 hectáreas en el caso de terrenos situados en espacios incluidos en el anexo sexto, o en los que la pendiente media sea igual o superior al 12 por 100.

Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura incluidos aquellos proyectos de riego o avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 50 Has excepto los proyectos de consolidación o mejora de regadíos. En el caso de proyectos que afecten a espacios incluidos en el anexo sexto cuando la superficie sea mayor de 10 hectáreas.

Proyectos de concentración parcelaria que afecten a espacios incluidos en el anexo sexto.

Instalaciones para la explotación ganadera intensiva que superen los siguientes límites:

Instalaciones para la explotación ganadera intensiva que se sitúen dentro de los límites de espacios recogidos en el anexo sexto y superen los siguientes límites:

Introducción de especies animales no autóctonas en el medio natural, salvo las especies cinegéticas y piscícolas ya autorizadas por la Comunidad de Madrid a la entrada en vigor de esta Ley.

Instalaciones para la explotación y cría de animales silvestres o domésticos destinados a peletería o granjas cinegéticas.

Instalaciones para la acuicultura intensiva que tengan una capacidad de producción superior a 100 toneladas al año.

Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las Secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley de Minas y normativa complementaria, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Explotaciones subterráneas de recursos mineros, incluyendo todas las instalaciones y estructuras necesarias para el tratamiento del mineral, acopios temporales o residuales de estériles de mina o del aprovechamiento mineralúrgico (escombreras, presas y balsas de agua o de estériles, plantas de machaqueo o mineralúrgicas, etcétera).

Dragados fluviales, cuando se realicen en tramos de cauce o zonas húmedas protegidas (lagos, lagunas, humedales y embalses catalogados, etcétera), cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos/año y en el resto de embalses, cuando el volumen de lodos extraídos sea mayor de 100.000 metros cúbicos/año.

Extracción de turba.

Plantas de tratamiento de áridos que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

Extracción de petróleo y gas natural, incluyendo todas las instalaciones y estructuras necesarias para su extracción.

Perforaciones geotérmicas de más de 200 metros de profundidad.

Refinerías de petróleo y gas.

Instalaciones para la fabricación de lubricante a partir de petróleo bruto.

Instalaciones industriales para la gasificación o licuefacción de carbón, minerales y pizarras bituminosas.

Instalaciones industriales para la fabricación de briquetas de hulla y de lignito.

Instalaciones industriales para la elaboración de betunes y productos asfálticos.

Plantas de regasificación y licuefacción de gas natural y de fabricación o destilación de combustibles gaseosos de base hidrocarburada manufacturados o sintéticos y sus isómeros, o de gases licuados del petróleo o de mezcla de gases combustibles con aire.

Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o químicos, con una capacidad superior a 100.000 toneladas.

Tuberías para el transporte de gas, petróleo y sus derivados o productos químicos con un diámetro igual o superior a 0,5 m y una longitud igual o superior a 10 Km.

Instalaciones para la fabricación a escala industrial mediante transformación química de los productos o grupo de productos mencionados a continuación en las letras a hasta f):

Plantas industriales para:

Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de producción superior a 20 toneladas diarias.

Industrias de tratamiento previo (operaciones tales como el lavado, blanqueo o mercerización) o para el teñido de fibras o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas diarias.

Industrias de teñido, curtido y acabado de cueros y pieles, cuando la capacidad de tratamiento supere las 12 toneladas de productos acabados al día.

Instalaciones para la producción de fundición, de aceros brutos o de lingotes de hierro o acero (fusión primaria o secundaria), incluidas las correspondientes instalaciones de fundición continua, con una capacidad superior a 2,5 toneladas por hora.

Hornos de coque (destilación seca del carbón).

Instalaciones para la fabricación de carbono (carbón sintetizado) o electrografito por combustión o grafitación.

Plantas siderúrgicas integrales. Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procesos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.

Instalaciones para elaboración de metales ferrosos en las que se realice alguna de las siguientes actividades:

Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 toneladas por día.

Instalaciones para la fusión (incluida la aleación) de metales no ferrosos, incluidos los productos de recuperación (refinado, moldeado en fundición, restos de fundición, etcétera) con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.

Instalaciones para la obtención de amianto y para la fabricación de productos a base de amianto.

Instalaciones de calcinación y de sinterizado de minerales metálicos incluido el mineral sulfuroso.

Fabricación de cemento o de clinker y de cales y yesos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día.

Fabricación de abrasivos.

Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la producción de fibras minerales, con una capacidad de fundición superior a 20 toneladas al día.

Instalaciones para la fabricación del vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas al día.

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico gres o porcelana, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día y/o una capacidad de horneado de más de 4 metros cúbicos y más de 300 kilogramos/metro cúbico de densidad de carga por horno.

Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales cuando concurran, al menos, dos de las siguientes circunstancias:

Instalaciones industriales para la elaboración de grasas animales, cuando concurran, al menos, dos de las siguientes circunstancias:

Instalaciones industriales para el tratamiento y transformación destinados a la fabricación de productos alimenticios a partir de:

Instalaciones industriales para el tratamiento y transformación de la leche así como para la fabricación de productos lácteos, siempre que la instalación reciba una cantidad de leche superior a 200 toneladas al día (valor medio anual).

Instalaciones industriales para la fabricación de alcohol o bebidas alcohólicas destiladas, cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

Instalaciones para el sacrificio de animales y salas de despiece con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas al día de media anual.

Instalaciones para la eliminación, la transformación o el aprovechamiento de desechos de animales o animales muertos, con una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas al día.

Fábricas de harina de pescado y aceite de pescado, cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

Azucareras con una capacidad de tratamiento de materia prima superior a las 300 toneladas diarias.

Industrias transformadoras de residuos o subproductos de la industria alimentaria cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

Instalaciones industriales para el tratamiento de superficie de metales y materiales plásticos por procesos electrolíticos o químicos, cuando el volumen total de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento sea superior a 30 metros cúbicos.

Fabricación de circuitos impresos.

Actividades e instalaciones afectadas por el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, y modificaciones posteriores.

Instalaciones industriales para el tratamiento de superficies de objetos o productos con utilización de disolventes orgánicos, en particular para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desgrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos, con una capacidad de consumo superior a 150 Kg de disolvente por hora o de más de 200 toneladas/año.

Instalaciones industriales no incluidas en otros epígrafes de este anexo y que se encuentren entre las definidas en el anexo I de la Directiva 1999/13/CEE del Consejo de 11 de marzo, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones, siempre que se superen los umbrales de consumo de disolvente establecidos en el anexo II A de dicha Directiva, o los establecidos en su trasposición a la legislación española.

Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión para la producción de electricidad, vapor, agua caliente con potencia térmica igual o superior a 300 MW.

Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluido el desmantelamiento o clausura definitiva de tales centrales y reactores (con exclusión de las instalaciones de investigación para la producción y transformación de materiales fisionables y fértiles, cuya potencia máxima no supere 1 kW de carga térmica continua).

Instalaciones diseñadas para cualquiera de los siguientes fines:

Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.

Instalaciones destinadas al aprovechamiento de la fuerza del viento para la producción de energía eléctrica (parques eólicos) cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

Instalaciones de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico situadas fuera de zonas urbanas y cuyos paneles instalados ocupen una superficie superior a 5.000 metros cuadrados.

Construcción de líneas aéreas de energía eléctrica cuando su longitud sea igual o superior a 10 kilómetros, o cuando su longitud sea superior a 3 kilómetros y discurran por espacios incluidos en el anexo sexto.

Extracción de aguas subterráneas cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

Recarga artificial de acuíferos cuando el volumen anual de agua aportada sea igual o superior a 500.000 metros cúbicos.

Captación de aguas superficiales cuando el volumen anual de agua extraída sea igual o superior a 100.000 metros cúbicos.

Trasvase de recursos hídricos entre cuencas o subcuencas fluviales, excluidos los trasvases de agua potable por tubería.

Presas y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla, con una capacidad superior a 100.000 metros cúbicos o una cota de coronación mayor o igual a 10 metros, medidos desde la cota del punto más bajo de la superficie general de cimientos.

Conducciones de agua a larga distancia, de longitud mayor de 10 kilómetros cuya capacidad máxima de conducción sea superior a 5 metros cúbicos por segundo.

Proyectos que puedan suponer la alteración de zonas húmedas en una superficie igual o superior a 1 hectárea.

Plantas de tratamiento de aguas residuales con capacidad superior a 150.000 habitantes equivalentes.

Conducciones de aguas residuales de longitud superior a 10 km, situados fuera de zonas urbanas.

Obras de limpieza o desaterramiento que impliquen el vaciado de embalses.

Cualquier actividad que demande, use o vierta más de 250 metros cúbicos de agua, de media diaria, excluyendo la explotación y la gestión de abastecimientos y usos agrícolas, que no se encuentre incluida en otros apartados del presente anexo.

Proyectos de encauzamiento, canalización y defensa de cursos naturales, situados en espacios incluidos en el anexo sexto.

Instalaciones de incineración de residuos peligrosos (definidos en el artículo 3.c de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos), así como las de eliminación de dichos residuos mediante depósito en vertedero, depósito de seguridad o tratamiento químico como se define en el epígrafe D9 del anexo II A de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa a los residuos.

Instalaciones en las que se lleven a cabo operaciones de valorización de residuos peligrosos con capacidad de tratamiento superior a 300 Tm/año.

Instalaciones de incineración de residuos no peligrosos, así como las de eliminación de dichos residuos por tratamiento químico –como se define en el epígrafe D9 del anexo II A de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa a los residuos– con capacidad superior a 100 Tm/día.

Vertederos de residuos no peligrosos, excluidos los residuos inertes, que reciban más de 10 Tm/día o cuya capacidad total sea superior a 25.000 Tm y de cualquier capacidad si se encuentran ubicados en espacios del anexo sexto.

Depósito de residuos inertes con una capacidad igual o superior a 5.000.000 de metros cúbicos, o de cualquier capacidad cuando ocupen una superficie superior a una hectárea (medida en verdadera magnitud) y se ubiquen dentro de los espacios recogidos en el anexo sexto.

Instalaciones diseñadas exclusivamente para:

Perforaciones para el almacenamiento de residuos nucleares.

Otras instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos radiactivos no incluidas en otros epígrafes de este anexo.

Construcción de nuevas lineas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido.

Nuevos ferrocarriles metropolitanos aéreos y subterráneos fuera de zonas urbanas.

Tranvías, teleféricos, funiculares, líneas de transporte suspendidas o líneas similares fuera de zonas urbanas cuando se localicen en espacios incluidos en el anexo sexto.

Construcción de aeropuertos y aeródromos, cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:

Construcción de autopistas, autovías y vías rápidas de nuevo trazado.

Construcción de nuevas carreteras no incluidas en el epígrafe anterior, variantes, duplicaciones de calzada y enlaces a distinto nivel en los que intervenga al menos una vía de gran capacidad, así como la modificación de trazado, el acondicionamiento o el ensanche de cualquier tipo de carretera existente, cuando afecten a tramos con una longitud acumulada igual o superior a 5 km.

Proyectos de urbanizaciones, complejos hoteleros y turísticos, y construcciones asociadas, fuera de las zonas urbanas, incluida la construcción de centros comerciales y de aparcamientos, cuando se lleven a cabo en espacios incluidos en el anexo sexto.

Campos de golf.

Estaciones para la práctica de deportes de invierno, remontes, teleféricos, pistas y construcciones asociadas.

Instalaciones para tiendas de campaña, caravanas y otros elementos de acampada permitidos por la normativa turística, fuera de zonas urbanas.

Parques temáticos.

Proyectos de transformación de uso del suelo que impliquen la eliminación de la cubierta vegetal arbustiva o arbórea, cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores 100 Ha, o cuando afecten a superficies superiores a 10 Ha situadas en espacios incluidos en el anexo sexto.

Tratamientos fitosanitarios en superficies continuas iguales o superiores a 50 hectáreas cuando se utilicen productos con toxicidad tipo C, para fauna terrestre o acuática (si existen cursos de agua superficiales o zonas húmedas), o muy tóxicos según su peligrosidad para las personas, según la clasificación del Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, de Reglamentación Técnico Sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas.

Explotaciones ganaderas en régimen extensivo con una carga ganadera superior a 1,44 unidades de ganado mayor por hectárea.

Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura incluidos aquellos proyectos de riego o avenamiento de terrenos de una superficie superior a 10 hectáreas, no incluidos en el anexo segundo, así como los proyectos de consolidación o mejora de regadíos que afecten a superficies superiores a 100 Has.

Proyectos de transformación de uso del suelo que impliquen la eliminación de la cubierta vegetal, arbustiva o arbórea, cuando dichas transformaciones afecten a superficies iguales o superiores a 50 Ha, e inferiores a 100 Ha.

Explotaciones mineras no incluidas en el anexo segundo de esta Ley.

Plantas de tratamiento de áridos no incluidas en el anexo segundo y que se sitúen en las áreas incluidas en el anexo sexto o dentro de la Zona de Policía de cauces.

Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o químicos, con una capacidad igual o inferior a 100.000 toneladas y superior o igual a 200 toneladas.

Tuberías para el transporte de gas, petróleo y sus derivados o productos químicos situadas fuera de zonas urbanas, con un diámetro superior a 200 mm y una longitud entre 10 km y 1 km.

Plantas industriales para la producción de papel y cartón con una capacidad igual o inferior a 100 toneladas/día y superior a 20 toneladas/día.

Instalaciones para la fabricación de cemento, clinker, cales y yesos, supuestos no incluidos en el anexo segundo.

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, o productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, supuestos no incluidos en el anexo segundo.

Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites de origen animal o vegetal, no incluidas en el anexo segundo, cuando su capacidad de producción sea superior a 250 toneladas/día (media trimestral).

Tratamiento y transformación de leche, con una cantidad de leche recibida igual o inferior a 200 toneladas al día y superior a 50.

Instalaciones para el sacrificio y/o despiece de animales con producción de canales igual o inferior a 50 y superior a 10 toneladas al día de media anual.

Instalaciones industriales para el envasado y empaquetado de productos alimenticios fabricados por terceros con una capacidad de envasado superior a 100 toneladas al día (media anual).

Instalaciones industriales para la elaboración de sidras y otras bebidas fermentadas a partir de frutas, cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta, cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

Instalaciones industriales para la producción de vinos y derivados, cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

Instalaciones industriales para la elaboración de jugos, mostos, confituras y almíbares, con una capacidad de producción superior a 10 toneladas al día (media trimestral), cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

Azucareras con una capacidad de tratamiento de materia prima entre las 300 y las 50 toneladas diarias, ambos límites incluidos.

Instalaciones industriales para la fabricación de féculas, cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

Instalaciones industriales para la clasificación de huevos o elaboración de ovoproductos, cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias:

Instalaciones industriales para la fabricación de alcohol o bebidas alcohólicas destiladas, no incluidas en el anexo segundo, cuando la capacidad de producción sea superior a 250 toneladas/día.

Industrias transformadoras de residuos o subproductos de la industria alimentaria, no incluidas en el anexo segundo, cuando la capacidad de tratamiento sea superior a 250 toneladas/día.

Industrias de las aguas minerales cuando se sitúen dentro de las zonas incluidas en el anexo sexto.

Tratamiento de superficies metálicas y materiales plásticos por procedimientos electrolíticos o químicos, cuando el volumen total de las cubetas destinadas al tratamiento sea igual o inferior a 30 metros cúbicos y superior a 10 metros cúbicos.

Fabricación de aparatos electrodomésticos.

Fabricación de pilas y acumuladores.

Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores.

Fabricación o almacenamiento al por mayor de municiones, explosivos y equipos pirotécnicos.

Fabricación industrial de monedas, artículos de joyería, orfebrería, platería y similares.

Fabricación de lámparas y materiales de alumbrado.

Centrales térmicas e instalaciones industriales de combustión para la producción de electricidad, vapor y agua caliente con potencia térmica igual o inferior a 300 MW y superior a 50 MW.

Instalaciones destinadas al aprovechamiento de la fuerza del viento para la producción de energía eléctrica (parques eólicos) no incluidos en el anexo segundo, que tengan 10 o más aerogeneradores.

Extracción de aguas subterráneas cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

Recarga artificial de acuíferos no incluidas en el anexo segundo.

Presas y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla, con capacidad igual o inferior a 100.000 metros cúbicos y superior o igual a 10.000 metros cúbicos.

Captación de aguas superficiales cuando el volumen anual de agua sea inferior a 100.000 metros cúbicos y superior o igual a 7.000 metros cúbicos anuales.

Depósitos para almacenar agua con capacidad igual o superior a 50.000 metros cúbicos y aducciones con diámetro igual o superior a 1 metro, en ambos casos cuando se sitúen fuera de zonas urbanas.

Estaciones de tratamiento de agua potable con capacidad superior o igual a 50.000 metros cúbicos diarios.

Conducciones de aguas residuales situadas fuera de zonas urbanas de más de un kilómetro de longitud, o de cualquier longitud cuando discurran por espacios incluidos en el anexo sexto.

Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: