Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León

La adjudicación directa de los aprovechamientos se efectuará anualmente por el precio de la propuesta de tasación, siendo necesario que el número de cabezas de ganado, por especie, que se admitan al aprovechamiento sea proporcional a la extensión del terreno sometido a ordenación del que se disponga, sin que en ningún caso pueda superar el cupo máximo de reses que permitan alimentar los pastos, hierbas y rastrojeras de la localidad, y que figuran en las correspondientes ordenanzas de pastos.

La adjudicación directa de los aprovechamientos sometidos a ordenación común se efectuará observando el siguiente orden de prioridad:

En el supuesto de que existieran varios titulares de explotaciones ganaderas que soliciten el aprovechamiento de un mismo polígono para un número de reses que, en su conjunto, supere el cupo máximo establecido en las ordenanzas que rigen el aprovechamiento en el municipio o localidad, y éstos tuvieran el mismo orden de prioridad, se priorizará en la adjudicación a las ganaderías calificadas sanitariamente en los dos años anteriores al que es objeto de adjudicación. En el supuesto de empate, se priorizarán las solicitudes presentadas por los titulares de las explotaciones calificadas sanitariamente con mayor antigüedad y, de persistir el empate, se adjudicará el aprovechamiento a los citados ganaderos, en proporción al número de reses que figuran en sus solicitudes.

Si después de aplicadas las prioridades contempladas en el párrafo anterior no se hubiere adjudicado la totalidad de la superficie del polígono o polígonos objeto de aprovechamiento, dicha superficie se adjudicará siguiendo los criterios de prioridad establecidos en el apartado anterior.

Las ordenanzas de pastos que rigen el aprovechamiento de los pastos en un municipio o localidad no podrán contener disposición alguna que implique, directa o indirectamente, una restricción, limitación o prohibición de una especie ganadera en el acceso a los pastos, hierbas y rastrojeras sometidos a ordenación común.

Las ordenanzas de pastos deberán establecer, tanto si el terreno sometido a ordenación se encuentra constituido por un polígono único como dividido en varios polígonos ganaderos, el número máximo de reses, por especie, que admite dichos polígonos para su aprovechamiento.

Los pastos que no hayan sido objeto de adjudicación por los sistemas de adjudicación directa serán adjudicados mediante pública subasta, a la que podrá acudir cualquier titular de explotación ganadera sin distinción por razón de su procedencia u origen.

El tipo de la subasta coincidirá con la tasación del aprovechamiento efectuada por la Junta Agraria Local, sin que opere la limitación del precio máximo que hubiera sido establecido para dicha zona ganadera y aprovechamiento.

En el supuesto de que los aprovechamientos quedaran desiertos o que no se adjudicaran la totalidad de los polígonos objeto de subasta, se celebrará una segunda subasta que se regirá por el pliego de condiciones que rigió la primera subasta, con la excepción del tipo de la misma, que será el ochenta por ciento del tipo establecido para la primera.

Reglamentariamente se establecerán los requisitos para poder participar en la subasta y el procedimiento que ha de observarse para su celebración, así como el contenido mínimo del pliego de condiciones que ha de regir dicha subasta.

Para el aprovechamiento de los terrenos sometidos a ordenación común será condición indispensable que en el ganado que concurra a los mismos se hayan realizado las pruebas oficiales establecidas por la normativa vigente o aquellas otras acciones sanitarias de carácter especial que se establezcan por la consejería competente en materia agraria.

Asimismo, el ganado procederá de explotaciones que no hayan sido objeto de sanción administrativa por infracción de la normativa en materia de sanidad animal, bienestar animal, campañas de saneamiento ganadero u otras acciones sanitarias de carácter especial.

En aquellas localidades o municipios en las que existan explotaciones con distinta calificación sanitaria, un mismo polígono o enclave no podrá ser objeto de aprovechamiento por animales procedentes de explotaciones con distinta calificación sanitaria.

Queda prohibido el aprovechamiento de pastos de municipios o localidades saneadas por el ganado procedente de explotaciones en las que se hayan diagnosticado animales positivos en los programas de erradicación de enfermedades, campañas de saneamiento ganadero u otras acciones sanitarias de carácter especial. Asimismo se prohíbe el movimiento de animales procedentes de explotaciones sin titulación sanitaria hacia pastos pertenecientes a municipios o localidades saneadas.

A las ganaderías trashumantes procedentes de otras Comunidades Autónomas, que pretendan realizar el aprovechamiento de los terrenos sometidos a ordenación común en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, les serán de aplicación las condiciones y requisitos establecidos en la presente ley y en su normativa de desarrollo.

Con carácter general, los titulares de explotaciones agrícolas no podrán labrar los rastrojos, aplicar herbicidas o tratamientos fitosanitarios, ni esparcir residuos ganaderos, antes de que transcurra un período de tiempo, que se recogerá expresamente en las ordenanzas de pastos, y que comenzará a contarse desde el día siguiente al de la finalización de la recolección del grano en la parcela. Dicho período no podrá ser inferior a veinticinco días.

Reglamentariamente se establecerán las superficies, cultivos y situaciones exceptuadas de la norma general, así como las condiciones de aprovechamiento.

Las Juntas Agrarias Locales, previa audiencia de las partes, fijarán el importe de la correspondiente indemnización, que deberá ser abonada en el plazo que se establezca reglamentariamente.

Sin perjuicio del ejercicio de las acciones judiciales contempladas para la defensa de sus intereses, y con independencia de las mismas, podrá recaer sobre el titular de la explotación agrícola que no hace efectivo el importe de la indemnización fijada por la Junta Agraria Local en el plazo establecido la sanción administrativa que en su caso corresponda.

Queda totalmente prohibida la eliminación de rastrojos hasta la fecha que se determine en las Ordenanzas de Pastos de cada término municipal o localidad. En todo caso, con carácter previo a la eliminación de rastrojos, habrá de obtenerse la autorización de los organismos competentes.

En el supuesto de que se eliminen los rastrojos antes de la fecha establecida en las respectivas Ordenanzas de Pastos, el titular de la explotación agrícola perderá el derecho a percibir el valor de los aprovechamientos de los terrenos afectados, y estará obligado a indemnizar al ganadero por los daños y perjuicios causados.

Las Juntas Agrarias Locales, previa audiencia de las partes, fijarán el importe de la correspondiente indemnización, que deberá ser abonada en el plazo que se establezca reglamentariamente.

El ganado no podrá entrar en los rastrojos hasta que no hayan transcurrido diez días desde la siega y acopio del grano de la parcela. Transcurrido dicho plazo, se entiende que el cultivador desiste de empacar la paja, salvo que ello se deba a factores meteorológicos o de otra índole, que deberán ser estimados por la Junta Agraria Local.

En el caso de que se aprovechen las fincas sin haber transcurrido el plazo de diez días, el ganadero estará obligado a indemnizar al cultivador por los daños y perjuicios causados.

Las Juntas Agrarias Locales, con audiencia de las partes, fijarán el importe de la correspondiente indemnización, que deberá ser abonada por el ganadero en el plazo que se establezca reglamentariamente.

Queda terminantemente prohibida la entrada del ganado en los barbechos labrados y preparados para la siembra.

Transcurridos veinte días desde la fecha tope que se establezca para la recolección de la cosecha, las fincas que quedaran sin recolectar podrán ser objeto de aprovechamiento por el adjudicatario de las mismas, entendiéndose que el titular de la explotación agrícola cede su aprovechamiento en beneficio del ganadero.

Los titulares de explotaciones agrícolas que contengan cosechas deficientes de leguminosas o cereales que no hayan sido recolectadas, o que hubiesen sufrido algún siniestro, manteniendo en pie rastras o muestras para su peritación por el seguro, o que se hallen en cualquier circunstancia análoga a las anteriores, podrán solicitar a la Junta Agraria Local, y ésta aprobar, un sobreprecio que se aplicará sobre el valor de tasación asignado por hectárea de acuerdo con los criterios que se establezcan.

Queda terminantemente prohibida la cesión o subarriendo a terceros de los aprovechamientos.

El incumplimiento de dicha prohibición, con independencia de la pérdida del derecho al aprovechamiento, dará lugar a la imposición de las correspondientes sanciones administrativas.

Los titulares de explotaciones ganaderas con derecho al aprovechamiento podrán renunciar al mismo con una antelación mínima de un mes a la fecha fijada como de inicio del aprovechamiento en las ordenanzas de pastos.

Reglamentariamente se establecerán los supuestos, requisitos y consecuencias que se derivan de dicha renuncia.

Los Consejos Agrarios Provinciales fijarán anualmente los precios máximos y mínimos que han de regir el aprovechamiento de los diferentes tipos de pastos en cada zona ganadera de su provincia, teniendo en cuenta la calidad de los mismos.

Reglamentariamente se establecerán los plazos para la aprobación de dichos precios, así como el sistema de determinación de los mismos.

Fijados por los Consejos Agrarios Provinciales los precios máximos y mínimos, las Juntas Agrarias Locales formularán las propuestas de tasación, en las que se fijarán los precios concretos de los pastos, dentro de los límites establecidos por dichos Consejos.

Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de elaboración, exposición al público, presentación de reclamaciones y aprobación de las propuestas de tasación, así como su régimen de impugnación.

El pago del precio de los pastos se realizará de la siguiente forma:

Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la fijación y el plazo para el pago del precio de los aprovechamientos.

No se tendrá derecho al aprovechamiento de pastos si no se ha abonado con anterioridad al inicio del mismo el porcentaje establecido en el apartado 1 del presente artículo.

Del valor de adjudicación de los aprovechamientos, cualquiera que sea su forma, se detraerá un porcentaje del quince por ciento de dicho valor.

El porcentaje detraído se distribuirá de la siguiente forma:

Las Juntas Agrarias Locales podrán establecer anualmente una detracción complementaria sobre el importe de los pastos, que no podrá superar el sesenta por ciento de aquél, y que tendrá como destino la realización de obras de mejora del ámbito agropecuario local y otros fines de interés general agrario. El importe de estas detracciones, que deberán ser aprobadas por el Pleno de la Junta Agraria Local, será invertido en un plazo máximo de dos años, debiendo justificar la Junta Agraria Local la aplicación de los fondos a dichas finalidades.

Reglamentariamente se establecerán los requisitos y régimen de aprobación de la detracción complementaria.

Los titulares de explotaciones agrarias y los propietarios de terrenos sometidos a ordenación común podrán renunciar al cobro de su participación en el precio de los pastos a favor de las Juntas Agrarias Locales u órganos que las sustituyan.

La renuncia será formulada individualmente, no afectando la renuncia operada por el colectivo respecto de aquellos titulares de explotaciones que no hubieran renunciado formalmente al cobro de su participación en el precio de los pastos, a los que se deberá abonar el precio de los mismos.

De producirse la renuncia, los fondos recaudados por este concepto deberán destinarse, en el plazo de tres años, a finalidades de interés general agrario, debiendo justificar la Junta Agraria Local la aplicación de los fondos a dichas finalidades.

Reglamentariamente se establecerá el procedimiento que habrá de observarse para la renuncia del cobro del precio de los aprovechamientos.

La declaración oficial de plaga agrícola y epizootia podrá conllevar la declaración de utilidad pública de la lucha contra la misma, en los supuestos contemplados en la normativa básica y sectorial aplicable, así como en aquellos casos en que, por razones de salud pública, sanidad animal o vegetal, lo exija el interés social.

Dicha calificación de utilidad pública de las medidas de lucha habrá de ser declarada mediante Acuerdo de la Junta de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León al declarar la existencia de una plaga agrícola o epizootia y calificar la lucha contra la misma de utilidad pública, podrá así mismo determinar la creación de un órgano colegiado de coordinación de carácter temporal, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. En este caso, dichas declaraciones y la creación del órgano previsto en este artículo se efectuarán conjuntamente, mediante decreto de la Junta de Castilla y León.

El órgano previsto en el apartado anterior se constituirá con el objetivo de coordinar todas las actuaciones de la Administración de la Comunidad orientadas a la lucha y, en su caso, erradicación, de la plaga agrícola o epizootia de que se trate, y de elaborar las directrices vinculantes necesarias para garantizar la eficacia de dichas actuaciones.

En cualquier momento, y con independencia de la declaración oficial de plaga agrícola o epizootia, toda persona física o jurídica, tanto pública como privada, estará obligada a comunicar a los organismos oficiales responsables cualquier aparición atípica de organismos nocivos o cualquier otra anomalía que pueda dar lugar a la aparición de una plaga agrícola o epizootia, o sospechas de su existencia, así como facilitar toda clase de información que al respecto pueda ser requerida por los citados organismos.

Tras la declaración oficial de plaga agrícola o epizootia, y sin perjuicio de las obligaciones ya establecidas en la normativa sectorial que corresponda, los titulares de explotaciones agrarias afectadas tendrán la obligación de ejecutar las medidas que hayan sido incluidas en la declaración de existencia de la misma, siguiendo las instrucciones de los responsables técnicos que determine el organismo oficial competente, debiendo facilitar en todo momento a los inspectores el acceso a sus propiedades para la ejecución de las medidas necesarias.

La no ejecución por los afectados de dichas medidas, sin perjuicio de las sanciones que pudieran imponerse, podrá dar lugar a la ejecución subsidiaria de las mismas por el organismo oficial competente, por cuenta y riesgo del interesado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez calificada la utilidad pública de las medidas de lucha de una declaración oficial de plaga agrícola o epizootia, la autoridad competente en materia de agricultura y ganadería podrá ordenar a los ciudadanos la prestación de servicios personales, de acción u omisión, siempre de forma proporcionada a la situación de necesidad y a la capacidad de cada individuo, sin derecho a indemnización por esta causa.

Asimismo, siempre que la emergencia lo haga necesario y de conformidad con el principio de proporcionalidad, la autoridad competente en materia de agricultura y ganadería podrá ordenar la requisa temporal, así como la intervención y ocupación transitoria de los bienes de toda persona física o jurídica que se precisen para afrontar la emergencia. Quienes, como consecuencia de estas actuaciones sufran perjuicios en sus bienes, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo a lo dispuesto en las leyes.

En iguales términos, la autoridad competente en materia de agricultura y ganadería requerirá la asistencia y cooperación activa de las Administraciones Públicas, quienes deberán colaborar en la prestación de la misma, en los términos previstos en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La declaración de la existencia de una plaga agrícola o epizootia cuya lucha ha sido declarada de utilidad pública tendrá la consideración de circunstancia excepcional de extraordinaria urgencia y necesidad, a los efectos de la contratación de personal laboral temporal.

Asimismo, la declaración de la existencia de una plaga agrícola o epizootia cuya lucha ha sido declarada de utilidad pública tendrá la consideración de urgente necesidad, a los efectos contemplados en el artículo 15 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, con relación al personal interino.

En el ámbito del control oficial de la calidad alimentaria, operador es el definido en la normativa básica de aplicación.

Los operadores serán responsables del cumplimiento de las obligaciones y requisitos en materia de calidad alimentaria establecidos en la normativa de aplicación. Los operadores deberán acreditar documentalmente las operaciones de manipulación a las que se haya sometido el producto o elementos para uso alimentario. En materia de trazabilidad, se conservará toda la documentación durante cuatro años.

Se crea el Registro de operadores de establecimientos alimentarios de Castilla y León, que es de naturaleza administrativa, y en él se inscribirán, a efectos de su control, los operadores cuyo domicilio o alguna de sus instalaciones se ubiquen en el territorio la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

El Registro, que se constituye en una base de datos informatizada, permitirá de manera permanente, integrada y actualizada, disponer de toda la información relativa a los operadores de establecimientos alimentarios, rigiéndose por lo dispuesto en materia de protección de datos de carácter personal.

La inscripción en este registro se realizará de oficio para todos los operadores de establecimientos inscritos en el Registro de Empresas y Actividades Alimentarias de Castilla y León.

La estructura, organización y funcionamiento del Registro de operadores de establecimientos alimentarios de Castilla y León se establecerá reglamentariamente.

La protección de las denominaciones geográficas de calidad se extiende al nombre geográfico de la denominación, así como desde la producción o elaboración a todas las fases de la comercialización de los productos, incluyendo la presentación, etiquetado, publicidad y documentación comercial, e implica la prohibición de:

En el caso de Especialidades Tradicionales Garantizadas, la protección implica la prohibición de cualquier práctica que pueda llevar a error a los consumidores, incluidas aquellas prácticas que hagan creer que el producto es una Especialidad Tradicional Garantizada reconocida.

En los casos de producción ecológica, la protección afecta a todas las fases de producción, elaboración y comercialización de los productos, incluyendo la presentación, etiquetado y publicidad y documentación comercial, sus ingredientes o las materias primas para la alimentación animal, en particular a la indicación «producción ecológica», los términos ecológico, biológico, sus derivados y abreviaturas, tales como «bio» y «eco», utilizados aisladamente o combinados, y en cualquier lengua comunitaria que solo podrán emplearse para designar producto que haya sido obtenido según la normativa aplicable.

En el caso de la Marca de Garantía «Tierra de Sabor» y las marcas de calidad alimentaria, la protección confiere al titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, prohibiendo a un tercero su uso.

En el caso de la Artesanía Alimentaria de Castilla y León, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Decreto 53/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la Artesanía Alimentaria en la Comunidad de Castilla y León.

En el caso de la Producción Integrada de Castilla y León, se efectuará conforme a lo dispuesto en el Decreto 208/2000, de 5 de octubre, por el que se regula la producción integrada de productos agrícolas en Castilla y León.

En materia de promoción y fomento de la calidad agroalimentaria, la presente ley tiene los objetivos siguientes:

La Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá financiar campañas de información y de promoción de productos agroalimentarios de calidad, en el marco de la normativa europea, básica estatal y de acuerdo con la normativa autonómica sobre Publicidad Institucional.

Las campañas a que se refiere el apartado precedente, en el marco normativo descrito, se llevarán a cabo siguiendo algunos de los siguientes criterios:

Toda organización de productores o transformadores, cualquiera que sea su forma jurídica o su composición, interesados en el mismo producto agrícola o agroalimentario o, en casos excepcionales, las personas físicas o jurídicas que cumplan lo dispuesto en el artículo 49.1 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, podrán solicitar el reconocimiento o, en su caso, modificación de una figura de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios de Castilla y León, con la excepción de la producción ecológica y de aquellas cuya titularidad corresponda a la Administración de la Comunidad de Castilla y León, mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine.

Desde la publicación de la solicitud de reconocimiento prevista en el apartado anterior y de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, cualquier persona física o jurídica que esté establecida o resida legalmente en España, que se considere afectada en sus legítimos derechos o intereses como consecuencia del reconocimiento o, en su caso, modificación de una figura de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios de Castilla y León, podrá formular una declaración de oposición a dicho reconocimiento.

De acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, si se estima que ha dejado de estar garantizado el cumplimiento de lo indicado en el documento que determine las condiciones que debe cumplir un producto agrícola o alimenticio amparado por una figura de calidad diferenciada para obtener la protección, se podrán iniciar las actuaciones para la revocación de su reconocimiento.

Cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada podrá solicitar, justificando los motivos de su solicitud y de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca, la extinción de reconocimiento de una Figura de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios de Castilla y León, con la excepción de la producción ecológica y de aquellas cuya titularidad corresponda a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Control oficial es toda forma de control que efectúe la autoridad competente para verificar el cumplimiento de la legislación sobre calidad diferenciada de productos agroalimentarios.

La autoridad competente dispondrá los medios necesarios para la defensa efectiva de calidad diferenciada de productos agroalimentarios.

La autoridad competente garantizará que todos los operadores agroalimentarios que se acojan a una Figura de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios estén sujetos a un sistema de controles oficiales que asegure la verificación del cumplimiento de lo establecido en los pliegos de condiciones o normas que regulen el uso de la mención de calidad.

La autoridad competente organizará, en su ámbito competencial, los controles oficiales. El objetivo fundamental de los mismos es la prevención y lucha contra el fraude en materia de calidad agroalimentaria, la verificación de las características de los productos agroalimentarios y el cumplimiento de la normativa en materia de calidad diferenciada, en todas las etapas de la producción, transformación y distribución, así como de los procedimientos y servicios con ellos relacionados.

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León tendrá la condición de autoridad competente a efectos del control del cumplimiento de las condiciones y requisitos que afectan a los operadores y a los productos agroalimentarios amparados por las Figuras de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios de Castilla y León.

La autoridad competente podrá delegar tareas de control específicas en uno o más organismos de control siempre que se cumpla con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento CE n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004.

La verificación del cumplimiento del pliego de condiciones de las denominaciones geográficas de calidad establecidas en la letra a) del artículo 133 de esta ley, previamente a la comercialización del producto, corresponderá a:

Para la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones de las denominaciones geográficas de calidad establecidas en la letra a) del artículo 133 de esta ley, la autoridad competente podrá contar con la colaboración de personal habilitado que preste servicios técnicos al órgano de gestión, siempre que se garantice su independencia e imparcialidad y su actuación se realice bajo la tutela de la autoridad competente.

Las Figuras de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios podrán contar con un órgano de gestión.

A los efectos de la presente ley, se entenderá por órgano de gestión aquella entidad con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar suficiente para el cumplimiento de sus fines que, reuniendo los requisitos establecidos para ello, haya sido reconocida como tal órgano de gestión por la consejería competente en materia agraria en los términos y a través del procedimiento que reglamentariamente se determine.

Salvo lo previsto para los consejos reguladores en el apartado 1 del artículo 147 de esta ley, los órganos de gestión tendrán naturaleza jurídica privada, y someterán su actuación al ordenamiento jurídico privado.

Los órganos de gestión tendrán a su cargo la representación, defensa, garantía, investigación, desarrollo y promoción de los productos amparados por las figuras de calidad, y para el cumplimiento de dichos fines podrán desarrollar las siguientes funciones:

Las competencias de cada órgano de gestión quedan limitadas a los productos protegidos por las Figuras de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios de que se trate, en cualquier fase de su producción, transformación, acondicionamiento, almacenaje, circulación y comercialización.

Podrá solicitar el reconocimiento como órgano de gestión de una Figura de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios cualquier organización, sea cual sea su forma jurídica o su composición, de productores o de transformadores interesados en un producto agroalimentario objeto de la indicación, siempre que cumpla, además, los siguientes requisitos:

Se podrá constituir un único órgano de gestión para varias Figuras de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios, de acuerdo con las peculiaridades organizativas de cada sector, previo informe del Comité Asesor Agroalimentario de Castilla y León.

En caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de un órgano de gestión, la consejería competente en materia agraria formulará una advertencia en orden a la subsanación del incumplimiento.

En caso de persistir el incumplimiento o si se comprueba la concurrencia de mala fe o de perjuicios a los productores u operadores afectados o al interés público, la consejería competente en materia agraria resolverá, previa la tramitación del correspondiente procedimiento, la suspensión del órgano de gestión y, en su caso, la revocación de su reconocimiento.

Al órgano de gestión de una denominación geográfica de calidad de productos agroalimentarios de Castilla y León le podrá ser reconocida la condición de consejo regulador. Sólo podrán denominarse consejo regulador aquellos órganos de gestión a los que expresamente se les haya reconocido tal condición.

Para que le sea reconocida la condición de consejo regulador, la organización de que se trate, además de cumplir los requisitos establecidos en el capítulo anterior, deberá:

Los consejos reguladores deberán ser reconocidos por la consejería competente en materia agraria antes de iniciar su actividad. El procedimiento de reconocimiento, suspensión y revocación se establecerá reglamentariamente.

Los consejos reguladores serán corporaciones de derecho público cuya actuación se someterá al derecho privado, excepto en los supuestos en que ejerzan potestades administrativas, en los que quedarán sujetos al derecho administrativo; en tal caso, contra sus actos podrá interponerse recurso de alzada ante la consejería competente en materia agraria.

Los consejos reguladores estarán sometidos a auditorías técnicas, económicas y de gestión que serán efectuadas, con una periodicidad máxima de tres años, por la autoridad competente o bien por entidades privadas designadas por ésta, de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se determine.

Además de las que pueden desarrollar los órganos de gestión, los consejos reguladores podrán ejercer las siguientes funciones:

Se considerarán dictadas en ejercicio de funciones públicas las previstas en las letras b), j) y en su caso la letra k) del apartado 1 de este artículo.

Los consejos reguladores podrán tener delegadas tareas de control, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del presente título, en cuyo caso no podrá interponerse recurso de alzada ante la consejería competente en materia agraria contra las decisiones tomadas relativas al cumplimiento por parte de los operadores de lo establecido en el pliego de condiciones.

La organización de los consejos reguladores se desarrollará reglamentariamente bajo los principios de autonomía de gestión, ausencia de ánimo de lucro, funcionamiento democrático, representatividad de los intereses económicos y sectoriales, con especial atención de los minoritarios, debiendo existir paridad en la representación de los diferentes intereses que concurran, pudiéndose establecer las mayorías cualificadas necesarias para la adopción de acuerdos por el consejo regulador.

Forman parte del consejo regulador los productores, elaboradores y, en su caso, comercializadores inscritos en los registros correspondientes de la denominación.

Los órganos de gobierno de los consejos reguladores serán el pleno, el presidente, y cualquier otro que se establezca en su norma reguladora.

La consejería competente en materia agraria determinará el procedimiento para la elección de sus órganos de gobierno.

La consejería competente en materia agraria designará un representante que asistirá a las reuniones del consejo regulador, con voz pero sin voto. Dicho representante deberá ser personal funcionario o laboral adscrito a la consejería competente en materia agraria.

Los acuerdos del pleno del consejo regulador se adoptarán por mayoría de dos tercios del total de los miembros con derecho a voto cuando vengan referidos a las funciones señaladas en las letras a) y e) del apartado 1 del artículo 148, así como a la ubicación de la sede del órgano de gestión.

El resto de acuerdos se adoptarán por mayoría simple, salvo que el reglamento del consejo regulador establezca otro tipo de mayoría, siendo necesario, en todo caso, para su validez que estén presentes la mitad más uno de los miembros del pleno con derecho a voto.

El presidente tendrá voto de calidad si no es elegido de entre los vocales y así lo establece su reglamento.

Los consejos reguladores se financiarán con los siguientes recursos:

El consejo regulador establecerá en su reglamento cuotas de pertenencia y derechos por prestación de servicios, que en el caso de encontrarse dentro del ejercicio de funciones públicas, serán autorizadas por la consejería competente en materia agraria y en los términos que por la normativa correspondiente se determinen.

La Administración podrá ceder a los consejos reguladores los bienes y prestar los servicios que puedan serles útiles para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la normativa específica que sea de aplicación, o en régimen de colaboración.

La consejería competente en materia agraria podrá apercibir al consejo regulador en caso de incumplimiento de sus obligaciones a fin de que corrija su actuación, suspendiéndole, en caso contrario, en el ejercicio de sus funciones por un tiempo máximo de seis meses, previo trámite de audiencia. Lo anterior se entenderá siempre que dicho incumplimiento no sea constitutivo de infracción administrativa de acuerdo con la presente ley y la normativa básica estatal.

La reincidencia o reiteración, la mala fe, el incumplimiento deliberado o la perturbación manifiesta del interés público conllevarán, previo trámite de audiencia, la suspensión del ejercicio de las funciones del consejo regulador por un período entre tres y seis meses, o su suspensión definitiva y la consiguiente convocatoria de elecciones de nuevos vocales.

La consejería competente en materia agraria designará una comisión gestora mientras dure la suspensión temporal o mientras no sean elegidos nuevos vocales.

La Comunidad de Castilla y León, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, tiene inscrita a su favor en el Registro de Marcas el signo distintivo mixto denominativo y gráfico «Tierra de Sabor», como marca de garantía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

La marca de garantía «Tierra de Sabor» garantiza al consumidor que la materia prima sustantiva con la que se elaboran los productos amparados por la misma procede de explotaciones agrícolas y ganaderas de Castilla y León y/o ha sido transformada mediante procesos tradicionalmente vinculados al territorio en industrias agroalimentarias de Castilla y León, facilitando su comercialización y aportando mayor valor añadido a la producción agroalimentaria de esta Comunidad.

La marca de garantía «Tierra de Sabor» tiene como finalidad distinguir en el mercado, garantizando su calidad diferenciada, determinados productos agroalimentarios destinados al consumo humano que, producidos, elaborados o transformados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, reúnen las condiciones y cumplen los requisitos de calidad que se especifican en su reglamento, certificando dicho cumplimiento y permitiendo a los consumidores identificar dichos productos de forma precisa.

A los efectos de lo dispuesto en la presente ley, se definen como mercados de productos agrarios en origen los centros o establecimientos existentes en áreas concretas de producción agraria en los que, independientemente de su titularidad, se efectúen operaciones comerciales de contratación de productos agrarios, con o sin presencia física de mercancías.

Se definen como mesas de precios aquellos foros cuya finalidad es la fijación de precios orientativos que sirvan de referencia para la contratación de productos agrarios.

Mediante decreto de la Junta de Castilla y León se establecerá la clasificación de los mercados de productos agrarios en origen y de las mesas de precios, sus órganos de representación y control, su régimen de funcionamiento y las obligaciones de sus titulares.