Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia estará compuesto, como mínimo, por un presidente y dos vocales. Uno de los vocales ejercerá las funciones de secretario y será elegido mediante acuerdo del propio Tribunal.

Las resoluciones del Tribunal se adoptarán por mayoría de sus miembros. En el caso de empate, decidirá el voto del presidente. Todos los miembros tienen derecho a formular su voto particular razonado mediante escrito que se adjuntará a la resolución.

El presidente del Tribunal deberá ser funcionario de carrera que cuente con título de licenciatura o grado en Derecho y que haya desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años, y se valorará su experiencia profesional en el ámbito de la contratación pública.

Podrán ser designados vocales de este tribunal los funcionarios de carrera que cuenten con título de licenciado o grado en derecho y que hubiesen desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años, valorando su experiencia profesional en el ámbito de la contratación pública.

En el caso de que los vocales o el presidente sean designados entre funcionarios de carrera incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público, éstos deberán pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1 del artículo 76 de dicha ley.

Los miembros del Tribunal serán seleccionados mediante convocatoria pública realizada por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia de acuerdo a los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad.

La designación del presidente y de los vocales se realizará por acuerdo del Consejo de la Xunta de Galicia, por propuesta de la consejería competente en materia de hacienda.

En la designación de los miembros del Tribunal se procurará una composición de género equilibrada, según lo previsto en el Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, y en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

El Consejo de la Xunta de Galicia podrá incrementar el número de vocales que tengan que integrar el Tribunal cuando el volumen de asuntos sometidos a su conocimiento lo aconseje, siempre que cumplan los requisitos señalados en los puntos anteriores, o adoptar otras medidas de refuerzo que estime oportunas.

El Consejo de la Xunta de Galicia aprobará la relación de puestos de trabajo del Tribunal con el establecimiento de las retribuciones correspondientes a sus miembros.

La consejería competente en materia de hacienda prestará apoyo administrativo al Tribunal y lo dotará de los medios materiales necesarios para el cumplimiento de las funciones. Su creación no supondrá incremento del gasto público.

La duración del mandato de los miembros del Tribunal será de seis años, renovables. No obstante lo anterior, la primera renovación del Tribunal se realizará de forma parcial a los tres años del nombramiento. A respecto de esto, se determinará mediante sorteo el miembro que deba cesar, salvo que alguno voluntariamente se quiera acoger a esta expiración de su mandato.

Los miembros del Tribunal tienen carácter independiente, son inamovibles y non podrán ser removidos de sus puestos salvo por las siguientes causas:

En caso de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que se haya declarado la abstención o la recusación de alguno de los miembros que les impida ejercer su función, el Tribunal podrá constituirse con la asistencia de los restantes, cualquier que sea su número. A estos efectos, la persona titular de la Presidencia será sustituida de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.3 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.

Los miembros del Tribunal desarrollarán su función en régimen de dedicación exclusiva. La persona titular de la Presidencia estará sometida al régimen de actividades e incompatibilidades de altos cargos establecido en la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y las personas titulares de las vocalías estarán sujetas a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.

Serán aplicables al régimen de constitución y funcionamiento del Tribunal las disposiciones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público; de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, y el resto de la normativa aplicable.

Las resoluciones que dicte el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia agotan la vía administrativa y contra ellas podrá recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La presentación de los escritos de interposición de los recursos y reclamaciones, de alegaciones o de solicitudes de la competencia del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia se hará por medios electrónicos.

Las comunicaciones y el intercambio de documentación entre los órganos competentes para resolver los recursos, los órganos de contratación y los interesados en el procedimiento se harán por medios electrónicos, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia, en lo que sea de aplicación.

El sistema de notificaciones electrónicas de Galicia Notifica.gal es la dirección electrónica habilitada a los efectos del artículo 51.1.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El Tribunal tendrá una página web con enlaces a los formularios para la presentación telemática de los recursos de su competencia a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia, y donde, con la periodicidad que se estime conveniente, se publiquen las resoluciones que resuelvan aquellos. También se procurará la elaboración de una memoria anual de actividad para publicar en la web.

En el caso de impago de las multas previstas en el artículo 56.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el organismo o centro directivo competente de la Xunta de Galicia iniciará el procedimiento administrativo de apremio. El importe de la multa impuesta se ingresará en todo caso en el Tesoro público.

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia podrá elaborar y aprobar su propio reglamento interno, que deberá publicarse en el "Diario Oficial de Galicia".

Mediante la presente ley se autoriza la creación del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia como organismo autónomo adscrito a la consejería competente en materia de consumo, que tendrá como fines generales y objetivos básicos la defensa, protección, promoción e información de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, y la garantía, promoción y preservación de una competencia efectiva en los mercados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, en la perspectiva de conseguir la máxima eficiencia económica y la protección y el aumento del bienestar de los consumidores y consumidoras.

Este organismo autónomo, en concreto, asumirá los medios personales y materiales y las competencias que en la actualidad corresponden al Instituto Gallego de Consumo y al Consejo Gallego de la Competencia, que se suprimirán en el momento de su entrada en funcionamiento, sin que suponga incremento alguno de gasto público.

Mediante decreto del Consejo de la Xunta de Galicia se procederá a su creación, así como a la aprobación de los estatutos que detallen las funciones específicas que desarrollará, en los cuales se establecerá, expresamente, la configuración de la Comisión Gallega de la Competencia como órgano colegiado independiente, de carácter permanente y consultivo, en la materia, con competencia para aplicar la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia, según los criterios establecidos por la Ley 1/2002, de coordinación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia.

Su régimen jurídico será el establecido en el título III de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.

Mediante la presente ley se autoriza la creación de la Agencia en Materia de Docencia, Formación, Investigación, Innovación y Evaluación de Tecnologías y Servicios Sanitarios como agencia pública autonómica adscrita a la consejería competente en materia de sanidad, que tiene como fines generales y objetivos básicos realizar la gestión de la formación en el Sistema público de salud de Galicia, el fomento y la coordinación de la investigación en las instituciones sanitarias del Servicio Gallego de Salud, la coordinación y el impulso de la actividad innovadora de la Consejería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud, y la evaluación de tecnologías y servicios sanitarios.

En el desarrollo de sus fines, la Agencia en Materia de Docencia, Formación, Investigación, Innovación y Evaluación de Tecnologías y Servicios Sanitarios procurará los siguientes objetivos:

Esta agencia, en concreto, asumirá los medios personales y materiales que en la actualidad les corresponden a la Fundación Escuela Gallega de Administración Sanitaria, al Servicio de Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Dirección General de Innovación y Gestión de la Salud Pública, y a las unidades de la Consejería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud con competencias en materia de formación, investigación e innovación que se supriman en el momento de creación de la Agencia, que quedarán integradas en ella, sin que suponga incremento del gasto público.

Mediante decreto del Consejo de la Xunta de Galicia se procederá a su creación, así como a la aprobación de los estatutos que detallen las funciones específicas que desarrollará.

Su régimen jurídico será el establecido en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, excepto en lo relativo al personal y a los elementos de su organización, que se regirán por lo dispuesto en la Ley 8/2008, de 10 de julio, y por su normativa específica.

Mediante la presente ley se autoriza la creación de la Agencia Gallega de Sangre, Órganos y Tejidos como agencia pública autonómica adscrita, a través del Servicio Gallego de Salud, a la consejería competente en materia de sanidad, que tiene como fines generales y objetivos básicos actuar como un instrumento de gestión eficiente en el ejercicio de funciones relacionadas con la donación y el abastecimiento de sangre y sus derivados, la coordinación de trasplantes de órganos y tejidos, y el procesado y almacenaje de células, tejidos y muestras biológicas humanas con fines diagnósticos, terapéuticos y de investigación.

En el desarrollo de sus fines, la Agencia Gallega de Sangre, Órganos y Tejidos procurará los siguientes objetivos:

Esta agencia, en concreto, asumirá los medios personales y materiales que en la actualidad les corresponden a la Fundación Pública Sanitaria Centro de Transfusión de Galicia, a la Oficina de Coordinación de Trasplantes de Galicia y a los bancos de tejidos y a las unidades de la Consejería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud con competencias en este campo que se supriman en el momento de creación de la Agencia, que quedarán integradas en ella, sin que suponga incremento del gasto público.

Mediante decreto del Consejo de la Xunta de Galicia se procederá a su creación, así como a la aprobación de los estatutos que detallen las funciones específicas que desarrollará.

Su régimen jurídico será el establecido en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, excepto en lo relativo al personal y a los elementos de su organización, que se regirán por lo dispuesto en la Ley 8/2008, de 10 de julio, y por su normativa específica.

Las referencias al Instituto Gallego de Consumo y al Consejo Gallego de la Competencia deberán entenderse realizadas al Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia desde el inicio de su actividad, de acuerdo con lo establecido en esta ley y en sus estatutos.

Las referencias a la Fundación Escuela Gallega de Administración Sanitaria, al Servicio de Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Dirección General de Innovación y Gestión de la Salud Pública y a las unidades de la Consejería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud con competencias en materia de formación, investigación e innovación deberán entenderse realizadas a la Agencia en Materia de Docencia, Formación, Investigación, Innovación y Evaluación de Tecnologías y Servicios Sanitarios desde el inicio de su actividad, de acuerdo con lo establecido en esta ley y en sus estatutos.

Las referencias a la Fundación Pública Sanitaria Centro de Transfusión de Galicia, a la Oficina de Coordinación de Trasplantes de Galicia, a los bancos de tejidos y a las unidades de la Consejería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud con competencias en este campo deberán entenderse realizadas a la Agencia Gallega de Sangre, Órganos y Tejidos desde el inicio de su actividad, de acuerdo con lo establecido en esta ley y en sus estatutos.

De acuerdo con el principio de colaboración interadministrativa, la Agencia Gallega de Servicios Sociales, cuya creación fue autorizada por el artículo 34.1 de la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, cooperará con los ayuntamientos a fin de asegurar la calidad y una cobertura equilibrada de los servicios sociales en todo el territorio, especialmente en lo que atañe a la creación y mantenimiento de servicios sociales comunitarios específicos.

En este sentido, para el aprovechamiento óptimo y la racionalización en el empleo de los recursos dedicados a los servicios sociales, y la eficacia y eficiencia en su gestión y prestación, la Agencia podrá concertar convenios sujetos al régimen previsto en el artículo 14 de la presente ley con los ayuntamientos para gestionar equipamientos, prestaciones económicas, programas y servicios sociales de competencia autonómica y local.

Para garantizar la continuidad, estabilidad y racionalización en la prestación de los servicios sociales de competencia municipal, la financiación básica otorgada por la Administración autonómica de los referidos servicios se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación, fomentando, en la medida de lo posible, la agrupación de municipios siempre y cuando los créditos consignados en los estados de gastos de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para cada ejercicio presupuestario así lo permitan y respetando, en todo caso, los criterios de referencia establecidos en los anexos I, II y III del citado decreto.

La creación de la Agencia Gallega de Servicios Sociales no podrá suponer incremento del gasto público, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación presupuestaria, salvo en la medida necesaria para proceder a la progresiva homologación retributiva del personal que asuma la Agencia, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos, procedente del Consorcio Gallego de Servicios Sociales, cuyas retribuciones sean inferiores a las establecidas en el Convenio colectivo único del personal laboral de la Xunta de Galicia para las correspondientes categorías.

Para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios sociales, la Agencia Gallega de Servicios Sociales, cuya creación fue autorizada por el artículo 34 de la Ley 13/2008, de 3 diciembre, de servicios sociales de Galicia, podrá formalizar convenios sujetos al régimen previsto en el artículo 14 de la presente ley con el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar y con los ayuntamientos competentes interesados, al objeto de asumir la gestión de los centros que el Consorcio gestionaba por convenio con los ayuntamientos, de acuerdo con lo que se disponga en los estatutos de la Agencia y se acuerde en el proceso de liquidación del Consorcio.

Los convenios regularán la colaboración de las entidades locales en la gestión de los aludidos centros y la participación del ayuntamiento en su financiación.

Las aportaciones comprometidas por los ayuntamientos en virtud de los convenios previstos en esta disposición tendrán la consideración de deudas firmes, líquidas y exigibles, y podrán ser objeto de compensación con la participación de éstos en el Fondo de Cooperación Local, de acuerdo con lo dispuesto en su regulación.

A fin de mejorar las condiciones de accesibilidad de las personas usuarias a la red de transporte público, además de las formas de cooperación previstas en la Ley 6/1996, de 9 de julio, de coordinación de los servicios de transporte urbanos e interurbanos de viajeros por carretera, la Xunta de Galicia, a través de la consejería competente en materia de mobilidad y transportes, podrá:

Igualmente, las administraciones públicas gallegas podrán formalizar contratos programa con los concesionarios de infraestructuras de transporte terrestre para la mejora de su accesibilidad, funcionalidad y, en general, de la calidad global de los servicios que prestan.

En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente ley, la Xunta de Galicia deberá elevar al Parlamento de Galicia un proyecto de ley de movilidad de Galicia, en el que se desarrollará un sistema integrado de transporte público de personas, coordinando las distintas redes de transporte público existentes.

El Instituto Gallego de Consumo y el Consejo Gallego de la Competencia continuarán desarrollando sus competencias hasta el inicio de la actividad del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia.

La Fundación Escuela Gallega de Administración Sanitaria, el Servicio de Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Dirección General de Innovación y Gestión de la Salud Pública y las unidades de la Consejería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud con competencias en materia de formación, investigación e innovación que se supriman en el momento de creación de la Agencia en Materia de Docencia, Formación, Investigación, Innovación y Evaluación de Tecnologías y Servicios Sanitarios continuarán desarrollando sus competencias hasta el inicio de la actividad de la referida agencia.

La Fundación Pública Sanitaria Centro de Transfusión de Galicia, la Oficina Coordinadora de Trasplantes de Galicia y los bancos de tejidos y las unidades de la Consejería de Sanidad y del Servicio Gallego de Salud que se supriman en el momento de la creación de la Agencia Gallega de Sangre, Órganos y Tejidos continuarán desarrollando sus competencias hasta el inicio de la actividad de la referida agencia.

Mientras no se proceda a adaptar el Decreto 246/2011, de 15 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, en lo relativo a los órganos consultivos y de participación, de acuerdo a lo dispuesto en la disposición final quinta, se integrarán en el Consejo Gallego de Bienestar:

Mientras no se proceda a adaptar el Decreto 246/2011, de 15 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, en lo relativo a los órganos consultivos y de participación, de acuerdo a lo dispuesto en la disposición final quinta, serán invitados a integrarse en el Consejo Gallego de Bienestar dos representantes de la Administración general del Estado, propuestos por la Delegación del Gobierno de Galicia.

Quedan derogadas, en el momento de la entrada en funcionamiento de las entidades públicas instrumentales previstas en el título III, las siguientes normas:

Queda derogada la disposición adicional tercera de la Ley 7/1998, de 30 de diciembre, de medidas tributarias, de régimen presupuestario, función pública y gestión.

Queda derogado el artículo 44 de la Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2009.

Queda derogado el artículo 51 de la Ley 14/2010, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2011.

Queda derogado el artículo 35 de la Ley 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan al contenido de la presente ley.

Se constituyen el Registro de Actividades de Altos Cargos y el Registro de Bienes Patrimoniales de Altos Cargos de la Xunta de Galicia, en los que se inscribirán las correspondientes declaraciones.

El Registro de Actividades de Altos Cargos será público. El contenido de las declaraciones inscritas en él, pertenecientes a las personas titulares de aquellos puestos cuyo nombramiento sea efectuado por decisión del Consejo de la Xunta de Galicia, se publicará en el Diario Oficial de Galicia y estará disponible en internet.

Del contenido del Registro de Bienes Patrimoniales de Altos Cargos de la Xunta de Galicia se dará cuenta anualmente al Parlamento de Galicia de acuerdo a lo que se establezca en el Reglamento de la Cámara.

No serán objeto de la publicidad prevista en el apartado 2 las copias de la última declaración tributaria correspondiente al impuesto sobre la renta de las personas físicas y, en su caso, del impuesto sobre el patrimonio neto, recogidas en el artículo 8.1.b) de la Ley 9/1996, de 18 de octubre, de incompatibilidades de altos cargos.

Los contenidos de las declaraciones de bienes patrimoniales de los miembros de la Xunta de Galicia se publicarán en el Diario Oficial de Galicia, referidas al momento de su nombramiento y de su cese, en los términos que mediante acuerdo del Consejo de la Xunta se determinen.

El personal que preste servicios en los registros tiene el deber permanente de mantener en secreto los datos e informaciones que conozca por razón de su trabajo.»

El artículo 65 de la Ley 16/2010, de 17 de octubre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, queda redactado de la siguiente forma:

Son órganos ejecutivos la dirección y/o la secretaría general o cargos asimilados cualquiera que sea su denominación.

Las personas titulares de la dirección serán nombradas y separadas por decreto del Consejo de la Xunta, a propuesta de la persona titular de la consejería de adscripción, entre personas que reúnan la cualificación necesaria para el cargo, según se determine en el estatuto de cada entidad. Las personas titulares de la secretaría general serán nombradas y separadas según se determine en la norma de creación y/o en el estatuto de cada entidad.

Las personas titulares de los órganos ejecutivos son responsables de la gestión ordinaria de la entidad y ejercen las competencias inherentes a sus cargos, así como las que expresamente se les atribuyen en la presente ley y en los estatutos y las que les deleguen los órganos de gobierno.»

El artículo 87.1 de la Ley 16/2010, de 17 de octubre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, queda redactado de la siguiente forma:

Se modifica el artículo 8, en sus apartados 3 y 4, de la Ley 1/2007, de 15 de enero, de la Academia Gallega de Seguridad Pública, que quedan redactados como sigue:

La titularidad de la Secretaría del Consejo Rector corresponde a la persona que éste designe y nombre, de conformidad con el artículo 64.3.e) de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.»

Se modifica el artículo 11 de la Ley 1/2007, de 15 de enero, de la Academia Gallega de Seguridad Pública, que queda redactado como sigue:

Bajo la dependencia del director general de la Academia habrá un secretario general, que percibirá las retribuciones correspondientes a una subdirección general y será nombrado por el Consejo Rector de la Academia Gallega de Seguridad Pública a propuesta del director general. Cesará en su cargo por el mismo procedimiento.»

Las competencias y funciones que el Decreto 127/2006, de 27 de julio, por el que se crea el Consejo Gallego de la Inmigración, atribuye a dicho consejo serán asumidas por el Consejo Gallego de Bienestar Social.

El Consejo de la Xunta de Galicia procederá, en el plazo de seis meses, a modificar el Decreto 246/2011, de 15 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2008, de servicios sociales de Galicia, en lo relativo a los órganos consultivos y de participación, a efectos de adaptar la regulación del Consejo Gallego de Bienestar a lo previsto en la presente ley, garantizando en todo caso la representación de las asociaciones de inmigrantes que actúen en el ámbito de la inmigración en la Comunidad Autónoma de Galicia, así como de las organizaciones sin fines de lucro que trabajen a favor de la integración de las personas inmigrantes en Galicia, y respetando el derecho de participación de los sindicatos que estén presentes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

Se modifica el artículo 5 de la Ley 14/2007, de 30 de octubre, por la que se crea y regula el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, que queda redactado como sigue:

Se modifica el artículo 6 de la Ley 14/2007, de 30 de octubre, por la que se crea y regula el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, que queda redactado como sigue:

La Presidencia del Instituto es el órgano unipersonal de gobierno. Ejercerá la presidencia del Instituto la persona titular de la consejería de adscripción del Instituto.

Le corresponde a la persona que ejerza la presidencia del Instituto:

La persona titular de la Presidencia podrá delegar aquellas funciones propias que considere oportunas y sean susceptibles de delegación en la persona titular de la Gerencia.»

Se modifica el artículo 7 de la Ley 14/2007, de 30 de octubre, por la que se crea y regula el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, que queda redactado como sigue:

El Consejo Rector es el órgano superior colegiado de gobierno del Instituto. Sus miembros serán nombrados por la persona titular de la consejería de adscripción. En el Consejo será paritaria la representación de los agentes sociales y de la Administración.

El Consejo Rector estará formado por:

Se modifica el artículo 8 de la Ley 14/2007, de 30 de octubre, por la que se crea y regula el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, que queda redactado como sigue:

La persona que ejerza la titularidad de la Gerencia es personal directivo y será nombrada y separada por la Presidencia del Instituto, previa consulta a las organizaciones representadas en el Consejo Rector. Le corresponderán las retribuciones de una subdirección general.

Corresponde a la Gerencia del Instituto el desempeño de la gestión ordinaria del Instituto y ejerce las siguientes funciones:

Se modifica el artículo 9 de la Ley 14/2007, de 30 de octubre, por la que se crea y regula el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, que queda redactado como sigue:

Se modifica el artículo 12 de la Ley 14/2007, de 30 de octubre, por la que se crea y regula el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, que queda redactado como sigue:

Los actos administrativos dictados por la persona que desempeñe la presidencia del Instituto pondrán fin a la vía administrativa y podrán ser objeto de los recursos previstos en la legislación general sobre el procedimiento administrativo y sobre la jurisdicción contencioso-administrativa.

El recurso extraordinario de revisión será interpuesto ante la persona titular de la consejería con competencias en materia de trabajo.

El ejercicio de las acciones civiles y laborales se regirá por las normas específicas, sin perjuicio de solicitar los informes que considere oportunos a la Gerencia del Instituto.»

Los centros, servicios y programas de titularidad pública y privada que desarrollen sus actividades en Galicia precisarán de la correspondiente autorización del departamento de la Xunta de Galicia competente en materia de autorización de servicios sociales, para su creación o construcción, inicio de actividades, modificación sustancial y cese de actividades, sin perjuicio de otras autorizaciones o licencias exigibles de acuerdo con la legislación vigente.

En el supuesto de centros, servicios y programas promovidos por los ayuntamientos o diputaciones, la autorización indicada en el apartado anterior quedará supeditada al cumplimiento de los dos requisitos siguientes:

Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones y procedimientos para la obtención, revocación y suspensión de las autorizaciones. Los procedimientos administrativos para la tramitación de las diferentes autorizaciones tendrán una duración máxima de seis meses. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado resolución administrativa, las solicitudes se entenderán desestimadas por silencio administrativo en los procedimientos relativos a la obtención de las diferentes autorizaciones y se producirá la caducidad en los procedimientos relativos a la suspensión y revocación de las autorizaciones administrativas.

Cuando la creación o construcción, la modificación sustancial o el inicio de actividades de un centro, servicio o programa de servicios sociales se realice sin la preceptiva autorización administrativa, de conformidad con lo previsto en la presente ley y en su normativa de desarrollo, el departamento de la Xunta de Galicia con competencias en materia de autorización de servicios sociales dispondrá la clausura del centro o la suspensión inmediata de las actividades, previa tramitación del correspondiente procedimiento en los términos que reglamentariamente se establezcan, con audiencia, en todo caso, de la persona interesada.»

No obstante lo dispuesto en el artículo 54.1 respecto a la incoación del procedimiento sancionador, las denuncias formuladas por los agentes forestales, agentes facultativos medioambientales y por los miembros de la Unidad del CNP adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia, así como por el resto de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones, siempre que sean notificadas en el acto al denunciado, constituirán el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador en el caso de la comisión de las siguientes infracciones:

En estas denuncias deberá constar: